5.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 356/80

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Subraya que, aunque las regiones donde predominan las zonas rurales están compensando su retraso, su nivel de desarrollo sigue siendo muy inferior a la media de la UE.

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Lamenta que, en relación con las perspectivas financieras 2007-2013, la asignación de fondos para el desarrollo rural se haya reducido significativamente.

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Destaca que actualmente se está estudiando la ampliación de las posibilidades de uso del segundo pilar de la PAC. Lamenta que esto generaría un mayor debilitamiento de la asignación de recursos destinados a mejorar la infraestructura técnica y social en las zonas rurales.

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La asignación de un porcentaje mínimo del 5 % de la dotación financiera del Feader al programa Leader constituye un nivel insuficiente para fomentar la economía rural.

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Observa la conveniencia de una cooperación amplia y directa entre municipios rurales ubicados en un área funcional, sobre todo en la preparación de las estrategias de negociación con las ciudades ubicadas en la misma zona.

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Reconoce asimismo que las estrategias de desarrollo de estas áreas deberían establecer un marco plurianual de al menos unos doce años.

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Solicita la elaboración de un mapa sistemático y completo de las áreas de pobreza en las zonas rurales (por lo menos al nivel NUTS 3), para hacer un uso más eficiente de los recursos destinados a luchar contra el fenómeno de la exclusión social.

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Considera que la futura política europea de desarrollo rural debería:

Ponente:

Jerzy ZAJĄKAŁA (PL/AE), alcalde de Łubianka

1.

Señala que, según la actual clasificación de Eurostat, más del 23 % de la población de la UE vive en zonas exclusivamente rurales, y otro 35 % en zonas intermedias. También señala que en algunos Estados miembros la población que vive en las zonas exclusivamente rurales es mucho mayor. Este es el caso de 17 de los 27 Estados miembros, incluidos, entre otros, Irlanda (73 %), Eslovaquia (50 %), Estonia (48 %), Rumanía (46 %), Finlandia, Grecia, Lituania y Dinamarca (43 %).

2.

Hace hincapié en que las zonas rurales tienen un gran potencial en términos de recursos humanos (culturales y sociales), medio ambiente, biodiversidad y materias primas, y otros recursos económicos que son particularmente importantes para la vida comunitaria en la Unión Europea y su desarrollo. En este contexto, considera especialmente importantes las acciones encaminadas a mantener la vitalidad de las zonas rurales en términos de desarrollo social, cultural, natural, medioambiental y económico.

3.

Señala que las zonas rurales se caracterizan por una gran diversidad. Algunas de ellas se ven afectadas por el problema de la despoblación y experimentan por este motivo problemas graves, y otras, principalmente ubicadas cerca de las ciudades, se enfrentan a una creciente presión demográfica y sobre el territorio. Algunas de ellas todavía están luchando para superar una grave recesión derivada de la crisis económica general, en particular en la agricultura, mientras que otras tienen cada vez más éxito, gracias al turismo y la calidad medioambiental.

4.

Expresa su preocupación por el fuerte descenso y el creciente envejecimiento de la población en muchas partes de la Europa rural. A fin de garantizar la viabilidad de las regiones afectadas, es importante estabilizar el medio rural en su calidad de espacio vital y económico, de modo que disponga de suficientes medios de subsistencia. Esto requiere un esfuerzo de toda la sociedad y enfoques específicos para cada región que utilicen los potenciales propios.

5.

Hace hincapié en que la calidad de vida en las zonas rurales es de gran importancia para que los agricultores, sus familias, el resto de profesionales que explotan otros recursos primarios o que los valorizan y transforman y los residentes de las comunidades rurales que no se dedican a la agricultura decidan instalarse o seguir viviendo y trabajando en esas zonas. Estas decisiones repercuten en el tamaño y la composición demográfica de la población y en la preservación de la vitalidad de las zonas rurales.

6.

Hace hincapié en la necesidad de preservar y recuperar las características culturales tradicionales de las zonas rurales como un elemento importante de la identidad local, regional, nacional y europea.

7.

Reconoce el importante papel de la agricultura en el suministro de bienes públicos tan esenciales como el paisaje y unos alimentos seguros. Por lo tanto, se muestra favorable a continuar con el apoyo financiero de la Unión Europea a las explotaciones agrarias comprometidas en suministrar estos bienes. Asimismo destaca que las zonas rurales serán de las zonas más vulnerables a los futuros cambios en los escenarios climáticos provocados por el Cambio Climático, por lo que se requiere la inclusión de medidas tanto de mitigación como de adaptación en los instrumentos de planificación, gestión territorial y presupuesto, para que, a través de los mecanismos participativos y las prácticas agrícolas, se posibilite un desarrollo sostenible.

