25.10.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 264/1

(1)

Es deseable armonizar las disposiciones nacionales en materia de pilas y acumuladores y de pilas y acumuladores usados. El objetivo principal de la Directiva es reducir al máximo el impacto negativo de todos ellos sobre el medio ambiente, contribuyendo así a la protección, conservación y mejora de la calidad del entorno. La base jurídica es, pues, el artículo 175, apartado 1, del Tratado. No obstante, conviene también tomar medidas a escala comunitaria sobre la base del artículo 95, apartado 1, del Tratado para armonizar requisitos relativos a contenido en metales pesados y al etiquetado de pilas y acumuladores, y para garantizar así un correcto funcionamiento del mercado interior y evitar el falseamiento de la competencia en la Comunidad.

(2)

La Comunicación de la Comisión de 30 de julio de 1996 sobre la revisión de la estrategia comunitaria para la gestión de residuos establecía las directrices de la futura política comunitaria en materia de residuos. Esta Comunicación subrayaba la necesidad de reducir las cantidades de sustancias peligrosas en los residuos y destaca los beneficios que podrían derivarse de la adopción de normas de ámbito comunitario que limitasen la presencia de dichas sustancias en los productos y en los procesos productivos. Afirma también que, cuando no pueda evitarse la producción de residuos, éstos deben reutilizarse o valorizarse para aprovechar los materiales o la energía que contienen.

(3)

La Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, relativa a las pilas y a los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas (5), ha llevado a cabo una aproximación de las normativas de los Estados miembros en este campo. Sin embargo, los objetivos de esa Directiva no se han alcanzado totalmente. La Decisión no 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el sexto programa de acción comunitaria europea en materia de medio ambiente (6), y la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (7), hacían también hincapié en la necesidad de revisar la Directiva 91/157/CEE. Por todo ello, y en aras de una mayor claridad, es necesario revisar y sustituir la Directiva 91/157/CEE.

(4)

A fin de lograr sus objetivos medioambientales, la presente Directiva prohíbe comercializar determinadas pilas y acumuladores que contengan mercurio o cadmio. Promueve también un alto nivel de recogida y reciclado de pilas y acumuladores usados y una mejor actuación medioambiental de todos los operadores que participen en el ciclo de vida de pilas y acumuladores, por ejemplo productores, distribuidores y usuarios finales y, en particular, aquellos operadores que participen directamente en el tratamiento y reciclado de pilas y acumuladores usados. Las normas específicas que se precisan para ello completan la legislación comunitaria sobre residuos, en particular la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (8), la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (9), y la Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos (10).

(5)

Con el fin de impedir que las pilas y acumuladores usados sean desechados de manera que contaminen el medio ambiente, y para evitar la confusión de los usuarios finales en relación con las distintas normas de gestión de residuos vigentes para los diferentes tipos de pilas y acumuladores, la presente Directiva debe aplicarse a todas las pilas y acumuladores comercializados en el mercado dentro de la Comunidad. Ese amplio ámbito de aplicación supone también garantizar economías de escala en la recogida y el reciclado, y obtener un aprovechamiento óptimo de los recursos.

(6)

La fiabilidad de las pilas y acumuladores es fundamental para la seguridad de muchos productos, aparatos y servicios, puesto que las pilas y los acumuladores constituyen una fuente de energía fundamental para la sociedad.

(7)

Conviene distinguir entre pilas y acumuladores portátiles, por un lado, y pilas y acumuladores industriales y de automoción por otro. Debería prohibirse la eliminación de pilas y acumuladores industriales y de automoción en lugares de vertido o mediante incineración.

(8)

Las pilas y acumuladores industriales incluyen las pilas y acumuladores empleados para el suministro de electricidad de emergencia o de apoyo en hospitales, aeropuertos u oficinas, las pilas y acumuladores empleados en trenes o aviones, y las pilas y acumuladores empleados en plataformas petrolíferas o faros. Incluyen también las pilas y acumuladores diseñados para usos exclusivamente profesionales, tales como terminales de pago manuales en tiendas y restaurantes, lectores de códigos de barras en tiendas, equipos de vídeo profesionales para cadenas y estudios profesionales de televisión, lámparas de casco de minero y lámparas de buzo sujetas al casco, pilas y acumuladores de emergencia para puertas eléctricas para evitar que bloqueen o aplasten a personas, pilas y acumuladores empleados en instalaciones de medición o en diversos tipos de equipos de medición e instrumentación, y pilas y acumuladores empleados en relación con paneles solares, fotovoltaicos y demás aplicaciones de energía renovable. Incluyen también las pilas y acumuladores empleados en vehículos eléctricos, tales como coches eléctricos, sillas de ruedas, bicicletas, vehículos de aeropuerto y vehículos de transporte automático. Además de lo consignado en esta lista no exhaustiva de ejemplos, se debería considerar industrial toda pila o acumulador que no esté sellado o no sea de automoción.

(9)

Las pilas y acumuladores portátiles, es decir, las pilas y acumuladores sellados que cualquier persona normal pueda llevar en la mano sin dificultad y que no sean ni pilas o acumuladores de automoción ni pilas o acumuladores industriales, incluyen las pilas de célula única (tales como AA y AAA) y las pilas y acumuladores empleados por consumidores o profesionales en teléfonos móviles, ordenadores portátiles, herramientas eléctricas inalámbricas, juguetes y electrodomésticos tales como cepillos de dientes, maquinillas de afeitar y aspiradores manuales (con inclusión de los equipos similares empleados en escuelas, tiendas, restaurantes, aeropuertos, oficinas u hospitales) y toda pila que los consumidores puedan emplear en electrodomésticos habituales.

