15.6.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 169/108

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Recordando sus anteriores resoluciones sobre Afganistán, en particular, su Resolución, de 8 de julio de 2008, sobre la estabilización de Afganistán: retos para la UE y para la comunidad internacional (1), de 15 de enero de 2009, sobre el control presupuestario de los fondos de la UE en Afganistán (2), y de 24 de abril de 2009, sobre los derechos de las mujeres en Afganistán (3),

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Vista la Declaración política conjunta Unión Europea-Afganistán, firmada el 16 de noviembre de 2005, basada en prioridades compartidas para Afganistán, tales como el establecimiento de instituciones fuertes y responsables, la reforma del sector de la justicia y seguridad, la lucha contra los estupefacientes, el desarrollo y la reconstrucción,

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Visto el Pacto por Afganistán de 2006, que estableció los tres principales ámbitos de actividad del Gobierno afgano para los próximos cinco años: la seguridad, la gobernanza, el Estado de Derecho, los derechos humanos, el desarrollo económico y social, y el compromiso con la eliminación de la industria de los estupefacientes,

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Vista la Conferencia de Londres sobre Afganistán celebrada en enero de 2010, en la que la comunidad internacional renovó su compromiso con Afganistán, que sentó las bases para un consenso internacional sobre una estrategia basada en una solución «no militar» a la crisis afgana y que determinó que la transferencia de responsabilidades en materia de seguridad en beneficio de las fuerzas afganas se iniciaría en 2011 y se completaría en gran medida en 2014,

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Vista la Resolución 1890 (2009) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que prorroga por doce meses a partir del 13 de octubre de 2009 la autorización de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad (ISAF) en Afganistán en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, tal y como se define en las Resoluciones 1386 (2001) y 1510 (2003), y en la que se pide a los Estados miembros de las Naciones Unidas que participan en la ISAF «que adopten todas las medidas necesarias para cumplir su mandato»,

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Vista la propuesta de «Fondo Fiduciario para la paz y la reintegración» en la que se comprometieron los participantes en la Conferencia de Londres con una suma inicial de 140 millones de dólares con el fin de integrar a los talibanes y a otros insurgentes,

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Vista la Asamblea Consultiva Nacional por la paz de Afganistán reunida en Kabul a principios de junio de 2010, cuyo objetivo era lograr un consenso nacional sobre el tema de la reconciliación con los enemigos,

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Vista la Conferencia de Kabul, celebrada el 20 de julio de 2010, que evaluó los progresos realizados en la aplicación de las decisiones adoptadas en la Conferencia de Londres y brindó la oportunidad para que el Gobierno afgano diera muestras de liderazgo y de que toma en sus propias manos el proceso, con la cooperación de la comunidad internacional, reforzando la seguridad y las capacidades de las fuerzas de seguridad afganas, fortaleciendo la buena gobernanza y el Estado de Derecho, y para que trazara el camino a seguir, especialmente en el ámbito de la lucha contra la producción y el tráfico de drogas, y de la lucha contra la corrupción, de la paz y la seguridad, del desarrollo económico y social, de los derechos humanos y de la igualdad de género; vistas las conclusiones de la Conferencia de Kabul, en la que se establece que el control de las operaciones militares en todas las provincias se transferirá a las fuerzas afganas antes del final de 2014,

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Visto el Decreto Presidencial de 17 de agosto de 2010, que fija un plazo de cuatro meses para que las empresas privadas de seguridad presentes en Afganistán se disuelvan, con la excepción de las empresas privadas de seguridad que actúen en el interior de complejos utilizados por embajadas, empresas y ONG extranjeras,

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Vistos las elecciones presidenciales en Afganistán en agosto de 2009, el crítico informe final de la misión de observación electoral de la Unión Europea sobre las elecciones publicado en diciembre de 2009 y las elecciones legislativas celebradas el 18 de septiembre de 2010,

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Vistas las Conclusiones del Consejo sobre este tema, en particular, las Conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) de 27 de octubre de 2009 y el plan de acción del Consejo por una acción reforzada de la UE en Afganistán y Pakistán, y las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores del 22 de marzo de 2010,

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Vistas la creación, a partir del 1 de abril de 2010, de un puesto con «doble mandato» de Representante Especial de la UE y Jefe de la Delegación de la UE en Afganistán, y la Decisión del Consejo de 11 de agosto de 2010, por la que se prorroga el mandato del Representante Especial Vygaudas Usackas hasta el 31 de agosto de 2011,

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Vista la Declaración del Consejo del 18 de mayo de 2010 por la que se prorroga el mandato de la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL Afganistán) por tres años, del 31 de mayo de 2010 al 31 de mayo de 2013,

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Visto el documento de estrategia por país sobre Afganistán para el período comprendido entre 2007 y 2013, que establece el compromiso de la Comisión con Afganistán hasta 2013,

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Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010,

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Visto el informe de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano para 2009, que sitúa a Afganistán en el puesto 181 de un total de 182 países,

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Visto el informe de evaluación nacional del riesgo y la vulnerabilidad 2007-2008 elaborado por las autoridades afganas, en el que se estima el coste de eliminar la pobreza en Afganistán, sacando de esta situación a todos aquellos que viven por debajo del umbral de pobreza, en unos 570 millones de dólares,

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Visto el informe 2008 de la Agencia de Coordinación de la Ayuda en Afganistán (ACBAR) «Falling Short - Eficacia de la Ayuda en Afganistán», que pone de relieve las enormes cantidades de ayuda que terminan convirtiéndose en beneficios para los contratistas (hasta el 50 % por contrato), la falta de transparencia en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos y el alto coste de las dietas para los trabajadores expatriados,

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Visto el informe de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) de agosto de 2010 sobre la protección de los civiles en los conflictos armados,

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Vistas las recomendaciones de Peace Dividend Trust, que aboga por una política que dé prioridad a los afganos, favoreciendo la adquisición de bienes y servicios en el mercado local de Afganistán en lugar de importarlos, con el objetivo de beneficiar ante todo a los afganos,

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Vista la nueva estrategia de contrainsurgencia de la OTAN/ISAF para Afganistán y su ejecución bajo el mando del general David Petraeus, así como la revisión de la estrategia anunciada por el Presidente Obama para diciembre de 2010,

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Visto el informe elaborado por el Congreso de los Estados Unidos titulado «Señores de la Guerra SA: Extorsión y corrupción en la cadena de suministro de los Estados Unidos en Afganistán» (Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, junio de 2010),

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Vistos la labor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y, en particular, su Informe de 2009 sobre «Adicción, delincuencia e insurgencia - la amenaza transnacional del opio afgano», así como su Informe Mundial sobre las Drogas 2010,

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Visto el artículo 48 del Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0333/2010),

A.

Considerando que la comunidad internacional ha reafirmado reiteradamente su apoyo a las Resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a favor de la seguridad, la prosperidad y los derechos humanos de todos los ciudadanos afganos; considerando, no obstante, que la comunidad internacional ha reconocido implícitamente que nueve años de guerra y de compromiso internacional no han logrado poner fin a la insurgencia talibán ni alcanzar la paz y la estabilidad en el país; y considerando que a partir de 2009 se aplica una nueva política de contrainsurgencia, por lo que se han enviado unos 45 000 efectivos de refuerzo,

B.

