15.6.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 169/37

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Vista la Comunicación de la Comisión sobre su Programa de Trabajo para 2011 (COM(2010)0623),

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Visto el último Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y, en particular, su anexo 4,

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Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que es de crucial importancia que el diálogo entre el Parlamento Europeo y la Comisión se lleve a cabo con la debida antelación, de tal modo que quepa centrar los esfuerzos en definir los objetivos estratégicos clave de la UE para el próximo año y los años venideros,

B.

Considerando que las prioridades políticas deben corresponderse con los recursos financieros disponibles,

C.

Considerando que la política y la acción europeas, conjuntamente con las de los Estados miembros y de conformidad con el principio de subsidiariedad, pueden y deben incidir de forma real a la hora de ayudar a los ciudadanos a anticiparse y reaccionar frente a una sociedad que cambia rápidamente,

D.

Considerando que el año 2011 tendrá una importancia crucial para el éxito futuro de la Unión y supondrá un reto significativo para la Comisión Europea y para la Unión en su conjunto,

E.

Considerando que la crisis financiera sigue afectando de modo considerable a las economías de los Estados miembros y que deben realizarse ajustes de gran calado tanto a escala nacional como de la Unión; considerando que para lograr una recuperación completa se necesita una estrategia europea común orientada al crecimiento sostenible y a la creación de empleo y respaldada por las competencias y los recursos necesarios,

1.

Observa que este Programa de Trabajo es el primero que se adopta en el marco del nuevo ciclo de programación, y subraya que conviene profundizar el diálogo establecido con la Comisión a fin de mejorar el vínculo obvio entre las prioridades políticas y el presupuesto que ha de financiarlas a escala de la UE;

2.

Insta a la Comisión a que se comprometa a llevar a cabo un ejercicio de programación realista y operativo, que sea eficaz y se lleve a la práctica y se ejecute mejor que en el pasado; pide un calendario más claro en cuanto a las propuestas importantes que han de presentarse;

3.

Insta a la Comisión a que adapte cuanto antes el acervo a las disposiciones de los artículos 290 y 291 del TFUE, con arreglo a un calendario claro;

4.

Pide a la Comisión que haga pleno uso de sus facultades jurídicas y su autoridad política; observa que la Unión Europea no puede funcionar de modo eficaz si no identifica, articula y promueve el interés general de la Unión y sus ciudadanos y lleva a cabo eficientemente su cometido de supervisar la aplicación de los Tratados y del Derecho de la UE;

5.

Observa que los esfuerzos realizados hasta el momento para resolver la crisis financiera y sustentar la recuperación de Europa han quedado muy por debajo de lo necesario; deplora que el programa de trabajo no incluya medidas adicionales orientadas a la creación de más puestos de trabajo; pide, por tanto, a la Comisión que explique de forma detallada en su respuesta cómo sus iniciativas y propuestas harán frente al reto;

6.

Expresa su convicción de que la UE debe llevar a cabo sin demora reformas estructurales si quiere mejorar su competitividad y volver a impulsar el crecimiento; opina asimismo que la modernización de las infraestructuras (incluida la banda ancha), unos mayores esfuerzos en los ámbitos de la investigación, el desarrollo y la innovación, una política que asegure una energía suficiente, económica y limpia, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y la calidad de la educación y formación son elementos centrales de la estrategia;

7.

Acoge con satisfacción la prioridad concedida a la reforma de la gobernanza económica europea; advierte que, a menos que la UE construya una gobernanza económica creíble, en particular en la eurozona, capaz de asegurar una política fiscal sólida y de restablecer el crecimiento, el futuro del euro estará en peligro; insiste en que esa reforma debe tener plenamente en cuenta la posición del Parlamento, reflejada en su Resolución de 20 de octubre de 2010, y ha de tener como objetivo el fomento de los objetivos económicos y sociales de la Unión, establecidos en el artículo 3 del Tratado de Lisboa;

8.

Recuerda que el Parlamento y el Consejo, como las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria que son, deben ser asociados por igual a cualquier movilización del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera; pide la rápida presentación de propuestas por las que se confiera carácter permanente al mecanismo de solución de crisis (por ejemplo, un fondo monetario europeo), se integre plenamente la Estrategia Europa 2020 en el marco macroeconómico a largo plazo, se adopten las medidas iniciales que conduzcan a la emisión conjunta de una parte de la deuda soberana y a la introducción de bonos con este fin, tal como se describe en anteriores informes del Parlamento, y se asegure una representación única de la zona del euro ante el exterior; aboga por una pequeña modificación del Tratado que facilite el fundamento jurídico para un mecanismo de estas características en lugar de recurrir a una modificación drástica del Tratado;

9.

Insiste en que la Comisión también debe presentar sin demora propuestas de revisión del marco financiero actual; señala que el marco financiero plurianual para después de 2013 debe reflejar el mayor alcance de dichas responsabilidades; pide a la Comisión que presente una propuesta ambiciosa de inversiones con objeto de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y crear puestos de trabajo, impulsar el crecimiento y garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos; considera esencial que este marco sea flexible y que el presupuesto de la UE permita el recurso a fuentes de financiación alternativas (afectación directa del producto de tributos, bonos para la financiación de proyectos concretos, etc.);

10.

Recuerda que la adopción del Reglamento sobre el marco financiero plurianual requiere la aprobación del Parlamento Europeo; pide a la Comisión que facilite la rápida adopción de un acuerdo interinstitucional sobre el papel del Parlamento en la preparación y negociación del próximo marco financiero plurianual;

11.

Insta enérgicamente a la Comisión a que presente en junio de 2011, tras la adopción de la posición del Parlamento sobre el nuevo marco financiero plurianual, unas propuestas audaces e innovadoras para una revisión de fondo del sistema de recursos propios, a fin de crear un sistema equitativo, claro, transparente y neutral en relación con la carga fiscal de los ciudadanos de la UE; cree firmemente que el marco financiero plurianual y la cuestión de los recursos propios están interrelacionados y deben decidirse en el mismo momento sobre la base de un debate interinstitucional abierto en el que participen intensamente los Parlamentos nacionales y que no puede seguir aplazándose;

12.

Subraya que la política de cohesión representa uno de los instrumentos más importantes de la UE a la hora de responder a la crisis económica, al fomentar las inversiones en la economía real; aplaude, en este contexto, la primera evaluación de la Comisión referente a la ejecución de las medidas relacionadas con la política de cohesión en el marco del Plan Europeo de Recuperación Económica, que subraya el papel clave que desempeña esta política en el proceso de atenuación de los efectos de la crisis; subraya el indudable nexo existente entre la política de cohesión y las tres prioridades principales de la Estrategia Europa 2020, mediante su contribución al logro de un crecimiento más inteligente, sostenible e inclusivo y su apoyo, al mismo tiempo, al desarrollo armonioso de las 271 regiones de la Unión;

13.

Toma nota del lanzamiento del «semestre europeo»; considera que las comisiones del Parlamento Europeo deben tener un papel más importante para aportar sus conocimientos especializados a través de «informes de fin de año» sobre los avances realizados en la consecución de objetivos importantes, seguidos de resoluciones (comunes) de los grupos políticos;

14.

Lamenta que las propuestas para el semestre europeo y el paquete sobre gobernanza no ofrezcan muchas oportunidades para el control democrático europeo, e insiste en que se ha de prever una sólida participación parlamentaria en ambas iniciativas;

15.

Pide a la Comisión que presente propuestas en relación con la refundición de la Directiva sobre abuso del mercado y la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros; señala que la Comisión debe tener en cuenta el posible efecto acumulado de las propuestas que está presentando, a fin de asegurar que refuercen la estabilidad, transparencia y responsabilidad del sector financiero y su capacidad para servir a la economía real por lo que se refiere al crecimiento y al empleo;

16.

