1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/157

A.

Considerando que la falta de agua y saneamiento causa ocho millones de muertes al año, que más de 1 000 millones de personas no tienen un acceso fácil y a un precio aceptable al agua potable, y que cerca de 2 500 millones de personas no cuentan con ningún medio de saneamiento,

B.

Considerando que 2 800 millones de personas viven en zonas que sufren presión hídrica y que esa cifra aumentará a 3 900 millones de personas de aquí a 2030,

C.

Considerando que las poblaciones pobres son las más vulnerables al cambio climático y las menos capacitadas para adaptarse a éste,

D.

Considerando que la industria multinacional del «agribusiness» representa la primera usuaria de agua dulce en el mundo (70 % de las extracciones mundiales), que obtiene a un precio irrisorio, y que la sobreexplotación de los recursos hídricos lleva a la agravación y extensión del proceso de contaminación de las aguas y de la degradación generalizada de los suelos, lo que conduce a su vez a la multiplicación de fenómenos de sequía cada vez más estructural,

E.

Considerando que unos servicios de uso y gestión racionales del agua deberían determinar un nivel de precios que impida la sobreexplotación por determinados sectores y permita invertir en el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras, junto con medidas de acompañamiento que garanticen un reparto equitativo del agua y con el apoyo de los gobiernos para que las familias pobres puedan pagar sus necesidades fundamentales en agua,

F.

Considerando que las subvenciones globales al agua, que dan lugar a precios artificialmente bajos, llevan a la sobreexplotación por determinados sectores y son una de las causas principales de la escasez de agua,

G.

Considerando que la distribución del agua no es en absoluto igualitaria, cuando debería ser un derecho fundamental y universal, y que su definición y gestión más pertinente corresponde al ámbito local,

H.

Considerando que la liberalización y desregulación de la distribución del agua en los países en desarrollo, y en particular en los países menos adelantados (PMA), pueden conducir, si no llevan un marco regulador adecuado, a un aumento de los precios que afecte a los más pobres y reduzca su acceso al agua,

I.

Considerando, no obstante, que las asociaciones público-privadas, que deben aunar una regulación rigurosa y transparente, propiedad pública e inversiones privadas, deben orientarse hacia la mejora del acceso al agua y del sistema sanitario así como hacia un uso más eficaz en relación con el coste,

J.

Considerando que los principales obstáculos a una gestión eficaz del agua son la escasa prioridad política y financiera acordada al agua, su mala gestión, un marco jurídico insuficiente, la falta de transparencia en la negociación y adjudicación de contratos, la corrupción y la ausencia de discusiones sobre los niveles de tarifas,

K.

Considerando que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cuota de ayuda pública al desarrollo (APD) destinada al agua y al saneamiento representa tan sólo el 9 % de la APD bilateral y el 4,5 % de la APD multilateral, y que se encuentra mal repartida, ya que los PMA, que son los más necesitados, han recibido sólo el 24 % de los fondos,

L.

Considerando que el «Foro Mundial del Agua», que se reúne cada tres años, constituye un foro de debate y orientación para las decisiones políticas mundiales en materia de gestión del agua y de los recursos hídricos, y lamentando que hasta ahora las acciones del Foro Mundial del Agua se hayan integrado en escasa medida en los trabajos de las Naciones Unidas,

1.

Declara que el agua es un bien común de la Humanidad y que el acceso al agua potable debería ser un derecho fundamental y universal; pide que se realicen todos los esfuerzos necesarios para garantizar, de aquí a 2015, el acceso al agua potable a las poblaciones más desfavorecidas;

2.

Declara que el agua debe considerarse un bien público y que debería someterse a control público, independientemente de que su gestión la realice, en todo o en parte, el sector privado;

3.

Subraya que toda política de gestión del agua debe integrar también la protección de la salud pública y del medio ambiente, y que el Foro Mundial del Agua debería contribuir, de manera democrática, participativa y consensual al desarrollo de estrategias que fomenten un modelo de desarrollo económico y agrícola que garantice un elevado nivel de calidad del agua;

4.

Exige que se supriman los regímenes de subvenciones globales a la distribución de agua, que debilitan los incentivos en favor de una gestión más eficaz del agua al provocar una sobreexplotación, para poder liberar fondos destinados a subvenciones específicas, en particular para las poblaciones pobres y rurales, y lograr un acceso asequible para todos;

5.

Destaca el interés que reviste la creación de órganos de gestión común del agua en países ribereños de una misma cuenca, con el fin de crear o reforzar una solidaridad que propicie la reducción de las tensiones o la resolución de los conflictos;

6.

Recuerda el papel esencial que desempeñan las mujeres en el abastecimiento, la gestión y la preservación del agua;

7.

Pide a los Estados miembros que, a pesar de la crisis financiera, aumenten su contribución a la APD para alcanzar el Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo al abastecimiento en agua potable, cuyas necesidades de inversión ascienden a 180 000 000 000 USD al año;

8.

Solicita que se refuercen los recursos del Fondo Europeo para el Agua en favor de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) en el marco del décimo Fondo Europeo de Desarrollo y que se desarrollen nuevos modelos de financiación, también privados, y asociaciones innovadoras, en particular la financiación solidaria;

9.