Considerando que no se vislumbra un final evidente en Afganistán, con una coalición de fuerzas internacionales incapaz de derrotar a la insurgencia talibán y a los demás insurgentes, y un movimiento insurgente y de los talibanes incapaz de imponerse a las fuerzas militares,

C.

Considerando que en 2009 el general Stanley McChrystal declaró que no encontraba indicios de una importante presencia de Al Qaeda en Afganistán, y que otros altos responsables de los Estados Unidos confirman que Al Qaeda apenas está presente en Afganistán en la actualidad,

D.

Considerando que las condiciones de seguridad se han deteriorado, al mismo tiempo que ha quedado erosionado el consenso popular que suscitó en su día la presencia de la coalición y que la población la percibe cada vez más como una fuerza de ocupación; que es necesaria una nueva y más amplia participación del pueblo de Afganistán, para incluir a los grupos no representados y a la sociedad civil en los esfuerzos a favor de la paz y la reconciliación,

E.

Considerando que la UE es uno de los principales donantes de ayuda al desarrollo y de ayuda humanitaria a Afganistán; considerando que es un socio comprometido en los esfuerzos de reconstrucción y estabilización,

F.

Considerando que, de acuerdo con el Pacto por Afganistán de 2006, así como en la Conferencia de Kabul, los donantes aceptaron orientar una proporción cada vez mayor de su ayuda, que puede alcanzar hasta el 50 %, a través del presupuesto ordinario del Gobierno afgano, bien directamente o a través de fondos fiduciarios, siempre que sea posible, pero que en estos momentos tan sólo el 20 % de la ayuda al desarrollo se canaliza a través del presupuesto del Gobierno,

G.

Considerando que la insuficiente coordinación está reduciendo la eficacia de las contribuciones de la ayuda de la Unión Europea a Afganistán,

H.

Considerando que, entre 2002 y 2009, se envió a Afganistán un total de más de 40 mil millones de dólares de ayuda internacional; considerando que en este periodo ha aumentado el número de niños escolarizados, pero que, según estimaciones de Unicef, el 59 % de los niños afganos menores de cinco años aún pasa hambre y cinco millones de niños no pueden ir a la escuela,

I.

Considerando que la situación de las mujeres en el país sigue siendo objeto de gran preocupación; que, de acuerdo con los informes de las Naciones Unidas, la tasa de mortalidad maternal es la segunda del mundo, con unas 25 000 muertes anuales, que sólo el 12,6 % de las mujeres mayores de 15 años saben leer y escribir, y que el 57 % de las niñas se casan antes de llegar a la edad legal de 16 años; considerando que la violencia contra las mujeres sigue siendo un fenómeno generalizado; considerando que sigue en vigor la discriminatoria Ley del Estatuto Personal Chiíta, que, entre otras cosas, considera delito que las mujeres se nieguen a mantener relaciones sexuales con sus maridos, o prohíbe que las mujeres salgan de casa sin el permiso de sus maridos,

J.

Considerando que Afganistán es parte de diversas convenciones internacionales de protección de los derechos de las mujeres y los niños, en particular de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989; que la Constitución afgana, y en particular su articulo 22, establece que los ciudadanos de Afganistán, hombres y mujeres, tienen iguales derechos y deberes ante la Ley; considerando que en la actualidad el Código de Familia afgano es objeto de revisión para armonizarlo con la Constitución,

K.

Considerando que, en julio de 2010, el Congreso de los Estados Unidos ha solicitado una auditoría sobre los miles de millones de dólares gastados hasta ahora para financiar la ayuda a Afganistán y ha votado un recorte provisional de casi 4 mil millones de dólares de la ayuda concedida al Gobierno afgano,

L.

Considerando que Omar Zakhilwal, Ministro de Hacienda de Afganistán, ha criticado, por una parte, las prácticas de contratación de la OTAN/ISAF por no beneficiar a la economía local afgana y, por otra, la interpretación unilateral por parte de la ISAF de las disposiciones sobre exención de impuestos del acuerdo entre la ISAF y el Gobierno afgano; que este Ministro ha acusado a los contratistas extranjeros de hacerse con la mayor parte de los contratos financiados por la ISAF, hasta un importe de cuatro mil millones de dólares, lo que, según la información disponible, ha producido un flujo constante de salida de dinero del país; considerando que el Gobierno afgano pide que se realice una investigación internacional,

M.

Considerando que ya es evidente que no es posible una solución militar en Afganistán; que los Estados Unidos han declarado que comenzarían a retirar sus tropas de Afganistán en el verano de 2011, que otros países ya se han retirado o prevén hacerlo, mientras que otros aún no han indicado su intención de retirarse; considerando, no obstante, que la retirada de los militares debe ser un proceso gradual y coordinado en el contexto de un proyecto político que garantice un traspaso ordenado de la responsabilidad a las fuerzas de seguridad afganas,

N.

Considerando que en la Conferencia de Kabul se estableció que el ejército nacional afgano debería alcanzar la cifra de 171 600 efectivos, y la policía nacional afgana la de 134 000 agentes para octubre de 2011, con el necesario apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional,

O.

Considerando que el principal objetivo de la misión EUPOL Afganistán es contribuir a la creación de una policía afgana con arreglo a las normas internacionales,

P.

Considerando que Afganistán no solo es la principal fuente de producción de opio del mundo y el principal proveedor para los mercados de la heroína de la Unión Europea y de la Federación de Rusia, sino también uno de los principales productores de cannabis, según un reciente informe de la UNODC, que, no obstante, en los dos últimos años, la producción de opio en Afganistán se ha reducido un 23 %, y que ahora es de un tercio del máximo alcanzado en 2007; considerando que la ONUDD ha demostrado que existe una relación directa entre el cultivo de opio y los territorios controlados por la insurgencia; que en las zonas de Afganistán donde el Gobierno tiene mayor capacidad de hacer cumplir la ley, casi dos tercios de los agricultores declaran que no cultivan opio porque está prohibido; considerando que en el sudeste del país, donde las autoridades son más débiles, algo menos del 40 % de los agricultores se refiere a la prohibición como un motivo para no cultivar la adormidera,

Q.

Considerando que, según un reciente informe de la UNODC, el número de ciudadanos afganos adictos a las drogas ha aumentado de forma espectacular en los últimos años, tendencia que tendrá graves repercusiones sociales para el futuro del país,

R.

Considerando que la UE ha desempeñado un papel activo en el apoyo a los esfuerzos contra la droga desde el principio del proceso de reconstrucción, pero sin haber obtenido resultados significativos en poner coto a la influencia generalizada del sector de la droga sobre la economía, el sistema político, las instituciones del Estado y la sociedad,

S.

Considerando que se han llevado a cabo campañas de erradicación de la adormidera en Afganistán mediante el uso de pesticidas químicos, lo que ha perjudicado gravemente a la población y al medio ambiente debido a la contaminación del suelo y el agua; considerando, no obstante, que ya existe consenso sobre la necesidad de concentrar las medidas represivas en el tráfico de drogas y los laboratorios productores de heroína, no en los agricultores; considerando que en la actualidad el grueso de los esfuerzos se centra en ofrecer medios de vida alternativos a los agricultores,

T.

