2.3.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 62/1

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defiende ardientemente, a la vista de las negociaciones en curso sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP), que la política de cohesión necesita tanto un gasto efectivo como un presupuesto sólido; por lo tanto, insta a los Estados miembros a reconsiderar las restricciones presupuestarias y a mantener como mínimo el nivel actual de financiación;

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apoya firmemente al equipo negociador de la Comisión de Desarrollo Regional en el proceso de «diálogo a tres bandas»; recuerda algunas posiciones clave compartidas con el Parlamento Europeo, como las «regiones de transición», el equilibrio entre la Estrategia Europa 2020 y los objetivos del Tratado, la participación efectiva de los entes locales y regionales, así como el rechazo de la condicionalidad macroeconómica y de una reserva de eficacia; espera, por tanto, que se puedan mantener en el paquete final;

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aboga por la plena aplicación del principio de gobernanza multinivel y por una mayor implicación de los entes locales y regionales en la creación de los futuros acuerdos de asociación y programas operativos; apoya la propuesta de la Comisión Europea de elaborar un Código de Conducta Europeo sobre la Asociación (CCEA); por ello lamenta profundamente que el Consejo rechace esta herramienta, y pide a los Estados miembros reacios que reconsideren su posición, ya que ello envía una señal negativa respecto de su voluntad de cooperar con socios legítimos;

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apoya una mayor obligación democrática de rendir cuentas y considera que el Consejo debería discutir una serie de cuestiones financieras –como el método de asignación de los fondos a nivel nacional y regional, el tipo de nivelación, la red de seguridad, etc.– en el marco de las negociaciones sobre el paquete legislativo sobre la política de cohesión y no en el del MFP, de modo que el Parlamento Europeo pueda participar adecuadamente en estas discusiones y el Comité de las Regiones sea consultado;

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lamenta una vez más que el PIB y el PNB (y, en menor medida, la cifra de personas en paro) sean los únicos criterios utilizados para determinar el nivel de asignación de Fondos Estructurales en una región y destaca que deben utilizarse indicadores complementarios para poder evaluar mejor las necesidades y los retos sociales y medioambientales.

Ponente

Marek WOŹNIAK (PL/PPE), Presidente del Voivodato de la región de Gran Polonia

1.

adopta una resolución política respecto de las actuales negociaciones interinstitucionales relativas al Paquete legislativo sobre la política de cohesión posterior a 2013, teniendo en cuenta sus primeras posiciones adoptadas entre febrero y julio de 2012 y en respuesta a los recientes debates y a las posiciones adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo;

2.

defiende ardientemente, a la vista de las negociaciones en curso sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP), que la política de cohesión es una política de inversión que necesita tanto un gasto efectivo como un presupuesto sólido que no se puede recortar si se quiere estimular el crecimiento y el empleo y aumentar la competitividad y la lucha contra las disparidades territoriales en las regiones de la UE y entre ellas, especialmente en tiempos de crisis. Debido a su importancia fundamental para afrontar la crisis económica y los retos de la Estrategia Europa 2020, la política de cohesión no puede sufrir recortes en su dotación por valor de 19 000 millones de euros (respecto de la propuesta de la Comisión) mientras se mantiene o incluso se eleva el gasto en otras políticas de la Unión Europea, tal como se propone en el proyecto de conclusiones del Consejo de 22 de noviembre de 2012;

3.

expresa su enorme satisfacción por los mandatos adoptados por la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo los días 11 y 12 de julio de 2012, que en gran medida se hacen eco de las peticiones de los entes locales y regionales tal como han sido recogidas y adoptadas en los dictámenes del Comité de las Regiones; no obstante, lamenta que las cuestiones fundamentales relativas a la propuesta de Reglamento relativo al FSE no hayan sido tomadas en cuenta en el proyecto de informe aprobado por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales el 5 de julio de 2012;

4.

valora la evolución positiva hacia la simplificación propuesta por el proyecto de paquete legislativo de la Comisión Europea y celebra lo dispuesto en las normas financieras aplicables al presupuesto general de la UE recientemente aprobadas, tales como el uso de tipos fijos, las cantidades a tanto alzado y unos plazos de pago más cortos; insiste en tener un programa aún más ambicioso a nivel de los Estados miembros para simplificar el acceso a los procedimientos de los fondos de la UE, las normas de contratación pública nacionales y de la UE y los mecanismos de control y de presentación de informes;

