14.10.2004   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 315/14

(1)

El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue creado mediante las Resoluciones 808 y 827 (1993) del Consejo de Seguridad de la ONU, basadas en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. El TPIY es competente para enjuiciar a las personas responsables de graves violaciones del Derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991. El Consejo de Seguridad manifestó que las violaciones generalizadas y flagrantes del Derecho humanitario ocurridas en el territorio de la ex Yugoslavia constituían una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y que la creación de un tribunal internacional, como medida ad hoc, y el enjuiciamiento de las personas responsables del Derecho internacional humanitario contribuirían al restablecimiento y mantenimiento de la paz.

(2)

El 28 de agosto de 2003, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su Resolución 1503 (2003), instó al TPIY a que completara toda su labor en 2010 y a todos los Estados a que intensificaran la cooperación con aquél y le prestaran cuanta ayuda resultara necesaria, en particular con la finalidad de llevar ante el Tribunal a todos los inculpados prófugos.

(3)

La Posición Común 2004/694/PESC estipula que ciertos capitales y recursos económicos deben bloquearse, en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del TPIY. Estas medidas restrictivas adicionales deben utilizarse con el propósito de controlar todas las transacciones que afecten a los capitales y recursos económicos en posesión de personas inculpadas por el TPIY y aún no detenidas, y de impedir que se preste a éstas apoyo alguno dentro de la Comunidad.

(4)

Estas medidas entran en el ámbito de lo dispuesto en el Tratado y, en consecuencia, a fin de evitar toda posible distorsión de la competencia, es preciso adoptar legislación comunitaria que regule la aplicación de esas medidas dentro de la Comunidad. A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se entenderá que el territorio de la Comunidad comprende los territorios de los Estados miembros en los que es aplicable el Tratado, en las condiciones establecidas en éste.

(5)

Por razones de conveniencia, la Comisión debe estar facultada para modificar los anexos del presente Reglamento.

(6)

A fin de velar por la eficacia de las medidas previstas en el presente Reglamento, éste debe entrar en vigor el día de su publicación.

(7)

El Tratado, en sus artículos 60 y 301, faculta al Consejo para adoptar, en determinadas circunstancias, medidas con el fin de interrumpir o reducir pagos o movimientos de capitales o las relaciones económicas con respecto a terceros países. Las medidas establecidas en el presente Reglamento, dirigidas hacia personas particulares no directamente relacionadas con el gobierno de un tercer país, son necesarias para lograr la realización de este objetivo comunitario y el artículo 308 del Tratado faculta al Consejo para adoptar dichas medidas si el Tratado no establece otros poderes específicos al respecto.

1)

«capitales»: los activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:

2)

«inmovilización de fondos»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a éstos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera de valores.

3)

«recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, mobiliarios o inmobiliarios, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios.

4)

«inmovilización de recursos económicos»: el hecho de impedir todo uso de esos recursos con fines de obtención de fondos, bienes o servicios, en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca.

a)

son necesarios para sufragar gastos básicos, tales como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros o servicios públicos;

b)

se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos asociados con la prestación de servicios jurídicos;

c)

se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos inmovilizados;

d)

son necesarios para gastos extraordinarios, siempre y cuando la autoridad competente haya notificado a las demás autoridades competentes y a la Comisión, al menos dos semanas antes de la concesión, los motivos por los cuales considera que debe concederse una autorización específica.

a)

los fondos o recursos económicos están sujetos a embargo judicial, administrativo o arbitral establecido antes del 14 de octubre de 2004 o a una sentencia judicial, administrativa o arbitral pronunciada antes de esa fecha;

b)

los fondos o recursos económicos van a utilizarse exclusivamente para satisfacer las reclamaciones garantizadas por tales embargos o reconocidas como válidas en tales sentencias, en los límites establecidos por las leyes y reglamentos vigentes que rijan los derechos de las personas que presenten tales reclamaciones;

c)

el embargo o la sentencia no beneficia a una persona, entidad u organismo que figure en el anexo I;

d)

el reconocimiento del embargo o de la sentencia no es contrario a la política pública aplicada en el Estado miembro de que se trate.

i)

intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o

ii)

pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas quedaran sujetas a las disposiciones del presente Reglamento,

a)

proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, tal como las cuentas y los importes inmovilizados de conformidad con el artículo 2, a las autoridades competentes de los Estados miembros en que sean residentes o estén situados, según figuran en el anexo II, y remitirán esa información, directamente o a través de dichas autoridades competentes, a la Comisión;

b)

colaborarán con las autoridades competentes enumeradas en el anexo II en toda verificación de esa información.

a)

el anexo I, atendiendo a las decisiones del Consejo adoptadas en aplicación de la Posición Común 2004/694/PESC, y

b)

el anexo II, atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.

a)

en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo;

b)

a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;

c)

a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio comunitario, que sea nacional de un Estado miembro;

d)

a toda persona jurídica, entidad o grupo registrado o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro;

e)

a toda persona jurídica, entidad o grupo que mantenga relaciones comerciales en la Comunidad.