Considerando que Afganistán tiene importantes recursos naturales, como las grandes reservas minerales de gas y petróleo, por un valor estimado de tres billones de dólares; que el Gobierno afgano confía en que estos recursos impulsen el desarrollo económico una vez se hayan establecido la paz y la seguridad en el país,

1.

Es consciente del conjunto de factores que obstaculiza el progreso en Afganistán, pero ha optado en este informe por centrarse en cuatro elementos principales para los que está convencido de que un mayor esfuerzo podría plasmarse en importantes avances: la ayuda internacional y la coordinación, las implicaciones del proceso de paz, el impacto de la formación de la policía, la eliminación del cultivo de la adormidera mediante el desarrollo de otras alternativas;

2.

Apoya el nuevo planteamiento de una estrategia de contrainsurgencia, cuyos objetivos son proteger a la población local y la reconstrucción de las zonas en las que se ha garantizado la seguridad, así como el Plan de Acción de la UE para Afganistán y Pakistán;

3.

Considera, por lo tanto, que la estrategia de la UE para Afganistán deberá basarse en dos supuestos: el reconocimiento del continuo deterioro de los indicadores de seguridad y socioeconómicos en Afganistán a pesar de diez años de compromiso e inversión internacionales, y la necesidad de seguir promoviendo el cambio de mentalidad de la comunidad internacional, que, con demasiada frecuencia en el pasado, y en particular antes de la estrategia contrainsurgencia, ha elaborado planes y adoptado decisiones que en muy pocos casos han tenido en cuenta la participación de los afganos de forma que, en el futuro, los planes y decisiones se lleven a cabo en estrecha cooperación con los afganos; señala que las Conferencias de Londres y de Kabul han representado un paso importante en este sentido;

4.

Celebra y apoya las Conclusiones del Consejo de octubre de 2009 «Plan de refuerzo de la acción de la Unión Europea en Afganistán y Pakistán», que definen un enfoque de la UE más coherente y coordinado hacia la región e insisten en la importancia de la cooperación regional y de una política hacia Afganistán que se base más en la sociedad civil;

5.

Subraya que cualquier solución a largo plazo a la crisis afgana debe tener como punto de partida el interés de los ciudadanos afganos en su seguridad interior, la protección civil y el desarrollo económico y social, y debe basarse en la adopción de medidas concretas para la erradicación de la pobreza, el subdesarrollo y la discriminación contra las mujeres, así como para reforzar el respeto de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de los mecanismos de reconciliación, y para poner fin a la producción de opio, mediante una acción enérgica para el refuerzo del Estado, la plena integración de Afganistán en la comunidad internacional, así como la eliminación de Al Qaeda en el país;

6.

Acoge favorablemente las conclusiones sobre Afganistán de la Conferencia Internacional de Kabul; subraya que es necesario respetar los compromisos del Gobierno afgano de mejorar la seguridad, la gobernanza y las oportunidades económicas para los ciudadanos afganos, así como los compromisos de la comunidad internacional para apoyar el proceso de transición y los objetivos compartidos;

7.

Reitera que la Unión Europea y sus Estados miembros deberían apoyar a Afganistán en la construcción de su propio Estado, con unas instituciones democráticas más fuertes y capaces de garantizar la soberanía nacional, la seguridad basada en un ejército y una policía sujetos al control democrático, un poder judicial competente e independiente, la unidad del Estado, la integridad territorial, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de los medios de comunicación, una atención especial a los sectores de la educación y la sanidad, el desarrollo económico sostenible y la prosperidad de los afganos, así como el respeto de las tradiciones históricas, religiosas, espirituales y culturales de todas las comunidades étnicas y religiosas en territorio afgano; pide un mayor apoyo a los proyectos de desarrollo de las autoridades locales en las provincias que dan muestras de buena gobernanza;

8.

Observa que el 80 % de la población está asentada en zonas rurales, y que la superficie per cápita de tierras arables ha disminuido de 0,55 ha en 1980 a 0,25 ha en 2007; destaca el hecho de que Afganistán sigue siendo extremadamente vulnerable a condiciones climáticas adversas o a incrementos de los precios de los alimentos en el mercado mundial, mientras que el uso generalizado e indiscriminado de minas terrestres representa un grave riesgo para el éxito del desarrollo rural; considera, en este contexto, que es de importancia primordial mantener y aumentar la financiación dirigida al desarrollo rural y la producción local de alimentos con el fin de alcanzar la seguridad alimentaria;

9.

Toma nota del compromiso del Gobierno afgano de aplicar, a lo largo de los próximos doce meses, de una forma progresiva y sostenible físicamente, una política de gobernanza subnacional, fortaleciendo a las autoridades locales y reforzando sus capacidades institucionales, y desarrollando marcos reguladores, de financiación y presupuestarios a escala subnacional;

10.

Señala que las deficiencias en la administración y la función pública pueden ser un obstáculo para una mayor participación afgana en el proceso de reconstrucción; está convencido, por tanto, de que es necesario prestar mayor atención a estos importantes aspectos; acoge favorablemente la idea de que la Comisión y los Estados miembros establezcan un programa emblemático específico y a largo plazo para hacer frente al problema del refuerzo de la administración pública, a través de la elaboración de programas de formación, ayuda para construir locales o utilizar los ya existentes, creación de vínculos con la red de institutos de administración pública de la UE, así como el asesoramiento y apoyo a los institutos de administración pública en diversas grandes ciudades de Afganistán, como Kabul, Herat y Mazar i Sharif;

11.

Recuerda que los esfuerzos de desarrollo deben concentrarse en mejorar la capacidad de las estructuras gubernamentales afganas y que los afganos deben implicarse en gran medida en el establecimiento de prioridades y en las fases de ejecución con objeto de fortalecer el proceso de apropiación y la asunción de responsabilidades a escala nacional y comunitaria; señala a la atención, por consiguiente, el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil para garantizar la participación de los ciudadanos de Afganistán en el proceso de democratización y reconstrucción y para contener el riesgo de corrupción;

12.

Manifiesta su gran preocupación, a pesar de algunas mejoras en la vida de las mujeres desde el fin del régimen talibán en 2001, por la situación general de los derechos humanos en Afganistán y, especialmente, por el deterioro de los derechos políticos, cívicos y sociales fundamentales de las mujeres en Afganistán en los últimos años, y su inquietud por una evolución desfavorable en determinados aspectos, como el hecho de que la mayoría de los reclusos en las cárceles de Afganistán sean mujeres que han escapado a la opresión de su entorno familiar, así como por los recientes cambios introducidos en la legislación electoral que reducen la cuota de escaños reservados a las mujeres en el Parlamento;

13.

