—

Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2003) 562) (1),

—

Visto el apartado 2 del artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5-0460/2003),

—

Vistos el artículo 67 y el apartado 1 del artículo 158 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A5-0380/2003),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.

Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

—

Vista la propuesta de decisión del Consejo (COM(2003) 470) (1),

—

Visto el apartado 2 del artículo 37 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5-0392/2003),

—

Vistos el artículo 67, el apartado 7 del artículo 97 y el apartado 1 del artículo 158 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A5-0379/2003),

1.

Aprueba la propuesta de decisión del Consejo;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como al Director de la FAO.

—

Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2003) 18) (1),

—

Vistos el apartado 2 el artículo 31 y el artículo 32 del Tratado Euratom, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5-0019/2003),

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Política del Consumidor (A5-0363/2003),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2 del artículo 119 del Tratado Euratom;

3.

Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo si pretende modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

—

Vista la iniciativa de la República Helénica (8830/2003) (1),

—

Vista la letra a) del apartado 2 del artículo 62 del Tratado CE,

—

Visto el artículo 67 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5-0253/2003),

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores (A5-0366/2003),

1.

Aprueba la iniciativa de la República Helénica en su versión modificada;

2.

Pide al Consejo que modifique en consecuencia el texto;

3.

Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la iniciativa de la República Helénica;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como al Gobierno de la República Helénica.

—

Vista la propuesta del Consejo (13203/2003) (1),

—

Visto el artículo 308 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5-0471/2003),

—

Vista la propuesta inicial de la Comisión (COM(2003) 426) (2),

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos Interiores (A5-0377/2003),

1.

Aprueba la propuesta del Consejo;

2.

Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.

Subraya que, en virtud del artículo 10 del Tratado CE, que prevé la cooperación leal entre las instituciones y los Estados miembros, el Parlamento Europeo también hubiera debido ser consultado sobre la propuesta legislativa a la que hace referencia la presente propuesta de Decisión, y que el hecho de que simplemente haya sido informado del texto de base menoscaba el papel del Parlamento en el proceso de toma de decisiones en cuestión;

4.

Pide, por consiguiente, que se le consulte sobre la propuesta inicial de la Comisión;

5.

Pide la apertura del procedimiento de concertación previsto en la Declaración común de 4 de marzo de 1975, si el Consejo se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

6.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

7.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

—

Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2003) 351) (1),

—

Visto el artículo 283 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5-0287/2003),

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5-0382/2003),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.

Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo si pretende modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2003) 220) (1),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 156 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0199/2003),

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía (A5-0374/2003),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.

Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

—

Vista la propuesta de la Comisión (COM(2003) 406) (1),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 1 del artículo 156 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0310/2003),

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A5-0375/2003),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.

Considera que la ficha de financiación de la propuesta de la Comisión es compatible con el límite máximo de la rúbrica 3 de las perspectivas financieras sin que se impongan restricciones a las políticas existentes;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1)

Con arreglo al artículo 154 del Tratado, a fin de contribuir a la realización de los objetivos contemplados en los artículos 14 y 158 del Tratado y de permitir que los ciudadanos de la Unión, los operadores económicos y los entes regionales y locales participen plenamente de los beneficios resultantes de la creación de un espacio sin fronteras interiores, la Comunidad contribuirá al establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas.

(2)

Facilitar la movilidad de las empresas y los ciudadanos a través de las fronteras europeas contribuye directamente a eliminar los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, así como al libre establecimiento de ciudadanos de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro.

(3)

Con arreglo al artículo 157 del Tratado, la Comunidad y los Estados miembros asegurarán la existencia de las condiciones necesarias para la competitividad de la industria comunitaria.

(4)

Mediante las Decisiones no 1719/1999/CE (5) y no 1720/1999/CE (6), el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron una serie de acciones, medidas horizontales y orientaciones que incluían la determinación de proyectos de interés común relativos a las redes transeuropeas para el intercambio electrónico de datos entre administraciones (IDA). Dado que esas Decisiones expiran el 31 de diciembre de 2004, es necesario establecer un marco para proseguir el programa IDA tal como fue creado por dichas Decisiones.

(5)

El programa IDAbc, que constituye el programa de seguimiento del pograma IDA, debe basarse en el éxito de los programas anteriores, que han mejorado la eficacia de la cooperación transfronteriza entre las administraciones públicas.

(6)

Al establecer y aplicar el programa IDAbc deben tenerse en cuenta los logros del programa IDA y dejar que finalicen las acciones ya iniciadas.

(7)

El trabajo realizado con el programa IDAbc constituirá probablemente la base de los trabajos que se lleven a cabo posteriormente una vez que expire el programa. Esto, junto con la rápida evolución del progreso tecnológico, significa que será necesario que el programa pueda adaptarse a futuros avances.

(8)

El Consejo Europeo, reunido en Lisboa en marzo de 2000, aprobó unas conclusiones dirigidas a preparar a la Unión Europea para que pudiera de transformarse en 2010 en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible con más y mejores empleos y una mayor cohesión social.

(9)

El Consejo Europeo, reunido en Bruselas en marzo de 2003, llamó la atención sobre la importancia de interconectar Europa para consolidar el mercado interior y destacó que las comunicaciones electrónicas constituyen un potente motor de crecimiento, competitividad y empleo en la Unión Europea y que deben tomarse medidas para consolidar esta fuerza y contribuir a la realización de los objetivos de Lisboa; para ello, es necesario que las administraciones públicas de los Estados miembros y las instituciones de la Comunidad puedan acceder, por medios electrónicos («redes telemáticas»), a un volumen creciente de datos e intercambiarlos y tratarlos.

