—

Vista la Posición Común del Consejo (11652/2/2004 — C6-0188/2004),

—

Vista su posición en primera lectura (1) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2003) 0741) (2),

—

Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

—

Visto el artículo 62 de su Reglamento,

—

Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0012/2005),

1.

Aprueba la posición común en su versión modificada;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1)

La Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (3) ha contribuido notablemente a la creación del mercado interior del gas. Ahora es necesario introducir cambios estructurales en el marco normativo para afrontar las barreras que siguen obstaculizando la plena realización del mercado interior, en especial en lo que respecta al comercio del gas. Se requieren normas técnicas adicionales, en particular relativas a los servicios de acceso de terceros, los principios del mecanismo de asignación de capacidad, los procedimientos de gestión de la congestión y los requisitos de transparencia.

(2)

La experiencia adquirida en la aplicación y el control del primer conjunto de directrices de buenas prácticas adoptado en el año 2002 por el Foro Europeo de la Regulación del Gas (en lo sucesivo el Foro) demuestra que, para garantizar la plena aplicación de las normas establecidas en las directrices en todos los Estados miembros y con el fin de ofrecer en la práctica una garantía mínima de igualdad de condiciones de acceso al mercado, es necesario establecer su obligatoriedad jurídica.

(3)

El segundo conjunto de normas comunes, denominadas las «Segundas Directrices de Buenas Prácticas», se adoptó en la reunión del Foro de los días 24 y 25 de septiembre de 2003 y el propósito del presente Reglamento es establecer, con arreglo a las Segundas Directrices de Buenas Prácticas, los principios y las normas básicas sobre el acceso a las redes y los servicios de acceso de terceros, la gestión de la congestión, la transparencia, el balance y el comercio de derechos de capacidad.

(4)

El artículo 15 de la Directiva 2003/55/CE permite un gestor combinado de las redes de transporte y distribución. Por lo tanto, las normas establecidas en el presente Reglamento no hacen necesario modificar la organización de las redes nacionales de transporte y distribución que sean compatibles con las disposiciones de la Directiva 2003/55/CE y, en particular, con su artículo 15.

(5)

Los gasoductos de alta presión que conectan los distribuidores locales a la red de gas y que no se utilizan principalmente en el contexto de la distribución local están incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(6)

Es necesario precisar los criterios de fijación de las tarifas de acceso a la red, para garantizar que cumplen plenamente el principio de no discriminación y que responden a las necesidades del correcto funcionamiento del mercado interior, que tienen plenamente en cuenta la integridad del sistema y que reflejan los costes reales incurridos, en la medida en que dichos costes correspondan a los de un gestor eficiente de redes y estructuralmente comparable y sean transparentes, incluyendo al mismo tiempo una rentabilidad adecuada de las inversiones, y teniendo en cuenta, cuando proceda, la evaluación comparativa de las tarifas efectuada por las autoridades reguladoras.

(7)

En el cálculo de las tarifas de acceso a la red es importante tener en cuenta los costes reales incurridos, en la medida en que dichos costes correspondan a los de un gestor eficiente de redes y estructuralmente comparable y sean transparentes, así como la necesidad de proporcionar una rentabilidad adecuada a las inversiones e incentivos para la construcción de nuevas infraestructuras. A este respecto, y en particular si existe una competencia efectiva entre gasoductos, será de importante consideración el establecimiento de criterios de evaluación comparativa entre las tarifas por parte de las autoridades reguladoras .

(8)

El uso de acuerdos basados en el mercado, tales como subastas, para establecer las tarifas debe ser compatible con lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE.

(9)

Es necesario un conjunto mínimo de servicios de acceso de terceros para ofrecer en la práctica un nivel de acceso mínimo común en el conjunto de la Comunidad, para garantizar que los servicios de acceso de terceros son suficientemente compatibles y para aprovechar las ventajas derivadas del correcto funcionamiento del mercado interior del gas.

(10)

Las referencias a los contratos de transporte armonizados en el contexto de un acceso no discriminatorio a la red de los gestores de redes de transporte no implican que los términos y condiciones de los contratos de transporte de un gestor de red de transporte particular en un Estado miembro deban ser iguales a los de otro gestor de red de transporte en ese o en otro Estado miembro, a menos que se fijen requisitos mínimos que deban satisfacer todos los contratos de transporte.

(11)

La gestión de la congestión contractual de las redes es un aspecto importante en la plena realización del mercado interior del gas. Es necesario desarrollar normas comunes que compaginen la necesidad de liberar la capacidad no utilizada, según el principio de «úsala o piérdela», con el derecho de los titulares de la capacidad a usarla en caso necesario, mejorando al mismo tiempo la liquidez de la capacidad.

(12)

Aunque actualmente la congestión física de las redes no suele ser un problema en la Comunidad, puede llegar a serlo en el futuro. Por ello es importante establecer el principio fundamental de la asignación de la capacidad congestionada en tales circunstancias.

(13)

Para que los usuarios puedan acceder de forma efectiva a las redes de gas necesitan información sobre los requisitos técnicos y la capacidad disponible que les permita aprovechar las oportunidades comerciales que se produzcan dentro del mercado interior. Se requieren unas criterios mínimos comunes sobre estos requisitos de transparencia. La publicación de esa información podrá hacerse por diferentes medios, incluidos los medios electrónicos.

(14)

Unos sistemas de balance de gas transparentes y no discriminatorios, dirigidos por los gestores de las redes de transporte, son mecanismos especialmente importantes para los nuevos participantes en el mercado, que pueden tener más dificultades para equilibrar sus ventas globales que empresas ya establecidas en un mercado determinado. En consecuencia, es necesario establecer normas que garanticen que los gestores de las redes de transporte apliquen esos mecanismos de forma compatible con unas condiciones de acceso real a la red transparentes y no discriminatorias.