(10)

La Comisión debería evaluar la necesidad de llevar a cabo una adaptación de la presente Directiva, teniendo en cuenta los datos de carácter técnico y científico disponibles. En particular, la Comisión debe llevar a cabo una revisión de la exención de la prohibición del cadmio concedida para las pilas y acumuladores portátiles destinados a herramientas eléctricas inalámbricas. Entre éstos se cuentan aparatos que consumidores y profesionales emplean para tornear, molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, punzar, estampar, remachar, atornillar, pulir o trabajar la madera, el metal u otros materiales de forma similar, así como para segar, podar u otras actividades de jardinería.

(11)

La Comisión debería llevar a cabo asimismo un seguimiento de la evolución tecnológica que mejore el rendimiento de pilas y acumuladores en relación con el medio ambiente a lo largo de todo su período de vida útil, incluso mediante la participación en un sistema de gestión y auditoría medioambientales (SGAM), y los Estados miembros deberían fomentar dicha evolución.

(12)

En aras de la protección del medio ambiente, es necesario recoger las pilas y acumuladores usados. Respecto a las pilas y acumuladores portátiles deberían crearse sistemas de recogida capaces de un alto nivel de recogida. Para ello es preciso instaurar unos sistemas de recogida de manera que los consumidores finales puedan deshacerse de manera conveniente y gratuitamente de todas las pilas y acumuladores portátiles usados. Serán también apropiados para los diferentes tipos de pilas y acumuladores diferentes sistemas de recogida y de mecanismos de financiación.

(13)

Es deseable que los Estados miembros consigan un alto índice de recogida y reciclado de pilas y acumuladores usados para lograr un alto nivel de protección medioambiental y recuperación de material en toda la Comunidad. Por consiguiente, la presente Directiva debería fijar unos objetivos mínimos de recogida y reciclado a los que deberían atenerse los Estados miembros. Convendría calcular el índice de recogida sobre la base de las ventas medias anuales en los años anteriores para disponer así de objetivos comparables para todos los Estados miembros que guarden proporción con el nivel nacional de consumo de pilas.

(14)

Deberían establecerse unos requisitos especiales de reciclado para pilas y acumuladores de cadmio y plomo con el fin de alcanzar un alto índice de recuperación de materiales en toda la Comunidad y de evitar disparidades entre Estados miembros.

(15)

Todas las partes interesadas deberían poder participar en los sistemas de recogida, tratamiento y reciclado. Éstos han de ser concebidos de forma que se evite toda discriminación en contra de los productos importados, así como la creación de obstáculos al comercio o el falseamiento de la competencia.

(16)

Los sistemas de recogida y reciclado deberían optimizarse con el fin, en particular, de reducir al mínimo los costes y la repercusión medioambiental negativa del transporte. Los sistemas de tratamiento y reciclado deberían emplear las mejores técnicas disponibles, tal y como se definen en el artículo 2, apartado 11, de la Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (11).

(17)

Los principios básicos que rijan la financiación de la gestión de pilas y acumuladores usados deben establecerse a nivel comunitario. Los planes de financiación deben contribuir a la consecución de un alto índice de recogida y reciclado, así como al cumplimiento del principio de responsabilidad del productor. Así pues, los productores deben financiar los costes de recogida, tratamiento y reciclado de todas las pilas y acumuladores recogidos, deducidos los beneficios logrados mediante la venta de los materiales recuperados. No obstante, en ciertas circunstancias, podría justificarse la aplicación de normas de minimis a los pequeños productores.

(18)

Para asegurar el éxito de la recogida es necesario proporcionar al consumidor final información sobre lo deseable de la recogida selectiva, sobre los sistemas de recogida disponibles y sobre el papel que el consumidor final puede desempeñar en la gestión de residuos de pilas y acumuladores usados. Es preciso regular detalladamente el sistema de etiquetado, que deberá proporcionar al consumidor final una información transparente, fiable y clara acerca de las pilas y acumuladores y de todos los metales pesados que contienen.

(19)

Si para lograr los objetivos de la presente Directiva y, en particular, un alto nivel de recogida selectiva y de reciclado, los Estados miembros recurrieran a instrumentos de carácter económico, tales como una imposición fiscal diferenciada, deben informar oportunamente de ello a la Comisión.

(20)

Hacen falta datos fiables y comparables sobre las cantidades de pilas y acumuladores comercializados, recogidos y reciclados, con el fin de apreciar si se han cumplido los objetivos de la presente Directiva.

(21)

Los Estados miembros deben determinar el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones de la presente Directiva y garantizar su aplicación. Las sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(22)

Con arreglo al punto 34 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» (12), el Consejo debe alentar a los Estados miembros a que establezcan, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre esta Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

(23)

Las medidas necesarias para la aplicación de la presente Directiva deben adoptarse de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (13).

(24)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, proteger el medio ambiente y garantizar un correcto funcionamiento del mercado interior, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad, asimismo enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(25)

La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de la legislación comunitaria sobre los requisitos en materia de seguridad, calidad e higiene y de la legislación comunitaria específica en materia de residuos, en particular la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida útil (14), y la Directiva 2002/96/CE.

