9.5.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 133/44

1.1

El CESE se congratula de la publicación de las orientaciones generales de política económica para los países de la zona del euro, ya que constituyen un marco coherente para profundizar la necesaria integración y mejorar la coordinación para que sea más eficaz.

1.2

El Comité apoya, además, que las recomendaciones y el examen de su aplicación tengan características diferenciadas en función de los Estados miembros. De este modo, se podrán tener en cuenta las diferencias que registran sus resultados económicos y las distintas causas de las crisis en cada país.

1.3

No obstante, el CESE quisiera aprovechar la ocasión de la publicación de la Recomendación relativa a la aplicación de las orientaciones generales de política económica para insistir en la necesidad de reformar la concepción de la política económica, en particular habida cuenta de la previsible reformulación de las orientaciones en 2014. El Comité considera desequilibrada la actual combinación de políticas macroeconómicas, ya que pasa por alto la importancia tanto de la demanda como de la equidad distributiva. Algunas medidas de reforma muestran indicios de estar estabilizando los mercados financieros, lo que debería permitir que las orientaciones de política económica actuales se centren en mayor medida en las políticas de crecimiento y creación de empleo. No obstante, todavía no se ha logrado restablecer la plena funcionalidad ni del sector bancario ni de los mercados financieros. Por otro, la política de austeridad tampoco permite seguir un programa creíble de expansión que reduzca la deuda pública y el desempleo. Por el contrario, la crisis se agravó y, en lugar de salir de la crisis mediante el crecimiento, la zona del euro se sumió en otra recesión por causa de la austeridad, lo que entraña profundas consecuencias, no solo económicas sino sobre todo sociales. No prestar atención a estas consecuencias sociales constituye a largo plazo un riesgo aún mayor para el crecimiento y la economía europea.

1.4

Los esfuerzos en pro de la estabilización de la política nacional están abocados al fracaso si se ven anulados por la especulación y la evolución en los mercados financieros. Por ello, el Comité pide una regulación más estricta de los mercados financieros coordinada en el marco del G-20, en la que participe el sistema bancario paralelo, así como un redimensionamiento del sistema financiero, que debe volver a calibrarse en función de las necesidades de la economía real. El CESE solicita una «renovación de la economía real» en Europa, en la que la actividad empresarial vuelva a ocupar una posición central, frente a las motivaciones especulativas.

1.5

Una red de seguridad solidaria y creíble, que siente sus fundamentos en una confianza merecida, podría garantizar que la especulación contra los países con problemas carece de perspectivas de éxito y lograr, de este modo, reducir los costes de financiación. También la emisión de obligaciones europeas conjuntas y la disminución de la dependencia de las agencias de calificación crediticia privadas podrían contribuir a reducir los costes de financiación de los países en crisis.

1.6

El saneamiento de las finanzas públicas, indispensable por toda una serie de razones, como los costes de la ayuda prestada a los bancos, las medidas de recuperación económica y, en algunos países, la explosión de las burbujas inmobiliaria y de la construcción, reviste diferentes grados de urgencia y, por lo tanto, necesita un horizonte temporal más largo y más flexible. Además, deberá tener en cuenta los efectos sobre la demanda y debe ser compatible con los objetivos de la política social y de empleo que se establecen en la Estrategia Europa 2020, ya que el crecimiento y el empleo son factores centrales para que el saneamiento dé frutos. Un déficit público bajo es, antes que nada, el resultado de una evolución macroeconómica favorable y una buena gobernanza, y no una de sus condiciones.

1.7

Un saneamiento presupuestario sostenible debe ser equilibrado y prestar atención, por un lado, a equilibrar los efectos en la oferta y los efectos en la demanda y, por otro, a atender en la misma medida al equilibrio entre ingresos y gastos. El Comité desea hacer hincapié en que un marco integrado de política presupuestaria («unión fiscal») no afecta solo al gasto público, sino también a los ingresos públicos. El Comité pide que se entable una reflexión general no solo sobre el gasto sino también sobre el sistema tributario en la que se tengan en cuenta las cuestiones relativas a la equidad distributiva. Apunta hacia una serie de posibles medidas para reforzar los ingresos fiscales que permitan salvaguardar la financiación del nivel deseado en los sistemas sociales y las inversiones prometedoras por parte del sector público. Valdría la pena armonizar las bases impositivas y los regímenes fiscales partiendo de un análisis pormenorizado de los diferentes sistemas económicos de la UE. Esta evitaría falseamientos de la competencia en el interior de la Unión, en lugar de propiciar la erosión de los ingresos públicos mediante una carrera por la reducción de los impuestos.

