1)

¿Deben interpretarse el artículo 19 [TUE], apartado 1, párrafo segundo, el artículo 325 TFUE, [apartado 1], el artículo 2, apartado 1, del Convenio PIF (1) y la Decisión 2006/928/CE de la Comisión, (2) en el sentido de que se oponen a la aplicación de una resolución de la Curtea Constituțională (Tribunal Constitucional, Rumanía), mediante la cual se declaró, con carácter retroactivo, la inexistencia de motivos de interrupción del plazo de prescripción, habida cuenta de la jurisprudencia generalizada y reiterada de los órganos jurisdiccionales nacionales, incluido el órgano jurisdiccional supremo, y cuando la aplicación de dicha resolución daría lugar a un riesgo sistémico de impunidad por la reapertura de un número significativo de asuntos penales juzgados con carácter firme y por el pronunciamiento, por la vía de un recurso extraordinario, de una decisión de archivo del procedimiento penal como consecuencia de haber considerado que había operado la prescripción?

2)

El principio de primacía del Derecho de la Unión, en relación con la Decisión 2006/928/CE de la Comisión, y el artículo 49, apartado 1, tercera frase (principio de retroactividad de la Ley penal más favorable), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿se oponen a reexaminar la prescripción de la responsabilidad penal en la fase de ejecución de la pena, por la vía de un recurso extraordinario, en unas circunstancias en las que la interposición de dicho recurso extraordinario es consecuencia de una resolución de la Curtea Constituțională, dictada después de que la sentencia condenatoria hubiera adquirido firmeza, y mediante la cual se refuta una jurisprudencia generalizada y reiterada de los órganos jurisdiccionales nacionales, y si con ello se menoscaban el carácter disuasivo y efectivo de las penas y la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídicas?

3)

El principio de primacía del Derecho de la Unión, en relación con el artículo 53 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿permite aplicar unos niveles nacionales de protección como el del procedimiento principal, garantizados por el Derecho interno del Estado miembro y derivados de los efectos atribuidos a las resoluciones de la Curtea Constituțională, si con ello se menoscaba la aplicación efectiva del Derecho de la Unión Europea en el territorio del Estado miembro?