22.12.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 349/95

A.

Considerando que la Unión Europea está comprometida firmemente con la abolición de la pena de muerte y se esfuerza por lograr la aceptación universal de este principio,

B.

Considerando que, el 25 de febrero de 2010, el Tribunal Constitucional de la República de Corea se pronunció, por mayoría de cinco votos contra cuatro, en favor de la constitucionalidad de la pena capital; considerando, no obstante, que los jueces destacaron asimismo que la cuestión del mantenimiento o la abolición de la pena de muerte debía debatirse en la Asamblea Nacional y no en procedimientos de Derecho constitucional,

C.

Considerando que el Tribunal Constitucional aprobó su sentencia por votación con cinco votos a favor y cuatro en contra, y que la sentencia de 1996 fue aprobada por siete votos contra dos,

D.

Considerando que el Tribunal Constitucional se pronunció en respuesta a una petición presentada por un coreano de 72 años de edad convicto del asesinato de cuatro turistas en 2007, que afirmaba que la pena capital es contraria a las garantías constitucionales de su dignidad,

E.

Considerando que en la República de Corea hay más de 55 presos con sentencias de muerte confirmadas,

F.

Considerando que la última ejecución en la República de Corea tuvo lugar en diciembre de 1997; que, desde la toma de posesión del Presidente Kim Dae-jung, quien estuvo sentenciado a muerte en 1980, sentencia que le fue conmutada, dejó de aplicarse la pena capital, y que, durante estos últimos trece años, la República de Corea ha formado parte del grupo de naciones «abolicionistas en la práctica»,

G.

Considerando que, en 2006, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un proyecto de ley para la abolición de la pena de muerte,

H.

Considerando que, el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por amplia mayoría una Resolución por la que se instaba a los países que todavía mantenían la pena de muerte «a abolirla completamente y, entretanto, establecer una moratoria de las ejecuciones», y que su tenor se vio reiterado en una segunda Resolución aprobada el 18 de diciembre de 2008,

1.

Reconoce que la República de Corea no ha practicado ejecuciones desde 1998, con lo que es de facto un país abolicionista; celebra las mejoras registradas en el país en cuanto a la protección y la promoción de los derechos humanos;

2.

Expresa su profunda decepción ante la decisión del Tribunal Constitucional de la República de Corea de mantener la pena de muerte, pero constata que la sentencia fue aprobada por una mayoría muy estrecha, en contraste con el resultado de siete a favor y dos en contra de 1996;

3.

Expresa su apoyo a los movimientos que luchan por la abolición de la pena de muerte en la República de Corea;

4.

Reitera su oposición general a la pena de muerte, que es incompatible con un sistema moderno de justicia penal y, en contra de la creencia popular, no reduce los índices de delincuencia;

5.

Alienta a la República de Corea a establecer una moratoria legal de todas las ejecuciones hasta que el Parlamento apruebe una ley de abolición de la pena de muerte;

6.

Pide al Gobierno de la República de Corea que apoye la Resolución de las Naciones Unidas sobre la abolición de la pena de muerte y que decida sumarse a los patrocinadores o votar a favor de un proyecto de resolución que se presente a la Asamblea General;

7.

Toma nota con satisfacción de que una clara mayoría de los países del mundo, que representan más de dos tercios de la comunidad internacional, han abolido de iure la pena capital o han establecido de facto una moratoria de las ejecuciones;

8.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Gobierno de la República de Corea y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea.