—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2003) 188) (1),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 150 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0176/2003),

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A5-0027/2004),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Considera que la ficha financiera que figura en la propuesta de la Comisión es compatible con el límite máximo de la rúbrica 3 de las perspectivas financieras y no impone restriccions a otras políticas existentes;

3.

Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1)

El Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron, mediante la Decisión no 163/2001/CE (5), el programa MEDIA-formación, destinado a la formación de los profesionales de la industria europea de programas audiovisuales, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2005.

(2)

Es esencial garantizar la continuidad de la política comunitaria de apoyo al sector audiovisual europeo habida cuenta de los objetivos perseguidos por la Comunidad en virtud del artículo 150 del Tratado.

(3)

Es esencial que la Comisión presente, a más tardar el 31 de diciembre de 2005, un informe de evaluación completo y detallado sobre el programa MEDIA-formación, con tiempo suficiente para que la Autoridad Legislativa pueda examinar la propuesta de un nuevo programa MEDIAformación, cuyo lanzamiento está previsto para 2007,

1)

En el artículo 1, la fecha de 31 de diciembre de 2005 se sustituye por la de 31 de diciembre de 2006.

2)

En el apartado 5 del artículo 4, el marco financiero fijado en 50 millones de euros se sustituye por el de 59,40 millones de euros, de conformidad con la Decisión no .../2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de ... 2004 [por la que se modifican las Decisiones no 1720/1999/CE, 253/2000/CE, 508/2000/CE, 1031/2000/CE, 1445/2000/CE, 163/2001/CE, 1411/2001/CE, 50/2002/CE, 466/2002/CE, 1145/2002/CE, 1513/2002/CE, 1786/2002/CE, 291/2003/CE y 20/2004/CE con objeto de adaptar los importes de referencia para tener en cuenta la ampliación de la Unión Europea] (6) .

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2003) 191) (1),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 3 del artículo 157 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0177/2003),

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de Comunicación y Deporte y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A5-0028/2004),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Considera que la ficha financiera que figura en la propuesta de la Comisión es compatible con el límite máximo de la rúbrica 3 de las perspectivas financieras y no impone restricciones a otras políticas existentes;

3.

Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1)

El Consejo adoptó, mediante la Decisión 2000/821/CE (5), el programa MEDIA Plus, un programa de estímulo al desarrollo, la distribución y la promoción de obras audiovisuales europeas, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2005.

(2)

Es esencial garantizar la continuidad de la política comunitaria de apoyo al sector audiovisual europeo habida cuenta de los objetivos perseguidos por la Comunidad en virtud del artículo 157 del Tratado.

(3)

Es esencial que la Comisión presente, a más tardar el 31 de diciembre de 2005, un informe de evaluación completo y detallado sobre el programa MEDIA Plus con tiempo suficiente para que la Autoridad Legislativa pueda examinar la propuesta de un nuevo programa MEDIA Plus, cuyo lanzamiento está previsto para 2007, así como para que la Autoridad Presupuestaria pueda evaluar la necesidad del nuevo marco financiero,

1)

En el apartado 1 del artículo 1, la fecha de 31 de diciembre de 2005 se sustituye por la de 31 de diciembre de 2006.

2)

En el apartado 2 del artículo 5, el marco financiero fijado en 350 millones de euros se sustituye por el de 453,60 millones de euros, incluida la adaptación para tener en cuenta la ampliación a raíz de la revisión de las perspectivas financieras .

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2003) 440) (1),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 2 del artículo 80 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0393/2003),

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A5-0021/2004),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1)

El Reglamento (CE) no 1406/2002 (3) creó una Agencia Europea de Seguridad Marítima (denominada en lo sucesivo «la Agencia»), con el fin de garantizar un nivel elevado, uniforme y eficaz de seguridad marítima y de prevención de la contaminación por los buques.

(2)

El 12 de diciembre de 2002, la Conferencia Diplomática de la Organización Marítima Internacional (OMI) aprobó un conjunto de enmiendas al Convenio SOLAS para la seguridad de la vida humana en el mar, así como un Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP), que dispone una serie de medidas en relación con la protección marítima. En consecuencia, procede especificar la función de la Agencia en el ámbito de la protección marítima.

(3)

Es importante tomar las medidas de protección adecuadas para garantizar la seguridad del transporte marítimo y de los puertos comunitarios, así como la de los pasajeros, tripulaciones y personal portuario, contra la amenaza de actos ilícitos deliberados.

(4)

El Reglamento (CE) no .../2004 de ... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias (4) encomienda a la Comisión algunas labores relativas a la supervisión de las citadas medidas de protección por parte de los Estados miembros, en el desempeño de las cuales la Agencia podría proporcionar una valiosa asistencia técnica. Dichas labores incluirán la realización de inspecciones de buques y empresas relacionadas, así como de organizaciones de protección reconocidas que estén autorizadas a realizar determinadas actividades relacionadas con la protección en este contexto.

(5)

Los accidentes sobrevenidos en los últimos tiempos en aguas comunitarias, en particular los sufridos por los petroleros Erika y Prestige, han puesto de manifiesto la necesidad de una intensificación de la actuación comunitaria, no sólo en la prevención, sino también en la lucha contra la contaminación.

(6)

La Decisión no 2850/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2000 (5), establece un marco comunitario de cooperación en el ámbito de la contaminación marina accidental o deliberada en el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2006.

