—

En el procedimiento administrativo ante la Comisión las demandantes presentaron una solicitud a ésta para una reducción de la multa a la luz de las «características específicas» a las que se refiere el punto 37 de la Directrices sobre las multas. Los servicios de la Comisión no respondieron a esa solicitud y la Comisión no la examinó en su Decisión. Las demandantes tienen que suponer que los servicios de la Comisión no examinaron su solicitud o bien que no dieron a conocer su apreciación al Comité consultivo y al colegio de Comisarios para su revisión. Como consecuencia no cabe excluir que, si lo hubieran hecho, la multa finalmente impuesta a las demandantes podría haber sido menor. La Comisión infringió así el principio de buena administración y su deber de motivación.

—

las demandantes, que obtienen la mayor parte de sus ingresos de un solo producto (lectores de discos ópticos) diversificaron su actividad empresarial en 2014, el año que la Comisión tomó como año de referencia para calcular el límite del 10 % establecido en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento no 1/2003;

—

las demandantes son las únicas entre las sociedades sancionadas que siguen operando en el mercado de los lectores de discos ópticos y la cuantía de la multa que se les ha impuesto afectará adversamente a su capacidad para atender los clientes en ese mercado de forma apropiada, y

—

las demandantes se encuentran en una situación financiera precaria a la vez que despliegan considerable esfuerzos para superarla.