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con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, relativo a la aplicación a las instituciones y a los organismos comunitarios de las disposiciones del Convenio de Århus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 175, apartado 1,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

1. El presente Reglamento tiene el objetivo de contribuir a la aplicación de las obligaciones derivadas del Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en lo sucesivo «el Convenio de Århus»), mediante el establecimiento de normas para aplicar las disposiciones de dicho Convenio a las instituciones y organismos comunitarios, en particular por los siguientes medios:

2. Al aplicar las disposiciones del presente Reglamento, las instituciones y organismos comunitarios se esforzarán por asistir y orientar al público con respecto al acceso a la información, la participación en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

2. Los actos y omisiones administrativos no englobarán las medidas adoptadas, o las omisiones, por una institución u organismo comunitario que actúe en calidad de instancia de revisión administrativa, en virtud de las siguientes disposiciones del Tratado:

El Reglamento (CE) no 1049/2001 se aplicará a cualquier solicitud de acceso a información medioambiental que obre en poder de las instituciones y organismos comunitarios, sin discriminación por razón de nacionalidad, ciudadanía o domicilio, y, en el caso de las personas jurídicas, sin discriminación por razón del lugar en que éstas tengan su sede oficial o un centro efectivo de actividades.

A efectos del presente Reglamento, el término «institución» del Reglamento (CE) no 1049/2001 se entenderá como «institución u organismo comunitario».

1. Las instituciones y organismos comunitarios organizarán la información medioambiental relevante para sus funciones que obre en su poder, con vistas a su difusión activa y sistemática al público, particularmente por medio de la tecnología de telecomunicación informática y/o electrónica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartados 1 y 2, y en el artículo 12 del Reglamento (CE) no 1049/2001. Dichas instituciones y organismos harán que la información medioambiental esté disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas de fácil acceso al público a través de redes públicas de telecomunicaciones. Para ese fin, almacenarán la información medioambiental que posean en bases de datos a las que dotarán de dispositivos de búsqueda y otros tipos de programas informáticos concebidos para ayudar al público a localizar la información que requiera.

No será preciso que la información facilitada mediante las telecomunicaciones informáticas o por otros medios electrónicos incluya la información recogida con anterioridad a la entrada en vigor del presente Reglamento, a menos que ésta ya exista en forma electrónica.

Las instituciones y organismos comunitarios realizarán todos los esfuerzos razonables para conservar la información medioambiental que obre en su poder en formas o formatos de fácil reproducción y acceso mediante las telecomunicaciones informáticas o por otros medios electrónicos.

2. La información medioambiental que se haya de facilitar y difundir será actualizada si procede. Además de los documentos enumerados en el artículo 12, apartados 2 y 3, y en el artículo 13, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) no 1049/2001, en las bases de datos o los registros también figurarán:

3. Cuando resulte adecuado, las instituciones y organismos comunitarios podrán satisfacer los requisitos de los apartados 1 y 2 mediante el establecimiento de enlaces con los sitios Internet en los que sea posible hallar la información.

4. La Comisión velará por que se publique y difunda, a intervalos periódicos que no superarán los cuatro años, un informe sobre la situación del medio ambiente, en el que se incluirán datos sobre la calidad del medio ambiente y las presiones que éste sufra.

1. Las instituciones y organismos comunitarios harán cuanto esté en su poder por garantizar que cualquier información que recopilen directamente esté actualizada y sea precisa y susceptible de comparación.

2. Las instituciones y organismos comunitarios informarán al solicitante, previa petición, sobre el lugar en el que puede hallar la información, siempre y cuando ésta esté disponible, relativa a los procedimientos de medición (incluidos los métodos de análisis, muestreo y pretratamiento de muestras) utilizados en la obtención de la información. Alternativamente, lo remitirán al procedimiento normalizado que se haya utilizado.

Aplicación de excepciones respecto de las solicitudes de acceso a información medioambiental

1. Por lo que respecta al artículo 4, apartado 2, primer guión, del Reglamento (CE) no 1049/2001, se considerará que la divulgación reviste un interés público superior cuando la información solicitada se refiera a emisiones al medio ambiente. Por lo que respecta a las demás excepciones contempladas en el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 1049/2001, el hecho de que la información solicitada se refiera a emisiones al medio ambiente se tendrá especialmente en cuenta a la hora de evaluar si la divulgación reviste o no un interés público superior.

2. Además de las excepciones contempladas en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1049/2001, las instituciones y organismos comunitarios podrán denegar el acceso a información medioambiental cuando la divulgación de la información pudiera afectar negativamente a la protección del medio ambiente a que se refiere dicha información, como los lugares de reproducción de especies raras.

3. Cuando una información medioambiental originada en un Estado miembro obre en poder de una institución u órgano comunitario, éste consultará a dicho Estado miembro y aplicará las excepciones que corresponda conforme al Derecho comunitario. Si no es aplicable ninguna excepción, la institución u organismo de que se trate divulgará la información.

Solicitudes de acceso a información medioambiental que no obre en poder de una institución u organismo comunitario

En los casos en que una institución u organismo comunitario reciba una solicitud de acceso a una información medioambiental que no obre en su poder, deberá informar cuanto antes al solicitante sobre la institución u organismo comunitario o la autoridad pública conforme a lo dispuesto en la Directiva 2003/4/CE a quien puede dirigirse, según su conocimiento, para solicitar la información de que se trate, o bien transmitir la solicitud a la institución u organismo comunitario o la autoridad pública pertinente e informar de ello al solicitante.

En caso de amenaza inminente para la salud humana o el medio ambiente provocada por actividades humanas o por causas naturales, las instituciones y organismos comunitarios colaborarán con las autoridades públicas conforme a lo dispuesto en la Directiva 2003/4/CE, previa petición de éstas, y les ayudarán a difundir inmediatamente y sin demora al público que pueda resultar afectado toda la información medioambiental que le permita la adopción de medidas para prevenir o limitar los daños provocados por la amenaza, en la medida en que dicha información obre en poder de las instituciones y organismos comunitarios y/o de las autoridades públicas mencionadas o la posean otros en su nombre.

El párrafo primero se aplicará sin perjuicio de las obligaciones específicas establecidas por la legislación comunitaria, en particular en la Decisión no 2119/98/CE y la Decisión no 1786/2002/CE.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN RELACIÓN CON PLANES Y PROGRAMAS RELATIVOS AL MEDIO AMBIENTE

1. Las instituciones y organismos comunitarios proporcionarán al público, mediante las adecuadas disposiciones prácticas o de otra índole, oportunidades tempranas y efectivas de participar durante la preparación, modificación o revisión de los planes o programas relativos al medio ambiente cuando todas las opciones son aún posibles. En particular, cuando la Comisión prepare una propuesta de un plan o programa de esta índole que transmita a otras instituciones u organismos comunitarios para que decidan al respecto, dispondrá la participación pública en esa fase preparatoria.

2. Las instituciones y organismos comunitarios determinarán el público que se ve o puede verse afectado por un plan o programa del tipo mencionado en el apartado 1, o que tenga un interés en el mismo, atendiendo a los objetivos del presente Reglamento.

3. Las instituciones y organismos comunitarios velarán por que se informe al público a que se refiere el apartado 2, ya sea mediante anuncios públicos o por otros medios apropiados, como los medios electrónicos cuando se disponga de ellos, acerca de:

4. Se fijará un plazo mínimo de cuatro semanas para la recepción de observaciones. Siempre que se organicen reuniones o consultas, se informará de éstas con una antelación mínima de cuatro semanas. Los plazos podrán reducirse en caso de urgencia o cuando el público haya tenido ya la posibilidad de formular observaciones sobre el plan o programa de que se trate.

1. Cualquier organización no gubernamental que cumpla los criterios enunciados en el artículo 11 podrá efectuar una solicitud de revisión interna ante la institución u organismo comunitario que haya adoptado un acto administrativo con arreglo al Derecho medioambiental o, en caso de supuesta omisión administrativa, que hubiera debido adoptar dicho acto.

La petición deberá hacerse por escrito en un plazo máximo de cuatro semanas a partir de la adopción, notificación o publicación del acto administrativo, tomándose como referencia la más tardía de estas tres fechas, o, en caso de supuesta omisión, de cuatro semanas a partir de la fecha en que se haya requerido la adopción del acto administrativo. En la solicitud se expondrán los motivos de la revisión.

2. La institución u organismo comunitario a que se refiere el apartado 1 deberá examinar la solicitud, a menos que carezca claramente de fundamento. Expondrá sus motivos en una respuesta escrita lo antes posible, y a más tardar en un plazo de doce semanas a partir de la recepción de la solicitud.