(10)

Eliminar los obstáculos a las comunicaciones electrónicas entre administraciones públicas a todos los niveles, así como con las empresas y los ciudadanos, contribuye a mejorar el entorno empresarial europeo, reducir los trámites administrativos y limitar la burocracia. También puede estimular a las empresas y los ciudadanos de la Unión Europea a cosechar los beneficios de la sociedad de la información y a tener una relación interactiva con las administraciones públicas mediante sistemas electrónicos.

(11)

Reforzar la prestación de servicios de administración electrónica permitirá a las empresas y los ciudadanos relacionarse interactivamente con las administraciones públicas sin tener que adquirir un conocimiento especial de las tecnologías de la información (TI), como la integración electrónica, o un conocimiento previo del funcionamiento o la organización interna de una administración pública.

(12)

El despliegue de redes telemáticas transeuropeas no debe considerarse un fin, sino un medio para llegar a servicios de información interoperables y de administración electrónica o interactivos a escala paneuropea, que consigan ventajas de la cooperación entre las administraciones públicas de toda Europa y las hagan llegar a los ciudadanos y las empresas.

(13)

Los servicios paneuropeos de administración electrónica permiten que las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos se relacionen mejor interactivamente con administraciones públicas situadas más allá de sus fronteras. La prestación de servicios paneuropeos de administración electrónica exige que estén disponibles sistemas de información y comunicación entre administraciones públicas que sean eficientes, eficaces e interoperables, así como procedimientos administrativos interoperables, interiores y de atención al público, a fin de intercambiar de modo seguro, comprender y tratar la información del sector público en toda Europa.

(14)

Es importante que los esfuerzos nacionales en apoyo de la administración electrónica se realicen teniendo en cuenta la necesaria consideración que merecen las prioridades de la Unión Europea

(15)

Es básico aprovechar al máximo la utilización de normas, especificaciones disponibles de forma pública o especificaciones abiertas para el intercambio de datos y la integración de servicios que garanticen una interoperabilidad compacta y aumenten así las ventajas de los servicios paneuropeos de administración electrónica y sus redes telemáticas transeuropeas.

(16)

La creación de servicios paneuropeos de administración electrónica y sus redes telemáticas, de los que la Comunidad es usuaria o beneficiaria, incumben tanto a la Comunidad como a sus Estados miembros.

(17)

Es fundamental garantizar una estrecha cooperación entre los Estados miembros, la Comunidad y, en su caso, instituciones y operadores comunitarios.

(18)

Las acciones a escala comunitaria deben estimular el buen desarrollo de servicios de administración electrónica en el plano paneuropeo y los compromisos inherentes requeridos en los planos nacional, regional y local, teniendo debidamente en cuenta la diversidad lingüística de la Comunidad.

(19)

Debe garantizarse un intercambio fecundo entre las iniciativas pertinentes nacionales, regionales y locales y la prestación de servicios de administración electrónica en los Estados miembros.

(20)

El plan de acción eEurope 2005, aprobado por el Consejo Europeo de Sevilla en junio de 2002, y en particular su capítulo sobre administración electrónica, destaca la importancia del programa IDA para estimular la creación de servicios paneuropeos de administración electrónica en apoyo de actividades transfronterizas, complementando y encuadrando así las iniciativas sobre administración electrónica a escala nacional, regional y local.

(21)

A fin de rentabilizar el uso de los recursos financieros de la Comunidad, es preciso compartir el coste de los servicios paneuropeos de administración electrónica y sus redes telemáticas entre los Estados miembros y la Comunidad sobre una base equitativa.

(22)

La productividad, sensibilidad y flexibilidad al crear y poner en marcha servicios paneuropeos de administración electrónica con sus redes telemáticas pueden lograrse mejor con un planteamiento orientado al mercado, seleccionado así a los proveedores desde un punto de vista competitivo en un entorno de procedencia diversa, garantizando, en su caso, la viabilidad operativa y financiera de las medidas.

(23)

Los servicios paneuropeos de administración electrónica deberían desarrollarse con proyectos concretos de interés común, mientras que las medidas horizontales necesarias deberían tomarse para apoyar la prestación interoperable de dichos servicios creando o reforzando servicios de infraestructura de apoyo a las redes telemáticas paneuropeas.

(24)

Por consiguiente, el programa IDAbc debe estar abierto a la participación de los países del Espacio Económico Europeo y de los países candidatos, y debe fomentarse la cooperación con otros terceros países. Los organismos internacionales podrán tomar parte, cargando con sus propios costes, en la ejecución de proyectos de interés común y medidas horizontales.

(25)

A fin de garantizar una buena gestión de los recursos financieros de la Unión Europea y de evitar una innecesaria proliferación de equipo, repetición de la investigación y diversidad de planteamientos, debe ser posible utilizar los servicios de infraestructura desarrollados por el programa IDA o por el programa IDAbc en el marco de la política exterior y de seguridad común y de la cooperación policial y judicial en materia penal, con arreglo a los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea.

(26)

Dado que el objetivo de crear servicios paneuropeos de administración electrónica no puede ser logrado de forma adecuada por los Estados miembros y que, debido a la magnitud y los efectos de la acción, se alcanzará mejor en el plano comunitario, la Comunidad podrá adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. En virtud del principio de proporcionalidad, establecido en el mismo artículo, la presente Decisión no irá más allá de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(27)

La presente Decisión establece, para toda la duración del programa, una dotación financiera que, con arreglo al punto 33 del Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario, constituye la referencia privilegiada para la autoridad presupuestaria en el marco del procedimiento presupuestario anual (7).

a)

permitir un intercambio de datos entre administraciones públicas eficiente, eficaz y seguro, ya sean aquellas nacionales, regionales o locales, así como entre estas administraciones y las instituciones comunitarias u otros órganos según el caso, a fin de que los Estados miembros y la Comunidad apliquen, en sus respectivas áreas de competencia, las políticas y acciones comunitarias previstas en los artículos 3 y 4 del Tratado;

b)

hacer llegar a las empresas y los ciudadanos las ventajas de los intercambios de datos previstos en la letra a);

c)

facilitar la comunicación entre las instituciones comunitarias y apoyar el proceso comunitario de adopción de decisiones, desarrollar el marco estratégico correspondiente a escala paneuropea;

d)

fomentar la participación de los ciudadanos y las empresas en la construcción de la Unión Europea;

e)

llevar a cabo la interoperabilidad, tanto dentro de los distintos sectores administrativos como entre ellos y, en su caso, con las empresas y los ciudadanos;

f)

hacer converger las redes a), b) y c) hacia una interfaz telemática común;

g)

lograr ventajas sustanciales para las administraciones públicas de los Estados miembros y la Comunidad concretadas en operaciones más dinámicas, aplicaciones más rápidas, seguridad, eficiencia, transparencia y cultura y sensibilidad de servicio;

h)

fomentar la extensión de las mejores prácticas y estimular el desarrollo de soluciones telemáticas innovadoras en las administraciones públicas.

a)

«red telemática»: sistema completo de transmisión de datos que, además de contar con infraestructura y conexiones físicas, incluya los niveles de servicios y aplicaciones establecidos sobre ellas, al objeto de permitir el intercambio de datos por medios electrónicos dentro de las administraciones públicas y entre ellas, así como entre las administraciones públicas y las empresas y los ciudadanos;

b)

«servicios paneuropeos de administración electrónica»: servicios interactivos de información del sector público prestados a las administraciones públicas, a las empresas, incluyendo sus asociaciones, y a los ciudadanos, incluyendo sus asociaciones, mediante redes telemáticas transeuropeas interoperables;

c)

«proyecto de interés común»: proyecto, tal como se define el anexo I, iniciado o continuado en virtud de la presente Decisión, que trata de la creación o consolidación de servicios paneuropeos de administración electrónica;

d)

«servicios de infraestructura»: servicios prestados para cumplir requisitos genéricos del proyecto, incluyendo soluciones tecnológicas y aplicaciones informáticas, un marco europeo de interoperabilidad, seguridad, programas personalizados y servicios de red; estos servicios de infraestructura son la base de la prestación de los servicios paneuropeos de administración electrónica;

e)

«medida horizontal»: acción, tal como se define en el anexo II, iniciada o continuada en virtud de la presente Decisión, que trata de la creación o consolidación de servicios de infraestructura o actividades estratégicas y de apoyo;

f)

«interoperabilidad»: capacidad para compartir e intercambiar información y conocimientos de los sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de los procesos empresariales a los que apoyan.

a)

contribuyan a alcanzar los objetivos de las iniciativas eEurope y sus planes de acción, en particular en lo que se refiere a la administración electrónica, dirigido a beneficiar a las empresas y los ciudadanos;

b)

contribuyan directamente a eliminar o reducir los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales;

c)

contribuyan directamente al buen funcionamiento de la unión económica y monetaria;

d)

favorezcan la creación de un espacio europeo de libertad, de seguridad y de justicia;

e)

favorezcan la cooperación interinstitucional entre las instituciones comunitarias, así como entre estas y las administraciones públicas nacionales, regionales y locales, incluyendo los parlamentos nacionales y regionales;

f)

contribuyan a proteger los intereses financieros de la Comunidad y sus Estados miembros o a la lucha contra el fraude;

g)

faciliten la aplicación del corpus jurídico comunitario (acervo comunitario) tras la ampliación de la Unión Europea;

h)

fomenten la competitividad en la Comunidad, sobre todo entre pequeñas y medianas empresas, así como el espíritu empresarial y la innovación;

i)

apoyen la ciudadanía de la Unión y la participación en los procesos de adopción de decisiones políticas de la Unión Europea, por ejemplo, mediante consultas de los operadores pertinentes.

a)

una descripción del desarrollo organizativo previsto y, en su caso, una revisión de los procedimientos de trabajo;

b)

los objetivos, las funcionalidades, los participantes y el informe técnico;

c)

las medidas para facilitar la comunicación plurilingüe;

d)

el reparto de funciones entre la Comunidad y sus Estados miembros;

e)

un desglose de los costes previstos y una descripción de los beneficios esperados que incluya criterios de evaluación para medirlos más allá de la etapa de ejecución, y un análisis detallado del rendimiento de las inversiones y de las metas que deben lograrse;

f)

un esquema que defina un reparto equitativo de los costes de funcionamiento y mantenimiento de los servicios paneuropeos de administración electrónica y de los servicios de infraestructura entre la Comunidad y sus Estados miembros y, en su caso, otros organismos, en la conclusión de la etapa de ejecución.

a)

una descripción de los objetivos, alcance, exposición de motivos, posibles beneficiarios, funcionalidades y enfoque técnico;

b)

un desglose del gasto realizado y de las metas alcanzadas, así como la previsión de costes y beneficios y de las metas pendientes;

c)

una especificación de los servicios de infraestructura que vayan a utilizarse.