8.

Considera necesario educar al público en general, especialmente a la generación más joven, para que comprenda y aprecie los valores de las zonas rurales y la importancia de la preservación de su vitalidad para el conjunto de la población.

9.

Reconoce la necesidad de continuar con la aplicación y mejora de la política agrícola común como un instrumento importante de la comunidad, que sirve para cumplir los objetivos tanto a corto como a largo plazo, orientado a lograr buenos resultados en la economía nacional y en la competencia en los mercados mundiales, así como a alcanzar la cohesión territorial de todas las regiones de los Estados miembros.

10.

Considera que las zonas rurales evolucionarán sustancialmente debido al impacto de las políticas climáticas y energéticas, así como a un uso más eficaz de las materias primas que podrán darle un papel más importante en el sector económico primario, y que es preciso anticiparse a esta evolución para asegurarse de que sea sostenible e integre de manera armoniosa las preocupaciones económicas, sociales y ambientales. También es necesario señalar que la rotación de cultivos sigue siendo muy interesante para las zonas rurales, ya que permitiría reducir la dependencia de las importaciones de soja, mejorar la calidad del suelo, reducir el uso de fertilizantes, restablecer una actividad económica estable en las zonas rurales y restaurar la balanza comercial de la Unión Europea. Lamenta, sin embargo, que el dictamen del Comité de las Regiones sobre los límites de las ayudas y la orientación ecológica no haya sido tenido en cuenta en las decisiones de los Jefes de Estado y de Gobierno del pasado 26 de junio, pues estas debilitan tanto la diversidad como la sostenibilidad de las zonas rurales.

11.

Respalda, al mismo tiempo, una amplia financiación por la Unión Europea de programas de incentivos eficaces para jóvenes agricultores y el apoyo financiero a explotaciones de semisubsistencia y explotaciones agrícolas ubicadas en zonas menos favorecidas, que son instrumentos importantes para mantener la vitalidad de las zonas rurales; igualmente señala la necesidad de incrementar las ayudas y subvenciones de acciones relacionadas con la restauración, mantenimiento y mejora de las zonas protegidas, con el objetivo de compatibilizar la conservación del medio natural con el desarrollo sostenible de las zonas rurales que soportan la gran parte de las zonas protegidas.

12.

Señala que los ingresos obtenidos por los agricultores en el ejercicio de sus actividades agrícolas o equivalentes, así como los subsidios recibidos por ellos en el marco de los dos pilares de la política agrícola común, tienen un impacto significativo en las comunidades rurales en las que viven y ejercen su actividad agrícola. Estos ingresos repercuten no sólo en la eficiencia de sus actividades agrícolas y en la calidad de vida de los agricultores y sus familias, sino también en el nivel de los ingresos fiscales de los municipios en los que residen. El importe de tales ingresos tiene también un impacto significativo en las oportunidades reales y la participación personal de los agricultores en la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales.

13.

Expresa su preocupación por la reducción prevista de los recursos destinados al desarrollo de las zonas rurales en las perspectivas financieras 2014-2020. Lamenta que, en relación con las perspectivas financieras 2007-2013, la asignación de fondos para el desarrollo rural se haya reducido significativamente de 95700 millones a menos de 85000 millones de euros. Este conjunto de fondos realmente disponibles para las comunidades rurales se puede reducir aún más como resultado de la propuesta de ceder a los Estados miembros la facultad de transferir hasta el 15 % de los fondos del segundo al primer pilar de la PAC (en algunas regiones de la UE incluso hasta el 25 %).

14.

Destaca que actualmente se está estudiando la ampliación de las posibilidades de uso del segundo pilar de la PAC para incluir los fondos fiduciarios establecidos para compensar las pérdidas financieras ocasionadas por enfermedades animales o vegetales, incidentes ambientales o el descenso importante de los ingresos agrícolas, que dependían tradicionalmente del primer pilar de la PAC. Lamenta que esto generaría un mayor debilitamiento de la asignación de recursos destinados a mejorar la infraestructura técnica y social en las zonas rurales.

15.

