14.7.2015   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 230/72

Ponente:

Pedro Augusto ALMEIDA FREIRE

1.1.

El CESE apoya el enfoque general de la Comisión consistente en adoptar:

en la medida en que las infracciones contra la propiedad intelectual constituyen un fenómeno global que requiere, por tanto, un trato holístico.

1.2.

El CESE apoya el objetivo del plan de acción consistente en luchar contra las vulneraciones de los DIP a escala comercial, ya que minan las inversiones en la innovación y la creación de empleo sostenible en la UE, además de provocar una pérdida de ingresos fiscales.

1.3.

El CESE toma nota del papel cada vez más destacado que desempeña la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en la elaboración y el seguimiento de las estrategias de la Comisión Europea en materia de fomento y protección de los DIP, cuyo enfoque multiobjetivos constituye el propósito del plan de acción.

1.4.

El CESE respalda el enfoque pragmático adoptado por la Comisión consistente en privilegiar herramientas como «sigue la pista al dinero» o la participación de los interlocutores pertinentes.

1.5.

El CESE puede respaldar el enfoque con objetivos múltiples de la Comisión, en la medida en que se determinen mejor estos objetivos y se precisen sus aspectos cuantitativos y cualitativos; y se congratula, en particular, por las campañas del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, «el Observatorio») sobre las repercusiones de las vulneraciones de los DIP, destinadas a sensibilizar no solo a los jóvenes (1), sino también a los jueces y a los profesionales del Derecho (2).

1.6.

El CESE celebra la atención que presta la Comisión a las pymes para facilitar su acceso a las vías de recurso judicial y respalda también el proyecto «IPorta,» que es un sistema de apoyo a las pymes (3) que aborda cuestiones relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual y coordina la ayuda nacional.

1.7.

El CESE pide a la Comisión que vele por que los medios de acceso y protección efectiva de la propiedad intelectual en Europa sean accesibles, incluso desde el punto de vista financiero, para todas las empresas, independientemente de su tamaño.

1.8.

Lamenta, sin embargo, que el enfoque de la Comisión se limite a herramientas no legislativas, sin evocar siquiera la oportunidad de evaluar los instrumentos legislativos existentes ni el interés de revisarlos. En este contexto, el CESE señala que la Comisión podría haber sido más ambiciosa, además de tomar en consideración este parámetro.

1.9.

El CESE emite ciertas reservas en cuanto al papel que la Comisión parece atribuir al establecimiento de sistemas de aplicación voluntaria, protocolos de acuerdo voluntarios y de buenas prácticas en un ámbito caracterizado por la falsificación y la piratería.

2.1.

El plan de acción de la UE «Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual» incluye diez acciones específicas que prevén una nueva política consistente en crear y utilizar herramientas para luchar, en particular, contra las actividades que vulneran los DIP a escala comercial. Estas actividades son las más nocivas y constituyen un desafío importante para la UE ya que minan la inversión en innovación y la creación de empleo sostenible, y provocan una pérdida de ingresos fiscales.

2.2.

Estas nuevas herramientas, que de momento no tienen carácter legislativo, engloban una serie de acciones basadas en el enfoque «sigue la pista al dinero» («Follow the money»), cuya finalidad es privar a los infractores que actúan a «escala comercial» del acceso a los medios de promoción y distribución de productos falsificados, así como de sus ingresos.

2.3.

Los objetivos del plan de acción de la UE «Hacia un consenso renovado sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual», reflejados en la Comunicación de la Comisión objeto del presente dictamen, coinciden con los de la estrategia para la protección y el respeto de los derechos de propiedad intelectual en los terceros países, a saber:

2.4.

Otro objetivo fundamental de este ejercicio consiste en sensibilizar a los consumidores y productores sobre los efectos de la vulneración de los DPI, mediante debates e iniciativas de sensibilización.

2.5.

A escala de la UE, las acciones serán llevadas a cabo por la Comisión, en su caso en asociación con la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que desde junio de 2012 alberga al Observatorio (4). El estudio publicado el 25 de noviembre de 2013 (5) por el Observatorio puso de relieve la falta de sensibilización de los encuestados, en particular los más jóvenes, sobre el alcance de la repercusión de las vulneraciones de la propiedad intelectual en el mantenimiento y el fomento de los puestos de trabajo basados en ella. También reveló que los jóvenes europeos consideran que la infraestructura de la propiedad intelectual beneficia en gran medida a las grandes empresas.

2.6.

Por consiguiente, la Comisión ha optado por un enfoque con objetivos múltiples, que incluye un análisis de las razones por las que los productos falsificados están cada vez más cotizados entre los integrantes de la «generación digital». Esta estrategia incluye el desarrollo, por parte del Observatorio, de medios de comunicación destinados a sensibilizar a los ciudadanos de la Unión sobre las repercusiones de las vulneraciones de los DPI, en particular en cuanto al empleo y la economía.

