20.5.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/89

1.1

La Unión Europea, que se encuentra atrapada entre sus grandes socios industrializados y las economías emergentes con bajos costes de producción, afronta desafíos crecientes en materia de competitividad. Dicha situación se acompaña de un déficit comparativo de crecimiento y un retraso importante de las inversiones en materia de formación, investigación y nuevas tecnologías, mientras que el número de traslados de empresas europeas aumenta como consecuencia de la competencia internacional.

1.2

Sin embargo, a la Unión Europea, incluso a través de su modelo de sociedad que valoriza las relaciones sociales, no le faltan ventajas competitivas para sus empresas:

1.3

Mientras que algunas de dichas ventajas siguen constituyendo más procesos en curso que logros irreversibles, la Unión Europea sufre también limitaciones que penalizan a sus empresas y que contribuyen a sus carencias actuales en materia de crecimiento y empleo. Así:

1.4

Para reestablecer la competitividad de las empresas en la Unión Europea, el Comité subraya cuatro exigencias que le parecen indisociables entre sí:

1.4.1

La primera prioridad es reavivar la confianza de los agentes económicos, con las siguientes medidas:

1.4.2

Otra prioridad es terminar de adoptar las medidas esenciales para la consecución del mercado único –que no se deberá retrasar más allá de 2010, cuando vence el plazo señalado en Lisboa en materia de competencia– sin perjuicio de atender a las necesidades ulteriores de su mantenimiento permanente. Ello supone:

1.4.3

La competitividad de las empresas europeas implica también desarrollar, a través de un planteamiento igualmente sincronizado con el objetivo establecido en materia de competitividad para 2010, una unión económica dinámica en torno al euro, que sea capaz de estimular el crecimiento y el empleo, apoyándose en una política monetaria adecuada y que implique:

1.4.4

La puesta en práctica de las reformas estructurales de la Estrategia de Lisboa requiere, en definitiva, mayor determinación y coherencia:

1.5

En conclusión, el Comité constata que las carencias de competitividad de las empresas europeas representan el alto precio que ha de pagarse actualmente por una Unión Europea no lo suficientemente emprendedora, lenta para adoptar sus decisiones y adaptarse a las transformaciones internacionales, todavía inacabada en muchos ámbitos, que ha retrasado las necesarias reformas y que aprovecha de manera muy insuficiente, a menudo titubeante, a veces incoherente y, en consecuencia, contraproducente, sus propias ventajas. Para remediarlo, es preciso emprender una acción decidida. Para tener éxito, tendrá que enmarcarse en un enfoque más decidido de crecimiento, que dinamice los factores económicos tanto de la oferta como de la demanda, en un mercado único europeo más fluido y más eficiente. El Comité respalda muy especialmente la invitación formulada en la última cumbre de primavera para fomentar la creación de nuevas asociaciones para la reforma, tanto en el ámbito nacional como comunitario, asociando más estrechamente a los interlocutores sociales. El Comité subraya la necesidad de mantener firmemente el rumbo hacia el objetivo 2010, que debe consistir a la vez en aplicar las reformas de Lisboa y en completar el mercado único, así como conseguir una verdadera unión económica, competitiva, que infiera todas las consecuencias de la unión monetaria a la vez que integre plenamente las exigencias del desarrollo sostenible.

2.1

El presente dictamen se ha elaborado a raíz de la petición de un dictamen exploratorio formulada por el Sr. PRODI, Presidente de la Comisión Europea, que solicitó el 20 de febrero de 2004 al Comité Económico y Social Europeo que le transmitiera su análisis y sus recomendaciones sobre los problemas de competitividad de las empresas europeas. Se trata en particular de determinar cuáles son las dificultades más importantes que atraviesan las empresas, los obstáculos que les plantea el entorno en el que trabajan, así como las propuestas alternativas para soslayarlos en el contexto de nuestro modelo de sociedad.

2.2

Numerosos análisis recientes, como por ejemplo el informe Sapir de julio de 2003, subrayan que la Unión Europea se enfrenta a un reto de competitividad creciente, porque se encuentra atrapada entre sus grandes socios industrializados –Estados Unidos y Japón– y las economías emergentes con bajos costes de producción –por ejemplo, China e India– que integran cada vez más deprisa las nuevas tecnologías e invierten en formación, educación e infraestructuras. Los datos (por ejemplo, exportaciones, balanza de pagos por cuenta corriente, evolución de beneficios empresariales, etc.) muestran que la economía europea y la gran mayoría de las empresas europeas son competitivas en muy amplia medida. No obstante, muchos indicadores son alarmantes: escaso crecimiento, nivel insuficiente de inversiones y de demanda, deterioro cuantitativo y, en ocasiones, cualitativo (precarización) del empleo, cierres de centros de producción europeos, éxodo de los investigadores, aumento de los déficit públicos, coste creciente de la seguridad social, junto con el envejecimiento acelerado de la población, lo que plantea mayores problemas de financiación.

2.3

Para contrarrestar los elevados costes en la Unión Europea (trabajo, régimen fiscal, normativa), muchas empresas han optado por la automatización (de producción, de gestión) o por traslados parciales, en diverso grado, a terceros países menos gravosos y reglamentados, en particular a las economías emergentes.

2.4

Sería ciertamente ilusorio intentar contrarrestar estas estrategias con medidas autoritarias. La economía europea se encuentra inmersa de modo indisoluble en una economía cada vez más globalizada. Este proceso es irreversible e incluso contribuye tanto al desarrollo de los distintos países que participan en el mismo como a reforzar la estabilidad internacional en la medida en que esté suficientemente regulada para generar un auténtico progreso económico y social.