(7)

La Decisión 2001/792/CE, Euratom del Consejo, de 23 de octubre de 2001 (6), estableció un mecanismo comunitario para facilitar la cooperación reforzada en las intervenciones de ayuda en el ámbito de la protección civil, incluida la contaminación marina accidental. Este mecanismo requiere la intervención de un centro de vigilancia e información de la Comisión en todos los casos de ayuda en el ámbito de la protección civil.

(8)

La Agencia debe ser dotada de los medios adecuados que le permitan apoyar, previa solicitud, los mecanismos de lucha contra la contaminación de los Estados miembros. Las actividades de la Agencia en este ámbito no deben relevar a los Estados miembros de su responsabilidad de contar con mecanismos adecuados de lucha contra la contaminación y deben respetar los acuerdos de cooperación existentes entre Estados miembros o grupos de Estados miembros en este ámbito. En caso de producirse un suceso de contaminación, la Agencia debe asistir al Estado miembro afectado bajo cuya autoridad se lleven a cabo las operaciones de limpieza. La Agencia debe prestar apoyo al mecanismo comunitario en el ámbito de la protección civil.

(9)

La Directiva 2003/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 2001/25/CE relativa al nivel mínimo de formación en las profesiones marítimas (7), introduce nuevos procedimientos en relación con el reconocimiento de los certificados de competencia de la gente de mar expedidos por terceros países. La Agencia debe asistir a la Comisión en la evaluación del cumplimiento por parte de esos países del Convenio internacional de 1978 sobre normas de formación, titulación y guardia para la gente de mar (Convenio STCW).

(10)

El Consejo de administración de la Agencia debe estar habilitado, de acuerdo con la Comisión, para definir un plan de actividades de la Agencia en el ámbito de la preparación y la lucha contra la contaminación. En la definición de dicho plan, el Consejo de administración debe tener en cuenta el valor añadido que puedan suponer las actividades de la Agencia en materia de lucha contra la contaminación con respecto a las ya desarrolladas por los Estados miembros, así como la mejor combinación posible de coste y eficiencia.

(11)

Deben tenerse en cuenta los acuerdos sobre contaminación accidental existentes, como el Acuerdo sobre la cooperación en materia de lucha contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, de 1983 (Acuerdo de cooperación de Bonn), que facilitan la asistencia mutua y la cooperación entre los Estados miembros en este ámbito, así como los pertinentes convenios y acuerdos internacionales de protección de las zonas marítimas europeas frente a los sucesos de contaminación, como el Convenio Internacional de Cooperación, Preparación y Lucha Contra la Contaminación por Hidrocarburos, de 1990 (Convenio OPRC), desarrollado bajo los auspicios de la OMI, la Convención para la Protección del Medio Marino del Atlántico Nororiental, de 22 de septiembre de 1992 (Convención de OSPAR), el Convenio de Barcelona, el Convenio de Helsinki y el Acuerdo de Lisboa.

(12)

En los futuros nombramientos para la estructura administrativa de la Agencia (Consejo de administración, Director ejecutivo) deben tenerse debidamente en cuenta los conocimientos y experiencia necesarios en los nuevos ámbitos de competencia de este órgano: la lucha contra la contaminación por los buques y la protección marítima.

(13)

Los terceros países que deseen participar en la Agencia deben adoptar y aplicar el Derecho comunitario en todos los ámbitos de competencia de la Agencia, incluida la lucha contra la contaminación por los buques y la protección marítima.

(14)

Por consiguiente, el Reglamento (CE) no 1406/2002 debe modificarse en consecuencia,

1)

Se modifica el artículo 1 del siguiente modo:

2)

El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 2

Con el fin de lograr los objetivos enunciados en el artículo 1, la Agencia deberá efectuar las siguientes tareas:

3)

El apartado 2 del artículo 10 se modifica del siguiente modo:

4)

El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:

«Los miembros del Consejo de administración serán nombrados en función de sus conocimientos técnicos y experiencia pertinentes en los campos de la seguridad y la protección marítima, la prevención de la contaminación y la lucha contra la contaminación causada por los buques.»

5)

La letra a) del apartado 2 del artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:

6)

El párrafo primero del apartado 1 del artículo 16 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   El Director ejecutivo de la Agencia será nombrado por el Consejo de administración en función de su mérito y una acreditada capacidad de administración y gestión, así como de su competencia y experiencia en los ámbitos de la seguridad y protección marítimas, la prevención de la contaminación y la lucha contra la contaminación causada por los buques. El Consejo de administración adoptará su decisión por mayoría de cuatro quintos de todos sus miembros con derecho a voto. La Comisión podrá proponer uno o más candidatos.»

7)

El apartado 1 del artículo 17 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   La Agencia estará abierta a la participación de terceros países que hayan celebrado acuerdos con la Comunidad Europea en virtud de los cuales hayan adoptado y estén aplicando la legislación comunitaria sobre seguridad y protección marítimas, la prevención de la contaminación y la lucha contra la contaminación causada por los buques.»

8)

El apartado 2 del artículo 22 se sustituye por el texto siguiente:

«2.   La evaluación analizará el impacto del presente Reglamento, de la Agencia y de sus actividades. El Consejo de administración efectuará, de común acuerdo con la Comisión, un mandato específico, una vez consultadas las partes implicadas.»

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2003) 155) (1),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 251, el apartado 1 del artículo 71 y el apartado 2 del artículo 80 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C5-0167/2003),

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo (A5-0016/2004),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1)

La Comunidad aplica una política de fomento del transporte sostenible como, por ejemplo, las operaciones de transporte multimodal e intermodal en las que intervienen los modos viario, ferroviario, fluvial y el transporte marítimo de corta distancia. En el marco de la política común de transporte, deben adoptarse medidas suplementarias para garantizar la seguridad del transporte.

(2)

Los contenedores se atienen generalmente a normas adoptadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), pero el espacio que ofrecen no es suficiente para una carga óptima de las paletas o para sacar el mayor partido posible de las dimensiones máximas autorizadas en el transporte terrestre.

(3)

Las cajas móviles se utilizan habitualmente en el transporte por carretera o ferroviario, pero, debido a sus características de construcción, no están adaptadas a las operaciones de transporte intermodal que incluyen un trayecto fluvial o marítimo.

(4)

Las unidades de carga intermodales han de reunir las características de interoperabilidad necesarias para las operaciones de transbordo de mercancías de un modo a otro. Debido al número y a la diversidad de unidades existentes, el requisito de armonizar las características de interoperabilidad sólo debe aplicarse a las nuevas unidades.

(5)

La nueva unidad europea de carga intermodal no sólo debe ofrecer un espacio de carga óptimo, habida cuenta de las dimensiones máximas autorizadas por la normativa comunitaria vigente, sino que también debe reunir las características de interoperabilidad armonizadas necesarias para toda nueva unidad de carga intermodal.

(6)

Los objetivos de la medida prevista son garantizar el mismo grado de armonización de las unidades de carga intermodales y de los procedimientos de evaluación e inspección periódica, así como establecer la unidad europea de carga intermodal. Dado que dichos objetivos no pueden ser alcanzados de manera satisfactoria por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala comunitaria, la Comunidad puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, también previsto en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar tales objetivos.

(7)

Por motivos relacionados con las características específicas del mercado del transporte aéreo de mercancías, la presente Directiva no es aplicable a este modo de transporte.

(8)

La presente Directiva no debe afectar el uso, control y mantenimiento de las unidades de carga intermodales que están sometidos al Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores (CSC) (5) .

(9)

El mercado interior comporta un espacio sin fronteras internas en el que está garantizada la libre circulación de mercancías. Las reglamentaciones relativas a esta libre circulación sin obstáculos al comercio están basadas en la Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1985, relativa a una nueva aproximación en materia de armonización y de normalización (6). La presente Directiva se inspira en estos principios.

(10)

De acuerdo con la Decisión 93/465/CEE (7), los Estados miembros han de autorizar la libre circulación en su territorio, la comercialización, la utilización en cualquier operación de transporte o la utilización de acuerdo con su destino de las unidades de carga intermodales que lleven el marcado CE y los símbolos, previstos en la presente Directiva, que acreditan la realización de la inspección periódica, sin exigir una evaluación suplementaria por motivos relacionados con la aplicación de la presente Directiva ni, por lo que respecta a la unidad europea de carga intermodal, la conformidad con otros requisitos técnicos.

(11)

Es conveniente que los Estados miembros puedan adoptar medidas, de las que habrán de informar a la Comisión, para limitar o prohibir la comercialización y la utilización de unidades de carga intermodales, en especial cuando éstas entrañen un riesgo particular para la seguridad de las personas y, en su caso, de los animales domésticos o los bienes , o cuando éstas, provistas del marcado CE, del símbolo referente a su reevaluación o del símbolo de inspección periódica no sean conformes a los requisitos establecidos. El procedimiento debe motivarse y ser transparente .

(12)

En el marco de los principios previstos en la Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1985, la presente Directiva establece en sus anexos I y II los requisitos esenciales en materia de seguridad técnica y física, manutención, sujeción, estabilidad e identificación que han de cumplir las unidades de carga intermodales y las unidades europeas de carga intermodales. Dichos requisitos se completarán con requisitos específicos, indispensables para garantizar la interoperabilidad. Las unidades de carga intermodales deben cumplir todos esos requisitos.

(13)

Los requisitos fijados para las unidades de carga intermodales no deben ser contrarios a las normas ISO pertinentes en vigor.

(14)

Habida cuenta de los objetivos de la presente Directiva y a fin de facilitar la demostración de la conformidad de las nuevas unidades con los requisitos previstos, es conveniente establecer procedimientos de evaluación y de inspección periódica; dichos procedimientos deben elaborarse teniendo en cuenta la importancia de los requisitos aplicables a las unidades de carga intermodales. Es preciso prever un procedimiento adecuado o la posibilidad de elegir entre varios procedimientos de valor equivalente. Los procedimientos adoptados deben atenerse a lo dispuesto en la Decisión 93/465/CEE.

(15)

Las nuevas unidades de carga intermodales solamente podrán comercializarse y ponerse en servicio cuando cumplan los requisitos previstos en la presente Directiva. La conformidad se acreditará mediante los procedimientos de evaluación establecidos en la Decisión 93/465/CEE y recogidos en el anexo IV.

