19.2.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 41/24

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Visto el apartado 2 del artículo 6 del Tratado de la Unión Europea,

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Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 21 y 22 de junio de 2007 sobre el proceso de reforma del Tratado,

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Visto el enunciado del nuevo artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, introducido por el artículo 1, punto 4, del Tratado de Lisboa, en el que se declara que la Unión combatirá la discriminación y fomentará la protección de los derechos del niño, y se especifica que, en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión contribuirá a la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño,

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Vista la decisión tomada por los Jefes de Estado y de Gobierno para clausurar la CIG celebrada el 19 de octubre de 2007 en Lisboa de hacer jurídicamente vinculante la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (1), cuyo artículo 24 se refiere expresamente a los derechos del menor y dispone, entre otras cosas, que «en todos los actos relativos a los menores llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del menor constituirá una consideración primordial»,

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Vista la decisión de la Unión de adherirse al Convenio Europeo de defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales de 1950, convenio que prevé mecanismos de sanción en caso de incumplimiento,

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Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,

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Visto el Programa de Acción de las Naciones Unidas aprobado por la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en septiembre de 1994,

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Visto el Reglamento (CE) no 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de julio de 2006, «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia»(COM(2006) 0367),

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Visto el informe intermedio de la Mediadora del Parlamento Europeo para casos de secuestro internacional de niños por los padres, de 1 de marzo de 2007, en el que se que alerta a la Comisión, al Parlamento Europeo y a otras instituciones del incremento dramático del número de casos de secuestro de menores por los padres,

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Vistos los resultados de la consulta realizada por Save the Children y Plan International sobre la citada Comunicación de la Comisión «Hacia una Estrategia de la Unión europea sobre los Derechos de la Infancia» (3),

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Visto el Foro europeo para los derechos de la infancia, establecido por la Comisión tras la publicación de la mencionada Comunicación, que se reunió por primera vez en Berlín el 4 de junio de 2007,

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Vista la declaración política adoptada en Berlín el 4 de junio de 2007, con ocasión del primer foro, en la que se reitera la voluntad de tener en cuenta de forma sistemática los derechos del niño en las políticas interiores y exteriores de la Unión Europea,

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Vista su Resolución, de 14 de junio de 2006, sobre la Estrategia marco contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos (4),

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Vista la observación temática no 4, de 25 de mayo de 2006, «Aplicación de los derechos del niño en la Unión Europea» de la red de expertos independientes en derechos fundamentales sobre los derechos del niño en la Unión Europea (5),

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Visto el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia en contra de los niños, presentado en la Asamblea General el 11 de octubre de 2006,

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Vistas las directrices de la Unicef de septiembre de 2006 para la protección de los niños víctimas de la trata,

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Vista la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil (6),

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Vistos los artículos 34 y 35 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, relativos a la protección de los niños contra todas las formas de explotación y abusos sexuales, así como contra el secuestro, la venta o la trata,

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de mayo de 2007, «Hacia una política general de lucha contra la ciberdelincuencia»(COM(2007) 0267),

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Visto el artículo 45 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0520/2007),

A.

Considerando que el principal objetivo de la citada Comunicación de la Comisión «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» es promover la afirmación positiva de los derechos de los niños, en particular, el derecho a la propia identidad, el derecho a crecer en un ambiente seguro y el derecho a recibir cuidados, el derecho a tener una familia, el derecho al afecto y al juego, el derecho a la salud, a la educación, a la inclusión social, a la igualdad de oportunidades, al deporte y a un entorno limpio y protegido, así como el derecho a obtener información sobre estas cuestiones, con el fin de crear una sociedad favorable a los niños, en la que éstos puedan sentirse protegidos y protagonistas,

B.

Considerando que, en virtud del artículo 24, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta de los Derechos Fundamentales), «todo menor tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si son contrarios a sus intereses»,

C.

Considerando que, de conformidad con el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales y con el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, es importante garantizar a todos los niños el derecho a la participación, con el fin de tener siempre en cuenta su experiencia y sus opiniones sobre todas las cuestiones que les afecten, otorgándoles la debida importancia de acuerdo con su edad, madurez y desarrollo intelectual; que este derecho es absoluto y no se le deben imponer limitaciones y que deben encontrarse maneras de comunicar con todos los niños, incluso con aquellos que se expresan de una manera que no es fácil de comprender para los adultos, por ejemplo, los niños muy pequeños, los niños con discapacidad y los niños que hablan una lengua distinta a la nuestra,

D.

Considerando que es fundamental integrar y proteger los derechos de los niños en todas las políticas de la Unión que les afecten directa o indirectamente («mainstreaming»),

E.

Considerando que, para los niños, la pobreza y la exclusión social de sus padres representan graves obstáculos para ejercer sus derechos, y que hay otros muchos factores que impiden que los niños ejerzan sus derechos, tales como padres que cumplen su papel parental de una manera insatisfactoria, la necesidad de los niños de estar representados por adultos en asuntos jurídicos o el hecho de que el derecho a los cuidados sanitarios sólo pueda ejercerse con el consentimiento de la persona que tiene la custodia del niño,

F.

Considerando que los adultos deberían ofrecer condiciones favorables para facilitar a los niños el acceso a la palabra, con el fin de que éstos manifiesten sus opiniones y sean escuchados; considerando asimismo que los adultos deberían valorizar los gestos de paz y amistad de los niños y alentarlos a que se reúnan con otros niños; considerando que el tiempo es un factor importante para crear condiciones favorables a la escucha y al acceso de los niños a la expresión, que no debe limitarse exclusivamente a hechos puntuales, y que la financiación de los programas públicos debe tener esto en cuenta,

G.

Considerando que la vulneración de los derechos del niño, la violencia contra los niños y la trata de niños para destinarlos a la adopción ilegal, a la prostitución, al trabajo clandestino, al matrimonio forzado, a la mendicidad o a cualquier otra finalidad son problemas que persisten en la Unión Europea,

H.

Considerando el incremento del número de menores que sufren de enfermedades crónicas, como la neurodermitis y las alergias, de enfermedades respiratorias y de la contaminación acústica,

I.

Considerando que los derechos del niño en relación con el medio ambiente están consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

J.

Considerando que el entorno familiar constituye un marco propicio para la protección de los derechos de los niños y su desarrollo personal sano, el desarrollo de sus capacidades, la adquisición de los conocimientos necesarios para el ejercicio de sus derechos y el aprendizaje de sus deberes, por lo que ha de hacerse todo lo posible para apoyar a las familias mediante políticas públicas adecuadas, pero que, en ausencia de tal marco, todos los niños, en particular los huérfanos, los que no tienen hogar fijo y los refugiados, deben, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CNUDN), poder gozar de una protección de sustitución que garantice su pleno desarrollo sin ninguna forma de discriminación,

K.

Considerando que la estrategia de la UE sobre los derechos de la infancia debería anclarse en los valores y principios establecidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

L.

Considerando que deben reconocerse los derechos de los niños en tanto que sujetos con personalidad jurídica propia y que, pese a la legislación nacional e internacional, las niñas y las mujeres son a menudo víctimas de desigualdades jurídicas, sociales y económicas que afectan al ejercicio de sus derechos positivos y fundamentales, como la igualdad de acceso a la educación, la formación y la salud, los alimentos seguros y el agua limpia, y los derechos reproductivos de los adolescentes,

M.

Considerando que los valores y los derechos fundamentales, incluida la igualdad entre hombres y mujeres, deben ser un componente imprescindible de la educación durante la infancia y la base de todas las demás etapas de la vida,

N.

Considerando que es fundamental introducir la perspectiva de género en todas las políticas que afectan a la infancia, dado que la igualdad entre hombres y mujeres empieza por el reconocimiento de la igualdad entre niños y niñas desde los primeros años de su vida,

O.

Considerando que las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y niñas inmigrantes en forma de los llamados «delitos de honor», los matrimonios forzados, las mutilaciones genitales y otras violaciones no pueden justificarse por ningún motivo cultural o religioso y no deberían tolerarse en ninguna circunstancia,

P.

Considerando que, en Europa, los niños se ven confrontados ya desde edades tempranas a imágenes de horror, pornografía y violencia en los medios de comunicación, y que ello puede tener consecuencias psicosociales devastadoras sobre los niños, como estados de angustia, depresiones, mayor agresividad y problemas escolares,

1.

Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión, que indica muy claramente que todos los convenios sobre derechos humanos fundamentales se aplican tanto a los niños como a los adultos, y que aquéllos gozan además de una serie de derechos adicionales, incluidos los consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que se elaboró con particular referencia a la situación especial de los niños y de los jóvenes;

2.

Se congratula de la decisión de la CIG de 19 de octubre de 2007 de incorporar los derechos del niño como uno de los objetivos de la UE en el Tratado de Lisboa, estableciendo un nuevo marco jurídico para estos derechos;

3.

Acoge favorablemente el desarrollo del Plan de Acción de la Comisión relativo a los niños en el marco de las relaciones exteriores, que se integrará en el marco aprobado y en los compromisos alcanzados en la Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia;

4.

Constata que cada vez más ámbitos de competencia de la UE afectan, de forma directa o indirecta, a los derechos del niño, y pide a la Comisión que incorpore a la evaluación del impacto prevista en su Comunicación de 27 de abril de 2005 titulado «Respeto de la Carta de Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión — Metodología para un control sistemático y riguroso»(COM(2005) 0172) una sección dedicada a examinar hasta qué punto se tienen en cuenta en el plano jurídico los derechos del niño;

5.

Pide a la Comisión que presente una propuesta con vistas a crear una línea presupuestaria específica para los derechos del niño que permita financiar los trabajos de aplicación de la citada Comunicación de la Comisión «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» y proyectos específicos para los niños, como un sistema europeo de alerta rápida para el secuestro de niños, así como un órgano de cooperación permanente compuesto por representantes de las autoridades centrales de los Estados miembros con mandato para reducir el número de casos de secuestro de niños; asimismo, la línea presupuestaria en cuestión debe incluir ayudas para las redes de ONG que actúan en este sector y garantizar la participación de los niños en los trabajos de aplicación de la Comunicación y de los proyectos específicos;

6.