(26)

Por lo que se refiere a la responsabilidad del productor, los productores de pilas y acumuladores y los productores de otros productos que contengan una pila o acumulador son responsables de la gestión de las pilas y acumuladores usados que comercialicen. Conviene tener un enfoque flexible para permitir planes de financiación que se hagan eco de las diferentes circunstancias nacionales y para tener en cuenta los planes existentes, en particular los establecidos en aplicación de las Directivas 2000/53/CE y 2002/96/CE, a la vez que se evitan duplicaciones.

(27)

La Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (15), no se aplica a las pilas y acumuladores utilizados en tales aparatos.

(28)

Las pilas y acumuladores industriales y de automoción utilizados en los vehículos deben atenerse a los requisitos impuestos por la Directiva 2000/53/CE, y en particular por su artículo 4. Por ello se prohíbe el uso del cadmio en pilas y acumuladores industriales destinados a vehículos eléctricos, a no ser que puedan beneficiarse de una exención sobre la base del anexo II de dicha Directiva.

1)

las normas de comercialización de las pilas y acumuladores, y

2)

las normas específicas de recogida, tratamiento, reciclado y eliminación de los residuos de pilas y acumuladores que completen la correspondiente legislación comunitaria en materia de residuos.

a)

en equipos relacionados con la protección de los intereses esenciales de seguridad de los Estados miembros, armas, municiones y material de guerra, salvo los productos no destinados a fines específicamente militares;

b)

en equipos destinados a ser enviados al espacio.

1)

«pila» o «acumulador»: una fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía química y constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables) o por uno o varios elementos secundarios (recargables);

2)

«batería»: un conjunto de pilas o acumuladores conectados entre sí o que pueden formar una unidad integrada y cerrada dentro de una carcasa exterior, no destinada a ser desmontada ni abierta por el usuario final;

3)

«pila o acumulador portátil»: una pila o acumulador que:

4)

«pilas de botón»: pequeñas pilas y acumuladores redondos, cuyo diámetro es superior a su altura, destinados a aparatos especiales, como audífonos, relojes, pequeños aparatos portátiles y dispositivos de reserva;

5)

«pila o acumulador de automoción»: una pila o acumulador utilizado para el arranque, encendido o alumbrado de automoción;

6)

«pila o acumulador industrial»: una pila o acumulador diseñado exclusivamente para uso industrial o profesional o utilizado en cualquier tipo de vehículo eléctrico;

7)

«residuo de pila o acumulador»: una pila o acumulador que sea un residuo a efectos del artículo 1, letra a), de la Directiva 75/442/CEE;

8)

«reciclado»: el reprocesado de los materiales de los residuos en el contexto de un proceso productivo, con objeto de destinarlos a los mismos fines a los que se destinaban originalmente o a otros pero con excepción de la recuperación de energía;

9)

«eliminación»: cualquiera de las operaciones previstas en la parte A del anexo II de la Directiva 75/442/CEE;

10)

«tratamiento»: cualquier actividad realizada con los residuos de pilas y acumuladores una vez han sido entregados a una instalación para su clasificación, preparación para el reciclado o preparación para la eliminación;

11)

«aparato»: cualquier aparato eléctrico y electrónico, tal como se define en la Directiva 2002/96/CE, que se alimente, o pueda ser alimentado, total o parcialmente, por medio de pilas o acumuladores;

12)

«productor»: cualquier persona en un Estado miembro que, con independencia de la técnica de venta utilizada, incluida la comunicación a distancia definida en la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores en materia de contratos a distancia (16), comercialice, por primera vez y de manera profesional, pilas o acumuladores, incluidas las pilas o los acumuladores incorporados en aparatos o vehículos, en el territorio de dicho Estado miembro;

13)

«distribuidor»: cualquier persona que suministre pilas y acumuladores a un usuario final en el marco de una actividad profesional;

14)

«comercialización»: el suministro a un tercero o la puesta a su disposición, ya sea previo pago o a título gratuito, en el territorio de la Comunidad, incluida la importación al territorio aduanero comunitario;

15)

«operadores económicos»: los productores, distribuidores, recogedores, recicladores y otros operadores de tratamiento;

16)

«herramienta eléctrica inalámbrica»: un aparato portátil alimentado por una pila o acumulador y destinado a actividades de mantenimiento, construcción o jardinería.

a)

todas las pilas y acumuladores, hayan sido o no incorporados a aparatos, que contengan más de 0,0005 % de mercurio en peso, y

b)

las pilas o acumuladores portátiles, incluidos las pilas o acumuladores que hayan sido incorporados a aparatos, que contengan más de 0,002 % de cadmio en peso.

a)

dispositivos de emergencia y de alarma, incluida la iluminación de emergencia;

b)

equipos médicos, o

c)

herramientas eléctricas inalámbricas.

a)

permitirán al usuario final desprenderse de los residuos de pilas o acumuladores portátiles en un punto de recogida accesible y cercano, teniendo en cuenta la densidad de población;

b)

no supondrán costes para el usuario final cuando deseche residuos de pilas o acumuladores portátiles, ni la obligación de comprar una pila o acumulador nuevo;

c)

podrán utilizarse en conjunción con los sistemas a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2002/96/CE.

