16.7.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 226/43

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) toma buena nota de la propuesta de Reglamento destinada a facilitar el acceso a la justicia en caso de litigios transfronterizos y contribuir, de este modo, al incremento del comercio transfronterizo.

1.2

Apoya la ampliación del ámbito de aplicación del procedimiento mediante el aumento del umbral mínimo hasta 10  000 euros y la ampliación del concepto de «litigio transfronterizo», lo cual abre a los consumidores y las pymes más posibilidades de recurrir al procedimiento.

1.3

El CESE está de acuerdo con la limitación de las tasas judiciales que establece el Reglamento, ya que estas constituyen un auténtico freno para los consumidores y las pequeñas empresas a la hora de decidirse a incoar un procedimiento. No obstante, recomienda que se defina claramente qué se entiende por «tasas judiciales», para que la medida resulte eficaz.

1.4

Constata con satisfacción que el Reglamento mantiene el carácter ejecutivo de la sentencia que se pronuncie sin necesidad de recurrir al procedimiento de exequátur.

1.5

El CESE considera que el éxito del procedimiento europeo de resolución de litigios de escasa cuantía dependerá, aparte del aumento del umbral máximo, de la simplificación y la facilidad de los trámites a que este dé lugar.

1.6

El Comité toma nota de la intención de la Comisión de favorecer el uso de las nuevas tecnologías, aunque ello corresponde a un enfoque que va en contra de prácticas firmemente asentadas y que afectará al funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, y a pesar de que su introducción en todos los órganos jurisdiccionales de proximidad se considere, por lo tanto, difícil.

1.7

Considera, sin embargo, que se deben fomentar todas las vías y medios que permitan simplificar las gestiones que incumben a las partes, siempre y cuando no se menoscaben la efectividad de los derechos de defensa de las partes ni la aplicación de los principios fundamentales del Derecho procesal civil reconocidos por todos los Estados miembros. Constata que estas tecnologías solo se emplearán con el consentimiento de las partes, de lo cual se congratula.

1.8

En este sentido, el CESE se interroga sobre cuáles son los recursos posibles en el marco del proceso de escasa cuantía.

1.9

El CESE insiste, además, en la necesidad de prestar atención a la seguridad y confidencialidad de los intercambios electrónicos relativos a procedimientos contenciosos.

1.10

El Comité insiste en la necesidad de prever una asistencia a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas a lo largo de todo el procedimiento, especialmente dado que no es obligatoria la presencia de letrado, lo cual requiere que se asignen medios -en particular, económicos- a esta tarea.

1.11

Sobre este particular, considera que las asociaciones de consumidores, los centros europeos de consumidores y las federaciones profesionales, que tienen experiencia en la materia, pueden desempeñar un papel positivo a la hora de prestar esta asistencia y de difundir información sobre la existencia de este procedimiento.

1.12

El CESE hace hincapié en que el objetivo perseguido, a saber, facilitar la resolución de litigios de escasa cuantía, solo se logrará si se difunde información adecuada sobre su existencia a las distintas partes interesadas, a los órganos jurisdiccionales y a los centros de formación jurídica (1).

1.13

El CESE considera, por otra parte, que la eficacia del procedimiento exige que se disponga de formularios claros, que resulten comprensibles para todos. Uno de los requisitos fundamentales es el empleo de la lengua oficial del país de origen de las partes, incluido para el desarrollo del procedimiento y, especialmente, en las vistas. Esta exigencia no debe limitarse a la traducción de los formularios, so pena de violar los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea relativos a la tutela judicial efectiva y a los derechos de la defensa.

1.14

El CESE señala que la argumentación desarrollada en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad contribuye positivamente al debate sobre la instauración de una acción colectiva europea.

2.1

Con su propuesta, la Comisión aspira a aproximarse a los ciudadanos, los consumidores y las pymes al facilitarles el acceso a la justicia e inspirarles mayor confianza para que aprovechen las oportunidades que brinda el mercado único.

2.2

Se enmarca en las doce medidas concretas evocadas en el «segundo Informe sobre la ciudadanía de la Unión», cuyo objetivo consiste en ayudar a los ciudadanos europeos a ejercer sus derechos, por ejemplo, mediante la resolución de los litigios surgidos al realizar sus compras transfronterizas.

2.3

La Agenda del Consumidor Europeo, al igual que la «Small Business Act», había preconizado también esta iniciativa para reforzar el respeto de los derechos de los consumidores y de las pymes.

2.4

Basándose en la experiencia adquirida desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 861/2007 (2), que coexiste con los procedimientos nacionales habituales de cobro de deudas y a raíz de varias consultas, la Comisión propone simplificar más el procedimiento, hacerlo menos oneroso y más adaptado a las necesidades de los consumidores, así como de las pequeñas y medianas empresas.

2.5

El proceso europeo de escasa cuantía instituido por el Reglamento (CE) n.o 861/2007 se caracteriza esencialmente por lo siguiente:

2.6

Dicha sentencia será ejecutiva y se reconocerá de pleno derecho en los Estados miembros. A petición de una de las partes, el órgano jurisdiccional competente deberá extender, sin costes adicionales, un certificado de la existencia de la sentencia.

2.6.1

Como preveía el Reglamento (CE) n.o 861/2007, antes del 1 de enero de 2014 la Comisión elaboró un informe de evaluación en el que considera los primeros resultados alentadores ya que, según ella, el recurso a este procedimiento reduce los costes en un 40 % y la duración media de los litigios ha disminuido de dos años a cinco meses (3).

2.7

No obstante, la Comisión considera que el procedimiento podría ser aún más eficaz si se aumenta el umbral máximo para que las pymes también puedan recurrir a él.

3.1

La propuesta establece dos grandes conjuntos de medidas, a saber, una medidas de carácter estrictamente jurídico y otras de carácter más práctico, destinadas en su conjunto a reducir el coste de los procedimientos.

3.2

Medidas de carácter jurídico

3.2.1

La primera medida contemplada consiste en aumentar el umbral máximo de 2  000 a 10  000 euros, para que las pymes puedan recurrir a este procedimiento, que es meramente optativo.

3.2.2

La segunda medida consiste en ampliar la definición del concepto de litigio transfronterizo para extender el ámbito de aplicación del Reglamento a todos los litigios con elementos de extranjería, incluso los que conciernen a nacionales de terceros países.

3.3

Medidas de carácter práctico

3.3.1

Para reducir los costes, la Comisión propone generalizar el intercambio de documentos por medios electrónicos, así como la teleconferencia o videoconferencia cuando sea necesario celebrar debates orales.

3.3.2

Prevé también limitar las tasas judiciales al 10 % de la cuantía de la demanda, con un umbral autorizado de 35 euros, importe que podrá abonarse mediante transferencia bancaria o en línea con tarjeta de crédito o de débito.

4.1

El CESE, aunque considera pertinente la propuesta, señala no obstante que para ser eficaz el procedimiento tiene que ser claro y transparente. Ello implica que los formularios tendrán que estar adaptados a todos los grupos sociales afectados.

4.1.1

Además, el dispositivo contemplado debería ser objeto de una campaña de información dirigida a los justiciables y a los órganos jurisdiccionales. A tal respecto, el CESE señala que los órganos jurisdiccionales fueron informados tardíamente acerca del proceso monitorio europeo y el proceso europeo de escasa cuantía mediante un folleto informativo elaborado por la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil (4).

4.1.2

Fomentar el empleo de medios de comunicación electrónica, incluida la notificación y el traslado de documentos o imponer a los órganos jurisdiccionales la obligación de recurrir a la videoconferencia para las vistas, salvo solicitud en contrario de una de las partes (5), corresponde a un enfoque que va en contra de prácticas firmemente asentadas. Ello influirá en el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Además, hay que prever una ayuda técnica a los justiciables, especialmente dado que el procedimiento puede transcurrir sin asistencia de letrado.

4.2

En cuanto al fondo, la medida fundamental consiste en elevar el umbral máximo de 2  000 a 10  000 euros.

4.2.1

Los principales beneficiarios de esta modificación serán las pymes, quienes no constituyen en la actualidad más que el 20 % de las demandas, según los datos suministrados por la Comisión tras la evaluación de impacto, basada en las respuestas de un panel que el CESE considera demasiado restringido.

4.2.2

El Comité apoya el aumento del umbral máximo a 10  000 euros, pero estima que podría resultar elevado a la luz de la cuantía media de los litigios que afectan a los consumidores.

