(1)

Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/309 de la Comisión («el Reglamento original») (2), la Comisión estableció derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de determinada trucha arco iris originaria de Turquía («las medidas en vigor»). Los derechos se sitúan entre el 6,9 % y el 9,5 %.

(2)

El 4 de junio de 2018, tras una reconsideración provisional parcial relativa a la subvención de todos los productores exportadores, la Comisión decidió mantener las medidas inicialmente establecidas [Reglamento de Ejecución (UE) 2018/823 de la Comisión (3)]. Halló que la modificación de la legislación turca sobre las subvenciones a los productores de trucha objeto de la reconsideración no justificaba revisar los derechos compensatorios de todos los productores de trucha de Turquía. Sin embargo, se observó que el impacto de la modificación de la legislación era diferente en cada empresa y dependía de la situación específica de cada una de ellas (4).

(3)

El 5 de junio de 2018, un productor exportador de Turquía, BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ, integrante del grupo Kiliç («el solicitante»), presentó una solicitud de reconsideración provisional parcial limitada al examen de las subvenciones por lo que a él se refiere.

(4)

El solicitante alegó que habían cambiado las circunstancias relativas a las subvenciones en Turquía en las que se basaban las medidas en vigor y que los cambios eran de carácter duradero por lo que a él se refería.

(5)

Habiendo determinado, tras informar a los Estados miembros, que existían pruebas suficientes que justificaban el inicio de una reconsideración provisional parcial, la Comisión, mediante un anuncio publicado el 22 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de la Unión Europea («el anuncio de inicio») (5), dio inicio a una reconsideración provisional parcial con arreglo al artículo 19, apartado 1, del Reglamento de base, limitada al examen de las subvenciones por lo que se refiere al solicitante.

(6)

El período de investigación de la reconsideración («PIR») abarcó las fechas comprendidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

(7)

En el anuncio de inicio, la Comisión invitó a todas las partes interesadas a participar en la investigación. Además, se comunicó el inicio de la reconsideración provisional parcial de forma específica al solicitante, a la industria de la Unión (la asociación de productores) y a las autoridades turcas.

(8)

Se ofreció a las partes interesadas la posibilidad de presentar sus puntos de vista por escrito y solicitar audiencia en el plazo fijado en el anuncio de inicio.

(9)

La Asociación Danesa de Acuicultura (ADA), asociación de productores que representó al denunciante en la investigación original, presentó sus observaciones. Consideró que los cambios aplicados por las autoridades turcas al marco jurídico no podían considerarse de carácter duradero y que el importe de las subvenciones a los productores de trucha, incluido el solicitante, seguía siendo elevado. Asimismo, consideró que el solicitante no podía solicitar a la Comisión que reconsiderase su porcentaje de subvención basándose únicamente en la depreciación de la lira turca, y que la Comisión debía tener en cuenta otros sistemas de subvención a los productores de trucha de los que el solicitante podría beneficiarse. La ADA consideró que la Comisión debería tener en cuenta también otros factores, como el hecho de que los precios de importación turcos subcotizaban considerablemente los precios de la Unión.

(10)

La Comisión recordó que la solicitud de reconsideración provisional no se basaba únicamente en la depreciación de la lira turca, según alegaba la ADA. Más bien, la principal razón de la solicitud de reconsideración era la alegación de que el nivel de las subvenciones al solicitante había disminuido tras la modificación de la legislación turca de 2016. En segundo lugar, también observó que el alcance de la reconsideración se limitaba a la evaluación del nivel de subvención en lo que respecta al solicitante. El nivel de subcotización (que se refería a la evaluación del perjuicio para la industria de la Unión) no era objeto de la presente reconsideración. En consecuencia, en los considerandos 30 a 57 que figuran más adelante, la Comisión evaluó el nivel de las subvenciones por lo que se refiere al solicitante así como el carácter duradero de las modificaciones.

