—

Declare la admisibilidad del presente recurso.

—

Anule la decisión impugnada de 9 de junio de 2020, notificada el 17 de junio de 2020.

—

Ordene la indemnización del daño moral que asciende a un importe de 200 000 euros y la indemnización del daño material estimado en un importe de 50 000 euros.

—

Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de las costas.

1.

Primer motivo, basado en la violación de los derechos procedimentales y de los derechos fundamentales de buena administración y del derecho a ser oído, así como en una vulneración del principio de proporcionalidad.

2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del principio de presunción de inocencia y del principio de imparcialidad.

3.

Tercer motivo, basado en la vulneración del principio de seguridad jurídica, conforme a la máxima «nulla poena sine lege», y del principio de no retroactividad.

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del principio de confidencialidad de los procedimientos disciplinarios y de las diligencias judiciales, así como en el incumplimiento manifiesto de las garantías otorgadas por el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO 2018, L 295, p. 39).