Pide un sistema eficaz de control, dotado de recursos financieros adecuados, e informes anuales para garantizar el cumplimiento de los compromisos contemplados en la citada Comunicación de la Comisión «Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia» y la futura estrategia sobre los derechos de la infancia;

7.

Recuerda que el éxito de la futura estrategia requiere un compromiso y la adopción de acciones a largo plazo, un control reforzado y más efectivo del respeto de los derechos del niño mediante el desarrollo de indicadores y la participación de las ONG y las asociaciones de padres y educativas, y la coordinación con las iniciativas y políticas nacionales e internacionales en materia de derechos del niño;

8.

Pide a la Comisión que, a partir de 2008 y con carácter bianual, elabore un informe global de la Unión Europea sobre los niños y la juventud;

9.

Celebra la iniciativa de la Comisión de introducir en toda la UE un número de teléfono de asistencia al menor, y destaca la necesidad de que este servicio sea gratuito y accesible las 24 horas del día; pide a los Estados miembros que hagan saber a los niños, mediante acciones de información, que pueden recurrir a dicho servicio;

10.

Espera con interés el informe de la Comisión sobre la aplicación, por parte de los Estados miembros, de la Decisión marco de 2003 relativa a la explotación sexual de los niños y a la pornografía infantil anteriormente mencionada;

11.

Pide, según establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que la protección de los derechos del niño se inscriba entre las prioridades del marco plurianual de la Agencia de Derechos Fundamentales («la Agencia»), y que dicha Agencia cree a la mayor brevedad una red de cooperación con las instituciones internacionales, en particular con los defensores del pueblo para la infancia, y las ONG activas en este ámbito, con el fin de aprovechar plenamente la experiencia y las informaciones de que disponen;

12.

Pide a la Comisión, a la Agencia y a los Estados miembros que, en cooperación con las agencias competentes de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y los centros de investigación, actúen para mejorar la recopilación de datos estadísticos comparables sobre la situación de los niños en la UE, ampliando, si procede, el mandato de Eurostat, con el fin de desarrollar e incluir más indicadores específicos sobre los niños, como por ejemplo la pobreza y la exclusión social que afectan a los niños; opina que se debe asegurar la participación de los niños en la recopilación de datos;

13.

Pide a la Comisión que proporcione datos desglosados por sexo y por edad sobre todas las formas de discriminación y violencia ejercidas contra los niños, que integre la dimensión de igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas e instrumentos de su futura estrategia, incluidas las actividades del Foro sobre los derechos del niño, y que garantice el control y la evaluación de estas políticas, entre otras cosas, por medio de la consideración de la dimensión de género en el presupuesto («gender budgeting»);

14.

Pide que los derechos del niño se integren en las políticas y acciones exteriores de la Unión Europea, incluida la Política Europea de Vecindad y la Asociación Estratégica con Rusia, según se expone en el documento de trabajo de la Comisión, de próxima publicación, relativo a un plan de acción de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia en las relaciones exteriores, así como en el proceso de ampliación; reconoce que estas políticas son poderosos instrumentos que ofrecen la oportunidad de promover los derechos del niño; pide a la Comisión que convierta esta oportunidad en objetivos específicos de las actividades exteriores de la Comunidad y de los Estados miembros;

15.

Pide a la Comisión que presente un informe sobre la posibilidad de incluir en todos los acuerdos internacionales concluidos entre la Comunidad Europea y terceros países una cláusula específica, jurídicamente vinculante, sobre el respeto de los derechos del niño tal y como están definidos a nivel internacional;

16.

Solicita a la Comisión que redoble sus esfuerzos para ayudar a los países en desarrollo a trasponer las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otros protocolos facultativos a su legislación nacional;

17.

Pide que se prevea la adhesión de la UE a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y a sus dos protocolos facultativos, así como a los Convenios del Consejo de Europa que afecten a los derechos de los niños, incluido el CEDH y los relativos al ejercicio de los derechos de los niños, a la adopción o a la explotación y los abusos sexuales; pide al Consejo que adopte una posición de principio, con el fin de que, en el futuro, la UE pueda participar en la negociación de nuevos convenios, en particular sobre los derechos del niño;

18.

Señala que toda estrategia para la protección de los derechos de la infancia debería anclarse en los valores y los cuatro principios fundamentales consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, a saber la protección contra todas las formas de discriminación, los intereses primordiales del niño como consideración fundamental, el derecho a la vida y al desarrollo de la persona y el derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todas las cuestiones y procedimientos que afecten al niño;

19.

Considera lamentable que ninguno de los Estados miembros haya establecido aún un Defensor del Pueblo para la infancia, tal como prevé la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño, con el fin de promover el respeto de los derechos del niño y reforzar la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que adopten esta medida lo antes posible; considera que la UE debe liberar recursos financieros para la Red Europea de Defensores del Pueblo para la Infancia (ENOC), de manera que la red pueda abordar más intensamente y a escala de la UE las cuestiones que se relacionan con los derechos del niño;

20.

Señala que la aplicación del Reglamento (CE) no 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental (7) por parte de las autoridades nacionales está dando lugar a una variedad de interpretaciones; insta a la Comisión a que elabore unas líneas directrices y un conjunto de mejores prácticas para aclarar y facilitar la aplicación de dicho Reglamento;

21.

Hace hincapié en la importancia que reviste la plena aplicación, por parte de los Estados miembros y los países candidatos, de los compromisos internacionales existentes, en particular con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contiene disposiciones específicas para los niños con discapacidad, y los Convenios de la OIT sobre el trabajo infantil;

22.

Insta a los Estados miembros que todavía no lo han hecho a que ratifiquen el Convenio de La Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, e insta a las diferentes instituciones de la Unión Europea a promover la ratificación por parte de terceros países de los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos del niño, especialmente los susceptibles de mejorar la situación de los inmigrantes menores de edad;

23.

Insta a la UE a que participe activamente en el fomento del conocimiento y la difusión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dentro y fuera de la UE mediante el uso del «poder de atracción»;

24.

Recuerda a los Estados miembros la necesidad de respetar sin demora sus compromisos europeos e internacionales en relación con la protección de los derechos del niño;

25.

Anima a los Estados miembros a crear programas de intercambio de profesores y alumnos con países terceros, en especial en Oriente Medio y en países en desarrollo, y a difundir y promover los derechos de la infancia, haciendo especial hincapié en el derecho a la educación y a la igualdad de género;

26.

Destaca la necesidad urgente de que se examinen de forma diferenciada las necesidades de los niños, siendo un buen ejemplo de tal escala diferenciada el informe Card 7 del Centro de Investigaciones Innocenti de la Unicef con sus seis parámetros de bienestar infantil, que comprenden el bienestar material, la salud y la seguridad, la educación, las relaciones familiares y entre compañeros, las conductas y riesgos, y el bienestar subjetivo;

27.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas que garanticen el respeto de los derechos de los niños con discapacidades mentales, especialmente en el contexto del derecho a la libertad, la educación y el acceso a la administración de justicia, así como la protección contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes;

28.

Pide a los Estados miembros que se aseguren de que los niños tienen una representación independiente y efectiva en todos los procedimientos judiciales o parajudiciales que les afectan y que disponen de un tutor legal cuando no exista un miembro adulto de la familia responsable, competente y apto para asumir estas responsabilidades;

29.

Subraya que, puesto que la mayoría de los niños, en particular los de más corta edad, crecen dentro de una familia, una estrategia para los derechos del niño tiene que incluir disposiciones para fomentar el bienestar de la familia;

30.

Pide a la Comisión que desarrolle políticas y lleve a cabo actuaciones integrales y transversales en materia de protección de los derechos de la infancia con el objetivo de alcanzar la equidad interterritorial y la igualdad de oportunidades para la infancia;

31.

Propone que la Unión Europea defina como «infancia en peligro» a todos los menores víctimas de una situación social que ponga en peligro su integridad mental o física o que los exponga a la delincuencia, tanto como protagonistas o como víctimas;

32.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas (campañas de información, intercambio de mejores prácticas, etc.) para evitar que los niños se vean expuestos a situaciones de riesgo, incluida la prevención de la delincuencia juvenil;

33.

Recuerda que el derecho a la educación y a la formación es un derecho social fundamental, y hace un llamamiento a todos los Estados miembros y a los países candidatos para que garanticen dicho derecho, independientemente del origen social y étnico del niño o de sus padres, y de su situación física o jurídica, o de la de sus padres;

34.

Pide que la futura estrategia de la UE sobre los derechos de la infancia incluya acciones de prevención de la violencia por razones de género que se centren, entre otras cosas, en campañas de sensibilización sobre la igualdad entre hombres y mujeres que estén dirigidas a las niñas y los niños, los padres y las madres, los educadores y las comunidades vulnerables y tengan el objetivo de permitir la emancipación de las niñas, garantizar su igualdad de oportunidades y mejorar la defensa de sus derechos; pide que se promueva la participación activa de los niños y de los hombres en las medidas preventivas mencionadas; pide a la Comisión que condicione su política de ayuda al desarrollo así como sus acuerdos comerciales a la aplicación de legislaciones que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres y que supriman todos los tipos de violencia hacia las mujeres y los niños;

35.

Pide a la Comisión que, en sus relaciones con terceros países, aliente la ratificación de los convenios y las convenciones internacionales que tengan como objetivo la supresión de las discriminaciones hacia la mujer y que promuevan la participación de la mujer en la vida económica, social y política, contribuyendo de este modo a mejorar el bienestar de sus hijos;

36.

Acoge con satisfacción la organización, por parte de la Comisión, de un foro en el que participan representantes de los Estados miembros, del Parlamento y de la Comisión, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones nacionales e internacionales activas en el ámbito de los derechos del niño, así como los propios niños; opina que la participación de los niños debe ser uno de los principales objetivos del foro; pide a la Comisión que garantice la participación de los niños y de los defensores de los derechos del niño en los Estados miembros, así como de las asociaciones de padres y de familias;

37.