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Invertir en investigación: un plan de acción para Europa» (COM(2003) 226),

—

Vistas las propuestas de resolución presentadas por:

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo extraordinario celebrado en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000 y del Consejo Europeo celebrado en Barcelona los días 15 y 16 de marzo de 2002,

—

Vistas sus Resoluciones de 15 de marzo de 2000 sobre el Consejo Europeo extraordinario celebrado en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000 (1) y de 20 de marzo de 2002 sobre los resultados del Consejo Europeo celebrado en Barcelona los días 15 y 16 de marzo de 2002 (2),

—

Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2003, sobre el espíritu empresarial en Europa — Libro Verde de la Comisión, el Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Carta europea de las pequeñas empresas, la Comunicación de la Comisión titulada «Pensar a pequeña escala dentro de una Europa ampliada» y la Comunicación de la Comisión titulada «Política de la innovación: actualizar el enfoque de la Unión en el contexto de la estrategia de Lisboa» (3),

—

Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2003, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la política industrial en la Europa ampliada (4),

—

Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Más investigación para Europa — Objetivo: 3% del PIB» (COM(2002) 499), la Comunicación de la Comisión titulada «El espacio europeo de la investigación: un nuevo impulso; reforzar, reorientar, abrir nuevas perspectivas» (COM(2002) 565) y la Comunicación de la Comisión sobre el papel de las universidades en la Europa del conocimiento (COM(2003) 58),

—

Visto el informe a la Comisión del grupo de expertos independientes titulado «Potenciar la intensidad de la I + D en la UE: mejorar la eficiencia de la combinación de ayudas públicas — Mecanismos de investigación en el sector privado» (5),

—

Vista la Decisión no 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al Sexto Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de Investigación y a la innovación (2002-2006) (6),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 47 y el artículo 163 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5-0389/2003),

A.

Convencido de que un incremento considerable del gasto en investigación y desarrollo (I + D) es determinante para la competitividad y la autoafirmación de Europa,

B.

Convencido de que la política europea de investigación debería respaldar firmemente la investigación básica,

C.

Considerando la decisión del Consejo Europeo de Barcelona de aumentar el gasto en I + D hasta alcanzar el 3% en 2010,

D.

Considerando que el gasto de la Unión Europea en I + D deberá aumentar en aproximadamente un 8% anual para alcanzar este objetivo, al tiempo que habrá que aprovechar de forma más eficaz los recursos financieros existentes,

E.

Considerando el informe Sapir titulado «Agenda para una Europa en crecimiento» (7),

F.

Considerando la necesidad de incrementar especialmente la inversión privada en I + D si se pretende que la Unión se convierta en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, tal como decidió el Consejo Europeo de Lisboa,

G.

Considerando que sigue sin lograrse plenamente la integración de las mujeres en la investigación científica, tanto en las universidades como en las empresas,

1.

Hace suyas las recomendaciones presentadas por la Comisión en su Comunicación;

2.

Sostiene que la ciencia y la tecnología forman parte de la identidad de Europa al menos desde el Renacimiento;

3.

Solicita que los Estados miembros aumenten su gasto en investigación hasta alcanzar el 3% de su PIB en 2010;

4.

Censura el hecho de que el Consejo no haya traducido sus declaraciones en hechos concretos y que los Estados miembros hagan pocos esfuerzos o ninguno para aumentar su gasto en I + D, y que algunos incluso lo reduzcan;

5.

Pide al Consejo que preste la debida atención a las propuestas de la Comisión, con objeto de que Europa pueda ocupar de nuevo un puesto de vanguardia en todos los ámbitos relevantes de la ciencia y la técnica y que, a tal fin, integre de manera más decidida que hasta el momento el concepto de investigación orientada a la competencia en el panorama europeo de investigación;

6.

Considera que el concepto de sociedad del conocimiento no se mide únicamente por la cuantía del gasto destinado a la investigación, sino también por la cultura general en el ámbito científico;

7.

Pide, por consiguiente, a los Estados miembros y a los inversores privados que aumenten su gasto en I + D, con un aumento del 6% para la inversión pública y del 9% para la inversión privada, con el fin de llegar a un promedio del 8% necesario para alcanzar hasta el año 2010 el 3% del PIB;

8.

Solicita un aumento análogo para el Programa Marco Europeo de Investigación y pide, por tanto, un incremento hasta 30 000 millones de euros para toda la duración del Séptimo Programa Marco de Investigación, con el fin de tener también en cuenta la ampliación a 25 y más Estados miembros;

9.

Solicita, asimismo, un refuerzo de la coordinación entre los programas nacionales de I + D y pide que, en colaboración con los programas comunitarios, se creen «comunidades tecnológicas» al servicio de una visión de futuro (como, por ejemplo, el ITER), con objeto de abordar a escala europea un número limitado de temas importantes y ambiciosos; considera que las comunidades tecnológicas, al igual que la actividad a que se refiere el artículo 169 del Tratado CE, deben llevarse a la práctica de tal forma que puedan participar en ellas círculos de interés lo más amplios posible independientemente de la forma de organización;

10.

Pide que, en el marco del Sexto Programa Marco de Investigación, se orienten en mayor medida los conceptos de «redes de excelencia» y de «proyectos integrados» hacia la idea rectora del Espacio Europeo de Investigación y que, en particular, se efectúen correcciones en relación con el tamaño de los proyectos, tanto en lo que se refiere al número de socios como al volumen de la financiación;

11.

Subraya la importancia de reforzar la cooperación entre los Estados miembros y los países en vías de adhesión en materia de política de investigación y de inversión en este ámbito; señala que en el apartado de la técnica aeroespacial determinados Estados miembros mantienen ya actualmente una estrecha cooperación, con excelentes resultados;

12.

Considera que deben hacerse todavía considerables esfuerzos para contar en el futuro con un número suficiente de científicos, ingenieros y personal especializado, y pide por tanto que los Estados miembros presten más atención a la formación en los ámbitos científico y técnico y que la Unión Europea continúe incrementando su contribución a la movilidad de los científicos, los ingenieros y el personal especializado, para que al final surja un auténtico espacio europeo de la investigación;

13.

Señala que en este ámbito se incluyen también una remuneración competitiva y acorde con la formación de los investigadores, la seguridad social, la planificación de la carrera profesional y los intereses familiares, entre los que se incluyen tanto una financiación para traer a la familia consigo como una simplificación de los trámites burocráticos (visados, permisos), la posibilidad para el cónyuge de ejercer un empleo y el acceso a guarderías y a la escolarización para sus hijos;

14.