(15)

El comercio de los derechos de capacidad primaria es un aspecto importante del desarrollo de un mercado competitivo y de la creación de liquidez. El presente Reglamento establece las normas básicas en la materia.

(16)

Es necesario garantizar que las empresas que adquieran derechos de capacidad puedan venderlos a otras empresas autorizadas con el fin de asegurar un nivel adecuado de liquidez en el mercado de capacidad. Sin embargo, este planteamiento no impide que una red cuya capacidad no se haya utilizado durante un período dado, determinado a nivel nacional, pueda volver a estar disponible para el mercado sobre una base firme.

(17)

Las autoridades reguladoras nacionales deben garantizar el cumplimiento de las normas del presente Reglamento y de las directrices adoptadas con arreglo al mismo.

(18)

En las directrices adjuntas al presente Reglamento se definen las normas detalladas de aplicación específica, con arreglo a las Segundas Directrices de Buenas Prácticas. Cuando proceda, estas normas evolucionarán con el tiempo y tendrán en cuenta las diferencias entre las redes nacionales de gas.

(19)

Antes de proponer la modificación de las directrices que se recogen en el Anexo del presente Reglamento, la Comisión debe consultar a todas las partes pertinentes afectadas por dichas directrices, representadas por las organizaciones profesionales, y a los Estados miembros dentro del Foro, así como solicitar la aportación del Grupo de organismos Reguladores europeos de la Electricidad y el Gas.

(20)

Los Estados miembros y las autoridades nacionales competentes han de suministrar la información pertinente a la Comisión, que debe tratarla confidencialmente.

(21)

El presente Reglamento y las directrices adoptadas con arreglo al mismo se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las normas comunitarias de competencia.

(22)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (4).

(23)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, es decir, el establecimiento de normas imparciales sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

1)

«transporte», el transporte de gas natural por redes, constituidas principalmente por gasoductos de alta presión — distintos de las redes de gasoductos previas («upstream») y de los gasoductos de alta presión utilizados fundamentalmente para la distribución local de gas natural —, para su abastecimiento a los clientes, pero sin incluir el suministro;

2)

«contrato de transporte», el contrato entre el gestor de red de transporte y el usuario de la red para la realización del transporte;

3)

«capacidad», el flujo máximo, expresado en metros cúbicos normales por unidad de tiempo o en unidad de energía por unidad de tiempo, a que tiene derecho el usuario de la red con arreglo a las cláusulas del contrato de transporte;

4)

«capacidad no utilizada», la capacidad firme que un usuario de la red ha adquirido en virtud de un contrato de transporte, pero que , en el momento de la expiración del plazo establecido en el contrato, dicho usuario no ha nominado;

5)

«gestión de la congestión», la gestión del conjunto de capacidades del gestor de red de transporte con la finalidad de aprovechar al máximo y de forma óptima la capacidad técnica y de detectar por anticipado los puntos de saturación y congestión futuros;

6)

«mercado secundario», el mercado de la capacidad contratada de forma distinta a como se contrata en el mercado primario;

7)

«nominación», la comunicación previa que efectúa el usuario de la red al gestor de red de transporte sobre el flujo efectivo que desea inyectar en el sistema o retirar del mismo;

8)

«renominación», la comunicación subsiguiente de una nominación modificada;

9)

«integridad de la red», la situación de una red de transporte, incluidas las instalaciones de transporte necesarias, en la que la presión y la calidad del gas natural se mantienen dentro de los límites mínimo y máximo establecidos por el gestor de red de transporte, de forma que el transporte de gas natural está garantizado desde el punto de vista técnico;

10)

«período de balance», el período en que la retirada de una determinada cantidad de gas natural, expresada en unidades de energía, debe ser compensada por cada usuario de la red mediante la inyección de la misma cantidad de gas natural en la red de transporte, de acuerdo con el contrato de transporte o con el código de la red;

11)

«usuario de la red», el cliente o el cliente potencial de un gestor de red de transporte y los propios gestores de redes de transporte en la medida en que sea necesario para desempeñar sus funciones de transporte;

12)

«servicios interrumpibles», los servicios ofrecidos por el gestor de red de transporte en relación con la capacidad interrumpible;

13)

«capacidad interrumpible», la capacidad de transporte que puede ser interrumpida por el gestor de red de transporte con arreglo a las condiciones estipuladas en el contrato de transporte;

14)

«servicios a largo plazo», los servicios ofrecidos por el gestor de red de transporte que tienen una duración de un año o más;

15)

«servicios a corto plazo», los servicios ofrecidos por el gestor de red de transporte que tienen una duración de menos de un año;

16)

«capacidad firme», la capacidad de transporte de gas garantizada contractualmente como ininterrumpible por el gestor de red de transporte;

17)

«servicios firmes», los servicios ofrecidos por el gestor de red de transporte en relación con la capacidad firme;

18)

«capacidad técnica», la máxima capacidad firme que puede ofrecer el gestor de red de transporte a los usuarios de la red, teniendo en cuenta la integridad de la red y los requisitos de funcionamiento de la red de transporte;

19)

«capacidad contratada», la capacidad que el gestor de red de transporte ha asignado al usuario de la red en virtud de un contrato de transporte;

20)

«capacidad disponible», la parte de la capacidad técnica que no se ha asignado y que está disponible en la red en un momento determinado;

21)

«congestión contractual», una situación en la que el nivel de la demanda de capacidad firme es superior a la capacidad técnica;

22)