Acoge favorablemente la creación por parte de la Comisión de un grupo interservicios y el nombramiento de un Coordinador para los derechos de los menores, y aboga por la creación de una unidad de coordinación también en el seno del Parlamento, en virtud del Tratado de Lisboa, que actúe de forma coordinada con el grupo interservicios de la Comisión, con el fin de reunir y racionalizar todas las iniciativas y actividades parlamentarias relativas a los derechos del niño; considera que estas estructuras deben poder garantizar una red de intercambio de información y buenas prácticas, en relación con los planes estratégicos nacionales sobre la infancia puestos en marcha por algunos Estados miembros; pide que todos estos órganos establezcan un contacto directo con las organizaciones que se ocupan de los niños y de los jóvenes, con el fin de desarrollar, aplicar, controlar y garantizar la participación efectiva y significativa de los niños en todas las tomas de decisiones que les afectan;

38.

Recuerda que los niños y los jóvenes, independientemente de su edad, tienen el derecho a expresar su opinión; señala que el derecho a expresarse se aplica tanto a las niñas como a los niños, que este derecho debe garantizarse en las labores emprendidas para desarrollar una estrategia de la UE en materia de derechos de la infancia, y que debe asegurarse una participación igual de las niñas y los niños;

39.

Reconoce que la participación activa está vinculada estrechamente a la información; acoge favorablemente el establecimiento de una estrategia de comunicación e información que publicará las medidas comunitarias de un modo fácilmente comprensible para los niños, accesible para todos;

40.

Espera con interés la publicación por parte de la Comisión, en 2008, de su evaluación del impacto de las medidas relacionadas con los derechos de la infancia ya aplicadas por la UE y de un documento de consulta para definir las principales prioridades de la acción futura de la UE en el ámbito de los derechos del niño con vistas a la adopción de un Libro Blanco; pide a la Comisión que tenga en cuenta los resultados de la consulta mencionada anteriormente y realizada a principios del año 2007 por Save the Children y Plan International entre aproximadamente un millar de niños, que ha revelado que los temas que consideran prioritarios son la violencia en su contra, la discriminación, la exclusión social y el racismo, los efectos de la droga, el alcohol y el tabaquismo, la prostitución y la trata de niños, así como la protección del medio ambiente; estima que, además de estas cuestiones prioritarias específicas, el derecho de los niños a la participación y su influencia tienen que ser un objetivo global de la estrategia; por lo tanto, pide a la Comisión que desarrolle un proceso de manera que todas las partes interesadas, incluidos los niños, puedan tomar parte en la consulta con vistas a la definición de una estrategia de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia;

41.

Considera sumamente importante que la información sobre los derechos del niño se divulgue entre los niños de manera adaptada a ellos y a través de los medios adecuados; pide a la Comisión:

42.

Afirma que toda forma de violencia contra los menores, en cualquier contexto, incluida la violencia doméstica, es injustificable y debe condenarse; pide, por consiguiente, que la legislación comunitaria prohíba todas las formas de violencia, los abusos sexuales, los castigos físicos y humillantes y las prácticas tradicionales nocivas; condena todas las formas de violencia contra los niños, incluida la violencia física, psicológica y sexual, como la tortura, el abuso y la explotación de menores, el secuestro de menores, la trata y la venta de niños y de sus órganos, la violencia doméstica, la pornografía infantil, la prostitución infantil, la pedofilia o las prácticas tradicionales nefastas como, por ejemplo, las mutilaciones genitales femeninas, los matrimonios forzados y los delitos de honor;

43.

Recuerda las recomendaciones formuladas en el estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños anteriormente mencionado para prevenir todas las formas de violencia contra ellos y reaccionar a las mismas, en particular, la necesidad de dar prioridad a las políticas de prevención y reforzar los servicios sociales, especialmente los servicios de mediación familiar, la mejora del apoyo ofrecido a las víctimas de violencia, el establecimiento de la responsabilidad de los culpables y el desarrollo de la recogida y el análisis de datos sobre este problema encubierto; pide la promoción, en el marco de las políticas destinadas a prevenir la violencia contra los niños, de la toma de conciencia, las campañas de información y educación, así como actividades para mejorar la capacidad de los grupos profesionales que trabajan con y para niños;

44.

Insta a los Estados miembros a que apliquen medidas legales específicas sobre la mutilación genital femenina o a que adopten leyes que permitan la adopción de acciones penales contra toda persona que lleve a cabo actos de mutilación genital;

45.

Pide a los Estados miembros que intervengan en contra de los delitos de honor, independientemente de su motivo, ya sea en relación con la homosexualidad, la religión, la identidad sexual, los matrimonios forzados o los matrimonios de menores;

46.

Insta a los Estados miembros a que sensibilicen a los médicos sobre las prácticas tradicionales nefastas y a que garanticen el castigo de los delitos de modo consecuente en el marco del ordenamiento jurídico vigente, prestando una atención especial a los grupos vulnerables, incluidas las niñas y las mujeres inmigrantes, las originarias de minorías étnicas y las niñas con discapacidad;

47.

Insta a los Estados miembros a que introduzcan un registro obligatorio de todos los casos de mutilación genital femenina gestionado por los servicios de sanidad, y a que registren los casos en que exista sospecha de mutilación genital;

48.

Insta a los Estados miembros a que se pronuncien contra la violencia de que son víctimas las mujeres por razones de tradición, condenen las violaciones, inducidas por la familia, de los derechos humanos de las niñas inmigrantes, y examinen la legislación que podría aplicarse para exigir que los miembros de la familia rindan cuentas ante la justicia, especialmente en los casos de los denominados delitos de honor;

49.

Sostiene que, para detectar a tiempo y atajar los fenómenos de violencia y malos tratos contra los niños, es necesario elaborar un protocolo especializado de procedimientos de registro y tratamiento de los casos en cuestión así como llevar a cabo acciones de formación del personal médico y de enfermería competente en cuestiones relacionadas con la salud física y psíquica de los niños;

50.

Apoya la designación de un representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra los niños, con el mandato y los recursos necesarios para aplicar los compromisos globales de poner fin a la violencia contra los niños;

51.

Señala la necesidad de elaborar un marco jurídico adecuado en materia de explotación sexual y de abusos contra los menores, así como de reforzar la cooperación judicial y policial entre los Estados miembros, Europol, Eurojust y todas las organizaciones internacionales competentes;

52.

Pide a los Estados miembros que destinen fondos para campañas educativas y en los medios de comunicación dirigidas a los padres y a los profesionales, y que garanticen la prestación de servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales adaptados a los niños;

53.

Pide a todas las instituciones y a los Estados miembros que luchen activamente contra la explotación sexual de los niños, la trata de niños, la pedofilia, los abusos sexuales cometidos contra niños a través de Internet, la prostitución infantil y el turismo sexual que afecte a los niños, tomando todas las medidas necesarias para llevar a cabo la armonización de su legislación nacional sobre la base de los principios mínimos comunes adoptados en la citada Decisión marco 2004/68/JAI y en otros instrumentos legislativos que prevén la participación de todas las partes, tanto públicas como privadas, tal y como se indica en la Comunicación de la Comisión «Hacia una política general de lucha contra la ciberdelincuencia» anteriormente mencionada;

54.

Afirma que la explotación sexual de que son víctimas los niños debe equipararse a un delito de violación en lo que se refiere a las sanciones penales; opina que se deberían tener en cuenta circunstancias agravantes cuando un niño sea víctima de explotación o de abusos sexuales;

55.

Pide a los Estados miembros que tomen en consideración una legislación neutra desde el punto de vista del género cuando se trate de violencia sexual y que consideren que pagar por mantener relaciones sexuales con un niño, por ejemplo un menor, debe estar penado con arreglo al artículo 1 del Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de mayo de 2000; destaca que la sensibilización pública es fundamental para combatir y reducir la demanda de prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;

56.

Recuerda su Recomendación de 16 de noviembre de 2006 destinada al Consejo, que incluye una recomendación al Consejo sobre la lucha contra la trata de seres humanos, un enfoque integrado y propuestas para un plan de acción (8), en cuyo Considerando E se propone que se fije el objetivo de reducir a la mitad el número de víctimas de la trata de seres humanos en los próximos diez años, con el objetivo superior de erradicar este delito lo más rápida y completamente posible;

57.

Insta a los Estados miembros a que adopten medidas legislativas y otras medidas efectivas, incluida la recopilación de datos desglosados por sexo y por edad, que prevengan y supriman todas las formas de violencia cometida en su territorio en la esfera privada y pública;

58.

Pide asimismo a la Comisión que apoye una rápida ratificación del Protocolo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño antes mencionado y del Protocolo Facultativo a la misma Convención sobre la participación de los niños en los conflictos armados;

59.

Pide a todas las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros que garanticen plena protección y asistencia a las víctimas de la trata, en particular para encontrar una solución adecuada y duradera para los niños víctimas de este fenómeno;

60.

Pide a todas las instituciones y a los Estados miembros que se comprometan en la lucha contra la trata de niños y todas las formas de explotación, incluidos el trabajo infantil (9), el trabajo forzado, la servidumbre doméstica y la esclavitud, el trabajo en condiciones de servidumbre y la mendicidad, el matrimonio forzado, la adopción ilegal y las actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el robo, la explotación sexual, la prostitución, etc.;

61.