Tiene el convencimiento de que los derechos de las mujeres son parte de la solución a los problemas relacionados con la seguridad y de que es imposible lograr la estabilidad en Afganistán sin que la mujer disfrute de todos sus derechos políticos, económicos y sociales; hace un llamamiento, por tanto, a las autoridades afganas y a los representantes de la comunidad internacional para que incluyan a las mujeres en todas las fases de las conversaciones de paz y de los esfuerzos de reconciliación y reintegración, de conformidad con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; pide una protección específica para las mujeres que participan activamente en la vida pública o política, encontrándose por ello en peligro de sufrir ataques de los fundamentalistas; manifiesta que el avance en las conversaciones de paz no puede en ningún caso suponer una pérdida de los derechos de las mujeres adquiridos durante estos últimos años; pide al Gobierno afgano una mayor protección de los derechos de la mujer modificando la legislación vigente, como el Código Penal, para evitar prácticas discriminatorias;

14.

Pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros de la UE que sigan planteando las cuestiones de la discriminación de las mujeres y las niñas, así como las relativas a los derechos humanos en general, en las relaciones bilaterales con Afganistán, de acuerdo con los compromisos a largo plazo de la Unión en materia de ayuda a los esfuerzos de paz y reconstrucción en Afganistán;

15.

Hace un llamamiento a la UE y a la comunidad internacional para que eleven el nivel de financiación y de ayuda política y técnica para las políticas destinadas a mejorar la situación de las mujeres afganas y las organizaciones no gubernamentales de mujeres, incluidas las que defienden los derechos de las mujeres;

16.

Constata que la libertad de expresión y de prensa, pese a mejorar después de la caída del régimen talibán, han empeorado en los últimos años; toma nota de ataques y amenazas por parte de actores armados y talibanes a periodistas para evitar que informen sobre las áreas bajo su control; pide que se tomen medidas en este campo que permitan a los periodistas llevar a cabo su profesión con garantías de seguridad;

17.

Constata con preocupación que las elecciones parlamentarias celebradas en Afganistán el 18 de septiembre de 2010, con una tasa de participación cercana al 40 % a pesar de las condiciones de seguridad en el país, se vieron una vez más desvirtuadas por el fraude y la violencia, debido a la cual, de acuerdo con datos de la OTAN, murieron 25 personas; lamenta que muchos afganos no hayan podido ejercer su derecho al voto;

18.

Toma nota de las irregularidades que se producen en los procesos judiciales del país, que no cumplen con los estándares internacionales de justicia; lamenta la ejecución en 2008 de 16 personas condenadas a muerte; hace un llamamiento a la UE para que fomente la aprobación de una moratoria de la pena de muerte, de conformidad con la Resolución 62/149 de 2007 de las Naciones Unidas, con vistas a su posterior abolición;

19.

Recuerda que el presupuesto combinado de la Unión Europea (Comunidad Europea y Estados miembros) destinado a la ayuda a Afganistán durante el período 2002-2010 ascendió a aproximadamente 8 000 millones de euros;

20.

Destaca la importancia de reforzar la libertad de los medios de comunicación y la sociedad civil en Afganistán, con el fin de fortalecer la democratización del país; también recomienda que se tengan en cuenta las conclusiones de la misión de observación electoral de la UE de 2009;

21.

Constata que, a pesar de las masivas inyecciones de ayuda extranjera, la situación en Afganistán sigue siendo desoladora, se impide que la ayuda médica y humanitaria llegue a los grupos más vulnerables de la población, mueren más afganos como consecuencia de la pobreza que como consecuencia directa del conflicto armado; que, sorprendentemente, desde 2002 ha aumentado la mortalidad infantil; mientras que han disminuido significativamente la esperanza de vida al nacer y los niveles de alfabetización, y desde 2004 el número de personas que vive por debajo del umbral de pobreza ha aumentado en un 130 %;

22.

Insiste en la importancia de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y lamenta que, pese a los avances registrados en algunos ámbitos, Afganistán ha descendido del puesto 173 que ocupaba en 2003 al puesto 181 (de un total de 182 países) en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, mientras que la tasa de mortalidad entre los menores de 5 años y las tasas de mortalidad materna siguen siendo las más altas del mundo; considera que no deben descuidarse estos objetivos específicos en estos ámbitos ni tampoco el acceso a la salud y la educación, especialmente para las mujeres, pero insiste en que se preste especial atención a mejorar la generación de ingresos y a establecer un sistema judicial que funcione;

23.

Destaca la revelación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en su estudio de enero de 2010 de que la corrupción es la principal preocupación de la población y que los ingresos generados por la corrupción ascienden a prácticamente una cuarta parte (el 23 %) del PIB de Afganistán;

24.

Pide a la Comisión que garantice la transparencia y la posibilidad de rendir cuentas con respecto a la ayuda financiera que se proporciona al Gobierno afgano, a las organizaciones internacionales y a las ONG locales, con el fin de asegurar la coherencia de la ayuda y el éxito de la reconstrucción y el desarrollo de Afganistán;

25.

Pide que el reparto de la ayuda humanitaria sea más homogéneo desde el punto de vista geográfico, sobre la base de un análisis de necesidades y con un objetivo de emergencia;

26.

Constata, no obstante, los tímidos progresos realizados en infraestructuras, telecomunicaciones y educación básica, mencionados por lo general como ámbitos de éxito por el Gobierno afgano y los donantes;

27.

Señala a la atención el enorme coste de la guerra en Afganistán entre 2001 y 2009, estimado en más de 300 000 millones de dólares y equivalente a más de 20 veces el PIB de Afganistán, y el hecho de que, por el fortalecimiento anunciado de la presencia militar, se elevará a más de 50 mil millones de dólares anuales;

28.

Reconoce que existe la percepción generalizada de que la corrupción del Gobierno afgano es la única responsable de los fallos en los servicios esenciales prestados a los ciudadanos, pero también señala que la mayor parte de los recursos para el desarrollo socioeconómico se ha canalizado a través de organizaciones internacionales, bancos de desarrollo regional, organizaciones no gubernamentales, contratistas internacionales, consultores, etc., y no a través del Gobierno central; insta al Gobierno afgano y a la comunidad internacional a que refuercen el control con el fin de eliminar la corrupción y garantizar que la ayuda llega a sus destinatarios;

29.

Opina que la lucha contra la corrupción debe tener un carácter central en el proceso de establecimiento de la paz en Afganistán, pues la corrupción provoca una mala asignación de recursos, opone obstáculos al acceso a servicios públicos básicos, como la sanidad o la educación, y representa un enorme impedimento para el desarrollo socioeconómico del país; insiste asimismo en que la corrupción mina la confianza en el sector público y en el Gobierno, por lo que constituye una gravísima amenaza para la estabilidad nacional; insta, por consiguiente, a la UE a que dedique una atención especial a la lucha contra la corrupción al prestar asistencia al país;

30.

Observa que, de acuerdo con el Ministro de Hacienda afgano -información confirmada también por otras fuentes independientes-, de los 40 000 millones de dólares de ayuda sólo 6 000 millones de dólares (un 15 %) llegaron realmente al Gobierno afgano entre 2002 y 2009, y que, de los restantes 34000 millones, canalizados a través de organizaciones internacionales, bancos de desarrollo regionales, ONG, contratistas internacionales, etc., entre el 70 y el 80 % nunca llegaron a los supuestos beneficiarios, el pueblo de Afganistán; constata la decisión de la Conferencia de Kabul que prevé que el 50 % de la ayuda internacional se tramite a través del presupuesto nacional afgano antes del final de 2012, de acuerdo con lo solicitado por Afganistán;

31.