(16)

La inspección periódica tiene como objetivo comprobar que el estado de mantenimiento y el estado de usura de las unidades de carga intermodales son compatibles con los requisitos de seguridad. Se practicará de conformidad con el procedimiento recogido en el anexo V de la presente Directiva.

(17)

Las unidades a que se refiere la presente Directiva deben llevar un marcado CE que atestigüe su conformidad con los requisitos en ella establecidos. Los símbolos relativos a las características armonizadas de las unidades de carga intermodales han de ser distintos de los que indican que la unidad en cuestión es una unidad europea de carga intermodal armonizada. En cada unidad de carga intermodal debe indicarse que ha superado la inspección periódica anterior o, si se trata de una unidad de menos de cinco años, que no está todavía sujeta a la obligación de pasar una inspección, indicándose asimismo la fecha de la siguiente inspección.

(18)

A fin de alcanzar los objetivos correspondientes a los requisitos esenciales previstos en los anexos I y II de la presente Directiva, es conveniente elaborar normas armonizadas con respecto a las unidades de carga intermodales y a las unidades europeas de carga intermodales. Conviene asimismo prever la adopción de requisitos específicos de interoperabilidad aplicables a dichas unidades, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 12.

(19)

Las normas armonizadas serán elaboradas por el Comité Europeo de Normalización (CEN) en el marco de un procedimiento con delegación de competencias , previo mandato de la Comisión. En caso de que dichas normas se consideren insatisfactorias en relación con los dos tipos de requisitos previstos en la Directiva, la Comisión o el Estado miembro interesado recurrirán al Comité permanente previsto en la Directiva 98/34/CE (8).

(20)

Los Estados miembros han de designar organismos de inspección facultados para aplicar los procedimientos de evaluación o de inspección periódica. Asimismo, deben velar por que dichos organismos sean suficientemente independientes, competentes e imparciales para realizar las tareas para las que han sido designados y notificados.

(21)

El CSC concurre a este objetivo de reforzar la seguridad de las unidades de carga intermodales y de las unidades europeas de carga intermodales. La mayoría de los Estados miembros ya ha ratificado dicho Convenio, de conformidad con la Recomendación 79/487/CEE  (9).

(22)

Es conveniente establecer un procedimiento que permita a la Comisión modificar algunos anexos de la presente Directiva.

(23)

Es conveniente establecer un procedimiento que permita a la Comisión adoptar las medidas necesarias en caso de que las normas armonizadas no cumplan plenamente los requisitos establecidos en la presente Directiva.

(24)

Es necesario adoptar las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva, de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (10).

(25)

Procede prever sanciones para los casos en que se infrinjan las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva.

(26)

Es preciso adoptar disposiciones con miras a la aplicación de la presente Directiva antes de que se publiquen las especificaciones en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(27)

Es necesario prever una disposición transitoria en virtud de la cual las unidades de carga intermodales fabricadas antes de la entrada en vigor de la presente Directiva puedan comercializarse y ponerse en servicio incluso después de esa fecha.

a)

a las unidades de carga intermodales existentes en la fecha de su entrada en vigor,

b)

a las unidades de carga intermodales recientemente fabricadas, comercializadas, puestas en circulación o utilizadas, que deberán cumplir los requisitos establecidos en el anexo I y los requisitos específicos de interoperabilidad mencionados en el artículo 9,

c)

a las nuevas unidades europeas de carga intermodales, que deberán cumplir los requisitos establecidos en los anexos I y II y los requisitos específicos de interoperabilidad mencionados en el artículo 9.

a)

«unidad de carga intermodal», un contenedor o una caja móvil;

b)

«unidad europea de carga intermodal», una unidad de carga intermodal fabricada de conformidad con los requisitos esenciales establecidos en los anexos I y II y con los requisitos de interoperabilidad;

c)

«contenedor», caja diseñada para el transporte de mercancías, resistente y recuperable, apilable y con dispositivos que facilitan el transbordo de un modo de transporte a otro;

d)

«caja móvil», unidad diseñada para el transporte de mercancías que se utiliza en Europa y está convenientemente adaptada a las dimensiones de los vehículos de transporte por carretera y equipada de elementos de aprehensión que permiten el transbordo intermodal, por lo general ferrocarril — carretera;

e)

«norma armonizada», una especificación técnica adoptada por un organismo de normalización reconocido sobre la base de un mandato confiado por la Comisión de conformidad con los procedimientos establecidos en la Directiva 98/34/CE con el fin de establecer un requisito europeo cuya observancia no es obligatoria;

f)

«indicación de inspección periódica», un símbolo que indica que la unidad de carga intermodal ha pasado una inspección periódica, o ha de pasar la primera inspección periódica, y se ha considerado conforme a los requisitos pertinentes; dicha indicación precisa, además, la fecha prevista para que la unidad de carga intermodal pase la siguiente inspección periódica a que se refiere el artículo 7;

g)

«inspección periódica», las inspecciones practicadas para comprobar el estado de mantenimiento y de seguridad de las unidades de carga intermodales citadas en las letras a), b) y c), de conformidad con los procedimientos previstos en el anexo V;

h)

«procedimientos de evaluación de la conformidad», los procedimientos estipulados en el anexo IV;

i)

«organismo notificado», un organismo de inspección designado por la autoridad nacional competente de un Estado miembro de conformidad con el artículo 10 y con arreglo a los criterios del anexo III.

