31.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 76/63

1.

expresa su preocupación por las graves consecuencias sociales de la crisis financiera y su impacto para la economía en su conjunto y, concretamente, para los entes territoriales y los ciudadanos; en consecuencia, insta a que se tomen medidas decididas para apoyar el lado de la demanda de la economía, así como medidas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y a los entes locales y regionales, con el fin de mantener la cohesión y salvaguardar las inversiones clave y los proyectos de infraestructuras;

2.

apoya plenamente el objetivo de garantizar la seguridad del mercado financiero único en la Unión Europea basándose en un elevado nivel de exigencia de transparencia y en un sistema de supervisión avanzado y con capacidad de respuesta, dirigido a los niveles de gobierno correspondientes; subraya que deberían evitarse las medidas y reglamentaciones que puedan ahogar el mercado financiero, y que el esfuerzo conjunto debería centrarse en garantizar una gestión financiera sana, a fin de restaurar la confianza en la economía;

3.

acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo los días 15 y 16 de octubre de 2008 como condición previa para restaurar la confianza en los mercados financieros, y considera que sus decisiones, pese a entrañar un coste para los presupuestos y los contribuyentes, constituyen medidas importantes para restaurar la confianza en el sector financiero y limitar las consecuencias de la crisis en la economía;

4.

aprueba la decisión de la UE de aumentar las garantías mínimas para los ahorros de los ciudadanos en el territorio de la Unión Europea; acoge con satisfacción dicha decisión como medida adecuada para salvaguardar los ahorros de los ciudadanos en la UE y para restaurar la confianza en el sistema bancario a corto plazo sin incurrir en costes adicionales para los contribuyentes o en un falseamiento de la competencia, y apoya el objetivo de evitar que se produzcan quiebras en importantes entidades bancarias de la UE;

5.

valora positivamente el anuncio de los Estados miembros de dedicar 30 000 millones de euros antes de 2011, a través del Banco Europeo de Inversiones, para ayudar a las pequeñas y medianas empresas en Europa; no obstante, afirma que esto es sólo un primer paso en apoyo de la economía;

6.

subraya el importante papel que pueden desempeñar el Fondo Social Europeo y los programas encaminados a mitigar los efectos negativos de la crisis actual, e insta a la Comisión Europea a que examine las posibilidades de adaptar los instrumentos existentes a las circunstancias actuales, incluida una revisión del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización a fin de incrementar la operatividad de este instrumento;

7.

apoya las recientes iniciativas de la Comisión destinadas a modificar las directivas que regulan los mercados financieros, prestando especial atención a las medidas de supervisión, a la gestión de los riesgos y de las crisis, y pide a la CE que tenga en cuenta el papel de los entes locales y regionales;

8.

insta a la Comisión Europea a que proponga una directiva para armonizar las informaciones proporcionadas por las instituciones financieras sobre los productos financieros, en la que se imponga la obligación de clasificar los riesgos de manera fácilmente comprensible, se simplifiquen los contratos y se establezcan requisitos de transparencia claros para los servicios bancarios;

9.

exhorta a la Comisión Europea a que fomente el acuerdo sobre un código de conducta para asegurar que las actividades con ánimo de lucro de las instituciones financieras no entren en conflicto con el interés general;

10.

afirma además que las consecuencias de la crisis financiera para la economía no deben alterar las prioridades políticas a largo plazo establecidas por la UE y, en concreto, las siguientes: fomentar más y mejores empleos, promover la investigación y la innovación, mejorar la competitividad, reforzar la cohesión territorial y luchar contra las causas y los efectos del calentamiento global;

11.

insta a que se supervise atentamente el endeudamiento de los particulares, en particular, las deudas por tarjetas de crédito, que están dando lugar a un rápido aumento de los impagos por parte de los titulares;

12.

acoge con satisfacción la designación de un grupo de alto nivel para diseñar el sistema de supervisión de los mercados financieros de Europa y observa que está integrado por expertos de instituciones financieras, ministerios nacionales de Hacienda, banca e industria; señala, que lamentablemente, los niveles locales y regionales de gobierno no están representados en el Grupo De Larosière y, en consecuencia, insta a que se nombre un representante del Comité de las Regiones;

13.

pide que se ponga en marcha un marco regulador apropiado con sistemas eficaces de normas y mecanismos que garanticen la aplicación de la ley;

14.

pide que se revise de arriba abajo el sistema financiero internacional, aumentando la transparencia de las operaciones financieras, revisando las normas de cautela o contabilidad aplicables a las instituciones financieras, reforzando la responsabilidad de los administradores y restringiendo las normas del sistema que fomenten una asunción de riesgos excesiva (por ejemplo, conversión de préstamos en títulos, políticas de remuneración); por último, insiste en que es preciso mejorar la coordinación entre las diversas autoridades de supervisión nacionales con respecto a la supervisión de los grupos financieros transnacionales;

15.

recuerda que los entes locales y regionales son responsables de un tercio del gasto público y de más de dos tercios de la inversión pública en la UE y, por tanto, deben ser considerados parte activa en la solución de la crisis y en la preservación del crecimiento económico futuro; por consiguiente, insiste en que los entes locales y regionales deberían recibir apoyo en sus actividades de inversión —por ejemplo, en infraestructuras— a fin de evitar la peligrosa espiral de falta de inversión, pérdida de empleos, falta de crédito y, de nuevo, falta de inversión;

16.

subraya que los entes locales y regionales se ven afectados directamente por la crisis financiera, dado que en muchos países las cajas de ahorros están firmemente arraigadas en las regiones; mantienen una proximidad directa con la población y empresas locales y contribuyen a la cohesión económica, social y territorial, actuando como motores de empresas de nueva creación y de pequeñas y medianas empresas.

17.

insta por ello al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que reconozcan el importante papel que desempeña el nivel local y regional en el funcionamiento de los intermediarios financieros públicos; pide que se consulte a los entes locales y regionales en la fase de concepción y de aplicación de toda nueva arquitectura del sistema financiero de la UE, a fin de garantizar un intercambio de experiencias y una transferencia de conocimientos, desde los niveles inferiores a los superiores y viceversa, que redunde en beneficio de la economía, las PYME y los ciudadanos;

18.

acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en relación con las instituciones financieras en el contexto de la actual crisis financiera mundial (1) y pide a la Comisión Europea que supervise de cerca las consecuencias de las ayudas estatales concedidas a los bancos de conformidad con el artículo 87 (3) b), a fin de asegurar que las ayudas se limitan al mínimo necesario y se impide el falseamiento de la competencia;

19.

acoge con satisfacción el acuerdo sobre una garantía mínima de 50 000 euros para los ahorros y pide que se establezcan incentivos fiscales apropiados para todos los interesados que limiten al mínimo el falseamiento de la competencia y garanticen condiciones de competencia equitativas para todas las instituciones del sector financiero; estas medidas son importantes para restaurar la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero;

20.

propone que se revise el sistema de calificación con el fin de crear códigos o categorías sencillas que permitan distinguir entre los bancos que presentan un perfil de prudencia en las inversiones y los que favorecen prácticas de riesgo; opina que a este efecto sería muy útil la creación de un organismo europeo de calificación crediticia;

21.

apoya los esfuerzos de la Comisión Europea para suprimir todas las distorsiones de los mercados financieros interiores (Report on the Retail Banking Sector Inquiry, de 31 de enero de 2007) y la persistente fragmentación con arreglo a criterios nacionales, así como las diferencias existentes en los márgenes de beneficio, las prácticas de fijación de precios, las pautas de venta y la asimetría de la información; comparte el objetivo de la Comisión Europea de realizar plenamente el mercado común financiero de modo que sea más transparente, sano y capaz de responder a los desafíos globales;

22.

recuerda que los entes locales y regionales son interlocutores políticos y presupuestarios de primer orden para abordar los desafíos que serán decisivos durante las próximas décadas en Europa;

23.

subraya que la crisis financiera y su impacto negativo en el crecimiento económico y el empleo aumentarán la demanda de ayuda, asistencia social y servicios públicos con tarifas preferenciales, y que los entes locales y regionales se hallan en primera línea para responder a estas expectativas;

24.

llama la atención sobre el deterioro previsible de las condiciones de financiación de los agentes económicos, incluidos los entes locales y regionales, a consecuencia de lo cual se puede ver afectada su capacidad de obtener préstamos para nuevas inversiones;

25.

pide que se preste especial atención a la capacidad de financiación de los entes locales y regionales e insta a que se les preste un apoyo adecuado en caso de que el aumento de los costes de la financiación y la carga de la deuda pongan en peligro la puntual ejecución de los proyectos; proyectos que por lo demás son sólidos y tienen valor e importancia para las regiones y para la economía de la UE en su conjunto.

26.

pide que en el periodo actual se introduzca más flexibilidad en el uso de los Fondos Estructurales y propugna entre otras cosas que se amplíe el tiempo para la movilización de los Fondos Estructurales, pasando de la norma del año de referencia más dos (N+2) a la del año de referencia más tres (N+3), con el objetivo de garantizar que los proyectos de calidad que previsiblemente aportarán soluciones eficaces no se expongan al riesgo innecesario de perder la financiación de la UE;

27.

pide a las instituciones financieras, a las autoridades europeas y a las entidades bancarias que asignen unas ayudas financieras o unas garantías adecuadas a las inversiones en infraestructuras y a los proyectos innovadores de calidad demostrada que contribuyan a la competitividad y a la eficiencia; insiste en que se tenga presente que el hecho de no realizar tales inversiones en el plazo previsto no sólo tendría un efecto perjudicial directo para los entes territoriales afectados y sus PYME sino que también tendría consecuencias negativas para el sector industrial de la UE, lo cual afectaría al crecimiento económico y pondría en peligro empleos de gran valor;

28.

pide que las cuotas de cofinanciación de los entes locales y regionales se consideren, a semejanza de las cuotas del FEDER o del FSE en el marco de los programas operativos, aportaciones no contables a efectos del pacto de estabilidad interno de los diferentes países. De este modo, los entes locales y regiones podrán emprender proyectos para promover el crecimiento y el desarrollo de las economías locales y del mercado de trabajo sin ser penalizados por las restricciones impuestas en algunos países a los entes locales que no respeten el pacto (bloqueo del recurso al crédito, de las contrataciones y recortes de los recursos fiscales);

29.

propone que se establezca una asociación institucional más estrecha entre el CDR y el BEI, conforme a sus objetivos de fortalecer la cohesión económica y social según lo dispuesto en el Tratado CE y, en particular, en su Protocolo no 28 sobre la cohesión económica y social;

30.

apoya las medidas de reforma anunciadas por el BEI en los ámbitos siguientes: simplificación de los procedimientos de acceso a los préstamos; ampliación de los préstamos a las inversiones intangibles (permisos, investigación, etc.); distribución de riesgos entre el BEI y las entidades bancarias; transparencia de las ayudas financieras concedidas a las PYME; pide que se refuerce la capacidad de intervención del BEI en proyectos de infraestructuras, especialmente haciendo uso de los fondos de inversión a largo plazo (equities) para aumentar el peso del BEI; por último, propone desarrollar un mecanismo de participación del BEI similar a los existentes en apoyo a las PYME, destinado a ayudar a los entes locales y regionales a aumentar su capacidad de cofinanciar proyectos relacionados con la cohesión territorial;

31.

confirma el compromiso del CDR con los objetivos de lucha contra el cambio climático y expresa su esperanza de que dichos objetivos se cumplirán independientemente de las dificultades económicas; a este fin, considera que sería preciso hacer esfuerzos para fomentar las inversiones europeas en tecnologías de energías renovables mediante programas de ayudas (transporte, edificios, etc.) y financiando la investigación, particularmente en las PYME;

32.

reafirma su compromiso por lograr un crecimiento económico sostenible y dinámico dentro de un modelo social europeo sano, con eficiencia energética y reducción del impacto ambiental; declara que, menos aún en las actuales circunstancias, que son excepcionales, deben verse amenazados estos objetivos por la acción de la UE o de las autoridades nacionales, regionales o locales; insta a los responsables a que, por el contrario, tomen la iniciativa y conviertan los riesgos en oportunidades apoyando la investigación y la inversión en el ámbito de la eficiencia tecnológica, lo que a largo plazo conduciría a una recuperación económica con un desarrollo medioambiental sostenible;

33.

encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, al Consejo y a las presidencias de la Unión Europea.