Pide que la iniciativa legislativa sobre la resolución de las crisis en el sector bancario se coordine con normas en materia de política de competencia con objeto de establecer un marco global y vinculante para la gestión de crisis que incluya a los agentes tanto privados como públicos y proteja a los contribuyentes; opina que la revisión del Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia debe examinar la falta de competencia en el sector y pide a la Comisión que atienda al llamamiento reciente del Parlamento de examinar las opciones existentes para la creación de una agencia europea de calificación crediticia independiente y una mayor participación de las entidades públicas independientes en la emisión de calificaciones;

17.

Pide a la Comisión que presente un plan de acción global, acompañado de un calendario y de objetivos, que permita lograr un mercado único de contenidos y servicios en línea, en aras de una sociedad digital abierta y próspera, y superar la brecha digital;

18.

Subraya que la agenda digital y la inversión en las TIC son vitales para la competitividad de Europa a largo plazo, e insta a los Estados miembros y a la Comisión a que continúen implantando en el mercado redes de la próxima generación y faciliten el acceso a ellas, a través de la progresiva liberalización del mercado interior de las comunicaciones, a fin de impulsar la innovación en la UE;

19.

Encarece a la Comisión que fomente los conocimientos y la innovación en el 8° Programa Marco tras la revisión intermedia, y reitera la importancia de que el Parlamento Europeo tenga la oportunidad de formular sus propias prioridades antes de la aprobación del 8° Programa Marco en 2012;

20.

Acoge con satisfacción la ambición de la Comisión en lo que se refiere a la Unión por la innovación, que entrañará la revisión de las ayudas estatales a los marcos de I+D e innovación, reforzando el papel del BEI y del capital de riesgo; reconoce igualmente el papel que puede desempeñar la contratación pública para estimular la innovación;

21.

Insta a la Comisión a que en sus programas de I+D reduzca los trámites burocráticos y aumente la participación de empresas innovadoras en los proyectos; considera que la Comisión debe incrementar su apoyo a las asociaciones público-privadas para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en Europa;

22.

Subraya la importancia que ha de darse a los nuevos programas plurianuales posteriores a 2013, cuya presentación está prevista para 2011, en los ámbitos de la educación, la cultura, el sector audiovisual, la juventud y la ciudadanía; considera que las acciones y medidas adoptadas en el marco de dichos programas han de responder a las necesidades de los ciudadanos europeos y basarse en un marco presupuestario adecuado y eficaz; considera que la iniciativa «Juventud en movimiento» subraya la importancia de estos programas;

23.

Destaca la importancia estratégica de la iniciativa insignia sobre eficiencia de los recursos e insta a la Comisión a trabajar sin dilación en una ambiciosa propuesta destinada a lograr objetivos vinculantes y valores de referencia concretos dentro del marco del semestre de coordinación para la coordinación de políticas UE 2020; pide a la Comisión que presente en breve propuestas legislativas para seguir reduciendo las emisiones de la UE;

24.

Considera que ha de privilegiarse la aplicación adecuada y eficaz de los instrumentos legislativos ya existentes, como el tercer paquete energético, y apoya plenamente las iniciativas de seguridad del suministro y redes inteligentes, así como la estrategia 2050;

25.

Subraya que, para que el crecimiento económico sea sostenible, la seguridad energética es vital para garantizar la continuidad del abastecimiento, el respeto de los compromisos contractuales y un precio de mercado equitativo y evitar la dependencia de un número de productores demasiado reducido;

26.

Opina que la Comunicación sobre una nueva política industrial para Europa debe ir seguida de medidas efectivas, sobre todo para lograr la deseada transición hacia una economía sostenible y de bajas emisiones de carbono y garantizar el cumplimiento del objetivo de la UE del 20 % en materia de eficiencia energética;

27.

Subraya que las medidas de atenuación y adaptación al cambio climático constituyen una prioridad de primer orden que también será beneficiosa para la competitividad de la industria y las PYME europeas;

28.