1.8

El Comité insta a que se lleve a cabo una revaluación de los multiplicadores fiscales, a la luz de un importante estudio internacional en el que se sugiere que en una recesión los multiplicadores fiscales difieren en función de los países y tienen un impacto sobre el crecimiento económico y el empleo considerablemente más negativo del que se había pensado hasta ahora. Las políticas deberían aprovechar en mayor medida el hecho de que los multiplicadores negativos de la renta y el empleo de las medidas de ingresos son por lo general más bajos que en el caso de los recortes del gasto, en particular si esas medidas de ingresos afectan a grupos de la población con una predisposición al consumo inferior. Esto, al liberar recursos para medidas expansivas, por ejemplo, programas de formación y empleo, inversiones en la industria, investigación y servicios sociales, podría crear empleo y demanda mediante redistribuciones neutras desde el punto de vista del saldo presupuestario. Ello a su vez contribuye a reforzar la confianza de las empresas y los consumidores, algo absolutamente necesario.

1.9

Esas medidas expansivas también estimularían las importaciones, sobre todo, en los países con superávit. La coordinación a escala de la UE de dichas medidas sería todavía mucho más eficaz, dado que para la zona del euro la cuota de importación en su conjunto (también respecto de terceros países) es considerablemente más baja que si se considera en cada economía nacional por separado.

1.10

Al tratar de eliminar los desequilibrios económicos externos, se pide a los países con superávit que, para mantener la necesaria simetría, transfieran los ingresos procedentes de las exportaciones a un aumento de la prosperidad para grupos más amplios de la población. Un aumento de la demanda interna de estas características contribuiría igualmente a reducir sus «déficits de importación».

1.11

Además del necesario reequilibrio de los componentes de la política macroeconómica, también unas reformas estructurales que sean aceptables socialmente pueden reforzar la demanda y mejorar los resultados de la economía.

1.12

Por lo general, centrarse en la competitividad de los precios, cuando se trata de eliminar los desequilibrios económicos externos, combinándolo en muchas ocasiones con demandas de moderación salarial, no es eficaz. La contención salarial para fomentar las exportaciones en todos los países de la zona del euro simultáneamente no solo tiene efectos redistributivos de graves consecuencias, sino que disminuye la demanda en su conjunto y conduce a una espiral descendente en la que todos los países tienen algo que perder.

1.13

El Comité reitera su petición de una política salarial que agote el margen para incrementar la productividad y rechaza, por considerarla totalmente inaceptable, la imposición por parte del Estado de normas o recortes en la autonomía en materia de negociación colectiva.

1.14

En muchas ocasiones se dejan de lado otros factores de costes a menudo más importantes que los salarios. Asimismo, muchas veces se infravalora la importancia de los factores no relacionados con el precio para la competitividad. Sin embargo, en la competencia mundial, Europa solo tendrá éxito si aplica una estrategia «de alto nivel» basada en la creación de valor añadido de alta calidad. Una estrategia «de bajo nivel» que implique una competencia a la baja con otras regiones del mundo en materia de costes estaría abocada al fracaso.

1.15

En su conjunto, el modelo social europeo ha contribuido a paliar los efectos de la crisis gracias a los estabilizadores automáticos de los sistemas de seguridad social, ya que se han sostenido la demanda y la confianza. El debilitamiento de este sistema entraña el peligro de un deslizamiento hacia una depresión profunda como la de los años treinta del siglo pasado.

1.16

En líneas generales, el Comité aboga por que se refuerce el papel de los interlocutores sociales en el nivel europeo y nacional, y por la intensificación de la coordinación europea de la política salarial, a través de una revalorización del diálogo macroeconómico, que también debe introducirse en la zona del euro. En la nueva formulación de las orientaciones se debería tener en cuenta que en los países donde funciona eficazmente el diálogo social se ha logrado amortiguar las consecuencias de la crisis mejor que en otros países.