(11)

Tras la comunicación de información y la comunicación adicional, la ADA reiteró su opinión de que la fluctuación de una moneda no podía considerarse un cambio de carácter duradero y que la Comisión debería haber examinado cuánto contribuía la depreciación a la evolución del nivel de subvención.

(12)

La Comisión aceptó que el tipo de cambio de la moneda turca había fluctuado desde la investigación original, y que, como tal, dicha fluctuación no podía considerarse un cambio de carácter duradero. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con la ADA en que debería haber tenido en cuenta el tipo de cambio de la investigación original como «referencia» para evaluar el efecto de su fluctuación en el cálculo del importe de la subvención. Si bien las fluctuaciones monetarias afectan inevitablemente al nuevo cálculo de la subvención correspondiente al solicitante, el motivo del nuevo cálculo es el impacto en el solicitante de la modificación de la legislación de 2016. Por consiguiente, la Comisión rechazó esta alegación.

(13)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para evaluar el impacto en el solicitante de las modificaciones de la legislación relativas a la aplicación del sistema de subvenciones directas.

(14)

La Comisión envió un cuestionario al solicitante (incluidas las empresas vinculadas) y a las autoridades turcas. Ambas partes enviaron respuestas completas al cuestionario. La Comisión verificó la información facilitada en la respuesta al cuestionario en los locales del solicitante.

(15)

El 27 de febrero de 2020, la Comisión informó a todas las partes interesadas de los hechos y las consideraciones esenciales sobre cuya base pretendía proponer la modificación del tipo de derecho aplicable al solicitante. Se dio a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones hasta el 12 de marzo de 2020 y de solicitar una audiencia con la Comisión o con el Consejero Auditor en litigios comerciales. La Comisión analizó las observaciones formuladas por las partes interesadas y tuvo en cuenta las que procedían. Tras la comunicación, la Comisión celebró una audiencia con el solicitante el 12 de marzo de 2020.

(16)

Una vez evaluadas las observaciones presentadas por las partes tras la comunicación de la información, la Comisión efectuó una comunicación adicional el 3 de abril de 2020. Informó a todas las partes interesadas de su intención de modificar el tipo del derecho al solicitante propuesto en el documento de comunicación general inicial. Se dio a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre los hechos y las consideraciones nuevamente propuestos hasta el 8 de abril de 2020 y de solicitar una audiencia con la Comisión o con el Consejero Auditor en litigios comerciales. La Comisión analizó las nuevas observaciones formuladas por las partes interesadas y tuvo en cuenta las que procedían.

(17)

El producto objeto de reconsideración es la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss):

(18)

Al igual que en la investigación original, la Comisión concluyó que los productos fabricados en la Unión y los productos producidos en Turquía son productos similares en el sentido del artículo 2, letra c), del Reglamento de base.

(19)

Las subvenciones a la producción de trucha en Turquía están reguladas por un decreto adoptado por el Gobierno turco sobre una base anual. El decreto establece las condiciones básicas y las cantidades de las subvenciones a la producción en el sector de la acuicultura en Turquía. Los procedimientos y principios relativos a la aplicación del decreto se establecen posteriormente mediante comunicados emitidos por el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Ganadería de cada año.

(20)

En la investigación inicial, las subvenciones se concedieron sobre la base del Decreto n.o 2013/4463, de 7 de marzo de 2013, sobre subvenciones agrícolas en 2013, publicado en el Boletín Oficial turco n.o 28612 de 8 de abril de 2013 (en lo sucesivo, «Decreto de 2013»). Este Decreto se refiere a la trucha producida en 2013.

(21)

De acuerdo con dicho Decreto, se concedieron subvenciones a todos los productores de trucha que tenían una licencia de explotación válida relativa a una unidad piscícola. Una licencia de producción podía referirse a una producción en el mar, en un embalse o a una producción situada en aguas interiores. Un productor de trucha podía tener varias licencias de producción (unidades piscícolas) situadas en el mismo embalse o en la misma zona del mar.