Manifiesta la imperiosa necesidad de establecer mecanismos de coordinación entre los países donantes internacionales y prever evaluaciones pormenorizadas de la ayuda europea e internacional para luchar contra la falta de transparencia y los escasos mecanismos para exigir responsabilidad a los donantes;

32.

Lamenta el hecho de que se pierda una proporción importante de la ayuda europea e internacional a lo largo de la cadena de distribución, algo que ha quedado al descubierto de forma espectacular en el reciente escándalo en relación con el Banco de Kabul, y señala a la atención las cuatro maneras en que esto ocurre: derroche, costes intermedios y de seguridad demasiado elevados, sobrefacturación y corrupción;

33.

Indica, sin embargo, que las pérdidas de la Unión Europea se ven mitigadas por el hecho de que el 50 % de la ayuda de la Unión (frente al 10 % de la ayuda de los Estados Unidos) se asigna a través de fondos fiduciarios multilaterales, cuya eficacia es muy alta (aproximadamente un 80 %);

34.

Insta a la UE a que establezca una base de datos centralizada sobre el análisis de costes y el impacto de todas las ayudas de la UE en Afganistán porque la falta de datos completos, actualizados y transparentes reduce la eficacia de la ayuda;

35.

Insta asimismo a los principales organismos humanitarios y de desarrollo que actúan en Afganistán (desde la Unión Europea y sus Estados miembros a los Estados Unidos, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el Afganistán (UNAMA), las agencias de las Naciones Unidas, las principales ONG y el Banco Mundial) a que reduzcan drásticamente sus costes operativos mediante la asignación de fondos a proyectos concretos que se lleven a cabo dentro de una asociación auténtica y equilibrada con las instituciones afganas y velen por que la ayuda llegue realmente a su destino; hace hincapié, a este respecto, en que las instituciones afganas deben poder decidir sobre la utilización de los fondos garantizando al mismo tiempo la transparencia y la responsabilidad legítimas;

36.

Subraya la importancia de coordinar los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo a nivel regional para promover un desarrollo transfronterizo en una región en la que los vínculos étnicos y tribales rebasan a menudo las fronteras nacionales;

37.

Señala que debería fomentarse una asociación más estrecha de los gobiernos locales y regionales e indica que, a este nivel, son necesarios los principios de lealtad, del Estado de Derecho y de democracia con miras al correcto uso de los fondos; señala que para la asignación de fondos a nivel local y regional, debe exigirse la aprobación del Gobierno central, con el fin de reforzar las funciones y responsabilidad de este último;

38.

Pide a la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo y a la Comisión que creen un equipo conjunto de investigadores con el fin de evaluar todas las acciones y misiones de la UE y los Estados miembros en Afganistán una vez al año, aplicando indicadores explícitos cualitativos y cuantitativos, en particular en lo referente al desarrollo (incluidas la salud pública y la agricultura), la buena gobernanza (incluidos el sector judicial y el respeto de los derechos humanos) y la seguridad (en particular, la formación de la policía afgana): pide asimismo, en este contexto, que también se realice una evaluación del impacto relativo de las acciones de la UE en la situación general del país, y del nivel de coordinación y cooperación entre los organismos de la UE y otras misiones y acciones internacionales, y que se publiquen los resultados y recomendaciones de dicha evaluación;

39.

Subraya que la situación en materia de seguridad y la distribución geográfica de la ayuda son interdependientes; pide, por tanto, que la ayuda a Afganistán se haga llegar directamente a la población afectada;

40.

Hace hincapié en que la lucha contra la corrupción en Afganistán debe ser prioritaria; reconoce que existe la corrupción, pero cree que se verá más que compensada por el fortalecimiento de la legitimidad de las instituciones del Estado afgano, lo que se conseguirá responsabilizándoles de la aprobación del reparto de la financiación y garantizando la eficacia de la ayuda;

41.

Aboga por una política de aumento de la demanda dentro del propio Afganistán en lugar de importar bienes y servicios;

42.

Opina que deben ser organismos humanitarios imparciales quienes se encarguen de la distribución de la ayuda en el país, y que los militares solo deberían participar en casos totalmente excepcionales, con objeto de respetar la neutralidad, la imparcialidad y la independencia de los organismos humanitarios, cumpliendo plenamente las normas internacionales pertinentes codificadas en las Directrices sobre la utilización de recursos militares y de protección civil en el marco de operaciones de ayuda humanitaria realizadas por las Naciones Unidas en situaciones de emergencia complejas (Directrices MCDA) y que propugna el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria;

43.

Considera que todo menoscabo de los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia que se imponen los organismos humanitarios los hace más vulnerables sobre el terreno, especialmente, porque seguirán estando presentes durante mucho tiempo después de que se hayan retirado las tropas;

44.

Observa que, como se comenta ampliamente en la prensa y en el informe de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos «Señores de la Guerra, SA», el ejército de los EE.UU. en Afganistán ha recurrido a proveedores externos privados para la mayor parte de su logística, que a su vez subcontratan la protección de los convoyes militares a agencias de seguridad afganas, lo que trae aparejadas consecuencias desastrosas;

45.

Constata que la decisión de poner la cadena de suministro del ejército de los EE.UU. en manos del sector privado sin ningún criterio fiable para garantizar la responsabilidad, la transparencia o la legalidad, alimenta la corrupción y la extorsión, porque los señores de la guerra, las figuras de la mafia local y, al final de la cadena, los comandantes talibanes acaban aprovechándose de una buena parte de los 2,2 a 3 mil millones de dólares que representa el área de la logística militar en Afganistán;

46.

Manifiesta su consternación por el hecho de que el chantaje y la extorsión a todos los niveles de la cadena de abastecimiento del ejército sea la fuente más importante de financiación de la insurgencia, como reconoció en diciembre de 2009 Hillary Clinton, Secretaria de Estado de los Estados Unidos, en su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado;

47.

Manifiesta asimismo su consternación por el hecho de que, ya que la logística de las fuerzas de los EE.UU. y de las fuerzas de la OTAN siguen reglas similares, puede que tampoco se garantice la completa trazabilidad de la contribución financiera de la UE en todos los casos;

48.

Celebra las nuevas directrices de septiembre de 2010 del mando militar de la OTAN en Afganistán sobre contratación (cuyo volumen se estima en alrededor de 14 000 millones de dólares anuales), que tienen el objetivo de limitar la corrupción y reducir los fondos que acaban por vías indirectas en manos de la insurgencia y los talibanes; espera que esta nueva orientación en la política de contratos se aplique rápidamente;

49.

Acoge favorablemente, en este contexto, el reciente decreto del Presidente Karzai en el que se fija un plazo de cuatro meses para que pongan fin a sus actividades todas las empresas privadas de seguridad presentes en Afganistán, tanto locales como extranjeras;

50.

Subraya que la buena gobernanza, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos constituyen los cimientos de un Afganistán próspero y estable; subraya, por tanto, que un procedimiento judicial creíble es un aspecto fundamental del proceso de paz, y que el respeto de los derechos humanos y la prevención de la impunidad generalizada deben ser aspectos no negociables en todas las fases del proceso de paz; pide, a este respecto, al Gobierno afgano que ponga en marcha con carácter prioritario una estrategia de reforma del poder judicial;

51.