3.1.

Por el momento, la Comisión no ofrece detalles sobre el contenido de estas medidas, pero asegura que procederá a una consulta sobre las herramientas no legislativas, incluido el enfoque «sigue la pista al dinero» («Follow the money»), cuya finalidad consiste en privar a los infractores a escala comercial de medios para promover y distribuir bienes falsificados, así como de sus ingresos. Estas herramientas se desarrollarán de manera transparente y rigurosa para garantizar su eficacia en la lucha contra la vulneración de los DPI.

3.2.

El dispositivo se verá reforzado con medidas de cooperación entre las autoridades de la UE y conversaciones o negociaciones con terceros países. Se trata, por ejemplo, de «utilizar todos los medios para desalentar e impedir eficazmente la entrada y difusión de productos que vulneren la propiedad intelectual en los mercados» de la UE y de los terceros países.

3.3.

Estas herramientas «no legislativas» se fundamentarán en la buena voluntad de los operadores sin recurrir, por tanto, a nuevos instrumentos legislativos, aunque se basarán en los ya existentes. La ventaja de estas soluciones negociadas reside en su rapidez de aplicación. Estas medidas preventivas permitirán mejorar la eficacia de los procedimientos de recurso ante los órganos jurisdiccionales civiles. Este objetivo solo podrá alcanzarse si dichas medidas se elaboran de forma transparente y teniendo también en cuenta los intereses públicos en juego.

3.4.

El CESE entiende que este planteamiento limitado consistente en otorgar un papel de sustitución a la autorregulación, en su forma de «acuerdos voluntarios» o de «buenas prácticas», no sustituye a una acción legislativa en ámbitos que han de regirse por una normativa eficaz.

4.1.

El concepto «a escala comercial», relativo a las medidas descritas en el plan de acción de la Comisión, es mucho más amplio de lo que podría parecer. Además, aunque el plan de acción es bastante lacónico al respecto, el CESE toma nota de que este concepto forma ya parte del acervo de la Unión y contribuye a reforzar el alcance de las medidas cautelares y de las sanciones civiles.

4.2.

El CESE subraya que el concepto «a escala comercial» puede referirse a operaciones que no se realizan necesariamente con «finalidad comercial».

4.3.

El concepto se evoca en la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (6) y constituye el fundamento de determinados recursos de Derecho civil. Por ejemplo, el criterio «a escala comercial» permite al juez nacional ordenar medidas cautelares, en particular el embargo preventivo de los bienes muebles e inmuebles del supuesto infractor, incluido el bloqueo de sus cuentas bancarias y otros activos (artículo 9, apartado 2, de la Directiva). En algunos Estados miembros, este criterio se emplea también como factor desencadenante de sanciones penales, pese a que el acervo de la Unión lo excluye.

4.4.

Otros actos legislativos de la UE recurren a conceptos similares al de «a escala comercial»; así, la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (7), hace referencia a los conceptos de «carácter comercial», «finalidad comercial», «beneficio económico o comercial directo o indirecto», o «uso comercial».

El artículo 13, apartado 1, letra a), de la Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (8), dedicado a la limitación de los derechos conferidos por el registro de un dibujo o modelo, dispone que: «los derechos conferidos por el derecho sobre un dibujo o modelo tras la inscripción en el registro no se podrán ejercer respecto de los actos realizados en privado y con fines no mercantiles».

4.5.

Por tanto, corresponde al juez pronunciarse, caso por caso, so pena de sentar una jurisprudencia incoherente, inadecuada y, por tanto, incierta.

4.6.

Los servicios de la Comisión, conscientes de la ambigüedad del concepto y de la inseguridad jurídica que genera, han animado al Observatorio a recopilar la jurisprudencia nacional sobre vulneraciones de los DPI con el fin, entre otras cosas, de afinar el concepto. Además, a raíz de una convocatoria de manifestaciones de interés publicada el pasado verano en el mundo académico, con vistas a analizar los conceptos económicos de la propiedad intelectual, se organizó un primer taller económico el 19 de septiembre de 2014. En esta ocasión, algunos especialistas debatieron sobre el empleo en la práctica de los conceptos «a escala comercial» y «finalidad mercantil» en el contexto de las vulneraciones de los DPI (9) y de la manera de abordarlos desde una perspectiva económica.

4.7.

Habida cuenta de la trascendencia de la reflexión, el CESE desea que los servicios de la Comisión examinen esta cuestión y comuniquen sus conclusiones a las partes interesadas, incluida la sociedad civil.

5.1.

La Comunicación tiene por objeto tanto internet como las redes de distribución física. Abarca los productos tanto digitales como no digitales y las vulneraciones de los DPI que dificultan su creación, promoción, distribución y uso. El enfoque «sigue la pista al dinero» consiste, por tanto, en disuadir a los infractores de comercializar productos falsificados.