Pone de relieve la necesidad de seguir fomentando el capital humano; insta a que se cree un marco jurídico que garantice el empleo flexible y orientado hacia la práctica de los investigadores, así como su movilidad dentro de la Unión;

15.

Recuerda que, sumados a la continua emigración de investigadores completamente formados, la evolución demográfica y el descenso de las inscripciones en las carreras científicas no harán sino agravar la situación de las nuevas generaciones de investigadores y las perspectivas de relevo; insta a que se adopten medidas para facilitar la entrada de investigadores en la Unión Europea y el ejercicio de la actividad de los mismos;

16.

Considera que en el futuro será necesario captar para la investigación a determinados grupos de población, en particular a las mujeres, cuya participación en esta actividad no ha aumentado de forma significativa, a pesar de los esfuerzos hechos en los últimos años;

17.

Pide que la Unión Europea se exponga a la competencia global mostrándose abierta a los científicos, los ingenieros y el personal especializado procedentes de todo el mundo, incluidos sus nacionales que hayan pasado algunos años en otro país;

18.

Apoya la creación de redes regionales de pequeñas y medianas empresas (PYME) y pide a los Estados miembros y a la Comisión que apoyen de forma prioritaria este tipo de iniciativas;

19.

Acoge favorablemente el hecho de que numerosas regiones de Europa hayan reconocido ya la importancia de la ciencia y la tecnología y las insta a mantener una competencia entre las regiones científicas con el apoyo de la Unión Europea;

20.

Reconoce que muchas grandes empresas están haciendo importantes esfuerzos para financiar con sus propios recursos las actividades de I + D, pero lamenta que todavía no se hagan esos esfuerzos en todas las grandes empresas;

21.

Pide a estas últimas empresas que inviertan en el futuro en mayor medida que hasta ahora y demuestren su disposición en este sentido potenciando más resueltamente la creación de sus propias secciones de I + D;

22.

Considera que la aportación extremadamente importante de las pequeñas y medianas empresas a la actividad económica y el empleo constituye un punto especialmente fuerte de Europa, en particular frente a los EE.UU.;

23.

Considera, en cambio, que la escasa participación de las pequeñas y medianas empresas en la investigación constituye la debilidad de Europa y considera que son especialmente las PYME las que necesitan recuperar el terreno perdido, dado que en otras partes del mundo estas empresas son, con frecuencia, particularmente innovadoras;

24.

Está firmemente convencido de que el aumento de la contribución de las empresas privadas a la I + D no depende únicamente de los fondos desembolsados, sino también, y especialmente, de una cooperación más estrecha entre las empresas, en particular las pequeñas y medianas empresas, y las instituciones de investigación tanto públicas como privadas;

25.

Señala que una investigación orientada hacia la práctica será fuente de importantes impulsos para la economía europea y que debe apoyarse en la cooperación con objetivos precisos entre la investigación y la empresa; hace hincapié en que la cooperación con las pequeñas y medianas empresas debe constituir un foco de especial atención;

26.

Pide a los Estados miembros que desarrollen modelos viables de cooperación jurídica entre los centros de investigación y las empresas;

27.

Solicita que en la aplicación de los derechos de autor en las instituciones públicas y las asociaciones público-privadas se tengan más en cuenta los intereses comerciales de las empresas privadas;

28.

Hace hincapié en que la protección de la propiedad intelectual desempeña un papel importante en este ámbito, puesto que el éxito en la explotación económica de los derechos de propiedad garantizará el reflujo de capital y contribuirá a que pueda desarrollarse una actividad investigadora sostenida;

29.

Pone especialmente de relieve que la protección de los derechos de propiedad intelectual debe facilitarse con rapidez y a precios asequibles, para lo cual constituyen pasos importantes la introducción de una patente comunitaria y la proyectada nueva normativa sobre patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador.

30.

Considera que las ayudas públicas deben orientarse cada vez más hacia las pequeñas y medianas empresas, y solicita a este respecto nuevos instrumentos de ayuda no burocráticos;

31.

Recuerda que, por lo general, las pequeñas y medianas empresas no disponen de grandes reservas personales y se enfrentan además a crecientes dificultades por lo que respecta a la financiación privada, por lo que dependen de un acceso rápido y no burocrático a los fondos destinados a la investigación;

32.

Recuerda que numerosas pequeñas y medianas empresas que desarrollan su actividad en ámbitos sensibles a la investigación se enfrentan a dificultades considerables para obtener capital y que, a la vista del Acuerdo Basilea II, apenas cabe esperar que la situación mejore;

33.

Preconiza para las pequeñas y medianas empresas una ayuda a la investigación que se ajuste a la realidad del mercado, en colaboración con la financiación privada, pero las formas de intervención pública, ya sean incentivos fiscales o ayudas directas, no deben influir a la hora de decidir qué tipos de ayuda se conceden ni cuál ha de ser el alcance de la ayuda autorizada; los Estados miembros deberán tener libertad para considerar su propia política, de manera que las normas sobre política de competencia, que son competencia de la Comunidad, sean neutrales en relación con los instrumentos;

34.

Propone que los Estados miembros consideren la posibilidad de introducir, además de una ayuda a la investigación directa, incentivos fiscales para los esfuerzos privados de investigación, centrándose una vez más en las pequeñas y medianas empresas;

35.

Subraya que los instrumentos públicos de financiación representan una aportación importante al apoyo económico de la investigación, pero deben crearse estímulos adecuados para esta actividad, ante todo mediante disposiciones fiscales adecuadas y condiciones marco propicias para la investigación;

36.

Manifiesta su preocupación por la multiplicidad de disposiciones jurídicas que, más que facilitar la actividad investigadora en la Unión Europea, la frenan; pide que se determine en qué ámbitos puede reducirse el aparato burocrático y eliminarse los obstáculos que impiden el despliegue de las energías innovadoras e investigadoras, e insta a que se presenten propuestas encaminadas a eliminar tales obstáculos;

37.