1.17

Por lo demás, el Comité reitera su petición de que los interlocutores sociales y el resto de las organizaciones representativas de la sociedad civil participen lo más temprana y ampliamente posible en la formulación de las políticas. Los cambios y las reformas necesarios solo tendrán posibilidades de éxito y serán aceptados si el reparto de las cargas se percibe como equitativo.

1.18

A modo de resumen cabe señalar que Europa necesita un nuevo modelo de crecimiento, cuyos rasgos distintivos han de ser la luchar contra un nivel de desempleo inaceptable y un margen de maniobra suficiente para realizar inversiones de futuro e inversiones sociales y ecológicas capaces de impulsar el crecimiento y la demanda. La reasignación de los recursos presupuestarios y la garantía de una base de ingresos suficiente, tomando en consideración la equidad distributiva, tienen que reforzar los sistemas de protección social para incrementar el potencial productivo y estabilizar la demanda y la confianza. Con un modelo de desarrollo de estas características, será también posible el saneamiento sostenible de las finanzas públicas.

2.1

En la Recomendación del Consejo sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión, de 13 de julio de 2010, se adoptó una serie de directrices que debían mantenerse estables hasta 2014 a fin de poder concentrar los esfuerzos en su aplicación.

—   Directriz no 1: Garantizar la calidad y la viabilidad de las finanzas públicas

—   Directriz no 2: Abordar los desequilibrios macroeconómicos

—   Directriz no 3: Reducir los desequilibrios dentro de la zona del euro

—   Directriz no 4: Optimizar el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), reforzar el «triángulo del conocimiento» y liberar el potencial de la economía digital

—   Directriz no 5: Mejorar la utilización eficiente de los recursos y reducir los gases de efecto invernadero

—   Directriz no 6: Mejorar el entorno empresarial y de los consumidores y modernizar y desarrollar la base industrial para garantizar el pleno funcionamiento del mercado interior.

2.2

En esta misma línea el 30 de mayo de 2012 la Comisión presentó su nueva «Recomendación de Recomendación del Consejo relativa a la aplicación de las orientaciones generales de política económica por los Estados miembros cuya moneda es el euro» que constituye una actualización de las directrices generales para las políticas económicas de la zona del euro. Además, se formularon recomendaciones específicas por país dirigidas a los 27 Estados miembros de la Unión. El 6 de julio de 2012 el Consejo de la Unión Europea publicó los documentos correspondientes.

3.1

El CESE acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por crear un marco coherente que permita mejorar la coordinación que necesita con urgencia la política económica europea. Esto es indispensable para retomar una senda estable hacia el crecimiento y el empleo, ya que existe el riesgo de que las medidas que podrían ser apropiadas para eliminar los desequilibrios en un país, considerado por separado, puedan resultar contraproducentes para la zona del euro en su conjunto.

3.2

Por este motivo, es preciso considerar los problemas desde un ángulo paneuropeo y propugnar una manera de pensar y un entendimiento europeos. El Comité comparte el punto de vista de la Comisión, que afirma que una verdadera cooperación en política económica, al menos en el Eurogrupo, requiere profundizar en la integración y mejorar la coordinación, haciéndola más eficaz. Para ello habrá que tener en cuenta las diferencias que registran los resultados económicos de los Estados miembros (nivel del PIB y crecimiento, tasas y tendencias del desempleo, importe y estructura del déficit público y de la deuda, gasto en I+D, gastos sociales, saldo de la balanza por cuenta corriente, suministro de energía, etcétera).

3.3

La crisis que se prolonga desde 2008 se inició en EE.UU. y se propagó hasta convertirse en una crisis mundial. Sus consecuencias han puesto de manifiesto que la arquitectura de la unión monetaria había depositado una confianza excesiva en las fuerzas del mercado y no había afrontado adecuadamente el riesgo de desequilibrios. Como demuestra la evolución hasta 2008 de las finanzas públicas de la zona del euro considerada en su conjunto, la causa de la crisis no ha sido por lo general la falta de disciplina presupuestaria.