a)

exigir a los productores que establezcan estos sistemas;

b)

exigir a otros operadores económicos que participen en estos sistemas;

c)

mantener los sistemas existentes.

a)

el 25 % antes del … (18);

b)

el 45 % antes del … (19).

a)

podrán establecerse medidas transitorias para hacer frente a las dificultades a que se enfrenta un Estado miembro para cumplir los requisitos del apartado 2 que resulten de circunstancias nacionales específicas;

b)

deberá establecerse una metodología común para el cálculo de las ventas anuales de pilas y acumuladores portátiles a usuarios finales antes del … (21).

a)

los productores o terceros instauren, utilizando las mejores técnicas disponibles, sistemas de tratamiento y reciclado de los residuos de pilas y acumuladores, y

b)

todas las pilas y acumuladores identificables recogidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 sean sometidos a tratamiento y reciclado mediante los citados sistemas.

a)

se añadirán, a más tardar … (25), normas precisas relativas al cálculo de los objetivos de reciclado, y

b)

los objetivos mínimos de reciclado serán evaluados periódicamente y se adaptarán a las mejores técnicas disponibles a la vista de lo referido en el apartado 1, párrafo segundo.

a)

la recogida, el tratamiento y el reciclado de todos los residuos de pilas y acumuladores portátiles recogidos con arreglo al artículo 7, apartados 1 y 2, y

b)

la recogida, el tratamiento y el reciclado de todos los residuos de pilas y acumuladores industriales y de automoción recogidos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, apartados 3 y 4.

a)

los efectos potenciales de las sustancias empleadas en pilas y acumuladores sobre el medio ambiente y la salud humana;

b)

la conveniencia de no eliminar los residuos de pilas y acumuladores como residuos urbanos sin clasificar y de participar en su recogida selectiva con objeto de facilitar su tratamiento y reciclado;

c)

los sistemas de recogida y reciclado de que disponen;

d)

el papel que deben desempeñar en el reciclado de los residuos de pilas y acumuladores;

e)

el significado del símbolo gráfico del contenedor de basura tachado recogido en el anexo II, y de los símbolos químicos Hg, Cd y Pb.

a)

los desarrollos, incluidas las medidas voluntarias aplicadas por los productores, que supongan la reducción de las cantidades de metales pesados y otras sustancias peligrosas contenidas en pilas y acumuladores;

b)

nuevas técnicas de reciclado y tratamiento;

c)

la participación de los operadores económicos en los planes de gestión medioambiental;

d)

la investigación en estos ámbitos, y

e)

las medidas adoptadas para fomentar la prevención de residuos.

a)

la pertinencia de adoptar nuevas medidas de gestión del riesgo de pilas y acumuladores que contengan metales pesados;

b)

la pertinencia de los objetivos mínimos de recogida de todos los residuos de pilas y acumuladores portátiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 2, y la posibilidad de introducir nuevos objetivos para años ulteriores, teniendo en cuenta el progreso técnico y la experiencia práctica obtenidos en los Estados miembros;

c)

la pertinencia de los requisitos mínimos de reciclado expuestos en el anexo III, parte B, teniendo en cuenta la información que faciliten los Estados miembros, el progreso técnico y la experiencia práctica que hayan obtenido.

a)

deberán ser ejecutivos;

b)

deberán especificar unos objetivos, con sus plazos correspondientes;

c)

serán publicados en el diario oficial nacional o en un documento oficial igualmente accesible al público y se transmitirán a la Comisión.

25.10.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 264/18

(1)

La legislación comunitaria en materia de medio ambiente tiene como objetivos, entre otros, contribuir a la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, y a la protección de la salud de las personas.

(2)

El sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente (3) hace hincapié en la importancia de proporcionar una información adecuada sobre el medio ambiente y de abrir posibilidades reales de participación pública en el proceso de toma de decisiones medioambientales, incrementando con ello la responsabilidad y la transparencia en la toma de decisiones, y contribuyendo a la concienciación y el apoyo públicos a las decisiones adoptadas. Al igual que sus antecesores (4), el programa también fomenta una aplicación más efectiva de la legislación comunitaria sobre la protección del medio ambiente, a través del cumplimiento de la normativa de la Comunidad y de la actuación contra las violaciones de la legislación medioambiental comunitaria.

(3)

El 25 de junio de 1998 la Comunidad firmó el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (en lo sucesivo «el Convenio de Århus»). La Comunidad aprobó el Convenio de Århus el 17 de febrero de 2005. Las disposiciones del Derecho comunitario deben ser compatibles con dicho Convenio.

(4)

La Comunidad ya ha adoptado un conjunto de medidas legislativas que está en evolución y que contribuye a lograr los objetivos del Convenio de Århus. Es preciso disponer que los requisitos del Convenio se apliquen a las instituciones y los organismos comunitarios.

(5)

Es oportuno abordar los tres pilares del Convenio de Århus, a saber, el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, en un mismo texto legislativo, y establecer disposiciones comunes en cuanto a objetivos y definiciones. Ello contribuirá a la racionalización de la legislación y al incremento de la transparencia de las medidas de aplicación que se adopten a nivel comunitario.

(6)

Como principio general, los derechos garantizados por los tres pilares del Convenio de Århus lo son sin discriminación por razón de ciudadanía, nacionalidad o domicilio.