(22)

La producción con cada una de estas licencias podía recibir subvenciones hasta los límites siguientes: 0,65 liras turcas (TRY) por kilogramo de trucha para la producción de hasta 250 toneladas al año; para la producción comprendida entre 251 y 500 toneladas, los productores de trucha recibieron la mitad de esta cantidad (0,325 TRY/kg). No podía recibirse subvención alguna por la producción superior a 500 toneladas.

(23)

En el período de investigación original, el solicitante contaba con trece unidades piscícolas (lo que corresponde a trece licencias). Recibió subvenciones para once de sus unidades piscícolas.

(24)

En el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/823, la Comisión evaluó la modificación de la legislación de 2016 y su impacto en el nivel global de las subvenciones a los productores de trucha en Turquía.

(25)

Llegó a la conclusión de que, en 2016, las subvenciones a los productores de trucha se concedieron sobre la base del Decreto n.o 2016/8791 (6), relativo a las subvenciones agrícolas en 2016 («Decreto de 2016»). Además, en el Comunicado n.o 2016/33 (7) relativo al apoyo de la acuicultura se detallan las condiciones de las subvenciones que se van a conceder.

(26)

Mientras que el importe de la subvención por TRY/kg se mantuvo en los niveles de 2013, un nuevo artículo 4.16 del Decreto de 2016 excluyó de la subvención las explotaciones con licencias que estuvieran «situadas en la misma área potencial determinada por el Ministerio, en el mismo embalse o en el embalse regionalizado situado en la misma zona».

(27)

Según lo dispuesto en dicho artículo, y contrariamente a la situación durante la investigación original, en el caso de que un productor de trucha tuviera más de un licencia de producción (o «unidad piscícola») en la misma zona potencial en el mar, tal como define el Ministerio, en el mismo embalse (presa), o en los mismos embalses situados en las mismas regiones, pertenecientes a la misma persona o empresa, dichas licencias o unidades piscícolas se consideraban como una sola licencia o unidad perteneciente a dicha empresa, y el pago de la subvención debía efectuarse con arreglo a esa interpretación.

(28)

Sin embargo, la Comisión llegó a la conclusión de que esta limitación no afectaba sustancialmente al nivel global de las subvenciones recibidas por una parte importante de los productores de trucha en Turquía en su conjunto. Además, dado que el Gobierno turco había introducido nuevas subvenciones, sobre la base de las previsiones presupuestarias para los años siguientes, la Comisión concluyó que la disminución global de las subvenciones solo podía ser temporal y no podía considerarse un cambio duradero.

(29)

Al mismo tiempo, la Comisión observó que el impacto era diferente en las distintas empresas, dependiendo de la situación específica relacionada con la producción de cada empresa. La producción de trucha en Turquía se basa en empresas familiares y es un sector fragmentado, compuesto principalmente por pequeñas y medianas empresas. Para estas pequeñas empresas, el número de licencias para las que podría recibir subvenciones seguiría siendo el mismo, ya tuvieran una o unas pocas piscifactorías en la misma zona. No obstante, a partir de 2016, las empresas que tenían más de una licencia en la misma región o zona bajo el antiguo sistema solo podían recibir subvenciones directas para una de ellas. Por lo tanto, aunque la reforma de 2016 afectaba de forma limitada o no afectaba a la mayoría de las (pequeñas) empresas, era probable que las empresas o grupos de estas, como el solicitante, se vieran afectados por el cambio de forma más sustancial.

(30)

En 2018, las subvenciones a los productores de trucha se concedieron sobre la base del Decreto n.o 2018/11460 (8), relativo a las subvenciones agrícolas en 2018 («Decreto de 2018»). Además, en el Comunicado n.o 2018/24 (9) relativo al apoyo de la acuicultura se detallan las condiciones de las subvenciones que se van a conceder. Según lo confirmado en la investigación inicial, esas medidas constituyen subvenciones sujetas a medidas compensatorias [véanse los considerandos 61 a 62 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1195/2014 de la Comisión (10)]. La Comisión revisó el importe de la subvención atribuida al solicitante durante el período de investigación de la reconsideración.