«mercado primario», el mercado de la capacidad directamente contratada con el gestor de red de transporte;

23)

«congestión física», una situación en la que el nivel de demanda de suministro efectivo es superior a la capacidad técnica en un momento determinado.

a)

garantizarán la oferta de servicios de forma no discriminatoria a todos los usuarios de la red. En particular, el gestor de red de transporte que ofrezca un mismo servicio a distintos clientes lo hará en condiciones contractuales equivalentes, ya sea a través de contratos de transporte armonizados o mediante un código de red común aprobado por la autoridad competente de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 25 de la Directiva 2003/55/CE;

b)

ofrecerán servicios de acceso de terceros firmes e interrumpibles. El precio de la capacidad interrumpible reflejará la probabilidad de la interrupción;

c)

ofrecerán a los usuarios de la red servicios a largo y a corto plazo.

a)

proporcionar señales económicas apropiadas para una utilización eficiente y máxima de la capacidad técnica y facilitar las inversiones en nuevas infraestructuras;

b)

ser compatibles con los mecanismos de mercado, incluidos los mercados al contado («spot») y los grandes centros de intercambio («trading hubs»), y ser, al mismo tiempo, flexibles y capaces de adaptarse a un entorno de mercado en evolución;

c)

ser compatibles con los regímenes de acceso a las redes de los Estados miembros.

a)

en caso de congestión contractual, el gestor de red de transporte ofrecerá la capacidad no utilizada en el mercado primario al menos para el día siguiente y con carácter interrumpible;

b)

los usuarios de la red que lo deseen estarán autorizados para revender o subarrendar en el mercado secundario la capacidad contratada que no hayan utilizado. Los Estados miembros podrán exigir a los usuarios de la red que notifiquen o informen de lo anterior al gestor de la red de transporte.

a)

los detalles de los servicios de acceso de terceros, incluida la naturaleza, duración y otros requisitos de estos servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4;

b)

los principios detallados que rigen los mecanismos de asignación de capacidad y la aplicación de los procedimientos de gestión de la congestión en el supuesto de congestión contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5;

c)

la definición detallada de la información técnica necesaria para que los usuarios de la red puedan acceder de forma efectiva a la red y la definición de todos los puntos pertinentes para los requisitos de transparencia, incluida la información que deberá publicarse para todos los puntos pertinentes y los plazos previstos en que se publicará dicha información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.

a)

las redes de transporte de gas natural situadas en los Estados miembros mientras sean de aplicación las excepciones establecidas en virtud del artículo 28 de la Directiva 2003/55/CE; los Estados miembros a los que se hayan concedido excepciones con arreglo al artículo 28 de la Directiva 2003/55/CE podrán solicitar a la Comisión que establezca una excepción temporal a la aplicación del presente Reglamento por un período de hasta dos años a partir de la fecha en que expiren las excepciones a que se refiere la presente letra.

b)

los interconectores entre Estados miembros y los aumentos significativos de capacidad de infraestructuras existentes, así como las modificaciones de dichas infraestructuras que permitan el desarrollo de nuevas fuentes de suministro de gas a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE que estén exentos de lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 y en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 25 de dicha Directiva, durante el tiempo en que estén exentos de las disposiciones mencionadas; o a

c)

las redes de transporte de gas natural para las que se hayan concedido excepciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Directiva 2003/55/CE.

—

Vista la Posición Común del Consejo (12062/3/2004 — C6-0189/2004),

—

Vista su posición en primera lectura (1) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2003) 0468) (2),

—

Vista la propuesta modificada de la Comisión (COM(2004) 0314) (2),

—

Visto el apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE,

—

Visto el artículo 67 de su Reglamento,

—

Vista la recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0003/2005),

1.

Aprueba la posición común;

2.

Toma nota de la declaración de la Comisión (3) sobre el Anexo II bis del Reglamento (CEE) no 1408/71, realizada al aprobarse la posición común del Consejo;

3.

Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la posición común;

4.

Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el apartado 1 del artículo 254 del Tratado CE;

5.

Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

6.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2004) 0473) (1),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el apartado 2 del artículo 80 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0076/2004),

—

Visto el artículo 51 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0038/2005),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1)

La aplicación de la legislación sobre el cielo único europeo hace necesaria la adopción de una normativa más detallada, en especial por lo que respecta a la expedición de licencias a los controladores de tránsito aéreo, con el fin de garantizar los máximos niveles de responsabilidad y aptitud, mejorar la disponibilidad de los controladores de tránsito aéreo y fomentar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones, conforme a lo previsto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 550/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2004, relativo a la prestación de servicios de navegación aérea en el cielo único europeo (Reglamento de prestación de servicios) (4) , persiguiendo al mismo tiempo el objetivo de una mejora global de la seguridad del tráfico aéreo y de las aptitudes del personal.

(2)

Mediante la creación de una licencia comunitaria se reconoce el papel específico que desempeñan estos profesionales en el control de tránsito aéreo en condiciones de seguridad. El establecimiento de normas comunitarias de aptitud también reducirá la fragmentación en este ámbito, contribuyendo con ello a incrementar la eficiencia de la organización de las tareas, en el marco de la creciente colaboración a escala regional entre proveedores de servicios de navegación aérea. Por lo tanto, la presente Directiva constituye un componente esencial de la legislación sobre el cielo único europeo.

(3)

La directiva es el instrumento más adecuado para establecer normas de aptitud, pues permite que los Estados miembros decidan en cuanto a los procedimientos para alcanzar las normas comúnmente acordadas.

