1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/98

A.

Considerando que la economía internacional y los mercados mundiales han sido capaces de dar lugar a un crecimiento histórico único y sin precedentes en los últimos veinticinco años, con una capacidad de producción que ha brindado prosperidad a más gente que nunca y que es necesario reajustar a raíz de la desaceleración económica provocada por la reducción de la demanda,

B.

Considerando que la crisis financiera y económica está empeorando día a día, con lo que la Unión Europea y sus países vecinos, a falta de de una acción pública mucho más enérgica y eficaz que la que se ha visto hasta ahora, se acercan cada vez más a una profunda crisis social y política que pone a prueba la solidaridad europea,

C.

Considerando que los principales desafíos en la lucha contra la recesión que padece la economía internacional y europea son actualmente la falta de confianza en los mercados financieros y de capitales, así como el creciente desempleo,

D.

Considerando que el inédito alcance de la actual crisis financiera y el profundo calado de la consiguiente recesión exigen una revisión bien meditada del marco legislativo y de gobernanza de los mercados financieros a escala internacional y de la UE para prevenir tanto futuros problemas en la economía internacional como evitar problemas de la misma naturaleza en los mercados financieros y fortalecer la economía de la UE ante los cambios,

E.

Considerando que la inoperancia de importantes entidades financieras socava los mercados crediticios, obstaculiza el flujo de capitales, las inversiones y el comercio, y presiona a la baja a los precios y valores, royendo la estabilidad y los activos de que precisan las entidades financieras para prestar dinero y las empresas para garantizar su propia financiación,

F.

Considerando que la actual crisis financiera obedece a unas políticas monetarias poco estrictas y a la expansión, impuesta políticamente, de los créditos para la vivienda, así como a los desequilibrios macroeconómicos del pasado, principalmente entre los Estados Unidos y las economías emergentes como China; destaca la necesidad de desarrollar en mayor medida la competitividad de la UE y las inversiones en infraestructuras e investigación, así como en nuevas empresas y nuevos mercados,

G.

Considerando que las principales prioridades de los responsables políticos de la UE para asegurar la recuperación económica deben ser el restablecimiento de la operatividad de los mercados financieros y de capitales y la salvaguardia del empleo, contribuyendo así a que la economía de la UE vuelva a la senda del crecimiento, la inversión y la creación de empleo,

H.

Considerando que la actual recesión debería aprovecharse como oportunidad para promover las inversiones «ecológicas» y crear empleos «ecológicos» en consonancia con la realización de los objetivos de largo plazo de Lisboa-Gotemburgo y el paquete climático y energético,

I.

Considerando que para velar por la recuperación económica se requiere una acción coordinada en el marco de la legislación comunitaria relativa a la competencia y a la ayuda pública, así como estabilidad en los mercados financieros y de trabajo, sin falsear la competencia entre empresas ni crear desequilibrios entre Estados miembros, con vistas a asegurar la estabilidad y la competitividad de la economía de la UE,

J.

Considerando que las consecuencias de la crisis financiera en la economía real han conllevado circunstancias económicas excepcionales que requieren medidas y decisiones oportunas, focalizadas, temporales y proporcionales para dar solución a una situación inédita global en materia económica y de empleo y que la intervención pública, si bien resulta inevitable, distorsiona los papeles que corresponde desempeñar a los sectores público y privado en tiempos de mayor normalidad,

K.

Considerando que las deficiencias del actual marco reglamentario financiero ya han sido abordadas por el Parlamento Europeo en sus posiciones sobre las propuestas legislativas y en sus resoluciones,

L.

Considerando que los datos más recientes facilitados por la Comunidad sobre las previsiones para 2009 indican un rápido deterioro de las condiciones económicas en toda la UE y que ahora recae sobre la Unión Europea y los Estados miembros en última instancia la responsabilidad de garantizar la estabilidad macroeconómica, el crecimiento sostenible y el empleo,

M.

Considerando que la crisis financiera ha puesto de manifiesto el dilema, por una parte, entre la necesidad de abordar la competencia normativa en política económica a escala de la UE y el hecho, por otra parte, de que los planes de incentivación económica son competencia de las autoridades de los Estados miembros,

N.

Considerando que las medidas a corto plazo lanzadas por los diferentes Estados miembros requieren una coordinación general a nivel de la UE para asegurar su sinergia, por una parte, y evitar, por otra parte, efectos indirectos, falseamiento de los mercados y una duplicidad de esfuerzos costosa,

O.

Considerando que las medidas a corto plazo deben ajustarse y respaldar los objetivos a largo plazo de hacer de la Unión Europea la economía del conocimiento más competitiva del mundo, de no socavar la credibilidad y confianza futuras y de garantizar la estabilidad macroeconómica,

P.

Considerando que conviene reconocer la diferente capacidad de los Estados miembros para poner en práctica los programas de recuperación; considerando que conviene desarrollar un importante enfoque complementario de la UE basado en gran medida en un entramado de medidas políticas de mutuo apoyo en los ámbitos de las políticas económica, ambiental, de empleo y social,

Q.

Considerando que la pertenencia a la zona del euro ha servido para apuntalar la estabilidad económica en los correspondientes Estados miembros; que, además de una intervención pública responsable para contrarrestar la recesión económica, los ciudadanos esperan en este período de recesión económica una respuesta sólida mediante disposiciones de la Unión Europea y cohesión social y regional, preservándose las normas y principios que garantizan una moneda fuerte y estable,

R.

Considerando que es de suma importancia restablecer la confianza para permitir un funcionamiento ordenado de los mercados financieros y limitar así los efectos negativos de la crisis financiera en la economía real,

S.

Considerando que a los Estados miembros que se han adherido hace poco a la Unión Europea y que no pertenecen a la zona del euro les está afectando gravemente la especulación contra sus monedas, la fuga de capitales y la congelación de los mercados de crédito internacionales,

1.