Acoge favorablemente que el Marco Estratégico Común y los acuerdos de asociación creen condiciones propicias para impulsar la coordinación y la integración y para apoyar el desarrollo sostenible de las zonas rurales. La asignación de un porcentaje mínimo del 5 % de la dotación financiera del Feader al programa Leader constituye un apoyo importante para el desarrollo local; no obstante, afirma que se trata de un nivel insuficiente para fomentar la economía rural.

16.

Apoya la inclusión de la iniciativa DLP (desarrollo local participativo) en los programas de los Fondos Estructurales en forma de una estrategia de desarrollo local aplicada por las partes interesadas locales. No obstante, considera que una estrategia multifondo debe ir acompañada de la necesaria coordinación de los Reglamentos que rigen los fondos correspondientes. La propuesta de la Comisión de recurrir a una instancia intermediaria para solucionar este problema resulta insuficiente, ya que hace recaer la responsabilidad no en varias, sino en una única autoridad de gestión, pero no simplifica la administración en sí. Falta coherencia entre los diferentes Reglamentos, y hay un riesgo claro de que se dediquen más tiempo y recursos a prevenir posibles advertencias que a contribuir verdaderamente al desarrollo.

17.

Lamenta que, para los programas operativos del FEDER y el FSE, la iniciativa Leader tenga únicamente carácter facultativo y solo pueda financiarse dentro del objetivo temático no 9 «promover la inclusión social y luchar contra la pobreza». Este principio limitará los posibles márgenes de maniobra de los grupos de acción local y la posibilidad de aprovechar los distintos fondos para la elaboración de estrategias de desarrollo local.

18.

Señala que el mantenimiento de unos servicios públicos y privados de alta calidad a menudo requiere de una fuerte movilización política, cívica y financiera, respaldada por una nivelación más decidida de las disparidades, lo que conlleva la necesidad de una mayor solidaridad entre las zonas urbanas y rurales.

19.

Prevé que la mayor desregulación prevista de los mercados agrícolas europeos aumentará la volatilidad de los precios agrícolas, representando una amenaza sobre todo para las pequeñas y medianas explotaciones familiares. También señala que la liberalización de las cuotas lácteas puede llevar a una mayor industrialización y concentración de la producción lechera, que a su vez acelerará el cambio climático y el éxodo de personas desde las zonas rurales. Sigue siendo importante que los agricultores reciban una compensación económica por los bienes públicos que aportan a la sociedad, como los valores naturales y culturales que ofrecen las zonas agrícolas y ganaderas, valores que no se venden en el mercado. En caso de que la supresión del sistema de cuotas lácteas diese lugar a desvíos indeseados en la ganadería, se precisarían medidas políticas para mejorar la información a los consumidores y al mercado en general, así como para garantizar el bienestar de los animales en toda la UE.

20.

Desea subrayar las posibilidades de vincular las actividades apoyadas por el segundo pilar del programa de desarrollo rural con las actividades de los fondos regional, social y de pesca, es decir, los fondos del MEC. La producción de biogás, las infraestructuras terrestres de TIC, la innovación, el desarrollo de competencias, el desarrollo empresarial y el DLP (desarrollo local participativo) son medidas que pueden enmarcarse en el programa de desarrollo rural, pero que también están vinculadas a los otros fondos, en un contexto en el que las distintas actividades económicas pueden beneficiarse mutuamente y donde convergen las necesidades y recursos de las ciudades y las zonas rurales.

21.

Toma nota de los desafíos particulares a los que se enfrentan las comunidades rurales ubicadas en el área de influencia directa de las ciudades medianas y grandes, y recomienda preferir el enfoque funcional para determinar la estrategia de desarrollo en estas áreas.

22.

Afirma que tanto la ciudad como las comunidades rurales ubicadas en las áreas funcionales poseen recursos sociales y económicos valiosos y de gran utilidad. Recomienda que, al preparar una estrategia de desarrollo para un área funcional determinada, se analicen los recursos existentes para toda ella y se tenga en cuenta en la estrategia de desarrollo el potencial de los municipios rurales y de las ciudades para una óptima planificación de su aprovechamiento con una perspectiva sostenible. Destaca asimismo los peligros potenciales para las zonas rurales que genera la falta de desarrollo equilibrado de las ciudades y las comunidades rurales, que puede ocurrir en situaciones en que las ciudades exploten sus ventajas económicas y de población.

23.

Observa la conveniencia de una cooperación amplia y directa entre municipios rurales ubicados en un área funcional, sobre todo en la preparación de las estrategias de negociación con las ciudades ubicadas en la misma zona.

24.