(7)

El concepto de autoridad pública se define en el Convenio de Århus de manera muy amplia, siendo el concepto básico que en todos los ámbitos donde se ejercen funciones públicas deben establecerse derechos para los individuos y sus organizaciones. Por consiguiente, es preciso que las instituciones y los organismos comunitarios contemplados por el presente Reglamento sean objeto de una definición igualmente amplia y funcional. En cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio de Århus pueden excluirse del ámbito de aplicación del Convenio las instituciones y los organismos comunitarios cuando actúen en ejercicio de poderes judiciales o legislativos. Sin embargo, por motivos de coherencia con el Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (5), las disposiciones sobre el acceso a la información medioambiental deben aplicarse a las instituciones y organismos comunitarios cuando actúen en ejercicio de poderes legislativos.

(8)

La definición de información medioambiental en el presente Reglamento abarca toda información, disponible en cualquier forma, que se refiera al estado del medio ambiente. Esta definición, similar a la adoptada en virtud de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental (6), presenta un contenido igual a la adoptada en el Convenio de Århus. La definición de «documento» que figura en el Reglamento (CE) no 1049/2001 abarca la información medioambiental tal y como se define en el presente Reglamento.

(9)

Es conveniente que el presente Reglamento incluya una definición de «planes y programas» que tenga en cuenta las disposiciones del Convenio de Århus y responda a un enfoque paralelo al adoptado en relación con las obligaciones de los Estados miembros en virtud de la legislación comunitaria vigente. Los «planes y programas relacionados con el medio ambiente» deben definirse en función de su contribución a la consecución de los objetivos de la política comunitaria de medio ambiente o a su posible importante efecto en relación con tales objetivos. Durante un período de diez años a partir del 22 de julio de 2002, el sexto programa de acción comunitario en materia de medio ambiente fija los objetivos de la política comunitaria de medio ambiente y determina las acciones previstas para alcanzarlos. Al final de dicho período, debe adoptarse un nuevo programa de acción en materia de medio ambiente.

(10)

Habida cuenta de que el Derecho medioambiental se halla en constante evolución, la definición correspondiente debe hacer referencia a los objetivos de la política comunitaria de medio ambiente, tal como se establecen en el Tratado.

(11)

Los actos administrativos de alcance individual han de poder ser objeto de una posible revisión interna cuando sean vinculantes y surtan un efecto externo. De forma similar, han de estar cubiertas las omisiones en los casos en que exista la obligación de adoptar un acto administrativo en virtud del Derecho medioambiental. Dado que pueden excluirse los actos de las instituciones u organismos comunitarios que actúen en ejercicio de poderes judiciales o legislativos, también habrán de excluirse otros procedimientos de investigación en los que las instituciones y los organismos comunitarios actúen en calidad de instancia de revisión administrativa en aplicación de lo dispuesto en el Tratado.

(12)

El Convenio de Århus aboga por el acceso del público a la información medioambiental, ya sea en el marco de una solicitud o como resultado de su difusión activa por parte de las autoridades a las que se refiere el Convenio. El Reglamento (CE) no 1049/2001, en el que se establece una serie de normas que se ajustan en gran medida a lo dispuesto en el Convenio de Århus, se aplica al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como a las agencias u organismos creados en virtud de un acto jurídico comunitario. Es necesario que la aplicación del Reglamento (CE) no 1049/2001 se haga extensiva a todas las instituciones y los organismos comunitarios.

(13)

Algunas disposiciones contenidas en el Convenio de Århus no quedaron recogidas, total o parcialmente, en el Reglamento (CE) no 1049/2001, y procede adoptarlas, en particular, las relativas a la recogida y difusión de información medioambiental.

(14)

Para que el derecho de acceso del público a la información medioambiental sea efectivo, es fundamental que la información sea de calidad. Por consiguiente, es preciso adoptar normas que obliguen a las instituciones y los organismos comunitarios a garantizar dicha calidad.

(15)

Las excepciones contempladas en el Reglamento (CE) no 1049/2001 deben aplicarse, mutatis mutandis, a las solicitudes de acceso a la información medioambiental al amparo del presente Reglamento. Los motivos de denegación en lo que se refiere al acceso a la información medioambiental deben interpretarse de forma restrictiva, teniendo en cuenta el interés público atendido por la divulgación y si la información solicitada se refiere a emisiones en el medio ambiente. El término «intereses comerciales» abarca los acuerdos confidenciales celebrados por instituciones u organismos que actúen en su capacidad bancaria.

(16)

En virtud de la Decisión no 2119/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, por la que se crea una red de vigilancia epidemiológica y de control de las enfermedades transmisibles en la Comunidad (7), se ha creado una red a escala comunitaria para potenciar la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros, con la asistencia de la Comisión, a fin de mejorar la prevención y el control, en la Comunidad, de una serie de enfermedades transmisibles. La Decisión no 1786/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), adopta un programa de acción comunitario en el ámbito de la salud pública que complementa a las políticas nacionales. La mejora de la información y los conocimientos a fin de fomentar la salud pública y el aumento de la capacidad de reaccionar rápida y coordinadamente ante los riesgos sanitarios, que son dos elementos de este programa, son objetivos que también se ajustan por completo a los requisitos del Convenio de Århus. Por lo tanto, el presente Reglamento debe aplicarse sin perjuicio de lo dispuesto en la Decisión no 2119/98/CE y la Decisión no 1786/2002/CE.

(17)

El Convenio de Århus exige la adopción de disposiciones que permitan la participación del público en la elaboración de los planes y programas relativos al medio ambiente. Dichas disposiciones deberán exigir el establecimiento de plazos razonables para informar al público sobre el proceso de toma de decisiones relativas al medio ambiente de que se trate. Para que sea efectiva, la participación pública debe producirse al inicio del procedimiento, es decir, cuando todas las opciones son aún posibles. Al adoptar disposiciones sobre la participación pública, las instituciones y los organismos comunitarios deben designar al público susceptible de participar.

(18)

El artículo 9, apartado 3, del Convenio de Århus establece el acceso a procedimientos judiciales o a otros procedimientos de revisión para impugnar las acciones u omisiones de particulares o de autoridades públicas que vulneren las disposiciones del Derecho medioambiental. Las disposiciones en materia de acceso a la justicia deben ser compatibles con lo dispuesto en el Tratado. En este contexto, procede que el presente Reglamento se aplique exclusivamente a las acciones y omisiones de las autoridades públicas.

(19)

Para garantizar medidas reparadoras adecuadas y efectivas, incluidas las que pueda acordar el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con arreglo a las disposiciones pertinentes del Tratado, procede que a la institución u organismo comunitario responsable de la acción impugnada o que, en caso de supuesta omisión administrativa, no actuó, se le ofrezca la posibilidad de reconsiderar su decisión o, en caso de omisión, de actuar.

(20)

Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la protección del medio ambiente y que cumplen determinados criterios, en particular para garantizar que son organizaciones independientes cuyo principal objetivo es el fomento de la protección del medio ambiente, deben poder solicitar revisión interna a escala comunitaria de los actos u omisiones en virtud del Derecho medioambiental de una institución u organismo comunitario, para su reconsideración por la institución u organismo en cuestión.

(21)

En los casos en los que los procedimientos previos de revisión interna no prosperen, la organización no gubernamental de que se trate podrá interponer recurso ante el Tribunal de Justicia con arreglo a las disposiciones pertinentes del Tratado.

(22)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su artículo 37.

a)

garantizar el derecho de acceso del público a la información medioambiental recibida o producida por las instituciones u organismos comunitarios que obre en poder de éstos y establecer las condiciones básicas y las modalidades prácticas de su ejercicio;

b)

velar por que la información medioambiental se difunda y se ponga a disposición del público paulatinamente con objeto de lograr su difusión y puesta a disposición del público lo más amplia y sistemática posible. Para ese fin, deberá fomentarse, en particular, el uso de la tecnología de la telecomunicación informática y/o electrónica, siempre que pueda disponerse de la misma;

c)

prever la participación pública en los planes y programas relativos al medio ambiente;

d)

otorgar el acceso a la justicia en materia de medio ambiente a nivel comunitario, con arreglo a las condiciones establecidas en el presente Reglamento.

a)

«solicitante»: toda persona física o jurídica que solicite información medioambiental;

b)

«público»: una o varias personas físicas o jurídicas y las asociaciones, organizaciones o grupos constituidos por esas personas;

c)

«instituciones u organismos comunitarios»: las instituciones, organismos, oficinas o agencias públicos creados por o en virtud del Tratado, salvo cuando actúen en ejercicio de poderes judiciales o legislativos. No obstante, las disposiciones en virtud del Título II se aplicarán a las instituciones u organismos comunitarios cuando actúen en ejercicio de sus poderes legislativos;

d)

«información medioambiental»: toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma material y que se refiera a:

e)

«planes y programas relativos al medio ambiente»: los planes y programas:

Los programas generales de acción medioambientales también se considerarán como planes y programas relativos al medio ambiente.

La presente definición no englobará los planes y programas financieros, bancarios o presupuestarios, a saber, los que establezcan el modo en que han de financiarse determinados proyectos o actividades o los relativos a los presupuestos anuales propuestos, ni los programas de trabajo internos de las instituciones u organismos comunitarios, ni los planes y programas de emergencia cuyo única finalidad sea la protección civil;

f)

«Derecho medioambiental»: la legislación comunitaria que, independientemente de su fundamento jurídico, contribuya a perseguir los objetivos de la política comunitaria en materia de medio ambiente tal como se establecen en el Tratado: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud de las personas, la utilización prudente y racional de los recursos naturales, el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente;

g)

«acto administrativo»: cualquier medida de alcance individual conforme al Derecho medioambiental, adoptada por una institución u organismo comunitario y que surta efecto jurídicamente vinculante y externo;

h)

«omisión administrativa»: la no adopción, por una institución u organismo comunitario, de un acto administrativo definido en la letra g).

a)

artículos 81, 82, 86 y 87 (normas sobre competencia);

b)

artículos 226 y 228 (procedimiento por incumplimiento);

c)

artículo 195 (reclamaciones ante el Defensor del Pueblo);

d)

artículo 280 (procedimiento de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude).

a)

los textos de tratados, convenios o acuerdos internacionales y de la legislación comunitaria sobre el medio ambiente o relacionados con él, y de las políticas, programas y planes relacionados con el medio ambiente;

b)

informes sobre los avances registrados en materia de aplicación de los puntos contemplados en la letra a), cuando las instituciones u organismos comunitarios los hayan elaborado o dispongan de ellos en formato electrónico;

c)

los informes sobre la situación del medio ambiente indicados en el apartado 4;

d)

los datos o resúmenes de los datos derivados del seguimiento de las actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente;

e)

las autorizaciones con un efecto significativo sobre el medio ambiente, y los acuerdos medioambientales, o una referencia al lugar donde se puede solicitar esa información o acceder a ella;

f)

los estudios sobre el impacto medioambiental y las evaluaciones de riesgo relativas a los elementos medioambientales, o una referencia al lugar donde se puede solicitar esa información o acceder a ella.

a)

el proyecto de la propuesta, si se dispone del mismo;

b)

la información medioambiental o la evaluación relevante para el programa en elaboración, si se dispone de la misma, y

c)

las modalidades prácticas de participación, incluyendo:

a)

sea una persona jurídica independiente y sin ánimo de lucro con arreglo a legislación o práctica nacional de un Estado miembro;

b)

tenga por objetivo primordial declarado promover la protección del medio ambiente en el contexto del Derecho medioambiental;

c)

haya existido durante más de dos años y esté trabajando activamente en el objetivo mencionado en la letra b);

d)

el asunto a que se refiera la solicitud de revisión interna entre en el ámbito de su objetivo y de sus actividades.

25.10.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 264/28

(1)

El Código internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación, en lo sucesivo denominado «Código IGS», fue aprobado por la Organización Marítima Internacional (OMI) en 1993. Este Código adquirió gradualmente carácter obligatorio para la mayor parte de los buques que navegan en viajes internacionales con la aprobación, en mayo de 1994, del capítulo IX, «Gestión de la seguridad operacional de los buques», del Convenio para la seguridad de la vida humana en el mar (Convenio SOLAS) de 1974.

(2)

El Código IGS fue enmendado por la OMI mediante la Resolución MSC.104(73), aprobada el 5 de diciembre de 2000.

(3)

Mediante la Resolución A.788(19) de la OMI, el 23 de noviembre de 1995 se aprobaron las Directrices para la implantación del Código IGS por las Administraciones. Estas Directrices fueron enmendadas mediante la Resolución A.913(22), aprobada el 29 de noviembre de 2001.

(4)

El Reglamento (CE) no 3051/95 del Consejo, de 8 de diciembre de 1995, sobre la gestión de la seguridad de transbordadores de pasajeros de carga rodada (3), hizo obligatorio el Código IGS en la Comunidad, con efecto a partir del 1 de julio de 1996, para todos los buques de pasaje de carga rodada con origen o destino en puertos de los Estados miembros, en viajes nacionales o internacionales y con independencia de su pabellón. Éste fue un primer paso para asegurar una aplicación uniforme y coherente del Código IGS en todos los Estados miembros.

(5)

Con arreglo a lo dispuesto en el capítulo IX del SOLAS, el 1 de julio de 1998 el Código IGS adquirió carácter obligatorio para las compañías que explotan buques de pasaje, incluidas naves de pasaje de gran velocidad, petroleros, quimiqueros, gaseros, graneleros y naves de carga de gran velocidad de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas, en viajes internacionales.

(6)

El 1 de julio de 2002, el Código IGS se hizo obligatorio para las compañías que explotan otros buques de carga y unidades móviles de perforación mar adentro de arqueo bruto igual o superior a 500 toneladas en viajes internacionales.

(7)

La seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio ambiente pueden mejorarse de manera efectiva mediante una aplicación rigurosa y obligatoria del Código IGS.

(8)

Es conveniente que se aplique directamente el Código IGS a los buques abanderados en un Estado miembro así como a los buques que, con independencia de su pabellón, realicen exclusivamente viajes nacionales o servicios regulares de transporte marítimo con origen o destino en puertos de los Estados miembros.

(9)

La adopción de un nuevo Reglamento directamente aplicable debe garantizar la aplicación del Código IGS, conviniéndose que corresponde a los Estados miembros decidir si aplican el Código a los buques que, con independencia de su pabellón, operen exclusivamente en zonas portuarias.

(10)

Debe, por consiguiente, derogarse el Reglamento (CE) no 3051/95.

(11)

Si un Estado miembro considera difícil en la práctica que las compañías cumplan disposiciones específicas de la Parte A del Código IGS para determinados buques o tipos de buques que realicen exclusivamente viajes nacionales en ese Estado miembro, tiene potestad para hacer excepción total o parcial de estas disposiciones imponiendo medidas que garanticen un cumplimiento equivalente de los objetivos del Código y establecer, respecto de estos buques y compañías, unos procedimientos de certificación y verificación distintos.

(12)

Es preciso tener en cuenta la Directiva 95/21/CE del Consejo, de 19 de junio de 1995, sobre el cumplimiento de las normas internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y condiciones de vida y de trabajo a bordo, por parte de los buques que utilicen los puertos comunitarios o las instalaciones situadas en aguas bajo jurisdicción de los Estados miembros (control del Estado del puerto) (4).

(13)

Asimismo, es necesario tener en cuenta la Directiva 94/57/CE del Consejo, de 22 de noviembre de 1994, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y peritaje de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas (5), en la definición de las organizaciones reconocidas a efectos del presente Reglamento, y la Directiva 98/18/CE del Consejo, de 17 de marzo de 1998, sobre reglas y normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje (6), en el establecimiento del ámbito de aplicación del presente Reglamento en relación con los buques de pasaje que realizan viajes nacionales.

(14)

Las medidas necesarias para modificar el anexo II deben adoptarse de conformidad con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (7).

(15)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, mejorar la gestión de la seguridad y la seguridad de la explotación de los buques, así como la prevención de la contaminación procedente de los buques, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

a)

el establecimiento, la aplicación y el mantenimiento adecuado, por parte de las compañías, de sistemas de gestión de la seguridad, tanto a bordo de los buques como en tierra, y

b)

el control de tales sistemas por las administraciones del Estado de abanderamiento y del Estado del puerto.

1)

«Código IGS»: el Código internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación, aprobado por la Asamblea de la OMI en su Resolución A.741(18) de 4 de noviembre de 1993, enmendada por la Resolución MSC.104(73) de 5 de diciembre de 2000 del Comité de Seguridad Marítima de la OMI, y que figura, en su versión actualizada, como anexo I del presente Reglamento;

2)

«organización reconocida»: un organismo reconocido de conformidad con la Directiva 94/57/CE;

3)

«compañía»: el propietario del buque o cualquier otra organización o persona, por ejemplo el gestor naval o el fletador a casco desnudo, que al recibir del propietario la responsabilidad de la explotación del buque haya aceptado las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el Código IGS;

4)

«buque de pasaje»: un buque, incluidas las naves de gran velocidad, que transporta más de doce pasajeros, o un sumergible de pasaje;

5)

«pasajero»: toda persona que no sea:

6)

«nave de gran velocidad»: la nave de gran velocidad definida en la Regla X-1/2 del SOLAS, en su versión actualizada. Para las naves de pasaje de gran velocidad se aplicarán las limitaciones indicadas en el artículo 2, letra f), de la Directiva 98/18/CE;

7)

«buque de carga»: un buque, incluidas las naves de gran velocidad, que no es buque de pasaje;

8)

«viaje internacional»: todo viaje por mar desde un puerto de un Estado miembro o cualquier otro Estado a un puerto situado fuera del mismo, o viceversa;

9)

«viaje nacional»: todo viaje en zona marítima desde un puerto de un Estado miembro al mismo puerto u a otro puerto situado en el mismo Estado miembro;

10)

«transporte marítimo regular»: una serie de travesías efectuadas por embarcaciones entre dos o más puntos, ya sea:

11)

«transbordador de pasaje de carga rodada»: un buque marítimo de pasaje conforme a la definición del capítulo II-1 del SOLAS, en su versión actualizada;

12)

«sumergible de pasaje»: una embarcación móvil de transporte de pasajeros que funciona principalmente bajo el agua y depende de asistencia en la superficie, como un buque de superficie o instalaciones con base terrestre, destinada a operaciones de vigilancia y a una o varias de las siguientes operaciones:

13)

«unidad móvil de perforación mar adentro»: una embarcación apta para realizar operaciones de perforación para explorar o explotar recursos del subsuelo marino como hidrocarburos líquidos o gaseosos, azufre o sal;

14)

«arqueo bruto»: el arqueo bruto de un buque determinado de conformidad con el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques de 1969 o, en el caso de los buques dedicados exclusivamente a viajes nacionales y que no hayan sido medidos de conformidad con dicho Convenio, el arqueo bruto de un buque determinado de conformidad con los reglamentos nacionales de medición del arqueo.

a)

los buques de carga y de pasaje que realicen viajes internacionales, con pabellón de un Estado miembro;

b)

los buques de carga y de pasaje que realicen exclusivamente viajes nacionales, con independencia de su pabellón;

c)

los buques de carga y de pasaje que presten servicios regulares de transporte marítimo con origen o destino en puertos de los Estados miembros, con independencia de su pabellón;

d)

las unidades móviles de perforación mar adentro que presten servicios bajo la autoridad de un Estado miembro.

a)

los buques de guerra o de transporte de tropas y otros buques que sean propiedad de un Estado miembro o sean explotados por él y que se utilicen sólo en servicios gubernamentales no comerciales;

b)

los buques no propulsados por medios mecánicos, los buques de madera de construcción primitiva, los yates y embarcaciones de recreo, a menos que estén tripulados o vayan a estarlo y transporten o vayan a transportar más de 12 pasajeros con fines comerciales;

c)

los buques de pesca;

d)

los buques de carga y las unidades móviles de perforación mar adentro de arqueo bruto inferior a 500 toneladas;

e)

los buques de pasaje, excepto los transbordadores de pasaje de carga rodada, de las zonas marítimas de las clases C y D definidas en el artículo 4 de la Directiva 98/18/CE.

a)

el Estado miembro de que se trate notificará a la Comisión la excepción y las medidas que se proponga adoptar;

b)

si, en un plazo de seis meses desde la notificación, se decide, por el procedimiento establecido en el artículo 12, apartado 2, que la excepción propuesta no se justifica o que las medidas propuestas no bastan, se exigirá al Estado miembro de que se trate que modifique o no adopte las disposiciones propuestas;

c)

el Estado miembro de que se trate hará pública cualquier medida adoptada con referencia directa al apartado 1 y, en su caso, al apartado 2.