17.11.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 318/17

(1)

La Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas (1), ha sido modificada en diversas ocasiones (2) y de forma sustancial. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva.

(2)

Las empresas públicas desempeñan un importante papel en la economía nacional de los Estados miembros.

(3)

Los Estados miembros conceden en ciertas ocasiones derechos especiales o exclusivos a determinadas empresas, o efectúan pagos u ofrecen algún otro tipo de compensación a determinadas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. Dichas empresas compiten asimismo frecuentemente con otras empresas.

(4)

El artículo 295 del Tratado prevé que el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. No debe existir discriminación injustificada alguna entre empresas públicas y privadas a la hora de aplicar las normas sobre competencia. La presente Directiva debe aplicarse tanto a las empresas públicas como a las privadas.

(5)

En virtud del Tratado, la Comisión tiene el deber de garantizar que los Estados miembros no conceden a las empresas, tanto públicas como privadas, ayudas incompatibles con el mercado común.

(6)

Sin embargo, la complejidad de las relaciones financieras de los poderes públicos nacionales con las empresas públicas puede entorpecer el cumplimiento de esta tarea.

(7)

Además, una aplicación eficaz y equitativa a las empresas públicas y privadas de las normas del Tratado relativas a las ayudas solo puede llevarse a cabo si dichas relaciones financieras se hacen transparentes.

(8)

Por añadidura, en materia de empresas públicas esta transparencia debe permitir que se diferencie claramente el papel del Estado como poder público y como propietario.

(9)

El artículo 86, apartado 1, del Tratado impone a los Estados miembros obligaciones en lo relativo a las empresas públicas y a las empresas a las que se conceden derechos especiales o exclusivos. El artículo 86, apartado 2, del Tratado se aplica a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general. El artículo 86, apartado 3, del Tratado prevé que la Comisión vele por la aplicación de lo dispuesto en dicho artículo y le confiere a tal efecto los medios específicos necesarios. A fin de garantizar la aplicación de las disposiciones del artículo 86 del Tratado, la Comisión debe disponer de las informaciones necesarias. Ello supone que se definan las condiciones que permitan garantizar tal transparencia.

(10)

Conviene precisar lo que se entiende por «poderes públicos» y «empresas públicas».

(11)

Los Estados miembros tienen diferentes estructuras territoriales administrativas. La presente Directiva debe aplicarse a los poderes públicos en todos los niveles de gobierno de los Estados miembros.

(12)

Los poderes públicos pueden ejercer una influencia dominante sobre el comportamiento de las empresas públicas, no solo en el caso de que sean propietarios o posean una participación mayoritaria en dichas empresas, sino también debido a los poderes que posean en sus órganos de gestión o de vigilancia, bien por sus estatutos, bien por el reparto de las acciones.

(13)

La puesta a disposición de los fondos públicos para las empresas públicas puede hacerse tanto directa como indirectamente. Conviene, por tanto, que se garantice la transparencia independientemente de las modalidades según las cuales se efectúa la puesta a disposición de los fondos públicos. Llegado el caso, conviene igualmente garantizar un conocimiento adecuado de las motivaciones de esa puesta a disposición y de su utilización efectiva.

(14)

Las complejas situaciones derivadas de los diversos tipos de empresas públicas o privadas a las que se han concedido derechos especiales o exclusivos o a las que se ha confiado la gestión de servicios de interés económico general, la variedad de actividades que puede ejercer una misma empresa y los diferentes grados de liberalización del mercado en los distintos Estados miembros pueden dificultar la aplicación de las normas de competencia y, en particular, del artículo 86 del Tratado. Por tanto, es necesario que los Estados miembros y la Comisión dispongan de datos pormenorizados sobre la estructura financiera y organizativa interna de tales empresas y, más concretamente, de cuentas separadas y fidedignas sobre las diversas actividades desarrolladas por una misma empresa.

(15)

En las cuentas han de figurar la distinción entre las diferentes actividades, los costes e ingresos derivados de cada una de ellas y los métodos de asignación y distribución de los costes e ingresos. Debe disponerse de cuentas separadas sobre los productos y servicios respecto de los que el Estado miembro haya concedido derechos especiales o exclusivos o confiado a la empresa la gestión de un servicio de interés económico general, así como sobre los demás productos o servicios a que se dedique la empresa. La obligación de llevar cuentas separadas no debe hacerse extensiva a las empresas cuyas actividades se limiten a la prestación de servicios de interés económico general y no desarrollen otras actividades distintas de estos servicios de interés económico general. No parece necesario imponer la separación de cuentas en el ámbito de los servicios de interés económico general ni en el de los derechos especiales o exclusivos, en la medida en que no es necesario para la distribución de costes e ingresos entre estos servicios y productos y los pertenecientes a ámbitos distintos de los de los servicios de interés económico general o de los derechos especiales o exclusivos.

(16)

Imponer a los Estados miembros la obligación de velar por que las empresas en cuestión lleven cuentas separadas es el medio más adecuado para garantizar la aplicación equitativa y eficaz de las normas sobre competencia a tales empresas. La Comisión ha adoptado en 1996 una Comunicación sobre los servicios de interés general en Europa (3), completada por una Comunicación en 2001 (4) en la que pone de relieve su importancia. Es preciso tomar en consideración la importancia de los sectores interesados, que pueden incluir servicios de interés general, la fuerte posición que las empresas en cuestión puedan ocupar en el mercado y la fragilidad de la competencia naciente en los sectores que se están liberalizando. Con arreglo al principio de proporcionalidad, es necesario y conveniente, a fin de alcanzar el objetivo fundamental de la transparencia, establecer normas sobre tales cuentas separadas. Esta Directiva no excede de lo que resulta indispensable para alcanzar los objetivos perseguidos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, párrafo tercero, del Tratado.

(17)

En determinados sectores, las disposiciones adoptadas por la Comunidad obligan a los Estados miembros y a determinadas empresas a llevar cuentas separadas. Es necesario garantizar en la Comunidad la igualdad de trato para todas las actividades económicas y hacer extensiva la obligación de llevar cuentas separadas a todas las situaciones comparables. La presente Directiva no ha de dar lugar a la modificación de las normas específicas establecidas con el mismo objetivo en otras disposiciones comunitarias ni ha de aplicarse a las actividades de las empresas cubiertas por tales disposiciones.

(18)

Procede prever exclusiones cuantitativas. En efecto, deben excluirse las empresas públicas cuya escasa importancia económica no justifique las cargas administrativas que pudieran derivarse de las medidas que hubiera que adoptar. Habida cuenta de los limitados efectos potenciales sobre el comercio entre los Estados miembros, no es necesario, en estos momentos, exigir cuentas separadas en relación con la prestación de determinadas categorías de servicios.

(19)

La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de otras disposiciones del Tratado, y, en particular, del artículo 86, apartado 2, y de los artículos 88 y 296, ni de cualquier otra norma relativa al suministro de información por parte de los Estados miembros a la Comisión.

(20)

En los supuestos en que la compensación por la prestación de servicios de interés económico general se haya fijado por un período apropiado con arreglo a un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio, no parece necesario exigir a las empresas en cuestión que lleven cuentas separadas.

(21)

Tratándose de empresas cuyas actividades se desarrollan en competencia con las actividades de otras empresas, conviene garantizar el secreto profesional sobre las informaciones obtenidas.

(22)

Un sistema de información basado en la verificación a posteriori de los flujos financieros entre los poderes públicos y las empresas públicas que operen en el sector manufacturero permitirá a la Comisión cumplir sus obligaciones. Tal sistema de control debe abarcar una serie de datos financieros específicos.

(23)

Con el fin de limitar la carga administrativa de los Estados miembros, este sistema de información debe basarse tanto en los datos de dominio público como en la información de que disponen los accionistas mayoritarios. La presentación de informes consolidados está permitida. Toda ayuda ilegal concedida a grandes empresas que operan en el sector manufacturero falseará significativamente la competencia en el mercado común. Por consiguiente, tal sistema de información podría limitarse por el momento a las empresas cuyo volumen anual de negocios sea superior a 250 millones EUR.

(24)

La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional de las Directivas que figuran en el anexo I, parte B.

a)

las puestas a disposición de fondos públicos efectuadas directamente por los poderes públicos a las empresas públicas de que se trate;

b)

las puestas a disposición de fondos públicos efectuadas por los poderes públicos por mediación de empresas públicas o instituciones financieras;

c)

la utilización efectiva de esos fondos públicos.

a)

los costes e ingresos derivados de las diferentes actividades;

b)

información detallada sobre los métodos de asignación o distribución de los costes e ingresos entre las diferentes actividades.

a)

«poderes públicos», todos los poderes públicos, incluido el Estado, así como las autoridades regionales y locales y todas las demás colectividades territoriales;

b)

«empresas públicas», cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen.

Se presumirá que hay influencia dominante cuando, en relación con una empresa, el Estado u otras administraciones territoriales, directa o indirectamente:

c)

«empresas públicas que operan en el sector manufacturero», todas las empresas cuya principal área de actividad, definida como aquella que representa al menos el 50 % de su volumen de negocios global anual, sean las manufacturas; estas empresas son aquellas cuyas operaciones corresponden a la sección D, «Industria manufacturera», que incluye de la subsección DA hasta la subsección DN, de la clasificación NACE (Rev. 1) (5);

d)

«empresa obligada a llevar cuentas separadas», cualquier empresa a la que un Estado miembro haya concedido derechos especiales o exclusivos con arreglo al artículo 86, apartado 1, del Tratado, o a la que se haya confiado la gestión de un servicio de interés económico general con arreglo al artículo 86, apartado 2, del Tratado, que reciba cualquier tipo de compensación por servicio público en relación con tal servicio y que realice otras actividades;

e)

«diferentes actividades», por una parte, los productos o servicios por los que se hayan concedido derechos especiales o exclusivos a una empresa o los servicios de interés económico general que se hayan confiado a una empresa, y, por otra, los demás productos y servicios a que se dedique la empresa;

f)

«derechos exclusivos», los derechos concedidos por un Estado miembro a una empresa mediante cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo que reserve a esta empresa el derecho a prestar un servicio o emprender una actividad en una zona geográfica específica;

g)

«derechos especiales», los derechos concedidos por un Estado miembro a un número limitado de empresas mediante cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona geográfica específica:

a)

la compensación de las pérdidas de explotación;

b)

las aportaciones en capital o en dotación;

c)

las aportaciones a fondo perdido o los préstamos en condiciones privilegiadas;

d)

la concesión de ventajas financieras en forma de no percepción de beneficios o de no recuperación de créditos;

e)

la renuncia a una remuneración normal de los fondos públicos comprometidos;

f)

la compensación de las cargas impuestas por los poderes públicos.

a)

se lleven por separado las cuentas internas correspondientes a las diferentes actividades;

b)

se asignen o distribuyan correctamente todos los costes e ingresos sobre la base de principios de contabilidad de costes aplicados de forma coherente y objetivamente justificables;

c)

se establezcan claramente los principios de contabilidad de costes con arreglo a los que deban llevarse las cuentas separadas.

a)

las empresas públicas, por lo que se refiere a los servicios cuya prestación no pueda afectar de forma apreciable al comercio entre los Estados miembros;

b)

los bancos centrales;

c)

las entidades de crédito públicas, por lo que se refiere a los depósitos de fondos públicos efectuados por los poderes públicos en condiciones comerciales normales;

d)

las empresas públicas cuyo volumen de negocios global neto anual en los dos ejercicios anuales anteriores al ejercicio en que se hayan puesto a disposición o utilizado los fondos mencionados en el artículo 1, apartado 1, haya sido inferior a 40 millones EUR. No obstante, en el caso de las entidades de crédito públicas el umbral correspondiente será un balance total de 800 millones EUR.

a)

a las empresas, por lo que se refiere a los servicios cuya prestación no pueda afectar de forma apreciable al comercio entre los Estados miembros;

b)

a las empresas cuyo volumen de negocios global neto anual en los dos ejercicios anuales anteriores a cualquier año en que disfruten de un derecho especial o exclusivo concedido por un Estado miembro con arreglo al artículo 86, apartado 1, del Tratado o en que se les haya confiado la gestión de un servicio de interés económico general con arreglo al artículo 86, apartado 2, del Tratado sea inferior a 40 millones EUR; no obstante, en el caso de las entidades de crédito públicas el umbral correspondiente será un balance total de 800 millones EUR;

c)

a las empresas a las que se haya confiado la gestión de servicios de interés económico general a efectos del artículo 86, apartado 2, del Tratado, siempre que las compensaciones que reciban, sea cual sea la forma de la misma, se haya fijado por un período apropiado con arreglo a un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio.

a)

la aportación de capital en acciones o cuasicapital, de la misma naturaleza que las acciones, especificando las condiciones de provisión de dichos fondos (es decir, acciones ordinarias, preferentes, de dividendo diferido o convertibles y sus correspondientes tipos de interés, dividendos o derechos de conversión);

b)

las subvenciones a fondo perdido o subvenciones reembolsables en determinadas circunstancias;

c)

la conclusión de cualquier préstamo, incluidos los descubiertos y anticipos sobre ampliaciones de capital, concedido a la empresa, especificando sus tipos de interés, condiciones y, en su caso, la garantía dada al prestamista por la empresa receptora;

d)

las garantías ofrecidas a la empresa por parte de los poderes públicos con respecto a la financiación del préstamo (especificando las condiciones y, en su caso, los gastos correspondientes asumidos por la empresa);

e)

los dividendos distribuidos y los beneficios no distribuidos;

f)

cualquier otro tipo de intervención pública, en particular, la condonación de cantidades adeudadas al Estado por la empresa pública, incluidos, entre otros, el reembolso de préstamos, las subvenciones, el pago del impuesto sobre sociedades, las cotizaciones sociales y otros pagos de carácter similar.