Reconoce la conveniencia de aplicar una metodología que prevea la participación de los entes locales y las comunidades de residentes en las ciudades y los municipios rurales en la elaboración de estrategias para el desarrollo sostenible de las áreas funcionales. Esta participación debería garantizarse tanto durante los trabajos de preparación (diagnóstico y análisis) como a la hora de tomar decisiones que determinen la forma final de la estrategia.

25.

Señala asimismo que en las comunidades rurales ubicadas en las zonas de influencia de las ciudades solo una parte de la población se dedica a la agricultura. La población que ha emigrado a estas zonas procedente de las ciudades a menudo alberga expectativas de que se abandonen las actividades agrícolas que pueden representar un problema para ellos, como el uso de fertilizantes naturales y artificiales, la utilización de maquinaria agrícola, la ganadería y el pastoreo, etc. Recomienda anticipar y contrarrestar estos problemas en el marco de la ordenación del territorio, especialmente a través del establecimiento de una estrategia de desarrollo sostenible que concilie los intereses económicos, sociales y medioambientales de todas las partes, por ejemplo, estableciendo zonas preferentes de producción agrícola con el fin de minimizar los posibles conflictos sociales.

26.

Destaca que los programas de integración social en las zonas rurales que experimentan un flujo constante de población urbana son una manera de abordar los conflictos sociales que pueden surgir en situaciones generadas en las mismas por la diversidad de estilos de vida, valores y normas sociales.

27.

Llama la atención sobre la necesidad de una distribución solidaria de los costes de la compensación de los efectos económicos, medioambientales y sociales del crecimiento desordenado de las ciudades entre los centros urbanos y las zonas rurales.

28.

Señala que la gran mayoría de las comunidades rurales están situadas fuera de las zonas de influencia directa de las grandes y medianas ciudades. Esta situación requiere el uso de instrumentos específicos de influencia y apoyo para estas zonas. Recomienda, por consiguiente, que, tanto en la política agrícola común como la política de cohesión -aplicada también mediante instrumentos de desarrollo regional-, se incluyan soluciones que ayuden realmente a lograr la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades de desarrollo con una perspectiva sostenible.

29.

Al tiempo que reconoce la importancia de la conservación de las zonas rurales, solicita un mayor apoyo a los gobiernos locales en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura técnica y de la infraestructura social que repercuten en el mantenimiento de la vitalidad de estas zonas.

30.

Señala la importancia de los vínculos funcionales existentes entre las zonas rurales periféricas y los pequeños centros urbanos y pide la creación de mecanismos adecuados para estimular el desarrollo conjunto de proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en estas zonas, en particular garantizando que los pequeños centros urbanos presten los servicios locales necesarios para el buen funcionamiento de la zona.

31.

Señala que los documentos estratégicos por los que se establece la política de desarrollo de estas zonas deben ser el resultado de la cooperación y acuerdos entre los municipios vecinos (bilaterales y más amplios), así como el fruto de la cooperación en el ámbito de la política regional.

32.

Destaca una vez más la especial importancia y la necesidad de la cooperación entre los municipios rurales y las ciudades en las áreas funcionales. Reconoce asimismo que las estrategias de desarrollo de estas áreas deberían establecer un marco plurianual de al menos unos doce años.

33.

Recomienda que la cooperación entre los municipios urbanos y rurales adopte la forma de asociaciones territoriales.

34.

Considera que la cooperación en el marco del área funcional debe ir precedida de un amplio debate ciudadano, que conduzca a una decisión soberana de los distintos municipios implicados. Además, la posible retirada de determinados municipios de la cooperación en el ámbito del área funcional tras haberse iniciado esta última, debido a la existencia de una red de infraestructuras y vínculos sociales, debería estar sujeta a la aprobación de todas las ciudades y los municipios implicados en la cooperación en un área funcional particular.

35.

Hace hincapié en la interdependencia entre las ciudades y las comunidades rurales en el marco del área funcional, basada en el uso compartido de los recursos humanos, naturales y económicos, así como en la organización de los servicios públicos.

36.

Habida cuenta de las tendencias actuales en las comunidades urbanas en materia de estilo de vida, sugiere que se estimule su uso para promover los valores de las zonas rurales. Señala que las cooperaciones en red brindan una oportunidad sin precedentes para estrechar los vínculos entre los agricultores y los consumidores de alimentos. Señala que este tipo de iniciativas pueden representar una contribución muy valiosa a la creación de un nuevo tipo de relaciones urbano-rurales.

37.

