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Basado en que la Decisión adoptada contraviene lo establecido en el Derecho de la Unión, en especial en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, y en la Decisión 2010/2/UE de la Comisión, de 24 de diciembre de 2009.

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Basado en la infracción del principio de igualdad de trato, pues se ha establecido un factor de corrección intersectorial uniforme para todos los sectores por el mismo valor, sin tener en cuenta que los sectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono —entre otros, el sector de la fabricación de cemento— deberían tener un tratamiento distinto respecto a los sectores que no están afectados por un riesgo tan importante, y

en una infracción del principio de proporcionalidad.

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Basado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 277 TFUE, en que son inaplicables el artículo 10 bis, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE y el artículo 15, apartado 3, de la Decisión 2011/278/UE de la Comisión —en los que se basa la Decisión impugnada—, en la medida en que se puedan aplicar esos preceptos sin tener en cuenta el artículo 10 bis, apartados 12 a 18, de la Directiva 2003/87/CE, el artículo 16 de la Decisión 2011/278/UE de la Comisión, y la Decisión 2010/2/UE de la Comisión, los cuales confirmaban la necesidad de un tratamiento específico para los sectores y subsectores que se consideran expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, y en que la Comisión Europea no podía establecer un factor de corrección intersectorial uniforme para todos los sectores.