5.

apoya firmemente al equipo negociador de la Comisión de Desarrollo Regional en el proceso de «diálogo a tres bandas»; recuerda algunas posiciones clave compartidas con el Parlamento Europeo sobre las cuestiones siguientes, y espera que se puedan mantener en el paquete final:

6.

subraya la necesidad de adoptar el paquete legislativo lo antes posible tras la adopción del Marco Financiero Plurianual (MFP); recuerda la gravedad de la crisis económica y social a que se enfrenta la UE, lo que hace especialmente urgente que la puesta en práctica de los contratos de asociación y los programas operativos dé comienzo en 2014, puesto que éste es el único modo de suministrar fondos europeos esenciales para la inversión y las reformas estructurales en los Estados miembros, las regiones y las ciudades;

7.

recuerda que el debate sobre el proyecto de Reglamento relativo a la AECT debe distinguirse del paquete legislativo general sobre la política de cohesión e insiste en la importancia de adoptar cuanto antes este Reglamento específico, que no tiene implicaciones particulares para el presupuesto de la UE, sin esperar a la aprobación del paquete legislativo completo. Ello permitiría que el Reglamento entrase en vigor rápidamente, dando un nuevo impulso a la creación de nuevos proyectos de AECT en un marco jurídico seguro;

8.

recuerda que los entes locales y regionales son plenamente conscientes de la necesidad de mejorar los resultados de la política de cohesión, mediante una mejor programación y gasto de los Fondos Estructurales, en particular en el actual contexto de crisis económica y limitaciones financieras;

9.

considera inaceptable un Marco Financiero Plurianual (MFP) con una dotación inferior a la propuesta por la Comisión Europea, puesto que produciría un debilitamiento de la economía y de la competitividad de la Unión Europea y del conjunto del mercado único cuando más necesaria es su fortaleza. Por ello, tal como se recoge en la resolución del Comité de las Regiones sobre las negociaciones en curso sobre el MFP (1), reitera su petición de un presupuesto plurianual de la UE creíble como instrumento de inversión en beneficio de todos los Estados miembros y las regiones de la UE que tenga, como mínimo, el mismo nivel en términos de créditos de compromiso en porcentaje de la RNB que el acordado para el actual período de programación 2007-2013;

10.

sin embargo, considera inaceptable la propuesta de la Presidencia chipriota de 29 de octubre de 2012 de reducir el presupuesto destinado a la política de cohesión posterior a 2013. Por lo tanto, insta a los Estados miembros a reconsiderar las restricciones presupuestarias y a mantener como mínimo el nivel actual de financiación;

11.

reafirma la necesidad de mantener una política de cohesión fuerte y ambiciosa a nivel de la UE, con el fin de respetar los objetivos del Tratado respecto de la cohesión económica, social y territorial, así como el compromiso colectivo de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020; una reducción de más de 10 000 millones de euros –como propone la Presidencia del Consejo– ampliaría las diferencias entre los territorios y regiones más desarrollados y los menos desarrollados, así como las diferencias de ingresos entre ciudadanos;

12.

insiste en el hecho de que los recortes en la financiación de la política de cohesión podrían afectar negativamente al desarrollo del mercado único y a la capacidad de inversión de los entes locales y regionales en ámbitos cruciales para el futuro de Europa, como la investigación, la innovación, la educación, el apoyo a las PYME, la economía ecológica y las infraestructuras, que son componentes clave de la creación de empleo en el futuro; considera que, en un período de crisis económica y social como el actual, los recortes presupuestarios pondrán en peligro las inversiones a largo plazo y el futuro crecimiento sostenible de Europa y su papel en el mundo;

13.

recuerda que, por primera vez, los textos legales que rigen la política de cohesión se adoptarán con arreglo al procedimiento legislativo de codecisión, según lo dispuesto en el Tratado de Lisboa, lo que sitúa en pie de igualdad a los Estados miembros y al Parlamento Europeo;

14.

por lo tanto, considera que el Consejo debería discutir una serie de cuestiones financieras –como el método de asignación de los fondos a nivel nacional y regional, el tipo de nivelación, la red de seguridad, etc.– en el marco de las negociaciones sobre el paquete legislativo sobre la política de cohesión y no en el del MFP; como ya dijo en su dictamen sobre «El nuevo Marco Financiero Plurianual posterior a 2013» (2), critica el hecho de que los temas antes mencionados estén incluidos en el marco de negociación del Consejo y considera que, en cuanto que pertenecientes a un ámbito de codecisión, deberían ser discutidos en el Consejo de Asuntos Generales. Por otra parte, el Parlamento Europeo debe participar adecuadamente en estas discusiones junto con el Consejo, y el Comité de las Regiones debe ser consultado a fin de garantizar la obligación democrática efectiva de rendir cuentas; recuerda que el CDR se reserva la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la Comisión Europea no presenta una propuesta legislativa sobre la que el Comité pueda pronunciarse;

15.

lamenta una vez más que el PIB y el PNB (y, en menor medida, la cifra de personas en paro) sean los únicos criterios utilizados para determinar el nivel de asignación de Fondos Estructurales en una región; por lo tanto, acoge positivamente la propuesta de incrementar el impacto del número de personas desempleadas en las regiones menos desarrolladas y de transición, tal como se indica en el proyecto de conclusiones del Consejo Europeo (versión de 22 de noviembre de 2012), para contrarrestar el peso del PIB dentro del método de asignación y tener mejor en cuenta la dimensión social de la cohesión. Sugiere, al mismo tiempo, que a la hora de determinar la asignación de Fondos Estructurales, se tengan en cuenta otros indicadores demográficos adicionales tales como, por ejemplo, la tasa de dependencia demográfica a nivel de los Estados miembros;

16.

como ya ha dicho (3), destaca que deben utilizarse indicadores complementarios para poder evaluar mejor las necesidades y los retos sociales y medioambientales (como la accesibilidad de los servicios públicos, la salud, la renta per cápita, la movilidad y un medio ambiente limpio). La distribución de estos indicadores a nivel subregional (coeficiente de GINI) podría integrarse en el método de asignación de los fondos, con el fin de evaluar mejor los retos de la cohesión territorial;

17.

considera que, a fin de tener en cuenta las tendencias del desarrollo regional, la evolución del PIB por habitante durante el período de referencia (sobre la base de los datos de la Unión disponibles para el último período de tres años) deberá integrarse en el futuro método de asignación de los Fondos. De esta manera, mediante un enfoque más flexible, las ayudas también se podrían dirigir a las regiones que se enfrentan a una disminución de la actividad económica;

18.

pide que en la lista de criterios utilizados por los Estados miembros para la asignación de recursos se añadan las «desventajas naturales o demográficas graves y permanentes»; recuerda en particular que los criterios demográficos, como la dispersión de la población, la despoblación en determinadas zonas de las regiones o el envejecimiento demográfico, tienen un fuerte impacto en el desarrollo económico y en el coste de los servicios públicos; felicita al Parlamento Europeo por su apoyo en este asunto y pide al Consejo que se alinee con la posición del Parlamento;

19.

con independencia del método que se elija, reafirma los siguientes principios:

20.

considera que el principio de adicionalidad es fundamental para la eficacia de la política de cohesión, sin el cual todos los esfuerzos realizados por la política regional europea pueden devenir inútiles;

21.

le preocupa especialmente que la Presidencia del Consejo mantenga como período de análisis para sus propuestas sobre las regiones el trienio 2007-2009. En una época de crisis como la actual, los cálculos de riqueza relativa de las regiones medidos en dicho periodo falsean la realidad por cuanto se basan, todavía, en años de crecimiento económico, perjudicando especialmente a las regiones en las que la crisis está teniendo un mayor impacto. En este sentido el Comité acoge favorablemente la introducción de la cláusula de revisión en 2016, si bien propone, así mismo, un apoyo especial, más allá de la red de seguridad, que compense a aquellas regiones cuyo deterioro de su riqueza relativa debido a la situación de crisis las sitúe en posiciones de partida desfavorables en relación con el resto de las regiones de su categoría;

22.

apoya el tipo de nivelación propuesto en el marco de negociación sobre el MFP (2,5 %) del 18 de septiembre de 2012, que tiene en cuenta la recuperación del retraso de los Estados miembros de la UE-12 y las dificultades de absorción a que se enfrentan algunos Estados miembros en el período de programación actual; por lo tanto, rechaza la reducción propuesta en el proyecto de conclusiones del Consejo Europeo de 22 de noviembre de 2012 (2,35 %); sin embargo, considera la posibilidad de garantizar, para los Estados miembros adheridos a la Unión antes de 2013 y cuyo crecimiento medio real del PIB haya sido inferior a -1 % durante el período 2008-2010, un tipo de nivelación que permita un nivel de compromisos similar al del período 2007-2013.

23.

apoya la propuesta de la Comisión relativa a una «red de seguridad», para las regiones que ya no están cubiertas por el objetivo de convergencia, que sea igual, como mínimo, a dos tercios de su asignación actual; por lo tanto, lamenta que las últimas propuestas de la Presidencia del Consejo Europeo reduzcan la «red de seguridad» por debajo de este nivel;

24.

acoge con satisfacción la reciente supresión de la «prima urbana» en los documentos de la Presidencia del Consejo relativos al marco de negociación sobre el Marco Financiero Plurianual, que consistía en la asignación de cuatro euros por habitante que viviese en una ciudad de 250 000 o más habitantes. Esta prima habría dado una ventaja financiera a las regiones más urbanizadas, aunque las diferencias de desarrollo entre las zonas rurales y las urbanas sigue siendo muy alta;

25.

apoya firmemente la propuesta de la Comisión de aumentar la asignación para la cooperación territorial europea (CTE) a 11 800 millones de euros, en lugar de los 8 700 millones del período de programación actual; recuerda el valor añadido de la CTE para la integración europea y la cohesión territorial, gracias a la minimización de los efectos negativos de las fronteras, a la mejora de la eficiencia de las políticas, a la mejora de la calidad de vida, al fortalecimiento de la creación de capacidades, así como al fomento de la confianza y la comprensión mutua; por lo tanto, lamenta el recorte de 3 000 millones propuesto en el proyecto de conclusiones del Consejo Europeo de 22 de noviembre, así como que haya vuelto a incluirse el requisito de los 150 km para la existencia de cooperación transfronteriza en el caso de las fronteras marítimas; no obstante, se felicita de que el proyecto de conclusiones del Consejo Europeo se atenga a la petición del CDR y a la posición del PE sobre la necesidad de aumentar al 85 % la tasa de cofinanciación para los programas de CTE;

26.

reafirma su firme oposición a la condicionalidad macroeconómica, en particular, a la suspensión o cancelación de los fondos del MEC relacionados con las sanciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que se corre el riesgo de penalizar fuertemente a los entes regionales y locales que no son responsables del incumplimiento de estos requisitos por parte de sus Estados miembros;

27.

acoge con satisfacción el apoyo del Parlamento Europeo en esta materia y espera que el equipo de negociación tenga éxito –en el diálogo a tres bandas– a la hora de convencer a los Estados miembros para que retiren todas las medidas vinculadas a la condicionalidad macroeconómica en el Reglamento que establece las disposiciones comunes;

28.

reafirma su apoyo a la vinculación parcial de los fondos del MEC y la nueva gobernanza económica de la UE, al abrir la posibilidad de modificar los contratos de asociación y los programas operativos sobre la base de las recomendaciones específicas para cada país del Semestre Europeo, pero rechaza firmemente la hipótesis de proceder a la suspensión parcial o total de los pagos;

29.

reitera su rechazo a una «reserva de eficacia» para las regiones de mayor éxito, ya que este mecanismo podría animar a las autoridades a establecer objetivos muy modestos y fácilmente alcanzables con el fin de aprovechar recursos adicionales, lo que podría fomentar el desarrollo de proyectos poco ambiciosos y desalentar la innovación; por lo tanto, apoya la posición del Parlamento Europeo y espera que el Consejo modifique su opinión en este asunto; recuerda su propuesta de creación de una «reserva de flexibilidad» constituida con recursos de liberación automática para financiar iniciativas experimentales, que podría llegar a convertirse en una solución de compromiso entre los dos colegisladores;

30.

está en total conformidad con el planteamiento exigido para el nuevo marco de gestión orientada hacia los resultados y, en consecuencia, con la importancia que se le está dando a la medición de los rendimientos. No obstante, considera necesaria una regulación flexible que permita contextualizar los resultados en las situaciones económicas específicas de cada región; asimismo, reitera su oposición a toda sanción financiera vinculada al marco de eficacia;

31.

aboga por la plena aplicación del principio de gobernanza multinivel y por una mayor implicación de los entes locales y regionales en la preparación, negociación y ejecución de la política de cohesión durante el próximo período de programación;

32.

acoge con satisfacción la propuesta del Parlamento Europeo de poner a los entes locales y regionales en pie de igualdad con los gobiernos nacionales respecto de la elaboración de los «contratos de asociación» y los «programas operativos», con el debido respeto del principio de subsidiariedad;

33.

espera que los entes locales y regionales participen plenamente en el diseño de los «contratos de asociación» con el fin de responder a las necesidades de un enfoque integrado y de abajo hacia arriba para las estrategias de desarrollo regional; pide a los Estados miembros que comiencen a trabajar en la planificación estratégica de la política de cohesión con el fin de estar listos para empezar a programar los fondos del MEC antes del 1 de enero de 2014; en ese sentido, pide a la Comisión Europea que siga de cerca la elaboración de esos contratos, evitando un enfoque sectorial y de arriba hacia abajo para la programación;

34.

por lo tanto, apoya la propuesta de la Comisión Europea de elaborar, por primera vez, un Código de Conducta Europeo sobre la Asociación; lamenta profundamente que el Consejo rechace esta herramienta, que tiene como objetivo mejorar la calidad de las asociaciones en todos los Estados miembros, y pide a los Estados miembros reacios que reconsideren su posición sobre el CCEA, ya que ello envía una señal negativa respecto de su voluntad de cooperar con socios legítimos;

35.

reafirma su apoyo claro a la nueva categoría de «regiones de transición» y apoya al Parlamento Europeo en las actuales negociaciones interinstitucionales; pide a la Presidencia del Consejo que mantenga su posición sobre este asunto hasta el final de las negociaciones, ya que esta nueva categoría responde en parte al objetivo de la cohesión territorial, ofreciendo un apoyo más equitativo a todas las regiones;

36.

acoge con satisfacción la propuesta del Parlamento Europeo de crear otra red de seguridad de cuatro quintas partes de la asignación para 2007-2013 para los «Estados insulares de una única región subvencionables por el Fondo de Cohesión en 2013» y para las «regiones ultraperiféricas» que no pertenecerán ya a la categoría de las regiones menos desarrolladas después de 2013;

37.

recuerda las necesidades y los retos de las regiones ultraperiféricas y de las regiones menos densamente pobladas, y pide que se les asignen unos recursos presupuestarios suficientes y proporcionados con el fin de que puedan alcanzar el objetivo de la cohesión económica, social y territorial, así como una mejor integración en el mercado único; por lo tanto, acoge positivamente el aumento de la intensidad de la ayuda para las regiones ultraperiféricas (de 20 a 30 euros por habitante), tal como se propone en el proyecto de conclusiones del Consejo Europeo de 22 de noviembre de 2012;

38.

insiste en el hecho de que el Tratado de Lisboa ha añadido la cohesión territorial al objetivo político de la cohesión económica y social, y se pregunta por la falta de referencia a esta dimensión territorial, así como a las regiones en proceso de cambio industrial y a las regiones insulares, a las regiones menos densamente pobladas y a las regiones montañosas o ultraperiféricas en el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre el proyecto de Reglamento del FSE;

39.

acoge con satisfacción el enfoque más flexible de la concentración temática en la Estrategia Europa 2020, adoptada por el acuerdo de compromiso entre el Parlamento Europeo y el Consejo; recuerda los principales objetivos políticos del Tratado (cohesión económica, social y territorial) y la necesidad de tener más en cuenta los desafíos y las disparidades nacionales y regionales que han recibido el apoyo de los legisladores;

40.

celebra la ampliación de los objetivos temáticos y las prioridades de inversión según se indica en los textos del Parlamento Europeo sobre el mandato relativo a los proyectos de Reglamentos sobre el FEDER y sobre la CTE, así como en los compromisos adoptados por la Presidencia del Consejo sobre el bloque de la «concentración temática»; sin embargo, subraya la importancia de seguir prestando la máxima atención a las cuestiones relativas a la valorización del patrimonio cultural y del turismo; por otra parte, lamenta que el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre el FSE no proponga ninguna reducción de los porcentajes de concentración propuestos por la Comisión Europea, en contra de lo propuesto por el CDR;

41.

acoge con especial satisfacción la posición del Parlamento Europeo relativa a la ampliación del ámbito de las TIC en todas las regiones para incluir las infraestructuras básicas, pero lamenta el silencio del Consejo sobre esta cuestión; por ello pide a los Estados miembros que reconsideren su posición sobre este asunto, puesto que aún faltan redes de TIC de alta velocidad en muchas zonas rurales remotas e incluso en regiones más desarrolladas;

42.

celebra que el Consejo haya suprimido la concentración temática impuesta por la Comisión Europea en las asignaciones específicas para las regiones ultraperiféricas en el Reglamento sobre el FEDER, y espera que el Parlamento Europeo modifique su mandato negociador en este punto, alineándose con la posición del Consejo, de cara a las actuales negociaciones interinstitucionales;

43.

reitera que los entes locales y regionales son, y deben seguir siendo, los principales actores en la planificación y ejecución de los programas operativos del FSE y, por lo tanto, rechaza la consideración incluida en el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de que los Estados miembros deben seguir siendo los «intermediarios principales» de todas las políticas del FSE dada la importancia de las políticas nacionales de empleo;

44.

reitera su solicitud de que en el Reglamento del FSE se incluya una referencia a las zonas con desventajas naturales y demográficas similar a la recogida en el artículo 10 del proyecto de Reglamento relativo al FEDER, así como a las regiones ultraperiféricas; pone de relieve la necesidad de ampliar la cooperación territorial en el marco del FSE para incluir la cooperación transfronteriza e interregional junto a la cooperación transnacional;

45.

lamenta el recorte presupuestario al programa de ayuda alimentaria para las personas más necesitadas (2 100 en lugar de 2 500 millones de euros) propuesto en las conclusiones del Consejo Europeo de los días 22 y 23 de noviembre; exige una separación clara del programa y del FSE e insiste en una adecuada asignación de recursos transferidos de la rúbrica 2 del MFP (PAC);

46.

acoge con satisfacción y apoya la propuesta de la Presidencia chipriota de crear un «Consejo de Política de Cohesión» de carácter formal, que podría estar «integrado por los Ministros responsables de la política de cohesión»; el CDR ha abogado por una reunión formal de este tipo desde hace mucho tiempo, ya que daría más visibilidad y garantizaría un continuo debate político sobre la política de cohesión; desea participar activamente en los debates políticos de un Consejo de carácter formal, ya que afectará a los intereses de los entes locales y regionales de la UE, que están directamente interesados e involucrados en la aplicación de la política de cohesión sobre el terreno;

47.

lamenta que se siga imponiendo el esfuerzo de la prefinanciación de las inversiones a las autoridades nacionales o regionales que tienen la condición de autoridades de gestión. Esto supone un esfuerzo financiero difícil de asumir en la actual situación de restricciones en los mercados financieros. De imponerse el principio de prefinanciación de las inversiones, la Unión Europea desperdiciaría una oportunidad única para inyectar recursos financieros directamente destinados a impulsar la economía y los cambios estructurales, proporcionando cantidades más importantes de forma anticipada que permitirían la financiación con la cadencia necesaria para empezar a obtener reembolsos;

48.

en cuanto a la reglamentación sobre gestión y control, no está de acuerdo con el tratamiento que se concede al impuesto sobre el valor añadido, dado que se limita su elegibilidad, como coste de las operaciones, a casos muy puntuales que en la mayoría de las regiones imposibilitaría su certificación como gasto subvencionable. Esto supone, en la práctica, una reducción real de la tasa de cofinanciación de los fondos que puede llegar a ser de hasta el 23 %;

49.

está a favor de mantener la regla N+3 en el marco del período de programación 2014-2020;

50.

respalda la subvencionabilidad del IVA para todas las categorías de gasto cuando los beneficiarios no puedan recuperar este impuesto;