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28.5.2005 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 132/34 |
Recurso interpuesto el 30 de marzo de 2005 contra la Comisión de las Comunidades Europeas por EARL Salvat Père et Fils y otros
(Asunto T-136/05)
(2005/C 132/61)
Lengua de procedimiento: francés
En el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 30 de marzo de 2005 un recurso contra la Comisión de las Comunidades Europeas formulado por EARL Salvat Père et Fils, con domicilio social en Saint-Paul de Fenouillet (Francia), el Comité interprofessionel des vins doux naturels et vins de liqueur à appellations contrôlées, con domicilio social en Perpiñán (Francia), y el Comité national des interprofessionnels des vins à appellation d'origine, con domicilio social en París, representados por Mes Hugues Calvet y Olivier Billard, abogados.
Las partes demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
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Anule el artículo 1, apartados 1 y 3, de la Decisión de la Comisión de 19 de enero de 2005 relativa al «Plan Rivesaltes» ejecutado por Francia y a las exacciones parafiscales CIVDN impuestas por dicho Estado. |
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Condene en costas a la Comisión. |
Motivos y principales alegaciones
Mediante la Decisión impugnada, la Comisión concluyó que la prima de retirada por hectárea financiada con una cotización interprofesional en el marco del «Plan Rivesaltes», así como las acciones de publicidad y promoción y de funcionamiento de las denominaciones de origen controladas «Rivesaltes», «Grand Rousillon», «Muscat de Rivesaltes» y «Banyuls» financiadas con cotizaciones interprofesionales, constituían ayudas de Estado en el sentido del artículo 87 CE.
Los demandantes solicitan la anulación de esta Decisión, alegando en primer lugar que no está motivada suficientemente, en infracción del artículo 253 CE, porque no les permite comprender las razones que llevaron a la Comisión a considerar que en el caso de autos se habían cumplido los criterios fijados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de ayudas de Estado. Además, alegan que la Decisión impugnada infringe el artículo 87 CE, dado que la Comisión no demostró ni que las medidas controvertidas hubieran sido financiadas con fondos controlados por las autoridades nacionales ni que las cotizaciones interprofesionales, que servían para financiar las acciones de publicidad y promoción y de funcionamiento de las denominaciones de origen controladas, fueran imputables al Estado.