2.5

Habida cuenta de estas condiciones generales, parecen ineludibles las exigencias siguientes:

2.5.1

Resulta más necesario que nunca enmarcar la globalización mediante normas internacionales más eficaces y equitativas. El desafío de la competitividad no puede en modo alguno parecerse a una espiral incontrolada que empuje a una reducción exacerbada de los costes, sin tomar en consideración las condiciones de salud, seguridad y progreso social, de desarrollo equilibrado y sostenible, o de protección del medio ambiente. El desafío de la competitividad deberá, por el contrario, situarse en un marco de referencia internacionalmente reconocido, con una regulación mínima de las condiciones que afectan a la competencia, la seguridad, la calidad, los derechos sociales y el medio ambiente. Esto implica la intervención activa de los organismos internacionales de regulación y desarrollo –por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo– que actualmente tienen una eficacia insuficiente y están demasiado aislados unos de otros y, para algunos, son poco transparentes y escasamente participativos en su modo de funcionamiento. Por esta razón, el Comité reivindicó y posteriormente apoyó la agenda de Doha establecida por la OMC, aunque ahora expresa su gran preocupación ante las dificultades que atraviesan dichas negociaciones.

2.5.2

También urge reforzar la competitividad de Europa frente a sus competidores, en condiciones tales que se garantice su desarrollo económico y social, cohesión, empleo y medio ambiente: ello supone, en el marco del modelo europeo de relaciones sociales, aprovechar mejor los aspectos positivos de las empresas europeas así como soslayar sus desventajas o compensarlas con calidad y productividad más elevadas si resultan inevitables por razones estructurales (tales como el diferencial del coste de la mano de obra entre la Unión Europea y los países en desarrollo).

2.5.3

No es realista ni deseable que la Unión Europea compita en precios y costes con economías evidentemente menos desarrolladas, cuando Europa no puede compensar la diferencia con una productividad más elevada. Esto obliga a la economía europea a una permanente mejora, a competir reforzando sobre todo su productividad desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, así como su capacidad de innovación, en particular tecnológica. Esto conlleva un aumento proporcional de la inversión en recursos humanos, tecnológicos, industriales y financieros.

3.1.1

Europa es actualmente, como primer importador y primer exportador mundial, un socio comercial fundamental en el mundo. Sus empresas mantienen la competitividad de sus exportaciones frente a la competencia internacional aumentando la productividad para optimizar sus costes, incluidos los salariales, garantizando la calidad de sus productos y servicios e innovando para adaptarse mejor a los mercados. De este modo, logran estar presentes en la mayor parte de los sectores de actividad económica, especialmente:

3.1.2

Las empresas europeas también invierten mucho en el mundo, y contribuyen así al crecimiento de muchas regiones, especialmente de las economías emergentes de Asia. Si bien es cierto que en algunos sectores se encuentran en competencia con Europa, al mismo tiempo son socios industriales y comerciales indispensables de la economía europea y sus empresas, como proveedores y como asociados, distribuidores, subcontratistas y clientes.

3.1.3

Las empresas europeas, debido al importantísimo papel que desempeñan en los países en vías de desarrollo, deberían dar ejemplo para desarrollar las normas sociales en estos países, en particular en lo que se refiere al respeto de los derechos sociales fundamentales definidos por la OIT. El Comité seguirá comprometiéndose y participando en iniciativas destinadas a activar esta necesaria toma de conciencia de la dimensión social en los intercambios internacionales.

3.1.4

Los intercambios comerciales y las inversiones internacionales de las empresas europeas reciben el apoyo de la Unión Europea, que se organiza para defender sus intereses con una sola voz, a través de la Comisión Europea, en las negociaciones internacionales, especialmente dentro de la OMC.

3.2.1

El mercado único es la primera ventaja con que cuentan las empresas europeas, que se basa en normas comunes, con el principio general de reconocimiento mutuo, completado por numerosas armonizaciones a través de unas 1 500 directivas, aproximadamente 300 reglamentos y unas 20 000 normas comunes. Ello constituye el fundamento de la mayor parte de la normativa sobre la actividad de las empresas. La necesidad de aprovechar sus ventajas económicas y laborales, que ya se destacó en el informe Cecchini a final de los años ochenta, sigue siendo de actualidad — aun cuando las proyecciones de este informe no pudieron confirmarse plenamente en 1992, debido a que la coyuntura económica se vio perturbada y a que el programa comunitario no se logró completar.

3.2.2

El mercado interior europeo es actualmente el más importante del mundo, con 25 Estados miembros, vínculos profundos con otros países europeos –por ejemplo, Suiza y Noruega– y la posibilidad de que se produzcan otras ampliaciones. Así, un único gran mercado interior reúne a más de 500 millones de europeos, siendo mayor su peso que el de los mercados americano o chino. Tan satisfactoria constatación debería destacarse más ante los europeos.

3.2.3

A la vez que contribuyen a la cohesión de Europa, las referidas libertades han permitido que la empresas desarrollen sus intercambios así como sus acciones de cooperación, reestructuración y fusión, lo cual otorga a muchas de ellas una dimensión internacional. Las PYME también se benefician de las subcontrataciones europeas, así como de la supresión de las formalidades intracomunitarias. Se han desarrollado infraestructuras mediante las redes transeuropeas de transporte, energía y telecomunicaciones. Los grandes programas industriales (tales como Airbus o la Agencia Espacial Europea) han estimulado el espíritu innovador de empresas de todos los tamaños. Además del empleo, el gran mercado fomenta la movilidad de los activos, investigadores e estudiantes, más de un millón de los cuales ha participado ya en el programa Erasmus.

3.2.4

También cabe mencionar la apertura ya efectuada o en curso de los monopolios públicos preexistentes al mercado único, tras la adopción de varias directivas relativas a los transportes, la energía, los servicios postales, etc. De esta manera, la Comisión también vela de manera pertinente por que no se cuestione el concepto de servicios de interés general, que participa de manera estructural en el modo de desarrollo económico y social europeo, más allá de las aperturas necesarias vinculadas a los imperativos del mercado único.

3.3.1

La introducción del euro constituyó la etapa más relevante del mercado único y un importante progreso para la competitividad de las empresas europeas. Al crear una moneda única para al menos doce Estados miembros, con 300 millones de europeos, el euro ha eliminado cualquier riesgo en materia de cambio en la zona euro, neutralizado los costes de transacción correspondientes a los intercambios y garantizado transparencia permanente en cuanto a la información económica. Se trata además de una moneda de carácter internacional. Y pese a que su actual sobrevaloración respecto del dólar perjudica a las exportaciones –aunque facilita las importaciones, en particular, de petróleo y materias primas– hasta hace pocos años la relación de tipos de cambio era la contraria y en el futuro seguirá evolucionando.

3.3.2

Dicha unión monetaria, que no tiene actualmente parangón en el mundo, ha demostrado además la capacidad de la Unión Europea para llevar a cabo un gran proyecto innovador y movilizador, con un gran impacto en los ciudadanos y sus empresas. Ha reforzado considerablemente la visibilidad externa de la Unión Europea y su posición negociadora en el ámbito internacional, lo cual beneficia a sus empresas.

3.3.3

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento que acompaña al euro pretende un mínimo de convergencia económica mediante normas que limitan el déficit público y la inflación. De este modo, mejora la capacidad de previsión por parte de las empresas en un marco estable, que favorece su competitividad. Constituye además un primer paso hacia una unión económica realmente integrada. En efecto, resulta evidente que no se podrá alcanzar una unión monetaria duradera si no se realizan nuevos progresos, por ejemplo en materia de competitividad de las empresas, progresos que constituyen un aspecto importante de la Estrategia de Lisboa.

3.4.1

En el Consejo Europeo de Lisboa celebrado en marzo de 2000 se decidió emprender, tanto en el ámbito nacional como en el europeo, un amplio programa de reformas económicas, sociales y administrativas con el fin de convertir a la Unión Europea antes de 2010 en la economía basada en el conocimiento más dinámica y competitiva del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social. Dicha estrategia constituye la hoja de ruta de la economía comunitaria para aunar fuerzas ante la globalización y hacer Europa más competitiva.

3.4.2

Las reformas son oportunas y se ajustan a los principales objetivos en materia de competitividad de las empresas europeas. Con ellas se pretende:

3.4.3

Igualmente pertinentes resultan los métodos correspondientes a la estrategia de Lisboa, que incluyen:

3.4.4

La estrategia de Lisboa ya ha dado sus primeros resultados positivos, a saber:

3.4.5

Las aspiraciones en materia de competitividad de la estrategia de Lisboa no serían realistas si no se renovase el marco institucional de la Unión Europea. Esa fue la misión de la Convención europea, en cuya composición innovadora se incluyó, por una parte, a los representantes de los Estados miembros e instituciones de la Unión Europea y, por otra, a los representantes de los países candidatos y de los parlamentos nacionales, así como a los observadores de la sociedad civil. La Convención propuso una refundición de los Tratados que permite dotarse de un marco institucional modernizado, simplificado, más adaptado a la ampliación a gran escala, más comprensible y atractivo para la opinión pública. Se trata también de incluir en el Tratado los méritos propios del modelo europeo de sociedad, donde la búsqueda de la competitividad va de la mano con la valorización del empleo y del progreso social. Entre los objetivos de la Unión, el nuevo Tratado adoptado por los 25 en junio de 2004 cita, así, la economía social de mercado altamente competitiva, encaminada a lograr el pleno empleo y el progreso social, así como un elevado nivel de protección y la mejora de la calidad del medio ambiente. El Comité apoya dicha exigencia de coherencia global, que integra la competitividad con otros objetivos de progreso social y cualitativo, pero constata también que por el momento no se logra plenamente, debido a varias desventajas que siguen afectando a la competitividad europea.

4.1.1

Mientras que algunas de las ventajas competitivas de Europa siguen siendo más procesos en curso que logros irreversibles, todavía existen limitaciones que penalizan la competitividad de las empresas europeas y que contribuyen a las carencias actuales en materia de crecimiento y empleo.

4.1.2

Los recientes debates sobre el espíritu de empresa, tras el Libro Verde presentado por la Comisión, han confirmado que las empresas de todo tamaño y condición declaran que se enfrentan a una serie de problemas cotidianos en la mayor parte de los países europeos debido a:

4.1.3

También cabe señalar la tasa de empleo relativamente baja de Europa, especialmente por comparación con Estados Unidos. Esta situación tiene efectos negativos en la competitividad europea, en el nivel de presión fiscal, globalmente elevado, así como en el equilibrio de los regímenes de protección social.

4.1.4

Por último, entre numerosos empresarios prevalece la sensación de que la Unión tiende a acumular informes de análisis sobre los retrasos europeos en materia de competitividad en lugar de emprender acciones verdaderamente operativas que desemboquen en resultados verificables, tal como han sabido hacer, sin embargo, nuestros principales competidores, desde Estados Unidos a China.

4.1.5

El Comité constata que los agentes sociales están bien situados para emprender estas acciones operativas de apoyo a la competitividad y al espíritu empresarial. Numerosos ejemplos confirman que desempeñan con frecuencia un papel muy importante en este sentido. Este papel motor de los agentes sociales habría merecido destacarse en el Libro Verde de la Comisión.

4.1.6

El Comité hace asimismo hincapié en que las entidades que trabajan en el ámbito de la denominada economía social se enfrentan con frecuencia a los mismos obstáculos que los enumerados anteriormente, que afectan a la fiscalidad y otros aspectos, como, por ejemplo, los contratos públicos y las normas de competencia. El Comité considera que ofrecer soluciones específicas a estos problemas contribuiría de forma significativa a mejorar la economía y el empleo en Europa.