Se congratula de la iniciativa de de la Comisión de lanzar un Plan Europeo de Recuperación Económica (Plan de Recuperación) en respuesta a la grave recesión económica en curso; toma nota de que la dimensión comunitaria de la propuesta representa el 15 % del presupuesto del programa de recuperación, que sigue siendo preciso ejecutar urgentemente;

2.

Destaca que la principal prioridad del Plan de Recuperación debe ser estimular la economía y la competitividad de la Unión Europea para preservar la seguridad y las oportunidades de los ciudadanos y evitar un mayor desempleo; considera que el Plan de Recuperación debe contrarrestar el declive económico, permitiendo que los mercados financieros vuelvan a funcionar adecuadamente, facilitando las inversiones y mejorando las oportunidades de crecimiento y empleo, reforzando la economía y el mercado de trabajo de la UE y mejorando las condiciones marco para el crecimiento y la creación de empleo;

3.

Espera de la Comisión orientaciones claras y firmes hacia un mejor enfoque coordinado entre todos los Estados miembros en la gestión de esta profunda crisis económica, con el fin de salvaguardar en Europa puestos de trabajo y empleo en la mayor medida posible;

4.

Insiste en que toda la ayuda financiera ha de ser oportuna, focalizada y temporal; advierte sobre posibles efectos de exclusión y disolución de la política de competencia de la UE; insta a que se restablezca cuanto antes la competencia leal en los mercados, definida en los Tratados; toma nota con preocupación del rápido aumento de la deuda pública y del déficit presupuestario; reclama asimismo que se vuelva a unas finanzas públicas sanas lo antes posible, tal y como se prevé en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, para evitar que recaiga una carga excesiva en las futuras generaciones;

5.

Subraya que las excepciones y las desviaciones temporales con respecto a la política comunitaria de competencia deben pasar a ser la norma en unos plazos claramente definidos;

6.

Destaca que el Plan de Recuperación debe servir para lograr un acuerdo internacional justo y equitativo que suceda al Protocolo de Kioto en 2012 y que dicho acuerdo debe, entre otras cosas, dar a los países más pobres la oportunidad de salir de la pobreza sin agravar el calentamiento climático, contribuyendo a financiar grandes inversiones en la adaptación al cambio climático, las energías renovables y la eficiencia energética;

7.

Observa con inquietud el rápido aumento de la deuda pública y del déficit presupuestario; se muestra preocupado por que la deuda pública pueda convertirse en una carga excesiva para las futuras generaciones;

8.

Pide a la Unión Europea, reconociendo como objetivos comunes de gran importancia la necesidad de adaptarse a un entorno competitivo global y hacer que la economía europea vuelva a crecer, que redoble sus esfuerzos para invertir en competencias, formación y creación de empleo sostenible, el mantenimiento del empleo y la prevención del desempleo masivo, velando asimismo por unas políticas fiscales constructivas, que deberían contribuir a determinar el tamaño y la estructura del Plan de Recuperación; espera un acuerdo en el Consejo Europeo de primavera de 2009 sobre orientaciones claras y medidas concretas para salvaguardar el empleo y crear oportunidades de puestos de trabajo;

9.

Recomienda, pues es un requisito esencial de eficiencia, que en el marco de la coordinación de los planes nacionales de recuperación se permita diseñar a medida de las necesidades específicas de cada país cada uno de los programas, teniendo presentes los intereses comunes, las estrategias comunes definidas en materia de lucha contra el cambio climático y velando por su mayor efecto multiplicador, en particular en el empleo;

10.

Recomienda el lanzamiento de nuevas iniciativas horizontales a escala de la UE, dado que las diferentes capacidades y márgenes nacionales de maniobra presupuestaria podrían generar resultados muy asimétricos a lo largo y ancho de la Unión Europea; recuerda, no obstante, la responsabilidad de cada Estado miembro en el ejercicio de la disciplina fiscal, las inversiones y las reformas estructurales;

11.

Recomienda encarecidamente que se evite el riesgo de que las soluciones aplicadas se conviertan en una mera suma de todas las políticas nacionales, con sus consiguientes costes y conflictos potenciales, pues ello podría socavar el mercado único y la unión económica y monetaria y debilitar el cometido de la Unión Europea como actor global;

12.

Apoya el compromiso de la Comisión con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado y toma nota de su voluntad de emplear toda la flexibilidad prevista en el pacto para adoptar políticas anticíclicas contra la recesión con objeto de permitir que los Estados miembros respondan de forma adecuada a la crisis económica, en particular para evaluar si las decisiones de inversión a corto plazo son compatibles con los objetivos presupuestarios a medio plazo y conducen al crecimiento sostenible y a la consecución de los objetivos a largo plazo de la Estrategia de Lisboa;

13.

Hace hincapié en que es absolutamente necesario que los Estados miembros respeten el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado, con vistas, por una parte, a hacer frente de forma efectiva a las actuales circunstancias excepcionales y, por otra, a garantizar un compromiso sólido para que la disciplina presupuestaria pueda retomar su curso normal una vez que la economía se haya recuperado, al tiempo que se refuerza el carácter anticíclico del Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado;

14.

Se congratula de las medidas a corto plazo adoptadas para restablecer la confianza en el sistema financiero; recuerda que esas medidas de urgencia son insuficientes para resolver algunos de los problemas fundamentales que ha generado la crisis, es decir, los desequilibrios mundiales, la asunción de riesgos excesivos, su efecto potenciador y la recompensa de los compromisos a corto plazo; recuerda la necesidad de revisar los mecanismos de remuneración, pues podrían ser una fuente de inestabilidad financiera;

15.

Aboga por una actuación coordinada de los Estados miembros que permita establecer garantías bancarias nacionales expresas y generales, que cubran las deudas pero no los recursos propios, para reducir la incertidumbre en los mercados crediticios y facilitar el funcionamiento de dichos mercados;

16.