(4)

Como ponen de manifiesto los análisis de accidentes aéreos recientes, la seguridad depende de la fiabilidad de cada elemento de la cadena de seguridad de la gestión del tráfico aéreo. Esto significa que debe supervisarse de manera más eficaz la aptitud del personal que trabaja en este ámbito. Después de poner en práctica la presente Directiva, la Comunidad debe lanzar una iniciativa encaminada a regular los procedimientos de concesión de licencias y de aptitud para las profesiones relacionadas con la cadena de seguridad de la gestión del tráfico aéreo.

(5)

Conviene basar la presente Directiva en las normas internacionales vigentes. La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) ha adoptado diversas disposiciones sobre licencias de controladores de tránsito aéreo, entre las que figuran requisitos de carácter lingüístico. Por su parte, la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), creada por el Convenio internacional de 13 de diciembre de 1960 relativo a la cooperación para la seguridad de la navegación aérea adopta requisitos reglamentarios de seguridad. De conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 550/2004, la presente Directiva incorpora los requisitos de la norma ESARR 5 de Eurocontrol que afectan a los controladores de tránsito aéreo.

(6)

Las características específicas del tráfico aéreo comunitario exigen la aplicación efectiva de normas comunitarias de aptitud a los controladores de tránsito aéreo empleados por los proveedores de servicios de navegación aérea relacionados con la circulación aérea general.

(7)

El sistema de la licencia comunitaria debe garantizar que los controladores titulares de una licencia estén suficientemente formados en técnicas de protección y seguridad, y gestión de crisis.

(8)

No deben cuestionarse las licencias expedidas en virtud de las legislaciones nacionales antes de la entrada en vigor de la presente Directiva.

(9)

Cuando los Estados miembros adopten medidas para garantizar el cumplimiento de los requisitos comunitarios, las autoridades encargadas de supervisar y verificar dicho cumplimiento deben ser suficientemente independientes de los proveedores de formación. Asimismo, dichas autoridades deben estar en condiciones de realizar con eficiencia las tareas a su cargo.

(10)

La prestación de servicios de navegación aérea necesita de un personal altamente cualificado cuyas aptitudes puedan quedar demostradas por diversos medios. En el ámbito del control de tránsito aéreo, el medio más adecuado es la licencia comunitaria, que debe considerarse como una especie de diploma del que es titular el controlador de tránsito aéreo. La habilitación asociada a una licencia especifica el tipo de servicios de tránsito aéreo que el controlador está autorizado a prestar. Asimismo, las anotaciones en la licencia acreditan tanto las aptitudes específicas del controlador, como la autorización otorgada por las instancias de control para prestar servicios en un sector determinado o en un grupo de sectores. Por ello, las autoridades deben estar en condiciones de evaluar las aptitudes de los controladores de tránsito aéreo al expedir las licencias o al prorrogar el plazo de validez de las anotaciones. Igualmente, las autoridades deben estar capacitadas para suspender la licencia mediante la anulación de las anotaciones efectuadas en la misma, cuando existan dudas en cuanto a la aptitud. Para fomentar una cultura de equidad, la presente Directiva no debe establecer un vínculo automático entre el acaecimiento de un incidente y la suspensión de la licencia. La retirada de la licencia ha de considerarse como un último recurso para casos extremos que no guarden relación con la existencia de dudas en cuanto a la aptitud.

(11)

Para consolidar la confianza mutua de los Estados miembros en sus sistemas de expedición de licencias, es imprescindible una normativa comunitaria acerca de la obtención y el mantenimiento de tales documentos. Por lo tanto, es preciso armonizar al máximo nivel los requisitos relativos a las cualificaciones, a la aptitud y al acceso a la profesión de controlador de tránsito aéreo. Dicha armonización hará posible la prestación de servicios de control del tránsito aéreo seguros y de elevada calidad, el reconocimiento de las licencias en la Comunidad, con el consiguiente incremento de la libertad de circulación y la disponibilidad de los controladores.

(12)

Para que las aptitudes sean comparables en toda la Comunidad, tienen que ser objeto de una estructuración clara y ampliamente aceptada. Ello contribuirá a garantizar la seguridad no sólo en el espacio aéreo controlado por un determinado proveedor de servicios de navegación aérea, sino también, y en particular, en la interconexión entre diversos proveedores de servicios.

(13)

En las orientaciones elaboradas a petición de los miembros de Eurocontrol se describen los objetivos de la formación inicial, que son considerados como normas adecuadas. Por lo que respecta a la formación de unidad, la falta de normas generalmente aceptadas ha de ser compensada mediante un abanico de medidas, entre las que figuran la autorización de examinadores, que deberán garantizar unas normas de aptitud muy rigurosas. Lo anterior es especialmente importante si se tiene en cuenta que la formación de unidad es muy costosa y resulta fundamental para la seguridad.

(14)

En numerosos incidentes y accidentes, la comunicación constituye un factor decisivo, motivo por el cual la OACI ha adoptado requisitos de conocimiento de idiomas. Por la presente Directiva será posible dar cumplimiento a estas normas internacionalmente aceptadas.

(15)

A petición de los Estados miembros de Eurocontrol, se han establecido requisitos médicos, que se considera constituyen una modalidad de cumplimiento aceptable.

(16)

La certificación de la prestación de formación ha de considerarse como uno de los pilares fundamentales de la seguridad que contribuye a la calidad de aquella. La formación debe entenderse como un servicio similar a los servicios de navegación aérea y por ello también ha de estar sometida a un proceso de certificación. La presente Directiva debe hacer posible la certificación de la formación, ya sea por tipos de formación, por conjuntos de servicios de formación o por conjuntos de servicios de formación y de navegación aérea, sin perder de vista sus características específicas. También ha de reservarse un tratamiento adecuado a los centros de formación que preparan para la obtención de licencias militares, al objeto de incluir a los controladores militares de tránsito aéreo en la medida de lo posible.