Considera que una gran parte de responsabilidad con respecto al actual callejón sin salida en Afganistán se debe a los errores de apreciación cometidos inicialmente, antes de la nueva estrategia de contrainsurgencia, por las fuerzas de coalición, que preveían una rápida victoria militar sobre los talibanes y una fácil transición hacia un país estable gobernado por un gobierno legítimo, fuertemente apoyado por los países occidentales;

52.

Considera, por lo tanto, que se ha infravalorado la presencia de las fuerzas talibanes, que se ha sobreestimado la capacidad del Gobierno de Karzai para asegurar la gobernabilidad del país y que, como consecuencia de ello, la labor de reconstrucción y desarrollo del país ha quedado relegada a un segundo plano;

53.

Expresa el temor de que estos errores han alimentado el resurgimiento de los talibanes en más de la mitad del país, lo que ha exacerbado el deterioro de la seguridad en toda la región y, con respecto a los derechos humanos, en particular de los de las mujeres;

54.

Señala que con el enfoque militar del pasado no se han conseguido los resultados esperados, por lo que apoya firmemente un enfoque de carácter civil;

55.

Reconoce que la única salida a la actual situación de bloqueo sería una salida política mediante negociaciones, que deberían poder llevarse a cabo en el marco de un alto el fuego, con los talibanes, otros grupos combatientes y con el resto de actores políticos del país, dispuestos a participar en un Gobierno de unidad nacional capaz de poner fin a la guerra civil que asuela el país desde hace casi treinta años, así como garantizar el pleno respeto del Estado de Derecho y de los derechos humanos fundamentales; opina que, para conseguir la solución política, debe darse tiempo a que la nueva política contra la insurgencia obtenga resultados, de acuerdo con el calendario anunciado por el Presidente Obama;

56.

Cree firmemente que las tres condiciones previas de la Unión Europea para este proceso de paz y la participación de los grupos talibanes deben ser: un compromiso de todas las partes implicadas en las negociaciones de erradicar del país a Al Qaeda -y su promoción del terrorismo a escala internacional- y a cualquier otro grupo terrorista, la eliminación del cultivo de la adormidera y el deseo de establecer una política de fomento y respeto de los derechos humanos fundamentales y de la Constitución afgana;

57.

Considera asimismo que todas las demás cuestiones deben dejarse a la voluntad y capacidad del pueblo afgano;

58.

Reconoce que los talibanes no constituyen una entidad única y uniforme y que hay al menos 33 altos responsables, 820 responsables de nivel medio e inferior y entre 25 000 y 36 000 soldados de base distribuidos en 220 comunidades, combatientes unos con fines ideológicos, otros por dinero; cree, por tanto, que a partir de ahora, deben alentarse las negociaciones a nivel local entre los gobiernos locales elegidos democráticamente y los miembros de la oposición armada que renuncien a la violencia, no estén vinculados a organizaciones terroristas internacionales, respeten la Constitución y deseen unirse a la construcción de un Afganistán pacífico, en los términos de los puntos 13 y 14 del Comunicado de Kabul de 20 de julio de 2010;

59.

Celebra el programa de paz y reintegración del Gobierno afgano, que está abierto a todos los miembros afganos de la oposición armada y sus comunidades sobre la base de los puntos 13 y 14 del Comunicado de Kabul;

60.

Señala que toda estrategia de desarme y reintegración debe tener muy en cuenta el problema del retorno de excombatientes y refugiados a sus localidades de origen;

61.

Insiste en la importancia de aumentar la credibilidad, la responsabilidad y la competencia del Gobierno y la administración afganos, con el fin de mejorar su reputación ante sus propios ciudadanos;

62.

Pone de relieve el papel clave de Pakistán, habida cuenta de que nada empuja a los talibanes a entablar verdaderas negociaciones mientras siga abierta la frontera con Pakistán; recomienda una coordinación y compromiso internacionales más amplios en el proceso, incluyendo en este proceso también los de otros países vecinos y de los principales actores a nivel regional, en particular a Irán, Turquía, China, India y la Federación de Rusia;

63.

Pide a la Comisión que evalúe las repercusiones estratégicas y políticas para Afganistán y la región en general de las recientes y catastróficas inundaciones en Pakistán, y que tome todas las medidas necesarias para asistir a la población afectada y a los refugiados afganos cuyos campamentos se han visto afectados por las inundaciones;

64.

Subraya la importancia de una buena gestión del agua en Afganistán y en su entorno, así como los beneficios de la cooperación regional y transfronteriza en este ámbito, entre otros para la creación de un clima de confianza entre los países vecinos del suroeste asiático;

65.

Constata la implicación de los servicios de inteligencia paquistaníes (ISI) con la insurgencia, con el objetivo de asegurarse de que Pakistán también obtendrá resultados satisfactorios de la paz;

66.

Destaca, sin embargo, que, para que la paz pueda implantarse en Afganistán, serán necesarios acuerdos políticos entre las principales potencias de la región, incluidos la India, Pakistán, Irán y los Estados de Asia central, así como Rusia, China y Turquía, y una posición común de no interferencia y apoyo a un Afganistán independiente; pide asimismo que se normalicen las relaciones entre Afganistán y Pakistán, en particular a través de una solución final del contencioso sobre la frontera internacional entre ambos países;

67.

Insta a la UE a que continúe apoyando el proceso de paz y reconciliación en Afganistán, así como los esfuerzos por parte afgana para reintegrar a quienes renuncien a la violencia, otorgando al Gobierno de Karzai suficiente flexibilidad en la elección de sus interlocutores, pero insistiendo en que la Constitución afgana y el respeto de los derechos humanos fundamentales deben constituir el marco jurídico y político global del proceso de paz;

68.

Acoge favorablemente los programas prioritarios nacionales preparados por el Gobierno afgano, de acuerdo con la estrategia nacional de desarrollo de Afganistán, que cuentan con el apoyo de la Conferencia de Kabul, y pide su completa y eficaz ejecución;

69.

No puede sino insistir en la necesidad de un papel mucho más activo de la Unión Europea en la reconstrucción y el desarrollo de Afganistán, habida cuenta de que no podrá alcanzarse una paz duradera en el país o en la región en su conjunto sin una reducción significativa de la pobreza y sin un desarrollo sostenible; reconoce que, al igual que no puede haber desarrollo sin seguridad, no puede haber seguridad sin desarrollo;

70.

Pide a la UE y a sus Estados miembros que, junto a los EE.UU., canalicen mayores prestaciones de la ayuda internacional a través de las administraciones locales y el Gobierno de Kabul y que se aseguren de que el uso de aviones sin tripulación, fuerzas especiales y milicias locales contra los líderes talibán se lleve a cabo de acuerdo con las órdenes del general Petraeus de tolerancia cero con respecto a la pérdida de vidas civiles inocentes;

71.

Rinde tributo a todos los hombres y mujeres al servicio de las fuerzas aliadas que han perdido su vida en la defensa de la libertad y expresa sus condolencias a sus familias, así como a las familias de todas las víctimas inocentes afganas;

72.