Expresa su deseo de que la APD bilateral apoye algunas acciones multilaterales, como la Iniciativa africana por el agua;

10.

Considera que la APD debe utilizarse asociada a los recursos de las entidades locales, de las donaciones voluntarias, de los préstamos bancarios y del capital privado, para garantizar al sector del agua una financiación lo más completa posible;

11.

Insiste en la creación de mecanismos de garantía que puedan poner en marcha las instituciones financieras y de desarrollo para contrarrestar el conservadurismo de los inversores en el mercado del agua;

12.

Afirma que el Estado, en su misión de definición de las políticas y de los medios necesarios, de selección de socios y de reparto de responsabilidades, sigue siendo uno de los actores principales en la política del agua, aun delegando su ejecución a las entidades locales;

13.

Insiste en que la gestión de los recursos hídricos debe basarse en un enfoque descentralizado, participativo e integrado que haga participar a los usuarios y a los responsables de la toma de decisiones en la definición de las políticas del agua a nivel local;

14.

Pide a la Comisión que desarrolle programas de concienciación sobre el agua, tanto en la UE como en sus países socios;

15.

Hace hincapié en la necesidad de apoyar a los poderes públicos locales en sus esfuerzos por establecer una gestión democrática del agua que sea eficaz y transparente, esté regulada y respete los objetivos de desarrollo sostenible para satisfacer las necesidades de la población;

16.

Pide al Consejo y a la Comisión que reconozcan el papel fundamental que desempeñan las autoridades locales en la protección y la gestión del agua, de forma que sean responsables en todo momento de la gestión del sector del agua, y lamenta que los programas europeos de cofinanciación no valoren lo suficiente las competencias de las entidades locales de la Unión;

17.

Pide, por consiguiente, al Consejo y a la Comisión que alienten a las entidades locales de la Unión a dedicar una parte de los ingresos percibidos de los usuarios en concepto de suministro de servicios de agua y de saneamiento a acciones de cooperación descentralizadas;

18.

Pide, dentro del mantenimiento de la propiedad pública y del marco regulador y jurídico adecuado, que se redoblen los esfuerzos para que el sector privado participe en la distribución del agua, a fin de sacar partido de su capital, de sus conocimientos especializados y de su tecnología para mejorar el acceso al agua y a las instalaciones sanitarias para todos y el reconocimiento del acceso al agua como derecho fundamental;

19.

Considera que corresponde a los Estados integrar a los pequeños prestadores privados en sus estrategias nacionales de abastecimiento de agua;

20.

Considera que los sistemas de asociación público-privada, en los que las autoridades públicas siguen siendo propietarias de las infraestructuras y concluyen un contrato de gestión con el sector privado, pueden ser una manera de mejorar el acceso asequible al agua y a los sistemas sanitarios;

21.

Hace hincapié en el fomento de nuevos enfoques, como la irrigación de las zonas rurales y la creación de cinturones verdes alrededor de las ciudades para reforzar la seguridad alimentaria y la autonomía local;

22.

Considera que el papel de intermediación que desempeñan las organizaciones no gubernamentales sobre el terreno con la población es un complemento irreemplazable para garantizar el éxito de los proyectos en los países pobres;

23.

Manifiesta su deseo de que se establezca una compensación de las tarifas que permita abastecer de agua a la población más desfavorecida a un precio asequible;

24.

Se muestra convencido de que el ahorro local también debe utilizarse, a sabiendas de que ello exige la supresión por los gobiernos de todos los obstáculos de orden jurídico, fiscal o administrativo que entorpezcan el desarrollo de los mercados financieros locales;

25.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten una política de ayuda a la gestión del agua basada en el principio del acceso universal, equitativo y no discriminatorio a un agua sana;

26.

Pide que la Comisión y los Estados miembros faciliten y apoyen los esfuerzos de los países en desarrollo en materia de adaptación y reducción de los efectos del cambio climático; recuerda a este respecto la importancia de una rápida puesta en marcha de la alianza mundial contra el cambio climático;

27.

Pide que la problemática de la gestión del agua, de los recursos hídricos y del derecho al acceso al agua para todos se incluya en la agenda de los acuerdos que se definirán en la COP 15 en Copenhague (7 a 18 de diciembre de 2009) sobre el futuro del Protocolo de Kioto, a la vista también del trabajo del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático;

28.

Subraya la importancia de que se tomen en consideración las necesidades de los pobres al elaborar las políticas de abastecimiento y gestión del agua, dirigidas en particular a las poblaciones más vulnerables al cambio climático;

29.

Solicita que la Presidencia de turno represente a la UE en el Foro de Estambul con el mandato de:

30.

Manifiesta su deseo de que se inicien negociaciones en el marco de las Naciones Unidas para llegar a un tratado internacional que reconozca el derecho a acceder al agua potable; pide a los Estados miembros de la UE, así como a la Presidencia de la Unión, que tomen iniciativas políticas y diplomáticas en este sentido, tanto en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas como en el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

31.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo de Ministros ACP-UE, al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Secretaría General del Comité Internacional para el Convenio Mundial del Agua.