3. En los casos en que la institución u organismo comunitario no sea capaz, pese a la debida diligencia, de pronunciarse de conformidad con el apartado 2, deberá informar a la organización no gubernamental que haya efectuado la solicitud, lo antes posible, y a más tardar dentro del plazo mencionado en dicho apartado, de los motivos de no haberse pronunciado y del tiempo que necesitará para hacerlo.

En cualquier caso, la institución u organismo comunitario se pronunciará en las dieciocho semanas a partir de la recepción de la solicitud.

1. Una organización no gubernamental estará legitimada para efectuar una solicitud de revisión interna con arreglo a lo dispuesto el artículo 10 siempre y cuando:

2. La Comisión adoptará las disposiciones que sean necesarias para velar por que los criterios del apartado 1 se apliquen de modo transparente y coherente.

1. La organización no gubernamental que haya efectuado una solicitud de revisión interna en virtud del artículo 10 podrá interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de conformidad con las disposiciones pertinentes del Tratado.

2. Cuando la institución u organismo comunitario no actúe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartados 2 o 3,la organización no gubernamental podrá interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de conformidad con las disposiciones pertinentes del Tratado.

En caso necesario, las instituciones y organismos comunitarios adaptarán sus reglamentos internos a las disposiciones del presente Reglamento. Tales adaptaciones surtirán efecto a partir del …. (9).

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(2) Dictamen del Parlamento Europeo de 31 de marzo de 2004 (DO C 123 E de 29.4.2004, p. 612), Posición Común del Consejo de 18 de julio de 2005 y Posición del Parlamento Europeo de … (no publicada aún en el Diario Oficial).

(3) Decisión no 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente (DO L 242 de 10.9.2002, p. 1).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I. INTRODUCCIÓN

La Comisión adoptó el 28 de octubre de 2003 su propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación a las instituciones y a los organismos comunitarios de las disposiciones del Convenio de Århus sobre el acceso a la información, la participación pública en la adopción de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

El Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura durante su período de sesiones del 29 de marzo al 1 de abril de 2004.

El Comité Económico y Social Europeo adoptó su dictamen el 29 de abril de 2004 (1).

El Consejo adoptó su Posición Común el 18 de julio de 2005.

II. OBJETIVO

El Reglamento propuesto tiene como objetivo aplicar los principios del Convenio de Århus a las instituciones y a los organismos comunitarios, mediante la introducción de un marco de obligaciones para el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente a escala de la Comunidad. En consecuencia contribuye a la prosecución de los objetivos en materia de política medioambiental que establece el artículo 174, apartado 1, del Tratado CE. Por último, la adopción de la presente propuesta de Reglamento demostraría a nivel mundial que la Comunidad Europea está decidida a asumir sus responsabilidades en asuntos de medio ambiente.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1. Generalidades

La Posición Común incorpora una serie de enmiendas del Parlamento Europeo en primera lectura, ya sea literalmente, en parte o en cuanto al fondo. En especial se han aclarado y mejorado los requisitos de procedimiento que han de cumplir las instituciones y los organismos comunitarios con respecto a la información del público y a la participación del público en la toma de decisiones. Con respecto al acceso a la justicia, se han simplificado los criterios para tener derecho a realizar una solicitud de revisión interna. Las organizaciones legitimadas (actualmente definidas como las ONG que cumplen los criterios pertinentes) ya no precisan ser activos a escala comunitaria en tanto que tales; sin embargo las solicitudes tienen que referirse a problemas que tengan una dimensión comunitaria, es decir, deben ser coherentes con la definición de Derecho medioambiental recogida en el artículo 2, letra f).

Sin embargo, otras enmiendas no se reflejan en la PPosición Común ya que el Consejo acordó que resultaban innecesarias o no deseables o debido a que las disposiciones de la propuesta original de la Comisión se han suprimido o se han modificado fundamentalmente.

La Posición Común incluye asimismo cambios distintos de los que prevé el dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura. Además, se han introducido algunos cambios redaccionales para aclarar el texto o para garantizar la coherencia global del Reglamento.