Insta a los Estados miembros, particularmente a los integrantes de la zona del euro, que estudien la posibilidad de un gran empréstito europeo, avalado solidariamente por los Estados miembros;

17.

Recuerda que preservar los ahorros y asegurar la concesión de créditos a particulares y empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas (PYME), son la justificación primera de la actual intervención pública excepcional en el sistema financiero; recuerda a los Gobiernos de los Estados miembros su responsabilidad democrática ante los Parlamentos por la utilización de fondos públicos para planes de rescate y recomienda encarecidamente que se prevea y coordine a escala de la UE un mecanismo de supervisión adecuada y, en caso necesario, sanciones para asegurar la consecución de esos objetivos;

18.

Destaca la importancia de garantizar que los recortes en los tipos de interés centrales se repercutan en los prestatarios;

19.

Recuerda la necesidad de que las autoridades de regulación y las autoridades pertinentes de los Estados miembros examinen a fondo las actividades de los banqueros y el sector bancario durante los últimos meses para elucidar también si algunos comportamientos censurables o, incluso, delictivos han contribuido al hundimiento del sistema bancario y garantizar que la intervención pública y las decisiones en materia de política monetaria, respecto de los tipos de interés, hayan servido para invertir la tendencia a la restricción del crédito;

20.

Considera que conviene supervisar estrictamente la aplicación de los paquetes de rescate a las entidades financieras para velar por un entorno de igualdad de condiciones que comprenda el nivel de solvencia, los beneficios previstos, la liquidez del mercado interbancario, la evolución de los recursos humanos y la confianza de los clientes, tanto de los particulares como de los empresarios;

21.

Considera que los planes de rescate del sector bancario deben ir acompañados de condiciones en materia de incentivos monetarios, concesión de préstamos, condiciones de préstamo, reestructuración del sector y protección del acervo social;

22.

Opina que el desarrollo del microcrédito, reconocido como un instrumento eficaz con un fuerte efecto multiplicador, debe fomentarse, en particular imponiéndolo como requisito a aquellos bancos comerciales que hayan recibido apoyo público;

23.

Insiste en que se otorgue la máxima atención al restablecimiento de los niveles normales de crédito cuando se examine cualquier nuevo marco reglamentario, en particular para reactivar el proceso de titulización como elemento esencial en el relanzamiento de la financiación destinada a la adquisición de una vivienda o un coche o a las tarjetas de crédito;

24.

Pide a la Comisión que presente un análisis claro del impacto del paquete de rescate en la competitividad del sector financiero y en el funcionamiento del mercado interbancario; pide a la Comisión que cree equipos interdisciplinarios, contando con los conocimientos especializados de sus Direcciones Generales de Competencia, Asuntos Económicos y Financieros, y Mercado Interior y Servicios, de los tres Comités de supervisión de nivel 3y del Sistema de Bancos Centrales Europeos, a fin de reunir conocimientos y experiencia técnica y garantizar que los Estados miembros puedan tomar decisiones equilibradas, imparciales, oportunas y de calidad;

25.

Considera que, aunque el Banco Central Europeo (BCE) no posee un mandato oficial de supervisión, es necesario reforzar su papel en materia de supervisión de la estabilidad financiera en la zona del euro, en particular en la supervisión del sector bancario a escala de la UE; recomienda, por consiguiente, que el BCE intervenga en la supervisión macroprudencial a escala de la UE de las instituciones financieras de importancia sistémica con arreglo al artículo 105, apartado 6, del Tratado;

26.

Deplora la ausencia de unos instrumentos y políticas claros de la UE que permitan abordar oportuna y profundamente las repercusiones asimétricas de la crisis financiera en los Estados miembros tanto dentro como fuera de la zona del euro;

27.

Reitera su llamamiento a la Comisión para que analice los efectos del comportamiento de los bancos que retiraron sus activos de los Estados miembros de más reciente adhesión a la UE tras la adopción de planes de rescate por otros Estados miembros y que examine detenidamente las acciones especulativas (venta en descubierto) dirigidas contra las monedas de los Estados miembros de más reciente adhesión; pide a la Comisión que comunique los resultados de ese análisis al Grupo de Larosière y a la comisión competente del Parlamento;

28.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden a la mayor brevedad el problema de las garantías bancarias, para velar por que, mediante mecanismos de concepción similar se evite la quiebra de bancos en la Unión Europea, haciendo así posible que se reactive el préstamo interbancario, reactivación ésta que supone una condición necesaria para poner fin a la crisis bancaria y para que circulen créditos nuevos en la economía real, lo que aumentará la inversión y el consumo y abrirá el camino para salir de la crisis económica;

29.

Pide encarecidamente el Grupo de Larosière que haga suyas las recomendaciones formuladas en anteriores resoluciones del Parlamento en materia de supervisión de los mercados financieros; insta a la Comisión a que apoye sus contribuciones con vistas a crear una estructura estable y eficiente de regulación y supervisión que permita prevenir o limitar las consecuencias negativas de futuras crisis; pide al Consejo que tome debidamente en cuenta la posible posición del Parlamento sobre dichas conclusiones antes de aprobarlas;

30.

Toma nota de las recomendaciones del grupo de Larosière y subraya que muchas de ellas ya han sido formuladas por el Parlamento en los últimos años; acoge con satisfacción la intención de la Comisión de utilizar su poder de iniciativa y adoptar medidas para hacer frente a los problemas más urgentes de la crisis financiera, e insta a la Comisión a iniciar el proceso lo antes posible; pide al Consejo Europeo de primavera de 2009 que imprima un fuerte impulso político y establezca una hoja de ruta para todas las iniciativas legislativas con el fin de garantizar su oportuna aprobación junto con el Parlamento;

31.