Opina que debe someterse a evaluación el resultado y el valor de la investigación llevada a cabo; señala que no todas las medidas de investigación producen en la economía europea el efecto positivo esperado; recomienda, por esta razón, el establecimiento de un sistema de ámbito europeo que desarrolle criterios de eficiencia y de éxito de la investigación y la evalúe en este sentido;

38.

Recuerda la propuesta de creación de una fundación europea de investigación, presentada por el Parlamento Europeo a raíz de la expiración del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, basada en el intento de atraer fondos privados para la investigación, al igual que en los EE.UU., donde el mecenazgo científico desempeña un papel más importante que en Europa (8);

39.

Exige la creación de un Consejo Europeo de Investigación cuyo objetivo sea reforzar la posición, a nivel mundial, de la investigación básica de alto nivel científico que se lleva a cabo en Europa poniendo a su disposición una financiación a largo plazo; debe garantizarse que el Consejo Europeo de Investigación reciba los recursos necesarios, que se sumarán a la financiación ya existente; este organismo deberá estar dotado de las siguientes características:

40.

Aboga por una cooperación más estrecha con los bancos, en particular el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, con el fin de financiar un tipo de desarrollo acorde con la realidad del mercado;

41.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que recurran en mayor medida a los Fondos Estructurales para la I + D;

42.

Considera, habida cuenta de la globalización de la investigación, que debe reforzarse urgentemente la cooperación internacional en los ámbitos científico y técnico, especialmente a nivel de las empresas y en particular las pequeñas y medianas empresas;

43.

Considera que ahora no se trata simplemente de presentar nuevas propuestas, sino de hacer realidad las propuestas ya existentes;

44.

Hace hincapié en que los Estados miembros y la Comisión deberían garantizar también la participación de las pequeñas y medianas empresas y las universidades en los planes regionales a fin de alentar la investigación y la innovación y proporcionar los recursos adicionales necesarios;

45.

Insta a que se refuercen los efectos de innovación de los programas de I + D fomentando y apoyando la inclusión, dentro de los programas de investigación, de las acciones destinadas a la innovación, pero hace hincapié en que debe clarificarse de manera significativa la legislación marco comunitaria en materia de I + D;

46.

Considera importante que la Comisión incremente y precise la información sobre estas formas de apoyo público a la investigación, que no distorsionan la competencia;

47.

Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por revisar y clarificar el sistema comunitario de ayudas estatales en materia de I + D y por orientar estas ayudas hacia objetivos horizontales;

48.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países en vías de adhesión.

—

Visto el informe de la Comisión (COM(2002) 695),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones «Comunicaciones electrónicas: el camino hacia la economía del conocimiento» (COM(2003) 65),

—

Vista la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión (Directiva acceso) (1),

—

Vista la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (2),

—

Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (3),

—

Vista la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (4),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000, SN 100/1/00,

—

Vistos el apartado 2 del artículo 47 y el artículo 163 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Industria, Comercio Exterior, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5-0376/2003),

A.

Considerando que los países que no logren aplicar el nuevo marco normativo perderán una oportunidad única de establecer las normas de un mercado en evolución,

B.

Considerando que la adopción del marco regulador electrónico representa un importante impulso para la competitividad europea,

C.

Considerando que la continua tendencia hacia un mercado totalmente competitivo y abierto promete continuos beneficios económicos y para el consumidor a través del estímulo a la inversión, la innovación y los servicios de calidad a bajo precio,

D.

Considerando que si no se incorpora el nuevo marco normativo dentro del plazo previsto se socavarán los objetivos del programa de Lisboa que suscribieron todos los Estados miembros en 2001,

E.

Considerando que todavía no se han solucionado «antiguos» problemas del sector, como las tarifas de itinerancia internacional, las tarifas de terminación de las llamadas en redes móviles y la conservación del número, y que además han surgido nuevos problemas, como el retraso en el despliegue de la tercera generación, pero especialmente en el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones en el ámbito de la tercera generación,

F.

Considerando que toda demora en la aplicación del nuevo marco normativo retrasaría el desarrollo de la competencia y sus efectos benéficos para los consumidores,

G.

Considerando que toda demora en la aplicación del nuevo marco normativo privaría a las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) de las competencias jurídicas necesarias para obtener información de los operadores de telecomunicaciones y realizar análisis de mercado;

H.

Considerando que toda demora en los procedimientos de infracción contra aquellos Estados miembros que no incorporen el nuevo marco normativo distorsionaría considerablemente el desarrollo del mercado,

I.

Considerando que en numerosos informes se señala que los operadores tradicionales seguirán dominando algunos segmentos del mercado de las telecomunicaciones en la Unión Europea,

J.

Considerando que podría mejorarse significativamente la calidad de los servicios de telecomunicaciones ofrecidos a los consumidores, en particular, la conservación de los números móviles, la gama de servicios disponibles, el servicio de atención al consumidor y los plazos de espera previos a la conexión,

K.

Considerando que los proveedores de servicios de telecomunicaciones están obligados a respetar los intereses de los usuarios con discapacidad en lo referente a opciones, precios y beneficios en la calidad de los servicios de telecomunicaciones y su accesibilidad, así como a pedir a las autoridades reguladoras la consulta a los representantes de las personas con discapacidad en su evaluación de la prestación de servicios,

L.

Considerando que las posibles obligaciones reglamentarias impuestas a los operadores deberían ser justas y proporcionadas, y que sólo deben imponerse tras realizar un análisis detallado de mercado y rentabilidad de cada una de ellas, en particular teniendo en cuenta el desarrollo de una competencia sostenible en las infraestructuras,

M.

Considerando que en mayo de 2004 diez nuevos Estados se adherirán a la Unión Europea,

N.