Hace hincapié en que las cadenas de suministro cortas de productos agrícolas contribuyen al desarrollo de la producción sostenible y el consumo responsable, ya que satisfacen la creciente demanda de productos auténticos y que responden a los criterios de estacionalidad, proximidad del lugar de producción y vinculación con la comunidad. Este patrón de consumo también apela a comportamientos ciudadanos asociados con el respeto al medio ambiente, como la limitación de la cantidad de envases, la reducción de las emisiones de CO2 y el apoyo a las prácticas de producción sostenibles. Debe coexistir el apoyo a las cadenas cortas con el fomento de la integración cooperativa, como un elemento fortalecedor de la posición del agricultor en los mercados. Resulta fundamental la concentración de la oferta como herramienta eficaz para garantizar precios justos al agricultor y asegurar la creciente demanda de alimentos.

38.

Señala, no obstante, que los productores que deseen participar en estas iniciativas han de afrontar muchos problemas. A menudo es difícil garantizar una oferta regular y estable a los consumidores, que normalmente exigen un suministro regular en términos de cantidad y variedad de los productos. Este tipo de actividad requiere por lo general un equipamiento caro (vehículos adaptados, sistemas de refrigeración, puntos de venta e instalaciones de transformación, etc.). Recomienda, por lo tanto, que este tipo de actividad pueda obtener una ayuda adecuada.

39.

Señala que la accesibilidad de las zonas rurales, su alejamiento de los centros de toma de decisiones y de investigación, así como el acceso limitado a las nuevas tecnologías, plantean dificultades que para muchas comunidades rurales son difíciles de superar pero que son esenciales en materia de posibilidades de desarrollo, igualdad de oportunidades y calidad de vida. Además, la tasa de actividad en las zonas rurales es menor que en las zonas urbanas, creándose en las primeras menos puestos de trabajo.

40.

Señala que a los problemas ya existentes se añaden nuevos retos, como el impacto del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y otros problemas medioambientales, el agotamiento del espacio rural, especialmente de suelo agrícola, o el envejecimiento de la población. Subraya que es preciso realizar un importante esfuerzo de comprensión de esta problemática y poner los medios necesarios para su remedio, con políticas activas que hagan frente a la despoblación.

41.

Lamenta que las zonas rurales estén perdiendo dinamismo con respecto a las zonas urbanas. Señala asimismo que el quinto informe sobre la cohesión económica, social y territorial de noviembre de 2010 puso de relieve las disparidades socioeconómicas entre las regiones europeas.

42.

Subraya que, aunque las regiones donde predominan las zonas rurales están compensando su retraso, su nivel de desarrollo sigue siendo muy inferior a la media de la UE. Señala que esta brecha es especialmente evidente con respecto a las regiones con predominio de zonas urbanas. El PIB medio de las zonas rurales es inferior en un 73 % al PIB de las zonas urbanas en la UE-12. Las disparidades entre las zonas rurales y urbanas son especialmente evidentes en Europa central y oriental, así como en el Sur de Europa.

43.

Solicita la elaboración de un mapa sistemático y completo de las áreas de pobreza en las zonas rurales (por lo menos al nivel NUTS 3), para hacer un uso más eficiente de los recursos destinados a luchar contra el fenómeno de la exclusión social.

44.

Señala una vez más que el establecimiento de un marco de gobernanza multinivel es un requisito indispensable para la transformación efectiva de las políticas nacionales y europeas, incluida la política agrícola común después de 2013. En este contexto surgen dudas que deben ser urgentemente aclaradas. Aunque este principio se reconoce explícitamente en el proyecto de reglamento general, todavía no está claro el papel de los entes locales y regionales en los acuerdos de asociación. Las regiones y las comunidades de las zonas rurales ya no pueden estar satisfechas con su papel de cofinanciadores que no participan en la selección de las prioridades y los métodos de ejecución y gestión. En las directrices elaboradas precisamente por la Comisión Europea sobre la celebración de acuerdos de asociación, debería destacarse claramente la importancia de contar con representantes de las zonas rurales en la elaboración de estos acuerdos.

45.

Considera que la futura política europea de desarrollo rural debería:

46.

Considera que, a fin de alcanzar estos objetivos, la futura política de desarrollo rural deberá asegurar una mayor participación de los agricultores en la prestación de servicios públicos.

47.

Considera que, en el próximo período de programación, la actual tendencia a centrar la financiación del desarrollo rural principalmente en el sector de la agricultura deberá equilibrarse, a fin de garantizar un auténtico desarrollo económico en las zonas rurales.