Pide a la Comisión que proceda de inmediato a valorar las medidas nacionales de aplicación de la Decisión marco 2004/68/JAI, con el fin de proponer la modificación inmediata de aquellas disposiciones nacionales que sean contrarias a la misma, y apoya el compromiso de la Comisión, que, de acuerdo con las principales sociedades emisoras de tarjetas de crédito, está evaluando la viabilidad técnica de excluir del sistema de pagos en línea a los sitios que venden material de pornografía infantil a través de la red o de introducir otras restricciones; pide asimismo a otros agentes económicos, como bancos, oficinas de cambio, proveedores de servicios de Internet y operadores de búsqueda, que desempeñen un papel activo en los esfuerzos para luchar contra la pornografía infantil y otras formas de explotación comercial de los niños; insta al Consejo y a la Comisión a que, con vistas a la adopción de la Directiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (10), prohíban la pornografía infantil y la violencia contra los niños en todos los medios de comunicación audiovisuales; considera que el refuerzo de la actuación transfronteriza contra los sitios Internet con pornografía infantil y la mejora de la colaboración entre las autoridades públicas y los representantes del sector privado deben constituir una prioridad básica de la Comisión con el objetivo de comprometerse al cierre de páginas web ilegales;

62.

Señala la explotación de que son objeto los niños y los adolescentes en el mundo de la moda, la música, el cine y el deporte;

63.

Aboga, en pos de la defensa de los derechos de la infancia, por un sistema de reglamentación adecuado, eficaz y proporcionado, en diálogo con los proveedores, los medios de comunicación (televisiones públicas y privadas, publicidad, prensa, videojuegos, teléfonos móviles e Internet) y las industrias, que tenga, entre otros, el objetivo de prohibir la transmisión de imágenes y contenidos nocivos (incluido el fenómeno del «matonismo informático») y la comercialización de videojuegos violentos, que pueden perjudicar el desarrollo psicofísico del niño al incitar a la violencia y al sexismo; señala con gran preocupación el fenómeno creciente de intercambio de imágenes pornográficas o relativas a abusos sexuales de menores a través de MMS; expresa su apoyo al Programa para una Internet Más Segura mediante la aplicación de medidas operativas y técnicas, en particular para la protección de los niños; en este contexto, pide a los Estados miembros y a los proveedores de servicios Internet que, en colaboración con las empresas que gestionan los motores de búsqueda y la policía, utilicen los medios tecnológicos adecuados para impedir a los usuarios de Internet el acceso a sitios ilícitos relacionados con los abusos sexuales contra los niños y evitar el acceso del público a material que presenta el abuso sexual de los niños;

64.

Celebra que se comience a aplicar un marco europeo para un uso más seguro de los teléfonos móviles por parte de adolescentes y niños, instituido como un código de autorregulación entre empresas destacadas de este sector en la UE y tras el cual se establecerán los correspondientes códigos nacionales de autorregulación; señala que dicho marco constituye un importante primer paso para garantizar la protección de los menores frente a los peligros concretos derivados del uso de teléfonos móviles, si bien es necesario que la Comisión supervise y evalúe permanentemente la aplicación del mismo a escala nacional, con vistas a hacer un balance de sus resultados y a examinar la necesidad de adoptar una iniciativa legislativa comunitaria;

65.

Apoya la creación de un sistema uniforme de clasificación y etiquetado en la UE para la venta y difusión de contenido audiovisual y videojuegos dirigidos a los menores de edad, de forma que el estándar europeo sirva de modelo para los países terceros;

66.

Recuerda que recientemente se ha añadido una etiqueta especial al actual sistema europeo de clasificación por edad de juegos y vídeos informáticos (PEGI); considera que la Comisión y los Estados miembros deben alentar y dar un mayor apoyo a la autorregulación de este tipo en el etiquetado de los juegos, con el fin de proporcionar mejor protección para los menores contra contenidos inadecuados e informar a los padres de posibles riesgos asociados con los juegos y de atraer su atención sobre buenos ejemplos;

67.

Pide a los Estados miembros que refuercen los mecanismos de control sobre los contenidos de programación de televisión en las franjas horarias con mayor audiencia infantil, y que apoyen el control parental mediante una información adecuada y homogénea de los programas de televisión; hace hincapié en que la tecnología de la información aumenta las posibilidades de los niños de acceder a los programas de televisión a toda hora, desde cualquier ordenador conectado a Internet; observa que se ha de prestar mayor atención a la revisión del derecho de los medios de comunicación de masas a dirigirse sin ningún tipo de restricción a los niños y del derecho de los niños a acceder de igual manera a estos medios de comunicación;

68.

Subraya que el fenómeno de la delincuencia juvenil por parte de menores infractores y con una mayoría de víctimas menores de edad constituye una tendencia preocupante en aumento en todos los Estados miembros y requiere una respuesta política global, no sólo a escala nacional sino también comunitaria; considera necesario, a este respecto, que se tome nota del problema con celeridad y fiabilidad y se elabore a escala comunitaria un programa marco integrado que combine medidas en torno a tres ejes: prevención, integración social de los menores infractores e intervención judicial y extrajudicial;

69.

Subraya la necesidad de fomentar en mayor medida la «cultura de los niños» mediante los programas Media y Cultura, y pide al Consejo y a la Comisión que despierten el interés por la cultura y las lenguas europeas con proyectos innovadores adaptados a los niños, estimulando precozmente su deseo de aprender; subraya, al mismo tiempo, la importancia de la educación en lo referente a los medios de comunicación para promover una utilización más informada de los diferentes medios y la introducción de contenidos pedagógicos;

70.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que, en su estrategia futura, elaboren un plan de prevención global de la delincuencia juvenil y del fenómeno del matonismo en las escuelas y otros comportamientos ofensivos, así como de la problemática específica de las bandas juveniles, en el que participen ante todo las familias, las escuelas y los servicios sociales de apoyo a las familias, así como los centros deportivos y de reunión de jóvenes y los propios jóvenes, centrado en las oportunidades que se pueden ofrecer y en la promoción de su participación activa en la sociedad; recomienda que los Estados miembros intercambien sus buenas prácticas entre sí;

71.

Pide la creación de mecanismos seguros, bien publicitados, confidenciales y accesibles a los niños, a sus representantes y otras personas interesadas, para informar sobre los actos de violencia contra los niños; estima que todos los niños, incluidos los internados en centros de cuidados o de justicia, deberían estar al corriente de la existencia de mecanismos de recurso;

72.

Pide a los Estados miembros que introduzcan un sistema de acceso a la información sobre las condenas por abusos cometidos contra niños, con el fin, en particular, de que las personas condenadas por abusos sexuales se consideren no aptas para trabajar con niños y puedan quedar excluidas, para siempre en toda la Unión, de determinadas profesiones que impliquen el contacto con niños, de conformidad con la Posición del Parlamento, de 1 de junio de 2006, sobre la iniciativa del Reino de Bélgica encaminada a que el Consejo adopte una Decisión marco relativa al reconocimiento y la ejecución en la Unión Europea de las inhabilitaciones resultantes de condenas por delitos sexuales cometidos contra los niños (11); considera necesario introducir medidas para prevenir la posible reincidencia, por ejemplo, cuando una persona condenada por delitos sexuales contra niños viaje al extranjero; a este respecto, se congratula por los avances realizados en el seno del Consejo en materia de intercambio de información entre Estados miembros sobre las condenas penales nacionales, y aboga por que el Consejo realice rápidamente una interconexión de los antecedentes penales nacionales a través de las redes europeas;

73.

Pide que se luche contra el fenómeno de la venta y el consumo de drogas y alcohol en los establecimientos educativos y en sus alrededores y que se facilite información a los menores sobre los peligros de dicho consumo;

74.

Pide que los Estados miembros establezcan una definición común de lo que constituye abuso contra los niños, puesto que las legislaciones respectivas difieren por lo que concierne, por ejemplo, a la edad de consentimiento;

75.

Pide una protección eficaz de los niños contra la explotación sexual, en particular que el turismo sexual en el que estén implicados niños se considere delito en todos los Estados miembros y que esté sometido a leyes penales extraterritoriales; pide que cualquier ciudadano de la Unión que cometa un delito en un tercer país sea juzgado de acuerdo con leyes penales extraterritoriales aplicables en toda la UE, de conformidad con el Protocolo Facultativo a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía;

76.

Pide que se dé mandato a Europol para que coopere con las fuerzas de policía de los Estados miembros y de los países afectados por este tipo de turismo y realice investigaciones con vistas a identificar a los autores de tales delitos y, con este fin, pide la creación de puestos de funcionarios de enlace europeos; pide asimismo que se prevean las medidas adecuadas de rehabilitación e integración en la sociedad para las víctimas de la explotación sexual liberadas de sus explotadores, así como una información más completa sobre el turismo sexual en el que estén implicados niños en los Estados miembros;

77.

Anima a los Estados miembros a que establezcan un marco normativo que obligue a sancionar a las personas involucradas en turismo sexual en el que estén implicados niños, y pide a los Estados miembros y a la Comisión que exploren la posibilidad de adoptar una estrategia concertada de la UE contra el turismo sexual con participación de niños y que suscriban y promuevan códigos de conducta en la industria hotelera y turística, como el Código de conducta ECPAT (12) para la protección de los niños frente a la explotación sexual en el turismo y la industria de viajes, de 21 de abril de 2004;

78.

Destaca que una amplia mayoría de los niños víctimas de la trata para la explotación sexual de tipo comercial, como la prostitución y la producción de pornografía infantil, así como en el caso de los matrimonios forzados, son niñas adolescentes, lo que convierte la trata de personas en una cuestión de género de suma importancia; destaca, por otra parte, que, incluso en círculos comprometidos en los intentos de controlar y poner fin a la trata de personas, se encuentran todavía presentes actitudes convencionales sobre la relación entre los sexos, así como ideas tradicionales sobre los roles de mujeres y niñas;

79.

Pide a los Estados miembros que consideren víctimas de un delito a los niños que han sido testigos de violencia doméstica;

80.

Insta a todos los Estados miembros que no lo hayan hecho todavía a que ratifiquen el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptado por las Naciones Unidas en Palermo en 2000, y a que adopten todas las medidas necesarias para ofrecer protección a los niños víctimas de la trata de personas, permitiendo, entre otras medidas, que puedan permanecer en su territorio de forma temporal o permanente;

81.