Señala que la presencia militar de algunos Estados miembros de la Unión Europea y de sus aliados en Afganistán forma parte de la operación de la OTAN/ISAF y de sus objetivos de luchar contra la amenaza que supone el terrorismo internacional y contra el cultivo y tráfico de drogas;

73.

Hace hincapié en que esta presencia puede contribuir a crear las condiciones de seguridad necesarias para llevar a cabo los proyectos recientes del Gobierno afgano de explotar las minas y reservas minerales del país, potencialmente prometedoras, con lo que podrían obtenerse los recursos propios que tanto necesita el presupuesto nacional;

74.

Subraya que los importantes recursos mineros y minerales que existen potencialmente en territorio afgano pertenecen exclusivamente al pueblo afgano y que su «protección» no puede de ninguna manera servir de excusa para una presencia permanente de tropas extranjeras en suelo afgano;

75.

Señala que no puede haber estabilidad ni paz en Afganistán sin que, en primer lugar, el Estado garantice la seguridad de sus ciudadanos con plena autonomía;

76.

Celebra que el Presidente Karzai se haya fijado el objetivo de que, para el final de 2014, las fuerzas de seguridad afganas puedan dirigir y realizar por sí mismas operaciones en todas las provincias, así como el compromiso del Gobierno afgano de alcanzar gradualmente el pleno control de su propia seguridad;

77.

Hace hincapié en que Afganistán debe contar con una fuerza policial eficaz y un ejército autónomo capaces de garantizar la seguridad que pueda permitir la posterior retirada de la presencia militar extranjera en el país;

78.

Considera digna de interés la idea del general Petraeus de dotar a las autoridades locales elegidas democráticamente de una policía local con el fin de mantener la ley y el orden y proteger a la población local;

79.

Reconoce, no obstante, que el objetivo de contar con fuerzas de seguridad autónomas debe fijarse a largo plazo; señala, en particular, que es necesario un enfoque más coordinado e integrado en relación con la formación de la policía, así como, de forma separada, con la formación de los oficiales del ejército, y señala a la atención los fondos invertidos en formación de la policía, con poco éxito; pide una estrecha coordinación de todas las partes implicadas con el fin de evitar los solapamientos innecesarios y realizar tareas complementarias a nivel estratégico y operativo;

80.

Hace hincapié en la necesidad de una reforma completa del Ministerio del Interior, sin la cual los esfuerzos por reformar y crear una nueva fuerza policial podrían fracasar; señala, en este contexto, la importancia de la supervisión, el apoyo, la asesoría y la formación tanto a nivel del Ministerio del Interior como de las regiones y provincias, de acuerdo con un nuevo objetivo de EUPOL;

81.

Considera que la vaguedad evidente del mandato de la EUPOL y la incertidumbre sobre los resultados alcanzados hasta ahora le impiden ganar la legitimidad que merece; lamenta que, tres años después de su despliegue, la EUPOL siga sin alcanzar las tres cuartas partes de sus efectivos autorizados y reitera su petición al Consejo y a los Estados miembros de la Unión Europea que cumplan en su totalidad los compromisos que han adquirido con respecto a esta misión;

82.

Celebra que la EUPOL en Afganistán haya creado una fiscalía anticorrupción con el fin de investigar las acusaciones de corrupción contra altos cargos de la administración y otros funcionarios;

83.

Expresa su preocupación por las cifras de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de la OTAN (ISAF), que indican que de los 94 000 miembros de la Policía Nacional afgana, casi el 90 % son analfabetos, un 20 % son consumidores de drogas y más del 30 % desparecen después de un año, por no mencionar a los 1 000 oficiales muertos en servicio cada año;

84.

Considera que los principales factores responsables de la ineficacia general de la formación son la falta de coordinación entre los diversos aspectos de la formación policial y la práctica de transferir cada vez más tareas a empresas privadas militares y de seguridad;

85.

Observa que, el compromiso de la UE y sus Estados miembros con la creación de una fuerza de policía afgana profesional puede verse comprometido por prácticas como el enfoque ultrarrápido aplicado por algunas grandes empresas de seguridad de los EE.UU. (escasos controles de seguridad con respecto a los reclutas, seis semanas de entrenamiento sin material impreso a causa del analfabetismo de los participantes, mínimo entrenamiento sobre el terreno, tras lo cual se les da a los reclutas una placa, un uniforme y un arma y se les envía a patrullar); insiste en la necesidad de una formación policial más coherente y sostenible, que permita trabajar conjuntamente a las diversas fuerzas de policía afganas; subraya que las misiones de formación de la policía no se deben concentrar únicamente en los aspectos técnicos, sino que deben garantizar la alfabetización de los reclutas así como que adquieran conocimientos básicos de Derecho nacional e internacional;

86.

Expresa su indignación por los escasos controles financieros a que se somete a estas empresas privadas, y cita un informe conjunto de 2006 de los Departamentos de Defensa y de Estado de los EE.UU. que estableció hechos que siguen siendo válidos hoy en día y revela que la policía en Afganistán era incapaz de hacer que se aplicara habitualmente la ley así como que no existía ningún programa de formación eficaz sobre el terreno; celebra los esfuerzos del alto mando en el contexto de la política contra la insurgencia para imponer un determinado grado de control a las milicias privadas extranjeras que operan impunemente en el territorio afgano;

87.

Recomienda que la formación de la policía deje de estar en manos de contratistas privados lo antes posible;

88.

Pide que mejoren la cooperación y la coordinación internacionales para reforzar de forma significativa las capacidades para la formación de la policía y para aumentar la eficacia de los programas de formación; propone que se ponga en marcha un programa de formación de la policía a gran escala, conjuntamente por la EUPOL y la OTAN/ISAF, al que se incorporen las unidades de la Policía Nacional, tal y como se acordó con el Gobierno afgano, lo que permitiría eliminar los solapamientos, el despilfarro y la fragmentación;

89.

Insta a la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad y a los Estados miembros de la UE a que intensifiquen la formación de la policía en Afganistán y a que aumenten de forma significativa el número de personas a cargo de la formación sobre el terreno, de forma que el objetivo fijado en la Conferencia de Londres de lograr la cifra de 134 000 oficiales afganos de policía formados para el final de 2011 pase a ser una hipótesis realista; insta a la Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad a que modifique la misión de la EUPOL en Afganistán, ampliando su mandato a la formación del personal de baja graduación en todas las provincias, aumentando el número de semanas que se dedican a la formación básica y garantizando que se realizan conjuntamente sobre el terreno patrullas y otras actividades policiales; insta a los Estados miembros de la UE, no sólo a que fusionen sus misiones bilaterales de formación de la policía con EUPOL, sino también a que se abstengan de imponer restricciones sobre la policía nacional desplegada en EUPOL;

90.

Recomienda un aumento de sueldo para la policía afgana y una revisión del proceso de contratación con el fin de dar preferencia a los reclutas que sepan leer y escribir, no consuman drogas y posean mejores cualidades psicológicas y físicas que el grupo actual;

91.

Subraya que no pueden obtenerse resultados de la formación de la policía sin que exista un poder judicial que funcione correctamente y pide, por tanto, que la comunidad internacional aporte más apoyo financiero y técnico para reforzar el sistema judicial, en especial, aumentando los sueldos de los jueces a todos los niveles; pide igualmente al Consejo que establezca, en coordinación con las Naciones Unidas, una misión especializada para la formación de jueces y funcionarios del Ministerio de Justicia y del sistema penal en Afganistán;

92.