Reitera que una mayor transparencia y una mejor gestión de riesgos, así como una supervisión coordinada, son la mejor solución para prevenir ulteriores crisis y que la reforma reguladora debe ser global, comprendiendo a todos lo actores y todos los tipos de transacciones en los mercados financieros; indica que la naturaleza global de los mercados financieros exige una coordinación internacional de las reformas; destaca que las iniciativas en materia de regulación deben tener por objeto lograr transparencia, sostenibilidad, estabilidad y una mayor responsabilidad de los actores financieros en el mercado; recuerda a la Comisión su obligación de dar respuesta a las reivindicaciones del Parlamento sobre los fondos especulativos y el capital de riesgo;

32.

Considera que las agencias de calificación crediticia deberían evitar las lagunas informativas y revelar tanto las incertidumbres como los conflictos de intereses; insiste en la necesidad de revisar y mejorar las políticas contables a fin de evitar los efectos procíclicos;

33.

Propone examinar cuidadosamente si futuras medidas para la buena regulación del sector financiero, en particular la supervisión macroprudencial del marco reglamentario podrían, o no, dificultar o imposibilitar la recuperación y la innovación económica en el ámbito de los productos financieros y hacer menos atrayentes los mercados financieros de la UE, desviando los flujos financieros y las empresas hacia terceros mercados; recuerda su gran interés en seguir siendo el primer centro financiero del mundo;

34.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen todos los medios de que disponen para apoyar a las empresas de la UE, en particular a las pequeñas y medianas empresas (PYME), con vistas a promover la creación de puestos de trabajo y reforzar la confianza de los inversores, los empresarios, los trabajadores y los consumidores de la UE;

35.

Recomienda encarecidamente que se asegure urgentemente un acceso suficiente, asequible y razonable al crédito en toda Europa a las PYME, a los ciudadanos y a aquellos sectores en los que la crisis, en particular la falta de crédito, hace peligrar su futuro sostenible; pide a la Comisión que asegure el intercambio de mejores prácticas a tal efecto;

36.

Destaca que en la situación actual, en la que las PYME atraviesan graves dificultades de liquidez y un acceso restringido al crédito, las autoridades públicas y los clientes privados deberían pagar a las PYME dentro de un plazo máximo de 30 días; insta a la Comisión a que considere esta cuestión en su revisión de la directiva sobre la morosidad (7);

37.

Reclama la observancia plena y la aplicación acelerada, tanto nivel nacional como comunitario, de las recomendaciones del Parlamento sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Pensar primero a pequeña escala» - «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas (COM(2008)0394);

38.

Reclama el lanzamiento efectivo de una vasta iniciativa europea para el empleo, velando, por una parte, por que puedan crearse empresas en todos los países de la Unión Europea en un plazo de tres días y sin costes y que los trámites de contratación del primer asalariado puedan llevarse a cabo mediante una interfaz única y reforzando, por otra parte, los planes de activación, en particular para las personas poco cualificadas mediante asesoramiento personal, formación o reconversión intensiva de los trabajadores y mejora de sus cualificaciones, programas de aprendizaje, empleo subvencionado y ayudas para el inicio de las actividades autónomas o empresariales; expresa asimismo su apoyo a la iniciativa para la asignación de pagos con cargo al Fondo Social Europeo por parte de la Comisión para estimular el desarrollo y la mejora de las cualificaciones;

39.

Recomienda vivamente que la iniciativa de la UE de apoyo al empleo incluya una intervención de urgencia en el momento mismo de la pérdida real de los empleos, con vistas a reducir asimismo el riesgo de que las personas afectadas queden excluidas del mercado de trabajo; considera que tales intervenciones requerirán una inversión significativa en formación, en particular aumentando el suministro de formación y concentrándose en mejorar la armonización de los programas de formación y reintegración en el empleo, y que no sólo se deben adoptar medidas a corto plazo sino que también hay que esforzarse para hacer posible la adquisición de cualificaciones de alto nivel con el fin de aumentar los niveles globales de capacitación dentro de la Unión Europea y responder a las actuales necesidades cambiantes de la economía;

40.

Acoge favorablemente las propuestas de la Comisión y pide a los Estados miembros que adapten las nuevas disposiciones de los reglamentos sobre el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, prestando particular atención a la simplificación de los procedimientos y la ampliación de los costes que puedan ocasionar los objetivos de empleo e inclusión social, manteniendo el apoyo al empleo en los sectores clave de la economía y asegurándose de que, cuando se preste la correspondiente ayuda, la cohesión social y territorial siga siendo una prioridad, con el fin de evitar desarrollos asimétricos en la Unión Europea; desea que se produzca una liberación más rápida de los fondos destinados a apoyar el empleo y una reorientación de los programas de la UE de apoyo a los grupos más vulnerables, sobre todo los que garanticen condiciones de vida dignas y el acceso a servicios de interés general de alta calidad;

41.

Pide a los Estados miembros que inviertan en la economía social, ya que puede contribuir al crecimiento, pues presenta un notable potencial en términos de creación de puestos de trabajo de calidad y de consolidación de la cohesión social y territorial;

42.

Destaca la importancia de que se apliquen los principios comunes de la flexiguridad, garantizándose al mismo tiempo una protección social general adecuada, en particular mediante unos sistemas de seguridad social que proporcionen la protección adecuada de acuerdo con las tradiciones nacionales;

43.

Pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, siga controlando regularmente cómo evoluciona la situación del mercado de trabajo de la UE y el impacto de la crisis en él, y que tome las medidas necesarias para colocar a las economías de la Unión Europea en el camino de un crecimiento sostenible.

44.

Destaca la necesidad de garantizar un nivel adecuado de vida a todos los ciudadanos de la Unión y reclama la adopción de medidas adecuadas de urgencia; pide que se adapten las políticas sociales para hacer frente a la recesión, apoyando unas políticas activas del mercado de trabajo y de inclusión y prestando particular atención a los miembros más vulnerables de la sociedad;

45.

Pide a la Comisión que evalúe urgentemente los riesgos de recesión que afrontan los sectores industriales en toda Europa para poder intervenir, en caso necesario, a escala de la UE; destaca, no obstante, que algunos de los problemas de la industria europea pueden no haber sido causados únicamente por la crisis financiera; opina, por consiguiente, que las ayudas públicas deberían estar muy bien focalizadas para no rebasar el objetivo de contrarrestar los efectos de la crisis y que deberían ir acompañadas de las más estrictas condiciones de reestructuración, inversión en innovación y sostenibilidad;

46.

Advierte contra la relajación injustificada de las normas de competencia, pues ello podría debilitar el mercado interior; se muestra preocupado por el hecho de que las respuestas nacionales a la recesión económica pudieran conducir al proteccionismo y la distorsión de la competencia, lo que, a largo plazo, socavaría gravemente la prosperidad económica de los ciudadanos de la Unión;

47.

Reclama una evaluación de las medidas previstas en los planes nacionales de recuperación con respecto a su impacto inmediato en el poder adquisitivo;

48.

Pide al Consejo que apruebe la propuesta de conceder a todos los Estados miembros la opción de aplicar un tipo reducido del IVA a los bienes y servicios eficientes desde el punto de vista energético, a los servicios con gran intensidad de mano de obra y a los servicios prestados localmente, a la luz de su impacto potencial sobre el empleo y el estímulo de la demanda;

49.

Destaca el valor añadido del programa de la red transeuropea de transporte (RTE-T) para la realización de la Estrategia de Lisboa, los objetivos de cambio climático de la UE y una mayor cohesión social, económica y territorial, ofreciendo asimismo apoyo oportuno para sustentar la demanda agregada en la UE; destaca la importancia de los 30 proyectos prioritarios de la RTE-T —en particular los corredores transfronterizos— para relanzar la economía y posibilitar el incremento de la demanda de una comodalidad mejor y más respetuosa con el medio ambiente; pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen nuevos métodos de financiación de las infraestructuras de transporte y que incrementen en buena medida el presupuesto para los proyectos de la RTE-T en las próximas perspectivas financieras de la UE y en el Plan de Recuperación;

50.

Pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de reducir la fiscalidad sobre el trabajo en las categorías salariales más bajas para incrementar el poder adquisitivo y estimular la demanda minorista;

51.

Destaca la importancia de la cohesión territorial en el marco de los mecanismos de estímulo propuestos, dado el claro impacto asimétrico de la crisis a lo largo y ancho del territorio europeo;

52.

Pide a la Comisión que aborde adecuadamente, en particular a la luz de la crisis actual, el impacto de las políticas horizontales en los divergentes resultados regionales en la zona del euro, según expuso en su Comunicación sobre la UEM@10;

53.

Reclama el desarrollo de mecanismos adecuados para garantizar que la rápida convergencia de las regiones menos dinámicas se articule sobre objetivos estratégicos como la ecologización de la economía y una participación adecuada en la Estrategia de Lisboa, en particular prestando apoyo a la innovación, las PYME y las iniciativas a nivel microeconómico;

54.

Acoge con satisfacción todas las propuestas de la Comisión que simplifiquen y aceleren el acceso a los instrumentos disponibles de cohesión y agilicen la ejecución de proyectos, en particular anticipando fondos, incrementando temporalmente las tasas de apoyo comunitario, mejorando la asistencia técnica y acelerando los procedimientos de pago;

55.

Pide que se definan con mayor precisión las políticas e instrumentos de recuperación tanto a nivel de UE como de Estado miembro que permiten estimular la demanda y la confianza a lo largo y ancho de la Unión Europea con arreglo a un conjunto común de prioridades en el seno de la Estrategia de Lisboa como la inversión en educación, infraestructuras, investigación y desarrollo, cualificaciones y aprendizaje permanente, eficiencia energética y tecnologías ecológicas, redes de banda ancha, transporte urbano, industrias y servicios creativos, servicios sanitarios y servicios para la infancia y las personas mayores;

56.

Saluda la propuesta de la Comisión de adelantar de 2010 a 2009 la inversión de 500 millones en infraestructuras de transporte; no obstante, urge a la Comisión y a los Estados miembros a incluir los proyectos prioritarios de transporte urbano y de RTE-T entre los seleccionables para el importe adicional de 5 000 millones de euros que debe movilizarse en el marco del Plan de Recuperación; considera que, en particular, los proyectos de RTE-T que estén en una fase avanzada de preparación deben beneficiarse de la mayor disponibilidad de créditos;

57.

Destaca que en las actuales circunstancias, tan amargas, conviene prever el acceso a los fondos de la UE para los Estados miembros que se han adherido más recientemente a la Unión Europea y que no pertenecen a la zona del euro; considera que esos fondos aportarían el estímulo necesario a los países que no disfrutan del margen de maniobra de los Estados miembros pertenecientes a la zona del euro o presentan grandes déficit presupuestarios o de cuenta corriente;

58.

Destaca que la crisis conlleva consecuencias económicas y sociales sumamente negativas para muchos de los nuevos Estados miembros, lo que puede en buena medida afectar al crecimiento y la estabilidad y agravar la pobreza; teme también que todo ello salpique al euro y a las economías de la zona del euro; pide, por consiguiente, un enfoque coordinado a nivel de la Unión Europea en aras de la solidaridad comunitaria y la asunción de la responsabilidad colectiva en este sentido; pide a la Comisión que revise y refuerce todos los instrumentos de estabilización de los tipos de cambio, de manera que puedan aplicarse mecanismos de seguridad y de respuesta rápidos y eficaces;

59.

Pide a la Comisión que explore la manera de mejorar la seguridad energética mediante el desarrollo acelerado de una red interior de transporte de gas de la Unión Europea que garantice la seguridad de abastecimiento;

60.

Considera que para afrontar la recesión económica es vital aplicar una sólida política de inversión pública que permita crear una «economía de bajas emisiones de carbono»;

61.

Pide, a tal respecto, a los Estados miembros, que reformen sus regímenes fiscales para velar por que ciertos sectores como la agricultura, el transporte y la energía, que inciden en tan gran medida en el medio ambiente, actúen sosteniblemente;

62.

Apoya decididamente el lanzamiento de un conjunto de políticas urbanas que combinen la eficiencia energética en el transporte y los edificios con la creación de empleo;

63.

Destaca la necesidad de realizar importantes inversiones que sean el resultado de un esfuerzo coordinado y sin precedentes en los sectores de la energía, el medio ambiente y las infraestructuras, con vistas a apoyar el desarrollo sostenible, contribuir a la creación de puestos de trabajo de calidad y garantizar la cohesión social; opina, por consiguiente, que la población aceptará mejor los esfuerzos que se le exigen si estos se perciben, por una parte, como justos y, por otra, como garantía de inserción profesional y de integración social;

64.

Reclama iniciativas de la UE en el ámbito de la educación y la formación y el acceso al capital de inversión, las facilidades de crédito y microcrédito para impulsar el crecimiento y la convergencia en toda la Unión Europea;

65.

Destaca la necesidad de reducir la carga burocrática de los proyectos de inversión cofinanciados por empresas privadas; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para acelerar y facilitar la inversión;

66.

Subraya que, al abordar los problemas agudos derivados de la crisis económica, no se debería perder de vista la estrategia a largo plazo para alcanzar unos objetivos pendientes desde hace tiempo, en particular:

67.

Reclama una mayor coherencia entre el actual plan de recuperación a escala de los Estados miembros, los objetivos y prioridades de la Estrategia de Lisboa, las directrices integradas y los Programas Nacionales de Reforma y la utilización de los mecanismos de flexibilidad previstos en el acto de Estabilidad y Crecimiento revisado;

68.

Destaca, como uno de los problemas clave de la actual crisis, el que los instrumentos de política económica europea no estén todavía lo bastante desarrollados como para permitir afrontar con éxito los retos planteados; exige pues, de cara al Consejo Europeo de la primavera de 2010, la revisión y actualización de los instrumentos fundamentales, en particular las directrices integradas, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento revisado y la Estrategia de Desarrollo Sostenible;

69.

Reclama el liderazgo de la Comisión en los Programas Nacionales de Reforma, a la luz de sus previsiones de crecimiento;

70.

Insta al desarrollo de criterios y normas adecuados y detallados para que la Comisión supervise de cerca y evalúe regularmente la eficacia de los planes de recuperación, en particular la veracidad de las inversiones anunciadas, pues aún no es posible percibir el alcance pleno de la crisis ni las soluciones necesarias;

71.

Pide a todas las partes pertinentes —Parlamento, Consejo, Comisión e interlocutores sociales a nivel de la UE y nacional— que cooperen con arreglo a las siguientes sugerencias durante el Consejo Europeo de primavera de marzo de 2009:

72.

Pide que el Parlamento, el Consejo, la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones examinen con la mayor premura las ventajas que reportaría el establecimiento de un fondo soberano europeo de deuda, pues el coste del servicio de la deuda sería inferior al de las deudas nacionales agregadas equivalentes; propone que tal fondo de deuda sea de carácter temporal y se transfiera a las deudas nacionales después de un determinado período;

73.

Considera crucial la intervención del BEI y que una importante porción del volumen de préstamo mencionado en el Plan de Recuperación sea asunto de su competencia; celebra el acuerdo de los Estados miembros de incrementar el capital del BEI; recuerda que algunas de las intervenciones del BEI requieren asimismo ayuda presupuestaria con cargo al presupuesto de la UE, pero que no se prevé así actualmente en el Plan de Recuperación; considera que ello podría hacerse mediante la combinación de subvenciones y préstamos o mediante instrumentos de reparto común de riesgos como el Mecanismo de Financiación del Riesgo Compartido (RSTF) y el Instrumento de Garantía de Préstamos para proyectos de la red transeuropea de transporte (LGTT); propone, en tal eventualidad, que se pida al BEI que contribuya con sus reservas propias, lo que podría potenciar su efecto multiplicador; destaca el cometido del BEI en la refinanciación de las PYME y los bancos comerciales, incluidas las estructuras existentes de colaboraciones público-privadas; recuerda, en este contexto, la necesidad de desarrollar criterios de financiación respetuosos con el medioambiente;

74.

Recuerda que el Plan de Recuperación Económica y las posteriores medidas propuestas el 28 de enero de 2009 por la Comisión contienen una aportación comunitaria evaluada en 30 000 millones de euros que se deben distribuir entre los siguientes sectores: 5 000 millones de euros para proyectos de interconexión energética e Internet de banda ancha, mediante una revisión del marco financiero plurianual (MFP) 2007-2013, y medidas relacionadas con el «chequeo» de la PAC; pagos anticipados con cargo a los Fondos Estructurales y de Cohesión; diversas iniciativas en el ámbito de la investigación e innovación, como la iniciativa europea en favor de los «coches verdes», las fábricas del futuro y los edificios energéticamente eficientes; un incremento en la prefinanciación de los proyectos de transporte transeuropeos más avanzados, de las iniciativas en favor de las PYME o el programa comunitario para la innovación (PCI) y de los fondos ya concedidos por préstamos nuevos o existentes y por fondos del BEI;

75.

Hace hincapié en que la crisis actual no debe usarse como pretexto para retrasar la tan necesaria reorientación del gasto hacia inversiones «ecológicas», sino que debería usarse más bien como incentivo adicional para impulsar dicha reorientación; reitera, a este respecto, la importancia de la revisión del presupuesto prevista para 2009, que no debería limitarse a una visión teórica de cómo debería ser el presupuesto después de 2013, sino que debería incluir propuestas audaces de cambio de rumbo en la programación para cuando se proceda a la revisión intermedia de los programas plurianuales, con el fin de responder a la crisis actual, promover el desarrollo sostenible y tener en cuenta los desafíos que plantea el cambio climático;

76.