Recomienda que la futura estrategia conceda una importancia particular a la atención médica, psicológica y social de los menores víctimas de negligencia, abusos, malos tratos, explotación y violencias directas o indirectas, en el respeto del interés superior del niño y de la dimensión de género; recuerda que en los trabajos de la Comisión debe incluirse el impacto de la violencia indirecta sobre el bienestar de los niños y su prevención; subraya que estas cuestiones están vinculadas frecuentemente a situaciones de pobreza y exclusión social de las familias, por lo que se hace necesario subsanar estos problemas mediante nuevas políticas sociales más solidarias;

82.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que investiguen el papel que desempeña la demanda en la explotación sexual de niños y otras formas de explotación de éstos; pide que posteriormente se adopten medidas para reducir esta demanda, entre otras cosas mediante campañas dirigidas al público; considera que la trata de niños es una forma de delito organizado y pide, por consiguiente, a los Estados miembros que realicen esfuerzos comunes para luchar contra dichos delitos y que den prioridad al derecho de los niños a la protección;

83.

Pide a los Estados miembros que reconozcan que, entre las víctimas de la explotación sexual, las niñas están representadas de manera desproporcionada y que, en consecuencia, es necesario aplicar la perspectiva de género en la lucha contra la explotación sexual de los niños;

84.

Opina que las relaciones entre jóvenes de ambos sexos en una fase temprana de la vida sientan las bases para la igualdad de género en otras fases del ciclo vital;

85.

Pide que se prevean para los menores, en proporción a la gravedad del delito cometido, medidas alternativas a la cárcel, como el servicio comunitario para jóvenes, así como que se garanticen medidas de reeducación con vistas a la futura reinserción social y profesional, teniendo en cuenta la necesidad de enseñar a los menores que son titulares de derechos pero también de deberes, y señala al mismo tiempo que para los delincuentes menores de edad la privación de libertad debería utilizarse como último recurso y por el menor tiempo posible; pide también medidas educativas para asegurar la reintegración social y profesional; considera que las medidas de reeducación deben tener como objetivo, entre otras cosas, proporcionar a los jóvenes el conocimiento y las herramientas necesarias para abordar la situación real en la que tienen que vivir, lo que significa que deben tener clara su responsabilidad de respetar los derechos de los demás, así como su responsabilidad de cumplir las leyes establecidas por la sociedad; considera esencial, para la posible conversión de los jóvenes en individuos responsables, hacer que participen y otorgarles el derecho a influir en su propia situación y en las cuestiones que les afectan;

86.

Observa que la edad de responsabilidad penal no es actualmente la misma en todos los Estados miembros, y pide que la Comisión realice un estudio sobre las diferentes posturas que existen en los Estados miembros en lo que se refiere a la edad de responsabilidad penal, el trato dispensado a los jóvenes infractores y las estrategias que les han resultado eficaces para prevenir la delincuencia juvenil;

87.

Señala que es necesario proporcionar una formación específica a todas las personas que trabajan en la administración de justicia a menores (magistrados, abogados, trabajadores sociales y agentes de policía);

88.

Aboga por la creación de una sección especializada en derechos de los niños en el seno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

89.

Pide a los Estados miembros que apliquen las medidas adecuadas para prohibir las diferentes formas de explotación de los niños, incluidas la explotación para la prostitución u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, la esclavitud o las prácticas asimilables a la esclavitud o a la servidumbre, la utilización de niños para la mendicidad, las actividades ilícitas, el deporte y actividades afines, la adopción ilícita, el matrimonio forzado o cualquier otra forma de explotación;

90.

Pide que se luche contra el problema del secuestro internacional de menores, cometido con frecuencia por uno de sus padres tras una separación o divorcio, teniendo siempre en la máxima consideración el interés supremo del menor;

91.

Destaca que el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone que «en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño»; de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños («Convención de La Haya») se desprende que se considera en interés del niño asegurar el inmediato regreso del niño secuestrado; sin embargo, el interés del niño abarca más que el mero regreso inmediato, como por ejemplo: un entorno directo físico seguro, un ambiente afectivo, una estructura educativa flexible y de apoyo, un comportamiento ejemplar adecuado del padre o de la madre, una continuidad en la educación y en los cuidados, así como unas condiciones de vida convenientes; la Convención de La Haya no tiene en cuenta dichos criterios: no tiene en cuenta cuál de los padres ha cometido el secuestro, si éste es el titular de la responsabilidad parental, qué edad tiene el niño, cuánto tiempo lleva residiendo en el otro país, si allá va a la escuela y se ha hecho amigos, etc.; se puede concluir por tanto que, a pesar de las «buenas» intenciones de la Convención de La Haya y del Reglamento (CE) no 2201/2003, los derechos del niño no siempre se garantizan debidamente; por ello hace un llamamiento a la Comisión para que adopte medidas a fin de proteger mejor los derechos del niño, también en este contexto, y le insta a que presente propuestas al respecto;

92.

Pide que se tomen medidas adecuadas y rápidas para la búsqueda y recuperación de los niños desaparecidos y secuestrados, incluyendo el recurso al Sistema de Información de Schengen para impedir que crucen las fronteras; expresa su satisfacción por el número de llamada europeo en relación con los niños desaparecidos y la correspondiente labor de las ONG, y anima a la Comisión a que promueva la creación de una línea telefónica europea abierta para los niños y los jóvenes con problemas;

93.

Pide a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros que apliquen las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/46/121, A/RES/47/134 y A/RES/49/179, sobre derechos humanos y extrema pobreza, A/RES/47/196, sobre observancia de un día internacional para la erradicación de la pobreza, y A/RES/50/107, sobre la celebración del Año internacional para la erradicación de la pobreza y la proclamación del Primer decenio de las Naciones Unidas para la erradicación de la pobreza, así como los documentos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 y E/CN.4/1990/15, sobre los derechos humanos y la pobreza extrema, E/CN.4/1996/25, sobre el ejercicio del derecho al desarrollo, y E/CN.4/SUB.2/RES/1996/25, sobre la realización de los derechos económicos, sociales y culturales;

94.

Recuerda que en el seno de la Unión Europea el 19 % de los niños vive por debajo del umbral de la pobreza y que, por tanto, es necesario tomar medidas de ayuda adecuadas a las necesidades de los niños, así como de apoyo a sus familias, y pide a los Estados miembros que adopten objetivos ambiciosos y factibles para reducir, o incluso erradicar, la pobreza infantil;

95.

Aboga por la creación en los Estados miembros de estructuras adecuadas para ayudar a niños y padres a adaptarse a su nueva situación familiar;

96.

Pide a la Comisión que adopte medidas para permitir que los niños disfruten de su infancia y participen en actividades infantiles sin discriminación o exclusión de carácter social;

97.

Pide a la Comisión que procure integrar estrategias específicas relativas a la pobreza infantil, al desempleo de los jóvenes y a la inclusión social de las minorías en todas las estrategias de desarrollo pertinentes, incluidos los documentos estratégicos y los programas indicativos sobre la reducción de la pobreza;

98.

Pide a las instituciones interesadas que ofrezcan a los niños la posibilidad de contribuir realmente en la lucha contra la pobreza; pide, en aras de una mayor eficacia de la lucha contra la pobreza de los niños, que todas las partes afectadas, incluidos los niños más pobres, participen en la concepción, aplicación y evaluación de los proyectos destinados a erradicar la miseria;

99.

Destaca que la lucha contra la explotación sexual de los niños, es decir, la trata de niños con fines sexuales, la pornografía infantil y el turismo sexual en el que estén implicados niños, es uno de los grandes objetivos de la estrategia de la Unión Europea tanto en el interior como en el exterior, en particular a la luz de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); señala que la pobreza es a menudo una de las muchas causas de exclusión social, discriminaciones y peligros para los niños, y que refuerza estas situaciones; considera, no obstante, que la explotación sexual de los niños tiene su verdadero origen en la demanda de sexo con niños y en la delincuencia organizada, que está dispuesta a explotar situaciones en las que los niños se encuentran en peligro;

100.

Pide que se tome en consideración la posibilidad de proporcionar auxilio psicológico y social, así como apoyo emocional, a los niños que viven en situaciones difíciles como los conflictos armados y en situaciones de crisis, a los niños desplazados o a los que viven en la extrema pobreza;

101.

Pide a los Estados miembros que ejerzan su deber de ayudar y proteger a todos los niños contra los riesgos de desnutrición, enfermedad, malos tratos y abusos, sin perjuicio de su situación social o jurídica o de la de sus padres;

102.

Pide a la Comisión que presente una propuesta de Directiva que cubra todos los tipos de discriminación a que se refiere el artículo 13 del Tratado CE y todos los sectores a que se refiere la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (13);

103.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten especial atención a todas las formas de discriminación contra los niños, incluida la discriminación contra los niños que tienen dificultades de aprendizaje como la dislexia, la discalculia y la dispraxia u otras formas de incapacidad;

104.

Manifiesta su satisfacción por la existencia de numerosas ONG y numerosos voluntarios que crean vínculos de amistad y solidaridad entre los niños más desfavorecidos y otros niños de diferentes condiciones sociales con el fin de erradicar la miseria y la exclusión social; pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que hagan todo lo posible para que los niños más pobres también puedan beneficiarse de los proyectos comunitarios y que los proyectos del Servicio de Voluntariado Europeo otorguen a dichas organizaciones más posibilidades de acoger a jóvenes voluntarios;

105.

Pide que los niños de etnia romaní y los niños que pertenecen a otras minorías nacionales, en particular, sean objeto de medidas focalizadas, con vistas a poner fin a la discriminación, la segregación, la exclusión social y escolar y la explotación de que son a menudo víctimas; pide asimismo a los Estados miembros que se esfuercen por eliminar la representación excesiva de niños de etnia romaní en los centros para discapacitados mentales; también aboga por la promoción de campañas de escolarización, medidas para compensar el alto nivel de abandono escolar y proyectos para la prevención y la asistencia sanitaria, incluidas las vacunaciones;

106.

