(1)

Tanto el programa Fiscalis 2020, que fue establecido mediante el Reglamento (UE) n.o 1286/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y ejecutado por la Comisión en cooperación con los Estados miembros y los países asociados, como sus programas predecesores han contribuido considerablemente a facilitar y reforzar la cooperación entre las autoridades tributarias dentro de la Unión. Las autoridades tributarias de los países participantes en dichos programas han reconocido el valor añadido de estos, por ejemplo en materia de protección de los intereses financieros y económicos de los Estados miembros y de los contribuyentes. Solo se pueden afrontar los desafíos del próximo decenio, si los Estados miembros se proyectan más allá de las fronteras de sus territorios administrativos y cooperan intensamente con sus homólogos.

(2)

El programa Fiscalis 2020 ofrece a los Estados miembros un marco de la Unión dentro del cual impulsar actividades de cooperación. Dicho marco es más eficiente en términos de costes que si cada Estado miembro estableciese su propio marco de cooperación de forma bilateral o multilateral. Por lo tanto, resulta oportuno garantizar la continuidad del programa Fiscalis 2020 mediante el establecimiento de uno nuevo en el mismo ámbito, denominado Programa Fiscalis (en lo sucesivo, «Programa»).

(3)

Mediante el establecimiento de un marco de acciones que apoye al mercado interior, impulse la competitividad de la Unión y proteja los intereses económicos y financieros de la Unión y de sus Estados miembros, el Programa debe contribuir a: respaldar la política fiscal y la aplicación de la normativa de la Unión en materia de fiscalidad; prevenir y luchar contra el fraude y la evasión fiscales, la planificación fiscal abusiva y la doble no imposición; prevenir y reducir las cargas administrativas innecesarias que pesan sobre los ciudadanos y las empresas en sus operaciones transfronterizas; apoyar sistemas impositivos más justos y eficientes; lograr que el mercado interior alcance su pleno potencial y fomentar una competencia leal en la Unión; apoyar un enfoque común de la Unión en los foros internacionales; apoyar el desarrollo de la capacidad administrativa de las autoridades tributarias, en particular mediante la modernización de las técnicas de información y auditoría; y apoyar la formación del personal de las autoridades tributarias a ese respecto.

(4)

El presente Reglamento establece para el Programa una dotación financiera que, con arreglo al apartado 18 del Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (4), constituirá el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(5)

Con el fin de apoyar el proceso de adhesión y de asociación de terceros países, el Programa debe estar abierto a la participación de los países adherentes y los países candidatos, así como de los candidatos potenciales y los países socios de la política europea de vecindad, siempre que se cumplan determinadas condiciones. También deberían poder acceder a él otros terceros países, de conformidad con las condiciones fijadas en acuerdos específicos, entre la Unión y esos países, que cubran su participación en cualquier programa de la Unión.

(6)

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») se aplica al presente Programa. El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos.

(7)

Las acciones en el marco del programa Fiscalis 2020 han demostrado su idoneidad y, por tanto, deben mantenerse. A fin de que el Programa pueda ejecutarse de forma más sencilla y flexible, facilitándose así el cumplimiento de sus objetivos, las acciones deben definirse únicamente en términos de categorías generales, incluyendo una lista de ejemplos ilustrativos de actividades concretas, como reuniones y actos específicos similares, en particular, cuando proceda, la presencia en las oficinas administrativas y la participación en investigaciones administrativas, la colaboración estructurada basada en proyectos, también, si ha lugar, auditorías conjuntas y el desarrollo de capacidad informática, como, en su caso, el acceso de las autoridades tributarias a registros interconectados. Cuando proceda, las acciones también deben tener como objetivo abordar los temas prioritarios a fin de cumplir los objetivos del Programa. El Programa debe fomentar y apoyar asimismo, a través de la cooperación y el desarrollo de capacidades, la incorporación de la innovación y el efecto potenciador que lleva consigo para seguir mejorando la capacidad de cumplimiento de las prioridades fundamentales en materia de fiscalidad.

(8)

Dada la creciente movilidad de los contribuyentes, el número de operaciones transfronterizas, la internacionalización de los instrumentos financieros, y el consiguiente incremento del riesgo de fraude y evasión fiscales y de planificación fiscal abusiva, todo lo cual rebasa ampliamente las fronteras de la Unión, podría redundar en interés de la Unión o de los Estados miembros proceder a adaptaciones o ampliaciones de los sistemas electrónicos europeos con vistas a la cooperación con terceros países no asociados al Programa o con organizaciones internacionales. En particular, esas adaptaciones o ampliaciones evitarían las cargas administrativas y los costes derivados de desarrollar y explotar dos sistemas electrónicos similares destinados al intercambio de información dentro de la Unión y a escala internacional. Por lo tanto, cuando esté debidamente justificado por ese interés, los gastos derivados de la adaptación o ampliación mencionadas deben poder financiarse con cargo al Programa.

(9)

Habida cuenta de la importancia de la globalización y de la lucha contra el fraude y la evasión fiscales y la planificación fiscal abusiva, el Programa ha de brindar la posibilidad de recurrir a expertos externos en el sentido del artículo 238 del Reglamento Financiero. Dichos expertos externos deben ser principalmente representantes de las autoridades públicas, incluso procedentes de terceros países no asociados, también de los países menos desarrollados, así como representantes de las organizaciones internacionales, de los operadores económicos, los contribuyentes y de la sociedad civil. En ese contexto, por «país menos desarrollado» debe entenderse un tercer país o un territorio no perteneciente a la Unión que puede recibir ayuda oficial al desarrollo de conformidad con la lista pertinente hecha pública por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y sobre la base de la definición de las Naciones Unidas de países menos desarrollados. La selección de expertos para los grupos debe basarse en la Decisión de la Comisión de 30 de mayo de 2016 por la que se establecen normas horizontales sobre la creación y el funcionamiento de los grupos de expertos de la Comisión. Por lo que se refiere a los expertos nombrados a título personal para actuar con independencia en pro del interés público, la Comisión debe garantizar que dichos expertos sean imparciales, que no exista ningún conflicto de intereses con sus responsabilidades profesionales y que la información sobre su selección y participación sea de acceso público.

(10)

En cumplimiento del compromiso de garantizar la coherencia y la simplificación de los programas de financiación que contrajo la Comisión en su Comunicación de 19 de octubre de 2010 sobre la revisión del presupuesto de la UE, deben compartirse los recursos necesarios con otros instrumentos de financiación de la Unión —excluyendo la doble financiación— cuando las acciones previstas en el marco del Programa persigan objetivos que sean comunes a varios instrumentos. Las acciones emprendidas en el marco del Programa deben garantizar la coherencia en el uso de los recursos de la Unión en apoyo de la política fiscal y de las autoridades tributarias.

(11)

En aras de la eficiencia en términos de costes, el Programa debe aprovechar las posibles sinergias con otras medidas de la Unión en ámbitos relacionados, como el programa Aduana establecido por el Reglamento (UE) 2021/444 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), el Programa de la Unión de lucha contra el fraude establecido por el Reglamento (UE) 2021/785 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), el Programa para el Mercado Único establecido por el Reglamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), y el instrumento de apoyo técnico establecido por el Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(12)

Se presume que la inmensa mayoría del presupuesto disponible en virtud del Programa se destinará a financiar acciones de desarrollo de capacidad informática. Por tanto, conviene adoptar disposiciones específicas que describan los componentes comunes y nacionales de los sistemas electrónicos europeos y distingan entre ellos. Por otra parte, deben quedar claramente definidos el alcance de las acciones y las responsabilidades de la Comisión y de los Estados miembros. En la medida de lo posible, debe existir interoperabilidad entre los componentes comunes y nacionales de los sistemas electrónicos europeos, y sinergias con otros sistemas electrónicos de los programas de la Unión pertinentes.

(13)

En la actualidad, no existe ninguna disposición que exija la elaboración de un plan estratégico plurianual en el ámbito de la fiscalidad a fin de crear un entorno electrónico coherente e interoperable en materia fiscal en la Unión. Con el fin de garantizar la coherencia y la coordinación de las acciones de desarrollo de capacidad informática, el Programa debe prever la obligación de elaborar dicho plan, una herramienta de planificación que debe cumplir y no exceder las obligaciones derivadas de los actos jurídicos pertinentes de la Unión.

(14)

El presente Reglamento debe aplicarse por medio de programas de trabajo. Habida cuenta de que los objetivos perseguidos se han fijado a medio o largo plazo y basándose en la experiencia adquirida a lo largo del tiempo, los programas de trabajo deben poder abarcar varios años. El paso de una periodicidad anual a una plurianual en los programas de trabajo, cada una de una duración no superior a tres años, reduciría la carga administrativa tanto de la Comisión como de los Estados miembros.

(15)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

(16)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (12), el presente Programa debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del Programa en la práctica. Las evaluaciones intermedia y final, que deben realizarse a más tardar cuatro años después del inicio de la ejecución y de la finalización del Programa, respectivamente, deben contribuir al proceso de toma de decisiones de los próximos marcos financieros plurianuales. Las evaluaciones intermedia y final deben abordar también los obstáculos pendientes para la consecución de los objetivos del Programa y formular sugerencias de mejores prácticas. Además de las evaluaciones intermedia y final, como parte del sistema de información sobre el rendimiento, deben elaborarse informes anuales de situación a fin de supervisar los progresos realizados. Dichos informes deben incluir un resumen de la experiencia adquirida y, en su caso, de los obstáculos encontrados en el contexto de las actividades del Programa que se hayan llevado a cabo en el año en cuestión.

(17)

La Comisión debe organizar seminarios periódicos de autoridades tributarias en los que los representantes de los Estados miembros beneficiarios debatan cuestiones y propongan posibles mejoras relacionadas con los objetivos del Programa, incluido el intercambio de información entre las autoridades tributarias.

(18)

A fin de responder de manera adecuada a los cambios en las prioridades de política fiscal, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por lo que respecta a la modificación de la lista de indicadores para medir la consecución de los objetivos específicos del Programa y a completar el presente Reglamento con disposiciones sobre el establecimiento de un marco de supervisión y evaluación. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(19)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (14), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (15) y (UE) 2017/1939 (16) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (17). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(20)

Los terceros países miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (18), que prevé la ejecución de los programas sobre la base de una decisión adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países también pueden participar sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Debe introducirse en el presente Reglamento una disposición específica que obligue a los terceros países a conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la OLAF y el Tribunal de Cuentas ejerzan plenamente sus competencias respectivas.

(21)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, contratos públicos, premios y ejecución indirecta, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(22)

Los tipos de financiación y los métodos de ejecución en el marco del presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad de conseguir los objetivos específicos de las acciones y de lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, el coste de los controles, la carga administrativa y las previsiones de riesgo de incumplimiento. Dicha elección debe comprender la posibilidad de utilizar sumas a tanto alzado, financiación a tipo fijo y costes unitarios, así como financiación no vinculada a los costes, tal como se recogen en el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero. Los gastos subvencionables se deben determinar en función de la naturaleza de las acciones subvencionables. La cobertura de los gastos de viaje, alojamiento y estancia de quienes participan en actividades de reunión o actos específicos similares y la cobertura de los gastos relacionados con la organización de actos reviste la máxima importancia, de modo que se garantice la participación de expertos nacionales y autoridades tributarias en acciones conjuntas.

(23)

Con arreglo al artículo 193, apartado 2, del Reglamento Financiero, las acciones ya iniciadas solo pueden ser subvencionadas cuando el solicitante pueda demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio de subvención. No obstante, los gastos en que se haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención no se consideran gastos subvencionables, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. A fin de evitar perturbaciones en el apoyo prestado por la Unión que pudieran perjudicar a los intereses de la Unión, debe ser posible disponer en la decisión de financiación que las actividades y los gastos sean subvencionables desde el comienzo del ejercicio 2021, por un tiempo limitado al inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, y únicamente en casos debidamente justificados, aun cuando se hubieran ejecutado dichas actividades y se hubiera incurrido en dichos gastos antes de presentarse la solicitud de subvención.

(24)

Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(25)

Por consiguiente, debe derogarse el Reglamento (UE) n.o 1286/2013.

(26)

A fin de garantizar una continuidad en la prestación de ayuda en el ámbito de actuación pertinente y permitir que comience la ejecución desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y debe ser aplicable con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2021.