1)

¿Debe interpretarse el artículo 7 de la Directiva 2003/96/CE (1) en el sentido de que en su ámbito de aplicación están comprendidas todas las empresas y entidades, públicas o privadas, que operan en el sector del transporte de pasajeros por autobús, incluido el alquiler de autobuses con conductor, y ha de entenderse que esta disposición se opone a la normativa interna de transposición de la Directiva, en la medida en que esta no incluye entre los usuarios del gasóleo profesional a quienes ejercen la actividad de alquiler de autobuses con conductor?

2)

¿La facultad discrecional reconocida a los Estados a la que se refiere el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 2003/96/CE («los Estados miembros podrán establecer una diferencia entre el uso profesional y no profesional del gasóleo utilizado como carburante de automoción siempre que se respeten los niveles comunitarios mínimos y que el tipo aplicable al gasóleo profesional utilizado como carburante de automoción no sea inferior al nivel nacional del impuesto vigente a 1 de enero de 2003») priva de efecto directo e incondicional a la disposición que considera gasóleo de uso profesional el destinado al «transporte ocasional de pasajeros»?

3)

¿El contenido del artículo 7 de la citada Directiva es lo bastante preciso e incondicional para que una persona pueda invocarlo directamente ante las autoridades del Estado miembro de que se trata?