(31)

En el período de investigación de la reconsideración (2018), el solicitante contaba con 11 unidades piscícolas. Dichas unidades estaban situadas en 3 regiones diferentes. Antes de la modificación de la legislación, el solicitante reunía las condiciones para recibir subvenciones para la totalidad de sus 11 unidades piscícolas (véase el considerando 22). Sin embargo, como consecuencia de la modificación de la legislación de 2016 y en consonancia con la legislación en vigor durante el PIR, solo podía optar a recibir subvenciones, en el caso del producto objeto de reconsideración, por una unidad por cada región.

(32)

Por tanto, durante el PIR, el solicitante recibió subvenciones solo para 2 de sus 11 unidades (11), hasta los límites mencionados en el decreto de 2018 que figura más adelante (en comparación con 11 explotaciones para las que habría podido acogerse a subvenciones con arreglo a la legislación vigente antes de 2016).

(33)

Los importes de las subvenciones durante el PIR fueron los siguientes: hasta la producción de 250 toneladas, la subvención se fijó en 0,75 TRY/kg; entre 250 toneladas y 500 toneladas, la subvención se estableció en 0,375 TRY/kg y no se concedieron subvenciones para la producción superior a 500 toneladas (12).

(34)

Siguiendo la misma metodología establecida en la investigación original, en el caso de los peces criados por la propia empresa, el beneficio total para el solicitante fue el importe medio de la subvención directa recibida durante el PIR. En el caso de los peces adquiridos, el beneficio se calculó sobre la base del total de las subvenciones concedidas por las autoridades turcas, dividido por la cantidad total de la producción de trucha de Turquía. El cálculo del beneficio dio lugar a un porcentaje de subvención ad valorem del 1,44 %.

(35)

Tras la comunicación de la información, el solicitante alegó que el sistema de apoyo a las «buenas prácticas de explotación» finalizó en 2019 y que, por lo tanto, la Comisión no debería tenerlo en cuenta para el cálculo de la subvención indirecta. El solicitante también alegó que el nivel de la tasa de administración que debía deducirse del importe de la subvención no era del 0,2 %, sino del 2 %.

(36)

La Comisión aceptó estas dos alegaciones y volvió a calcular en consecuencia los porcentajes de subvención. El cálculo del beneficio dio lugar a un nuevo porcentaje de subvención ad valorem del 1,42 %.

(37)

El solicitante también alegó que la Comisión debería haber tenido en cuenta que los criterios de subvencionabilidad cambiaron en 2019. Según las nuevas condiciones, un piscicultor podía recibir 0,75 TRY/kg por un máximo de 350 toneladas de producción. Así pues, el beneficio máximo por licencia disminuyó en comparación con 2018. La Comisión consideró que debía basar sus cálculos únicamente en los datos verificados del PIR. Por lo tanto, rechazó la alegación.

(38)

Tras la comunicación, la ADA hizo referencia también a las nuevas condiciones de acceso a las subvenciones directas en 2019. Según la ADA, en 2019 un acuicultor que produjera entre 250 y 350 toneladas podría recibir más subvenciones que en 2018. Por tanto, la ADA pidió a la Comisión que determinara si en 2019 el solicitante pudo adquirir peces de estos acuicultores y, por tanto, beneficiarse indirectamente de más subvenciones que en 2018.

(39)

La Comisión recordó en primer lugar que, en 2019, disminuyó el importe máximo de la subvención que podía recibirse por licencia (véase el considerando 37). Por lo tanto, los acuicultores que criaban más de 350 toneladas de trucha recibieron menos subvenciones por licencia. Si el solicitante hubiera comprado pescado a estos acuicultores, se habría beneficiado de menos subvenciones que en 2018. En segundo lugar, al igual que durante el PIR, el cálculo de las subvenciones indirectas debía basarse en una subvención media por tonelada de pescado comprado. Dicha media no podía reflejar la situación de cada acuicultor al que el solicitante compró pescado. Por consiguiente, la Comisión rechazó esta alegación.