Considerando que los países en vías de adhesión se han comprometido a liberalizar plenamente sus mercados y a aplicar el nuevo marco normativo a partir de su adhesión,

O.

Considerando que no se cuenta con datos fiables sobre los mercados de los países candidatos,

P.

Considerando que el cometido del Grupo de entidades reguladoras europeas es fundamental para asegurar un entorno reglamentario coherente en toda la Unión Europea,

Q.

Considerando que la interacción entre la Comisión y el Grupo de entidades reguladoras europeas es esencial para el éxito en la aplicación de la reglamentación en materia de telecomunicaciones,

R.

Considerando que, en última instancia, es responsabilidad de la Comisión velar por la eficacia y coherencia en la aplicación de la legislación de la UE,

S.

Considerando que los Estados miembros han realizado avances con respecto a la adopción de los principios establecidos en la Directiva relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios,

1.

Felicita a la Comisión por haber incoado procedimientos contra aquellos Estados miembros que no han traspuesto a su Derecho nacional el nuevo paquete regulador una vez transcurrido el plazo de dos meses para la notificación a la Comisión;

2.

Pide que los procedimientos de infracción contra tales países se lleven a cabo con la mayor brevedad;

3.

Pide a la Comisión que a la hora de adoptar medidas en relación con aquellos Estados miembros que no hayan aplicado las nuevas directivas a su debido tiempo no se limite simplemente a incoar procedimientos por infracción contra dichos Estados miembros, sino que recurra también a la gama más amplia de instrumentos que tiene a su disposición, como la publicación de documentos y la elaboración de estudios comparativos; pide a la Comisión que celebre un intercambio de puntos de vista con el Parlamento Europeo acerca del contenido de esa gama más amplia de instrumentos;

4.

Pide a la Comisión y a los supervisores nacionales del Grupo de entidades reguladoras europeas que solucionen por fin «antiguos» problemas como las tarifas de itinerancia internacional, las tarifas de terminación de las llamadas en redes móviles y la conservación del número, y que se centren asimismo en cuestiones nuevas, como la situación de dominio conjunto y la necesidad de cooperar para desarrollar servicios y aplicaciones de tercera generación con miras a mantener la competencia en el sector;

5.

Subraya la importancia que reviste un marco jurídico coherente y seguro en toda la UE ampliada si se desea impulsar la participación de nuevos competidores en el sector de las comunicaciones; insta a los Estados miembros y a sus ANR a que concedan prioridad a la concesión de un trato adecuado a los operadores en el mercado basado en principios jurídicos claros en materia de competencia; insta a las ANR a que mantengan una presión reguladora competitiva y justa sobre los mercados;

6.

Pide a la Comisión que clarifique cuáles son los efectos directos, si existen, de las disposiciones básicas del nuevo marco, incluidas las disposiciones de procedimiento y sustantivas, de forma que las partes interesadas puedan tener una visión clara sobre la medida en que estas disposiciones pueden aplicarse y sus derechos pueden hacerse efectivos;

7.

Pide a las ANR que reaccionen cuando las reducciones de precio a corto plazo ofrecidas por los operadores tradicionales dificulten el desarrollo de unas condiciones competitivas de mercado a largo plazo;

8.

Pide a las ANR que justifiquen fehacientemente toda obligación reglamentaria que impongan, incluido un análisis de los efectos a corto y largo plazo de la medida reguladora propuesta;

9.

Recuerda que la competencia basada en las infraestructuras, en la que los proveedores de servicios competidores invierten en sus propias infraestructuras, arroja mejores resultados para los consumidores y establece los cimientos para una competencia sostenible; subraya, por tanto, que la prioridad a la competencia basada en el acceso (como por ejemplo, la reventa, la segmentación del bucle local, el acceso por flujo de bits) no debe considerarse como un fin en sí misma sino como una vía para alcanzar una competencia basada en las infraestructuras más completas en el sector de las telecomunicaciones;

10.

Recuerda a las ANR que deben imponer las obligaciones que correspondan en el mercado al público sólo si las obligaciones que se imponen a nivel general no son suficientes para lograr la competencia al nivel del mercado al público (artículo 17 de la Directiva relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios); considera que la observancia de este principio regulador debe ser estrechamente supervisada por el Grupo de entidades reguladoras europeas y la Comisión;

11.

Insta a la Comisión a que garantice que las normas exclusivas no se conviertan en mecanismos de control que impidan la interoperabilidad y, de este modo, la expansión de los servicios en el mercado interior;

12.

Señala que el nuevo marco prevé que el antiguo marco regulador pueda mantenerse mientras prevalezcan condiciones de mercado no competitivas, lo que tendrá particular importancia para los países en vías de adhesión; sin embargo subraya que las ANR en los países en vías de adhesión necesitan ayuda para realizar la transición de un marco regulador al otro lo antes posible;

13.

Insta a la Comisión a que reúna información sobre la situación en los países en vías de adhesión y su voluntad de aplicar el nuevo marco normativo y a que mantenga informado al Parlamento Europeo al respecto; considera que la Comisión también deberá determinar la asistencia técnica que se ofrecerá para impulsar su aplicación en aquellos casos en que se prevea que esos países no lograrán satisfacer los criterios;

14.

Subraya, tal y como se indica en el considerando 15 de la Recomendación 2003/311/CE de la Comisión, de 11 de febrero de 2003 (5), relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios, que los mercados nuevos y emergentes, en los que puede constatarse una situación de poder de mercado debida a la ventaja adquirida por el «primero en actuar», no deben someterse en principio a regulación ex ante, a pesar de que no siempre es fácil estar de acuerdo en una definición clara de lo que son los mercados emergentes;

15.

Subraya que el Grupo de entidades reguladoras europeas debería seguir siendo plenamente independiente y que ningún ministro debería formar parte del mismo;

16.