4.2.1

Pese a los logros alcanzados, el mercado único no ha progresado suficientemente en diversos ámbitos. Es el caso, en particular, del sector de los servicios, que representa el 70 % de la actividad económica, pero en el que la armonización y el reconocimiento mutuo sigue siendo muy inferior a las necesidades. También en el sector público persisten numerosos retrasos en materia de apertura:

4.2.2

Además de las medidas liberalizadoras llevadas a cabo, en curso o programadas, así como de los retrasos que en ocasiones pueden constatarse en estos ámbitos, la cuestión del estatuto de los servicios de interés general dentro del mercado único sigue estando sin precisar de manera clara. El papel específico de los servicios de interés general, ya incluido en varias directivas de apertura sectorial, ha sido reflejado de manera global por los tratados de Amsterdam y Niza. La propia Comisión está elaborando un instrumento horizontal para precisar mejor el papel de los servicios de interés general en el mercado único. No obstante, hay que señalar que el debate ha estado hasta ahora limitado a la función de los servicios públicos nacionales ante el mercado único europeo, sin abordar en modo alguno el posible interés, así como las condiciones, del desarrollo específico de servicios de interés general a escala europea. No obstante, esta cuestión no puede eludirse actualmente en un verdadero debate sobre el futuro del mercado único ampliado y la competitividad de las empresas europeas.

4.2.3

Al margen del desarrollo de la normativa comunitaria, los propios Estados siguen estableciendo normas de tal modo que pueden complicar o incluso obstaculizar el mercado único para las empresas. Se ha instaurado un procedimiento de notificación previa a la Comisión (Directiva 83/189), pero ésta, que debe atender a múltiples cometidos, no puede reaccionar eficazmente salvo en los casos más patentes y además la ampliación va a complicar su tarea.

4.2.4

El índice de transposición de las directivas por parte de todos los Estados miembros sigue siendo insuficiente: no es rara la inadecuada aplicación del 10 % de ellas o incluso del 25 % en algunos sectores. También las infracciones son demasiado numerosas, con alrededor de 1 500 investigaciones y acciones en curso por parte de la Comisión.

4.2.5

La convergencia fiscal en el mercado único sigue siendo muy insuficiente, debido en parte a la exigencia de unanimidad en el Consejo. En particular, quedan por suprimir todas las dobles imposiciones, por establecer una base armonizada para el impuesto de sociedades y por simplificar el régimen intracomunitario del IVA.

4.2.6

La complejidad y el coste de la obtención de la protección de la propiedad intelectual en Europa supone también una desventaja para las empresas europeas, confirmada por el retraso persistente (¡treinta años!) y el coste previsible de la patente comunitaria.

4.2.7

Hay que mencionar también los retrasos acumulados por distintos proyectos de redes transeuropeas en la Europa ampliada, cuya financiación pública, privada o mixta está por determinar.

4.2.8

Los retrasos en la realización del mercado único tienen su parte de responsabilidad directa en la situación altamente insatisfactoria del empleo y del mercado laboral. La ampliación de la Unión Europea de 15 a 25 Estados miembros plantea de manera aún más acentuada la cuestión de la mejora del empleo, en sus distintos aspectos (formación, movilidad profesional y geográfica, calidad del empleo, reconversiones, etc.).

4.2.9

Por último, el principio de libre circulación y libertad de establecimiento dentro del mercado único se encuentra provisionalmente limitado con la ampliación, debido a las excepciones, que pueden llegar hasta los siete años, decididas con respecto a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. Estas restricciones son contrarias al libre funcionamiento del mercado de trabajo en la Europa ampliada, y pueden penalizar los esfuerzos de formación y adaptación profesional realizados en estos nuevos Estados miembros. También existen obstáculos para los ciudadanos de los nuevos Estados miembros que desean instalarse como trabajadores por cuenta propia en la UE-15.

4.3.1

La unión monetaria no ha ido acompañada del crecimiento económico dinámico que debería haber favorecido. Un motivo fundamental para ello es que aún no se ve acompañada de una verdadera unión económica. El embrión constituido por el pacto de crecimiento y estabilidad también planteó problemas recientemente. Varios Estados no lo cumplen adecuadamente, incluidas Alemania y Francia, cuyos déficit públicos superan el 3 %. Por otra parte, surgen dudas acerca de los efectos del pacto (cuyo componente de estabilidad es mucho más preciso que el componente de crecimiento) en la atonía de la actividad económica. Para compensar las limitaciones y restricciones del pacto ha de adoptarse una orientación económica más integrada, lo cual no es precisamente el caso habida cuenta que la coordinación actual de las Orientaciones generales de la política económica (OGPE) aún es mínima.

4.3.2

El Grupo del euro, que reúne a los Estados miembros de la zona del euro, está actualmente poco estructurado, poco consolidado y sobre todo tiene carácter intergubernamental, mientras que el Banco Central Europeo está organizado con arreglo al método federal. Nos hallamos aún muy lejos de un gobierno económico europeo siquiera en proyecto.

4.3.3

El propio Consejo de Economía y Finanzas tampoco constituye en absoluto un Gobierno económico de la Unión, aferrándose algunos de sus miembros a sus intereses nacionales al amparo de la frecuente aplicación de la unanimidad. Tal es el caso del déficit de armonización fiscal de la Unión Europea.

4.3.4

Por último, el Consejo de Competitividad establecido en los últimos años no tiene ningún vínculo privilegiado con el Consejo de Economía y Finanzas y experimenta dificultades para cumplir con eficacia una misión necesariamente pluridisciplinar que concierne a todas las formaciones del Consejo.

4.3.5

También es de lamentar que el nuevo Tratado constitucional resulte poco exhaustivo y escasamente innovador, contrariamente a muchas de sus disposiciones en otros ámbitos, en lo que respecta a la profundización de la unión económica. Así, hubiera resultado más pertinente para la cohesión y la convergencia competitiva de la economía europea otorgar a la Comisión una auténtica función de propuesta, y no de mera recomendación, en lo que se refiere tanto a las orientaciones generales de política económica como a los déficit públicos.

4.4.1

Parece que en las cumbres de primavera los Estados miembros favorecieron nuevos debates sobre los objetivos ya fijados en Lisboa, a riesgo de añadir nuevas prescripciones, en lugar de efectuar una evaluación comparativa de las reformas nacionales. Demasiados Estados miembros descuidaron además asociar plenamente a los interlocutores sociales a la definición y aplicación de las reformas, y apenas los consultaron o mencionaron con motivo de los informes sobre la evolución de éstas.

4.4.2

Los escasos progresos de los Estados miembros en materia de reformas se han visto acompañados de retrasos:

4.4.2.1

en el ámbito europeo, los 25 convinieron completar varios aspectos del mercado único (energía, servicios, contratos públicos, redes transeuropeas y adaptación de los servicios públicos), pero se resisten a adoptar las medidas necesarias en los plazos señalados;

4.4.2.2

en el ámbito nacional, los resultados son desiguales. Incluso los Estados miembros que más han avanzado con las reformas experimentan retrasos respecto de terceros países más eficaces y la Unión Europea, en su conjunto, sigue acusando una desventaja en materia de competitividad. Ahora bien, el objetivo de las reformas no es sólo actuar mejor que antes, sino también y ante todo actuar mejor que los demás. Nótese, en particular:

4.4.2.2.1

en cuanto a la apertura de los mercados, los avances más significativos se han logrado en el sector de las telecomunicaciones y, en menor medida, en el de la energía (gas, electricidad), cuyos precios aún resultan con frecuencia muy elevados. La apertura del sector de correos se limita a avanzar lentamente en algunos países, con un objetivo que sigue siendo parcial, a través de etapas sucesivas acordadas hasta 2009. Sigue habiendo retrasos en la interconexión y modernización de las infraestructuras de transportes, que afectan en especial a la realización de los proyectos transeuropeos;

4.4.2.2.2

en cuanto al acceso a la financiación, está en curso la integración del mercado financiero europeo, reforzada por la implantación del euro. Además se han tomado distintas medidas para facilitar la financiación de las empresas de nueva creación y de las PYME. Pero el acceso a los capitales de riesgo sigue siendo insuficiente. Por otra parte, la unificación del mercado financiero sigue dependiendo en exceso de unas reglamentaciones, y podría haberse alentado la corregulación socioprofesional, tal y como se ha definido y enmarcado por el acuerdo celebrado entre las instituciones de la UE el 16 de diciembre de 2003;

4.4.2.2.3

en lo que se refiere a los déficit públicos, las situaciones son muy distintas según el país de que se trate: algunos Estados miembros han logrado que el saldo de su hacienda pública sea positivo (véase Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Suecia), mientras que otros alcanzan o superan los límites fijados por el pacto de estabilidad (véase Alemania, Francia, Italia, Portugal). Estos países con déficit excesivos son también los que presentan los mayores retrasos en la aplicación de las reformas estructurales;

4.4.2.2.4

en lo que se refiere al estímulo a la innovación, los gastos de investigación siguen siendo insuficientes. Equivalen al 1,9 % del PIB frente al 2,6 % en los Estados Unidos, y el importe de las inversiones que realizan las empresas en los Estados Unidos es dos veces más elevado que en la UE de los quince. No se alcanza en absoluto el objetivo de Lisboa que fija en el 3 % del PIB los gastos en I+D, dos tercios de los cuales deben ser financiados por el sector privado. Además, existe un gran desfase entre ellas y respecto al programa marco de investigación europeo. Las carencias de la política común europea en los ámbitos estratégicos afecta a sus inversiones tecnológicas. Por otra parte, las patentes registradas en Europa, especialmente en el sector de las nuevas tecnologías, siguen acusando mucho retraso en relación con los Estados Unidos o Japón, incluso debido a la persistente ausencia de una patente comunitaria eficaz y poco gravosa;

4.4.2.2.5

en lo referente a la mejora de las condiciones laborales, se dan situaciones muy distintas según los Estados miembros: en algunos el nivel de empleo es globalmente elevado, mientras que otros acusan un subempleo estructural. Están llevándose a cabo importantes reformas para mejorar el funcionamiento del mercado laboral, aumentar su flexibilidad así como la adecuación entre la oferta y la demanda de empleo. No obstante, parece imperativo para garantizar el apoyo de los ciudadanos europeos a la Estrategia de Lisboa que estas reformas desemboquen rápidamente en avances cuantitativos y cualitativos sostenibles de la formación permanente y del empleo, con una cobertura adecuada de la ley o de los convenios colectivos. En particular, todavía es necesario realizar un esfuerzo inversor suficientemente importante, en particular a través de la formación, en puestos de trabajo y cualificaciones profesionales concentrándose en la valorización competitiva de la calidad. Mediante la consulta a los interlocutores sociales y las negociaciones con ellos y entre ellos debe pretenderse garantizar en particular que las reformas permitan efectivamente mejorar el empleo y las condiciones laborales ante los desafíos de la competitividad internacional. El informe Kok también señala las prioridades que quedan por aplicar para reencauzar de modo duradero la situación;

4.4.2.2.6

en cuanto a la solvencia de la protección social, se han emprendido numerosas reformas para recuperar su equilibrio financiero, dado el envejecimiento demográfico cada vez más acusado en toda la Unión Europea. Se trata, sobre todo, de adaptar el período de cotización al aumento de la esperanza de vida y fomentar el recurso a los regímenes complementarios de los seguros y a los fondos de pensiones. Estas reformas encuentran en su desarrollo también retrasos importantes en cuanto a la previsión social correspondiente a sistemas complementarios, así como problemas de aplicación y de eficacia debidos, en particular, al número excesivo de abandonos precoces del mercado de trabajo pese a los compromisos contraídos en 2002 en Barcelona. Se trata sobre todo de velar por que las reformas de los sistemas de protección social se efectúen de manera justa, evitando crear nuevas situaciones de exclusión que tendrían efectos sociales, y también económicos, negativos sobre la economía europea;