Celebra el compromiso del Gobierno afgano en la Conferencia de Kabul de mejorar, con la ayuda de los socios internacionales, el acceso a la justicia en todo el país, mediante la aplicación de medidas concretas en los próximos doce meses, la mejora de la capacidad de las instituciones judiciales, en especial mediante la elaboración y ejecución de una estrategia global de recursos humanos;

93.

Señala que Afganistán es la fuente del 90 % del opio ilícito mundial y que, sin embargo, cuando las fuerzas de la coalición entraron en Kabul en 2001, no se cultivaba la adormidera en Afganistán debido al éxito de las Naciones Unidas, que habían obtenido la prohibición de su cultivo;

94.

Afirma que una gran fuerza militar con recursos suficientes no tendría que haber tenido problemas para mantener esta situación sin opio a través de proyectos locales para el desarrollo agrícola bajo la protección de sus tropas contra los talibanes y los señores de la guerra locales;

95.

Constata, sin embargo, que la producción de opio sigue siendo un problema clave en términos sociales, económicos y de seguridad, y pide a la UE que lo considere como una prioridad estratégica en su política hacia Afganistán;

96.

Recuerda que más del 90 % de la heroína que se encuentra en Europa procede de Afganistán y que el coste para la sanidad pública en los países europeos asciende a miles de millones de dólares; hace hincapié en que los desafíos que plantea la economía de las drogas en Afganistán deben abordarse no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional en todos los eslabones de la cadena de las drogas, para lo que es necesario lo siguiente: prestar asistencia a los agricultores para reducir la oferta; ofrecer prevención y tratamiento para reducir la demanda y aplicar la ley contra los intermediarios; en particular, sugiere, por lo tanto, que se lleven a cabo importantes inversiones en el desarrollo de una política agrícola y rural global que pueda ofrecer una alternativa creíble y sostenible a los productores de opio; insiste asimismo en la necesidad de integrar el medio ambiente en estrategia agrícola y rural pues el deterioro del medio ambiente causado, por ejemplo, por la deficiente gestión de los recursos hídricos o la destrucción de los bosques naturales, es una de las principales barreras al desarrollo de la economía agrícola;

97.

Señala que, debido a la impunidad concedida a los productores y traficantes, el cultivo ha alcanzado en dos años los niveles observados antes de 2001, mientras que un pequeño número de señores de la guerra gestionan un inmenso cártel;

98.

Expresa su profunda preocupación por el espectacular aumento del número de afganos adictos a las drogas que refleja el reciente informe de la UNODC; pide que se tomen de inmediato medidas destinadas a reducir el número de personas drogodependientes y a prestarles atención médica; en este sentido, subraya la necesidad de financiar programas para la creación de centros de deshabituación en el país, en particular en las zonas que no tienen acceso a tratamientos médicos;

99.

Señala que, pese a una caída de precios registrada anteriormente debido al exceso de producción, el tráfico de drogas alcanzó en 2009 un importe de 3400 millones dólares, que el valor bruto potencial de las exportaciones de opio representaba el 26 % del PIB de Afganistán, y que 3,4 millones de afganos (el 12 % de la población) declararon su implicación en la industria ilegal de estupefacientes;

100.

Señala, sin embargo, a la atención las revelaciones de un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), que indica que los talibanes captan únicamente el 4 % de los beneficios del comercio anual de estupefacientes, mientras que un 21 % va a los agricultores locales y el 75 % a funcionarios del Gobierno, policía, intermediarios locales y regionales y traficantes; constata, como resumen, que los aliados de la OTAN se hacen con la mayor parte de los beneficios del tráfico de drogas;

101.

Constata que los Estados Unidos y la comunidad internacional gastaron entre 2001 y 2009 1 610 millones de dólares para financiar medidas de lucha contra la droga, sin que se hayan conseguido resultados importantes en cuanto a la producción y el tráfico, y recuerda que Richard Holbrooke, Representante Especial de los Estados Unidos para Afganistán y Pakistán, ha descrito los esfuerzos de lucha contra la droga llevados a cabo hasta ahora en Afganistán como el programa más ruinoso e ineficaz que ha tenido la oportunidad de conocer tanto dentro como fuera de un gobierno;

102.

Señala, que, sin poner fin de una vez por todas a la dependencia de las drogas de la economía de Afganistán, encontrando un modelo alternativo y viable de desarrollo económico, no podrán conseguirse los objetivos de restablecer la seguridad y la estabilidad en la región;

103.

Subraya la importancia de los esfuerzos para erradicar gradualmente el cultivo de la adormidera en Afganistán, que hasta ahora han obtenido escasos resultados, y pide, a este respecto, que se creen otras alternativas viables para obtener medios de vida a los 3,4 millones de afganos que viven del cultivo del opio y que se mejore la situación del resto de la población rural afgana;

104.

Señala los intentos infructuosos de eliminación del cultivo de la adormidera en Pakistán, Laos y Tailandia a través de su sustitución por otros cultivos; toma nota asimismo de la aparición de cultivos prometedores en Afganistán, como el azafrán, que puede generar ingresos mucho más elevados que la adormidera;

105.

Constata que podría preverse para Afganistán un proceso similar de eliminación gradual del cultivo de la adormidera por un coste de 100 millones de euros al año dedicando el 10 % de la ayuda anual que la UE concede a este país en un período de cinco años;

106.

Señala que el acuerdo comercial y de tránsito recientemente firmado entre Afganistán y Pakistán ofrecerá una salida a los productores de granadas, el cultivo legal más famoso de la zona, presentado por los trabajadores extranjeros de ayuda al desarrollo como la clave para ofrecer medios de vida dignos y alternativos a los productores de adormidera en el sur de Afganistán;

107.

Acoge con satisfacción la intensa actividad de la UNODC en su apoyo activo a la lucha contra las drogas ilícitas del Gobierno de Afganistán, y pide que se refuerce a la UNODC y su programa en Afganistán;

108.

Pide un plan nacional en cinco años para la erradicación de cultivos ilícitos de adormidera con plazos y criterios específicos puesto en marcha mediante una oficina especializada con presupuesto y personal propios;

109.

Subraya que este plan debería apoyarse mediante una cooperación entre la UE y la Federación de Rusia, ya que esta última es la principal víctima de la heroína afgana y el segundo mercado mundial de opiáceos tras la Unión Europea;

110.

Pide al Gobierno y al Parlamento de Afganistán que aprueben una legislación específica para prohibir todas las medidas de erradicación que impliquen el uso de medios no manuales y no mecánicos;

111.

Pide al Consejo y a la Comisión que incorporen totalmente esta propuesta de estrategia a sus estrategias actuales, e insta a los Estados miembros de la UE a que tengan plenamente en cuenta la propuesta en sus propios planes nacionales;

112.

Insta al Consejo y a la Comisión a que tengan plenamente en cuenta todas las repercusiones presupuestarias de las propuestas incluidas en el presente informe;

113.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la OTAN, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República Islámica de Afganistán.