—

Control interno de la fabricación, empleando para ello el módulo A, cuando se cumplan las normas armonizadas a que hace referencia el apartado 3 del artículo 9.

—

Control interno de la fabricación, empleando para ello el módulo Aa.

—

Procedimiento de verificación por unidad (módulo G).

—

Procedimiento de aseguramiento de la calidad total (módulo H).

a)

cuando un Estado miembro compruebe que se ha colocado indebidamente el marcado CE o la indicación de inspección periódica, el fabricante o su representante establecido en la Comunidad, el propietario o su representante establecido en la Comunidad o el poseedor tendrá la obligación de hacer que el producto se ajuste a las disposiciones sobre el marcado CE y de poner fin a tal infracción en las condiciones establecidas por dicho Estado miembro.

b)

Si la no-conformidad persiste, el Estado miembro deberá tomar todas las medidas oportunas para restringir o prohibir la comercialización del producto considerado o garantizar su retirada del mercado de acuerdo con los procedimientos previstos en el artículo 5.

—

Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2003) 534) (1),

—

Visto el Protocolo de 2003 del Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, de 1992,

—

Vista la solicitud de dictamen conforme presentada por el Consejo de conformidad con el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 300, en conexión con los artículos 61 y 67 del Tratado CE (C5-0002/2004),

—

Vistos el artículo 86 y el apartado 7 del artículo 97 de su Reglamento,

—

Vistas la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior y la opinión de la Comisión de Política Regional, Transportes y Turismo (A5-0042/2004),

1.

Emite dictamen conforme sobre la firma o la ratificación por los Estados miembros del Protocolo de 2003 del Convenio Internacional sobre la constitución de un Fondo Internacional de indemnización de daños debidos a contaminación por hidrocarburos, de 1992, y sobre la adhesión de Austria y de Luxemburgo a los instrumentos subyacentes;

2.

Pide a los Estados miembros que firmen, ratifiquen o se adhieran al Protocolo lo antes posible, en la medida de lo posible antes del 30 de junio de 2004;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, las disposiciones relativas a los derechos sociales, así como las disposiciones del Tratado CE, en particular el artículo 136, en virtud del cual los Estados miembros fomentarán el empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, la adecuada protección social y el diálogo social, con el fin de alcanzar un nivel de empleo elevado y duradero y luchar contra la marginación,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000,

—

Vista la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (1), que prevé procedimientos específicos de información, preaviso y consulta de los representantes de los trabajadores en caso de despidos colectivos con el fin de evitar y reducir los despidos y prever medidas sociales de acompañamiento para la reconversión o la readaptación en el ciclo productivo de los trabajadores afectados por las medidas de expulsión,

—

Vista la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en las empresas de la Comunidad Europea (2),

—

Visto que el sector siderúrgico europeo ha quedado afectado por la decisión de los Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero, principalmente las procedentes de la Unión Europea,

—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre el sector siderúrgico, las reestructuraciones y las fusiones industriales,

—

Vista la continua pérdida de puestos de trabajo en el sector siderúrgico,

—

Visto el apartado 4 del artículo 37 de su Reglamento,

A.

Considerando que es imperativo, vistos los resultados decepcionantes de la economía europea en 2003, completar la agenda de Lisboa, y que esta situación se agrava debido al reto de la ampliación y a las incertidumbres que caracterizan el clima económico internacional,

B.

Preocupado por la renuncia a una producción de alto nivel tecnológico que, en los últimos años, se consideró un modelo de conocimientos especializados tecnológicos y que como tal debía protegerse,

C.

Considerando que es de interés para la Unión Europea el proteger y preservar las actividades propiamente industriales que emplean a un altísimo porcentaje de la población trabajadora de la Europa ampliada,

D.

Considerando que es oportuno reflexionar sobre las iniciativas a medio y largo plazo que la Unión Europea tiene intención de adoptar para proteger los intereses industriales europeos en un contexto de mercado libre,

E.

Considerando las importantes inversiones públicas de las que se ha beneficiado la empresa AST Thyssen Krupp, incluidos Fondos Estructurales del Objetivo 2 y del Fondo Social Europeo, para desarrollar los sistemas locales, las infraestructuras y la formación especializada,

F.

Teniendo en cuenta la movilización de los trabajadores dependientes interesados, de sus organizaciones sindicales, de la población y de los representantes de las autoridades locales,

1.

Toma nota con satisfacción de los primeros resultados conseguidos gracias a las iniciativas de todos los interlocutores sociales e institucionales y que han creado posibilidades reales de negociación sobre el futuro de la empresa;

2.

Manifiesta su solidaridad a los trabajadores afectados y a sus familias;

3.

Considera necesario garantizar que en la Unión Europea se mantenga un sector siderúrgico fuerte y moderno, capaz de satisfacer las necesidades de desarrollo sostenible y de creación de puestos de trabajo;

4.

Pide a la Comisión que intervenga con determinación en el ámbito de la OMC y de la OCDE con el fin de garantizar que el mercado mundial del acero opere sobre criterios comunes de competencia; se congratula por los esfuerzos del Comisario Pascal Lamy sobre el conflicto del acero con los Estados Unidos, y manifiesta su preocupación por la continua pérdida de cuotas de mercado de la producción de acero italiana y europea;

5.

Recuerda a la Comisión que, tras la desaparición de la CECA, el seguimiento de las consecuencias económicas y sociales de la evolución de la siderurgia europea forma parte de sus competencias;

6.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten una estrategia más firme con respecto a las reestructuraciones industriales y su impacto social; considera que todas las ayudas concedidas en el marco de los fondos públicos, incluidos los Fondos estructurales, deberían estar subordinadas a acuerdos sobre el empleo, el desarrollo local y las inversiones destinadas a modernizar la producción;

7.

Pide la protección concreta de los intereses de los trabajadores y de las empresas europeas, que han de tener la posibilidad de operar en los mercados internacionales sin sufrir dumping de ningún tipo; pide, además, que se respete la aplicación de la legislación europea relativa al diálogo social y unas relaciones industriales correctas;

8.

Pide a la Comisión y a los Gobiernos nacionales que presenten el cuadro previsto sobre la utilización de los recursos de los fondos comunitarios durante los próximos años, junto con un análisis de las prioridades para conciliar los objetivos de desarrollo y empleo;

9.

Pide en particular a la Comisión que el próximo 18 de febrero de 2004, al presentar el tercer informe sobre la cohesión económica y social, indique con claridad cuáles son sus propuestas relativas a la protección del sector industrial europeo, en particular el siderúrgico, en el marco de la nueva política de cohesión que iniciará el 1 de enero de 2007;

10.

Considera que Europa tiene que crear las condiciones favorables al desarrollo de los intereses industriales, en particular para los sectores avanzados y de alta tecnología; subraya que las inversiones en investigación y desarrollo, con la participación de fondos comunitarios a través del Sexto Programa Marco, pueden utilizarse para elaborar nuevos materiales, diseños y procesos que pueden dar una nueva configuración a los sectores industriales tradicionales;

11.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a la OMC, a la OCDE y a los interlocutores sociales.

—

Vistos los planes de acción para mejorar la auditoría y la gobernanza empresarial en Europa iniciados por la Comisión en mayo de 2003 a la luz las recomendaciones del informe elaborado por Jaap Winter,

—

Vista la intervención del Comisario Frits Bolkestein durante la última reunión del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas, de 20 de enero de 2004, sobre las posibles repercusiones de la crisis de Parmalat en las políticas de la Unión Europea, y en particular el anuncio de que la Comisión presentará en marzo de 2004 una propuesta de modificación de la Octava Directiva 84/253/CEE, de 10 de abril de 1984, relativa a la autorización de las personas encargadas del control legal de los documentos contables (1),

—

Visto el apartado 4 del artículo 37 de su Reglamento,

A.

Considerando que en el Parlamento se está elaborando un informe sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la modernización del Derecho de Sociedades y mejora de la Gobernanza empresarial en la Unión Europea — Un plan para avanzar (COM(2003) 284),

B.

Extremadamente preocupado por los acontecimientos que rodean el caso Parmalat a medida que este va desvelándose,

C.

Preocupado por sus implicaciones para empleados, inversores y bancos y por su impacto en la confianza en el buen funcionamiento del sistema financiero,

D.

Considerando que Parmalat está presente en más de treinta países, que sus trabajadores se cuentan por decenas de miles en todo el mundo y que se trata de una de las principales empresas europeas del sector alimentario,

E.

Considerando que se calcula que la deuda bruta acumulada de Parmalat asciende a 14 000 millones de euros, incluidas numerosas inversiones privadas no incluidas en los balances,

F.

Considerando que el caso Parmalat pone de manifiesto la falta de transparencia y el conflicto de intereses en la relación entre bancos, empresas de auditoría y sociedades,

G.

Considerando que la ausencia notoria de documentación en la sede central de Parmalat y la destrucción deliberada de ordenadores y de los datos que figuraban en ellos antes de la llegada de los investigadores dificultan las investigaciones,

H.

Considerando que los recientes escándalos en distintas empresas demuestran la necesidad de mejorar la gobernanza empresarial y de reforzar las disposiciones europeas contra las prácticas irregulares en las empresas,

I.

Considerando que toda reforma del Derecho de sociedades para reforzar la eficacia y la competitividad de las empresas en la Unión Europea tiene que dar lugar al mismo tiempo a la convergencia de las normas relativas a la integración de los mercados financieros; que el grado de volatilidad sin precedentes de los mercados financieros demuestra que todos los agentes de estos mercados se encuentran ante riesgos cada vez mayores,

J.

Consciente de que el caso Parmalat ha puesto de manifiesto:

K.

Considerando que la buena práctica del derecho de sociedades y de la gobernanza corporativa junto con la supervisión financiera son esenciales para la competitividad y la eficiencia del sector empresarial europeo y para la eficacia de la protección de los inversores,

L.

Considerando que los recientes escándalos financieros en Europa y los Estados Unidos ponen de manifiesto el papel esencial de las empresas de auditoría y de la realización y aplicación de auditorías de alta calidad,

1.

Lamenta los casos de bancarrota debidos a fraude en grandes empresas con participación pública, así como sus nefastas repercusiones sociales y económicas; pide que los responsables comparezcan ante la justicia;

2.

Subraya la necesidad de que se tome en consideración la dimensión social del caso Parmalat; pide una solución para impedir una grave crisis social;

3.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en ninguna fase del proceso de fiscalización de las cuentas, ni los agentes encargados del control, ni las autoridades reguladoras, ni los auditores, ni las agencias de calificación sospecharan la más mínima malversación;

4.

Pide al sector de los servicios financieros que ponga orden en sus asuntos y que redoble sus esfuerzos para garantizar que se lleva ante la justicia a la pequeña minoría de participantes en el mercado que no son honrados y para demostrar el compromiso del sector con una conducta ética y con una actuación diligente para proteger los ahorros de millones de personas y recuperar la plena confianza de los inversores en el sector de los servicios financieros;

5.

Pide a todas las instituciones financieras implicadas que reembolsen a los inversores las pérdidas cuya responsabilidad les corresponda;

6.

Insiste en la importancia de extraer lecciones del caso Parmalat, pero insta a todas las partes a que respondan de manera adecuada y sensata una vez que se haya efectuado una evaluación objetiva, apropiada y completa de lo ocurrido; decide hacer todo lo posible para tratar de garantizar que no se produzcan más escándalos como este, pero advierte contra reacciones automáticas o apresuradas;

7.

Recuerda tanto al Consejo como a la Comisión que es necesario establecer un equilibrio entre las necesidades legítimas de recibir informaciones pertinentes y oportunas de las autoridades nacionales, los accionistas, los demás inversores y el público en general, por una parte, y las cargas administrativas y burocráticas impuestas a las empresas europeas, por otra;

8.

Pide a la Comisión que tome la iniciativa de congregar a nivel europeo a los órganos e instituciones encargados de la vigilancia y el control de las relaciones entre empresas y bancos, con el fin de proteger los intereses de los ahorradores;

9.

Pide a los reguladores nacionales que cooperen plenamente entre sí, particularmente cuando se ocupen de casos con implicaciones transfronterizas;

10.

Opina que la solución a largo plazo reside en parte en la creación de una autoridad única de supervisión cautelar financiera en Europa;

11.

Subraya la necesidad de disponer del plan de acción sobre la modernización del Derecho de sociedades presentado por la Comisión Europea;

12.

Insiste en que la Comisión acelere sus trabajos sobre la Directiva 84/253/CEE en este contexto, pide a la Comisión que elabore legislación destinada a obligar a las empresas a una rotación de sus empresas de auditoría o a cambiar de socio de auditoría encargado de su contabilidad;

13.

Rechaza el argumento de que esto encierra el riesgo de dañar la continuidad y de provocar más fallos de las auditorías; estima, por el contrario, que la rotación permite una evaluación mutua de las auditorías y daría mayor relevancia a este importante elemento de control;

14.

Pide asimismo a la Comisión que considere la integración en la propuesta de otras disposiciones, como la prohibición de que sean los mismos auditores quienes presten a sus clientes de auditoría servicios distintos de la auditoría;

15.

Destaca la necesidad de incorporar normas sobre el control legal de documentos contables a la gobernanza empresarial, con el fin de reforzar las responsabilidades del grupo de auditores y su independencia respecto de los directivos y de hacer más estricta y más armonizada la supervisión pública de los auditores (abordando las cuestiones del alcance y las competencias de la supervisión, la composición de los consejos de supervisión y la transparencia de la supervisión);

16.

Considera que la presencia de administradores independientes en los consejos de administración es un planteamiento aplicable para mejorar el control de las cuentas de las empresas;

17.

Sostiene que la presencia de representantes de los empleados en los consejos de administración o supervisión les permitirá cuando menos salvaguardar sus intereses en relación con decisiones con impacto directo en el propio futuro de las empresas;

18.

Apoya la propuesta de la Comisión de potenciar la responsabilidad colectiva de todos los miembros de los consejos de administración por lo que se refiere a los estados financieros y a los principales documentos no financieros, así como la presentación a medio plazo de una propuesta para incrementar la responsabilidad individual de los miembros de consejos de administración y para exigir información completa sobre la estructura del grupo y las relaciones existentes dentro del mismo, pero le insta a que agilice los trabajos para su adopción dentro del plazo publicado de 2005;

19.

Considera que la Directiva 2003/6/CE (2) sobre abuso del mercado y la Directiva 2003/71/CE (3) sobre los folletos, ya adoptadas, y las Directivas pendientes sobre transparencia y sobre servicios de inversiones, de adoptarse a tiempo y aplicarse adecuadamente, reducirán de modo sustancial el riesgo de que se repitan prácticas incorrectas como las presenciadas en el caso Parmalat;

20.

Recuerda al Consejo y a la Comisión que los debates en curso sobre la Directiva relativa a la transparencia deben aportar beneficios reales a los inversores y al público en general en relación con las obligaciones de información, lo que incluye una información de calidad a su debido tiempo y no simplemente informes trimestrales obligatorios, que, como se ha visto en el caso de Parmalat y manifiestamente en el caso de Enron, no impiden los escándalos financieros; considera que la transparencia no solamente significa la publicación de información periódica de carácter financiero, sino que también puede incluir la publicación de información de contenido social, medioambiental y ético;

21.

Destaca la importancia de que se garantice a los inversores un nivel óptimo de transparencia previa a la negociación y posterior a la misma en lo referente a los instrumentos financieros;

22.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la conveniencia de revisar las normas y principios de la OCDE sobre gobernanza empresarial y liberalización de los movimientos de capital, con el fin de reforzar la protección de los inversores;

23.

