1)

¿Puede interpretar un tribunal de un Estado miembro la expresión «de las circunstancias resulta», recogida en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 593/2008, en el sentido de que el examen de «las circunstancias que deben tomarse en consideración» a efectos de determinar si es razonable que no se haya prestado el consentimiento, con arreglo a la ley del país en que la parte tenga su residencia habitual, ha de referirse a las circunstancias de la celebración del contrato, al objeto del contrato y a la ejecución del contrato?

2)

¿Puede el tribunal de ese Estado miembro interpretar lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 593/2008 en el sentido de que el tribunal puede apreciar discrecionalmente —habida cuenta del conjunto de circunstancias que concurren en el caso— si, en atención a las circunstancias que deben tomarse en consideración, la prestación de consentimiento a la ley aplicable con arreglo al artículo 10, apartado 1, no era un efecto razonable del comportamiento de la parte?

3)

En el supuesto de que —con arreglo al artículo 10, apartado 2, del Reglamento no 593/2008— cualquiera de las partes se refiera a la ley del país en que tenga su residencia habitual para establecer que no ha dado su consentimiento, ¿debe el tribunal de un Estado miembro tomar en consideración la ley del país de residencia habitual de dicha parte en el sentido de que, en virtud de la ley de ese país, debido a las mencionadas «circunstancias», el consentimiento de esa parte a la ley designada en el contrato no era un comportamiento razonable?

1)

¿Es contraria a lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del Reglamento no 44/2001 la interpretación de un tribunal de un Estado miembro con arreglo a la cual es necesaria la designación de un tribunal preciso, o —habida cuenta de lo establecido en el considerando 14 de dicho Reglamento— es suficiente que de la redacción se deduzca inequívocamente la voluntad o la intención de las partes?