Considera que la UE debe fijarse como objetivo que no haya niños sin hogar o niños de la calle en la UE; pide que se prevean medidas adecuadas y específicas para ayudar a los niños sin hogar y a los niños de la calle, que en su mayoría sufren graves traumas y exclusión social y no reciben una educación normal o cuidados sanitarios y cuya vulnerabilidad hace que puedan convertirse fácilmente en víctimas de la trata de seres humanos (como la prostitución, el tráfico de órganos y las adopciones ilegales), de la drogadicción y de la delincuencia y que, con frecuencia, se ven obligados a mendigar;

107.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan la situación de los miles de niños de la calle y de los niños obligados a mendigar como un problema social grave relacionado con los derechos humanos que contradice lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y pide a los Estados miembros que introduzcan sanciones contra las personas responsables del envilecimiento de los niños obligados a mendigar;

108.

Pide a la Unión Europea, a los Estados miembros y a las organizaciones de la sociedad civil que hagan todo lo posible para que todos los niños tengan la posibilidad de formar parte de un grupo o de una asociación de niños, con el fin de encontrarse con otros niños y reflexionar con ellos; pide, por lo tanto, que se adopten medidas destinadas a las personas adultas que desean ayudar a los niños a integrarse en un grupo para que puedan manifestarse; en consecuencia, pide a los Estados miembros y a las colectividades competentes que alienten los proyectos destinados a permitir que los niños se manifiesten, tales como los concejos municipales o los parlamentos de los niños, velando por asegurar la participación de los niños más excluidos;

109.

Aboga por que se examine la posibilidad de crear un instrumento comunitario en materia de adopción, elaborado de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales pertinentes, que mejore la calidad de la atención en los servicios de información, la preparación para la adopción internacional, la tramitación de los expedientes de solicitud de adopción internacional y los servicios post-adopción, teniendo en cuenta que todos los convenios y las convenciones internacionales relativos a la protección de los derechos del niño reconocen a los niños abandonados o huérfanos el derecho a tener una familia y a recibir protección;

110.

Pide a los Estados miembros que garanticen el derecho básico de los niños a tener una familia; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que identifiquen soluciones eficaces para prevenir el abandono de niños y paliar el internamiento en instituciones de los niños abandonados o huérfanos; a la hora de buscar una nueva solución para un niño, debe primar siempre el interés superior del niño, tal y como se establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

111.

Opina que la adopción puede llevarse a cabo en el país del que sea nacional el niño o buscando una familia a través de la adopción internacional, con arreglo a la legislación nacional y las convenciones y los convenios internacionales, y que el internamiento en instituciones sólo debería utilizarse como una solución temporal; una solución alternativa de atención familiar podrían ser las familias de acogida; pide a los Estados miembros y a la Comisión que, en colaboración con la Conferencia de La Haya, el Consejo de Europa y las organizaciones infantiles, establezcan un marco que garantice la transparencia, el control efectivo del desarrollo de esos niños adoptados y la coordinación de sus acciones, con objeto de evitar la trata de niños; insta a los Estados miembros a que, en este contexto, presten una atención particular a los niños con necesidades especiales, a saber los niños que precisan tratamiento médico y los niños con discapacidad;

112.

Alienta a los Estados miembros a que prevean acciones a favor de los jóvenes adultos procedentes de orfelinatos o estructuras de acogida, con el fin de que puedan beneficiarse de medidas de acompañamiento para ayudarles a elaborar proyectos para su porvenir profesional y facilitar su integración en la sociedad;

113.

Destaca la exclusión social que sufren los jóvenes delincuentes, hecho que, en muchos casos, hace imposible una reinserción social normal de los mismos; insta, por este motivo, a los Estados miembros a que definan estrategias de acompañamiento a favor de estos menores o jóvenes adultos en situación de riesgo, con el fin de ayudarles a elaborar proyectos para su porvenir profesional y facilitar su reintegración en la sociedad;

114.

Considera que los niños que cuidan de sus padres o hermanos con necesidades específicas deberían tener derecho a una asistencia específica a tal efecto;

115.

Señala que la futura estrategia de la UE debe reconocer el importante papel de la familia como institución social clave para la supervivencia, la protección y el desarrollo del niño; considera que deberían tenerse plenamente en cuenta los derechos de los niños en las cuestiones relativas al tiempo de trabajo y a la conciliación de la vida profesional y familiar, centrándose particularmente en los casos de madres o hijos con discapacidad, así como en la formulación de políticas de apoyo público o privado a los niños y a sus padres para que ambos estén en condiciones de asumir y compartir su responsabilidad educativa y en materia de cuidados; opina que debe reconocerse el hecho de que hoy en día cada vez más personas forman modelos alternativos de familia que no se corresponden con la imagen de la familia nuclear tradicional constituida por la madre, el padre y sus hijos biológicos comunes;

116.

Pide a los Estados miembros que eliminen todas las restricciones a la libertad de contacto de los padres con sus hijos por razón de diversidad de nacionalidades, y en particular la que impide expresarse en una lengua distinta de la oficial en el territorio de tal o cual país; considera que la supresión de las restricciones en los casos de familias mixtas que viven una situación de conflicto entre los padres debe traducirse en la libertad plena de mantener conversaciones en la lengua elegida por el hijo y el progenitor, sin perjuicio del respeto de las reglas especiales de vigilancia que los tribunales puedan haber establecido para los contactos;

117.

Se congratula por la creación del Defensor del Pueblo para la infancia, y pide a todos los Estados miembros de la Unión Europea que propicien esta iniciativa a escala nacional y local;

118.

Destaca que es esencial velar por que se remunere a los niños en edad legal de trabajar con arreglo al principio de «a igual trabajo, igual salario»;

119.

Pide a la Comisión que vele por que el problema del trabajo infantil y la protección de los niños contra toda forma de abuso, explotación y discriminación constituyan cuestiones centrales en los debates de las comisiones y los subgrupos de derechos humanos creados en el marco de los acuerdos comerciales y de cooperación;

120.

Destaca la necesidad de velar por que en todas las políticas, tanto en las internas como en las exteriores, y tanto a nivel de Estado miembro como de UE, se prevea la eliminación del trabajo infantil en todas sus formas; considera que la mejor manera de abordar el problema es prever la educación a jornada completa para niños y niñas, tanto para prevenir ese abuso como para romper la espiral de analfabetismo y pobreza en el futuro;

121.

Condena con el mayor vigor toda forma de trabajo infantil, esclavitud y servidumbre por deudas, así como todo trabajo perjudicial para la salud y la seguridad de los niños; pide a la Comisión y al Consejo que supediten en mayor medida el comercio y la ayuda al desarrollo de la Unión Europea con respecto a terceros países a la aplicación del Convenio de la OIT sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación;

122.

Destaca que los productos que se venden en la Unión Europea podrían estar fabricados por niños; pide a la Comisión que instaure un mecanismo que permita a los niños sometidos a trabajo infantil demandar a las empresas de la UE en los tribunales nacionales de los Estados miembros; pide a la Comisión que vele por la observancia de la cadena de suministro y, en particular, que prevea mecanismos para responsabilizar al contratista principal en la UE cuando se violen las convenciones de las Naciones Unidas sobre el trabajo infantil en la cadena de suministro; pide, en este sentido, a la Unión Europea que ponga en marcha, entre otros, el procedimiento del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) para luchar eficazmente contra la explotación del trabajo infantil que se observa en diversas regiones del mundo, previendo medidas especiales para los trabajos peligrosos a los que se destina a un elevado número de niños;

123.

Pide que se preste especial atención, en interés de los propios niños, a la situación de los niños refugiados, solicitantes de asilo e inmigrantes, cuyos padres son demandantes de asilo, refugiados o inmigrantes ilegales, con el fin de asegurar que estos niños puedan gozar de sus derechos independientemente del estatuto legal de sus padres y que no sufran las repercusiones negativas de una situación de la que no son responsables, con el fin de que se cubran sus necesidades específicas, poniéndose especial cuidado en la protección de la unidad familiar si ello redunda en interés del niño;

124.

Pide que se preste especial atención a los niños que no estén acompañados en el contexto de todas las formas de emigración, dado que la delincuencia organizada puede utilizar cualquier oportunidad de llevar a un niño a un país para explotarlo; considera, por consiguiente, que los Estados miembros deben estar vigilantes y asegurar que existen políticas de protección del niño en cualquier situación imaginable;

125.

Pide el acceso a la educación para los menores inmigrantes así como la creación de programas y recursos, desde una perspectiva intercultural, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad y a los menores no acompañados;

126.

Recuerda que las normas internacionales sobre protección de la infancia son aplicables a los menores no acompañados que llegan al territorio de la Unión Europea por procedimientos de inmigración clandestina; pide a todas las autoridades locales, regionales y nacionales, así como a las instituciones de la Unión Europea, que presten el mayor grado posible de colaboración para tutelar a estos menores no acompañados; solicita a la Comisión que establezca con los terceros países de origen procedimientos de cooperación internacional de asistencia que garanticen la correcta devolución de los menores a esos países y que se establezcan mecanismos de tutela de esos menores una vez devueltos a los países de origen, bien en el seno de sus familias biológicas, bien mediante mecanismos o instituciones que les protejan de modo eficaz;

127.

Espera que en el marco de la adopción, mediante el procedimiento de codecisión, de los nuevos instrumentos sobre los que se basará el sistema común de asilo, la protección de los derechos del niño figure en primer plano, y que se elaboren medidas específicas destinadas a los niños teniendo en cuenta su vulnerabilidad; y previendo, en particular, un acceso adecuado de los niños al régimen de asilo, orientación en los procedimientos relativos a la infancia, la debida consideración a los motivos individuales para la solicitud de asilo de un niño en el seno de una familia solicitante de asilo y un margen más amplio para la reunificación familiar en el contexto del proceso de asilo;

128.

Señala a la atención la situación particular de los niños migrantes separados de sus padres o de su cuidador habitual o legal anterior, y pide que se tome en consideración la necesidad de medidas específicas de alcance comunitario relativas al derecho de asistencia a todos los niños solos, al derecho de acceso al territorio, al nombramiento y cometido de tutores, al derecho a ser oído y a las condiciones de recepción, así como medidas para localizar a la familia y, si procede, para encontrar otras soluciones duraderas;

129.