5.2.

La aplicación de este enfoque garantizará que todos los interlocutores pertinentes del circuito de alto valor añadido en propiedad intelectual adopten las medidas preventivas necesarias para mantener su competitividad en el mercado. El hilo conductor de dichos mercados debe seguir siendo la innovación para estimular las inversiones en actividades creativas e inventivas.

5.3.

Ello debería reforzar la confianza en los mercados digitales y permitir la distribución de productos competitivos y de alto valor añadido en propiedad intelectual, así como el crecimiento y el desarrollo de estos mercados. El objetivo es pasar de una política de la propiedad intelectual orientada a la sanción y al resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de las vulneraciones de los DPI, a un enfoque más preventivo e integrador, que garantice y ofrezca a los consumidores del mercado interior una oferta amplia y variada de productos con un alto valor añadido en propiedad intelectual.

5.4.

La Comisión propone publicar cada dos años un informe sobre la aplicación de esta política. El CESE insistirá para que el primer informe contenga indicadores válidos y se publique a tiempo.

5.5.

Reforzar la seguridad de los servicios de pago mediante vías de recurso para los supuestos de compra no intencionada de artículos falsificados podría también reforzar la protección del consumidor y su confianza en el mercado interior. La Comisión anuncia, a este respecto, una consulta pública sobre las repercusiones de los regímenes de protección de los consumidores en la lucha contra las vulneraciones de los DPI a escala comercial.

5.6.

Habida cuenta de la estrecha relación existente entre estas dos iniciativas de la Comisión y de la trascendencia del enfoque «sigue la pista al dinero», el CESE desea que la Comisión emprenda una consulta de amplio alcance sobre la cuestión esencial de la protección de los consumidores en el ámbito de los servicios de pago y que, en general, la amplíe también al enfoque «sigue la pista al dinero».

5.7.

El CESE invita además a los servicios de la Comisión a consultar a los agentes económicos para informarse sobre su experiencia en cuanto a la inclusión de los beneficios obtenidos por el infractor en la cuantificación de los daños y perjuicios en casos de falsificación (10).

6.1.

En algunos Estados miembros, la problemática de la propiedad intelectual solo concierne a una de cada dos pymes (un 54 %) y, por otra parte, aunque es una cuestión conocida (para un 46 %), se percibe como costosa, compleja y lenta. Es una situación sorprendente en una economía dominada por el conocimiento, en la que elementos inmateriales como los conocimientos técnicos, la reputación, el diseño o, incluso, la imagen han cobrado una importancia fundamental (11).

6.2.

Además, al parecer las pymes que integran la propiedad industrial en su estrategia de desarrollo obtienen mejores resultados económicos que las demás, como demuestran algunos datos cuantificados disponibles. Así, en Francia los 32 galardonados, dentro de la categoría pymes, de los premios a la innovación otorgados en 2010 por el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI) han creado 614 puestos de trabajo desde 2006, multiplicado por cinco su volumen de negocios entre 2006 y 2009 y duplicado el volumen de sus exportaciones. Al mismo tiempo, estas empresas han intensificado sus inversiones en I+D mediante un aumento de su presupuesto del 65,6 % (12).

6.3.

El CESE apoya, por tanto, el enfoque de la Comisión de mejorar la accesibilidad de las vías de recurso judiciales para las pymes en general (13) y, más concretamente, en sus litigios en materia de propiedad intelectual. En efecto, el elevado coste y la complejidad de los procedimientos judiciales disuaden a menudo a las pymes innovadoras de hacer valer sus DPI, incluidos aquellos derivados de patentes esenciales.

6.4.

El coste financiero es un factor determinante para que las empresas europeas inviertan en innovación. Por lo tanto, la protección de la propiedad intelectual, la renovación de los títulos de propiedad intelectual y su protección han de resultar asequibles. A este respecto, la patente unitaria podrá incitar a las empresas, incluidas las pymes, a los jóvenes emprendedores y a las empresas de nueva creación, a proteger sus invenciones, siempre que los costes de obtención sean razonables y no prohibitivos. Las empresas deberían también tener garantizado el acceso a la justicia, incluida la jurisdicción competente para la patente unitaria, con un coste razonable.

6.5.

Aunque las pymes también deben adoptar estrategias de comercialización o de distribución, muchas son las que todavía no lo hacen de forma eficaz por falta de las cualificaciones y de la experiencia necesarias para proteger y promover de forma eficaz sus DPI, como destaca acertadamente la Comisión en su plan de acción.

6.6.

A este respecto, el CESE respalda el proyecto europeo «IPorta», que es un sistema de apoyo (14) que aborda cuestiones relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual y coordina la ayuda nacional.