2. Cuestiones específicas

En especial, el Consejo acordó que:

—	las enmiendas 39, 40 y 41 no resultaban aceptables ya que el desarrollo sostenible no entra dentro del ámbito del Convenio y no se ajustan al artículo 174 del Tratado CE con respecto a los objetivos de política medioambiental,

—	la enmienda 1 quedaba cubierta por la formulación del artículo 7,

—	la enmienda 56 podría haber creado un sistema de excepciones que se solaparía con el marco que proporciona el Reglamento (CE) no 1049/2001, que ya es suficiente para garantizar el cumplimiento del Convenio,

—	las enmiendas 3 y 7 y la enmienda 10 excedían las exigencias del Convenio de Århus y en consecuencia resultaban innecesarias para garantizar el cumplimiento,

—	la enmienda 5 no estaba vinculada a ninguna disposición específica en el Reglamento; la preocupación con respecto a la simplificación de los procedimientos encuentra una respuesta en particular en los artículos 10 a 12 de la Posición Común,

—	las enmiendas 8 y 44 ya no tenían sentido, ya que el concepto de «entidad habilitada» se había suprimido en el texto,

—	la enmienda 9 no resultaba aceptable, ya que la definición de «información medioambiental» que figura en la Posición Común se extrajo de la Directiva 2003/4/CE relativa al acceso del público a la información medioambiental,

—	la enmienda 16 sobrepasaba las disposiciones sobre difusión de la información indicadas en la Directiva 2003/4/CE y habría supuesto cargas administrativas innecesarias,

—	las enmiendas 17 y 19 repetían disposiciones que ya existen claramente en el Reglamento (CE) no 1049/2001,

—	las enmiendas 21, 22 y 23 parecían demasiado preceptivas: debería dejarse a cargo de las instituciones y organismos el determinar de qué manera desean tomar en consideración los resultados de la participación del público, sobre la base de los principios generales que establece el Reglamento,

—	la enmienda 25 no podía aceptarse ya que habría podido frenar considerablemente los procedimientos,

—

las enmiendas 30, 42, 47, 48, 49, 50, 52 y 53 resultaban inaceptables ya que el Convenio de Århus deja que sean las partes quienes determinen las modalidades para otorgar el acceso a la justicia. Además del hecho de que limita el concepto de «organización legitimada» a las ONG que cumplan determinadas condiciones, la Posición Común se ajusta escrupulosamente a las disposiciones contenidas en los artículos 230, apartado 4, y 232, apartado 3, del Tratado CE, que son suficientes para garantizar el cumplimiento,

—	la enmienda 51 resultaba innecesaria ya que las modalidades de acceso al Defensor del Pueblo, tal como figuran en el artículo 195 del Tratado CE, son suficientes para garantizar el cumplimiento del Convenio y por ello no debería interferirse con las mismas,

—

algunos elementos de las enmiendas 33, 35 y 58 se mantuvieron. Sin embargo, el incluir una referencia al desarrollo sostenible, con respecto a la definición de Derecho medioambiental no pareció apropiado en el presente contexto, tal como se explica más arriba en relación con las enmiendas 39, 40 y 41. Además la Posición Común garantiza que los criterios para tener derecho a efectuar una solicitud (actual artículo 11) evitan las ambigüedades jurídicas,

—	la enmienda 36 dejó de tener sentido ya que el artículo correspondiente se suprimió (artículo 13 en la propuesta inicial), y dada la nueva redacción del anterior artículo 12 (actual artículo 11),

—

las enmiendas 37 y 38 deberían rechazarse porque no todas las instituciones y organismos comunitarios deberán tener que adaptar automáticamente su reglamento interno. Si necesitan hacerlo, se deberá disponer del tiempo suficiente para ello, cuando resulte necesario, y, más adelante, para aplicar el nuevo reglamento.

IV. CONCLUSIÓN

El Consejo cree que la Posición Común representa un paquete de medidas equilibrado que contribuiría a la prosecución de los objetivos de la política medioambiental comunitaria que se destacan en el artículo 174, apartado 1, del Tratado CE, a la vez que se garantiza el cumplimiento de los requisitos del Convenio de Århus y la compatibilidad con la legislación pertinente ya vigente, en especial el Reglamento (CE) no 1049/2001, sin crear costes injustificados.

El Consejo espera que tengan lugar debates constructivos con el Parlamento Europeo con miras a una pronta adopción del Reglamento.

(1) DO C 117 de 30.4.2004, p. 52.