10.2.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 51/34

1.

recuerda que todas las iniciativas legislativas de la Comisión, incluso en materia fiscal basadas en los artículos 113, 115 o 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, deben respetar obligatoriamente los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad;

2.

respalda los cuatro objetivos del Plan de Acción de la Comisión sobre la fiscalidad de las sociedades:

3.

considera que la legislación sobre fiscalidad de sociedades en vigor, ya sea a escala nacional, europea o mundial, ya no se adapta al contexto económico actual, debido a la globalización, a la movilidad, a las tecnologías digitales, a los nuevos modelos comerciales y a las complejas estructuras empresariales;

4.

destaca la gran complejidad de las normas actuales de imposición de las sociedades dentro de la Unión, así como la falta de coordinación y complementariedad entre los sistemas de los diferentes Estados miembros;

5.

lamenta que determinadas empresas, especialmente multinacionales, se aprovechen de esta situación para reducir sus contribuciones fiscales, bien mediante prácticas de fraude fiscal y elusión fiscal ilegal jurídicamente sancionables, bien mediante el empleo de estrategias de planificación fiscal agresiva que, aunque pueden ser legales, van en contra del espíritu de la legislación en este ámbito;

6.

hace hincapié en que, en ambos casos, estas empresas están en última instancia sujetas a una imposición que dista de ser equitativa, puesto que es muy insuficiente con respecto a sus ingresos;

7.

recuerda que determinados cálculos estiman que, en la Unión Europea, la elusión fiscal, el fraude fiscal y la planificación fiscal agresiva generan cada año una pérdida de posibles ingresos fiscales de casi 1 billón EUR (1); recuerda, asimismo, que este lucro cesante perjudica a las finanzas públicas a todos los niveles, incluidos los entes locales y regionales, y que, además, una percepción justa, transparente, eficaz y equitativa para todas las empresas permitiría reducir la carga fiscal;

8.

propone que todos los acuerdos internacionales en los que participa la Unión Europea, incluidos los acuerdos comerciales y los acuerdos de asociación económica, incluyan cláusulas de promoción de la buena gobernanza fiscal en lo relativo a la transparencia, así como a la lucha contra las prácticas fiscales perjudiciales, y pide a la Comisión que insista sobre esta cuestión durante las negociaciones que se están llevando a cabo en particular sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión y sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS);

9.

lamenta la existencia y el alcance de estas perjudiciales prácticas fiscales en un momento en el que, en determinados Estados miembros, muchos contribuyentes, especialmente particulares, se encuentran sujetos a una mayor presión fiscal debido a las políticas de austeridad; considera que esta falta de igualdad fiscal resulta sumamente negativa para la paz social y la estabilidad económica;

10.

recuerda que la complejidad de las normas actuales relativas al impuesto sobre sociedades, aunque es una ventaja para determinadas grandes empresas que se benefician de sus defectos, constituye una desventaja clara para las pequeñas y medianas empresas, así como las microempresas, puesto que esta carga administrativa obstaculiza sus actividades, especialmente las transfronterizas;

11.

considera que esta situación constituye, además, un desequilibrio de la competencia entre empresas, especialmente entre las grandes multinacionales, que disponen de los recursos necesarios para eludir el impuesto con planificaciones fiscales agresivas, y las pequeñas y medianas empresas (pymes), que carecen de ellos;

12.

señala que se observa, a escala de la Unión y a largo plazo, un descenso generalizado de los tipos legales del impuesto de sociedades;

13.

destaca, no obstante, que esta reducción de los tipos ha ido acompañada en los últimos años de diferentes cambios, como la ampliación de las bases imponibles, el aumento de la creación de empresas y la debilitación de los tipos de interés (limitando los importes deducibles), que deberían haber generado un aumento de los ingresos procedentes del impuesto de sociedades;

14.

indica que resulta difícil comparar los tipos efectivos utilizados en los diferentes Estados miembros y sugiere, por lo tanto, que se establezca un método de cálculo común que permita elaborar un cuadro comparativo de los tipos de imposición efectivos en los diferentes Estados miembros;

15.

sostiene, a la luz de los estudios de la OCDE según los cuales determinadas empresas multinacionales emplean estrategias que les permiten pagar solo un 5 % de impuestos sobre sus beneficios mientras que las empresas más pequeñas pagan hasta el 30 %, la reivindicación de que las multinacionales deberían revelar en sus estados financieros, desglosados por Estados miembros y por terceros países en los que estén establecidas, una serie de datos agregados como los beneficios o las pérdidas antes de impuestos, los impuestos sobre los resultados, el número de empleados, los activos, etc.; esta información debería ponerse a disposición del público, si fuera posible a través de un registro central europeo;

16.