Señala el hecho de que los niños no acompañados por adultos, los apátridas y los niños cuyo nacimiento no ha sido registrado corren un riesgo particular, y pide a los Estados miembros que adopten medidas especiales sobre la base del interés superior del niño, de acuerdo con la definición de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados;

130.

Hace hincapié en el papel de la educación, que debe ser igualitaria y sin violencia ni castigos corporales; urge a la Comisión a que destine los recursos necesarios para prevenir cualquier tipo de violencia en las comunidades de refugiados, y en especial la violencia de género y la explotación sexual, a través del establecimiento de programas educativos y de sensibilización en materia de género, derechos humanos, salud sexual y reproductiva, mutilación genital femenina y VIH/sida, en favor de menores de ambos sexos;

131.

Hace hincapié en que, en la aplicación de los instrumentos europeos de asilo, hay diferencia entre lo que exige la legislación y lo que se da en la práctica, y que también hay diferencias muy importantes en lo que se refiere al trato que reciben los niños que gozan del estatuto de refugiado en los distintos Estados miembros;

132.

Pone de relieve el hecho de que el 5 % de los solicitantes de asilo son menores no acompañados, lo que muestra la necesidad de designar tutores legales bien formados para los niños no acompañados, a fin de que representen sus intereses tras su llegada al país de acogida; insta a que se mejoren las condiciones de vida de los niños en los centros de acogida; manifiesta su decepción por la falta de procedimientos de asilo sensibles a las necesidades de los niños;

133.

Observa que muchos de los riesgos a los que se enfrentan los niños refugiados son iguales a los de los niños que han sido desplazados a la fuerza dentro de las fronteras de sus propios países;

134.

Insiste en que los niños sólo deben ser devueltos a sus países de origen si su seguridad está garantizada, y hace hincapié en la necesidad de localizar a las familias y de reunificarlas; destaca que ha de prohibirse el regreso de los niños si cabe el riesgo de que puedan sufrir daños graves, tales como el trabajo infantil, la explotación o la violencia sexual, el riesgo de mutilación genital femenina o la exclusión social, o verse involucrados en conflictos armados;

135.

Destaca la necesidad de mejorar la recogida de datos sobre los niños que solicitan el estatuto de refugiado, los niños que residen ilegalmente en el territorio de otro Estado pero que no solicitan el estatuto de refugiado, el resultado de los procedimientos de asilo y el futuro de dichos niños tras la adopción de una decisión final, positiva o negativa, sobre su solicitud de asilo, para evitar que se les pierda el rastro o sean víctimas de la delincuencia organizada;

136.

Subraya las consecuencias negativas de la emigración y de la situación precaria de los niños abandonados en sus países por los padres que han emigrado; destaca la necesidad de garantizar una asistencia, integración y educación completas a estos niños, así como la reintegración familiar en aquellos casos en que sea posible;

137.

Pide a la Comisión que elabore un estudio sobre la posibilidad de ofrecer la ciudadanía de la Unión a los niños nacidos en la Unión Europea, independientemente del estatuto legal de sus padres;

138.

Recuerda que la detención administrativa de los niños debe ser una medida de carácter excepcional; señala que los niños acompañados de sus familias sólo pueden ser detenidos como medida de último recurso y durante el período más breve posible, siempre que sea en su propio interés, de conformidad con el artículo 37, letra b), de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y que los menores no acompañados no deben ser detenidos ni expulsados;

139.

Recuerda que los niños migrantes tienen derecho a la educación y al ocio;

140.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que instauren un sistema eficaz que garantice que, tanto en casa como en el colegio, y a un nivel adaptado a su edad y desarrollo intelectual, los niños tengan conocimiento de sus derechos y puedan hacer uso de ellos;

141.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten a las niñas el acceso a la información y orientación sobre salud reproductiva y a los servicios de salud reproductiva;

142.

Pide a los Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la calidad de sus guarderías, incluida la formación profesional continua y la formación en materia de derechos de la infancia, unas buenas condiciones de trabajo y un sueldo decente para los profesionales que se ocupan de los niños, ya que dichos centros y su personal proporcionan a los niños una importante base para el futuro y también benefician a los padres, en particular en lo que se refiere a la carga de trabajo de los padres trabajadores y de las familias monoparentales, lo que contribuye a su vez a reducir la pobreza entre las mujeres y, por lo tanto, entre los niños;

143.

Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que realicen un esfuerzo coordinado para ayudar a los países socios a lograr el objetivo de una enseñanza primaria universal y gratuita (ODM 2), e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aporten la financiación necesaria para la Iniciativa «Vía Rápida de Educación para Todos»;

144.

Señala la necesidad de prestar atención especial al ODM 3 sobre la igualdad de género y la educación de las niñas, a la contratación y formación de profesoras locales, a la eliminación de cualquier sesgo masculino en los currículos, a una ubicación de las escuelas más próxima a las comunidades que atienden y a la facilitación de instalaciones sanitarias apropiadas; subraya que las escuelas deberían ser zonas de seguridad en las que se respeten los derechos de los niños, y que deberían impedirse rotundamente y solucionarse los problemas de acoso sexual y de violencia en las escuelas y en su entorno;

145.

Pide a los Estados miembros que promuevan proyectos de vida en común entre varias generaciones (casas para varias generaciones), con el fin de que los niños crezcan en contacto con personas de edad avanzada y, al mismo tiempo, que las personas de edad cuenten con una red de acompañamiento global y sean útiles para el desarrollo de los niños, compartiendo conocimientos y experiencias;

146.

Subraya que el derecho a la educación es una condición básica para el desarrollo social de los niños y que todos los niños deben poder acceder a la misma sobre la base de sus habilidades individuales e independientemente de su origen étnico y social, así como de su situación familiar;

147.

Opina que los niños deberían tener acceso a la educación independientemente de su estatus o del estatus de sus padres, y subraya la necesidad de garantizar este acceso a los niños migrantes o refugiados;

148.

Destaca que la futura estrategia de la UE debería reconocer el derecho a la educación sobre la base de la igualdad de oportunidades y la no discriminación;

149.

Anima a los Estados miembros a que den prioridad a la inclusión en el currículum educativo de contenidos relativos a los derechos humanos y a los valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática;

150.

Pide que entre las prioridades de la estrategia de la UE figure la adopción de un conjunto coherente de medidas con vistas a asegurar que los niños con discapacidad puedan gozar siempre de sus derechos, con el fin de evitar toda forma de discriminación y favorecer su integración educativa, social y profesional en todas las fases de su vida;

151.

Recomienda, además, a la Comisión y a los Estados miembros que estudien las necesidades específicas de los alumnos con discapacidad y la aplicación de un programa de escolarización personalizado para favorecer su integración en la sociedad;

152.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten especial atención a la educación integrada de los niños con discapacidad, garantizando su buena integración social desde el colegio y fomentando la tolerancia de los niños sanos que no tienen ninguna discapacidad con respecto a las discapacidades y las desigualdades sociales;

153.

Pide que se actúe con mayor firmeza en las cuestiones relacionadas con la discriminación, la diversidad social, la enseñanza de la tolerancia en los colegios, la educación a favor de una vida sana, la educación alimentaria, la prevención del abuso de alcohol, drogas, medicamentos, productos psicotrópicos y sustancias tóxicas y una educación adecuada por lo que concierne a la salud sexual;

154.

Recuerda que la acogida temprana de los niños en estructuras colectivas (guarderías, colegios) es una de las mejores soluciones para conciliar la vida laboral y familiar y constituye, además, una garantía precoz de igualdad de oportunidades, así como de buena socialización del niño;

155.

Señala que ninguna cultura ni religión justifican que se prohíba la participación de las niñas en actividades escolares y deportivas, como la natación, por razones culturales, y que esta prohibición no puede tolerarse;

156.

Pide a los Estados miembros que proporcionen a todos los niños un acceso libre o asequible a áreas de juego e instalaciones deportivas adaptadas a su edad;

157.

Señala el aumento preocupante de la obesidad en Europa, especialmente entre los niños; subraya que, según las estimaciones, en la Unión Europea más de 21 millones de niños tienen sobrepeso y que, cada año, esta cifra aumenta en 400 000; pide a la Comisión que presente propuestas para reglamentar la publicidad agresiva y engañosa y para mejorar las disposiciones relativas al etiquetado de los productos alimenticios transformados con el fin de hacer frente al creciente problema de la obesidad;

158.

Pide a los Estados miembros y a las autoridades competentes que hagan todo lo posible para garantizar que los niños vivan en un entorno físicamente sano, habida cuenta de los devastadores efectos de la contaminación y de unas malas condiciones de vida en los jóvenes; sostiene que debe prestarse la debida atención al entorno educativo de los niños, con el establecimiento de normas adecuadas;

159.

Recuerda el derecho de los niños y las niñas a la salud y, en particular, el derecho de los adolescentes a la salud sexual y reproductiva, y constata que la protección de la salud de las madres debe ser parte integrante de la futura estrategia de la UE sobre los derechos de la infancia, que debe promover unas condiciones de vida y trabajo adaptadas a las mujeres embarazadas o que amamantan e insistir en el cumplimiento de la legislación existente que garantice los derechos de las trabajadoras, así como un acceso igual y universal para todas las mujeres a una atención sanitaria pública pre y postnatal de calidad con el fin de reducir la mortalidad materna e infantil así como la transmisión de enfermedades de la madre al niño; hace hincapié en la vital importancia que revisten los permisos de maternidad para el desarrollo del niño teniendo en cuenta, en particular, el vínculo afectivo que establece el niño con su madre no sólo durante los primeros meses tras su nacimiento sino, también, durante sus primeros años de vida;

160.

Se congratula de que la Comisión reconozca que los niños, desde el nacimiento hasta la edad adulta, tienen necesidades muy diferentes en las distintas fases de desarrollo de su vida; recuerda el derecho de los niños a los niveles más altos de salud y, en concreto, el derecho de los adolescentes a la salud reproductiva y sexual, a la educación y a servicios de planificación familiar, que deberán formar parte integrante de la futura estrategia de la UE sobre los derechos de la infancia;

161.