Acoge con satisfacción las prioridades clave de cara a la publicación del Libro Blanco e insta a la Comisión a que acelere la preparación de la revisión de las directrices RTE-T y sus mecanismos de financiación renovados en línea con la Estrategia Europa 2020 y la revisión del presupuesto de la UE;

29.

Insiste, desde un principio, en que el proceso de reforma de la PAC debe traducirse en una política sólida, justa, verdaderamente común y multifuncional que satisfaga las expectativas de los consumidores y los productores, ofrezca realmente «bienes públicos», en particular por lo que respecta a la seguridad alimentaria, y garantice la autosuficiencia alimentaria de la UE;

30.

Recuerda que en su Resolución, de 8 de julio de 2010, sobre el futuro de la PAC después de 2013, pidió que, como mínimo, los importes asignados a la PAC en el presupuesto de 2013 se mantuvieran durante el siguiente periodo de programación financiera;

31.

Exige que solo se autorice la importación en la UE de productos agrícolas de terceros países si en su producción se han respetado las normas europeas de protección del medio ambiente, bienestar animal y protección de los consumidores, así como normas sociales mínimas; insiste en que la conclusión de acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales no vaya en detrimento de los productores agrícolas de la UE;

32.

Insta a la Comisión a que, a la luz de las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas sobre la reforma del mercado del azúcar, revise sus procedimientos de evaluación de impacto para garantizar el uso de la información más adecuada y oportuna al elaborar todas las evaluaciones, lo que resultará fundamental a la hora de estudiar los efectos de los futuros acuerdos comerciales bilaterales sobre sectores clave de la economía de la UE;

33.

Acoge con satisfacción las próximas propuestas de la Comisión de cara a la ejecución de la Política Marítima Integrada (PMI), como la propuesta sobre la creación de un marco para la ordenación del espacio marítimo y la comunicación sobre el crecimiento sostenible en las regiones costeras y los sectores marítimos, así como la comunicación sobre la integración de la vigilancia marítima; insiste, sin embargo, en que la financiación de la ejecución de la PMI debe garantizarse en el presupuesto comunitario mediante una contribución proporcional de todos los sectores concernidos por esta política;

34.

Considera que el crecimiento integrador solo podrá construirse sobre la base de la igualdad de trato de todos los trabajadores en el lugar de trabajo y la igualdad de condiciones para todas las empresas; considera que la Comunicación debería incluir propuestas para garantizar estos principios, e insiste en que la propuesta legislativa relativa a la aplicación de las disposiciones sobre el desplazamiento de trabajadores, prevista en la Comunicación sobre el Acta del Mercado Único, debe aclarar el ejercicio de los derechos sociales fundamentales;

35.

Solicita la presentación de una propuesta de la Comisión relativa a la participación financiera de los trabajadores en los beneficios de las empresas;

36.

Pide a la Comisión que, en sus informes sobre «Nuevas cualificaciones y trabajos» y «Plataforma contra la pobreza», tenga en cuenta las dificultades específicas a que se enfrentan las mujeres y, en concreto, que promueva la igualdad en el lugar de trabajo como medio para luchar contra la pobreza y que aliente a las mujeres a convertirse en emprendedoras, a través de medidas que compartan las mejores prácticas;

37.

Cree firmemente que la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo uno de los desafíos que han de superarse y reitera la petición que hizo a la Comisión en su resolución de 2008 para que esta última le presente una propuesta legislativa sobre la revisión de la legislación vigente relativa a la aplicación del principio de igualdad de retribución para hombres y mujeres, teniendo en cuenta las recomendaciones que figuran en el anexo de dicha resolución;

38.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta las opiniones de los interlocutores sociales en lo referente a las pensiones y que garantice que el Libro Blanco refleje las expectativas de empleadores y trabajadores e incluya el refuerzo del primer pilar;

39.