Pide a la Comisión que tome lo antes posible su decisión sobre la compatibilidad con la legislación comunitaria de las medidas adoptadas por el Gobierno italiano en relación con la crisis del sector lechero italiano en relación con el caso Parmalat;

24.

Pide que se aceleren las negociaciones en todos los foros internacionales (foro sobre la estabilidad financiera del G8, OCDE, GAFI, etc.) encargados de establecer directrices para los centros extraterritoriales y otros paraísos financieros opacos;

25.

Insta a la Comisión a que presente en breve plazo su tercera propuesta de Directiva contra el blanqueo de dinero;

26.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados en vías de adhesión, a las autoridades reguladoras y supervisoras de todos los Estados miembros, de los Estados en vías de adhesión y del Espacio Económico Europeo, al Gobierno de los Estados Unidos de América, al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y a la Organización Internacional de Comisiones de Valores.

—

Visto el Libro Verde sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales en instrumento comunitario y sobre su actualización (COM(2002) 654),

—

Visto el Libro Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía (COM(2002) 746),

—

Vistos la letra c) del artículo 61 y el artículo 65 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

—

Visto el Plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor manera de aplicar las disposiciones del Tratato de Amsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, adoptado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 3 de diciembre de 1998 (1), y en particular los puntos 39 y 40,

—

Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Tampere, de 16 de octubre de 1999, y en particular los puntos 38 y 39,

—

Visto el Reglamento (CE) no 743/2002 del Consejo, de 25 de abril de 2002, por el que se establece un marco general comunitario de actividades con el fin de facilitar la cooperación judicial en materia civil (2),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 47 y el artículo 163 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior (A5-0041/2004),

A.

Considerando que el aumento de los intercambios y desplazamientos en el mercado interior implica el incremento de los litigios de carácter transfronterizo que, debido a su coste y a las dificultades derivadas de su carácter internacional, constituyen para los ciudadanos europeos y para las PYME un grave obstáculo a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales,

B.

Considerando que el Consejo Europeo de Tampere pedía la elaboración de «una nueva legislación en materia procesal para casos transfronterizos, en particular en lo que se refiere a los elementos que son decisivos para allanar el camino a la cooperación judicial y para mejorar el acceso a la justicia, como, por ejemplo, las medidas provisionales, la obtención de pruebas, las órdenes de pago y los plazos»,

C.

Considerando que, en los litigios de carácter transfronterizo, las normas de Derecho internacional privado deben permitir determinar con suficiente claridad la jurisdicción nacional competente y el derecho aplicable, y garantizar el reconocimiento o ejecución recíprocos de las sentencias dictadas por los distintos tribunales nacionales,

D.

Considerando que con el Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (3) se fijó una serie de normas para determinar la jurisdicción nacional competente en caso de litigios internacionales, y que con el Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (4) se armonizaron las normas de Derecho internacional privado de los Estados miembros en materia de obligaciones contractuales, y se remitieron a un futuro instrumento las obligaciones extracontractuales (5),

E.

Considerando que el Reglamento (CE) no 44/2001 («Bruselas I»), el Convenio de Roma, una vez transformado en instrumento comunitario y actualizado en parte, y el futuro instrumento «Roma II» constituirán, por su complementariedad, un considerable progreso para garantizar la seguridad jurídica en los litigios transfronterizos,

F.

Considerando que la «comunitarización» del Convenio de Roma garantizaría su interpretación uniforme por parte del Tribunal de Justicia y que, en la perspectiva de la ampliación de la Unión, se evitaría retrasar con procedimientos de ratificación la entrada en vigor de normas uniformes sobre el conflicto de leyes en los países candidatos,

G.

Considerando que, en algunos sectores del procedimiento civil, la armonización de las normas permitiría un acceso mejor y más uniforme a la justicia y resultarían superfluas las medidas intermedias (exequátur) actualmente requeridas,

H.

Considerando que el cobro rápido de los créditos y la solución de los litigios de escasa cuantía constituyen una necesidad absoluta para los intercambios económicos y comerciales en general, y representan una preocupación constante de todos los sectores económicos interesados en el buen funcionamiento del mercado interior,

I.

Considerando que, en aplicación de las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, el programa de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento recíproco de las decisiones en materia civil y comercial propone instituir normas comunes europeas que permitan la recuperación rápida y eficaz de los créditos no impugnados y simplificar y acelerar la resolución de los litigios transnacionales de escasa cuantía,

J.

Considerando que la aproximación del Derecho procesal civil en la Unión Europea exige asimismo la uniformidad del sistema de notificación y comunicación de los actos judiciales y extrajudiciales en los Estados miembros,

1.

Se congratula por la iniciativa de la Comisión;

2.

Pide a la Comisión que aporte una solución a la excesiva dispersión de los instrumentos horizontales y sectoriales de las normas que inciden en la ley aplicable a las obligaciones contractuales y que los reúna en un solo texto normativo;

3.

Pide a la Comisión que juzgue la conveniencia de llegar en el futuro a una codificación de todos los instrumentos comunitarios que recogen las normas de Derecho internacional privado, a saber, el Reglamento «Bruselas I», el Convenio de Roma y el futuro instrumento «Roma II»;

4.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta los siguientes puntos: