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la prescripción del procedimiento: la demandante considera que cuando se adoptó la decisión impugnada ya había expirado el plazo de prescripción de cuatro años fijado en el artículo 3 del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas. Por otro lado, aun cuando se verificase una eventual interrupción de este plazo de prescripción, su duración se ha superado en más del doble sin que se haya adoptado ninguna decisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, párrafo cuarto, del citado Reglamento. Dada la prescripción del derecho de que aquí se trata, la decisión impugnada debe considerarse ilegal y no ejecutable;

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la vulneración del principio de seguridad jurídica: la demandante considera que el hecho de que la Comisión haya dejado transcurrir más de veinte años entre el momento al que se retrotraen las irregularidades invocadas y la fecha de adopción de la decisión final supone el incumplimiento del principio de seguridad jurídica. Este principio fundamental del ordenamiento jurídico de la Unión Europea prevé que toda persona tiene derecho a que las instituciones de la Unión traten sus asuntos en un plazo razonable;

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la vulneración del derecho de defensa: la demandante considera que se ha vulnerado su derecho de defensa, puesto que el transcurso de un lapso superior a los veinte años entre el momento en que se producen las supuestas irregularidades y la adopción de la decisión final la privó de la posibilidad de presentar observaciones en tiempo oportuno, es decir, cuando aún disponía de documentos que podían justificar los gastos considerados no subvencionables por la Comisión.