4.4.2.2.7

en cuanto a la educación y la formación, la mayoría de los Estados miembros cuentan con sistemas de enseñanza en su conjunto eficaces y desarrollados, pero que a veces están demasiado alejados de la realidad económica y de las perspectivas de inserción adecuada en el mercado laboral, y en los que con frecuencia el acceso es muy selectivo y no está suficientemente articulado como para poder garantizar un apoyo eficaz durante toda la vida. Se establecen programas de intercambios para intensificar dichos vínculos y desarrollar las fórmulas de aprendizaje. La generalización del acceso a Internet contribuye también a fomentar la formación;

4.4.2.2.8

en cuanto a la simplificación de la reglamentación, conjuntamente con la mejora de su calidad y eficacia, se trata de una necesidad común a todos los países europeos, aunque algunos se han adelantado a los demás en la aplicación de programas para atender a ésta. En general, se da prioridad a la simplificación de los procedimientos para la creación de empresas y pequeñas empresas, dado su impacto sobre la actividad económica y sobre el empleo. Asimismo, se debería destacar el apoyo a las empresas para desarrollar y aplicar procedimientos operativos. Estos reducen la ineficacia y fomentan el crecimiento de la productividad, con el consiguiente aumento de la competitividad;

4.4.2.2.9

en cuanto al desarrollo sostenible, las medidas nacionales de aplicación de los acuerdos de Kioto se desarrollan con resultados diversos. La protección del medio ambiente está tradicionalmente más afianzada en los Estados miembros del norte, pero en los demás están tomándose nuevas medidas y los intercambios de buenas prácticas permiten aprender de las experiencias acertadas (por ejemplo, códigos voluntarios, cartas, etiquetas, reparto de los permisos de emisión, etc.). Parece por completo necesario velar por que la estrategia competitiva de la Unión esté al servicio de una política preocupada por la protección del medio ambiente y los compromisos adquiridos en este ámbito, y por que no constituya en modo alguno un obstáculo para esta política.

4.4.3

En conclusión, el balance actual de las reformas tiene aspectos positivos y negativos. Pese a la multiplicación de informes sobre la degradación de la competitividad y a la acumulación de «procesos» o estrategias de reactivación de la competitividad (Luxemburgo, Cardiff, Colonia, Lisboa, Gotemburgo, Barcelona, etc.), la Unión Europea tiene dificultades para poner en práctica las prioridades que ha establecido sucesivamente (mercado único, espacio financiero, economía del conocimiento, excelencia medioambiental, etc.);

4.4.4

Mientras tanto, la situación económica y laboral europea no ha dejado de deteriorarse desde la coyuntura favorable que coincidió con la cumbre de Lisboa de 2000, lo que se explica por la escasa inversión y la escasa demanda, entre otras cosas debido a las restricciones de la política monetaria y financiera, así como por razones diversas pero acumulativas, vinculadas al clima de inseguridad generado por los atentados terroristas, las tensiones internacionales, así como las perturbaciones financieras y bursátiles y el precio del petróleo, con efectos negativos en la confianza y en la actividad de los agentes económicos. Los índices de crecimiento han pasado del 3,5 % en 2000 al 1,6 % en 2001, y a apenas el 1 % desde 2002. El empleo se ha degradado y la tasa de desempleo ha rebasado el límite del 8 %. Dicho empeoramiento de la coyuntura económica y social europea contrasta con el dinamismo actual del crecimiento de los Estados Unidos (del 5 % aproximadamente), aun cuando este último se apoya en un contexto muy específico (como el tipo de cambio del dólar, el déficit presupuestario, el gasto militar, etc.).

4.4.5

La Estrategia de Lisboa se encuentra atrapada en un círculo vicioso: la falta de crecimiento complica la aplicación de las reformas, cuyos retrasos impiden a su vez la vuelta a una fase de mayor crecimiento y empleo. Ante un fenómeno de inflación de objetivos, reformas, compromisos y Estados participantes, se constatan otros tantos déficit de corresponsabilidad, puesta en práctica, coordinación y, en consecuencia, impacto económico y laboral. Se corre el riesgo de crear ilusiones, sin emprender las reformas requeridas con la determinación necesaria, dando al mismo tiempo la impresión de que la estrategia progresa. Tal «burbuja de Lisboa» podría estallar antes de 2010.

5.1.1

La competitividad de Europa debe inscribirse en el marco de un proyecto global, tanto político como económico y social, capaz de suscitar una gran adhesión y participación de los agentes socioprofesionales. El nuevo Tratado deberá contribuir a responder a estas expectativas.

5.1.2

Es particularmente importante que este proyecto europeo se perciba mejor dentro de su entorno global, tanto en las relaciones de Europa con sus vecinos como con los diferentes interlocutores internacionales. Sería preciso debatir y definir mejor la cuestión de la capacidad de atracción de Europa y su adaptación a los cambios estructurales, especialmente en lo que respecta a las inversiones internacionales, la implantación de empresas Europa y la deslocalización en otras zonas del mundo. El Comité confía especialmente en que las negociaciones en la OMC contribuyan a establecer mejores normas internacionales que sirvan de marco a los intercambios y las inversiones a escala mundial.

5.1.3

Así como se requieren normas a escala internacional, claramente insuficientes hoy en día, es preciso llevar a cabo una simplificación de la normativa europea, ya que Europa se ve confrontada a un exceso de normas y procedimientos administrativos. A este fin convendría:

5.1.4

Hay que adoptar políticas que apoyen de manera más decidida la creación y el desarrollo de empresas, con mejor acceso al capital de riesgo –lo que justificaría ampliar las intervenciones del Banco Europeo de Inversiones en este ámbito–, con más programas de formación empresarial a cargo de empresarios y una red más densa de servicios de apoyo a las pequeñas empresas en todos los Estados miembros, coordinada a nivel europeo.

5.1.5

Debería, por último, incitarse a las empresas, a las asociaciones empresariales y a los distintos protagonistas de la sociedad civil a adoptar más iniciativas de alcance europeo, haciendo mayor uso de las nuevas libertades de cooperación e intercambio que les brindan los progresos de la construcción europea. Las iniciativas que adoptan sobre el terreno, así como las nuevas medidas que se espera adopten las instituciones europeas o los Estados miembros, van a desempeñar un papel determinante para garantizar que los procesos de restablecimiento de la competitividad que están en curso en la Unión Europea tengan un impacto real, así como resultados positivos, y que se eliminen definitivamente los impedimentos y obstáculos diversos que siguen frenándolos. En definitiva, la consecución de una Unión Europea más eficaz y competitiva está supeditada en gran medida a la multiplicación y refuerzo mutuo de dichas iniciativas económicas y asociativas, que las autoridades públicas comunitarias, nacionales y regionales deberán ante todo facilitar y enmarcar con un entorno competitivo favorable.

5.2.1

Ha llegado indudablemente el momento de terminar de adoptar sin más demora las medidas esenciales para la consecución del mercado único, ampliado actualmente de 15 a 25 Estados miembros. Se deberá de concluir su adopción a más tardar antes de 2010 cuando vence el plazo señalado en Lisboa en materia de competencia. Alcanzar dicho objetivo resulta actualmente indispensable, sin desatender por ello las necesidades ulteriores de mantenimiento permanente y de reajuste del mercado único.

5.2.2

El primer requisito consiste en garantizar una adaptación más rigurosa del Derecho nacional, garantizando el respeto efectivo de los plazos señalados, tal y como se comprometió a hacer la Cumbre Europea. Ello implica que los Gobiernos se sientan más responsables al respecto y, si fuera necesario, reajustar las ayudas de la UE otorgadas a estos países que no lo han hecho, orientándolas hacia la consecución del objetivo de una mejor transposición. Por otra parte, ante la preponderancia de las directivas, recurrir más frecuentemente a los Reglamentos, de aplicación directa y uniforme, facilitaría la adaptación del Derecho nacional.

5.2.3

En lo que se refiere a las prioridades de armonización en materia de competitividad, procede destacar:

5.2.4

La supresión de la compartimentación administrativa es otro requisito indispensable para reforzar el mercado único, que merecería un apoyo más directo por parte de la Unión que el que recibe en la actualidad. Ésta debería incluir:

5.3.1

El establecimiento de una unión económica más real resulta esencial para la competitividad de las empresas europeas y para garantizar plenamente la viabilidad de la unión monetaria. Se trata, en particular, de dotar a Europa de una respuesta macroeconómica más adecuada y más estable frente a la incertidumbre de la coyuntura internacional, tanto en lo que se refiere a las políticas de apoyo de la oferta como de la demanda. Parece indispensable sincronizar el desarrollo de dicha política económica común con la consecución del objetivo 2010 que se estableció en Lisboa en materia de competitividad. Ello implica:

5.3.2

Entre las medidas que permitirían progresar de manera significativa hacia la unión económica, cabe citar:

5.3.3

Uno de los requisitos de la unión económica consiste en aproximar los regímenes fiscales, en particular sus bases impositivas, de manera compatible con una economía abierta a los intercambios y atractiva para las inversiones. La libertad de los tipos podría restringirse a ámbitos que atañen directamente al mercado único. Habría que prever desgravaciones fiscales concertadas en materia de empleo. A falta de unanimidad, una cooperación reforzada entre los Estados miembros deseosos de progresar por esta vía permitiría realizar ya los primeros progresos.

5.3.4

Los objetivos de una política económica más coordinada deberían ser:

5.3.5

La nueva Agenda presupuestaria 2007-2013 deberá centrarse en el desafío referido a la competitividad de Europa. A tal efecto, es preciso:

5.4.1

La credibilidad del mandato de Lisboa debe reforzarse a los ojos de los europeos. Es necesario eliminar los recelos acerca de su significado y de su coste social. Dichas reformas condicionan el futuro de nuestro desarrollo en el marco de una economía abierta. Se trata de garantizar la sostenibilidad del modelo europeo de sociedad en el que confían los europeos, tal como se plasmó en la Carta de los Derechos Fundamentales, haciéndolo compatible con el objetivo de la competitividad.

5.4.2

Este mismo objetivo de competitividad también saldría ganando si se explicitase mejor. Para el Comité, no se trata de ser los más competitivos del mundo reduciendo al máximo los costes en todos los ámbitos: este objetivo sería ilusorio e inviable, y, por varios motivos, nefasto e insostenible debido a su coste cualitativo, social y medioambiental. El Comité considera que, por el contrario, hemos de dotarnos de todos los medios necesarios para ser competitivos de manera plena y sostenible en una economía abierta y globalizada, en particular dominando las nuevas tecnologías y mediante una organización del trabajo y de la productividad más innovadora, con la preocupación permanente de preservar y consolidar nuestro modelo social de desarrollo en Europa.

5.4.3

Debería establecerse una mayor coordinación, por una parte, entre las reformas económicas, sociales, administrativas y medioambientales y, por otra, entre los Estados miembros. Sería necesario garantizar la comparabilidad y el refuerzo mutuo. Habida cuenta de la situación actual de las reformas estructurales en los Estados miembros, conviene especialmente:

5.4.4

En el ámbito europeo, dicha coordinación de las reformas debería reforzarse:

5.4.5

Reforzar la motivación de los europeos respecto de la construcción europea y de su objetivo de competitividad constituye actualmente una exigencia esencial. Ello requiere una visión más clara de los objetivos y perfiles de la Unión Europea en construcción, así como del contexto económico y social global en el que se enmarcan las reformas estructurales. Así, es preciso lograr en particular que se perciba mejor el modelo europeo de relaciones sociales.

5.4.6

Reforzar la competitividad de las empresas europeas implica en particular mejorar las cualificaciones profesionales de los trabajadores, estimular su participación en la organización del trabajo, reforzar la cohesión social en la empresa con el apoyo de unas relaciones sociales estrechas y renovadas.

5.4.6.1

La inversión de las empresas en recursos humanos parece, en efecto, determinante: la mano de obra de una empresa, que constituye su capital humano, es un factor fundamental para la productividad. De esta inversión, en particular en la formación, depende la motivación de los trabajadores asalariados y su capacidad productiva.

5.4.6.2

Mientras que la educación y la formación permanentes se han convertido en un elemento central de la política europea de empleo, resulta inquietante constatar el porcentaje de mano de obra que participa en la educación y la formación: se sitúa, por término medio, en el 14 % para los trabajadores de entre 25 y 29 años, y disminuye con regularidad a medida que se acentúa el envejecimiento, hasta llegar a alrededor del 5 % para los trabajadores de entre 55 y 64 años.

5.4.6.3

En un sistema de producción en que los puestos de trabajo exigen cada vez más conocimientos técnicos y competencia profesional, esta situación resulta preocupante para la competitividad europea. Es deseable, si no indispensable, que se supere esta situación. Para ello, las empresas deberán incluir en su estrategia la formación como una inversión a medio y largo plazo, y no como una acción que justifique una rentabilidad rápida o inmediata de las inversiones.

5.4.6.4

Sin embargo, la formación profesional, la formación y la educación permanentes no deben considerarse por separado. Han de formar parte de la gestión de la carrera de los trabajadores. Se trata de garantizar, a través de la formación, la motivación en todas las edades valorizando las competencias y dinamizando las carreras profesionales. Desde este punto de vista, los balances de competencia, la validación de los conocimientos adquiridos son otros tantos instrumentos que deberán desarrollarse en el marco de proyectos profesionales individuales articulados con el proyecto de empresa.

5.4.7

El Comité quiere subrayar también el papel de la economía social, que ha sido objeto de varios dictámenes. El Comité recuerda que la economía social puede aportar un mejor modelo de competitividad, fundada en la cooperación entre los individuos y las empresas, así como en la capacidad de responder a las necesidades de los individuos y de desarrollar el capital humano.

5.4.8

Además de las empresas y sus trabajadores, los interlocutores sociales desempeñan un papel prioritario en la redefinición de las relaciones sociales. En un primer momento, mediante el mandato de Lisboa se atribuyó una responsabilidad esencial a las empresas, a los interlocutores sociales y a la sociedad civil para la adecuada consecución de las reformas. El Comité lamenta profundamente que en las primeras cumbres de primavera se subestimara dicha referencia, tanto en los informes de los Estados miembros como en los debates y las conclusiones del Consejo Europeo.

5.4.9

Tal situación comenzó a mejorar mediante la celebración, en vísperas de las cumbres de Primavera, de reuniones entre los interlocutores sociales y la Presidencia del Consejo y de la Comisión. El programa plurianual de diálogo social 2003-2005 establecido por los interlocutores sociales (UNICE, CEEP, UEAPME y Confederación Europea de Sindicatos) también contribuyó a consolidar su participación en la aplicación de la estrategia de las reformas. Centrada en tres aspectos (el empleo, los aspectos sociales de la ampliación y la movilidad), dicha agenda de concertación y de iniciativas comunes acentúa especialmente el fomento de la formación y de la cualificación profesional. Contribuye así a definir un modelo europeo de sociedad que aúne una mayor competitividad económica empresarial y un contenido social reforzado.

5.4.10

Por otra parte, dichos interlocutores sociales iniciaron reformas determinantes en los Estados miembros, tanto en materia de formación como de mercado laboral o protección social. Es esencial fomentar su corresponsabilidad en lo que respecta a las reformas, mediante la valorización de sus iniciativas y acuerdos en los informes elaborados para las cumbres de primavera y su participación en los intercambios de buenas prácticas. El Comité está dispuesto a difundir en una base de datos dicha información sobre la participación de los protagonistas socioeconómicos en las reformas.

6.1

El Comité llega a la conclusión de que las carencias que afectan a la competitividad de las empresas europeas son el elevado precio que ha de pagar una Unión Europea que no es lo suficientemente emprendedora, todavía inacabada en muchos ámbitos, que ha retrasado las necesarias reformas y que aprovecha sus propios activos de manera muy insuficiente, a menudo titubeante, a veces incoherente y, en consecuencia, contraproducente. Dicha constatación se ve confirmada en cuatro disfunciones esenciales:

6.2

Remediar dichas disfunciones constituye una responsabilidad colectiva, con el fin de garantizar una mayor coherencia entre la Unión Europea y sus Estados miembros, aprovechando sus complementariedades. El Comité se congratula por el hecho de que en la última cumbre europea de primavera:

6.3

El Comité considera que dichas asociaciones, de ámbito tanto comunitario como nacional, deben dedicarse urgentemente a establecer las condiciones que permitan recuperar la competitividad de la Unión Europea y contribuir en particular a:

6.4

El Comité subraya la necesidad de mantener firmemente el rumbo hacia el objetivo 2010, que debe incluir tanto la aplicación de las reformas de Lisboa como completar el mercado único, así como la consecución de una verdadera unión económica, competitiva, que infiera todas las consecuencias de la unión monetaria a la vez que integre plenamente las exigencias del desarrollo sostenible.

6.5

El Comité constata, por último, que la aceleración necesaria de las reformas se vería facilitada en gran medida por un crecimiento económico más fuerte. La Unión Europea debería garantizar sin más demora las medidas que permitan reforzar el mercado único estimulando la oferta y la demanda, y crear así las condiciones sostenibles para aumentar las inversiones, los intercambios, el consumo y el empleo.