Subraya que algunos de los elementos propuestos en el Plan de Recuperación se describen de manera excesivamente vaga; pide a la Comisión que ofrezca sin demora a las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria todas las precisiones necesarias para la toma de decisiones; subraya igualmente que varios de los elementos incluidos en el Plan de Recuperación hacen necesario modificar los programas plurianuales existentes; recuerda, en este sentido, que dichas modificaciones deben realizarse respetando plenamente las competencias del Parlamento;

77.

Hace hincapié en que, por consiguiente, cabe el riesgo de que la ejecución del Plan de Recuperación propuesto por la Comisión lleve mucho tiempo, e insta a todas las instituciones afectadas a que, habida cuenta de la situación económica, sumamente difícil, en la que se encuentra actualmente la Unión Europea, adopte con la mayor rapidez posible las decisiones necesarias;

78.

Subraya que la mayor parte de las medidas comunitarias propuestas por la Comisión se basan en una redistribución de asignaciones presupuestarias ya programadas y no en la movilización de nuevos recursos presupuestarios; pide a la Comisión que extraiga todas las conclusiones necesarias de las previsiones económicas, sumamente desfavorables, que publicó en enero de 2009 y que revise sus propuestas presupuestarias a la luz de las nuevas previsiones;

79.

Manifiesta su satisfacción por el Plan Europeo de Recuperación Económica y por las iniciativas conexas, y recuerda que cualquier nuevo gasto no previsto en el presupuesto 2009 debe financiarse con nuevos recursos, con el fin de no comprometer el MFP 2007-2013 negociado entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria; recuerda, en este contexto, las posibilidades que ofrecen las disposiciones del Acuerdo Interinstitucional (AII) de 17 de mayo de 2006, en particular los apartados 21 a 23;

80.

Destaca que el Plan Europeo de Recuperación propone una acción coordinada a varios niveles para reforzar las economías europeas; reitera la disponibilidad del Parlamento a entablar negociaciones con el Consejo sobre el importe de 5 000 millones de euros de revisión propuesto por la Comisión para el MFP 2007-2013, así como negociaciones sobre cualquier otra modificación de instrumentos que pueden tener consecuencias presupuestarias; considera que las negociaciones deben concentrarse en la ampliación del ámbito de los proyectos apoyados dentro de la revisión del presupuesto, con arreglo a las prioridades de los Estados miembros;

81.

Reconoce el papel predominante del BEI y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) en términos de financiación de la inversión y de mejora del acceso a la financiación, en particular para las PYME; señala que las contribuciones al funcionamiento del BEI con cargo al presupuesto de la UE tienen potencial suficiente para imprimir un impulso importante a la inversión, y desea examinar de qué otros modos podría contribuir el presupuesto de la UE a causar efectos de esta naturaleza y que, en cualquier caso, deben ir acompañados de un memorando de entendimiento entre la Comisión, el Consejo, el Parlamento y el BEI sobre las prioridades de inversión, garantizando que dichas prioridades apunten siempre hacia proyectos verdaderamente sostenibles; observa que más del 50 % de las medidas comunitarias propuestas en el Plan de Recuperación son competencia del BEI; manifiesta su inquietud ante la tendencia cada vez más marcada del Consejo y de la Comisión a confiar al BEI y al BERD una multitud de tareas suplementarias, sin haber ofrecido previamente todas las garantías económicas y financieras necesarias en cuanto a la capacidad del BEI y del BERD para desempeñarlas con éxito; observa que la Comisión propone que se refuercen los instrumentos financieros establecidos por el BEI en cumplimiento del acuerdo sobre el MFP 2007-2013; pide a la Comisión que presente un primer balance de las actividades ya desarrolladas en este contexto y que proponga soluciones relativas a las dificultades presupuestarias y reglamentarias en la aplicación de acciones como JASMINE, JASPERS y JEREMIE;

82.

Espera que la Comisión aclare sus intenciones en cuanto a las acciones futuras, en particular por lo que se refiere a la posible contribución del presupuesto de la UE al refuerzo de los mencionados instrumentos; pide a la Comisión que indique a las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria en qué medida los nuevos instrumentos financieros puestos a disposición del BEI para futuras iniciativas requerirán una intervención del presupuesto de la UE; constata, además, que el aumento de las tareas confiadas al BEI y al BERD plantea serios interrogantes en cuanto al control democrático de los proyectos financiados, cuando están en juego fondos procedentes del presupuesto de la UE;

83.

Lamenta que la propuesta de la Comisión de invertir en proyectos transeuropeos de interconexiones energéticas e infraestructuras de banda ancha no se haya hecho realidad todavía debido a la falta de acuerdo en el seno del Consejo, contrario a la voluntad del Consejo Europeo, expresada en diciembre de 2008; considera que el presupuesto de la UE debe usarse para hacer frente a la crisis económica con los instrumentos adecuados previstos en el AII y pide al Consejo que tan pronto como sea posible debata esta cuestión con el Parlamento; considera que sólo se pueden usar los márgenes que se han confirmado y no los que se basan en las necesidades estimadas en futuros ejercicios presupuestarios; recuerda que el ejercicio de reasignación puede obstaculizar las políticas actuales; considera que la revisión intermedia es una oportunidad última y tardía para responder a la crisis económica; señala que el Plan de Recuperación, si se aprueba, tendrá un efecto importante en el presupuesto 2009; recuerda a la Comisión que su propuesta es indicativa y depende de la aprobación del legislador; pide más detalles sobre la fase de desarrollo de cada proyecto, a fin de garantizar una rápida aplicación, así como la evaluación de sus efectos a corto plazo sobre el empleo y el crecimiento en toda la economía de la UE, y pide cifras concretas relativas a la aplicación, particularmente por lo que respecta a la programación financiera; señala que el gasto comunitario en proyectos energéticos, que, con arreglo al actual marco financiero, debe ser limitado, ha de centrarse en proyectos que puedan iniciarse con rapidez y que contribuyan a alcanzar los objetivos de la política de lucha contra el cambio climático de la Unión Europea para 2020, en particular los proyectos de ahorro de energía y de eficiencia energética, así como en las inversiones en redes de energías renovables;

84.