(40)

En 2018, las autoridades turcas introdujeron un nuevo sistema de apoyo a la trucha reproductora en criaderos protegidos de las enfermedades. Este nuevo sistema no fue examinado en la investigación original Las condiciones y los importes de la ayuda se especificaron en el Decreto de 2018 y en el Comunicado n.o 2018/24 (véase el considerando 30).

(41)

Si una empresa explota un criadero de truchas que cumple determinados criterios de seguridad, podría recibir una subvención de 60 TRY por unidad, con un máximo de 10 000 unidades (el importe máximo de la subvención que podía percibirse era de 600 000 TRY al año).

(42)

La Comisión consideró que el apoyo (en forma de subvención directa) constituía una subvención a la producción de truchas similar a las subvenciones directas, a saber, una contribución financiera que otorga un beneficio con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), y al artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base. Puesto que la ayuda se concedió a los productores de trucha, la Comisión llegó a la conclusión de que el régimen era específico en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. El beneficio consistía en subvenciones directas a los productores de trucha que cumplieran los criterios de subvencionabilidad.

(43)

Por consiguiente, llegó a la conclusión de que la ayuda podía considerarse una subvención sujeta a medidas compensatorias.

(44)

Durante la inspección in situ, el director de producción de la empresa mencionó que esta había invertido y que invertiría más en equipos para poder optar a la subvención en los próximos años. Sin embargo, el director ejecutivo de la empresa y los representantes legales refutaron esa información declarando que dicha decisión estaba sujeta a la aprobación de los miembros del consejo de administración y que, en cualquier caso, no estaba prevista.

(45)

Dada la información clara e inequívoca facilitada por el director de producción sobre las medidas de inversión tomadas en el pasado y las declaraciones contradictorias de los representantes de la empresa durante la inspección in situ, la Comisión consideró probable que la empresa se beneficiara en el futuro del sistema y calculó un beneficio máximo, expresado como un porcentaje de subvención ad valorem del 0,72 %. Comunicó su intención a las partes en el documento de comunicación general.

(46)

Tras la comunicación de la información, las autoridades turcas y el solicitante plantearon objeciones a la intención de la Comisión de aplicar medidas compensatorias al sistema, expresadas en el documento de comunicación de información. Alegaron que el solicitante no podía acogerse al sistema y que no había presentado ninguna solicitud a las autoridades en relación con dicho sistema. Las autoridades turcas tampoco efectuaron ningún pago al solicitante en el contexto del sistema en 2018 ni en 2019. Las autoridades turcas también señalaron que, en cualquier caso, el sistema tenía un límite de tres años.

(47)

Además, el 23 de marzo de 2020, el solicitante envió una carta oficial para refutar las dudas de la Comisión sobre si era probable que se beneficiara de alguna subvención del sistema en el futuro. El solicitante se comprometió a no realizar ninguna inversión hasta 2025 para poder acogerse al sistema. Además, en caso de que la inversión se realizara en 2025 o posteriormente, ninguna empresa vinculada del grupo Kiliç presentaría solicitud alguna en el marco de este sistema.

(48)

A raíz de la presentación de la carta del solicitante, la ADA alegó que esta era una prueba autoelaborada que la Comisión no debía tomar en consideración. Además, alegó que el solicitante no había realizado compromisos respecto a otros sistemas de subvenciones.

(49)

Sobre la base de estos hechos, la Comisión volvió a evaluar si era probable que el solicitante obtuviera beneficios al amparo del sistema en el futuro. Las observaciones de las autoridades confirmaron que el solicitante no podía acogerse al sistema y que no había presentado ninguna solicitud durante el PIR ni en 2019. Por otra parte, la Comisión tomó nota de la carta de la empresa de 23 de marzo de 2020 de no acogerse al sistema al menos hasta 2025. Por lo que se refiere a la alegación de la ADA según la cual la carta constituía una prueba autoelaborada que solo llegó después de la divulgación, la Comisión consideró que la carta se había presentado en el momento de la comunicación, es decir, en el momento oportuno para el ejercicio de los derechos del solicitante y que, por tanto, no podía ignorarse su contenido. Además, la Comisión tiene el deber de evaluar seriamente todas las observaciones recibidas; de lo contrario, se frustrarían los objetivos de la comunicación de información. La carta equivale a un compromiso firme del solicitante y está relacionada con la evaluación de la probabilidad de recibir beneficios compensatorios con arreglo a este sistema en el futuro. Por lo tanto, el hecho de que la carta no mencione otros sistemas de subvención carece de pertinencia. En este contexto, la Comisión decidió no aplicar medidas compensatorias por este sistema.

(50)

Tras la comunicación adicional, la ADA reiteró que la Comisión tiene la obligación de tener en cuenta factores relativos a un período posterior al de la investigación, y que la Comisión debería haber confirmado su evaluación inicial incluyendo la subvención en el cálculo. La ADA planteó objeciones, en particular, a la decisión de la Comisión de considerar la carta del solicitante como una prueba fiable. Alegó que la decisión del consejo de administración no era vinculante y que podía ser modificada en cualquier momento. En su opinión, dicha decisión constituyó una violación del principio jurídico fundamental según el cual no se permite a una empresa crear pruebas a su favor, contrarias a la información procedente de la inspección in situ sobre las medidas de inversión adoptadas en el pasado.

(51)

La Comisión consideró que la decisión de no aplicar medidas compensatorias por este sistema no se basó únicamente en la carta de compromiso del solicitante, sino también en otras pruebas fácticas como la información de las autoridades según la cual el solicitante no había solicitado la ayuda ni podía acogerse al sistema. La Comisión reiteró su obligación de evaluar toda la información y las pruebas recibidas tras la comunicación de la información y, en este contexto, el hecho de que el solicitante hubiera formulado un compromiso ad hoc no era determinante para evaluar la probabilidad de que el solicitante se beneficiara del sistema en el futuro. Asimismo, recordó que era incuestionable que el solicitante no había realizado toda la inversión necesaria para poder optar a la ayuda en virtud del sistema. Por consiguiente, la Comisión rechazó esta alegación.

(52)

Por último, dado que la cuestión de aplicar derechos compensatorios por toda ayuda a la trucha reproductora en criaderos protegidos de enfermedades se había convertido en discutible, la Comisión no tomó en cuenta las observaciones de la ADA sobre el cálculo adecuado de los beneficios futuros de este sistema.

(53)

Durante el PIR, el solicitante disfrutó de seis préstamos preferenciales para financiar el capital de explotación. Los préstamos fueron concedidos por el Banco Agrícola de la República de Turquía (Türkiye Cumhurriyetti Ziraat bankasi o «Ziraat Bankasi»), en el caso de los préstamos relativos a la producción agrícola específica, y por Türk Eximbank (13), en el caso de los préstamos vinculados a las actividades de exportación. En consonancia con las conclusiones de la investigación original (14), y puesto que no se presentaron pruebas de que la situación hubiera cambiado, la Comisión determinó que ambos bancos aplican la política estatal y son organismos públicos en el sentido del Reglamento de base.

(54)

La base jurídica pertinente la constituían el Decreto 2018/11188 (Préstamo a bajo interés de Ziraat Bank para el funcionamiento y la inversión en la producción agrícola) y el programa de redescuento de Türk Eximbank (15).

(55)

El beneficio para el solicitante consistía en proporcionar tipos de interés inferiores a los disponibles normalmente en el mercado. La Comisión atribuyó a las ventas de exportación el beneficio relacionado con el programa de redescuento, mientras que los demás préstamos subvencionados para la totalidad de la producción del grupo fueron asignados al total de las ventas. El total del beneficio de los seis préstamos dio lugar a un porcentaje de subvención ad valorem del 0,15 %.

(56)

Tras la comunicación de la información, el solicitante alegó que, en el caso de uno de los préstamos controvertidos, tuvo que pagar una comisión, mientras que el préstamo de referencia no tenía comisión. Alegó que la Comisión debería haber reducido el beneficio en consecuencia. La Comisión constató que, para una comparación ecuánime, los cálculos debían efectuarse comparando únicamente los tipos de interés, libres de cualquier otro gasto bancario para cualquiera de las partes, del préstamo real o de referencia. Por consiguiente, la Comisión rechazó esta alegación.

(57)

Además, el solicitante negó que la Comisión hubiera utilizado el mismo criterio de referencia para determinar el beneficio de dos de los préstamos por los que se aplican derechos compensatorios concedidos en períodos diferentes. Asimismo, alegó que el tipo de interés de uno de los préstamos controvertidos se estableció sobre una base mensual (y no anual) y que, por tanto, el tipo de interés que el solicitante recibió se fijó a un tipo de mercado. La Comisión aceptó ambas alegaciones. Esto dio lugar a un nuevo porcentaje de subvención ad valorem del 0,13 % en el caso de estos préstamos.

(58)

El total del beneficio para el solicitante dio lugar a un porcentaje de subvención ad valorem del 1,55 %:

(59)

Las conclusiones anteriores se refieren a la situación específica del solicitante y, por tanto, no afectan al nivel de los porcentajes de subvención de las empresas que figuran en el anexo del Reglamento original.

(60)

Tras la comunicación de la información y la comunicación adicional, las autoridades turcas alegaron que la Comisión debería haber vuelto a calcular el porcentaje de subvención para «todas las demás empresas». La Comisión rechazó este argumento. Reiteró que la reconsideración provisional parcial y sus conclusiones sobre la reducción significativa del nivel de subvención solo estaban relacionadas con el solicitante. La Comisión también recordó que las conclusiones sobre todos los demás productores de trucha de Turquía se mantenían inalteradas. A este respecto, la Comisión también señaló que, como se indica en el anuncio de inicio (sección 5), si cualquiera de las partes interesadas considera que está justificada una reconsideración de las medidas aplicables, puede solicitar tal reconsideración con arreglo al artículo 19 del Reglamento antisubvenciones de base.

(61)

Tras la comunicación de la información, las autoridades turcas afirmaron que, si la Comisión no tenía en cuenta el beneficio en el marco del apoyo a la trucha reproductora en criaderos protegidos de las enfermedades, el total del porcentaje de subvención ad valorem era de minimis. Reiteraron esta alegación después de la comunicación adicional. La Comisión recordó que el umbral de minimis es del 1 %, pero que es del 2 % en el caso de los países en desarrollo. Asimismo, recordó que, para la aplicación del artículo 14, apartado 5, un país se considera país en desarrollo si figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas y se deroga el Reglamento (CE) n.o 732/2008 del Consejo (DO L 303 de 31.10.2012, p. 1) (16). Puesto que Turquía no está incluida en la lista de países elegibles en virtud de dicho Reglamento, la Comisión rechazó la alegación.

(62)

Las conclusiones antes expuestas sobre la situación específica del solicitante confirmaron las conclusiones del Reglamento de Ejecución(UE) 2018/823, resumidas en los considerandos 24 a 29 anteriores. Aunque el Reglamento antes mencionado evaluó la situación global de todos los productores de trucha de Turquía (es decir, la situación de un productor de trucha promedio), también constató que, tras la modificación de la legislación de 2016, algunos productores de trucha recibieron sustancialmente menos subvenciones [considerando 49 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/823].

(63)

La Comisión llegó a la conclusión de que este era el caso del solicitante. En primer lugar, observó que el porcentaje de subvención ad valorem del 1,55 %, nuevamente calculado, suponía una disminución significativa en comparación con el porcentaje del 9,5 % determinado en la investigación original.