(17)

La presente Directiva corrobora la dilatada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en lo relativo al reconocimiento mutuo de diplomas y a la libre circulación de trabajadores. El criterio de proporcionalidad, la necesidad de proceder a la evaluación de la equivalencia, la justificación motivada de la imposición de medidas de compensación y el establecimiento de procedimientos de recurso adecuados constituyen principios fundamentales que deben aplicarse al sector de la gestión del tráfico aéreo de manera más conspicua.

(18)

La profesión de controlador de tránsito aéreo se ve afectada por innovaciones técnicas que requieren una actualización periódica de aptitudes. La Directiva debe hacer posible la adaptación al progreso técnico y científico mediante el procedimiento de comitología.

(19)

Habida cuenta de que la presente Directiva puede tener un impacto sobre las prácticas de trabajo cotidianas de los controladores de tránsito aéreo, era preciso informar y consultar de manera adecuada a los interlocutores sociales sobre todas las medidas de las que se derivan importantes repercusiones sociales. Por consiguiente, se mantuvieron consultas con el Comité de diálogo sectorial creado con arreglo a la Decisión 98/500/CE de la Comisión de 20 de mayo de 1998 relativa a la creación de Comités de diálogo sectorial para promover el diálogo entre los interlocutores sociales a escala europea (5) y se mantendrán consultas con el mismo sobre cualquier nueva evolución .

(20)

Los Estados miembros deben determinar el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales establecidas de conformidad con la presente Directiva y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(21)

Las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (6).

(22)

Se considera suficiente un período de transposición de dos años para ampliar la validez de las licencias para los actuales titulares de las mismas, de conformidad con las disposiciones relativas a las condiciones para mantener las habilitaciones y conservar la vigencia de las anotaciones, pues los requisitos estipulados en dichas disposiciones son conformes a las obligaciones internacionales existentes. Además, debería concederse un período adicional de transposición de dos años para la aplicación de los requisitos lingüísticos,

1.

«Controlador de tránsito aéreo»: persona autorizada a prestar servicios de control de tránsito aéreo, ya sea bajo supervisión de un instructor de prácticas o de manera independiente.

2.

«Servicio de control de tránsito aéreo»: servicio suministrado con el fin de prevenir colisiones entre aeronaves y, en el área de maniobras, entre aeronaves y obstáculos, y de acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito aéreo.

3.

«Proveedor de servicios de navegación aérea»: cualquier entidad pública o privada que preste servicios de navegación aérea destinados a la circulación aérea general.

4.

«Licencia»: todo certificado, con independencia de la denominación que reciba, que se expida y anote de conformidad con la presente Directiva y faculte al titular a prestar servicios de control de tránsito aéreo, de conformidad con las atribuciones que le confiera.

5.

«Habilitación»: autorización incorporada o asociada a una licencia, de la que forma parte, en la que se especifican las condiciones especiales, atribuciones o restricciones relacionadas con dicha licencia. Se establecen las siguientes habilitaciones:

6.

«Anotación»: autorización incorporada a una licencia y, en particular:

relativa a una habilitación o a la licencia, de la que formará parte.

7.

«Indicador de lugar OACI»: grupo de clave, de cuatro letras, formulado de acuerdo con las disposiciones prescritas por la OACI en su manual DOC 7910 y asignado al lugar en que está situada una estación fija aeronáutica.

8.

«Sector»: parte de una zona de control y/o una región/región superior de información de vuelo.

9.

«Formación»: totalidad de cursos teóricos, ejercicios prácticos, incluidos los de simulación, y formación en prácticas exigidos para obtener y mantener las aptitudes necesarias para prestar servicios de control de tránsito aéreo seguros y de elevada calidad. La formación consta de:

10.

«Proveedor de formación»: organización reconocida por la autoridad nacional de control para impartir uno o varios tipos de formación con arreglo a la definición del presente artículo y habilitada para presentar, a dicho fin, cursos de formación o planes de formación y de capacitación de unidad, con vistas a su homologación.

11.

«Requisitos de aptitud que se establecen en los objetivos de las orientaciones sobre contenidos básicos y objetivos de formación comunes para la formación de controladores de tránsito aéreo»: objetivos de formación básica y habilitación que deben alcanzar los controladores de tránsito aéreo en prácticas, conforme a lo indicado en los documentos de Eurocontrol «Guidelines for Common Core Content and Training Objectives for Air Traffic Controllers Training (Phase 1:Revised), HRS/TSP-002-GUI-01», segunda edición de 20.7.2001 y «Guidelines for Common Core Content and Training Objectives for Air Traffic Controllers Training (Phase II), HUM.ET1.ST05.1000-GUI-02», primera edición de 20.7.2000.

12.

«Requisitos para la obtención del certificado médico europeo de clase 3 por parte de los controladores de tránsito aéreo»: requisitos establecidos en el documento de Eurocontrol «Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers, HUM.ET1.ST08.10000-STD-02», primera edición de 31.1.2003.

13.

«Plan de capacitación de unidad»: plan homologado en el que se indica el método por el cual la unidad mantiene la aptitud de los titulares de licencia que la integran.

14.

Medicamentos: los medicamentos con y sin receta.

15.