reconoce el potencial doble de una base imponible consolidada común del impuesto de sociedades (BICCIS): en primer lugar, en la lucha contra la planificación fiscal agresiva, el fraude y la elusión fiscales y la competencia fiscal perjudicial entre Estados miembros y, en segundo lugar, con el objetivo de reforzar el mercado único y de disminuir las cargas administrativas que recaen sobre empresas de todos los tamaños que llevan a cabo actividades transfronterizas;

17.

considera que la fijación de la base imponible con un solo conjunto de normas fiscales, en lugar de con veintiocho, representaría una simplificación y una fuente de ahorro en términos de tasas administrativas para las empresas especialmente significativa para las pymes que operan en varios Estados miembros;

18.

hace hincapié, por consiguiente, en los efectos positivos que podría tener una BICCIS para el crecimiento económico, el empleo y la justicia fiscal, así como para las finanzas públicas, incluidas las de los entes locales y regionales;

19.

considera que, a pesar de que la BICCIS no se aplica directamente a los impuestos locales y regionales (al menos en la propuesta de 2011), su establecimiento tendría un efecto sobre los ingresos fiscales de los entes locales y regionales, parte de los cuales procede, dependiendo del Estado miembro, de impuestos locales o regionales percibidos según la base imponible nacional y/o una cuota del impuesto de sociedades nacional;

20.

invita a la Comisión a estudiar con atención el posible impacto de una nueva propuesta legislativa de aplicación de la BICCIS para los entes locales y regionales, y más en concreto para sus presupuestos, sin que ello implique, no obstante, que deba repetirse por completo el proceso de evaluación del impacto de la BICCIS, lo que retrasaría innecesariamente su puesta en marcha;

21.

subraya que en determinados Estados miembros los impuestos locales y regionales se verían afectados por el establecimiento de un régimen de BICCIS, puesto que sería lógico que, en aras de la simplificación, también se utilizara para determinar los impuestos locales y regionales;

22.

destaca que la BICCIS no tiene como objetivo armonizar los tipos impositivos dado que los Tratados actuales no contienen ningún artículo específico sobre la fiscalidad directa. Sin embargo, esta falta de perspectiva de armonización sobre la base de los Tratados actuales no obsta para que los Estados miembros puedan establecer cooperaciones reforzadas en este ámbito;

23.

señala que los tipos legales del impuesto de sociedades en los diferentes Estados miembros son un indicador impreciso, e incluso engañoso, puesto que existen divergencias en lo relativo a las bases imponibles, las deducciones y los regímenes preferenciales; subraya que, en algunos casos, el tipo de imposición efectivo no guarda relación alguna con el tipo legal;

24.

solicita por consiguiente, en aras de la transparencia, que los Estados miembros y las regiones con competencias legislativas en el ámbito del impuesto de sociedades faciliten a la Comisión cifras detalladas sobre el tipo efectivo medio del impuesto sobre sociedades en vigor, incluidas todas las deducciones;

25.

acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión para que en su nueva propuesta la BICCIS tenga carácter obligatorio, al menos para las empresas multinacionales, puesto que resulta evidente que las empresas que recurren a estrategias fiscales agresivas, incluso la elusión o el fraude fiscales, no adoptarían un régimen de BICCIS que prohibiera estas prácticas si fuera voluntario;

26.

recuerda que el Comité había propuesto, en su dictamen de 2011, que la BICCIS pasara a ser obligatoria tras un período de transición, al menos para las empresas de un tamaño determinado (2);

27.

considera que convendría crear inmediatamente una base consolidada común del impuesto de sociedades. Dado que las negociaciones relativas a la consolidación son largas y difíciles, respalda el enfoque de la Comisión sobre el aplazamiento del componente de consolidación de la BICCIS, si esta medida permite avanzar con las negociaciones sobre los otros elementos de la propuesta, especialmente sobre la fijación de la base imponible común. Toma nota, por tanto, de que en su programa de trabajo para 2016 adoptado el 27 de octubre, la Comisión anunció su intención de retirar la actual propuesta BICCIS, pero se pregunta en qué medida su intención de sustituirla por unas propuestas en favor de un planteamiento por etapas, empezando por ponerse de acuerdo sobre una base imponible obligatoria, no se anticipa a las conclusiones de la consulta pública lanzada por la Comisión el 8 de octubre y que está abierta hasta el 8 de enero de 2016;

28.

recuerda, no obstante, que la consolidación debe seguir formando parte de los objetivos de las instituciones europeas y de los Estados miembros en lo relativo a la fiscalidad de sociedades, puesto que ofrecería respuesta a las cuestiones del precio de las transferencias entre grupos dentro de la Unión Europea y a los problemas de elusión fiscal relacionados, y representaría además una simplificación y un ahorro considerable en términos de tasas administrativas para las empresas;

29.

considera que, en caso de que fracasaran las negociaciones en materia de consolidación, podría contemplarse la posibilidad de fijar un tipo impositivo mínimo;

30.

