1.1

El Comité considera superflua la propuesta de Directiva (y, en particular, la obligación de proporcionar información sobre la «política de diversidad»), porque cree que no es útil adoptar en este ámbito nueva legislación a escala europea. Con carácter general, el CESE considera que la Directiva no aporta ningún valor añadido fundamental respecto de las disposiciones vigentes, y teme en cambio un posible aumento de las cargas administrativas.

1.2

El CESE considera que la transparencia forma parte integrante de una gestión empresarial moderna. Las empresas europeas han demostrado que son suficientemente transparentes a la vista de la legislación vigente. En Europa, la responsabilidad social es competencia de las empresas, forma parte de su estrategia y se ejerce de manera voluntaria. Aún en tiempos de crisis, las empresas europeas no han reducido su nivel de transparencia o de responsabilidad.

1.3

El Comité toma nota de que algunas partes interesadas, y el público en general, sienten la necesidad de una mayor transparencia en las políticas de las empresas, sobre todo cuando se trata de la publicación de información social y medioambiental, y en particular cuando afecta a empresas que operan en terceros países, como las empresas mineras en África (riesgos medioambientales, corrupción), las empresas textiles en Asia (sociales, de derechos humanos), etc.

1.4

El único valor añadido que se podría reconocer a la propuesta es que aborda el problema de los riesgos, su definición, su gestión y la obligación de declararlos. Ello podría permitir a las empresas gestionar mejor esos riesgos y oportunidades y, por lo tanto, asumir mejor las responsabilidades asociadas a sus actividades no financieras. Pero incluso en ese caso, es la empresa en cuestión la que debería decidir si desea llevar a cabo esa actuación o no.

2.1

El CESE sabe que, en general, el aumento de la transparencia supone una contribución esencial al buen funcionamiento del mercado interior. Una mayor comparabilidad de la información relativa al funcionamiento de las empresas puede influir en la eficacia de las decisiones adoptadas por los inversores y los accionistas.

2.2

El Comité considera que tanto el sistema actual de publicación de información no financiera como su alcance son buenos, pero resultan insuficientes a la luz del objetivo perseguido. Hacer obligatoria la publicación de nuevos datos representaría una carga excesiva, contraria al principio de proporcionalidad. Por consiguiente, el CESE prefiere que la propuesta sólo exija la publicación de información verdaderamente relevante, claramente significativa, a fin de que no se impongan innecesariamente cargas administrativas excesivas, y, al mismo tiempo, que la propuesta aporte un valor añadido óptimo a los usuarios de esa información (inversores, accionistas y empleados).

2.3

El CESE prefiere que las empresas publiquen información no financiera únicamente si desean hacerlo. Conforme a este planteamiento, el Comité propone que se modifique el contenido de los artículos 1 y 2 de la propuesta de Directiva.

2.4

La propuesta dispone que las pequeñas y medianas empresas no estén sujetas a la obligación de publicar información no financiera, lo que se ajusta a los objetivos a largo plazo de la Unión Europea, que quiere reducir las cargas administrativas que recaen en los empresarios.

2.5

El CESE considera que las disposiciones de la propuesta objeto de examen, que prevén la declaración de información no financiera en el informe anual de gestión, así como su verificación por parte del auditor, son complejas y difíciles de comprender; en este sentido, convendría elaborar una guía práctica como complemento. La legislación europea exige que el auditor emita un dictamen sobre la coherencia entre el informe de gestión y las cuentas anuales, sabiendo que las disposiciones en vigor exigen que dicho informe de gestión incluya las cuentas anuales y el informe del auditor de cuentas así como otros documentos, en su caso. La verificación de la información no financiera podría llegar a ser extraordinariamente problemática y costosa. Es necesario definir con precisión la articulación de los requisitos publicados en el informe anual de gestión, teniendo en cuenta también la necesidad de no sobrecargar a los usuarios de dicho informe con informaciones carentes de relevancia. El CESE promoverá la publicación de información no financiera en documentos para los que no se exija un control legal.

3.1

El CESE considera que la publicación obligatoria de la «política de diversidad» es una carga administrativa innecesaria que no se justifica y cuyos efectos positivos no son demostrables. El CESE considera que imponer a las entidades privadas el establecimiento de una «política de diversidad», y concretamente la obligación de publicar una «política de diversidad» de la empresa, o incluso la explicación de los motivos por los que la empresa no ha aplicado una política de este tipo, constituye una injerencia injustificada en la libertad de empresa y en la libertad de decisión de los propietarios de las empresas. El Comité rechaza enérgicamente esta injerencia como tal. La publicación de información sobre una empresa debería seguir siendo una decisión voluntaria de la empresa, en función de que semejante publicación constituya o no para ella una ventaja competitiva. El CESE también se opone al conjunto de medidas relativas a la difusión de información detallada sobre la «política de diversidad», y ello por varias razones.

3.2

En primer lugar, hay que señalar que la publicación de una «política de diversidad» respecto de la composición de los órganos de una empresa no tiene influencia ni sobre la gestión ni sobre el rendimiento de la empresa, a diferencia de lo que afirma erróneamente la exposición de motivos. El CESE opina que son los propietarios o accionistas de la empresa los que deben decidir qué personas van a dirigir su empresa, cuáles serán los mecanismos de control de la gestión y qué papel jugarán en estos procesos los miembros de los órganos de vigilancia y administración. El funcionamiento de una sociedad es, ante todo, responsabilidad propia de sus propietarios o de sus accionistas, lo que incluye también el riesgo que asumen estos últimos de sufrir pérdidas por la adopción de malas decisiones empresariales. La modificación artificial de la composición de los órganos de vigilancia y administración no puede más que alterar un estado actual de cosas que funciona bien.

3.3

En cualquier caso, la Comisión Europea no debe interferir en el proceso de toma de decisiones, ya sea en relación con el número de miembros del consejo de administración, su cualificación, su edad, su género. Del análisis del examen realizado por la Comisión Europea no se deduce que exista una relación directa entre la edad, el género u otras consideraciones y el rendimiento de una empresa; y a pesar de que pudiese llegar a ser el caso, ello no justificaría una injerencia autoritaria en la composición de los órganos de administración o de vigilancia de una sociedad.

1)

dará prioridad, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, a que la publicación de la información financiera nuevamente exigida se deje a la decisión voluntaria de la propia empresa, o a una reglamentación nacional que defina las obligaciones en materia de información;

2)

recomendará retirar de la propuesta de Directiva las disposiciones del artículo 1, apartado 2, relativas a la «política de diversidad» y, si ello fuese imposible de cumplir, dejar la publicación de información sobre la política de diversidad, incluyendo la explicación sobre los motivos de la empresa para no aplicar una política de este tipo, a la decisión voluntaria de la propia empresa o, en su caso, a una reglamentación nacional.

Votos a favor

:

37

Votos en contra

:

96

Abstenciones

:

2