Sustancias psicoactivas: alcohol, opiáceos, cannabinoides, sedantes e hipnóticos, cocaína, otros psicoestimulantes, alucinógenos y disolventes volátiles, pero no el café y el tabaco.

a)

una o varias habilitaciones, cuando se trate de una licencia de controlador de tránsito aéreo en prácticas,

b)

una o varias habilitaciones y anotaciones, cuando se trate de una licencia de controlador de tránsito aéreo.

a)

Estar en posesión de un título de enseñanza secundaria o de un título que permita el acceso a la universidad.

b)

Haber superado un curso de formación inicial homologado, destinado a la obtención de la habilitación o de la anotación de habilitación, el cual deberá incluir ejercicios prácticos y de simulación, conforme a lo establecido en la parte A del anexo I de la presente Directiva.

c)

Estar en posesión de un certificado médico en vigor.

d)

Haber demostrado un nivel suficiente de competencia lingüística, de conformidad con los requisitos que figuran en el anexo II.

a)

Tener veintiún años cumplidos. No obstante, los Estados miembros podrán prever un procedimiento de derogación de este requisito, en particular cuando el interesado haya demostrado en el transcurso de su formación que posee las aptitudes necesarias para garantizar la realización de operaciones seguras.

b)

Ser titular de una licencia de controlador en prácticas, haber finalizado un curso de formación de unidad homologado y haber superado con éxito los exámenes o evaluaciones correspondientes, de conformidad con los requisitos que figuran en la parte B del anexo I.

c)

Estar en posesión de un certificado médico en vigor.

d)

Haber demostrado un nivel suficiente de competencia lingüística, de conformidad con los requisitos que figuran en el anexo II.

a)

Haber ejercido durante los períodos inmediatamente anteriores, cuya duración será determinada por la autoridad nacional de control, las atribuciones inherentes a las habilitaciones y anotaciones en relación con las cuales podrá impartir formación en la unidad de que se trate.

b)

Haber finalizado y superado con éxito un curso homologado de instructor de prácticas durante el cual se hayan efectuado exámenes adecuados para evaluar los conocimientos y las cualificaciones pedagógicas exigidos.

a)

En los 12 meses previos, el interesado ha ejercido las atribuciones que confiere la licencia durante un número mínimo de horas, según se indique en el plan homologado de capacitación de unidad.

b)

La aptitud del interesado para ejercer las atribuciones que confiere la anotación ha sido objeto de evaluación, conforme a las normas establecidas en la parte C del anexo I.

c)

El interesado está en posesión de un certificado médico en vigor.

a)

anotación de torre de control (TWR), por la que se indicará que el titular es apto para prestar servicios de control en los casos en que el control de aeródromo se efectúe desde un puesto operativo;

b)

b anotación de control de movimientos en tierra (GMC), por la que se indicará que el titular de la licencia es apto para ejercer dicho control;

c)

anotación de vigilancia de movimientos en tierra (GMS), que se concederá como complemento de las anotaciones de control de movimientos en tierra o de torre de control y por la que se indicará que el titular es apto para ejercer el control de tales movimientos con la asistencia de sistemas de circulación en superficie;

d)

anotación de control aéreo (AIR), por la que se indicará que el titular de la licencia es apto para ejercer dicho control;

e)

anotación de control de radar de aeródromo (RAD), que se concederá como complemento de las anotaciones de control aéreo o de torre de control y por la que se indicará que el titular de la licencia es apto para ejercer el control de aeródromo con la asistencia de equipos de radar de vigilancia.

a)

anotación de radar (RAD), por la que se indicará que el titular de la licencia es apto para prestar un servicio de control de aproximación utilizando equipos de radar primario y/o secundario;

b)

anotación de radar de precisión para la aproximación (PAR), que se concederá como complemento de la anotación de radar y por la que se indicará que el titular de la licencia es apto para efectuar aproximaciones de precisión dirigidas desde tierra utilizando equipos de radar de precisión en la fase de aproximación final a la pista;

c)

anotación de aproximación con radar de vigilancia (SRA), que se concederá como complemento de la anotación de radar y por la que se indicará que el titular es apto para efectuar aproximaciones de no precisión dirigidas desde tierra utilizando equipos de vigilancia en la fase de aproximación final a la pista;

d)

anotación de vigilancia dependiente automática (ADS), por la que se indicará que el titular es apto para prestar un servicio de control de aproximación utilizando sistemas de vigilancia dependiente automática;

e)

anotación de control terminal (TCL), que se concederá como complemento de las anotaciones de radar o de vigilancia dependiente automática y por la que se indicará que el titular es apto para prestar servicios de control de tránsito aéreo utilizando cualquier equipo de vigilancia, destinados a aeronaves que operen en una determinada área terminal y/o en sectores adyacentes.

a)

anotación de radar (RAD), por la que se indicará que el titular es apto para prestar servicios de control de área utilizando equipos de radar de vigilancia;

b)

anotación de vigilancia dependiente automática (ADS), por la que se indicará que el titular es apto para prestar servicios de control de área utilizando sistemas de vigilancia dependiente automática;

c)

anotación de control terminal (TCL), que se concederá como complemento de las anotaciones de radar o de vigilancia dependiente automática y por la que se indicará que el titular es apto para prestar servicios de control de tránsito aéreo utilizando cualquier equipo de vigilancia, destinados a aeronaves que operen en una determinada área terminal y/o en sectores adyacentes;

d)

anotación de control oceánico, por la que se indicará que el titular es apto para prestar servicios de control de tránsito aéreo a aeronaves que operen en una área de control oceánico.

a)

la expedición, el mantenimiento, la suspensión y la retirada de las licencias;

b)

la certificación de los proveedores de formación;

c)

la homologación de los cursos de formación y de los planes de formación y de capacitación de unidad;

d)

la autorización de examinadores que determinen el grado de aptitud;

e)

el seguimiento y control del sistema de formación;

f)

el establecimiento de mecanismos de recurso y notificación adecuados.