Porcentaje de la deuda en relación con el PIB (Fuente: AMECO 2012/11)

3.4

En general en la zona del euro el incremento de los déficits o del nivel de endeudamiento solo se produjo después de la utilización generalizada de fondos públicos para rescatar el sistema financiero y sostener la demanda y el mercado de trabajo, arrastrados por los efectos de la crisis financiera (1), así como de la disminución de los ingresos del Estado, debida en particular al retroceso del empleo. Este aspecto reviste una importancia particular para desarrollar estrategias de política económica, ya que un diagnóstico errado conduce a aplicar un tratamiento equivocado. Por lo tanto, el CESE apoya sin reservas que al evaluar la aplicación de las directrices se establezca una diferenciación por país. Es imposible aplicar un modelo único, ya que también las causas de las crisis son muy diferentes en cada país.

3.5

El CESE quisiera, no obstante, aprovechar la ocasión para insistir en la necesidad de reformar la concepción de la política económica. Esto se refiere no solo a las revisiones anuales, sino que también es particularmente importante para la próxima versión de las orientaciones de política económica en 2014.

3.6

En 2012 Europa se hallaba en su quinto año de crisis. Poco después de la elaboración de las directrices actuales, la previsión de otoño que la Comisión Europea publicó en 2010 para la zona del euro en 2012 seguía calculando un crecimiento del PIB del 1,6 % y una tasa de desempleo del 9,6 %. De hecho, ese mismo año la zona del euro se hallaba ya en recesión y la tasa de desempleo ha aumentado hasta situarse por encima del 11 % y en algunos países llega incluso a porcentajes en torno al 25 %.

3.7

En cambio, la economía de los EE. UU. crece –a un ritmo moderado pero constante–, con una tasa en torno al 2 %, apoyada por una política monetaria con una orientación sumamente expansiva y por las líneas de acción en política presupuestaria y social definidas por el Gobierno. El consumo, las inversiones y la producción industrial evolucionan con solidez y, como consecuencia, la tasa de desempleo se mantiene claramente por debajo del pico que alcanzó en octubre de 2009 (2).

3.8

Pese a que en el Plan Europeo de Recuperación Económica de 2008, elaborado bajo los efectos de la conmoción que produjo el rápido deterioro de la economía tras la quiebra de Lehman Brothers, se reconocía la necesidad de reforzar activamente la demanda interna y regular los mercados, la política económica volvió a recuperar con celeridad su rumbo habitual. La advertencia que el CESE también formuló en numerosas ocasiones de que Europa debía salir de la crisis mediante el crecimiento y no podía sumirse en otra crisis por causa de la austeridad, cayó en saco roto y entretanto ha cobrado cuerpo la tan temida doble recesión.

3.9

En primer lugar, el fracaso de la política económica europea tiene que ver con el hecho de que no se haya logrado estabilizar a los mercados financieros. La alta volatilidad, unos diferenciales (spreads) elevados, así como unos tipos de interés a largo plazo excesivos y la acusada propensión por parte de los bancos a retener activos líquidos demuestran que, pese a los importantes pasos dados hacia una unión bancaria, la capacidad de funcionamiento del sistema financiero sigue sin haberse recuperado totalmente. Las incertidumbres que de ello se derivan para las empresas y los consumidores suponen, por su parte, un freno a las oportunidades de crecimiento.

3.10

En segundo lugar, la política económica no ha logrado contrarrestar la falta de demanda interna y externa. El endurecimiento evidente de las normas de la política presupuestaria de los Estados miembros, junto con el giro que se ha dado en todos los países hacia una política presupuestaria restrictiva –demasiado pronto, de forma demasiado radical y, por si fuera poco, simultánea en todos los países–, han contribuido a lastrar todos los componentes fundamentales de la demanda interna. Y si los socios comerciales más importantes, es decir, los otros Estados miembros, se hallan inmersos simultáneamente en una política de austeridad, resulta obvio que los impulsos de crecimiento propiciados por la demanda exterior tendrán un alcance limitado. La reducción por lado y lado de las posibilidades de exportación contribuye también a frenar la demanda interna.