4.3

El objetivo declarado consiste en restablecer la confianza y dinamizar los intercambios en el mercado interior, reforzando al mismo tiempo la eficacia de la justicia. En este sentido, el CESE se interroga sobre cuáles son los recursos posibles en el marco del proceso de escasa cuantía.

4.4

El CESE considera este objetivo encomiable, pero constata la existencia de múltiples disparidades nacionales. Así, constata que, aunque la propuesta aspira a limitar el importe de las «tasas judiciales», también es cierto que existen divergencias sobre este concepto en función de los Estados miembros, como demuestran los datos sobre 26 Estados miembros que figuran en el portal de justicia en línea (e-Justice) así como un estudio encargado por la Comisión Europea sobre la transparencia de las costas de los procedimientos judiciales civiles en la Unión Europea (6).

4.5

El umbral máximo del 10 % para las tasas judiciales de tramitación del proceso que se establece es ya de por sí elevado. Puede tener consecuencias negativas en aquellos Estados miembros donde las tasas no alcanzan ese nivel.

4.6

Al elevar el umbral máximo de la demanda y ampliar el concepto de «litigio transfronterizo» en su propuesta, la Comisión indica a los ciudadanos y a las pymes que se interesa y que actúa para dar respuesta a sus preocupaciones reales.

4.7

Responde, además, a los resultados de una encuesta del Eurobarómetro publicada en abril de 2013, según la cual el 45 % de las empresas encuestadas declararon que no recurrían a los tribunales de justicia debido a que las costas judiciales eran desproporcionadas con respecto a la cuantía del litigio.

4.8

La revisión propuesta comporta la obligación de modificar también el Reglamento (CE) no 1896/2006 sobre el proceso monitorio europeo (7). En efecto, según éste la presentación de un escrito de oposición por parte del demandado supone el traslado automático del asunto al proceso civil ordinario. Ahora bien, desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 861/2007, esta restricción no es aplicable a los litigios de escasa cuantía.

4.9

El Reglamento (CE) no 1896/2006, que debería haber sido revisado ya, deberá precisar que cuando un litigio entra en el ámbito de aplicación del proceso europeo de escasa cuantía, este último debería abrirse también a las personas o empresas que, siendo parte en un proceso monitorio europeo, hayan presentado un escrito de oposición a un requerimiento europeo de pago.

4.10

El CESE señala que la argumentación desarrollada en relación con los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad contribuye positivamente a la instauración de la acción colectiva europea.

5.1

Aunque interesante, la generalización de los sistemas de videoconferencia no parece todavía posible de lograr en todos los órganos jurisdiccionales de proximidad.

5.2

Muchos de ellos no disponen de página web ni se comunican por vía electrónica. Sigue siendo frecuente tener que personarse para obtener los formularios necesarios para la incoación de procedimientos judiciales, ya que dichos procedimientos no están digitalizados. El CESE insiste, además, en la necesidad de prestar atención a la seguridad y confidencialidad de los intercambios electrónicos relativos a procedimientos contenciosos.

5.3

A este respecto, el CESE insiste en que los formularios tienen que ser claros e inteligibles. Así, la asistencia contemplada en la propuesta deberá ser cualificada, lo cual supone una inversión financiera nada desdeñable por parte de los Estados, en un momento poco propicio.

5.4

Por último, la información del justiciable es el mayor problema a resolver para garantizar la eficacia de la justicia. En efecto, los justiciables, y en particular los consumidores y las pymes, deben disponer de información fiable e independiente para decidir con conocimiento de causa el camino a seguir.

5.5

Por otra parte, las asociaciones de consumidores, los centros europeos de consumidores y las federaciones profesionales con experiencia pueden desempeñar un papel fundamental para garantizar esa información de calidad.

5.6

Por ejemplo, el proyecto «Ejecución Judicial en Europa» (EJE) contiene expedientes y fichas temáticas muy prácticas destinadas esencialmente a los agentes judiciales, pero cuyo interés va más allá, pues se refiere al acceso al Derecho y al ejercicio de los derechos, aunque este tipo de fuentes de información no son muy conocidas.

5.7

Por último, el CESE insiste en la necesidad de dar a las partes la posibilidad de que todo el procedimiento se desarrolle en su lengua oficial. En efecto, se trata de una exigencia basada en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea referidos a la tutela judicial efectiva y a los derechos de la defensa, que no puede limitarse a la mera traducción de los formularios.