expresa su preocupación, por otra parte, por la posibilidad de que el mecanismo de compensación transfronteriza temporal previsto por la Comisión a la espera de la puesta en marcha de la consolidación pueda dar lugar a nuevas posibilidades de planificación fiscal agresiva; habida cuenta de este riesgo, que provocaría una pérdida de ingresos considerable para los Estados miembros, el CDR pide a la Comisión que acelere el calendario de ejecución propuesto inicialmente;

31.

considera que el trato favorable reservado al endeudamiento y a los intereses en numerosos regímenes fiscales representa un obstáculo a la diversificación de los modelos de financiación de las empresas, e impide el refuerzo de la financiación de empresas con fondos propios en la UE, lo cual es habitual en otros países;

32.

pide a la Comisión y a los Estados miembros, por lo tanto, que favorezcan una mayor diversidad de fuentes de financiación para las empresas, lo que sin duda redundaría en beneficio del crecimiento y el empleo;

33.

recuerda la propuesta del Comité, incluida en su dictamen de 2011 sobre la BICCIS, de tener en cuenta los gastos recurrentes relativos a la protección del medio ambiente y a la reducción de los gases de efecto invernadero a la hora de elaborar la lista de gastos deducibles, en particular, respecto de las iniciativas destinadas a adoptar procesos productivos integrados de bajo impacto medioambiental;

34.

invita a la Comisión a incluir esta posibilidad de deducción en su nueva propuesta legislativa, prevista para 2016;

35.

recuerda asimismo que, tal y como se manifestó en 2011, para alcanzar plenamente su objetivo de simplificación administrativa, el establecimiento de una base imponible común y consolidada debería ir acompañado del establecimiento de normas contables comunes;

36.

celebra que los trabajos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) hayan conducido a la adopción por los jefes de Estado o de Gobierno del G20 en Antalya el 16 de noviembre de 2015 de su plan de acción contra la erosión de las bases impositivas y la transferencia de beneficios (Base erosion and profit shifting/BEPS) que concierne a 62 países. Sin embargo, considera insuficientes las disposiciones relativas a las notificaciones públicas país por país (country by country reporting), dado que la acción 13 del BEPS prevé una notificación automática de los datos únicamente a las administraciones fiscales de la residencia fiscal de la entidad matriz del grupo, dado que la obligación de notificación pública ya existe a nivel de la UE para los bancos y las industrias extractivas establecidas en la UE;

37.

pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las regiones con competencias legislativas en el ámbito del impuesto sobre sociedades que garanticen la aplicación obligatoria del paquete BEPS mediante una nueva directiva «anti BEPS», a fin de luchar eficazmente contra estos fenómenos dentro de la Unión.

38.

considera positivo que se haya acordado el «planteamiento de nexo modificado» en el ECOFIN y, además, considera que esta directiva también debería incluir en el Derecho europeo vinculante el «planteamiento de nexo modificado» definido en la OCDE en el marco del paquete BEPS y en el ECOFIN en el marco del grupo de trabajo de Código de conducta, relacionado con los regímenes fiscales favorables para los ingresos de las patentes o «patent boxes»;

39.

considera que, paralelamente a las iniciativas y el progreso necesarios dentro de la Unión, resulta fundamental reforzar el enfoque europeo respecto de los países y territorios no cooperadores, o paraísos fiscales;

40.

opina que, en este ámbito concreto, la división entre los Estados miembros y la falta de coordinación son los elementos que permiten que las empresas eludan una imposición justa;

41.

acoge con satisfacción la publicación por parte de la Comisión de una «lista de territorios fiscales no cooperadores de terceros países» en el anexo a la Comunicación, y considera que se trata de una iniciativa simbólicamente firme;

42.

opina, además, que la publicación de esta lista debe servir como base para un debate ambicioso entre todos los Estados miembros destinado a definir un enfoque común y coordinado a escala europea en lo relativo a estos países y territorios, con el fin de luchar contra las prácticas fiscales perjudiciales que en ellos se permiten;

43.

cuestiona el carácter posiblemente demasiado restrictivo del criterio de establecimiento de la lista de territorios fiscales no cooperadores de terceros países publicada por la Comisión, habida cuenta de que deben identificarlos como tal al menos diez Estados miembros;

44.

acoge con satisfacción, en este sentido, los acuerdos firmados en mayo de 2015 entre la UE por un lado; y Suiza, Andorra y Liechtenstein por otro, puesto que constituye un gran paso adelante hacia la transparencia y la lucha contra el fraude fiscal;

45.

considera que el intercambio automático de información previsto en los acuerdos señalados en el párrafo anterior es un instrumento eficaz para reducir y combatir las estrategias fiscales agresivas, y que debería generalizarse; acoge con satisfacción, además, que varios de los países y territorios no cooperadores incluidos en la lista de la Comisión hayan adoptado la norma mundial en la materia, o se hayan comprometido a adoptarla.