(64)

En segundo lugar, el solicitante no podía beneficiarse de muchos otros sistemas de subvenciones para compensar plenamente la disminución de las subvenciones directas (17).

(65)

Además, la modificación de la legislación que condujo a la disminución del número de piscifactorías se introdujo en 2016 y permaneció en vigor durante el PIR (2018) y en 2019 (18), es decir, ya por un período de 4 años. Las autoridades turcas no han comunicado a la Comisión su intención de restablecer los criterios de subvencionabilidad anteriores a 2016. Por lo tanto, la Comisión consideró el cambio desde 2016 como un cambio duradero en el sentido del artículo 19, apartado 4, del Reglamento de base.

(66)

Tras la comunicación de información y la comunicación adicional, la ADA impugnó la conclusión de la Comisión de que la disminución de las subvenciones recibidas por el solicitante tenía un carácter duradero. En su opinión, la Comisión debería haber evaluado el carácter duradero del sistema de subvenciones en su conjunto y no debería haberse centrado en el cambio de 2016 en solamente uno de los sistemas de subvención. La ADA también argumentó que, después de 2016, las autoridades turcas siguieron introduciendo nuevos sistemas de subvenciones para compensar la disminución de las subvenciones debido al cambio de 2016, a saber, subvenciones para la producción en sistema cerrado, subvenciones para truchas de más de 1 kg, subvenciones para las buenas prácticas de explotación y subvenciones al etiquetado de pescado. La ADA también alegó que la Comisión no tuvo en cuenta en su cálculo las nuevas condiciones de subvencionabilidad del apoyo a la trucha reproductora en criaderos protegidos de las enfermedades ni el aumento en 2019 del importe máximo que podía recibirse. Por otra parte, la ADA consideró que cualquier nueva inversión del solicitante para conseguir la ayuda se realizaría mediante un préstamo público subvencionado.

(67)

Como se ha explicado anteriormente, la Comisión evaluó no solo el efecto de la modificación de la legislación de 2016 para el solicitante, sino también cualquier nuevo sistema de subvenciones del que el solicitante pudiera beneficiarse durante y después del PIR. Consideró que el solicitante no reunía las condiciones para recibir subvenciones del sistema destinado a la producción en sistema cerrado puesto que su producción de truchas se encuentra en embalses y no en un sistema cerrado que cumpla los requisitos de subvencionabilidad. La Comisión también constató que las subvenciones para el etiquetado del pescado y las buenas prácticas de explotación finalizaron en 2018 y en 2019, respectivamente. Por otra parte, la Comisión averiguó y verificó que la subvención para las truchas de más de 1 kg tenía por objetivo beneficiar a las de más de 1,2 kg, es decir, las truchas no incluidas en la definición del producto afectado. Por último, como se explica en los considerandos 40 a 52, el solicitante no recibió ayuda para criaderos protegidos de las enfermedades durante el PIR, y es improbable que el solicitante reciba dicha ayuda hasta 2025. Para la reevaluación de la nueva información, tal como se explica en los considerandos 46 y 47, la Comisión llegó a la conclusión de que el solicitante no se beneficiaría en el futuro de ninguna subvención del sistema de apoyo a la trucha reproductora en criaderos protegidos de las enfermedades.

(68)

La Comisión también consideró que la alegación de que el solicitante financiaría los nuevos equipos con un préstamo subvencionado se basaba en una posibilidad más que en una prueba concreta. Por consiguiente, la Comisión rechazó esta alegación.

(69)

Conforme a lo que precede, la Comisión sostuvo que, de conformidad con el artículo 19, apartado 4, del Reglamento de base y sobre la base de las conclusiones anteriores, las circunstancias relativas a la subvención cambiaron significativamente y la disminución de las subvenciones directas era de carácter duradero, en lo que concierne al solicitante.

(70)

De lo anterior se desprende que el derecho compensatorio para el solicitante debe modificarse tal como se indica en la sección 3.4.

(71)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo (19).