Observa que los derechos del niño contemplados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño se refieren a todos los seres humanos menores de 18 años y que es necesario reconocer las necesidades específicas de los adolescentes por lo que se refiere a salud sexual y reproductiva y sus derechos en general;

162.

Destaca la importancia de promover políticas sobre salud sexual y reproductiva para reducir y, si es posible, evitar enfermedades de transmisión sexual (incluido el VIH/sida), embarazos no deseados y abortos ilegales y poco seguros, así como para impedir que los jóvenes ignoren sus necesidades en materia de salud reproductiva;

163.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para proteger a los niños cuyos padres estén afectados de VIH/sida, y hace hincapié en la necesidad de cumplir el ODM 5 (mejora de la salud materna), el ODM 4 (disminución de la mortalidad infantil) y el ODM 8 (lucha contra el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades); pide asimismo que se invierta en investigación sobre las fórmulas pediátricas retrovirales y su desarrollo, el suministro de mosquiteras contra el paludismo y el fomento de la inmunización a través de la Alianza GAVI, conocida anteriormente como la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización;

164.

Pide a los Estados miembros que proporcionen educación, información y asesoramiento sexual con el fin de incrementar la toma de conciencia y el respeto de la propia sexualidad, de evitar embarazos no deseados y la propagación del VIH/sida y otras enfermedades de transmisión sexual, y de facilitar el acceso a los distintos métodos anticonceptivos así como información sobre los mismos;

165.

Pide a los Estados miembros que se aseguren de que todos los niños y adolescentes, tanto en la escuela como fuera de ella, reciben información científica, adaptada y exhaustiva, sobre la salud sexual y reproductiva con el fin de que puedan elegir con conocimiento de causa en cuestiones relacionadas con su bienestar personal, incluida la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/sida;

166.

Anima a los Estados miembros y a la Comisión a que promuevan, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, la igualdad de acceso de niños y niñas a todos los niveles de la educación así como a la atención sanitaria, haciendo especial hincapié en los niños desfavorecidos, especialmente los de minorías étnicas o sociales;

167.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos por combatir los daños relacionados con el consumo de alcohol que afectan a las mujeres y los niños,

168.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por crear unas condiciones que permitan a cada niño el acceso a servicios sanitarios de cualquier clase y nivel y que, cuando sea necesario, adopten medidas positivas para que los grupos desfavorecidos puedan beneficiarse de servicios sanitarios de los que, de lo contrario, quedarían excluidos;

169.

Recuerda que la Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (14) establece derechos laborales para las mujeres embarazadas o lactantes, obligando a los empleadores a tomar todas las medidas adecuadas para garantizar que ni la salud de la mujer ni la del feto estén expuestas a ningún riesgo en el lugar de trabajo;

170.

Pide que se examinen y valoren los efectos de la contaminación medioambiental sobre los sistemas hormonal, neurológico, psicológico e inmunitario, se introduzcan pruebas de compatibilidad con el niño para cualquier plan de regulación del tráfico o de ordenación territorial, y se marquen con etiqueta positiva los juguetes importados no resultantes del trabajo infantil;

171.

Reconoce el derecho de todo niño a ser inscrito en el registro en el momento de su nacimiento como reconocimiento jurídico de su existencia y de su derecho a adquirir nacionalidad e identidad, con independencia de su sexo u origen étnico y de la nacionalidad o condición de refugiado, inmigrante o solicitante de asilo de sus progenitores;

172.

Reconoce que el certificado de nacimiento contribuye a proteger a los niños contra violaciones de sus derechos como resultado de las dudas sobre su edad o identidad; considera que la existencia de un sistema fiable de registro de los nacimientos dificultaría el tráfico de menores y de órganos, pondría freno a las adopciones ilegales e impediría que se diesen afirmaciones falsas en relación con la edad de los menores de cara al matrimonio a edad temprana, el reclutamiento de niños soldado, la explotación sexual de menores, el trabajo infantil (15) y la concesión a los menores del mismo tratamiento judicial que a los adultos;

173.

Destaca el hecho de que la «invisibilidad» de los niños no inscritos en el registro incrementa su vulnerabilidad, así como las probabilidades de que las violaciones de sus derechos pasen desapercibidas;

174.

Deplora la existencia en determinados países de discriminación de género en torno al registro de nacimientos, con legislaciones y prácticas contrarias a la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que incluye la negación del registro a las madres solteras, la negación de la nacionalidad de la madre, y la discriminación en el registro de las niñas no escolarizadas cuando el acceso al registro se basa en el sistema educativo;

175.

Insta a la Comisión y a las organizaciones encargadas de los derechos de la infancia y de la ayuda humanitaria a que participen en las acciones de concienciación sobre la necesidad de proceder al registro de los nacimientos en los terceros países; observa que la falta de certificados de nacimiento puede impedir que se reconozca a los niños su derecho a la herencia, al acceso a la educación y a la asistencia sanitaria y material pública; pide la adopción de medidas destinadas a garantizar que estos servicios se proporcionen de forma universal hasta que se pueda llevar a cabo el registro oficial;

176.

Insta a la Comisión a que pida a todos los países que creen sistemas permanentes de registro que operen desde el nivel nacional hasta el nivel de las aldeas, a los que toda la población, incluidas las personas que viven en zonas remotas, pueda acceder de forma gratuita, por ejemplo poniendo a disposición, cuando proceda, unidades de registro móviles, así como que proporcionen una formación adecuada a los funcionarios de los registros civiles y que asignen suficientes recursos a la financiación de estas iniciativas;

177.

Pide a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros que aumenten su esfuerzos para garantizar la coordinación efectiva de las políticas orientadas al fomento del registro de nacimientos, y en particular con la participación de las Naciones Unidas y las agencias dependientes, con el fin de acordar una agenda común que propicie una respuesta global y efectiva;

178.

Destaca la gran necesidad de aplicar las Directrices de la Unión Europea sobre los niños y los conflictos armados;

179.

Exhorta a los Estados miembros a que integren el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en su Derecho nacional, así como a que investiguen, persigan y castiguen a todas las personas que hayan reclutado ilegalmente niños en fuerzas o grupos armados o que hayan utilizado niños para participar activamente en situaciones de conflicto, y que se aseguren de que se están haciendo todos los esfuerzos posibles para poner fin a la cultura de impunidad con respecto a estos delitos;

180.

Acoge con satisfacción la adopción de los Compromisos de París para la protección de los niños reclutados de forma ilegal o utilizados por fuerzas o grupos armados, de 2007, como actualización de los Principios de Ciudad del Cabo de 1997, e insta a todos los Estados a que los adopten;

181.

Considera que se requieren medidas para asegurar que los niños privados de libertad son tratados de acuerdo con el Derecho humanitario internacional y con la legislación sobre derechos humanos, teniendo en cuenta su estatus especial como niños, así como para prohibir su detención junto con adultos, excepto en el caso de los padres de niños de corta edad; en este sentido, subraya la necesidad de promover programas de formación destinados a la sensibilización de los funcionarios y del personal de los sistemas jurídicos y policiales de los países en los que se ha constatado el uso de niños o niñas soldado;

182.

Subraya la necesidad de tratar a los niños de conformidad con las normas de la justicia juvenil, así como de buscar alternativas a los procedimientos judiciales; pide que fiscales y abogados especializados en la juventud y en los asuntos sociales asistan a los niños en los tribunales; pide la constitución de comisiones de la verdad y la reconciliación;

183.

Pide la reintegración y la rehabilitación física, social y psicológica de los antiguos niños soldado y de otros niños afectados por conflictos armados, la reunificación con sus familias, una asistencia alternativa para aquellos para los que la reunificación no es una opción, cursos de recuperación educativa y la difusión de información sobre el VIH/sida; subraya la necesidad de cubrir las carencias específicas de las niñas soldado para su reintegración, que a menudo son repudiadas y marginadas socialmente, destinando los medios necesarios para establecer programas en materias de educación, salud sexual, apoyo psicológico y mediación familiar;

184.

Hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros adopten acciones diplomáticas conjuntas en aquellos casos en que haya información de que unidades militares o grupos armados están reclutando niños;

185.

Observa que las prestaciones de urgencia para los niños de países frágiles afectados por conflictos rara vez incluyen una enseñanza adecuada, y solicita a la Comisión que apoye las actividades educativas, incluida la aplicación de los niveles mínimos señalados por la Red Interagencias de Educación de Urgencia, tanto en el caso de emergencias como en la fase de transición de la crisis al desarrollo;

186.

Hace hincapié en que la ausencia de soluciones definitivas a los conflictos latentes crean una situación en la que no se respeta el Estado de Derecho y se cometen violaciones de los derechos humanos en las zonas afectadas, lo que constituye un obstáculo de primer orden para garantizar el respeto de todos los derechos de los niños; pide que se adopten medidas para abordar las necesidades especificas de los niños y de sus familias en las zonas en las que se registran conflictos latentes;

187.

Subraya el derecho de los niños a crecer en una sociedad libre y abierta en la que se respetan los derechos humanos y la libertad de expresión, y en la que no se practica la pena de muerte, en particular en el caso de los menores;

188.

Subraya que la situación de los niños en los países no democráticos es muy precaria, y pide a la Comisión que tome en consideración a este grupo de población;

189.

Pide a la Comisión que examine la cuestión de la sensibilización política en el caso de los niños y adolescentes de terceros países en los que rigen restricciones a la democracia con el fin de que los jóvenes puedan convertirse en ciudadanos políticamente conscientes;

190.

Pide a la Comisión que subraye la importancia que reviste para los jóvenes el ser capaces de expresar voluntariamente sus opiniones a través de las organizaciones (políticas) juveniles;

191.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a la red europea de los observatorios nacionales de la infancia (ChildONEurope), al Consejo de Europa, al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, a Unicef, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la Organización Mundial de la Salud (OMS).