3.11

La combinación actual de políticas macroeconómicas es desequilibrada, ya que pasa por alto tanto el lado de la demanda como los aspectos distributivos. Consiste en seguir aplicando la misma receta política que condujo al fracaso de la Estrategia de Lisboa por no prestar atención a la escasa demanda interna en grandes Estados miembros fundamentales ni a la creciente desigualdad distributiva. Esta política se centra de forma unilateral en el saneamiento presupuestario y en la estrategia de reducir costes para incrementar la competitividad de los precios. El Comité acoge con satisfacción la petición de la Comisión en favor de un saneamiento presupuestario que favorezca el crecimiento, tal como se destaca también en otros documentos posteriores de la CE como el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2013 (3). No obstante, esta exigencia parece existir solo sobre el papel, ya que hasta ahora los datos empíricos no aportan ninguna prueba de que se esté llevando a la práctica.

3.12

La política económica a escala europea no ha logrado adoptar medidas que, en el marco de un programa creíble de expansión, hagan posible la reducción simultánea de la deuda pública y del desempleo. Los recortes notables del gasto público, en particular el relacionado con el Estado del bienestar, así como el aumento de los impuestos indiscriminados ya han tenido consecuencias devastadoras para unas economías de todas maneras ya en recesión. Los ingresos disponibles se reducen y, por tanto, también la demanda por parte de los consumidores, la producción y el empleo. De este modo, la política de austeridad lastra los ingresos fiscales en mayor medida de lo que se había supuesto en un principio, tal y como ha tenido que admitir también el FMI en sus pronósticos más recientes (4). Esta circunstancia agrava aún más la recesión, lo que en última instancia ha generado déficits presupuestarios más elevados: un círculo vicioso, cuyo final está aún muy lejos de vislumbrarse. Los elevados costes sociales y económicos pueden percibirse en forma de un aumento drástico del desempleo.

3.13

Es obvio que debido a los costes de la ayuda prestada a los bancos, a las medidas de recuperación económica, y, en algunos países, a la explosión de las burbujas inmobiliaria y de la construcción, cada país tendrá que seguir diferentes trayectorias de saneamiento, con distintas características, para garantizar la sostenibilidad de las haciendas públicas. No obstante, el CESE advierte de que los programas de reducción de la deuda pública deberían elaborarse de manera compatible con los objetivos de recuperación económica, sociales y de empleo que se establecen en la Estrategia Europa 2020. El crecimiento y el empleo son factores centrales para que el saneamiento dé frutos, mientras que, por el contrario, las medidas de ahorro radicales, además de producir una profunda fractura social, pueden incluso incrementar el ratio de la deuda.

3.14

Aun cuando en el presente dictamen el Comité se centrará sobre todo en aspectos de la combinación de políticas macroeconómicas, ello no debe minimizar la importancia de las reformas estructurales. Unas reformas estructurales que sean aceptables socialmente deben contribuir a reforzar la demanda y la capacidad de rendimiento de la economía; por ejemplo, en el ámbito del sistema tributario, el suministro de energía, la administración, la educación, la salud, la vivienda, el transporte y las pensiones, para lo cual habrá que tener en cuenta las diferencias de competitividad entre los distintos países.

3.15

También la política estructural y regional debería orientar su acción a incrementar la productividad con objeto de impulsar la modernización o el desarrollo de una economía industrial y de servicios sostenible. Por lo general, se ha constatado que los países con una mayor presencia industrial en el conjunto de la economía se han visto menos afectados por la crisis, lo que apunta a que deberían elaborarse las estrategias de industrialización correspondientes.

3.16

Por otra parte, el Comité quisiera ampliar la interpretación dominante –en muchos casos demasiado restringida–, del concepto de «reforma estructural». Cuando se piden reformas estructurales, debería pensarse también, por ejemplo, en la estructura de la regulación del mercado financiero, la estructura de la coordinación del sistema tributario y la estructura de los gastos e ingresos públicos.

4.1.1

El CESE comparte la opinión de la Comisión que destaca la importancia de la estabilización y de un correcto funcionamiento del sistema financiero, ya que la condición básica para solventar con éxito las crisis y evitarlas es que los márgenes de acción de la política económica no se vean obstaculizados y anulados por la especulación en los mercados financieros. De aquí se desprende la necesidad de una estructura de supervisión clara y eficiente y una regulación más estricta de estos mercados (en la que participe el sistema bancario paralelo), de los que proceden riesgos de desestabilización mayores que los que puede acarrear la falta de competitividad. Para evitar la elusión de las disposiciones, las medidas correspondientes deberían coordinarse en el marco del G-20. Los mercados financieros tienen que reducirse a dimensiones razonables. Deben volver a estar al servicio de la economía real y no pueden entrar en competencia con esta (5).

4.1.2

Para reducir los costes de financiación de los Estados en crisis, incrementados artificialmente por la especulación, debe tenderse, por un lado, a disminuir la dependencia de las agencias de calificación crediticia privadas. Por otro, una red de seguridad solidaria y creíble, que siente sus fundamentos en una confianza merecida, podría garantizar que la especulación contra los países con problemas carece de perspectivas de éxito y, de este modo, evitarla. Recientemente se han dado algunos pasos importantes en este sentido: nuevo programa del BCE para adquirir bonos del Estado, entrada en vigor definitiva y plena capacidad de funcionamiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), etcétera. La emisión de obligaciones europeas conjuntas podría contribuir, bajo las condiciones marco oportunas, a aliviar la situación presupuestaria de los países en crisis (6).

4.1.3

El Comité destaca la necesidad de suprimir el vínculo entre la banca comercial y el endeudamiento público. Además, debe invertirse de nuevo la fragmentación y la renacionalización de los mercados financieros mediante la estabilización de este sector. Asimismo, la intensificación de los esfuerzos con vistas a una unión bancaria, unida a instrumentos eficaces de rescate y resolución de entidades de crédito a nivel europeo y nacional (7), podría contribuir a esta estabilización.

4.2.1

Un saneamiento presupuestario sostenible no debe buscar únicamente equilibrar los efectos en la oferta y los efectos en la demanda, sino que debe restaurar también el equilibrio entre ingresos y gastos. En muchos países el factor trabajo sufre una presión desproporcionada. Conviene entablar una reflexión general no solo sobre el gasto sino también sobre el conjunto del sistema fiscal en la que se tengan en cuenta las cuestiones relativas a la equidad distributiva entre los diferentes tipos de ingresos y patrimonios. En este orden de cosas, también deberá exigirse una contribución proporcionada a aquellos que se hayan aprovechado en mayor medida de la deriva de los mercados financieros y de las operaciones de rescate bancario financiadas con fondos públicos a expensas de los contribuyentes.

4.2.2

Por lo que respecta a los ingresos existe una serie de principios de acción que permitirían reforzar, tal como es necesario, la base impositiva: la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras (que el Comité defiende desde hace tiempo (8)), impuestos medioambientales y energéticos (9), la supresión de los paraísos fiscales, una lucha sin cuartel contra la evasión fiscal, la imposición a las grandes fortunas, bienes inmuebles y sucesiones, la imposición de la banca para internalizar los costes externos (10), y la armonización de las bases impositivas y los regímenes fiscales para luchar contra las distorsiones de la competencia en el interior de la Unión, en lugar de propiciar la erosión de los ingresos públicos mediante una carrera por la reducción de los impuestos. A menudo se pasa por alto el hecho de que un marco presupuestario integrado («unión fiscal») engloba también el lado de los ingresos y no se refiere únicamente al gasto público.

4.2.3

En algunos Estados miembros también es necesario aumentar considerablemente la eficiencia del sistema de recaudación tributaria.

4.2.4

El enfoque tradicional del saneamiento presupuestario consiste en reducir el gasto público. No obstante, el dogma de que recortar el gasto sea una senda más prometedora que el aumento de los ingresos aún no ha sido corroborado por los hechos. La experiencia real de los países en crisis, como Grecia, demuestra que las esperanzas puestas en los denominados «efectos no keynesianos» eran injustificadas, puesto que, cuando la demanda interna del conjunto de la unión monetaria es débil arrastrada por las políticas de austeridad, los recortes del gasto no producen un incremento de la inversión privada (crowding in) impulsado por un aumento de la confianza. Por lo demás, los recortes del gasto –por ejemplo, en los sistemas de protección social o en los servicios públicos–, son por lo general regresivos, agudizan la desigualdad distributiva y frenan el consumo. Con todo, existen también márgenes de maniobra para recortar determinadas tareas improductivas, por ejemplo en el ámbito del armamento.

4.2.5

En lugar de ello, la política debería aprovechar las grandes diferencias de los multiplicadores de los ingresos y del empleo de las distintas medidas presupuestarias. Los multiplicadores de las medidas fiscales son, según prácticamente todas las investigaciones realizadas, inferiores a los de las medidas que se centran en el gasto. Una política orientada específicamente a aumentar los ingresos públicos podría así liberar los fondos que se necesitan urgentemente, por ejemplo, para los programas de empleo, en particular los destinados a los jóvenes.

4.2.6

Una redistribución de estas características, neutra desde el punto de vista del saldo presupuestario, crearía inmediatamente empleo y demanda, sin lastrar los presupuestos públicos. Junto a las repercusiones positivas en la economía nacional, este tipo de medidas, sobre todo si se adoptan en los países con superávit, darían también un impulso expansivo a toda la unión monetaria, ya que fomentarían las importaciones.

4.2.7

La coordinación a escala de la UE de dichas medidas expansivas sería todavía mucho más eficaz, dado que para la zona del euro la cuota de importación en su conjunto (también respecto de terceros países) es considerablemente más baja que si se considera en cada economía nacional por separado.

4.3.1

Cuando en un Estado miembro se da una situación de baja productividad que genera problemas de financiación publica y privada, es preciso observar la evolución de la balanza por cuenta corriente y de sus componentes para poder reaccionar o actuar a tiempo. Con todo, al eliminar los desequilibrios de la balanza comercial deberá velarse por la simetría: las exportaciones de un país son importaciones de otro. En consecuencia, la eliminación del desequilibrio puede realizarse no solo mediante una reducción en los países con déficit, sino que también debe exigirse a los países con superávit que estimulen las importaciones reforzando su demanda interna.

4.3.2

Desde una perspectiva europea, constituye una excepción en particular el sector de la energía, en el que de hecho todos los Estados miembros registran déficits comerciales considerables (11). La transformación ecológica del mercado interior europeo debería reducir la dependencia de las importaciones de energía fósil mediante la utilización intraeuropea de fuentes propias de energías renovables. Por otra parte, en la periferia meridional existen, precisamente en el sector de la energía solar, posibilidades de mejorar también los saldos comerciales intraeuropeos.

4.3.3

Al intentar reducir los déficits de comercio exterior se suele hacer demasiado hincapié en el papel de la competitividad de los precios. Centrarse exclusivamente en la competitividad de los precios sería peligroso: aplicar el «modelo alemán» (contención salarial para fomentar las exportaciones o reducción de las importaciones) como receta para todos los países simultáneamente solo puede conducir a una espiral descendente (race to the bottom) en una gran parte del comercio interior de la zona del euro.

4.3.4

Muchas veces se considera que la distinta evolución de los costes salariales es una de las causas centrales de la crisis y que de ahí se derivan las exigencias para reducir dichos costes. Independientemente de los efectos redistributivos que puede tener la disminución de la parte correspondiente a los salarios –efectos que entrañan graves consecuencias y que actúan lastrando la demanda–, también se dejan de lado otros factores de costes importantes (costes de energía, materias primas y financiación) (12).

4.3.5

Así, por ejemplo, antes de la crisis, en España, Portugal y Grecia los costes salariales unitarios reales habían disminuido entre 2000 y 2007 (13). Aparentemente, el excesivo incremento nominal de los beneficios ha influido tanto como el incremento nominal de los salarios en el empuje al alza de los precios.

4.3.6

Casi un 90 % de la demanda agregada en la UE procede todavía de los Estados miembros de la Unión. Por lo tanto, en lo que respecta a la evolución de los salarios, el CESE reitera la opinión que ya expresó en su dictamen sobre el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2011: «En la gestión de la crisis, resulta esencial contar con políticas salariales adecuadas. Desde un punto de vista macroeconómico, mantener los aumentos salariales a la par del crecimiento de la productividad y centrados en el conjunto de la economía nacional permitirá asegurar un equilibrio adecuado entre un crecimiento suficiente de la demanda y la competitividad de los precios. Por este motivo, los interlocutores sociales deberán procurar evitar la contención salarial como propugnan las políticas proteccionistas y en su lugar orientar la política salarial hacia la productividad» (14).

4.3.7

Por lo demás, muchas veces se infravalora la importancia de los factores no relacionados con el precio para la competitividad (15). En este orden de cosas, cabe también remitirse a la definición de «competitividad» elaborada por la Comisión Europea: «la capacidad de la economía para garantizar a la población un nivel de vida cada vez mayor y una tasa de empleo alta sobre bases sostenibles» (16).

4.3.8

La cuenta de ingresos ha adquirido mayor importancia en los países en crisis, sobre todo por el fuerte aumento de los tipos de interés nacionales. Por consiguiente el análisis de los desequilibrios no puede limitarse a la evolución de la balanza comercial.

4.4.1

El modelo social europeo constituye una ventaja comparativa de Europa en la competencia mundial, puesto que el Estado del bienestar contribuye también al progreso económico, si los resultados de la economía, por un lado, y la equidad social, por otro, no son considerados contrapuestos sino que se conciben como factores que se refuerzan entre sí.

4.4.2

En Europa los estabilizadores automáticos de los sistemas de seguridad social han contribuido a paliar los efectos de la crisis, han sostenido la demanda y han evitado que el continente se deslizara hacia una depresión como la de los años treinta del siglo pasado. Los sistemas de seguridad social tienen también mucha importancia en el plano psicológico, puesto que reducen el ahorro del miedo y, de este modo, estabilizan el consumo.

4.4.3

En algunos países donde funciona eficazmente el diálogo social (como Austria, Alemania y Suecia) los interlocutores sociales han contribuido notablemente a amortiguar el inquietante incremento del desempleo derivado de la contracción de la producción. En efecto, además del apoyo prestado mediante medidas de política social y económica, los acuerdos alcanzados por los interlocutores sociales en las diferentes empresas y sectores también contribuyeron a mantener los contratos de trabajo existentes (por ejemplo, trabajo a tiempo parcial, eliminación de las horas extraordinarias, utilización de los derechos de vacaciones, licencias de estudio, etcétera). Estas experiencias deberían tenerse en cuenta en la nueva formulación de las orientaciones y en los informes nacionales anuales.

4.4.4

Se insta a los gobiernos europeos a que refuercen el papel de los interlocutores sociales en el nivel europeo y nacional. Debería prestárseles apoyo para que redoblen los esfuerzos en favor de una coordinación europea de la política salarial. A ello habría que añadir una mayor apreciación del diálogo macroeconómico, que se debería entablar igualmente para la zona del euro.

4.4.5

En cualquier caso, la autonomía de los interlocutores sociales deberá mantenerse también durante la crisis: la política salarial debe configurarse en un marco de libertad de negociación de las organizaciones representativas de los empresarios y trabajadores con capacidad de negociación colectiva. Es inadmisible y debe rechazarse que los gobiernos establezcan los objetivos de los convenios colectivos, y mucho más que impongan recortes salariales (17).

4.4.6

Además de los interlocutores sociales, también hay que encomiar el importante papel de las demás organizaciones representativas de la sociedad civil, por ejemplo las organizaciones de consumidores. En particular en tiempos de crisis, son indispensables como portavoces de los ciudadanos y socios en el diálogo civil.

4.4.7

Los cambios y las reformas necesarios solo tendrán posibilidades de éxito si se establece una relación equilibrada entre los objetivos económicos y sociales y el reparto de las cargas se percibe como equitativo (entre países, grupos de rentas, capital y trabajo, sectores, diferentes grupos de población, etcétera). La justicia y el equilibrio sociales son una condición indispensable para la aceptación de las medidas de saneamiento, ya que, de otro modo, se pondrá en peligro la cohesión social, y el populismo y las actitudes contrarias a la Unión Europa experimentarán un auge amenazador. En este orden de cosas, el Comité reitera encarecidamente su recomendación de que los interlocutores sociales y el resto de las organizaciones representativas de la sociedad civil participen lo más temprana y ampliamente posible en la formulación de las políticas.