Insiste en que las ANR son plenamente independientes, deberían contar con los recursos adecuados y las competencias necesarias para cumplir sus cometidos y están en condiciones de desempeñar un papel proactivo con vistas a impulsar la competencia en el sector;

17.

Pide a la Comisión que adopte una perspectiva de futuro y un cometido muy dinámico en la interpretación que dé el Grupo de entidades reguladoras europeas a su cometido regulador;

18.

Celebra la voluntad del Grupo de entidades reguladoras europeas de consultar a las partes interesadas;

19.

Celebra el trabajo emprendido por el INCOM (Grupo de inclusión en las comunicaciones de la UE) para presentar recomendaciones sobre la forma en que las disposiciones de la legislación sobre telecomunicaciones pueden cumplir las disposiciones relativas a la accesibilidad para los consumidores con discapacidad y pide que estas recomendaciones incluyan objetivos claros y ambiciosos y calendarios para su aplicación, así como instrumentos eficaces de supervisión;

20.

Anima al Grupo de entidades reguladoras europeas a que adopte más medidas para la participación de todas las partes interesadas de la manera más completa y transparente posible;

21.

Insiste en que todos los Estados miembros reexaminen sus procedimientos judiciales para tramitar con rapidez, eficacia y competencia los casos que les confíen los demandantes o las ANR en virtud del nuevo marco normativo;

22.

Señala que la composición y los mandatos del Grupo de entidades reguladoras europeas y del Grupo de entidades reguladoras independientes se superponen en gran medida; considera esencial evitar cualquier solapamiento de los ya escasos recursos administrativos y esfuerzos; recomienda, para ello, que se acuerde una fusión progresiva del Grupo de entidades reguladoras europeas y del Grupo de entidades reguladoras independientes;

23.

Toma nota de la importancia de tramitar rápidamente los recursos interpuestos contra las decisiones de las ANR; insta a todos los Estados miembros a que se doten de procedimientos eficientes de resolución de controversias; toma nota de que la Comisión debería supervisar el cumplimiento de los plazos de resolución de controversias e incluir indicadores de eficacia a tal respecto en sus futuros informes sobre la aplicación de las medidas reguladoras;

24.

Considera que, a fin promover una jurisprudencia coherente en este complejo sector de carácter tecnológico, debería animarse a los tribunales de los Estados miembros a colaborar mediante el intercambio de experiencias e informaciones sumariales; pide a la Comisión que examine las medidas que podrían aplicarse en este ámbito, incluida, si procede, la creación de una red de información para los sumarios de telecomunicaciones;

25.

Recuerda con insistencia a todas las partes que en el sector de las telecomunicaciones «justicia aplazada significa justicia denegada»; subraya la importancia de un rápido acceso a la justicia y una rápida tramitación de los recursos jurídicos;

26.

Toma nota de que se han realizado avances razonables en los Estados miembros en relación con la adopción de los principios fundamentales recogidos en la Directiva relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios;

27.

Sigue preocupado por la incoherencia existente en la asignación de financiación al servicio universal;

28.

Insiste en que la financiación del servicio universal esté adecuadamente justificada, no tenga carácter discriminatorio y se asigne mediante un procedimiento transparente de licitación para animar a prestar el servicio universal a aquellos operadores que posean las soluciones tecnológicas más adecuadas;

29.

Recuerda a las ANR que las disposiciones relativas a la financiación centralizada del servicio universal deben estar abiertas a todos los operadores, y no sólo a los ya existentes, y que en algunas regiones debe autorizarse a los operadores de servicios móviles y a todos los demás operadores interesados a participar en los concursos para ofrecer servicios universales; observa que en el ámbito de aplicación de la nueva directiva están incluidos expresamente todos los servicios electrónicos;

30.

Toma nota con pesar de la lentitud con que algunos Estados miembros adoptan en el seno del nuevo marco normativo disposiciones vinculantes para mejorar el acceso de los usuarios desfavorecidos o discapacitados y aplican medidas destinadas a mejorar la transparencia de las tarifas;

31.

Pide a la Comisión que asegure que sólo se aplique la normativa específica del sector en vez de las normas sobre competencia cuando se cumplan los criterios establecidos en la citada Recomendación de la Comisión sobre los mercados pertinentes;

32.

Subraya la importancia de la conservación del número como una medida favorable al consumidor y de apertura del mercado en el sector de las telecomunicaciones móviles; señala que las disposiciones correspondientes tienen un grado de aplicación relativamente bajo en algunos Estados miembros; pide a las ANR que aseguren que no se haga uso de retrasos o costes innecesarios en la transferencia para desalentar a los consumidores en el ejercicio de este derecho;

33.

Acoge favorablemente el pleno compromiso de los interesados y la Comisión en el grupo de trabajo sobre las centralitas de localización de llamadas en la telefonía móvil; espera que el grupo pueda alcanzar un consenso con las ANR y los operadores lo antes posible, de forma que los consumidores se beneficien con rapidez;

34.

Pide a la Comisión que presione a los operadores de telecomunicaciones, especialmente a los ya existentes, para que establezcan redes que faciliten que los consumidores y las empresas adopten el código único europeo «3883»;

35.

Recuerda a las ANR las disposiciones recogidas en la Directiva relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con la transparencia y la publicación de las tarifas así como la puesta a disposición de los clientes de las pequeñas empresas de información comparativa; señala, asimismo, que debe mantenerse específicamente el derecho a recibir una factura detallada gratuita de las llamadas; solicita a todas las ANR que adopten las disposiciones pertinentes en el plazo más breve posible;

36.

Aprueba la rápida decisión de la Comisión en el sentido de impulsar la liberalización en el plazo más breve posible y en aquellos casos en que la situación en materia de competencia sea la adecuada de los servicios de líneas arrendadas como primera decisión en el contexto de la nueva legislación específica del sector;

37.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.