Recuerda la declaración conjunta, acordada en el diálogo tripartito de 21 de noviembre de 2008, sobre la aplicación de la política de cohesión, en la que se destaca que la economía puede resultar beneficiada si se acelera la aplicación de los Fondos Estructurales y de Cohesión, así como la declaración conjunta sobre los créditos de pago, en la que se apoya la financiación de nuevas iniciativas, en particular en relación con la crisis económica; constata que el importe adicional de anticipos previstos en 2009 sobre la base de la propuesta de la Comisión relativa a la gestión financiera del FSE, el FEDER y el Fondo de Cohesión asciende a 6 300 millones de euros, y que cualquier otra modificación que se proponga a la gestión financiera de los Fondos puede aumentar el ritmo de los pagos intermedios;

85.

Pide a la Comisión que siga informando a la Autoridad Presupuestaria y que explique si los anticipos en el marco de la gestión financiera de los fondos se ajustarán al calendario de pagos previsto para 2009 por la Autoridad Presupuestaria, y, en particular, si el nivel de los pagos acordado por el Parlamento y el Consejo será suficiente para financiar las iniciativas actuales o futuras;

86.

Recuerda que toda modificación del nivel de los pagos que proponga la Comisión deberá incluirse en un presupuesto rectificativo que deben aprobar las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria;

87.

Pone de relieve el valor añadido del programa de redes transeuropeas de transporte (RTE-T) para la puesta en práctica de la Estrategia de Lisboa, la consecución de los objetivos de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático y el logro de una mayor cohesión social, económica y territorial, ayudando oportunamente, a la vez, a sostener la demanda agregada en la Unión Europea; saluda por lo tanto la propuesta de la Comisión de adelantar de 2010 a 2009 la inversión de 500 millones de euros en infraestructuras de transporte;

88.

Pide a la Comisión que cuando presente la lista de proyectos específicos susceptibles de recibir financiación con cargo al presupuesto de la UE, con arreglo a lo previsto en el Consejo Europeo de diciembre de 2008, tenga presente la necesidad de mejorar la competitividad de la economía de la UE en una perspectiva a largo plazo, adelantando los proyectos de infraestructura ya decididos y planificados;

89.

Recomienda un enfoque flexible respecto de la estructura de gasto del presupuesto comunitario y la asignación de créditos no comprometidos o no presupuestados anualmente a prioridades identificadas en un marco de cohesión; pide una vez más el urgente fortalecimiento del presupuesto comunitario, reevaluando su volumen y su estructura de gasto;

90.

Reclama encarecidamente que la Unión Europea asuma un papel destacado en los foros internacionales, en particular en el Foro sobre Estabilidad Financiera (FEF) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en las próximas reuniones del G-20; considera particularmente importante apuntalar la supervisión multilateral de los ámbitos monetarios y los mercados financieros; recuerda que en un período de libre circulación mundial de capitales la convergencia es esencial para asegurar la igualdad condiciones y un marco general de regulación y supervisión;

91.

Recuerda la importancia de la próxima cumbre del G-20 que se celebrará en Londres el 2 de abril de 2009, pues ya se anticipa que las declaraciones se convertirán en decisiones; recuerda la importancia de llegar a un acuerdo sobre un calendario claro de actuación para hacer que el proceso se oriente hacia resultados; insiste en que no se consensúen únicamente las cuestiones financieras y en que los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros también reflexionen sobre cómo corregir los desequilibrios globales y acuerden coordinar los diferentes planes de recuperación recientemente aprobados, teniendo en cuenta la cuestión del desempleo; apoya el uso de las recomendaciones del grupo de Larosière como base para configurar la posición de la UE sobre la futura arquitectura financiera; pide al Consejo y a la Comisión que recaben el parecer del Parlamento antes de acordar la posición que defenderán en la cumbre;

92.

Apoya firmemente la decisión de los miembros europeos del G-20 de tomar medidas definitivas contra los paraísos fiscales y las jurisdicciones que no adopten una actitud de cooperación, acordando cuanto antes un repertorio de sanciones, que deberá ser aprobado en la cumbre de Londres; recomienda que la UE adopte a su propio nivel el marco legislativo adecuado para restringir los negocios con esas jurisdicciones; subraya que son esenciales enfoques de convergencia a escala mundial para abordar esta cuestión;

93.

Recomienda vivamente que se realice una evaluación adecuada de las repercusiones de las transacciones internacionales en la economía real a lo largo y ancho de la Unión Europea, en particular en lo relativo al comercio, el cambio climático y las finanzas; expresa su apoyo a un diálogo internacional reforzado con los más importantes bloques monetarios para evitar las consecuencias de la manipulación monetaria y la volatilidad en la economía real;

94.

Pide al Consejo y a la Comisión que intensifiquen las consultas y promuevan relaciones de cooperación con los socios comerciales de la Unión Europea y, en particular, con el Gobierno de los EE.UU. recién nombrado;

95.

Considera que la actual crisis no exime a la Unión Europea de su responsabilidad en la promoción del desarrollo internacional y la lucha contra la pobreza; advierte de que debe evitarse el regreso a las políticas proteccionistas; destaca que podría redoblarse el esfuerzo mundial de recuperación mediante la conclusión oportuna de la Ronda de Doha sobre negociaciones comerciales;

96.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como al Banco Central Europeo, al Banco Europeo de Inversiones, al Comité Económico y Social Europeo y al presidente del Eurogrupo.