—

Vistos los artículos 266 y 267 del Tratado CE por los que se instaura el Banco Europeo de Inversiones (BEI), y el Protocolo sobre el Estatuto del Banco Europeo de Inversiones adjunto al Tratado,

—

Vista la Decisión de su Conferencia de Presidentes de 15 de mayo de 1996 de debatir anualmente las prioridades de préstamo, el Informe anual y las orientaciones del BEI, bajo la dirección de la comisión competente,

—

Vistos el Informe de actividades 2003 del Grupo BEI, el Plan de actividades 2004-2006 del mismo, el Informe anual 2003 del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), los Informes anuales del Comité de Auditoría para el ejercicio 2003 y las respuestas del Comité de Dirección, así como la comparecencia del Presidente del BEI ante la comisión competente, el 23 de noviembre de 2004,

—

Vista la Declaración sobre la gobernanza en el BEI de 2 de junio de 2004,

—

Vistas las observaciones del Informe anual 2003 del Tribunal de Cuentas,

—

Visto el Acuerdo de cooperación CE-BEI de enero de 2000,

—

Vistas las Conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo de Lisboa de los días 23 y 24 de marzo de 2000, del Consejo Europeo de Gotemburgo de los días 15 y 16 de junio de 2001 y del Consejo Europeo de Bruselas de los días 12 y 13 de diciembre de 2003,

—

Vista su Resolución de 22 de abril de 2004 sobre el Informe de actividades 2002 del Banco Europeo de Inversiones (1),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 112 y el artículo 45 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0032/2005),

A.

Considerando que el BEI es un banco público, creado por el Tratado CE como institución financiera privilegiada para lograr los objetivos de la Unión Europea, a través de sus inversiones y de las que cataliza; que los Consejos Europeos de Lisboa y Gotemburgo reafirmaron la contribución del BEI a estos objetivos y establecieron las líneas generales de dichos objetivos, a saber, una economía con una capacidad competitiva basada en el conocimiento y en la cohesión social, respetando los imperativos medioambientales a escala local y mundial,

B.

Considerando que, en estos Consejos, la Unión se fijó como objetivo convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo, en la que un crecimiento económico sostenible condujera a empleos de mejor calidad, a una cohesión social más fuerte y al respeto de los imperativos medioambientales; que este objetivo implica inversiones considerables; que la importancia del papel del BEI se reconoce, en particular, en la aplicación de la «Iniciativa de crecimiento»; que el Parlamento Europeo ha destacado también la importancia muy particular que reviste la financiación con fondos propios del capital de riesgo, de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y del capital humano,

C.

Considerando que son sustanciales las diferencias en cuanto a la demanda y la concesión de créditos a las pequeñas y medianas empresas en los diversos Estados miembros,

D.

Considerando que los préstamos concedidos en 2003 ascendieron a 46 600 millones de euros, de los cuales 37 300 millones correspondieron a los Estados miembros de la Unión (el 80 %), 5 700 millones a los países adherentes y en curso de adhesión y 3 600 millones a los países socios, especialmente 2 100 millones a los países de la Asociación Euromediterránea y 500 millones a los países ACP y a los países y territorios de ultramar (PTU), transitando el 40 % de estos préstamos por bancos intermedios,

E.

Considerando que la importancia del BEI en el dispositivo institucional de la Unión Europea y la masa de los créditos que administra y cataliza, que en algunos casos tienen por origen el presupuesto de la Unión, justifican el diálogo que mantiene con el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, así como la evaluación por el Tribunal de Cuentas (en lo que respecta a los fondos de la Unión) y por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude,

F.

Considerando que el BEI desempeña un papel importante y surte un efecto multiplicador en la movilización de otras fuentes de financiación, fomentando la participación del sector privado y la distribución de los riesgos, en particular a través de instrumentos de capital de riesgo y la concesión de garantías,

1.

Felicita al BEI por su Informe de actividades 2003 y por la mejora general de la transparencia en la información puesta a disposición de los ciudadanos, y celebra la calidad de las relaciones establecidas con el BEI;

2.

Pide al BEI que prosiga activamente su apoyo a la aplicación de la estrategia definida por los Consejos Europeos de Lisboa y de Gotemburgo, en particular, mediante su «Iniciativa Innovación 2010», y su apoyo a la Iniciativa de crecimiento, mediante la financiación de los programas de infraestructura y los proyectos de investigación y desarrollo, y catalizando fondos públicos y privados; sugiere al BEI que colabore más estrechamente con la Comisión y el Banco Central Europeo para definir las normas cautelares que permiten desarrollar los préstamos correspondientes sin comprometer el carácter sostenible de la deuda pública de los Estados miembros;

3.

Anima al BEI a dar la prioridad a la financiación de las redes transeuropeas; sostiene al BEI en su decisión de invertir aún más en el sector de las energías renovables y de hacer que la prevención de las emisiones de los gases de efecto invernadero sea un elemento esencial en la elección de los proyectos que deben apoyarse;

4.

Felicita al BEI por el desarrollo de los préstamos a las pequeñas empresas; pide al BEI que preste también atención al sector de la economía social y de los «servicios de proximidad», que, vista la evolución demográfica, son de gran importancia para garantizar una tasa de participación en la vida activa y un nivel de cohesión social óptimos;

5.

Pide al BEI que mejore la concesión de préstamos a las pequeñas y medianas empresas en aquellos Estados miembros que acusan un retraso por lo que se refiere a préstamos del BEI, a fin de disminuir las diferencias sustanciales entre los Estados miembros;

6.

Llama la atención sobre el Año Internacional del Microcrédito, proclamado por las Naciones Unidas, e incita al BEI a que lo incluya en su programación de 2005;

7.

Incita al BEI a que apruebe un conjunto de normas precisas que definan los criterios cuantitativos de evaluación de los proyectos que se le someten, así como el estudio sistemático de los resultados obtenidos a fin de evaluar su verdadera contribución a la Estrategia de Lisboa;

8.

Reconoce los efectos económicos y sociales obtenidos gracias a las actividades del BEI sobre el crecimiento de las PYME y sobre el empleo, pero invita al BEI a que incremente estos efectos mejorando las estructuras administrativas de acceso de las PYME al capital de riesgo y fomentando el acceso a sus actividades por parte de socios financieros locales y regionales;

9.

Felicita al BEI por los progresos realizados durante estos últimos años en la definición selectiva de los proyectos que deben apoyarse, en el marco de los objetivos de la Unión; pide que precise sus criterios y que se muestre riguroso en la evaluación de los resultados con respecto a los objetivos;

10.

Pide con insistencia que se reduzca la grave carga administrativa impuesta a las PYME y a los bancos, de modo que puedan beneficiarse en mayor medida del capital del FEI; pide que se preste especial atención a la iniciativa «Innovación 2010» y que a este respecto se rebaje el umbral de los proyectos;

11.

Reconoce la voluntad del BEI de contribuir a la Estrategia de Lisboa, destaca la función importante desempeñada por el FEI, gracias a la iniciativa «Innovación 2010», e invita al BEI a que consolide su vocación de motor financiero de la modernización de la Unión, concretamente mediante la ayuda a la investigación científica y, en particular, mediante la ayuda a los sectores de alta tecnología;

12.

Pide al BEI que, cuando intervenga fuera de la Unión, precise los criterios de sus intervenciones más allá del mandato muy general de la Comisión, tomando como base las recomendaciones del Parlamento Europeo relativas a la cooperación, y las recomendaciones del Banco Mundial y de otros bancos de desarrollo;

13.

Apoya los esfuerzos del BEI por optimizar su coordinación con la Comisión a través de un Grupo de Trabajo Conjunto; sugiere una formalización de esta coordinación y su extensión al propio Parlamento Europeo;

14.

Pide al BEI que realice una investigación más detallada sobre la contribución real de las inversiones de la Unión y del BEI al desarrollo regional y que establezca indicadores pertinentes, como lo recomienda su propio Departamento de Evaluación de Operaciones;

15.

Recomienda al BEI que siga definiendo mejor los criterios de asignación final de sus préstamos globales, y le pide que establezca un procedimiento transparente de verificación y evaluación del uso que han hecho los bancos intermedios que permita, en particular, comprobar que la calidad de los préstamos del BEI beneficia realmente a los destinatarios finales; opina que el BEI ha de desempeñar una función activa en el control de préstamos globales y, donde proceda, en la mejora de su promoción y concesión;

16.

Pide al Tribunal de Cuentas que se asegure de que las condiciones que acompañan los préstamos concedidos por el BEI o las subvenciones que está autorizado a distribuir para los diferentes proyectos no lleven a determinados beneficiarios a aprovecharse indirectamente de subvenciones indebidas cuando podrían recurrir a financiaciones en el mercado; incita al BEI a que permita que el Tribunal de Cuentas acceda plenamente a la información necesaria a tales efectos, incluida, en su caso, la información comercial de carácter confidencial o sensible desde el punto de vista del mercado;

17.

Felicita al BEI por los progresos realizados en el diálogo con el público y las organizaciones no gubernamentales (ONG) y por la publicación de sus informes sobre el medio ambiente y sobre la evaluación social de sus proyectos en los países en desarrollo;

18.

Recomienda el desarrollo de una campaña informativa especial sobre las actividades del BEI para las PYME en los nuevos Estados miembros;

19.

Aprueba calurosamente las Propuestas sobre la transparencia adoptadas el 15 de junio de 2004 por el Consejo de Administración; está dispuesto a participar activamente en el procedimiento de consulta previsto por este informe, en relación con la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Convención de Aarhus); destaca la importancia de tener en cuenta el conjunto de las solicitudes que serán formuladas en esta consulta por las instituciones y las ONG;

20.

Considera que debería concederse una mayor atención a la mejora del control contable del BEI, de conformidad con las recomendaciones de los Informes anuales del Comité de Verificación y con las del Departamento de Evaluación de Operaciones; opina que el Parlamento Europeo debería estar asociado a ese respecto;

21.

Celebra, frente a las acusaciones recurrentes aparecidas en la prensa sobre posibles conflictos de intereses en la dirección del BEI, las precisiones facilitadas al respecto por el BEI tras la adopción por parte de la comisión competente del Parlamento Europeo del informe A6-0032/2005 arriba mencionado; acoge positivamente las modificaciones de los Estatutos y del Reglamento interno del BEI, introducidas en materia de gobernanza desde el 1 de mayo de 2004, con ocasión de la ampliación de la Unión Europea a diez nuevos Estados miembros; aprueba la publicación en el sitio del BEI de todos los códigos de conducta aplicables a sus órganos de toma de decisiones;

22.

Pide al BEI que siga proporcionando cada año al Parlamento Europeo y a la opinión pública una síntesis de las acciones emprendidas para mejorar su funcionamiento, en línea con la Resolución de 22 de abril de 2004, citada anteriormente y oportunamente aprobada por el Parlamento Europeo; reconoce, no obstante, que es necesario continuar el esfuerzo de reflexión sobre los recursos destinados a mejorar el control prudencial ejercido sobre el BEI, tanto en el ámbito del uso de sus propios fondos como en el de los fondos que le atribuye el Presupuesto de la Unión;

23.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al BEI.