Acoge favorablemente la reforma del portal de empleo EURES, que facilitará el acceso de los jóvenes trabajadores a información y asesoramiento en cuestiones laborales, pero lamenta que esta propuesta se haya aplazado hasta 2012, cuando los jóvenes la necesitan hoy mismo;

40.

Pide mayor eficacia y más resultados de las dos principales agencias de la UE dedicadas a la formación: el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), y la Fundación Europea de la Formación (FEF);

41.

Apoya decididamente una mayor integración de los mercados, dirigida específicamente a colmar las lagunas de importancia que aún persisten y que han sido identificadas por el Profesor Monti, y a aumentar la confianza de los ciudadanos, trabajadores, pequeñas empresas y consumidores europeos; considera, al tiempo que acoge favorablemente la publicación del Acta del Mercado Único, que las propuestas deben ser más ambiciosas y concretas; pide a la Comisión que presente cuanto antes unas prioridades y unas propuestas legislativas claras;

42.

Solicita la modernización del marco legislativo de la UE en materia de contratación pública, a través de la armonización de las directivas y del Acuerdo sobre Contratación Pública, y pide que se establezca un calendario más claro para el próximo año;

43.

Pide a la Comisión que garantice un enfoque coherente entre el instrumento jurídico relativo al Derecho contractual europeo y la Directiva sobre derechos de los consumidores; considera esencial que se aborde de forma urgente una estrategia política para los consumidores clara de la Comisión en 2011, y no en 2014, como se propone en estos momentos;

44.

Expresa su apoyo a la revisión de la Directiva relativa a los viajes combinados y de la Directiva sobre seguridad general de los productos, en la perspectiva de la supervisión del mercado;

45.

Hace hincapié en la necesidad de contar con un marco jurídico eficiente para la seguridad de los productos en la UE; apoya la revisión de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos, que requiere el establecimiento de un calendario más claro, en consonancia con la revisión del nuevo marco legislativo; pide a la Comisión que revise el sistema de marcado CE para garantizar que los consumidores puedan considerarlo una marca de seguridad;

46.

Subraya que las iniciativas en materia de Derecho civil son fundamentales para la revitalización del mercado único; apoya las medidas adoptadas por la Comisión por lo que respecta a la justicia civil, destinadas a mejorar el funcionamiento de los instrumentos de Derecho civil en el ámbito de la justicia en red;

47.

Pide la solución definitiva de los problemas que obstaculizan la creación de la patente europea e invita a la Comisión a que, en su caso, presente una propuesta de cooperación reforzada;

48.

Lamenta profundamente la falta de iniciativas legislativas en materia de cabotaje y el retraso hasta 2012 de la apertura del acceso al mercado del ferrocarril, incluida la apertura de los mercados nacionales de pasajeros; reitera la firme convicción del Parlamento de que es necesario salvaguardar y desarrollar la política global sobre los derechos de los pasajeros en Europa;

49.

Manifiesta su honda preocupación por la ausencia de propuestas concretas sobre los derechos fundamentales o sobre la Directiva horizontal de lucha contra la discriminación, y por el hecho de que ni siquiera se mencione la cuestión de la lucha contra la discriminación; pide a la Comisión que actúe con rapidez para desbloquear la Directiva de lucha contra la discriminación;

50.

Solicita una propuesta de Comunicación sobre una mayor solidaridad en el interior de la UE en el ámbito del asilo, pero lamenta la ausencia de propuestas legislativas al respecto, habida cuenta de que la Unión debería haber establecido una política común de asilo para 2012;

51.

Pide que se presenten propuestas sobre migración; recuerda que el correcto funcionamiento del sistema de entrada/salida propuesto dependerá del éxito de VIS y SIS II, aunque el sistema SIS II todavía no es plenamente operativo;

52.

Subraya la necesidad de adoptar, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, una ambiciosa política en materia de derechos fundamentales y de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales previstos en la Carta; pide a la Comisión que garantice la compatibilidad de todas y cada una de las iniciativas legislativas con los derechos fundamentales y que vele por que los Estados miembros respeten la Carta al aplicar el Derecho de la UE; pide que se refuercen las capacidades de supervisión y se apliquen los mecanismos previstos en el Tratado para luchar contra las violaciones de la Carta de los Derechos Fundamentales;

53.

Subraya que, en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, deben respetarse plenamente los derechos y libertades de los ciudadanos de la UE, y que la protección de los datos y el derecho a recurso ante la autoridad judicial son esenciales para establecer una política de seguridad creíble y eficaz; considera que, dado el aumento del número de delitos, son necesarios más programas comunitarios en materia de crimen organizado y ciberseguridad;

54.

Acoge favorablemente la propuesta sobre los derechos de las víctimas de la delincuencia, y especialmente sobre el derecho a la asistencia jurídica, pero deplora que esta sea la única medida propuesta; solicita que se fije un calendario claro para las demás medidas establecidas en el Plan de trabajo sobre derechos procesales;

55.

Saluda la puesta en marcha en 2011 de un nuevo marco jurídico amplio para la protección de los datos personales en la UE; subraya que examinará detenidamente todas las propuestas, incluidos el registro de nombres de los pasajeros y el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo, para comprobar que no violan derechos fundamentales;

56.

Celebra las propuestas relativas al Derecho civil, pero pide a la Comisión que, con objeto de establecer normas comunes para los ciudadanos de la UE en todos los Estados miembros, examine la posibilidad de acelerar la revisión del acervo en el ámbito del Derecho civil y penal e informe al Parlamento al respecto;

57.

Apoya las iniciativas destinadas a conciliar la vida familiar y laboral mediante medidas, entre otras, sobre el permiso parental mínimo y la promoción de condiciones de trabajo flexibles para mujeres y hombres, así como ayudas para que quienes tengan a su cuidado personas dependientes puedan compaginar esta labor con el desempeño de su empleo;

58.

Lamenta que la Comisión se haya retrasado en la formulación de propuestas legislativas en el ámbito de la «adaptación a Lisboa» del acervo actual por lo que respecto a la cooperación policial y judicial en materia penal, que constituye una prioridad de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior;

59.

Opina que, tras la adopción del Tratado de Lisboa, resulta fundamental que se revise el marco jurídico y lamenta que dicha revisión no se proponga antes de 2012-2013; insiste en que todos los organismos de JAI deben ser rentables, eficaces, y, sobre todo, rendir cuentas;

60.

Subraya que la promoción de los derechos humanos en todo el mundo es un objetivo fundamental de la Unión Europea en la escena mundial, y que unas mejores relaciones comerciales y una asistencia al desarrollo reforzada pueden contribuir a los avances en este ámbito;

61.

Pide a la Comisión que mantenga la dinámica del proceso de ampliación;

62.

Subraya que, en los siguientes ámbitos, son necesarias nuevas iniciativas en relación con:

63.

Opina que, para que la UE proyecte eficazmente sus valores y principios y contribuya a la estabilidad política y al desarrollo económico en su vecindad, debe apoyar a las jóvenes democracias en toda Europa y reforzar sus relaciones con sus socios; pide a la Comisión que ultime la revisión de la Política Europea de Vecindad (PEV) con objeto de garantizar una mayor coherencia entre los objetivos políticos y los instrumentos financieros; considera que en las relaciones con los países vecinos ha de reforzarse la condicionalidad en lo relativo a los derechos humanos y la democracia;

64.

Pide a la Comisión que preste una mayor atención a la seguridad alimentaria en el continente africano; subraya la necesidad de reforzar el sector agrícola en África de un modo sostenible; insta, en este contexto, a la Comisión a que garantice un mayor acceso de los más desfavorecidos a los servicios financieros y de crédito en África; insta a la Comisión a que promueva medidas de impulso del comercio africano intracontinental, incluidos paquetes de apoyo reforzados destinados a las comunidades económicas regionales y a la mejora de las infraestructuras en todo el continente africano;

65.

Pide a la Comisión que elabore un informe anual sobre los progresos alcanzados por la UE para cumplir los ODM en 2015 e introduzca medidas para asegurar que los Estados miembros respeten su compromiso de destinar el 0,7 % de su RNB a la ayuda oficial al desarrollo y supervise esos compromisos;

66.

Destaca que, en las negociaciones en curso sobre los acuerdos de asociación económica, se debe hacer de nuevo hincapié en la dimensión de desarrollo;

67.

Pide a la Comisión que busque activamente avances tangibles en las negociaciones en curso en la OMC con el fin de concluir la Ronda de Doha lo antes posible; insiste en que el fortalecimiento de los acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales vigentes así como la celebración de nuevos acuerdos de este tipo reviste una gran importancia, pero estima que deben considerarse una estrategia complementaria, que no alternativa, al marco multilateral;

68.

Recuerda que el multilateralismo debe seguir siendo la prioridad esencial de la UE, y solicita que las negociaciones comerciales en curso y futuras respeten el principio de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo; tiene el firme convencimiento de que se necesita un marco comercial multilateral eficaz y reformado para crear un sistema económico más equilibrado y justo como parte de una nueva gobernanza mundial al servicio del desarrollo y de la erradicación de la pobreza;

69.

Subraya que los productos importados de terceros países solo deben comercializarse en el mercado de la UE si cumplen con las normas europeas en materia de protección del consumidor; considera que, en las negociaciones internacionales, la Comisión debe insistir en que nuestros socios comerciales cumplan las normas medioambientales, sociales y laborales europeas;

70.

Pide que en los acuerdos comerciales internacionales firmados por la UE se incluya una cláusula relativa a la responsabilidad social de las empresas; considera que esto debe incluir información y transparencia por parte de las empresas, así como de debida diligencia por parte de empresas y grupos de empresas, investigaciones en caso de incumplimiento probado de compromisos en materia de responsabilidad social y un mejor acceso a los tribunales para las víctimas de las medidas de las empresas;

71.

Pide a la Comisión que presente una iniciativa legislativa similar a la nueva Ley de los Estados Unidos sobre «minerales de la guerra», con objeto de reforzar la transparencia y la buena gobernanza en el sector de las industrias extractivas en los países en desarrollo; pide a la Comisión que refuerce la lucha contra la corrupción en esos países, que menoscaba los derechos humanos y la buena gobernanza;

72.

Pide a la Comisión que presente en breve propuestas para modificar los Reglamentos relativos a la OLAF;

73.

Subraya que la Comisión debe contribuir de manera más abierta a una actitud positiva hacia las declaraciones nacionales de gestión firmadas por los ministros de hacienda; destaca que la Comisión debe instar a los Estados miembros a hacer uso de estas declaraciones; pide que se introduzcan bases de datos en línea completas y de fácil utilización;

74.

Pide, por tanto, que se realicen evaluaciones sistemáticas, periódicas e independientes de los programas de la UE (tanto en el ámbito de las políticas interiores como de la ayuda al desarrollo) para asegurar que consiguen los resultados previstos de una forma eficaz, a fin de:

75.

Está firmemente convencido de que la correcta y oportuna transposición y aplicación de las directivas europeas es de vital importancia a la hora de acabar con la desconfianza de los ciudadanos en la acción de la UE; considera que, para ello, es necesaria una cooperación eficaz entre la Comisión y los Estados miembros;

76.

Hace un llamamiento para que se simplifique la legislación de la UE y subraya que las evaluaciones de impacto, previas a la adopción de disposiciones legislativas, deben usarse con imparcialidad y eficacia, teniendo presente su aplicación; apoya con firmeza los continuos esfuerzos de la Comisión en relación con el proyecto de regulación inteligente;

77.

Aplaude la decisión de la Comisión de prestar una mayor atención a los aspectos relacionados con la competitividad en las evaluaciones de impacto, y subraya la importancia de analizar los efectos acumulados sobre la competitividad de diferentes actos legislativos combinados («chequeos»);

78.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.