17.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 286/1

1.1

La Comisión Europea emprendió, a partir del Consejo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999, un proceso de armonización y creación de instrumentos jurídicos que permitan desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia que garantice la libre circulación de las personas en los límites de la Unión Europea. Con anterioridad (1), el Consejo había presentado las disposiciones pertinentes para facilitar la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales entre los países miembros, medida valorada positivamente por cuanto permite una mejor información para los ciudadanos.

1.2

Como resultado del Consejo de Tampere, la Comisión solicitó a los Estados miembros la puesta en marcha de procedimientos de reconocimiento y de ejecución de las resoluciones, así como de procedimientos alternativos y extrajudiciales de resolución de los asuntos civiles y mercantiles que mejorasen el funcionamiento de los sistemas judiciales en cada uno de los espacios nacionales, a la vez que se reforzaban los sistemas europeos de concentración de datos y de redes de información, utilizando para ello las nuevas tecnologías puestas a disposición de los ciudadanos europeos.

1.3

Respecto al primer tema, se presentó el Reglamento del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (2), en el que se establecen, entre otras medidas, una simplificación del procedimiento de exequátur, unas adaptaciones de las medidas cautelares de gran valor para el cumplimiento de la ejecución de las resoluciones, así como el reconocimiento de un título cautelar con efectos europeos.

1.4

En la misma línea, la Comisión presentó una propuesta de Decisión relativa a la creación de una Red Judicial Europea en Materia Civil y Mercantil (3) cuyo objetivo es crear un instrumento europeo para la cooperación judicial, para la información de los particulares, de los profesionales, de las instituciones y de las administraciones sobre el derecho y los procedimientos aplicables en cada Estado, en materia civil y mercantil, y que es un instrumento de gran ayuda para la solución, sobre todo, de los litigios transfronterizos.

1.5

Con la presentación por la Comisión del Libro Verde en 2002, en el cual se examinaba una solución alternativa a la resolución de litigios en la Unión, con una amplia consulta tanto a los Estados miembros como a las partes interesadas, se preparó la propuesta de Directiva a examen, como instrumento idóneo para alcanzar unos resultados eficaces y salvaguardar al mismo tiempo las características propias de los derechos nacionales en la resolución de los litigios en materia civil y mercantil.

1.6

En este último aspecto conviene considerar, como un antecedente valioso, la práctica de la mediación en materia de consumo (4), de larga tradición y gran utilidad, debido en parte a su incorporación en las normas jurídicas de protección de los consumidores. Este sistema ha sabido adaptarse a las condiciones de los nuevos hábitos de consumo, de forma que funciona con especificidad para diversos sectores no solo del consumo de bienes sino también del de servicios.

1.7

El hecho de la mediación en materia civil y mercantil en el ámbito del procedimiento judicial muestra unas especificidades de gran importancia frente a las otras formas de mediación. En primer lugar, conviene recordar que la organización del sistema judicial es competencia exclusiva de cada Estado y, en segundo lugar, la mediación tiene valor en cuanto método de resolución de litigios siempre que las partes litigantes la acepten. Ambas especificidades limitan la competencia de la Comisión a la hora de dar contenido a una propuesta de Directiva. No obstante, se trata de disponer de métodos alternativos de resolución de conflictos («alternative dispute resolution»), pero, como señala la Comisión, los Estados deben garantizar y mantener «un sistema jurídico eficaz y justo» que cumpla los requisitos de protección de los derechos humanos.

2.1

El objeto de la propuesta de Directiva es facilitar, a través de la mediación, la resolución de los conflictos que se presenten en el mercado interior en el ámbito del derecho civil y mercantil. Para ello, se delimita el concepto de mediación, así como el de mediador, quedando en manos de los Estados miembros su regulación jurídica, en especial, las características que deben reunir los sujetos que la ejerzan.

2.2

La mediación se puede realizar de manera voluntaria por las partes del conflicto o bien una vez iniciado el proceso judicial. De esta forma, la propuesta podrá hacerse a petición de las partes o del órgano judicial. En ambos casos, las partes se someten a la mediación como forma de evitar el procedimiento o, una vez comenzado, de aligerarlo mediante el acatamiento de los resultados de la mediación. En ambos casos, las partes pueden solicitar la ejecución de los acuerdos alcanzados mediante resolución, sentencia o instrumento auténtico.

2.3

El contenido de las actuaciones de mediación no podrá ser considerado como prueba en los procedimientos judiciales en los supuestos previstos en el artículo 6.1, protegiendo su confidencialidad entre las partes y quienes intervienen en la mediación. No obstante, sí podrá utilizarse si así lo acuerdan las partes y el mediador y, especialmente, si sirve para asegurar la protección de menores o prevenir daños contra la integridad física o psicológica de las personas.

2.4

La utilización de la mediación suspende los plazos de caducidad y prescripción de las acciones derivadas de los hechos demandados, a partir del acuerdo de las partes de solicitar la mediación o de la orden judicial de recurrir a la misma.

3.1

El CESE considera esta iniciativa de la Comisión como un instrumento positivo, continuador de las acciones emprendidas a partir del Consejo de Tampere para conseguir una mayor seguridad jurídica en el interior de la UE. De hecho, un marco jurídico europeo para la mediación civil y mercantil supone incorporar un instrumento ya utilizado en alguno de los Estados miembros, si bien es cierto que, mayoritariamente, en la esfera privada de la resolución de conflictos, en el interior de los procedimientos judiciales, como sistema para permitir a los órganos judiciales la proposición de un mediador, externo al proceso, que facilite el acuerdo entre las partes en los casos de conflicto.

3.2

La Propuesta de Directiva va dirigida a aumentar el uso de la mediación en la esfera jurisdiccional en el interior de la UE. De esta forma se obtendrían beneficios, no sólo económicos, mediante la disminución de los costes de los procedimientos, sino sociales, por cuanto se acortarían los largos plazos judiciales de los procedimientos civiles, con consecuencias nefastas entre las partes, especialmente en el derecho de familia, con los consiguientes perjuicios sociales con que suelen verse afectados los litigantes. En todo caso, no conviene confundir la mediación con los procedimientos de conciliación imperantes en la mayoría de los procedimientos judiciales nacionales previos al comienzo de éstos, ya que son las partes y sus abogados, con la tutela del juez, los que llegan o no a un acuerdo que sirve para desistir del procedimiento.

3.3

Es de destacar la importancia que tiene el mediador para conseguir un buen resultado. La solvencia y la equidad en su intervención y, muy especialmente, la independencia de las partes litigantes, así como la discreción en el procedimiento de mediación, facilitan la efectividad y el buen resultado del trabajo de la mediación; sin embargo, en la propuesta (artículo 4), las condiciones y demás requisitos se dejan a la competencia de los Estados miembros, orientando la creación de medidas autorreguladoras a nivel comunitario, en especial códigos de conducta europeos. Hay que destacar que, aunque la propuesta de Directiva no va dirigida de forma exclusiva a la mediación en los conflictos transfronterizos, sí hay que pensar en la necesaria formación de las personas nombradas como mediadoras en el derecho comunitario y, sobre todo, en la creación de un marco jurídico que permita la libertad de este servicio en todos los países comunitarios.

3.4

En la mediación es primordial garantizar la calidad del servicio prestado, por lo cual convendría que, en la presente Propuesta, se indicaran unas líneas orientadoras que sirvieran para armonizar, mínimamente, los requisitos necesarios para ejercer la actividad de mediador. La necesidad de competencia e independencia de los mediadores, en línea con lo que se recomienda para la mediación en materia de consumo, sería unas de las condiciones necesarias, y se conseguiría reforzando la cooperación europea para obtener una mayor homogeneidad de los sistemas de formación y designación de los mediadores.

3.5

La delimitación de la materia a la que se ha de aplicar la mediación en el derecho civil y mercantil se ve acotada con una fórmula negativa, al establecerse en el octavo considerando que la Directiva «excluye los procedimientos que tienen una cierta naturaleza jurisdiccional como el arbitraje, el recurso al Defensor del Pueblo, las denuncias de consumidores, la determinación por experto o procesos administrados por órganos que formulan una recomendación formal, ya sea jurídicamente vinculante o no, para resolver el conflicto». Se puede entender que esta exclusión es debida a la existencia de un procedimiento de mediación propio para cada uno de los supuestos relacionados. No obstante, habría que considerar la posibilidad de mediación en las acciones civiles derivadas de acciones penales o fiscales (5); porque es cierto que originariamente quedarían excluidas, pero su utilización podría favorecer la resolución de dichas acciones civiles.

3.6

El CESE se muestra de acuerdo con la norma que preserva al más alto nivel la confidencialidad de los datos –tanto civiles como mercantiles– tratados en las actuaciones llevadas a cabo en la mediación (artículo 6.1), y no sólo de los datos de carácter personal, sino también de aquellos aspectos que afecten a la privacidad de las relaciones; pero en ningún caso deberá poder utilizarse la exclusión como prueba cuando atente contra el derecho de los menores y la integridad física o psicológica de las personas en relación con el litigio.

4.1

El marco jurídico de mediación propuesto tiene efectos que se limitan a los asuntos civiles y mercantiles (6); pero a pesar de la abundante jurisprudencia delimitadora de las materias comprensivas de lo civil y de lo mercantil, sería conveniente que, en el artículo 1.2, se estableciera su ámbito de aplicación y no se utilizara la fórmula negativa contenida en el octavo considerando. Además, se deberían tener en cuenta materias civiles y mercantiles, derivadas de otras, tales como las derivadas de materia fiscal, administrativa e, incluso, las acciones civiles derivadas de acciones penales (7).

4.1.1

En un futuro, y vistos los resultados de la aplicación de la mediación contenida en esta propuesta, se podría estudiar la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación a competencias procedimentales administrativas y fiscales.

4.2

Un aspecto que puede plantear problemas es la divergencia existente entre las diferentes versiones lingüísticas de la propuesta, que puede complicar su transposición (8). Hay que tener en cuenta que la organización del sistema judicial es competencia exclusiva de cada Estado miembro y que, por lo tanto, las prácticas jurisprudenciales pueden variar de un Estado a otro. Sería necesario aclarar que son los órganos jurisdiccionales, y no sólo los tribunales de justicia, los que pueden proponer la mediación, y también que no son solo éstos los que pueden asegurar el cumplimiento del acuerdo de la mediación, sino que puede hacerlo cualquier entidad pública que, según la legislación nacional, esté habilitada para ello.

4.3

El CESE quiere insistir en la importancia del mediador en todo el procedimiento, a fin de asegurar su aplicación y efectividad. Por este motivo considera que la Comisión debería proponer unas líneas directrices que permitieran garantizar, por un lado, una cierta armonización entre todos los Estados miembros, y por otro, la autoridad y calidad de los mediadores. Entre los requisitos mínimos exigibles a los mediadores y que deberían quedar comprendidos en el artículo 4, estarían:

Especialmente, se debe asegurar la libertad de prestación de servicios entre todos los Estados miembros, lo que favorecería, en los países pequeños, la independencia del mediador respecto a las partes.

4.3.1

La opción de un código de conducta a nivel europeo, como forma de fijar las reglas para los mediadores, parece inicialmente válida; no obstante, para su validación debería considerar en este caso la Comisión que siempre deben quedar garantizadas la profesionalidad, la independencia y la responsabilidad de las personas, tanto físicas como jurídicas, que ejerzan como mediadores tal y como propone el CESE para el artículo 4.

4.4

El problema que plantea el coste de la mediación no puede limitarse a su inclusión dentro de las costas de procedimiento, según las características de cada Estado. Debería exigirse, o bien el establecimiento de unas tarifas en función de cada tema y su magnitud o, si no, un presupuesto previo obligatorio que permitiera a las partes valorar su interés, o ausencia de interés, para su utilización. En todo caso, su coste nunca debería ser mayor que lo que costaría a las partes el procedimiento judicial.

17.11.2005   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 286/4

1.1.

El CESE aprueba la propuesta de Reglamento de la Comisión, cuyo objetivo es aplicar la Decisión del Consejo General de la OMC de 30 de agosto de 2003. Asimismo, valora el activo papel desarrollado por la Comisión, tanto ante los organismos internacionales como ante las partes interesadas, para hallar soluciones idóneas a los graves problemas sanitarios de los países en desarrollo que no disponen de capacidades productivas en el sector farmacéutico ni de estructuras sanitarias adecuadas.

1.2

El CESE aprueba el procedimiento previsto para la concesión de licencias obligatorias para los productos farmacéuticos patentados o con certificados complementarios de protección, así como los mecanismos de control establecidos.

1.3

Por otra parte, el CESE recomienda reforzar el articulado, con el fin de garantizar:

1.4

El CESE desea que el ámbito de aplicación se amplíe a los productos veterinarios, en previsión de posibles emergencias sanitarias debidas a enfermedades transmitidas por animales o a la contaminación de los alimentos de origen animal.

1.5

El CESE desea, por último, que la Comisión continúe sus esfuerzos a escala internacional a fin de que incluso los países en desarrollo que no sean miembros de la OMC tengan acceso a fármacos de emergencia y estructuras sanitarias adecuadas.

2.1

En numerosas partes del mundo, la situación sanitaria es altamente crítica: riesgo constante de epidemias, estructuras y modalidades de tratamiento y de cura insuficientes, tasas de morbilidad y mortalidad muy elevadas. El reto tiene un alcance planetario y consiste en mejorar los servicios médicos y sociales no sólo en los países menos desarrollados, sino también en los países relativamente desarrollados que sin embargo no dedican los recursos adecuados a la resolución de sus problemas sanitarios y sociales.

2.2

La ayuda sanitaria que proporcionan los países más desarrollados es insuficiente para solucionar estos problemas, para los que es preciso buscar nuevos instrumentos. A este respecto, el enfoque no puede limitarse a proporcionar medicamentos en casos de emergencia, como es el caso generalmente para la ayuda a los países en desarrollo. Es imprescindible adoptar un enfoque que contemple mejorar el funcionamiento global del sistema. Es preciso, de hecho, dirigir los escasos recursos disponibles hacia prioridades reales, aplicar las capacidades de gestión y control de los recursos para que los beneficios vayan realmente a la población que los necesita, encontrar solución a las carencias productivas en el sector farmacéutico o de servicios, así como garantizar una gestión eficaz de estos últimos.

2.3

La Comisión se ha mostrado especialmente atenta y activa en este sector, ha intervenido en varios frentes vinculados a los aspectos sanitarios y ha buscado formas válidas de ayuda y cooperación. Baste citar al respecto el programa de acción relativo a las tres enfermedades con más incidencia en la tasa de mortalidad en los países menos desarrollados o en vías de desarrollo (VIH/SIDA, tuberculosis y paludismo) (1). Dicho programa tiene por objeto a la vez reforzar los sistemas de salud locales, mejorar las posibilidades de adquisición de los medicamentos indispensables a precios accesibles, y promover la investigación en materia de medicamentos y vacunas que permitan luchar contra dichas enfermedades.

2.4

La Comisión ha desempeñado también un papel particularmente activo y positivo, tanto ante los organismos internacionales como ante las partes interesadas, con el fin de sensibilizarlos y encontrar conjuntamente soluciones compartidas. El objetivo consiste en mejorar la disponibilidad de los medicamentos esenciales y garantizar un acceso equitativo a éstos para las poblaciones más pobres, respetando a la vez los derechos de propiedad intelectual previstos por los acuerdos que regulan el comercio internacional, y suprimiendo todo riesgo de reimportación o venta especulativa a terceros países.

2.5

En particular, la acción de la Comisión ha sido determinante para hacer avanzar los debates sobre estos objetivos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), principalmente los debates relativos al Acuerdo sobre los ADPIC (2). En la Conferencia Ministerial que se celebró en Doha en 2001, los Estados miembros de la OMC adoptaron una declaración sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública (3), en la que se establecía el grado de flexibilidad admitido en la aplicación del citado Acuerdo en el ámbito de las políticas sanitarias nacionales. Al mismo tiempo se fijaron los puntos fundamentales para que los países menos avanzados cuyas capacidades de fabricación en el sector farmacéutico sean limitadas, o incluso inexistentes, tengan la posibilidad de recurrir a licencias obligatorias, aspecto generalmente regulado a escala nacional.

2.6

En la citada Declaración de Doha sobre la salud pública se estableció el principio según el cual el Acuerdo sobre los ADPIC debe interpretarse y aplicarse de manera que refuerce el derecho a la protección de la salud pública y que promueva el acceso de todos a los medicamentos. En particular, se afirmó el derecho de cada Estado miembro de la OMC a determinar lo que constituye una «emergencia nacional» o una «circunstancia de extrema urgencia», con el fin de justificar la concesión de licencias obligatorias y, habida cuenta de las dificultades encontradas por los Estados cuyas capacidades de fabricación son insuficientes o inexistentes en el ámbito farmacéutico, se dio un mandato al Consejo General para hallar una solución rápida al problema.

2.7

El Consejo General de la OMC consiguió solucionar este problema gracias a la Decisión de 30 de agosto de 2003 (4), que clarifica los principios y los compromisos de los diferentes actores, a fin de que los productos importados en el marco del sistema así definido sean utilizados realmente con fines de salud pública, sin desvío de los intercambios. Reconoce por otro lado la importancia de la cooperación entre los Estados miembros de la OMC con el fin de promover la transferencia de tecnología y construir la capacidad productiva del sector farmacéutico, según lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 66 del Acuerdo sobre los ADPIC.

2.8

Reviste una gran importancia la declaración oficial pronunciada con este motivo por el Presidente del Consejo General (5), que ilustra sobre los problemas encontrados en la aplicación de esta acción de gran envergadura a escala nacional e internacional, a la vez que clarifica el sentido profundo y la justicia de las medidas adoptadas, enriqueciendo así el contenido de la Decisión. Esta declaración precisa también que una serie de Estados miembros de la OMC, entre los cuales están los Estados miembros de la UE, renuncian a utilizar este mecanismo específico de las licencias obligatorias para importar productos farmacéuticos.

2.9

Se prevé que la Decisión del Consejo General expire en la fecha de adopción de una modificación del Acuerdo sobre los ADPIC que sustituya a la Decisión misma. A pesar de los plazos extremadamente cortos fijados para los trabajos del Consejo, la iniciativa de este último no ha desembocado hasta ahora en ninguna intervención de este tipo. Por esta razón, determinados Estados miembros de la OMC tomaron iniciativas para hacer operativa la Decisión; la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión va en el mismo sentido.

3.1

La propuesta de Reglamento tiene por objeto aplicar a escala comunitaria la Decisión del Consejo General de la OMC de 30 de agosto de 2003 sobre la aplicación del párrafo 6 de la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. Dicha Decisión permite a los miembros de la OMC conceder licencias obligatorias para la producción y la venta de productos farmacéuticos patentados para la exportación a terceros países que los hayan solicitado y cuyas capacidades de producción en el sector farmacéutico sean insuficientes, o incluso inexistentes, liberando a los miembros de la OMC de las obligaciones que se derivan del apartado f) del artículo 31 del Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC relativas al comercio.

3.2

El Reglamento se enmarca en la acción europea e internacional destinada a remediar los problemas de salud pública que afectan a los países menos avanzados y otros países en desarrollo, y se propone en particular mejorar el acceso a los medicamentos a precios accesibles en los países miembros de la OMC en los casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia.

3.3

La Decisión establece importantes mecanismos de protección contra la desviación de los intercambios, así como normas que garantizan la transparencia, a la vez que sienta las bases de la sustitución futura de la propia Decisión mediante una modificación del Acuerdo sobre los ADPIC.

3.4

La Comisión considera importante que la Comunidad contribuya al sistema creado, mediante su inclusión en el ordenamiento jurídico comunitario, tanto en lo relativo al papel activo desarrollado por la Comunidad misma y los Estados miembros en la adopción de la Decisión, como por el compromiso aceptado por éstos ante la OMC de contribuir plenamente a la aplicación de la Decisión y de garantizar la realización de condiciones adecuadas que permitan un funcionamiento eficaz del sistema creado con dicha Decisión.

3.5

Es necesario que la Decisión se aplique uniformemente en la Comunidad a fin de garantizar que las condiciones de concesión de licencias obligatorias a la exportación sean idénticas en todos los Estados miembros de la UE. El objetivo consiste en evitar toda distorsión de la competencia entre los operadores en el mercado único, y en aplicar normas uniformes con el fin de evitar la reimportación en el territorio de la Unión Europea de productos farmacéuticos fabricados por medio de licencias obligatorias.

3.6

La Comisión propone una ejecución mediante un Reglamento, basándose en los artículos 95 y 133 del Tratado, teniendo en cuenta la naturaleza tan específica de las disposiciones de la Decisión, la existencia de acuerdos nacionales relativos a la concesión de licencias obligatorias y, por último, la necesidad de adoptar medidas urgentes que permitan la exportación de medicamentos hacia países que sufren problemas de salud pública,

4.1

El CESE comparte totalmente la necesidad de intervenir con el fin de hacer accesibles los medicamentos esenciales a los países cuyos recursos económicos y productivos sean limitados, y considera que los instrumentos en vigor son insuficientes para luchar contra las enfermedades endémicas o para hacer frente a situaciones de emergencia sanitaria. La propuesta de Reglamento permite, en el respeto del régimen de patentes, el suministro de medicamentos patentados, en condiciones bien especificadas. No obstante, no aborda el problema de la falta de productos farmacéuticos no patentados en los países en desarrollo, en la medida en que este aspecto sobrepasa el marco de la decisión de la OMC.

4.2

El CESE se congratula por la iniciativa de la Comisión, que contribuye a la aplicación plena y uniforme del procedimiento de concesión de licencias obligatorias para patentes y de certificados complementarios de protección relativos a la fabricación y la venta de productos farmacéuticos a países que hicieron la demanda con el fin de solucionar un problema sanitario importante, y juzga especialmente adecuados los mecanismos establecidos. En cambio, considera que el texto relativo a algunos puntos específicos puede mejorarse, como se indica en las observaciones que siguen a continuación.

4.3

La definición de «producto farmacéutico» (apartado 1 del artículo 2) hace referencia explícitamente a la Directiva 2001/83/CE del Parlamento y el Consejo (6) relativa a los medicamentos de uso humano. Por su parte, la Decisión del Consejo General de la OMC no cita los fármacos veterinarios; no obstante, para hacer frente a las emergencias sanitarias a que pudieran dar lugar las enfermedades transmitidas al hombre por animales o a la contaminación de los alimentos de origen animal, el CESE desea que se amplíe el ámbito de aplicación de su decisión a los medicamentos de uso veterinario, eventualmente mediante una decisión específica del Consejo General de la OMC.

4.4

El Reglamento se aplica lógicamente a los países miembros de la OMC (artículo 4), en la medida en que se trata de un instrumento que permite la aplicación de una decisión interna de dicha organización. El CESE invita no obstante a la Comisión y a los Estados miembros a proseguir el debate a nivel internacional y a buscar soluciones aplicables a todos los Estados sin excepción, en cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual y los acuerdos internacionales en vigor.

4.5

El artículo 5 estipula que «cualquier persona puede presentar una solicitud de licencia obligatoria». El CESE considera que la utilización de términos tan generales para definir a los sujetos agentes se deriva de la voluntad de ofrecer el máximo de posibilidades de fabricación; no obstante, considera prudente especificar que dichos sujetos agentes deben responder a todas las exigencias establecidas por la legislación europea sobre los productos farmacéuticos, de tal modo que se garantice la aplicación de las normas de producción vigentes en la UE relativas a la protección de la salud y el ciudadano, incluso en el caso de un producto destinado exclusivamente a la exportación.

4.6

El CESE considera, en efecto, necesario que todas las autoridades competentes interesadas velen por el cumplimiento de las normas relativas a la calidad de la producción: estas normas deben ser idénticas para el mercado interior y la exportación a países que no disponen de las estructuras convenientes para efectuar un control de calidad. En la aplicación del Reglamento, convendrá establecer mecanismos adecuados de control de los países importadores y más concretamente de adoptar un enfoque coordinado con el fin de evitar fraudes o falsificaciones y garantizar así la protección de los pacientes en su país, o bien un destino diferente del fármaco sujeto a licencia obligatoria o a su ilegal reimportación.

4.7

En cuanto al delicado aspecto de las cantidades de producción autorizadas, el CESE señala una discrepancia entre el apartado 2 del artículo 6, que exige que la cantidad total autorizada «no exceda la notificada por la OMC» y el apartado 2 del artículo 8 en el que se afirma que «La cantidad de producto farmacéutico patentado y fabricado al amparo de la licencia no excederá la requerida para satisfacer las necesidades (...)». El CESE sugiere que se elimine esta discrepancia mediante la modificación del texto del apartado 2 del artículo 6, de modo que quede claro que la producción no excederá las cantidades necesarias y solicitadas.

4.8

Dado que el sistema implica una limitación de la plena titularidad de los derechos, se prevé con razón que el Reglamento deberá aplicarse de buena fe (considerando 6) y que los productos fabricados en virtud del Reglamento deben llegar a quienes los necesiten y no dirigirse a otros destinatarios (considerando 7). Sin embargo, sería preferible que estas afirmaciones, que el CESE aprueba plenamente, se recojan expresamente en los artículos que tratan de manera específica de los mecanismos de aplicación, como por ejemplo los artículos 5 y 6, o aquellos artículos que prevén procedimientos de suspensión o de revocación de la licencia obligatoria (artículos 12 y 14).

4.9

El CESE aprueba las medidas previstas con el fin de evitar cualquier uso incorrecto de las licencias obligatorias. Asimismo, desea que se prevea explícitamente la posibilidad de que el titular de la patente o del certificado complementario de protección indique o impugne aspectos eventualmente omitidos, en particular por lo que se refiere a la prueba de que hayan tenido lugar negociaciones previas y al control de conformidad de la producción con arreglo al artículo 8 (apartados 4, 5 y 8 en particular).

4.10

El apartado 1 del artículo 8 parece contener un error, en la medida en que hace referencia a los apartados 2 a 8, mientras que debería también incluir el apartado 9 que se refiere también al titular de la licencia.

4.11

El apartado 4 del artículo 8 establece las normas de etiquetado, marca específica y envasado que deberán respetar los productos fabricados en virtud del presente Reglamento, con los que se garantiza el destino exclusivo a la exportación y venta en los países importadores solicitantes. El CESE sugiere que se especifique que también el logotipo, el grafismo y los colores del envasado deberán diferenciarse, con el fin de obstaculizar la reexportación ilegal hacia la Unión Europea o terceros países.

4.12

El artículo 10, relativo a la obligación de notificar a la Comisión la adjudicación de la licencia obligatoria por los Estados miembros de la UE, no parece garantizar una publicidad conveniente frente al titular de los derechos y los operadores del sector. El CESE desea que esta información pueda ponerse a disposición de todas las personas interesadas, de manera adecuada y garantizando la salvaguarda de los datos confidenciales.

4.13

La formulación del apartado 2 del artículo 11 parece inadecuada para evitar todo abuso, en particular en el caso de medicamentos no producidos en el territorio de la UE pero que transitan por la Unión; además, es poco convincente. El CESE sugiere que la Comisión supervise los mecanismos de control y aplicación de las sanciones adoptadas por los Estados miembros para que éstas sean realmente eficaces, proporcionales y disuasorias, en el respeto del Reglamento aduanero (7), a fin de evitar fraudes y falsificaciones.

4.14

Por último, el CESE desea que la Comisión estudie los métodos más oportunos, incluyendo los acuerdos bilaterales, que permitan aplicar mecanismos similares también a los países en desarrollo que no son miembros de la OMC.

17.11.2005   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 286/8

1.1

La propuesta de Directiva que se examina tiene por objeto modificar la Directiva 98/71/CE. Dicha modificación tiene por objeto eliminar en todos los países de la Unión Europea la posibilidad de hacer valer los derechos de protección de los dibujos y modelos relativos a componentes de productos complejos frente a terceros (proveedores independientes) que fabriquen, usen o vendan tales componentes con fines de reparación, con objeto de restituir la apariencia inicial del producto complejo.

1.2

Entre los sectores afectados por la propuesta (electrodomésticos, motocicletas, relojes, etc.), sin duda el más afectado sería el sector automovilístico.

1.3

Cabe recordar que la Directiva 98/71/CE (en adelante «la Directiva») fue precedida por la publicación por parte de la Comisión de un Libro Verde sobre la protección jurídica de los diseños industriales que, además de los resultados de un amplio estudio en la materia, incluía un anteproyecto de propuesta de Directiva sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, así como un anteproyecto de propuesta de Reglamento.

1.4

En el Libro Verde se examinaba, asimismo, el problema de la protección o no de los componentes de un producto complejo y, en particular, de los que sirven para conectar un producto a otro. En el Libro Verde se establecía que se podían proteger los componentes que cumplen en sí mismos los requisitos para optar a la protección, pero se precisaba que debían excluirse de esta protección las características o elementos indispensables (denominados «interfaces» o «interconexiones») cuando su forma y dimensiones exactas hayan de ser reproducidas necesariamente para que el producto al que se haya incorporado el diseño pueda montarse o conectarse con otro producto.

1.5

La propuesta de Directiva presentada formalmente por la Comisión en diciembre de 1993 (1) confirmaba que la protección podía aplicarse también al componente de un producto complejo si «como tal» reunía los requisitos de protección, es decir, cuando fuera «nuevo» y poseyera «carácter singular» (artículo 3), mientras que se afirmaba que no se podían proteger las interfaces o interconexiones (artículo 7.2).

1.6

Dicha propuesta contenía, además, otra importante norma, en virtud de la cual los derechos de exclusiva sobre los diseños protegidos no podían ejercerse contra terceros que, tres años después de la primera comercialización de un producto «complejo» al que se haya incorporado un dibujo o modelo, hacían uso de (copiaban) dicho dibujo o modelo, a condición de que dicho dibujo o modelo dependiese de la apariencia del producto complejo y que el propósito de ese uso fuera «permitir la reparación del producto complejo con el fin de restaurar su apariencia original» (artículo 14). En la práctica, se preveía una importante excepción a la protección de los dibujos o modelos de piezas de repuesto y accesorios destinados a la reparación («spare parts exception» o «repair clause»).

1.6.1

Sobre este aspecto de la Propuesta de Directiva de 1993, el CESE, en su Dictamen IND/504 de 6 de julio de 1994, del que fue ponente el Sr. PARDON, señalaba en particular lo siguiente:

1.6.1.1

Al igual que todas las demás patentes industriales, la protección de los diseños tiene también por efecto la formación de derechos exclusivos (derechos de monopolio). No obstante, el monopolio otorgado al titular del diseño se refiere únicamente a la forma externa (el «diseño») de un producto, no al producto mismo.

1.6.1.2

La protección jurídica de los diseños garantiza, por consiguiente, un monopolio sobre la apariencia, no sobre el producto. «La protección del diseño de un reloj no constituye un obstáculo para la competencia en el mercado de relojes» (apartado 9.2. de la Exposición de Motivos de la Comisión sobre la propuesta de Reglamento).

1.6.1.3

La situación es diferente en el caso de las piezas de recambio (por ejemplo, el guardabarros o los faros de un automóvil) a que se refiere la cláusula de reparación. La forma (el «diseño») de dichas piezas no puede cambiarse frente al producto original que debe sustituirse.

1.6.1.4

Por tanto, la inclusión de estas piezas en la protección de los diseños conduce a la existencia de monopolios de productos en los mercados de piezas de recambio. La protección jurídica de los diseños de un recambio de guardabarros o un recambio de faros excluye cualquier tipo de competencia en este sector de la producción.

1.6.1.5

Esto está en contradicción con la esencia de la protección de los diseños: es facultad del legislador fijar de modo adecuado su contenido.

1.6.1.6

La cláusula de reparación contiene este tipo de fijación: autoriza la adquisición y el ejercicio de derechos sobre diseños allí donde dichos derechos se usan del modo previsto por el sistema. Prohíbe únicamente el ejercicio de dichos derechos allí donde -como en el caso del sector de la reparación- no pueden adquirir efecto según lo previsto por el sistema. Impide de este modo que se formen monopolios, que se excluya del mercado la producción competidora y que se vean sometidos los consumidores a los precios impuestos por el productor, único en cada uno de los casos.

1.6.1.7

La cláusula impide, al mismo tiempo, la formación de primas de monopolio. En efecto, la condición indispensable para una «prima de diseño» –a saber, la existencia de un mercado y la posibilidad de ejercer preferencias por parte del consumidor– desaparecería si la protección de los diseños se ampliase para incluir las piezas de recambio a que se refiere la cláusula de reparación.

1.6.1.8

El Comité Económico y Social, por consiguiente, suscribe enteramente la cláusula de reparación propuesta por la Comisión.

1.7

Dicha excepción, o cláusula de reparaciones, iba en el sentido de las solicitudes de determinados sectores industriales, como la industria de imitación de piezas de recambio para automóviles y, en particular, los fabricantes que copian las piezas de recambio de los vehículos siniestrados («crash parts»). Estos «proveedores independientes» ya habían intentado obtener una excepción respecto al régimen de protección de los dibujos y modelos, de conformidad con la legislación vigente, recurriendo al Tribunal de Justicia, pero sin éxito (véanse los asuntos Cicra/Renault (2) y Volvo/Veng (3)).

1.8

La cláusula de reparaciones contenida en la propuesta de Directiva de 1993 fue criticada por los sectores industriales con intereses distintos (u opuestos) a los de los fabricantes independientes de piezas de recambio, es decir, los fabricantes de vehículos. Por este motivo, la Comisión probó un nuevo enfoque con una propuesta modificada (4). En líneas generales, la nueva propuesta estipulaba que los terceros interesados en copiar el diseño de un determinado producto complejo a efectos de una reparación lo podrían hacer inmediatamente (sin esperar el plazo de tres años desde la primera comercialización del propio producto complejo) a condición de abonar una remuneración equitativa y razonable (art. 14).

1.9

Sin embargo, ni los fabricantes independientes (5) ni los fabricantes de vehículos titulares de derechos de protección de los dibujos o modelos (6) consideraron razonable la solución de la remuneración equitativa y razonable.

1.10

Asimismo, durante el procedimiento de codecisión del Consejo y del Parlamento Europeo se manifestaron fuertes divergencias, por lo que hubo que recurrir al procedimiento de conciliación, que finalizó en septiembre de 1998 con la renuncia, en la práctica, a la tentativa de armonizar la legislación de los Estados miembros en la materia con la «congelación» (denominada «freeze plus» en la jerga de los especialistas) de las legislaciones nacionales existentes y el aplazamiento de la solución del problema a una fecha posterior.

2.1

De conformidad con la Directiva, el dibujo o modelo protegido podrá concernir a la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto (art. 1 letra a)).

2.2

El dibujo o modelo de los componentes podrá protegerse a condición de que cumpla los requisitos de protección previstos para cada tipo de «producto», es decir, en la medida en que sea «nuevo» y posea «carácter singular» (art. 3 (2)). No obstante, el dibujo o modelo de un componente sólo podrá ser protegido si:

A efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 3, se entenderá por «utilización normal» la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación (art. 3 (4)).

En la práctica, la consecuencia de estas normas aplicadas al sector automovilístico es que ninguna de las piezas o componentes que se encuentran «bajo el capó» y que, por tanto, no son visibles durante la utilización normal de un automóvil está protegida por los derechos de protección de los diseños (por ejemplo, la apariencia de la culata del motor).

2.3

A los diseños o modelos de los componentes se aplica también la norma según la cual la protección no podrá aplicarse a las características de apariencia de un producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica (art. 7 (1)). Asimismo, tampoco estarán protegidas las características de apariencia (de un componente) que hayan de ser necesariamente reproducidas en su forma y dimensiones exactas a fin de que pueda ser conectado o interconectado a otro producto (o componente) (art. 7 (2)). En el sector automovilístico esto significa, por ejemplo, que puede protegerse con el derecho de diseño la forma de un parachoques o un espejo retrovisor, pero no la configuración de las «fijaciones» para fijar mecánicamente la pieza a la carrocería.

2.4

Por último, cabe recordar que:

2.4.1

la Directiva establece que, tres años después de la fecha límite para su transposición (en la práctica antes de octubre de 2004), la Comisión deberá presentar un análisis de las consecuencias de las disposiciones de esta Directiva para los sectores industriales de la Comunidad y, en particular, los fabricantes de productos complejos y componentes, los consumidores, la competencia y el funcionamiento del mercado interior. A más tardar un año después de dicha fecha (es decir, antes de octubre de 2005), la Comisión propondrá al Parlamento Europeo y al Consejo las modificaciones de la Directiva que sean necesarias para realizar el mercado interior con respecto a los componentes de productos complejos y cualquier otra modificación que considere necesaria (art. 18);

2.4.2

hasta que se adopten las modificaciones anteriormente citadas, los Estados miembros mantendrán en vigor sus disposiciones legales relacionadas con el uso del dibujo o modelo de un componente utilizado a efectos de reparación de un producto complejo con objeto de restituir su apariencia inicial. Los Estados miembros podrán introducir únicamente cambios en dichas disposiciones si están destinados a liberalizar el mercado de estos componentes (art. 14 — disposición transitoria ya citada como «freeze plus»). Actualmente, todos los Estados miembros han aplicado esta Directiva. Nueve de los 25 Estados miembros de la UE han introducido algún tipo de cláusula de reparaciones, aplicando así la «liberalización» (Bélgica, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, España y Hungría), pero la mayoría de ellos (dieciséis Estados miembros) ha extendido la protección a los componentes para las piezas de recambio o las reparaciones.

2.4.3

En relación con la liberalización del mercado secundario, el apartado 1 del artículo 110 del Reglamento CE 6/2002 de 12 de diciembre de 2001, relativo a los dibujos y modelos comunitarios, estipula que «… no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial.»

2.4.4

Y en este mismo sentido, sin menoscabo de la necesidad de la actual propuesta de la Comisión, reza el Reglamento (CE) no 1400/2002 del Consejo de 31 de julio de 2002 relativo a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor.

3.1

El contenido «normativo» de la propuesta es muy sencillo. En efecto, consiste en modificar el artículo 14 (Disposiciones transitorias) de la Directiva 98/71 estableciendo en la práctica que no se puede proteger el diseño de componentes de un producto complejo utilizado a efectos de reparación de dicho producto complejo con objeto de restituir su apariencia inicial. Se trata concretamente de la «cláusula de reparación gratuita desde el primer día», solicitada desde hace tiempo por algunos sectores interesados, como se afirmaba anteriormente.

3.2

En los considerandos de la propuesta se indican las razones fundamentales que justifican este régimen de «liberalización» completa, inmediata y gratuita:

3.3

Se subraya, asimismo, que actualmente el régimen jurídico de los dibujos y modelos en los distintos Estados miembros es divergente, lo que perjudica el funcionamiento del mercado interior y puede falsear la competencia.

3.4

En la exposición de motivos, que en líneas generales repite o resume las conclusiones de la EIA y, sólo en parte, del informe EPEC, figuran otras razones más detalladas. En resumen, de las distintas opciones consideradas sólo la «liberalización» aportaría numerosos beneficios sin provocar graves inconvenientes. En efecto, «mejoraría el funcionamiento del mercado interior, aumentaría la competencia en el mercado de piezas de recambio, se reduciría el precio para los consumidores y se crearían oportunidades y puestos de trabajo en las PYME» (punto 2.2, p. 7).

3.5

Por el contrario, las demás opciones no serían recomendables, principalmente porque:

4.1

En el informe EPEC, al que ya hemos hecho referencia en repetidas ocasiones, se reconoce (punto 3.7) que las piezas de recambio no originales no garantizan los mismos niveles de calidad que las originales, dado que los proveedores independientes a menudo no disponen de las competencias específicas en materia de fabricación, calidad y tecnología propias de los fabricantes de vehículos.

4.2

Los automóviles modernos son el resultado complejo de un montaje de componentes independientes con un elevado contenido tecnológico (por ejemplo, aceros de gran resistencia) cuya especificidad no se refiere únicamente a la forma y la dimensión, sino también a la calidad del montaje (técnicas de soldadura y adhesivos utilizados) y de los materiales. Por tanto, es posible que las piezas no originales diverjan de las especificidades originales.

4.3

En efecto, un automóvil antes de ser homologado se somete a una serie de pruebas de resistencia frontal y lateral para comprobar que cumple los requisitos de las directivas específicas relativas a la protección de los ocupantes en caso de colisión. A estas directivas se añade la reciente Directiva sobre la protección de los peatones, que tiene por objeto reducir las consecuencias del impacto de los vehículos para los peatones en caso de choque. Dicha directiva obliga a los fabricantes de vehículos a diseñar la parte frontal de los vehículos de acuerdo con una serie de requisitos de seguridad y a efectuar unas pruebas de choque específicas (crash tests).

4.4

Por el contrario, los proveedores independientes de piezas de recambio no están sujetos a ningún control técnico preventivo de las piezas que comercializan, en la medida en que no está previsto un procedimiento de homologación de los distintos componentes de un vehículo salvo para las denominadas «unidades técnicas independientes». Estas unidades son, para las piezas de carrocería, los cristales, los retrovisores, los faros delanteros y traseros. Para las demás piezas (capó, parachoques, etc.) no existe ninguna obligación de realizar pruebas técnicas antes de la comercialización y, por tanto, ninguna seguridad de que tengan las mismas características que las piezas originales. Los proveedores independientes se someten únicamente a las normas generales en materia de seguridad de los productos y responsabilidad por daños ocasionados por defectos del producto.

4.5

La propuesta parece también contradecir la importante Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil («End of Life Vehicles»). En efecto, esta directiva obliga a los constructores a eliminar los metales pesados de los componentes de los vehículos y a indicar las sustancias que contienen para facilitar su reciclado. Por otra parte, el fabricante está obligado a diseñar el vehículo con vistas a facilitar el desmontaje al final de su vida útil y su reciclado. Evidentemente, dado que estas obligaciones no se aplican a los proveedores independientes, cuando se realicen sustituciones con componentes (por ejemplo los parachoques) cuya composición se desconozca, se puede correr el riesgo de comprometer el ciclo de tratamiento al final de su vida útil, con las eventuales consecuencias para el medio ambiente y el consiguiente aumento de los costes.

4.6

Tiene razón la Comisión al afirmar que el objetivo de la protección de los dibujos y modelos es recompensar el esfuerzo intelectual del creador del dibujo o modelo y no garantizar su función técnica o su calidad (véase la exposición de motivos de la propuesta de Directiva, pág. 9). Por tanto, es correcto afirmar que, desde el punto de vista conceptual, la protección de los dibujos y modelos y la seguridad se sitúan en dos planos distintos. Sin embargo, no se puede ignorar que, desde un punto de vista práctico, la liberalización propuesta por la Comisión podría provocar un aumento en el mercado del número de componentes que no han sido adecuadamente probados con las pruebas citadas en el punto 6.3 y que no cumplen las exigencias de la Directiva sobre los vehículos al final de su vida útil. Por tanto, además de las posibles ventajas que, a juicio de la Comisión, ofrecería la liberalización a los consumidores en términos de una mayor competitividad, deberían considerarse también los mayores riesgos a los que podrían verse expuestos los propios consumidores.

5.1

El Comité reitera su posición, manifestada en varios dictámenes, en el sentido del reconocimiento de la creciente importancia en los intercambios comerciales de los derechos de propiedad intelectual y, entre ellos, de la protección jurídica de los dibujos y modelos industriales como elemento fundamental de la innovación técnica y de la consiguiente necesidad de luchar contra la falsificación.

5.2

No obstante, el Comité entiende que el monopolio conferido al propietario del dibujo o modelo se refiere únicamente a la configuración exterior de un producto y no al producto propiamente dicho.

5.3

En este sentido, el Comité confirma su entender, ya expresado en anteriores dictámenes, según el cual, en lo que se refiere a las piezas de recambio afectadas por la cláusula de reparación, someterlas al régimen de protección de los dibujos o modelos significaría establecer un monopolio de producto en el mercado secundario, en contradicción con la propia naturaleza de la protección jurídica de dibujos y modelos.

5.4

Además, el régimen establecido por la Directiva 98/71/CE permitió el mantenimiento y, con la reciente ampliación de la UE, contribuyó al aumento de regímenes nacionales diferentes e incluso antagónicos en un ámbito extremadamente importante para un sector de enorme relevancia económica en el mercado europeo.

5.5

Así, la propuesta de la Comisión tiene por objeto la realización del mercado interior en este ámbito a través de la aproximación de los sistemas nacionales, sobre la base de la liberalización de la utilización de dibujos o modelos protegidos a efectos de la reparación de productos complejos para restituir a éstos su apariencia original (mercado secundario).

5.6

El Comité respalda la propuesta de la Comisión, que se añade a otras iniciativas legislativas que ya recibieron su apoyo y que puede contribuir al aumento de la competencia, el descenso de los precios y la creación de nuevos puestos de trabajo, especialmente en las PYME.

5.7

No obstante, el Comité considera que la propuesta de la Comisión mejoraría si estuviera mejor fundamentada la demostración clara de su compatibilidad con el acuerdo sobre los ADPIC, la puesta en evidencia de sus efectos en el empleo y, en particular, la garantía, además del derecho a la información, que parece ya consagrado, de que la elección de los consumidores no se verá afectada ni directamente, en lo que respecta a la seguridad y fiabilidad de los productos utilizados procedentes de fabricantes independientes, ni indirectamente por las consecuencias de la utilización de las piezas de recambio en la reparación de los productos complejos a los que se destinan (fundamentalmente en vehículos automóviles), tanto en su valor venal residual como en los gastos indirectos (por ejemplo, los seguros).

17.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 286/12

1.1

La Comisión adoptó, en julio de 2002, una nueva orientación a favor de la «responsabilidad social de las empresas» (RSE) con la que incluyó a las empresas en su estrategia de desarrollo sostenible. En efecto, la RSE es una plasmación microeconómica del concepto macroeconómico de desarrollo sostenible. En concreto, según la Comisión, la responsabilidad social de las empresas se define como «la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores». Como conclusión a diversos trabajos, la Comisión presentará una nueva comunicación titulada «Estrategia para la promoción y el desarrollo de la RSE en la Unión Europea».

1.2

La Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2003 (1), modifica la Cuarta Directiva de 1978 relativa a las cuentas anuales y la Séptima Directiva de 1983 relativa a las cuentas consolidadas con la introducción del siguiente apartado: «En la medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de la sociedad, este análisis incluirá tanto indicadores clave de resultados financieros como, cuando proceda, no financieros, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta, incluida información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal.»

1.3

El buen gobierno de las empresas, respetuoso de las directrices de la OCDE en la materia, y la inversión socialmente responsable adquieren importancia en el mundo empresarial. Invertir de manera socialmente responsable significa administrar una cartera de valores no sólo en función de los resultados financieros sino también integrando criterios relativos a la sociedad y al medio ambiente.

1.4

El Comité Económico y Social Europeo concede una gran importancia a que la RSE se convierta en una fuerza que impulse una estrategia mundial de desarrollo sostenible. En la observación final de su dictamen sobre la RSE (2), el Comité Económico y Social Europeo afirma que la responsabilidad social de las empresas es un tema central y que por ello acompañará con mucha atención y seguirá activamente su evolución posterior. En dicho dictamen, el CESE considera que un planteamiento socialmente responsable debe basarse en una aplicación efectiva y dinámica de las normas existentes (legislación y convenios colectivos) y además debe ir acompañado de compromisos voluntarios que vayan más allá de las normas. El dictamen propone el desarrollo de una responsabilidad social de las empresas adaptada al contexto específico de la UE.

1.5

Hoy en día, todos los Estados miembros de la Unión ampliada mantienen debates sobre la RSE, aunque las legislaciones y prácticas muestran una gran diversidad. Es preciso proseguir la labor de sensibilización en esta materia en los nuevos Estados miembros. Esto justifica la elaboración del presente dictamen de iniciativa, en un momento en que la presentación de una nueva Comunicación se inscribe en la continuidad del Libro Verde y en los trabajos del Foro multilateral sobre la RSE.

1.6

El Foro Multilateral Europeo sobre la RSE reunió, entre octubre de 2002 y junio de 2004, en una primera experiencia de diálogo civil o social (3), a una veintena de organizaciones que representaban a empresarios, redes de empresas, trabajadores, sociedad civil representativa de otros interlocutores y otras partes interesadas. El método de trabajo, basado, entre otros objetivos, en la búsqueda de consenso para promover la transparencia y la convergencia de instrumentos, tenía por objeto alcanzar un diagnóstico común de los factores que favorecen la RSE y los que la obstaculizan y, a ser posible, recomendaciones conjuntas sobre la forma de avanzar. Además de llevar a cabo un análisis de los obstáculos que impiden el fomento de la RSE y de los factores que contribuyen a su desarrollo, el Foro definió con claridad incentivos que conviene tomar para sensibilizar y formar a todas las partes interesadas y recomendó que la evaluación se sustentara en los grandes textos internacionales suscritos por todos los Estados miembros.

1.7

El proyecto de Tratado Constitucional recuerda, en su artículo I.3, que la Unión Europea obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado «en una economía social de mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social». La RSE es uno de los instrumentos encaminados a mantener el equilibrio entre los tres pilares de la Estrategia de Lisboa: economía y crecimiento, empleo y modelo social europeo, medio ambiente. Es por tanto un medio de reforzar la cohesión social y de avanzar en la vía de la sociedad del conocimiento. Esto reforzará la eficacia económica de la Unión y la competitividad de sus empresas (4).

1.8

El aumento del comercio internacional es fruto de la actividad de empresas de todas dimensiones, si bien las multinacionales representan una parte importante de dicho aumento. Dentro de un mismo grupo de empresas se producen flujos de bienes, servicios y capitales de un país a otro. Se trata efectivamente de una globalización de la economía y no solamente de una internacionalización de los intercambios comerciales. Este papel creciente que desempeñan las empresas les confiere una responsabilidad social cada vez mayor que trasciende las fronteras de los Estados.

1.9

En este contexto, pensar únicamente a escala del mercado interior europeo no basta. Para numerosas empresas, la referencia ha pasado a ser el mercado mundial, en el que se desarrollan distintas prácticas que hacen referencia, implícita o explícitamente, a distintas concepciones de la RSE. Cada una de estas concepciones, aunque se dicen universales, son expresión de una determinada visión de la ética, de la sociedad, de la dimensión social y del medio ambiente.

2.1.1

En la actualidad se ha tomado conciencia en todo el mundo de los derechos humanos, la dignidad en el trabajo y el futuro del planeta como fundamento ético de la actividad económica. Estos valores se concretan a nivel internacional y europeo.

2.1.2

Los convenios, normas y principios internacionales que constituyen la referencia a nivel internacional incluyen la Declaración de la OIT sobre las empresas multinacionales, la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales, las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

2.1.3

A estos textos fundamentales conviene añadir las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor y las normas de seguridad y calidad de los productos alimentarios del Codex Alimentarius. En materia medioambiental y de buen gobierno, cabe también hacer referencia a los convenios aprobados con respecto a las nuevas medidas sobre el SPG + (6).

2.1.4

La comunidad internacional se comprometió a cumplir los objetivos del milenio para 2015. El plan de acción adoptado en Johannesburgo proclama la RSE como herramienta para una globalización más equitativa y más integradora. Es una invitación urgente al mundo de las empresas en toda su diversidad y a todos los que las financian a contribuir al desarrollo sostenible del planeta.

2.1.5

En su informe «Por una globalización más justa»  (7), el grupo de redacción destaca que, para que las iniciativas voluntarias gocen de credibilidad, es necesario que vayan acompañadas de un interés por la transparencia y la voluntad de rendir cuentas, lo que supone la existencia de sistemas eficaces para la evaluación de los resultados, la información pública y el control.

2.1.6

El CESE anima a todos los Estados miembros de la Unión a que ratifiquen todos los convenios de la OIT que les conciernen y a que los incorporen a su legislación nacional.

2.2.1

A este conjunto de referencias internacionales, el Consejo de Europa añadió el Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades (CEDH) y la Carta Social Europea. Los Estados miembros de la Unión se dotaron de un corpus propio conocido con el nombre de «acervo comunitario». El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de Luxemburgo son garantes de este corpus europeo. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza en 2000, franquea una nueva etapa al suprimir la división entre los derechos civiles y políticos por una parte, y económicos y sociales por otra. El Foro multilateral sobre la RSE ratificó los fundamentos de la iniciativa sobre la responsabilidad social de las empresas con respecto al conjunto de este corpus.

2.2.2

La empresa es un componente de la sociedad humana y no solamente un eslabón del sistema económico. Su primera función es producir bienes o prestar servicios, creando así empleo, distribuyendo las rentas y pagando impuestos. Por consiguiente, la empresa es un componente de la sociedad humana. Desde hace mucho tiempo ya, el rendimiento económico de las empresas se mide con herramientas de gestión e instrumentos contables. Estas herramientas, en tanto que perfeccionables, son objeto de una adaptación periódica.

2.2.3

El modelo europeo de economía social de mercado no considera a la empresa como una simple sociedad de capitales o un cúmulo de contratos sino también, e incluso ante todo, como una colectividad en la que debería predominar el diálogo social. La sociedad de capitales sólo existe gracias a sus accionistas, pero la empresa, cualquiera que sea su estatuto, es un elemento de la sociedad humana y no un mero eslabón del sistema económico.

2.2.4

El modelo que tiene en cuenta a los interlocutores o partes interesadas (stakeholders) presenta un gran interés frente al modelo orientado únicamente hacia el resultado obtenido por los accionistas (shareholders). Una empresa gestionará de mejor modo su responsabilidad si está atenta a las expectativas de sus distintos grupos de interés.

2.2.5

El Libro Verde «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas» afirma: «La responsabilidad social de las empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas deciden voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio.» En el dictamen del CESE sobre este Libro Verde y en el dictamen del CESE sobre «La dimensión social de la globalización: la contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos» se afirma: «Un comportamiento socialmente responsable significa que las empresas aplican las normas sociales vigentes de manera comprometida y que se esfuerzan por consolidar un ambiente de cooperación con las partes interesadas correspondientes».

2.2.6

La Unión debe reforzar la percepción de la identidad europea de empresa. Podría fomentar el diálogo y el intercambio de puntos de vista entre los diferentes actores y tipos de experiencias en lo que se refiere a los instrumentos de evaluación de la RSE, para que las prácticas de RSE sigan estimulando la innovación y se difundan entre las diferentes categorías de empresas.

2.3.1

Este corpus normativo se pone en práctica en forma de instrumentos concretos establecidos por organismos públicos o privados (instrumentos que proceden mayoritariamente de países con derecho consuetudinario): mediante criterios de referencia y métodos de aplicación de dichos criterios de referencia. Estos instrumentos proporcionan distintas interpretaciones del corpus, en relación con el contexto sociocultural de sus diseñadores. Estos últimos son asociaciones de empresas, organismos públicos de normalización, gabinetes de auditoría, agencias de evaluación, universidades, asociaciones ciudadanas, entes públicos. Los instrumentos son numerosos, mayoritariamente privados, a menudo en competencia y a veces incompatibles.

2.3.2

Algunos criterios de referencia se difunden públicamente, ya sean de carácter internacional (ISO 9000, a ISO 14000, SA 8000, AA 1000, GRI), de dimensión europea (EMAS, SME Key, Eurosif, balance societario (10)) o de ámbito nacional, en forma de leyes, decretos y recomendaciones.

2.3.3

Los operadores –analistas especializados para los gestores de fondos y agencias de evaluación social y medioambiental– se basan en el corpus normativo internacional. Estos operadores transforman los principios (valores) del corpus normativo en criterios más concretos. A continuación se mide –cualitativa o cuantitativamente– la adecuación a los criterios por medio de indicadores significativos, útiles, inteligibles y comparables.

2.3.4

Estos operadores tienen la responsabilidad de hacer que la evaluación de los riesgos extrafinancieros sea creíble para los inversores y los consumidores, lo cual tiende a hacer de la RSE un factor de diferenciación competitiva en el mercado. Su propia credibilidad debe estar garantizada por una autorregulación de la profesión. La creación de una norma CSRR-QS 1.0 da prueba de la voluntad de avanzar en este sentido.

2.3.5

El Pacto Mundial lanzado por el Secretario General de las NU figura entre los instrumentos voluntarios a los que se han adherido cerca de dos mil de empresas de todo el mundo.

2.3.6

Las directrices de la GRI (Global Reporting Initiative) son utilizadas frecuentemente por un número considerable de multinacionales. La Organización Internacional de Normalización (ISO) comenzó en 2005 un trabajo específico sobre las líneas directrices para la responsabilidad social (11) (ISO 26000).

2.3.7

En el marco de los comités sectoriales del diálogo social, los interlocutores sociales encontraron un terreno común sobre la RSE (12). Se acordaron las siguientes iniciativas conjuntas: un código sobre la RSE en el sector de la hostelería, una declaración conjunta sobre la RSE en el sector comercial y un código de conducta en la industria azucarera, así como en las industrias textil, del cuero y de la confección, y más recientemente en el sector bancario.

2.3.8

A eso cabe añadir los códigos de conducta y cartas de empresa, a veces decididos unilateralmente por la dirección, a veces redactados previa consulta a las distintas partes interesadas, a veces incluso negociados con los representantes del personal. No obstante, algunos se han revelado insuficientes con respecto a las normas de la OIT.

2.3.9

Otros instrumentos no han tenido difusión. En efecto, la precisa metodología de las agencias de evaluación exige elegir indicadores para medir la adecuación a cada criterio, y éstos son la «herramienta» de la actividad económica de la agencia, que se encuentra en una situación de competencia frente a sus homólogos.

2.3.10

Los instrumentos pueden ser para uso voluntario de las propias empresas o para uso de los inversores socialmente responsables. También pueden estar destinados a los consumidores finales. Las etiquetas de comercio ético o de calidad medioambiental proporcionan información para que cada cliente individual elija. Las campañas de sensibilización –por ejemplo, del colectivo «ética en la etiqueta» han contribuido a la toma de conciencia colectiva, lo cual, a su vez, ha dado paso a un consumo responsable. En relación con los sistemas de etiquetados existen, no obstante, dificultades nada desdeñables a la hora de establecer criterios homogéneos y válidos que garanticen una acreditación suficiente y proporcionen una información realmente fiable.

3.1.1

Los instrumentos para medir la RSE deben responder a exigencias de coherencia, pertinencia y fiabilidad. Estas características y su relación mutua deben evaluarse con un planteamiento que respete la diversidad y que al mismo tiempo se base en valores universales y en principios oponibles.

3.2.1

Las herramientas deben ser coherentes con el conjunto de referencias internacionales.

3.2.2

Asimismo, deben adecuarse al corpus normativo europeo y al acervo comunitario.

3.2.3

La aplicación de la legislación local siempre es exigible a las empresas. Pero el valor añadido que supone la responsabilidad social de las empresas no es igual y depende del contexto socioeconómico (países industrializados desde hace tiempo, países emergentes, países pobres).

3.2.4

En los países menos avanzados, las grandes empresas pueden verse obligadas a compensar las deficiencias de los poderes públicos haciéndose cargo de la salud, el alojamiento y la educación de sus trabajadores, e incluso de sus familias. En este contexto, los instrumentos de la RSE pueden ser útiles para hacerse una idea clara de la eficiencia y el interés para todas las partes interesadas de las acciones que realizan las empresas por iniciativa propia.

3.3.1

Un mismo criterio puede ser medido utilizando distintos indicadores. Por ejemplo, la «no discriminación por razón de sexo» puede medirse según la proporción de mujeres presentes en el consejo de administración o en el nivel de la dirección, según la relación entre los salarios femeninos y masculinos, según el número de horas de formación recibidas respectivamente por hombres y mujeres, etc. Con respecto al criterio de «creación de empleos», en caso de deslocalización de la producción un indicador que utilice el punto de vista de un solo país resultará parcial; un indicador global debe medir los despidos en el país de origen y las contrataciones en el país de destino.

3.3.2

Conviene prestar gran atención a los límites pertinentes del objeto medido. Por ejemplo, el salario medio de los trabajadores de una empresa no será un indicador pertinente de su política social si impone a sus subcontratistas condiciones que no dejan a éstos la posibilidad de garantizar un salario digno a sus propios trabajadores.

3.3.3

Dado que la RSE consiste en ir más allá de las normas legales, la heterogeneidad de las legislaciones nacionales puede producir efectos perjudiciales. Por ejemplo, una empresa con un nivel medio de contaminación será objeto de una buena evaluación en un país donde la legislación sobre los residuos atmosféricos sea inexistente, y una empresa similar será objeto de una mala evaluación en un país donde la normativa sea muy estricta. Por esta razón, es indispensable tomar como base las normas sociales y medioambientales del acervo comunitario, sin dejar de mejorarlas.

3.4.1

El indicador debe permitir la comparación en el tiempo y el espacio:

3.4.2

No hay por qué pretender agregar todos los datos. Por ejemplo, tiene sentido añadir las emisiones de gas de efecto invernadero, puesto que sus efectos se sufren a escala mundial; no ocurre lo mismo con el consumo de agua, cuyo impacto se mide en función de los recursos locales.

3.4.3

El indicador debe ir acompañado de una «ficha de calidad» que mencione, en particular, qué instancias establecen los datos y con qué métodos.

3.4.4

El resultado de este proceso, que supone un coste para la empresa, da lugar a cierta forma de reconocimiento (etiquetado, certificación, etc.) Esto supone la intervención de un tercero externo competente e independiente. Los medios profesionales interesados tienen un papel importante que desempeñar tanto en este contexto del proceso como en los resultados.

4.1.1

La práctica de elaborar informes anuales tiende a generalizarse en las grandes empresas. Esto corresponde a una demanda de transparencia sobre la estrategia de la empresa, incluidas las prácticas de RSE. No obstante, la calidad de la información sigue siendo muy desigual, y por consiguiente, debe mejorarse.

4.1.2

Las PYME y las sociedades que no cotizan en Bolsa no son muy numerosas en los estudios sobre la calidad de la información, que se concentran en las grandes empresas. No obstante, las que obtuvieron una certificación EMAS o ISO 14001 deben emitir periódicamente una declaración medioambiental. El coste de la certificación impide a numerosas PYME llevar a cabo este ejercicio, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un control en un momento «t», lo que requiere una reevaluación periódica.

4.1.3

La información que se puede pedir a las PYME, en principio, no puede ser de la misma magnitud que la que se pide a las grandes empresas, por falta de medios financieros y humanos. No obstante, conviene animar a las PYME a que informen de sus prácticas responsables, ya sean modestas o significativas, a todas las partes interesadas, como parte de un proceso progresivo.

4.1.4

Existen también redes formadas por organismos privados, públicos o parapúblicos, incluida la investigación universitaria, que informan sobre la RSE y se encargan de fomentarla a escala nacional y europea –en particular, CSR Europa y la Fundación de Dublín– o mundial –en particular, el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable Development WBCSD) y el banco de datos de la OIT–. Sería conveniente ayudarles a difundir los resultados de sus trabajos, informando de manera transparente a los usuarios sobre la diversidad de los agentes y métodos.

4.1.5

En algunos Estados miembros se están introduciendo algunas innovaciones pedagógicas en materia de formación escolar para sensibilizar a los consumidores. Conviene que el corpus normativo internacional forme parte integrante de la educación de los jóvenes europeos.

4.2.1

Es necesario conciliar la unidad de los principios y el respeto de la diversidad.

4.2.1.1

Unidad: es necesario, cuando sea pertinente, que puedan agregarse los indicadores para proporcionar una visión global de la política de la empresa que se examine.

4.2.1.2

Diversidad: es necesario que los indicadores tengan en cuenta las realidades socioeconómicas, jurídicas y culturales, así como el tipo y las dimensiones de las empresas de las distintas zonas geográficas y los distintos sectores profesionales.

4.2.2

Sería conveniente que los indicadores permitan comparaciones (benchmark) tanto geográficas como sectoriales: entre las distintas entidades de una misma empresa o de un mismo grupo, entre las entidades de un mismo sector de actividad y entre las entidades de un mismo territorio.

4.2.3

Es útil prever algunas herramientas específicas: los indicadores no pueden ser estrictamente los mismos en la industria y en los servicios. Sobre la base de los mismos conceptos, los indicadores concretos deben adaptarse respectivamente para los servicios de interés general y para los productores de bienes y servicios ordinarios; para las actividades comerciales y no comerciales; para los grupos multinacionales y para las PYME, dependiendo de los distintos sectores de actividad.

4.2.4

En los grandes sectores de la industria y los servicios, la cohesión sectorial requiere que los criterios de referencia sectoriales y los instrumentos correspondientes se establezcan previa negociación entre las federaciones sectoriales –europeas o en otros niveles apropiados– de empresarios y trabajadores. El incremento del número de acuerdos marco entre federaciones sindicales internacionales y sociedades multinacionales abre perspectivas a este respecto. Sería conveniente que estos criterios y estos indicadores sean establecidos conjuntamente por los socios del diálogo social sectorial sin renunciar a las posibles contribuciones de otras partes interesadas.

4.3.1

Los instrumentos de la RSE deben ser utilizados cada vez por más partes interesadas. Actualmente están adquiriendo importancia creciente riesgos extrafinancieros como los que afectan a la reputación, a la cohesión (malas relaciones sociales dentro de la empresa), o los riesgos de malversación (corrupción, información privilegiada, fraude, competencia desleal, falsificación). Los inversores, en particular, algunos gestores de fondos de ahorro salarial, de fondos de inversiones éticas o inversores socialmente responsables, tienen en cuenta estos riesgos extrafinancieros, que se convierten en criterios de mercado.

4.3.2

Los créditos a la exportación otorgados por los bancos y los seguros de créditos emitidos por sociedades especializadas deberían tener en cuenta en su clasificación («evaluación») –más de lo que lo hacen actualmente– la política de desarrollo sostenible del Estado de que se trate y la estrategia de RSE de las empresas que operen en el país.

4.3.3

Cuando las prácticas de RSE se traducen en una disminución mensurable de los riesgos para una empresa, sería conveniente que el sistema bancario y de seguros lo tuviera en cuenta en sus tarifas.

4.3.4

Los contratos públicos se guían generalmente por la sencilla regla de aceptar al que ofrezca el precio más bajo. Sería conveniente que en las normas de las licitaciones se incluyeran otros criterios más cualitativos como la actitud en materia de RSE, tal como va a hacer la Unión en la categoría SGP+ dentro del sistema de preferencias comerciales.

4.3.5

En efecto, la Unión integra las referencias a los principios generales de la OCDE en sus acuerdos bilaterales, por ejemplo, en el Acuerdo de Asociación UE-Chile, y tiene la voluntad de impulsar el cumplimiento de las normas fundamentales en sus relaciones comerciales con los países emergentes, por ejemplo, Brasil, India y China. Debe inscribirse sistemáticamente en el orden del día del diálogo transatlántico la posibilidad de una convergencia sobre la RSE y llevar también este planteamiento al diálogo UE-Canadá.

4.3.6

La utilización más frecuente de los instrumentos de la RSE pasa por reforzar los mecanismos de la OCDE, en particular, la calidad de los puntos nacionales de contacto de todos los Estados miembros de la OCDE. La Unión Europea debe animar otros países no pertenecientes a la OCDE a adherirse a los principios generales de esta organización. Los poderes públicos de todos los Estados miembros de la OCDE tienen un papel especialmente importante que desempeñar para garantizar la eficacia del sistema de seguimiento.

4.4.1

Las directrices de la GRI (Global Reporting Initiative) son un criterio de referencia privado reputado que puede mejorarse. Con motivo de su revisión en 2005/2006, los interlocutores europeos deben participar activamente en los trabajos de este organismo, con el fin de adaptar mejor al contexto europeo sus métodos y sus criterios.

4.4.2

La Organización Internacional de Normalización (ISO) decidió en junio de 2004 trabajar en la elaboración de directrices sobre la responsabilidad social (guidance on social responsibility). No obstante, estas directrices (ISO 26000), contrariamente a las normas ISO 9000 (gestión de la calidad) e ISO 14000 (gestión del medio ambiente), no serán una norma genérica para los sistemas de gestión y no serán certificables. La presidencia y la secretaría del Grupo de trabajo están a cargo de conjuntamente de un país emergente, Brasil, y de un país antiguamente industrializado, Suecia. La duración de los trabajos que comenzaron en marzo de 2005 está prevista para tres años y la guía deberá publicarse a principios de 2008. El CESE presta una atención especial a esta iniciativa.

4.4.3

El CESE propone la creación de un portal de información sobre las prácticas de responsabilidad social de las grandes empresas, basado en datos procedentes de ellas mismas. Los datos son autodeclarativos y, en la situación actual, no son corroborados por las partes interesadas en cuestión. Sería aconsejable que un observador institucional efectúe una labor de contraste entre las declaraciones de las empresas y las valoraciones de las partes interesadas. Esta labor de análisis cualitativo podría confiarse a un organismo como la Fundación de Dublín. El Comité propone que este punto se debata en el marco del programa de trabajo del Observatorio Europeo del Cambio (EMCC).

5.1.1

Los compromisos voluntarios de la empresa deben indicarse públicamente y su eficacia debe ser siempre comprobable. Por ejemplo, una empresa que declara su intención de permitir el acceso al empleo de personas con discapacidad debe publicar el porcentaje de contratados y la adaptación de los puestos de trabajo en cuestión. Una información concreta y lo más completa permite conocer mejor el grado de cumplimiento de los compromisos empresariales. Como la responsabilidad se mide con hechos y no con palabras, la empresa debe mostrar transparencia.

5.2.1.1

La «rendición de cuentas» consiste en dar cuenta, en un documento público, de la manera en que la empresa asume el impacto económico, medioambiental y social de sus actividades. De este modo, la empresa admite que las partes interesadas tienen legítimo derecho a plantearle cuestiones.

5.2.1.2

Desde el origen de la sociedad de capitales, el consejo de administración rinde cuentas ante la asamblea general de accionistas. Desde hace mucho tiempo, los poderes públicos también exigen esa información, al menos en lo que respecta a las exacciones fiscales y a las cotizaciones sociales. Desde hace varias décadas, en muchos países europeos se transmite información parcial a los trabajadores. Así pues, lo novedoso es que de ahora en adelante la información es más completa y va dirigida al conjunto de los componentes de la sociedad civil.

5.2.1.3

Una rendición de cuentas global responde, pues, a las cuestiones explícitas o implícitas planteadas por las partes interesadas. Es una herramienta de diálogo y puede incluir sistemas interactivos de consulta o concertación. A partir de un análisis detallado de los indicadores, el informe anual destaca el rendimiento global de la empresa, es decir, su capacidad para conciliar las exigencias con respecto a los resultados económicos, la eficacia social y el impacto en el medio ambiente. Expone los objetivos, los plazos y los medios empleados. Representa una progresión global.

5.2.2.1

Muy diferente, aunque es una práctica actual muy común en la relación con la opinión pública, es la comunicación encaminada a difundir información con vistas a destacar el valor de la empresa, a crear una representación o una imagen positiva ante el público.

5.2.2.2

Con este fin, la dirección de comunicación de la empresa decide sacar a la luz sus compromisos y sus resultados en términos de buenas prácticas. En esta labor de comunicación, la empresa puede establecer comparaciones con otras para resaltar sus puntos fuertes y valorizar la obtención de etiquetas de calidad. Ahora bien, la comunicación no debe ser un sustituto de la rendición de cuentas.

5.3.1

Es frecuente destacar las tergiversaciones en materia de información, ya sea financiera (falsos balances) o extrafinanciera (publicidad falsa). Estas prácticas están castigadas por la ley.

5.3.2

Una buena calidad de la información requiere una organización que implique a la Dirección General, con el fin de asumir, por ejemplo, las siguientes funciones: interfaz entre las partes interesadas, control interno estableciendo una red de corresponsales, recogida y difusión de las mejores prácticas en el grupo, rendición de cuentas y definición de un procedimiento de recogida interna de datos que incluya la consulta de las partes interesadas sobre la recogida de datos, la discusión con los representantes de los trabajadores, tests de coherencia y validación por el equipo responsable.

5.3.3

En efecto, las partes interesadas varían según el sector de producción, el país o el territorio. Conviene contabilizarlas de la manera más completa posible. La empresa gozará de mayor credibilidad ante los medios de comunicación y la sociedad civil cuanto más haya asociado a las partes interesadas en la elaboración de su estrategia de RSE.

5.3.4

Las partes interesadas y, llegado el caso, terceros de confianza estarán incluidos en el proceso de recogida de datos y de elaboración de informes. Cuando estas instancias no existan, los códigos de conducta deben, como mínimo, dotarse de un comité de seguimiento. En ausencia de organizaciones sindicales, los comités de higiene y seguridad en el lugar de trabajo y las asociaciones locales de defensa de los derechos humanos deberían ser reconocidos como interlocutores válidos para este seguimiento. Por poner otro ejemplo, en el caso de la seguridad alimentaria deberán intervenir los institutos de investigación y las asociaciones de consumidores. Los distribuidores de bienes y los proveedores de servicios deben asociar a los representantes de los consumidores y usuarios a la elaboración de su estrategia de desarrollo sostenible.

5.4.1

El compromiso voluntario y un diálogo bien dirigido con las partes interesadas son elementos indisociables. El compromiso voluntario sólo constituye un medio para un fin, que consiste en crear valor y rendimiento económico, social y medioambiental. En consecuencia, la empresa asume voluntariamente su disposición a «hacer» y, consecuentemente, a «hacer saber».

5.4.2

De esto se deriva que la empresa se compromete voluntariamente a tener en cuenta las expectativas y los intereses de las partes interesadas y a reforzar la transparencia de sus actuaciones en este ámbito. Aceptar el diálogo con las partes interesadas supone que la empresa mantiene el control de todo aquello a lo que debe comprometerse. Ante la multiplicidad de expectativas e intereses, la empresa puede establecer prioridades en función de los criterios de referencia objetivos y de su propia estrategia.

5.4.3

Las distintas partes interesadas tienen todas derecho a expresar sus expectativas, pero no todas tienen la misma legitimidad. Es decir, cabe considerar que los interlocutores internos tienen a menudo una legitimidad superior a la de los interlocutores más lejanos. Y no todas las solicitudes legítimas pueden atendidas por la empresa, que dispone de recursos limitados. El arbitraje entre las distintas solicitudes puede llevarse a cabo mediante negociación y consulta, pero en última instancia depende de la decisión de la empresa.

5.4.4

Este diálogo es especialmente importante para los interlocutores que forman parte de la cadena de valor. Los responsables de los pedidos deben ayudar a sus proveedores y subcontratistas a mejorar sus prácticas socialmente responsables. Deben evitar someter a sus socios a instrucciones paradójicas, lo que ocurriría si se les impusieran normas sociales de nivel elevado y precios de compra de nivel insuficiente. Al contrario, los responsables de los pedidos deberían procurar asistencia a los subcontratistas con una perspectiva de progreso.

5.4.5

La estrategia de la empresa voluntaria requiere un diálogo social sobre la RSE. La participación de los representantes de los trabajadores en la empresa se desarrolla en tres fases: establecer la estrategia específica de la empresa teniendo en cuenta los principios del desarrollo sostenible, aplicar los medios necesarios para cumplir esta estrategia y llevar un seguimiento independiente de la eficacia de las medidas en todos los niveles de la empresa.

5.4.6

A nivel europeo, el planteamiento voluntario o negociado para analizar lo que está en juego en la RSE en todas las multinacionales que tienen un comité de empresa europeo es un paso decisivo. Además permite integrar a los nuevos Estados miembros en esta dinámica. Los comités de empresa europeos deberían tener un papel que desempeñar en la incorporación de la RSE a la política de la empresa. Son un foro privilegiado para los interlocutores internos, sabiendo que una política coherente de RSE debe tener en cuenta también a los interlocutores externos, en particular, al conjunto de los trabajadores (trabajadores temporales, empleados de los subcontratistas presentes, artesanos y otros trabajadores autónomos que trabajen para la empresa) y, en la medida de lo posible, al conjunto de la cadena de valor (subcontratistas, proveedores).

17.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 286/20

1.1

Han transcurrido los primeros cinco años desde que el Consejo Europeo de Tampere desarrolló el mandato del Tratado de Amsterdam y sin embargo no se han alcanzado los objetivos previstos: que la Unión Europea disponga de una política común de inmigración y de asilo. Se ha recorrido un camino, la Comisión ha elaborado numerosas propuestas políticas y legislativas, pero éstas no han sido adecuadamente consideradas en el Consejo. El CESE ha colaborado con la Comisión y ha elaborado numerosos dictámenes para que la Unión disponga de una auténtica política común y una legislación armonizada en materia de inmigración.

1.2

Ahora estamos en un nuevo contexto, el Programa de La Haya, aprobado en noviembre de 2004, por el que se establece un nuevo compromiso de desarrollo de las políticas de inmigración y de asilo en los próximos años. Este Programa, por otra parte, se inscribe en la perspectiva del Tratado Constitucional que refuerza el mandato para que en el futuro los europeos dispongamos de una política común de inmigración (1).

1.3

El Libro Verde presentado por la Comisión se refiere al asunto central de la política de inmigración: las condiciones para la admisión de inmigrantes económicos y la manera de gestionar esos flujos migratorios. La legislación de admisión constituye el núcleo duro de la política de inmigración, y en la actualidad disponemos solamente de legislaciones nacionales que además son muy diferentes y, en la mayoría de los casos, restrictivas.

1.4

Han pasado más de tres años desde que la Comisión elaboró su «Propuesta de Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países por razones de trabajo por cuenta ajena y de actividades económicas por cuenta propia» (2). El CESE y el Parlamento elaboraron dictámenes (3) favorables. Sin embargo, esta propuesta no superó la primera lectura en el Consejo. Desde entonces algunos Estados han elaborado nuevas legislaciones en materia de inmigración económica y los asuntos relacionados con la inmigración han figurado entre los asuntos «calientes» de las agendas políticas.

1.5

El Consejo Europeo de Salónica de junio de 2003 resaltó «la necesidad de explorar medios legales para que los nacionales de terceros países emigren a la Unión, teniendo en cuenta la capacidad de acogida de los Estados miembros (4)». El CESE, en su Dictamen (5)«Inmigración, integración y empleo», reclamó también la urgente necesidad de que la Unión disponga de una política activa para la inmigración económica y una legislación armonizada. La evolución demográfica en la Unión (6) y la Estrategia de Lisboa indican que va a ser necesario que Europa disponga de políticas activas para la admisión de emigrantes económicos tanto para trabajadores muy cualificados como para los de menor cualificación. Aunque cada país tiene sus propias necesidades y características, la apertura de vías para la inmigración económica es una característica común de todos los Estados miembros.

1.6

Por otro lado, hay que tener en cuenta también que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros tienen limitado temporalmente su derecho a la libertad de residencia y de trabajo, lo que constituye una anomalía negativa. El CESE desea que esta limitación pueda superarse pronto. Durante el periodo transitorio, los ciudadanos de los nuevos Estados deberán tener el derecho a la preferencia.

1.7

El CESE observa con preocupación las dificultades políticas que existen en relación con la política de inmigración, así como la reacción negativa de sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación. Los líderes políticos y de opinión deben renunciar a utilizar lenguaje racista y xenófobo en los debates y actuar con la debida responsabilidad y pedagogía política.

1.8

Se requiere un gran esfuerzo por parte de todos para que el debate sobre este Libro Verde se desarrolle dejando de lado los múltiples prejuicios y temores que actualmente la inmigración laboral suscita. El CESE desea contribuir al debate desde el rigor y la racionalidad.

—

¿En qué medida debe desarrollarse una política europea de migración laboral? ¿Cuál debe ser el nivel de intervención comunitaria en la materia?

—

La normativa europea sobre migración ¿debe establecer un marco legal global que incluya a casi todos los nacionales de terceros países que llegan a la UE o debe centrarse en grupos específicos de inmigrantes?

—

Si se adopta el enfoque sectorial ¿cuáles son los grupos de inmigrantes a los que se dará preferencia y por qué?

—

¿Considera usted que deben explorarse otros enfoques, como el procedimiento europeo de vía rápida? ¿Puede usted proponer otras opciones?

2.1.1

El CESE manifiesta que sí es necesario que la admisión de inmigrantes económicos se regule en el ámbito de la UE, para lo que es preciso alcanzar un alto grado de armonización legislativa, tal como contempla el proyecto de Tratado Constitucional. El CESE ya ha reclamado en dictámenes anteriores (7) que la UE debe disponer rápidamente de una política común de inmigración y de una legislación armonizada. La Unión Europea y los Estados miembros necesitan disponer de una legislación abierta que permita la inmigración laboral a través de canales legales y transparentes, tanto para trabajadores de alta cualificación como en las actividades menos cualificadas.

2.1.2

El Tratado Constitucional establece los límites a la legislación común en inmigración: «el derecho de los Estados miembros a establecer volúmenes de admisión en su territorio de nacionales de terceros países con el fin de buscar trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia» (8). El CESE considera que este límite no es un obstáculo para que la Unión alcance un alto grado de armonización legislativa para la admisión de inmigrantes económicos, que puede ser progresiva, permitiendo a los Estados períodos de adaptación.

2.1.3

El CESE coincide con la propuesta de la Comisión en que es mejor establecer un marco legislativo global (horizontal) que propuestas legislativas sectoriales. La propuesta legislativa que en su día presentó la Comisión recibió el apoyo del CESE e incluía las condiciones de entrada y residencia de los inmigrantes que ejercen un trabajo por cuenta ajena, trabajo por cuenta propia u otras actividades económicas durante más de tres meses en el territorio de un Estado miembro. De manera complementaria se pueden elaborar normas específicas para condiciones particulares tales como los trabajadores temporeros, los trabajadores trasladados dentro de una empresa, los prestadores de servicios, etc.

2.1.4

Si el Consejo Europeo optara por un enfoque sectorial (inmigrantes altamente cualificados), tendría un carácter discriminatorio. Esta opción puede resultar más fácil para el Consejo, pero se aleja de las previsiones del Tratado Constitucional.

2.1.5

Por otro lado conviene recordar que la mayor parte de las legislaciones nacionales cierran las puertas a la inmigración económica de trabajadores de alta y de baja cualificación, y sin embargo crece la inmigración irregular, la economía informal y el trabajo no declarado (9). Tal como el CESE puso de manifiesto en su Dictamen (10), en algunos Estados miembros existe un vínculo claro entre la falta de vías legales para la inmigración económica y el aumento de la inmigración irregular.

—

¿Cómo podemos garantizar la aplicación eficaz del principio de «preferencia comunitaria»?

—

¿Sigue siendo válida la definición de la preferencia comunitaria? En caso contrario, ¿cómo debería definirse?

—

¿A qué tipo de inmigrantes económicos (aparte de los trabajadores trasladados dentro de una empresa) no se aplica la lógica de la preferencia comunitaria?

—

Aparte de los residentes de larga duración, ¿a qué categorías de nacionales de terceros países — en su caso — se les debe conceder preferencia sobre los trabajadores de terceros países recién llegados?

—

A los nacionales de terceros países que han salido temporalmente de la UE tras haber trabajado en ella durante un periodo de tiempo determinado ¿se les debe reconocer un derecho de prioridad supeditado a condiciones concretas?

—

El fomento de la movilidad de los trabajadores de terceros países entre los Estados miembros ¿será beneficioso para la economía de la UE y los mercados laborales nacionales? ¿Cómo puede ponerse en práctica de forma eficaz? ¿Cuáles serán las limitaciones y las facilidades?

—

¿Cómo pueden los servicios públicos del empleo (SPE) y el portal de movilidad laboral de EURES contribuir a facilitar la migración laboral de los trabajadores de los terceros países?

2.2.1

Las Directivas contra la discriminación en el mercado de trabajo deben ser respetadas en la nueva legislación europea de inmigración.

2.2.2

El principio de «preferencia comunitaria» debe incluir a todas aquellas personas que forman parte del mercado laboral de la Unión Europea, y no solamente a los trabajadores nacionales o comunitarios (11). El CESE considera que el principio de preferencia comunitaria se debe extender a:

2.2.3

Favorecer la movilidad de los inmigrantes entre el país de origen y el país de acogida es positivo para el desarrollo económico y social del país de origen, y también evitará que algunos inmigrantes caigan en una situación irregular; por ello el CESE considera que, en caso de que se instituya y se aplique el derecho de preferencia, también se debe reconocer este derecho para un nuevo proyecto migratorio a los nacionales de terceros países que han salido temporalmente de la UE tras haber trabajado en ella durante un periodo de tiempo determinado.

2.2.4

En todos los informes que analizan los problemas del mercado de trabajo en Europa, se pone de manifiesto la escasa movilidad de los trabajadores. El fomento de la movilidad es uno de los objetivos de la estrategia europea del empleo. Sin duda los inmigrantes pueden contribuir de manera importante a la mejora de la movilidad entre los mercados de trabajo en Europa. Cuando se disponga de un alto grado de armonización de la legislación de inmigración será más fácil la movilidad y la gestión común de los flujos migratorios.

2.2.5

La red EURES coordina los servicios públicos de empleo de los Estados miembros con el objetivo de cubrir los puestos de trabajo existentes a través de la movilidad entre los trabajadores europeos. Para una adecuada gestión del mercado de trabajo comunitario y para la gestión de los nuevos flujos migratorios, la red EURES es un instrumento muy importante. Para que se pueda utilizar en la gestión de los flujos migratorios, la red EURES debe relacionar bien las ofertas y las demandas de empleo existentes en los Estados miembros, incluyendo en el sistema también a los trabajadores inmigrantes, que en general son personas que tienen una mayor disponibilidad para la movilidad.

2.2.6

La red EURES también puede desempeñar en el futuro un importante papel de ayuda en la gestión de la nueva inmigración a los servicios consulares de los Estados miembros en los países de origen. Se puede establecer un sistema a través del cual una oferta de empleo, si no ha sido cubierta en el mercado de trabajo comunitario en un plazo máximo de 60 días, se oferte a los candidatos en el país de origen a través de los servicios consulares, que deberán tener funcionarios especializados en mercado de trabajo e inmigración laboral. También las delegaciones de la UE pueden informar a los interesados de las oportunidades existentes en la red EURES.

—

La admisión de nacionales de terceros países en el mercado laboral de la UE ¿debe estar condicionada a la existencia de un empleo vacante concreto? ¿Los Estados miembros deben tener la posibilidad de admitir a nacionales de terceros países sin esta condición?

—

¿Qué procedimiento debería aplicarse a los inmigrantes económicos que no se incorporan al mercado laboral?

2.3.1

El CESE, en su Dictamen (14) sobre la propuesta de Directiva de admisión, ya señaló que deben existir dos sistemas para la admisión legal de inmigrantes:

2.3.2

Disponer de una oferta de empleo estando el inmigrante en el país de origen canalizará la mayor parte de la nueva inmigración por motivos económicos. Es el sistema más adecuado para los trabajadores especializados y para los temporeros. Es el sistema que utilizan las grandes empresas y las grandes asociaciones que tienen capacidad para el reclutamiento de trabajadores en los países de origen.

2.3.3

Pero una parte del mercado de trabajo que está siendo cubierto por la población inmigrante corresponde a pequeñas empresas, a la artesanía, al servicio doméstico y a la atención de personas dependientes. En estos casos resulta imposible el conocimiento previo en el país de origen entre el empleador y el trabajador inmigrante. En algunos países, estos empleos se realizan a través de la economía sumergida y la inmigración irregular. En el citado Dictamen el CESE (15) ya propuso que en la legislación comunitaria para la admisión legal de inmigrantes también se incluya un permiso de residencia temporal para la búsqueda de empleo, de seis meses de duración, que cada Estado miembro gestionará en colaboración con los interlocutores sociales.

2.3.4

La prueba de necesidades económicas, o vacante de empleo específica, es una referencia necesaria para la gestión de la nueva inmigración. Este sistema permitirá ofertar el empleo en el país de origen al inmigrante de tal manera que gran parte de la inmigración se canalizará a través de este procedimiento.

2.3.5

Este sistema requiere que la red EURES funcione de manera satisfactoria y que los servicios consulares dispongan de funcionarios especializados. El período que una vacante de empleo publicada en el conjunto de la UE deba ofertarse a nuevos inmigrantes ha de ser breve: entre 1 y 2 meses. Si el sistema se prolonga por más tiempo, el empleador puede considerar que este sistema no es eficaz.

2.3.6

Siempre es conveniente que estos sistemas se gestionen con flexibilidad, puesto que los mercados de trabajo europeos disponen de escasa movilidad. La movilidad en más alta en los trabajos más cualificados y de mayor remuneración. Sin embargo, en la mayoría de los empleos la movilidad es reducida, incluso dentro de un mismo país. Para muchas actividades económicas y para muchas profesiones la realidad nos indica que el mercado de trabajo está muy segmentado, que existen muchos y diferentes mercados de trabajo.

2.3.7

Al término del permiso de trabajo en virtud del cual se ha admitido legalmente a un inmigrante, si se renueva el contrato de trabajo, no debe repetirse la prueba de necesidades económicas. Tampoco se aplicará esta prueba si el interesado estuviera inscrito como demandante de empleo en el servicio público de empleo del país de residencia.

2.3.8

Las autoridades de los Estados miembros, en colaboración con los interlocutores sociales pueden considerar que para algunas profesiones, para algunos sectores o para algunas regiones determinadas, es necesario abrir el mercado de trabajo a la inmigración sin aplicar la prueba de necesidades económicas. Para estos sistemas flexibles se pueden utilizar varios procedimientos: el permiso temporal para la búsqueda de empleo, las cartas verdes, o las cuotas si así se han establecido en acuerdos con terceros países.

2.3.9

Los inmigrantes admitidos con permiso de solicitante de empleo contarán con un período determinado para la búsqueda de empleo. El CESE ha propuesto un periodo de seis meses, y en el sistema británico se otorga un período de un año. Estas personas deben disponer de seguro médico y contar con recursos económicos suficientes.

2.3.10

Para construir un sistema de selección rápido y flexible en la UE para la admisión de inmigrantes económicos a través de un sistema acelerado, se puede utilizar un formulario en el que los demandantes informen sobre diversos criterios, tales como: años de experiencia profesional, nivel de formación, conocimientos lingüísticos, familiares en UE, u otros. Cada Estado podrá utilizar este sistema en función de sus necesidades. A través de la red EURES los empleadores podrán consultar los currículos de los demandantes. Los criterios de admisión deberán estar basados en dichos criterios, evitando cualquier tipo de discriminación.

2.3.11

La admisión de inmigrantes con permiso temporal de solicitante de empleo será una decisión de los Estados miembros en colaboración con los interlocutores sociales. Los servicios públicos de empleo colaborarán con los demandantes en la búsqueda del empleo.

—

¿Debe tener la UE normas comunes para la admisión de nacionales de terceros países para trabajar por cuenta propia? En tal caso, ¿en qué condiciones?

—

¿Deben establecerse procedimientos más flexibles para los trabajadores por cuenta propia que quieran entrar en la UE por un periodo inferior a un año para cumplir un contrato específico con un cliente de la UE? En tal caso ¿cuáles?

2.4.1

El CESE está de acuerdo en que la UE disponga de una legislación común con un alto grado de armonización para la admisión de nacionales de terceros países para trabajar por cuenta propia. En el Dictamen (16) sobre la propuesta de Directiva de admisión, el CESE ya emitió una opinión favorable y realizó algunas propuestas de mejora.

2.4.2

Se puede elaborar una ley específica o se puede incluir en la misma Directiva a los trabajadores por cuenta propia y a los trabajadores por cuenta ajena, tal como propuso la Comisión en su día.'

—

¿Debe existir un «permiso de trabajo-residencia» combinado a nivel de la UE? ¿Cuáles serían sus ventajas e inconvenientes?

—

¿O bien debe proponerse una solicitud única (para los permisos de trabajo y de residencia)?

—

¿Hay otras opciones?

2.5.1

En la relación que se establece entre el permiso de residencia y el permiso de trabajo hay notables diferencias entre las legislaciones de los distintos Estado miembros. El CESE considera que es necesario establecer una legislación armonizada para la UE. La autoridad responsable de la emisión de los permisos será la de cada Estado miembro. El permiso concedido por un Estado deberá ser reconocido a los efectos oportunos en el resto de la UE.

2.5.2

El CESE desea que la legislación reduzca todo lo posible los procesos burocráticos y facilite las cosas a las personas afectadas: a los inmigrantes, a los empleadores y a las autoridades. Es deseable que exista un único permiso: el de residencia, que vendrá acompañado de la autorización para trabajar.

2.5.3

Un sistema de «ventanilla única»simplificará los actuales procedimientos.

—

¿Deben existir limitaciones a la movilidad del trabajador de un tercer país dentro del mercado laboral del Estado miembro de residencia? En tal caso, ¿cuáles (empresario, sector, región, etc.), en qué circunstancias y durante cuánto tiempo?

—

¿Quién debe ser el titular del permiso? ¿El empresario, el trabajador o los dos juntos?

2.6.1

El titular del permiso siempre ha de ser el trabajador.

2.6.2

El Estado debe asegurarse de que, cuando una persona ha obtenido un permiso de residencia sobre la base de la oferta de empleo de una empresa, tal empresa cumple de inmediato sus obligaciones de alta laboral de ese trabajador y su afiliación al sistema de seguridad social. El primer paso de la vida laboral de dicho trabajador en el Estado miembro que le ha otorgado el permiso de residencia ha de ser con la empresa que le ofreció el trabajo. Pero después ha de tener la posibilidad de cambiar de empresa, sin limitaciones sectoriales o regionales.

2.6.3

Lo que sí es exigible es que el cambio de empresa sea comunicado a las autoridades que expiden el permiso, al menos durante el primer año de vigencia del mismo. Ello servirá para establecer un control que permita detectar posibles fraudes por parte de falsas empresas dedicadas a facilitar la inmigración.

2.6.4

El trabajador inmigrante, de acuerdo con la legislación laboral nacional, deberá informar previamente al empleador sobre su partida de la empresa.

—

¿Qué derechos específicos deben concederse a los nacionales de terceros países que trabajan temporalmente en la UE?

—

El disfrute de determinados derechos ¿debe supeditarse a una estancia de duración mínima? En tal caso, ¿cuáles son esos derechos y cuanto debe durar la estancia mínima?

—

¿Deben existir incentivos — por ejemplo, mejores condiciones de reunificación familiar o para la obtención del estatuto de residente de larga duración –para atraer a ciertas categorías de trabajadores de terceros países? En tal caso, ¿por qué y qué incentivos?

2.7.1

El punto de partida en este debate ha de ser el principio de no discriminación. El trabajador inmigrante, sea cual sea el período por el que está autorizado a residir y trabajar, ha de tener los mismos derechos económicos, laborales y sociales que los demás trabajadores.

2.7.2

El derecho a la reagrupación familiar es un derecho fundamental que sin embargo no está debidamente protegido por la Directiva de la Unión (17) ni por algunas legislaciones nacionales. El CESE solicita a la Comisión que adopte una nueva iniciativa legislativa con el enfoque de las propuestas del Parlamento Europeo y del CESE (18). El derecho al reagrupamiento familiar, que es un derecho humano fundamental, debería también aplicarse a todos los nacionales de terceros países, evitando que determinados grupos de inmigrantes gocen de privilegios que otros no tienen.

2.7.3

El Libro Verde de la Comisión no contempla las obligaciones que deben cumplir los inmigrantes. El CESE considera que todas las personas –ciudadanos de la UE o residentes extracomunitarios– tienen la obligación de cumplir las leyes del país donde residen.

2.7.4

La Carta de Derechos Fundamentales del Tratado Constitucional debe ser respetada por la legislación comunitaria en materia de inmigración, pues diversas legislaciones nacionales que están actualmente en vigor contienen disposiciones contrarias a la Carta.

2.7.5

El CESE está de acuerdo con la Comisión en que algunos derechos se condicionen a la duración de la residencia. Los derechos serán diferentes para quienes residen temporalmente y para quienes disponen del estatuto de residencia de larga duración. De manera específica el CESE propone un conjunto de derechos que deben concederse a los nacionales de terceros países que trabajen y residan temporalmente de manera legal:

2.7.6

La Directiva relativa al Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración contiene algunos derechos específicos para estas personas, especialmente respecto a la estabilidad de su derecho de residencia y la posibilidad de circulación y residencia en otros Estados de la Unión. En el Dictamen (20) el CESE ya opinó sobre nuevos derechos. Sin duda, los más importantes son los derechos civiles y políticos. En el citado Dictamen el CESE propuso que a los residentes de larga duración se les debe conceder el derecho de voto en las elecciones municipales y en las elecciones europeas, como a los residentes comunitarios. El CESE adoptó también un Dictamen de iniciativa (21) dirigido a la Convención solicitando que «la ciudadanía de la Unión disponga de un nuevo criterio de atribución: que la ciudadanía esté vinculada no sólo a la nacionalidad de un Estado miembro, sino también a la residencia estable en la Unión Europea» y que se «otorgue la ciudadanía de la Unión (…) también a todas las personas que residan de manera estable o de larga duración». El CESE propone a la Comisión la adopción de nuevas iniciativas con este objetivo.

2.7.7

Asimismo, el CESE adoptó en el año 2004 un Dictamen (22) de iniciativa proponiendo a la Unión Europea y a los Estados miembros que procedan a la ratificación de la «Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias», adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990 (23), con el fin de promover desde Europa que los derechos humanos fundamentales de los trabajadores migrantes se universalicen. El CESE propone a la Comisión que adopte nuevas iniciativas para la ratificación de la Convención.

2.7.8

La UE debe garantizar que las normas de la OIT se cumplan en la legislación de inmigración.

2.7.9

La igualdad entre hombres y mujeres, que forma parte del acervo comunitario, debe ser garantizada en la legislación de inmigración. Igualmente, debe ser garantizada toda la legislación comunitaria de lucha contra la discriminación.

2.7.10

El CESE no considera conveniente introducir criterios discriminatorios en los derechos fundamentales para atraer a ciertas categorías de inmigrantes especiales.

—

¿Qué tipo de medidas complementarias deben adoptarse para facilitar la admisión y la integración de los inmigrantes económicos, tanto en la UE como en los países de origen?

—

Según la política de desarrollo de la UE, ¿qué podría hacer la UE para fomentar la «circulación de cerebros»y resolver los efectos potencialmente adversos de la fuga de cerebros?

—

¿Debe compensarse a los países en desarrollo (y en tal caso, quién y cómo) por su inversión en recursos humanos que se trasladan a la UE? ¿Cómo pueden evitarse los efectos negativos?

—

¿Deben los países receptores y los países de origen garantizar la repatriación de los inmigrantes económicos temporales? ¿En tal caso, en qué circunstancias?

—

¿Cómo gestionar la repatriación de forma ventajosa para el país receptor y el país de origen?

—

¿Debe concederse preferencia de admisión a determinados países y en qué forma?

—

¿Podía tal preferencia estar relacionada con determinados marcos de las estrategias de preadhesión, como la política europea de vecindad?

2.8.1

La colaboración con los países de origen ha de ser un aspecto fundamental de la política europea de admisión de trabajadores y de la gestión de los flujos migratorios. Se requiere tomar en consideración sus intereses, no solo los intereses europeos. La Unión no puede contribuir a poner nuevos obstáculos al desarrollo. La emigración hacia Europa de personas que provienen de países en vías de desarrollo debe contribuir al desarrollo económico y social de dichos países.

2.8.2

Algunos Gobiernos europeos están muy interesados en que los países de origen colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal, en el control de las fronteras y en el retorno de los expulsados. El CESE ya ha manifestado su opinión (24) de que esa colaboración debe ser más amplia y extenderse al conjunto de la gestión de los flujos migratorios.

2.8.3

La fuga de cerebros es, como se señala en el Libro Verde, un importante factor negativo para los países de origen, pues la inversión en formación que realizan no revierte sobre ellos. Pero, además, nuestras políticas actuales de captación de trabajadores cualificados pueden agravar notablemente este problema. En consecuencia, es muy importante que se planteen políticas de compensación por las pérdidas que ello comporta para esos países. La UE debe incrementar de forma significativa las inversiones en programas de cooperación y desarrollo que incluyan ayudas a la educación y actividades de formación e investigación en los países de origen. Por ejemplo, la UE debería hacer inversiones concretas para facilitar el desarrollo económico y social aumentando, en terceros países, el número de centros de enseñanza que forman a los trabajadores cualificados, tales como profesores, enfermeras y médicos, ingenieros, etc. Numerosos terceros países restringen el número de dichos centros de formación por escasez de recursos, lo cual conduce a que muchos de sus ciudadanos que cumplen los requisitos de entrada tengan que esperar mucho tiempo para poder obtener una plaza en un centro de enseñanza. El aumento del número de centros de formación debería reducir el impacto de la fuga de cerebros. También es necesario que Europa sea más generosa en las negociaciones comerciales.

2.8.4

Debe facilitar también el retorno voluntario al país de origen a aquellos inmigrantes que por sus cualidades profesionales o capacidad emprendedora puedan suponer una contribución para el desarrollo. En este sentido, sería importante mejorar las posibilidades que ya ofrece la directiva sobre derechos de los residentes de larga duración, para el retorno temporal en el país de origen. Cuando un residente, nacional de un tercer país, desea volver a su país de origen con un proyecto de trabajo profesional o de inversión, no ha de perder el derecho de residencia. La «circulación de cerebros» entre los países de origen y los países europeos solo será posible si Europa elabora una legislación flexible.

2.8.5

También se puede facilitar la circulación de cerebros si se anima a ciudadanos de Estados miembros con un doble origen a retornar al país de origen de sus padres o abuelos con un proyecto de trabajo o inversión que tenga una duración mínima de duración determinada.

2.8.6

En los programas de cooperación europeos deben ser favorecidos los proyectos de inversión en los que participen profesionales o inversores del país de origen, incluyendo especialmente a los retornados. Han de aportarse ayudas a los proyectos de inversión que planteen las personas que teniendo residencia en la UE quieran retornar, aunque sea sólo por un período de tiempo, a su país de origen.

2.8.7

En el Dictamen (25) sobre la política comunitaria de retorno y en otro anterior (26) sobre el Libro verde, el Comité manifestó su opinión sobre la manera en que el retorno voluntario puede contribuir al desarrollo económico y social de los países de origen.

2.8.8

La gestión de la inmigración en colaboración con los países de origen debe ser mejorada. En los países donde el número de inmigrantes es importante, los servicios consulares de los Estados miembros deben disponer de funcionarios especializados. También las delegaciones de la UE en esos países pueden colaborar más activamente.

2.8.9

La UE puede establecer acuerdos preferenciales con los países candidatos a la adhesión.

2.8.10

Por otra parte, en los acuerdos de cooperación que la UE tiene suscritos con países y agrupaciones regionales se pueden incluir condiciones de preferencia para el acceso a la inmigración, evitando cualquier tipo de enfoque discriminatorio de carácter étnico o cultural.

2.8.11

Finalmente, el CESE propone una vez más que la integración forme parte de las políticas europeas de inmigración. Son numerosas las propuestas elaboradas por el Comité en diversos dictámenes (27) y en la Conferencia (28) que se celebró en el año 2002. La Unión Europea debe elaborar un programa europeo para la integración que disponga de los recursos adecuados en las nuevas perspectivas financieras. El CESE va a colaborar con la Comisión en la elaboración de dicho programa. El Libro Verde debería hacer referencia a todos los tratados y convenciones pertinentes, internacionales o europeos (29).

—

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (no 97)

—

Recomendación sobre los trabajadores migrantes (revisada), 1949 (no 86)

—

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (no 143)

—

Recomendación sobre los trabajadores migrantes, 1975 (no 151)

—

Artículos 24 y 26 de la Constitución de la OIT

—

Resolución relativa a un compromiso equitativo para los trabajadores migrantes en la economía globalizada, junio de 2004

—

Carta Social Europea, 1961 (no 35) y Carta Social Europea revisada, 1996 (no 163)

—

Convenio europeo relativo al estatuto jurídico del trabajador migrante, 1977 (no 93)

—

Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, 2000 (parte II del Tratado constitucional, 2004)

—

Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven

—

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

17.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 286/28

1.1

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) se negoció durante la Ronda Uruguay (1986-1994) y entró en vigor a principios de 1995, cuando la Organización Internacional del Comercio sustituyó a la Secretaría del AGAC (GATT en sus siglas en inglés). Durante los años ochenta hubo un consenso generalizado sobre la necesidad de contar con algún tipo de normas multilaterales para el comercio en el sector de los servicios, que en dicha fecha suponía unos dos tercios del PIB y el empleo de la UE y cuyo crecimiento, así como el del comercio en servicios, experimentó una gran aceleración, al tiempo que la separación entre bienes y servicios iba haciéndose cada vez más tenue. Cada vez más, la exportación de bienes lleva aparejada la exportación de servicios tales como la instalación, la formación, la asistencia y otros servicios. Por otra parte, la tendencia hacia planteamientos más orientados al mercado de los monopolios estatales o locales, como en los sectores de la electricidad, la telefonía y el telégrafo o el transporte urbano y ferroviario abrieron nuevos mercados interesantes al comercio internacional en el sector servicios (1). Aunque el objetivo principal es liberalizar el comercio en el sector servicios, el AGCS no obliga a ningún miembro a liberalizar en mayor grado del que le parezca seguro y puede limitar tanto el principio de la nación más favorecida como el trato nacional a los proveedores extranjeros de servicios. El derecho a regular e introducir nuevas disposiciones en los mercados de servicios también aparece claramente recogido. Ningún sector está excluido en principio, excepto aquellos «suministrado[s] en ejercicio de facultades gubernamentales» (2).

2.1.1

Conforme al artículo 1.2. del acuerdo AGCS, el «comercio de servicios» se define como el suministro de un servicio

2.1.2

Estos modos de suministro se denominan comúnmente Modos 1, 2, 3 y 4. En el Modo 1 los servicios se prestan a distancia (por correo, fax, teléfono o Internet). En el Modo 2, el consumidor viaja al extranjero para recibir el servicio (el turismo es el ejemplo más frecuente). El Modo 3, por su parte, abarca el establecimiento de una presencia comercial en otro Miembro (inversión) y el Modo 4 se refiere a la entrada (temporal) de una persona en un país para prestar un servicio, ya sea porque el contacto personal con el cliente es necesario o porque los servicios deben prestarse sobre el terreno.

2.1.3

Los Modos 3 y 4 están a menudo estrechamente relacionados. Las empresas frecuentemente hacen rotar a su personal directivo y a sus especialistas entre sus sedes en los distintos países. Esta movilidad interna es esencial para la prestación eficiente de los servicios que ofrecen. No obstante, la prestación de servicios a través de los Modos 1 y 2 puede efectuarse también a través del Modo 4. Así, por ejemplo, las personas en viaje de negocios pueden negociar y celebrar contratos de acuerdo con estos modos de suministro.

2.1.4

Debido a los vínculos existentes entre los modos de suministro, los efectos macroeconómicos (creación de comercio, crecimiento y empleo, competencia, mejor prestación de servicios y menores precios para los consumidores) de una mayor liberalización de uno solo de los modos (por ejemplo, el Modo 4) son prácticamente imposibles de evaluar, como reconoce un estudio de la OCDE sobre el AGCS Modo 4 (3). El estudio de los efectos de la liberalización del Modo 4 en el comercio, el crecimiento y el empleo también se ve obstaculizado por la falta de estadísticas sobre la circulación temporal cubierta por dicho Modo. La verdadera cuestión no es la envergadura de las ganancias que se pueden obtener a través del Modo 4, sino las ganancias que se pueden garantizar y las repercusiones negativas que se pueden minimizar. Muchas empresas señalan que la burocracia vinculada a la obtención de visados y de permisos de trabajo constituye un obstáculo al comercio.

2.1.5

El AGCS Modo 4 cubre una forma de circulación de personas muy concreta, que presenta tres rasgos fundamentales: 1) es temporal; 2) la decide el prestador de servicios, que establece y controla su objetivo; 3) no define ni protege los derechos de los trabajadores afectados, que pueden ser regulados por todo país de acogida que sea miembro de la OMC. La migración de mano de obra cubierta por el AGCS Modo 4 constituye una migración temporal a iniciativa del proveedor de servicios con vistas a la prestación de un servicio. Por otra parte, el Modo 4 puede referirse a una situación en la que un proveedor de servicios puede obligar a un empleado a trabajar en el extranjero.

2.1.6

Es importante señalar que el Modo 4 difiere sustancialmente del principio de libre circulación de trabajadores en la UE o el Espacio Económico Europeo. En el caso de la Unión Europea, el lugar de residencia y de trabajo es una elección individual. En el caso del Modo 4, se trata del derecho de un proveedor de servicios a entrar en un país de la UE durante un determinado periodo con el fin de prestar un servicio.

2.1.7

La circulación de la mano de obra entra, en principio, en el ámbito de las políticas de inmigración y del mercado laboral, más que en la del comercio internacional. Existe el riesgo de que la movilidad temporal de la mano de obra lleve a una situación en la que el trabajo se convierta en mercancía en virtud de las reglas de la OMC. El principio fundamental de la OIT es que «el trabajo no es una mercancía» (4). El Modo 4 afecta a personas, a seres humanos. Sin embargo, los derechos humanos, los derechos del trabajador y las condiciones de trabajo no aparecen mencionados en el acuerdo AGCS; no obstante, podrían y deberían recogerse en las peticiones, ofertas y compromisos de los miembros, como han hecho la UE y sus Estados miembros.

2.2.1

El acuerdo AGCS reconoce el vínculo entre comercio, inmigración y mercado laboral inherentes al Modo 4 en un anexo específico. El punto 2 de este anexo establece que el AGCS no será aplicable a las medidas que afecten a personas físicas que traten de acceder al mercado de trabajo de un Miembro ni a las medidas en materia de inmigración, residencia o empleo con carácter permanente. En una nota a pie de página del anexo se establece que «No se considerará que el solo hecho de exigir un visado a las personas físicas de ciertos Miembros y no a las de otros anula o menoscaba las ventajas resultantes de un compromiso específico.» Por último, en el anexo se establece que los países podrán regular libremente la entrada y estancia de personas en su territorio (en particular en el marco de la política de visados) a condición de que las medidas adoptadas no supongan una restricción al comercio. El hecho de exigir un visado a determinadas nacionalidades no se considera que produzca efectos restrictivos al comercio. El anexo demuestra claramente que la cuestión de la circulación temporal de personas es una cuestión muy sensible para los miembros de la OMC.

2.3.1

Los compromisos contraídos por los miembros de la OMC en relación con el Modo 4 difieren de los contraídos en el marco de otros modos en determinados aspectos, siendo el más importante que tienden a ser de carácter horizontal y se aplican a todos los sectores incluidos por un Estado miembro en su lista de compromisos. Ello refleja el modo en que los servicios de inmigración regulan las migraciones temporales basándose en los motivos de la entrada, las competencias, la educación y otros factores independientemente del sector concernido.

2.3.2.

Aunque la mayoría de los países hayan contraído compromisos sobre el Modo 4 al término de la Ronda Uruguay, se calcula que más del 90 % de estos compromisos se aplican únicamente a los trabajadores altamente cualificados (directivos, profesionales y especialistas con conocimientos exclusivos) o a personas en viaje de negocios. Incluso para las personas altamente cualificadas, la mayoría de los compromisos sólo tienen valor cuando el proveedor de servicios es capaz de establecer una presencia comercial en el país de acogida (Modo 3); se trata de los «traslados dentro de la empresa». Muy pocos países han contraído compromisos con proveedores de servicios que no tienen una presencia comercial en el país de acogida, ya se trate de empleados de una empresa establecida en el extranjero o de proveedores de servicios independientes (autónomos, profesionales liberales, empresarios, etc.). Menos aún son los que abarcan lo que podrían considerarse niveles de competencia menos cualificados o semicualificados. En efecto, la mayoría de los países ha contraído el 90 % de los compromisos exclusivamente para trabajadores altamente cualificados.

2.3.3.

En este sentido, los compromisos contraídos en relación con el Modo 4 apenas afectan al nivel de actividad que podría realizarse y, además, es crucial en determinados sectores en los que la prestación de servicios del Modo 4 es el principal modo de suministro de por sí (por ejemplo, los servicios profesionales, incluidos los servicios sanitarios) o a falta de una presencia comercial (por ejemplo, los servicios de construcción o los servicios informáticos que requieren una presencia in situ).

2.3.4.

En el marco de la Ronda Uruguay, la UE y sus Estados miembros contrajeron unos compromisos que permitían a determinados extranjeros entrar temporalmente en la Unión Europea para la prestación de servicios. Se incluyen compromisos contraídos durante las negociaciones sobre el Modo 4 que se prolongaron al término de la Ronda Uruguay.

2.4.

La Comisión Europea divide a los proveedores de servicios del Modo 4 en tres categorías amplias (otros miembros de la OMC emplean categorías similares):

2.5.1.

La UE solicitó específicamente a 106 miembros de la OMC que aumentasen sus compromisos en relación con el Modo 4. Dichas solicitudes fueron moduladas para reflejar el nivel de desarrollo del miembro concernido y su importancia como socio comercial. Ello refleja los propios intereses de la UE en materia de exportación por este modo de prestación de servicios. La UE pretende que la mayoría de sus principales socios de la OMC contraiga un nivel similar de compromiso. A tal fin, se realizaron las siguientes solicitudes:

2.6.1.

Por lo que se refiere a las negociaciones, la Unión Europea ha recibido más de 50 solicitudes de otros Estados miembros para desarrollar a distintos niveles el Modo 4: por una parte, se pide más transparencia en los compromisos y, por otra, se solicita la supresión de casi todas las restricciones aplicables a la mayoría de los servicios.

2.6.2.

Una amplia mayoría de las peticiones provenía de países en desarrollo y casi la mitad de ellas concernía la supresión de todas las restricciones (que supondría una libre circulación completa de personas) a fin de abarcar todos los niveles de competencia y eliminar las pruebas del mercado de trabajo y de las necesidades económicas vinculadas al Modo 4. En efecto, tres países desean que suprimamos nuestro régimen de visados y otorguemos un derecho automático de entrada y estancia. Varios países piden que se reconozcan las titulaciones obtenidas en terceros países o se extiendan las directivas comunitarias sobre reconocimiento mutuo a los nacionales de terceros países que hayan obtenido su titulación en la UE.

2.6.3.

La segunda reunión de ministros de comercio de los países menos desarrollados celebrada en Dhaka (Bangladesh) del 31 de mayo al 2 de junio de 2003, solicitó en su Declaración de Dhaka (apartado 15.IV) el libre acceso a los mercados de trabajo de los países desarrollados para la circulación temporal de personas físicas, especialmente de los proveedores de servicios no cualificados y semicualificados, en el marco del Modo 4 mediante, entre otros aspectos, el reconocimiento de la cualificación profesional, la simplificación de los requisitos para obtener el visado y la eliminación de la prueba de las necesidades económicas.

3.1.

Se ofrecen mejoras considerables en una serie de ámbitos: para los proveedores contractuales de servicios, se han acordado compromisos sobre 22 subsectores (mayoritariamente servicios profesionales y servicios a las empresas) más otros cuatro sectores para los trabajadores autónomos para una estancia máxima de seis meses. Para este grupo de 22 subsectores, la propia UE se ha comprometido a no aplicar pruebas de las necesidades económicas, sino introducir un límite para el número de proveedores de servicios cubiertos por este compromiso. Más adelante deberá determinarse el nivel de este límite y las modalidades de aplicación. Para los jóvenes se prevé, además, la posibilidad de formación hasta un máximo de doce meses en el marco de los traslados dentro de la empresa (intra-company transfers). Sin duda, esta oferta de la Unión Europea es una de las más ambiciosas y generadoras de propuestas jamás presentadas.

4.1.

Sólo algunos miembros de la OMC (38) han presentado ofertas preliminares sobre la liberalización del comercio en el sector servicios antes del último plazo establecido por la Declaración de Doha, aunque abarca el 91,6 % del comercio mundial. El nivel de la oferta, tanto para los países industrializados como para los países en vías de desarrollo, permanece más bien bajo y limitado, también en la calidad de la oferta. No obstante, debe tenerse en cuenta, asimismo, que algunos países (India, Filipinas, Tailandia e Indonesia) han vuelto a presentar su solicitud en virtud de la nueva oferta de la UE.

5.1.

Los problemas relativos al Modo 4 no pueden limitarse al ámbito de los intercambios comerciales, sino que afectan también a las políticas más amplias de inmigración y empleo. El mundo de las migraciones comprende el subconjunto de la migración temporal, que incluye, a su vez, el subconjunto de la migración con fines laborales. El Modo 4 del AGCS representa otro subconjunto.

5.2.

No obstante, los límites del Modo 4 no están claramente definidos y es necesario aclarar la relación entre migración temporal con fines laborales y migración temporal para preestablecer una presencia comercial, pero sobre todo la definición de «temporal», que puede oscilar entre pocos meses y hasta cinco años. Además, actualmente no existe una definición del tipo de trabajadores que están cubiertos. Por otra parte, el concepto de «migración temporal» se concibe de forma distinta en el ámbito de la UE (Tratado) y en la OMC.

5.3.

Sabemos que el Modo 4 debería referirse a un nivel limitado de profesiones de alto nivel y de profesionales autónomos, pero si en el futuro hubiera que extender la aplicación del Modo 4 a otras categorías de trabajo y de trabajadores seguramente será necesaria una definición más clara y limitada del concepto de periodo temporal y del concepto de «prestador de servicios». En cualquier caso, teniendo en cuenta que los acuerdos comerciales no constituyen la base más oportuna para tratar el derecho de los trabajadores, un elemento aclaratorio sería extender a los trabajadores del Modo 4 los efectos de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y sus anexos de 1998 (5), que representa por sí misma una referencia jurídica. Para los países de la Unión Europea, sin duda, la Carta de los Derechos Fundamentales aprobada en Niza reviste una importancia fundamental, sobre todo, porque se ha incorporado en la propuesta de Tratado Constitucional.

5.4

Esto resultaría muy importante para muchos profesionales autónomos (independent conctractor professionals) y para todas las cuestiones relacionadas con los regímenes de pensiones y la lucha contra el desempleo. Está claro que la gestión de la emigración se realiza a nivel nacional y no en la OMC. Asimismo, algunos aspectos relativos al trabajo, como los derechos o la seguridad social, deben tratarse a nivel internacional como, por ejemplo, en la OIT.

6.1.

El Comité Económico y Social Europeo reconoce la importancia de la liberalización del comercio mundial en el sector servicios para el crecimiento económico tanto en los países en vías de desarrollo como en los países industrializados, pero considera que sigue faltando un análisis de impacto sobre las verdaderas consecuencias sociales y en el mercado de trabajo tanto en los países de origen como en los países de acogida.

6.2.

Asimismo, el CESE reconoce la importancia del derecho de los miembros de la OMC a regular e introducir nuevas reglamentaciones aplicables al suministro de servicios.

6.2.1.

El CESE apoya las ofertas preliminares de liberalización realizadas por la UE en el marco del AGCS Modo 4, siempre que se respeten los derechos fundamentales en el trabajo, la legislación laboral internacional y los convenios colectivos mencionados vigentes en el país de acogida. El Comité aprueba y acoge favorablemente el hecho de que la Comisión haya incluido los derechos de los trabajadores por cuenta ajena en su lista de compromisos.

6.2.1.1.

La propuesta de añadir una categoría de personas en formación en las empresas a la oferta puede ser muy interesante tanto para las empresas multinacionales comunitarias como para los jóvenes directivos y las empresas de terceros países, por lo que el Comité la aprueba. Evidentemente, deberá establecerse claramente el carácter «formativo» de estas relaciones, para evitar el riesgo de que se puedan transformar en trabajo infrapagado en el sector servicios, en contra de la normativa nacional en materia de formación (en forma de legislación o de convenio colectivo) y del respeto de los derechos internacionales del trabajo.

6.2.2.

La UE también propone nuevos compromisos en relación con los profesionales autónomos en su calidad de proveedores contractuales de servicios, aunque sólo para una serie de subsectores y para expertos altamente cualificados (6).

6.2.3.

El CESE subraya la importancia de que los miembros de la UE tomen medidas para reforzar la protección de los trabajadores temporales y para garantizar la no discriminación y la introducción de mecanismos de vigilancia adecuados, esto es, conformes a los principios de protección de los salarios del Convenio 95 de la OIT.

6.2.4.

En particular, la reciente ampliación o las próximas ampliaciones de la UE a países en los que los convenios colectivos son poco frecuentes hará especialmente necesaria la introducción de mecanismos de control igualmente adecuados.

6.2.5.

En opinión del CESE, para una mayor liberalización del comercio en el sector servicios es necesario que previamente la UE:

6.3.

A pesar de las dificultades que se encuentran, el CESE está en principio a favor de la propuesta realizada por el European Services Forum para crear en el marco de la OMC un permiso AGCS. De este modo se facilitaría la circulación de los proveedores de servicios hacia y desde la UE y se haría más transparente el seguimiento del uso del Modo 4.

6.4.

Para muchos países en desarrollo, el riesgo de «fuga de cerebros» es una realidad. Muchos países en desarrollo deben hacer frente a una escasez de enfermeras, por ejemplo, que se trasladan a países desarrollados carentes de personal formado. El CESE propone que la Comisión y los Estados miembros desarrollen normas o prácticas (como ha hecho el sector sanitario en el Reino Unido y, en particular, por lo que se refiere al personal de enfermería, para el que se ha elaborado un código ético en el marco de la política de contratación) para evitar que los países en desarrollo pierdan su mano de obra competente y su personal especializado, y se encuentren, por tanto, en la imposibilidad de hacer frente a las necesidades de su propia población.

6.5.

El CESE insta a la UE y a los Estados miembros a que, por el momento, no acepten la ampliación del Modo 4 a trabajadores no cualificados o semicualificados. De lo contrario, se pondría en peligro el principio básico de la Organización Internacional del Trabajo de que «el trabajo no es una mercancía». Los trabajadores no cualificados y semicualificados casi siempre están en una posición débil en el mercado de trabajo, mientras que los directivos, expertos y profesionales autónomos altamente cualificados procedentes del extranjero suelen estar en una posición fuerte y bien protegidos.

6.6.

El CESE no puede aceptar que la circulación temporal de trabajadores, que de hecho constituye una migración temporal, se rija principalmente por la OMC y el acuerdo AGCS, sin garantías en lo que se refiere a los derechos humanos y el respeto de las normas laborales fundamentales, como la no discriminación. Una cooperación eficaz entre la OMC y, al menos, la OIT, la Organización Internacional para las Migraciones y las Naciones Unidas para proteger los derechos de los migrantes temporales debe ser un requisito imprescindible para ampliar el ámbito del Modo 4 en la OMC. De este modo, se valorizaría la función de la OIT como sede tripartita de diálogo y posible organismo de coordinación.

6.7.

El CESE considera que los Gobiernos europeos deberían reconsiderar la ratificación de la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores inmigrantes y de sus familiares, que entró en vigor en julio de 2003. Dicha Convención define los derechos de los inmigrantes temporales; por ejemplo, de los trabajadores con empleo concreto. Incluso en el caso de que no se ratifique, la Convención debería usarse como guía, ya que constituye una serie de estándares reconocidos internacionalmente (7). El Convenio 146 de la OIT ha sido ratificado por seis países de la UE y candidatos (antes y después de la ampliación) y por otros cuatro Estados europeos. Sus disposiciones deberían aplicarse, junto a las de la Recomendación 151. Los artículos correspondientes de la Carta Social Europea (Consejo de Europa) deben aplicarse. Las medidas tomadas por la UE en el marco del AGCS Modo 4 deben ser compatibles con dichos estándares, sobre todo con aquellos suscritos por Estados miembros de la UE.

6.8.

El CESE acoge favorablemente la Resolución del Parlamento Europeo sobre el AGCS y la diversidad cultural (de 12 de marzo de 2003), sobre todo sus puntos 5, 10 y 11 (que figuran a continuación), e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que la tengan en cuenta en las negociaciones del AGCS.

Punto 5: Recuerda que el AGCS es voluntario y que sus principios no imponen ni la privatización ni la desregulación, y no prescriben un nivel especial de liberalización; insiste, sin embargo, en que no se debería presionar a los países en desarrollo y a los países menos desarrollados para que liberalicen sus servicios, en particular los servicios públicos;

Punto 10: Acoge con satisfacción la oferta de conceder a los países en desarrollo, en particular, mejores oportunidades de suministro de servicios al mercado de la UE a través de la circulación transfronteriza temporal de personal cualificado, pero insiste en que las negociaciones deben garantizar la protección de los trabajadores transfronterizos contra toda forma de discriminación; recuerda que, en todos estos casos, las condiciones de trabajo nacionales y de la Unión Europea, las disposiciones relativas al salario mínimo y todos los convenios colectivos relativos a salarios deben seguir siendo de aplicación, independientemente del hecho de que el empresario esté o no registrado en un Estado miembro de la UE;

Punto 11: Subraya que la «presencia comercial» (inversiones) debe continuar rigiéndose por las medidas nacionales fiscales, sociales o de otro tipo; insiste en el derecho a subordinar la presencia comercial extranjera al respeto de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de la OIT y de las Líneas Directrices revisadas de la OCDE para Empresas Multinacionales.

17.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 286/34

1.1

La cuestión de la vigilancia y el control de los traslados de residuos radiactivos entre Estados miembros está regulada por la Directiva 92/3 del Consejo, de 3 de febrero de 1992.

1.2

Este texto se aplica tanto a los traslados de residuos radiactivos entre Estados miembros como a las importaciones y a las exportaciones, y asegura que los Estados miembros de destino o de tránsito sean informados del traslado de residuos radiactivos a su país o a través de su país y que puedan aprobar este traslado o tengan oportunidad de oponerse a él.

1.3

En cuanto a las exportaciones, las autoridades del tercer país de destino son informadas del traslado.

1.4

Tras más de diez años de aplicación globalmente satisfactoria, la Comisión considera necesario realizar algunas adaptaciones justificadas por motivos prácticos y jurídicos.

1.5

El proceso de revisión se inscribe el marco de la V Fase de la iniciativa Simplificar la legislación relativa al mercado interior (SLIM, Simple Legislation for the Internal Market).

1.5.1

La revisión tenía por objetivo examinar la conveniencia de:

1.5.2

Al final de este proceso se formularon catorce recomendaciones, que sirvieron de base de reflexión para la revisión de la Directiva.

2.1

La Comisión Europea avanza cuatro razones para la modificación de la Directiva 92/3:

2.2

Por último, la Comisión desea mejorar la estructura del texto desde el punto de vista de la técnica jurídica.

3.1

Como ha señalado la Comisión, el texto planteó algunos problemas prácticos de aplicación al utilizarlo. Consultado en el marco del procedimiento SLIM, el sector nuclear formuló recomendaciones para que se clarifiquen y simplifiquen los procedimientos existentes, a fin de mejorar la eficacia del sistema y ganar previsibilidad y tiempo.

3.2

La voluntad de la Comisión de actualizar la Directiva para hacerla conforme a las últimas directivas de Euratom y coherente con los convenios internacionales, en particular la Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos, así como para simplificarla, está justificada.

3.3

Los esfuerzos de simplificación de los procedimientos existentes, como, por ejemplo, la generalización del procedimiento automático de aprobación (art. 6), la introducción de un acuse de recibo de la solicitud de aprobación (art. 8), o la adaptación del régimen lingüístico del documento uniforme (art. 13), merecen destacarse y recibir aprobación. Quizás se podría haber ido todavía más lejos en el sentido del procedimiento SLIM. En efecto, persisten varias dificultades identificadas en la práctica. Algunas modificaciones sugeridas generan además interrogantes sobre su aplicación práctica. Otras modificaciones presentan el riesgo de obstaculizar el buen funcionamiento de los traslados de residuos radiactivos y combustibles gastados. Por último, los círculos industriales han manifestado su preocupación por la extensión del ámbito de aplicación de la Directiva 92/3/Euratom a los combustibles gastados destinados al reprocesamiento, con el consiguiente riesgo de dificultar los traslados e incrementar los procedimientos administrativos sin aumentar el grado de protección de la población y de los trabajadores que ya garantizan otros instrumentos jurídicos, en particular, la Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de desechos radiactivos, así como las normas vigentes sobre el transporte de materiales radiactivos.

4.1.1

Una de las principales modificaciones de la nueva propuesta consiste en ampliar el campo de aplicación de la Directiva al conjunto de los combustibles gastados, sin distinguir su destino, ya sea el tratamiento o el almacenamiento definitivo.

En la actualidad, los combustibles gastados destinados al reprocesamiento, que, a diferencia de los residuos radiactivos, se consideran mercancías en espera de utilización, no entran en el campo de aplicación de la Directiva 92/3.

4.1.2

Esta distinción entre los combustibles gastados destinados al almacenamiento definitivo, que se consideran residuos radiactivos, y los combustibles gastados destinados al reprocesamiento ha sido explicada en varias ocasiones con claridad por la Comisión (respuestas a las preguntas escritas parlamentarias E-1734/97 y P-1702/02). Refleja, además, el derecho de cada Estado miembro a definir y aplicar su propia política de gestión del combustible gastado, así como las diferencias de estrategia existentes en la materia.

4.1.3

La Comisión aduce argumentos de protección radiológica y de lógica (se trata de los mismos materiales, lo único que cambia es su destino) para extender el ámbito de aplicación a los combustibles gastados destinados al reprocesamiento. Puesto que los materiales radiactivos están sujetos al mismo régimen, con independencia de su destino, hay que evitar que la nueva reglamentación propuesta se desvíe de su objetivo para crear obstáculos a los traslados de combustibles gastados. Por este motivo, el mecanismo denominado de aprobación automática representa un elemento equilibrador del texto que debe mantenerse. Contribuye también a este equilibrio una definición más estricta de los motivos para no autorizar los traslados por parte de los Estados de tránsito.

4.2.1

La nueva propuesta da la definición siguiente de país de tránsito: «cualquier país distinto del país de origen o el país de destino a través de cuyo territorio esté previsto o tenga lugar un traslado». ¿Qué hay que entender por territorio? ¿Incluye el espacio terrestre, las aguas territoriales, la zona económica exclusiva y el espacio aéreo?

4.2.2

Sería necesario precisar bien los conceptos, ya que las consecuencias de las disposiciones pueden variar de manera importante en función de que, por ejemplo, la zona económica exclusiva se considere o no como parte integrante del territorio. Conviene recordar que, en Derecho Internacional, las competencias de un Estado varían en función de la parte de territorio considerada.

4.2.3

Puesto que el Derecho Internacional Público reconoce a los Estados la plena soberanía sobre las aguas territoriales, pero no sobre la zona económica exclusiva ni la plataforma continental, donde sus derechos son limitados, el CESE considera que es conveniente entender por territorio del Estado de tránsito su territorio terrestre y aéreo, así como sus aguas territoriales sin incluir la zona económica exclusiva.

4.2.4

Esta posición está tanto más justificada cuanto que, por ejemplo, en el mar Mediterráneo no existe ninguna zona económica exclusiva, ya que su cuenca no es lo suficientemente extensa para permitirlo. Sin embargo, la Unión Europea cuenta con numerosos Estados mediterráneos que, por este motivo, no disfrutarían de los mismos derechos que otros Estados miembros. El CESE recomienda, asimismo, que esta definición más precisa del territorio del Estado de tránsito se aplique a la luz de los derechos y libertades de navegación reconocidos por el Derecho Internacional y, en particular, el principio de paso inocente en las aguas territoriales, con arreglo a las disposiciones específicas del artículo 27 (3) (i) de la Convención conjunta.

4.3.1

Conviene interrogarse sobre el alcance de los derechos que se reconocen a los Estados de tránsito en el marco de esta Directiva.

4.3.2

La propuesta prevé el acuerdo previo de los Estados de tránsito, ya se trate de Estados miembros de la Comunidad o de terceros países.

4.3.3

Cuando los Estados miembros tengan que solicitar la autorización previa para transitar por un tercer país, deberán asegurarse de que este país respete las normas de seguridad de la Convención.

4.4.1

El artículo 27.3 i) de la Convención conjunta de la AIEA precisa que ninguna de las disposiciones de la Convención «prejuzga o afecta el ejercicio de los derechos y libertades de navegación marítima, fluvial y aérea que, según se estipula en el Derecho Internacional, corresponde a los buques y aeronaves de todos los Estados».

4.4.2

El equipo SLIM sugirió de hecho añadir una disposición comparable en la Directiva, lo cual resultaría efectivamente oportuno.

4.4.3

En todo caso, sería necesario delimitar con mayor precisión las razones que puede invocar un Estado miembro de tránsito para denegar su consentimiento a un traslado. La Directiva 92/3 creó un régimen de excepciones a los principios del mercado común de la energía atómica y, como tal, este régimen de excepciones debe aplicarse estrictamente. Así, en virtud de esta Directiva, los Estados de tránsito sólo pueden oponerse a los traslados por motivos de incumplimiento de la reglamentación internacional y comunitaria relativa al transporte, pero la propuesta actual de la Comisión se limita a hacer referencia a la «legislación pertinente en vigor», fórmula imprecisa.

4.4.4

Sería útil y más claro distinguir los casos del Estado miembro de tránsito y del Estado miembro de destino. Para el Estado miembro de tránsito, la preocupación principal es garantizar que la operación de traslado previsto satisfaga adecuadamente las condiciones impuestas por la reglamentación internacional y comunitaria relativa a los traslados de materiales radiactivos. Para el Estado miembro de destino, las preocupaciones son más amplias, y no se refieren exclusivamente a las cuestiones de transporte, sino también a las relativas a la gestión de los materiales radiactivos.

4.4.5

Así, el artículo 6.3 podría redactarse de la manera siguiente:

«La denegación o el establecimiento de condiciones para la autorización deberán estar debidamente justificados:

4.4.6

Por último, el mecanismo de aprobación automática, que permite evitar que los Estados recurran a medidas dilatorias o alarguen los procedimientos, resulta muy útil y no debe cuestionarse (art. 6.2 de la propuesta).

4.5.1

La propuesta de Directiva aporta simplificaciones reales a los procedimientos existentes, de lo cual hay que felicitarse. No obstante, persisten algunas dificultades y algunos interrogantes en cuanto a la aplicación práctica de algunas de las modificaciones.

4.6.1

La estructura de la Directiva se ha modificado para identificar con mayor claridad las distintas etapas del procedimiento. Se aplican disposiciones específicas a las importaciones y a las exportaciones, pero debería clarificarse su articulación con las normas generales que especifican las etapas del procedimiento.

4.6.2

Así, una lectura combinada del artículo 10.1 con las disposiciones generales de la propuesta llevaría al Estado miembro de destino a presentarse a sí mismo una solicitud de aprobación, lo cual resulta curioso.

4.6.3

En el artículo 10.2, la noción de «persona que tenga la responsabilidad de gestionar el traslado» no es muy explícita y podría abarcar a varios protagonistas. Si se refiere a una responsabilidad jurídica, ¿se definirá esta última de manera contractual o por la vía reglamentaria o legislativa?

4.6.4

Se plantea un interrogante sobre la articulación del artículo 10.2 y el artículo 12, donde se especifican las condiciones en que se prohíben las exportaciones. Así, ¿deberá valorar el Estado miembro de tránsito, entre otras cuestiones, la capacidad del tercer país de destino para gestionar los residuos radiactivos de manera segura (art.12.1 c))? ¿Qué sucedería si el Estado de tránsito considera que el tercer país de destino no tiene capacidad para ello?

4.6.5

Con el fin de definir más claramente los principios que rigen la exportación fuera de las fronteras de la UE de residuos radiactivos y de combustible gastado, se propone revisar el texto del artículo 12.1. c) de la Directiva mencionando que las autoridades competentes de los Estados miembros no autorizarán los traslados a un país tercero que no posea los recursos técnicos, jurídicos o administrativos para gestionar con seguridad los residuos radiactivos o cuyas normas no prevean la participación social en la toma de decisiones a este respecto, por lo menos en el nivel vigente para los países de la UE.

4.6.6

El artículo 11 relativo al control de las exportaciones fuera de la Comunidad no aporta precisión alguna en cuanto a la manera en que se pedirá u obtendrá la autorización de las autoridades del tercer país de destino. Además, la aplicación de las normas generales de la propuesta se enfrenta a la extraterritorialidad de los terceros países de destino que no pertenecen al ordenamiento jurídico comunitario.

4.6.7

La denegación de la aprobación del traslado por el Estado de destino. A semejanza de lo que se dijo para los Estados de tránsito, sería conveniente definir mejor y delimitar los motivos que pueden aducirse para justificar la no autorización de un traslado (el artículo 6.3 se refiere a las dos categorías de Estado).

4.7.1

«Residuos radiactivos»: el artículo 3.1 proporciona una nueva definición de los residuos radiactivos, que se presenta como calcada de la que figura en la Convención conjunta, aunque presenta algunas diferencias. Este es el caso particular a la hora de saber qué país decide la calificación de los residuos radiactivos. Sería, pues, deseable atenerse a la definición de la Convención conjunta.

4.7.2

«Especificaciones técnicas»: el artículo 9 se refiere al concepto de «especificaciones técnicas con arreglo a las cuales se aprobó el traslado», sin precisar el significado de esta expresión. Este concepto se utiliza a menudo en la reglamentación del transporte de residuos radiactivos y de combustible gastado, por lo que sería conveniente, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión, definir claramente el significado de esta expresión.

4.7.3

«Autorización — aprobación — aceptación — consentimiento»: varios artículos de la propuesta (arts. 4 a 7 y arts. 10,11 y 13) se refieren indistintamente a estos conceptos. Una armonización de la terminología facilitaría la lectura y la interpretación del texto. El CESE propone que se mantengan dos términos: «autorización» y «consentimiento». «Autorización»: este término se referiría al acuerdo dado por el país de origen. «Consentimiento»: este término se referiría, por su parte, al acuerdo dado por el país de destino o de tránsito. Esta distinción permitiría, en efecto, reflejar las dos grandes etapas del procedimiento de control introducidas por la Directiva.

5.1

El CESE apoya la revisión de la Directiva para hacerla coherente con las últimas directivas de Euratom y los convenios internacionales, así como la simplificación y la clarificación de los procedimientos existentes. Se felicita por la introducción en la propuesta de un mecanismo de aprobación automática que permite impedir las maniobras dilatorias.

5.2

Señala, no obstante, la necesidad de definir correctamente las normas relativas al tránsito, a fin de que estas normas no puedan tener por efecto obstaculizar indebidamente el traslado de combustibles gastados destinados al reprocesamiento en la Comunidad, lo cual sería contrario a las normas relativas al mercado común de la energía atómica.

5.3

Por último, sería necesario clarificar las normas relativas a las importaciones y las exportaciones y volver a definir de manera más estricta los motivos que pueden justificar la no autorización por parte de los Estados de tránsito y de destino.

17.11.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 286/38

—

atraer a más personas para que se incorporen y permanezcan en el mercado de trabajo y modernizar los sistemas de protección social

—

mejorar la adaptabilidad de los trabajadores y las empresas y aumentar la flexibilidad de los mercados laborales

—

aumentar la inversión en capital humano mediante la mejora de la educación y las cualificaciones.

2.2

No obstante, el Comité lamenta que no se hayan examinado suficientemente otras posibilidades, o que sean simplemente mencionadas sin convertirlas en auténticas prioridades.

2.2.1

Una política encaminada a mejorar la integración de los jóvenes en el mercado laboral, en particular para garantizarles un primer empleo con perspectivas de futuro. La persistencia (e incluso el empeoramiento, en algunos países) del desempleo juvenil, que afecta igualmente a los licenciados universitarios, constituye un desafío fundamental para Europa, puesto que es dudoso el futuro de una sociedad que no ofrece perspectivas a su juventud.

2.2.2

Medidas para facilitar la transición a una economía del conocimiento, en particular para mejorar la calidad de los empleos y la productividad laboral. En efecto, el Comité está convencido de que no se ha comprendido realmente el alcance del paso a una nueva era económica (desarrollo de los servicios, evolución de la industria, etc.) y de que la ineficacia de ciertas políticas de empleo se debe a que no integran suficientemente los cambios que están produciéndose a la vista de todos. La transición hacia una economía del conocimiento precisa un compromiso más riguroso y mejor orientado en formación profesional y aprendizaje permanente, además de una adaptación continua encaminada al conocimiento de las nuevas tecnologías. En este marco es preciso cuestionar la distinción clásica entre sectores y categorías de empleos cualificados o subcualificados, que datan de la era industrial y no son ya válidas en una sociedad del conocimiento.

2.2.3.

El Comité lamenta que las directrices relativas a la innovación y la investigación se refieran exclusivamente a las OGPE y que no tengan ninguna traducción en el ámbito del empleo, cuando la UE, invirtiendo más en estos sectores, podría contribuir a la creación de empleo, sobre todo juvenil. Esta laguna pone de manifiesto la falta de coherencia entre las OGPE y las directrices para el empleo.

2.2.4.

Dado que el problema de la igualdad entre los sexos en el ámbito del empleo es uno de los temas clave de la Estrategia de Lisboa y que es necesario proseguir los esfuerzos emprendidos para conciliar el trabajo y la vida familiar, resulta sorprendente no encontrar una línea de conducta integrada específica sobre el tema de la igualdad entre hombres y mujeres. Al mismo tiempo, el Comité se extraña de que las directrices no recojan mejor el reto del envejecimiento de la población activa ni la necesidad de una lucha más eficaz contra la discriminación en el mercado de trabajo por razones de edad, discapacidad u origen étnico.

2.2.5.

La gestión común de la política de inmigración y de la cuestión del descenso demográfico de Europa. La comunicación de la Comisión Europea sobre la gestión de los movimientos migratorios (1) destacó que la Unión Europea podría perder más de veinte millones de activos antes de 2030 debido al descenso del índice de natalidad. Aun cuando la inmigración no sea en sí misma una solución a la situación demográfica de los países de la Unión Europea, será necesario que Europa disponga de políticas activas para la admisión de migrantes económicos (2), con el fin de que su llegada contribuya tanto a satisfacer las necesidades del mercado de trabajo como a la prosperidad de la UE. Las políticas restrictivas y discriminatorias aplicadas en algunos Estados miembros con respecto a los trabajadores migrantes tienen un efecto disuasivo en detrimento de las necesidades del mercado laboral. Se impone una estrecha cooperación a escala nacional y también comunitaria. El desafío demográfico, no obstante, debe suscitar la reflexión europea sobre las políticas familiares y de natalidad.

2.2.6.

Acciones en favor de las iniciativas locales y del desarrollo de todo tipo de empresas. La demografía de las empresas de la Unión Europea es débil (salvo en algunos de los nuevos Estados miembros) y se traduce en un entorno que no fomenta el espíritu de iniciativa. Asimismo, se puede constatar una tasa muy elevada de desaparición de pequeñas empresas que no logran pasar a la fase de madurez y de desarrollo. Ya se sabe cuáles son las soluciones (supresión de los obstáculos administrativos a la creación de empresas, reforma de la fiscalidad en materia de transmisión, lucha contra los monopolios y las distorsiones de la competencia, retrasos y plazos de pagos excesivos, y ausencia de instrumentos europeos para facilitar el enfoque del mercado único), pero rara vez se aplican. El Comité subraya la importancia de esta cuestión y desea que los programas actuales de la política empresarial de la UE sean coherentes con las directrices para el crecimiento y el empleo.

2.3.1.

El CESE reconoce que las nuevas directrices se basan en una evaluación cuantitativa de los resultados obtenidos hasta la fecha en el marco de la Estrategia de Lisboa: son resultados que permiten vislumbrar una ligera mejora (una tasa de empleo que ha pasado del 61,9 % de la población en 1999 al 62,9 % en 2003). Sin embargo, esto no puede llamar a engaño sobre el decepcionante balance general de las políticas de empleo en la UE, que se aparta considerablemente de los objetivos fijados hasta 2010. El CESE quiere que se realice una evaluación más afinada de los resultados, la cual tenga simultáneamente en cuenta otros parámetros (empleo de los jóvenes, tasa de empleo de mujeres, de trabajadores de edad), así como las variaciones en los resultados obtenidos entre los distintos Estados miembros e, incluso, llegado el caso, a nivel de las regiones y de los sectores en los casos más significativos. En un futuro el CESE, en contacto con los CES nacionales y organismos similares, podría realizar una evaluación comparativa de los resultados obtenidos, basándose en las observaciones de la sociedad civil. Esta tarea está en línea con las recomendaciones del Consejo Europeo de marzo de 2005, en las que se pide al CESE y a los CES nacionales y organismos similares que participen plenamente en la aplicación de la Estrategia de Lisboa.

2.4.1

El CESE constata que, en su conjunto, las directrices integradas son lo suficientemente flexibles como para que los Estados miembros puedan identificar las soluciones locales que mejor respondan a sus necesidades de reforma. No obstante, más allá de las políticas nacionales, los actores políticos, los interlocutores sociales, las organizaciones económicas y las demás instancias de la sociedad civil se ven cada vez más confrontados, en el nivel regional o local, a la cuestión del empleo y es en dicho nivel donde aplican iniciativas concretas. El último informe de la Unión Europea sobre la cohesión destacó, por otro lado, la diversidad de estrategias locales y regionales que existían en materia de empleo.

2.4.2

El CESE lamenta profundamente que las nuevas directrices no se refieran de manera más explícita a objetivos específicos en materia de empleo y de mercados de trabajo: se alejan del enfoque precedente que proponía un marco y compromisos claros para todos los Estados miembros en una perspectiva de políticas de empleo proactivas. Así, estas nuevas directrices ya no constituyen un pilar en el que puedan apoyarse los Estados miembros. Por otro lado, las políticas de empleo de los Estados miembros tampoco se pueden evaluar de la misma forma que antes, en función de objetivos europeos concretos, y en muchos casos tampoco es posible cuantificarlos.

2.4.3

El CESE se felicita, en cambio, de que la Comisión proponga que cada Estado miembro, previa consulta con los parlamentos nacionales y con los interlocutores sociales, se fije sus propios objetivos cuantitativos específicos. En efecto, es a nivel nacional donde deben aplicarse las directrices. A este respecto, convendría que esos objetivos nacionales tengan en cuenta en cada país unas perspectivas de progreso realistas con el fin de reforzar la dinámica del conjunto. Por ello, sería de desear que los países que ya han logrado determinados objetivos de Lisboa en materia de tasas de empleo continúen progresando.

3.1

«Directriz. Aplicar políticas de empleo conducentes al pleno empleo, la mejora de la calidad y la productividad del trabajo y el fortalecimiento de la cohesión social y territorial. Las políticas deben ayudar a la Unión Europea (UE) a lograr, en promedio, una tasa general de empleo del 70 %, una tasa de empleo femenino no inferior al 60 % y una tasa de empleo del 50 % para los trabajadores de más edad (55 a 64 años), así como a reducir el desempleo y la inactividad. Los Estados miembros deben establecer objetivos nacionales relativos a la tasa de empleo para 2008 y 2010 (directriz integrada no 16).»

3.1.1

En su Dictamen sobre la «Política de empleo: papel del CESE tras la ampliación y en la perspectiva del proceso de Lisboa» (3), el CESE recordaba que:

«[…] está claro que los objetivos de la política de empleo sólo podrán alcanzarse si se logra provocar una recuperación estructural sostenible. Deberán crearse las condiciones marco adecuadas para favorecer tanto la demanda externa como la interna, a fin de aumentar el potencial de crecimiento y lograr el pleno empleo. A este respecto, el CESE ha señalado recientemente en varias ocasiones que para ello se requiere un» contexto macroeconómico sano «a escala europea. Además, hay que disponer, sobre todo, de una macropolítica, que en caso de crecimiento económico, deje a los Estados miembros un margen de maniobra para adoptar medidas coyunturales de política económica y financiera para los períodos de estancamiento.»

3.1.2

La necesidad de incrementar las tasas de empleo ocupa actualmente un lugar central en el debate europeo sobre el empleo. El objetivo estratégico de Lisboa es la promoción del empleo como la mejor manera de prevenir la pobreza y la exclusión. Ello implica una estrategia para mejorar la calidad de los empleos, no simplemente aumentar su número. En este sentido, la vía europea hacia el pleno empleo debe ir unida a salarios apropiados, al aumento de la cualificación (en particular a través del aprendizaje permanente) con una seguridad social y normas estrictas en materia de legislación laboral. El CESE insta a que, con vistas a la sociedad del conocimiento, se conceda una mayor importancia a la calidad del empleo, sea cual sea el sector de actividad.

3.1.3

La capacidad de innovación de todas las empresas es determinante para el dinamismo económico europeo. Sin nuevos productos y servicios mejorados y sin aumento de la productividad, Europa quedaría relegada desde el punto de vista económico y de la política de empleo. Los avances en la productividad significan también un cambio de dirección en el mundo del trabajo, que no siempre ni de manera automática se traducen en un resultado positivo. Para que las empresas puedan desarrollar su capacidad de innovación y productividad será necesario que mejoren la calidad de todas las categorías de empleo.

3.1.4

Por otra parte, es preciso prestar la debida atención a la lucha contra la discriminación y a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se debería animar a los Estados miembros a adoptar en sus planes nacionales de acción medidas encaminadas a combatir todo tipo de discriminación, sobre todo salarial, y a aumentar de forma significativa la tasa de empleo femenino.

3.2

«Directriz. Promover un enfoque del trabajo basado en el ciclo de vida mediante la renovación de los esfuerzos dirigidos a crear vías hacia el empleo para los jóvenes y a reducir el paro juvenil; medidas decididas para eliminar las diferencias existentes entre hombres y mujeres en materia de empleo, desempleo y remuneración; una mejor conciliación de la vida familiar y profesional, incluidos, en particular, servicios accesibles y asequibles de asistencia infantil y cuidado de otras personas dependientes; la modernización de los sistemas de pensiones y asistencia sanitaria, de modo que se garantice su adecuación, viabilidad financiera y capacidad de adaptación ante la evolución de las necesidades, con el fin de apoyar la participación en el empleo y la prolongación de la vida activa, sobre todo por medio de medidas adecuadas que incentiven el trabajo y resten atractivo a la jubilación anticipada; el fomento de condiciones laborales propicias para el envejecimiento activo (directriz integrada no 17). Véase también la directriz integrada no 2, “Salvaguardar la sostenibilidad económica”».

3.2.1

El CESE apoya estas propuestas.

3.2.2

El Comité expresa su respaldo pleno al «Pacto Europeo para la Juventud», aprobado por el Consejo Europeo de los días 22 y 23 de marzo de 2005, encaminado a ofrecer a los jóvenes europeos un conjunto de políticas y medidas ventajosas, en el marco de los objetivos de la Estrategia de Lisboa. En su Dictamen de iniciativa sobre el «Libro Blanco sobre política en favor de los jóvenes» (4), el Comité consideró que «...los Estados miembros deberían, con el apoyo de la Comunidad, comprometerse, aportando cifras concretas, a reducir el desempleo juvenil».

3.2.2.1

Por lo tanto, el Comité pide que se añada una directriz específica para el empleo de los jóvenes, la cual podría incluir: mecanismos de apoyo para la búsqueda de un primer empleo, compromisos respecto a los primeros empleos con perspectivas de futuro, desarrollo del aprendizaje y de los programas europeos que más favorezcan la movilidad de los jóvenes trabajadores, y la supresión de los obstáculos a la movilidad (en particular, para los aprendices, estudiantes en prácticas y solicitantes de un primer empleo).

3.2.3

El CESE pide a los Estados miembros que impulsen más la posibilidad de conciliar la vida familiar con la profesional. Se trata de una tarea para la sociedad en su conjunto. En particular, la creación de servicios de guardería facilita la conciliación de las obligaciones familiares con las obligaciones profesionales y permite a las mujeres seguir trabajando con un empleo remunerado o reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo después de un período de inactividad.

3.2.4

El CESE estima que, con el fin de fomentar realmente el envejecimiento activo, conviene crear las condiciones económicas y políticas que potencien los incentivos para una vida laboral más larga y fomentar también las actividades sociales y de compromiso cívico.

3.2.5

En cuanto a los regímenes de seguridad social, de lo que se trata en la actualidad es de articular de manera equilibrada su modernización y mejora con el fin de adaptarlos a las condiciones actuales (por ejemplo, la evolución demográfica) al mismo tiempo que se conserva su función social protectora (5). Desde esta perspectiva, la garantía de viabilidad financiera a largo plazo debe tener en cuenta igualmente los criterios de pertinencia social, de acceso universal y de calidad elevada de los servicios.

3.2.6.

El Comité considera peligrosa la multiplicidad de subvenciones directas asociadas a los empleos, puesto que es causa de falseamiento de la competencia y de desigualdades y, cuando se trata de subvenciones a los empleos no cualificados, reduce los salarios y, en consecuencia, la calidad del empleo. Así pues, recomienda medidas activas de protección general mediante la creación de estructuras que favorezcan la inclusión social, la conciliación de la vida profesional y familiar y la igualdad de oportunidades. En este contexto, conviene asimismo tener en cuenta las necesidades específicas de cada Estado miembro, en particular cuando se trata de problemas de desempleo a nivel regional.

3.3

«Directriz. Garantizar mercados de trabajo inclusivos con los solicitantes de empleo y las personas desfavorecidas mediante medidas activas y preventivas del mercado de trabajo, como la definición temprana de las necesidades, la ayuda en la búsqueda de empleo, la orientación y formación en el marco de planes de acción personalizados, la prestación de los servicios sociales necesarios para favorecer la inserción en el mercado de trabajo de las personas desfavorecidas y contribuir a la cohesión social y territorial y a la erradicación de la pobreza; una revisión constante de los sistemas impositivos y de prestaciones, incluidas la gestión y la condicionalidad de éstas y la reducción de los elevados tipos impositivos efectivos marginales, para que trabajar resulte rentable y garantizar niveles adecuados de protección social (directriz integrada no 18).»

3.3.1

Como ya había hecho en 2003 en su dictamen sobre las «Directrices para las políticas de empleo» (6), el CESE vuelve a insistir en que «el término desfavorecidos abarca a importantes grupos de personas que se encuentran en situaciones laborales muy diferentes. Es necesario precisar el significado de términos y conceptos en este ámbito, además de establecer una definición de trabajo, en particular en el caso de las personas con discapacidad. Entre estas personas, y quizás en otras categorías, muchas ni siquiera buscan empleo, lo que no debe privarlas de la posibilidad de formarse o adquirir una formación profesional en el marco de los planes de acción en materia de empleo.»

3.3.2

Como ya ha señalado el CESE en dictámenes anteriores, es necesario prever incentivos para los trabajadores con discapacidades y lograr el entorno apropiado para familiarizarlos con las tecnologías modernas. El Comité señala el importante papel que desempeñan la economía social y el sector terciario en materia de innovación y empleo, en especial para fomentar la inserción en el mercado laboral de las personas desfavorecidas, tal como lo recordó el Consejo Europeo de marzo de 2005.

3.3.3

En línea con su postura anterior, el CESE destaca la importancia de la propuesta relativa a la orientación y la formación en el marco de planes de acción personalizados.

3.3.4

Además, el CESE recuerda que «El acceso al mercado de trabajo en condiciones de igualdad de trato es fundamental para alcanzar la integración social de los inmigrantes y los refugiados, no sólo por motivo de la independencia económica, sino también para mejorar la dignidad de las personas y la participación social. Es necesario eliminar los obstáculos estructurales e institucionales que impiden el libre acceso al mercado laboral»  (7).

3.3.5

El Comité destaca igualmente que es necesario disociar la ayuda social, que es un derecho en sí, de la ocupación de un empleo. En algunos países, muchas personas renuncian a la posibilidad de un empleo si ello conlleva una pérdida de las ayudas sociales que les garantizan una parte esencial de sus ingresos. Las personas que aceptan un empleo pueden ver cómo se degrada de hecho su situación material (puesto que las causas que fundamentan la concesión de la ayuda social persisten: situación familiar, discapacidades...) y pasan a incrementar el número de lo que actualmente se denomina «trabajadores pobres». En esa misma dirección, el Comité insiste en que la cuestión de la lucha contra la pobreza debe disociarse de la cuestión del empleo y que ha de ser objeto de políticas coordinadas más voluntarias por parte de los Estados miembros de la Unión Europea, en el sentido perseguido por la Estrategia de Lisboa.

3.4

«Directriz. Mejorar la adecuación a las necesidades del mercado de trabajo mediante la modernización y el fortalecimiento de las instituciones del mercado de trabajo, especialmente de los servicios de empleo; una mayor transparencia de las oportunidades de empleo y formación a escala nacional y europea para facilitar la movilidad en toda Europa; una mejor previsión de las necesidades de cualificación, los déficit y los estrangulamientos del mercado de trabajo; la gestión adecuada de la migración económica (directriz integrada no 19).»

3.4.1.

El CESE destaca, como ya lo ha hecho en diversas ocasiones, la importancia de la movilidad en el ámbito del empleo. La movilidad requiere que se creen infraestructuras suficientes y se asegure el acceso a las zonas de servicio y de vivienda, así como la existencia, en número suficiente, de todos los servicios de interés general. Además de la movilidad geográfica, sería necesario promover la movilidad social vertical, que garantiza el intercambio de empleos dentro de un mismo sector, incluidos aquellos que no están directamente relacionados con la sociedad de la economía basada en el conocimiento.

3.4.2.

El CESE destaca que el papel que los inmigrantes pueden desempeñar para dar respuesta a las necesidades del mercado laboral y favorecer el crecimiento en la Unión Europea. El Comité insiste en la necesidad de implantar políticas no discriminatorias con respecto a los trabajadores migrantes así como medidas de acogida y de integración para ellos y sus familias.

3.5

«Directriz. Promover la flexibilidad combinada con la seguridad del empleo y reducir la segmentación del mercado de trabajo mediante la adaptación de la legislación sobre empleo, revisando en su caso el nivel de flexibilidad ofrecido por los contratos temporales y permanentes; una mejor anticipación y gestión positiva de los cambios, incluidas las reestructuraciones económicas, en particular los cambios vinculados a la apertura de los mercados, con el fin de minimizar sus costes sociales y facilitar la adaptación; la facilitación de las transiciones en materia de categoría profesional, incluidas la formación, la actividad profesional autónoma, la creación de empresas y la movilidad geográfica; el fomento y la difusión de métodos de organización del trabajo adaptables e innovadores, incluidas la mejora de la salud y la seguridad y la diversificación de las modalidades contractuales y de horario laboral, con el fin de mejorar la calidad y la productividad laboral; la adaptación a las nuevas tecnologías en el lugar de trabajo; medidas decididas para transformar el trabajo no declarado en empleo regular (directriz integrada no 20). Véase también la directriz integrada no 4, “Promover una mayor coherencia entre las políticas macroeconómicas y estructurales”.»

3.5.1

El CESE considera que «es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre flexibilidad y seguridad en los mercados de trabajo, para que las empresas tengan la posibilidad de ofertar con éxito más empleo y los trabajadores mantengan a la vez la seguridad necesaria. El CESE acoge favorablemente el planteamiento equilibrado que presenta el Grupo de trabajo en el capítulo relativo al fomento de la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo. Aunque las condiciones empresariales y estructurales están organizadas de distinta manera en los Estados miembros, pueden identificarse en este contexto aspectos comunes que, en opinión del CESE, deberían valorarse especialmente.»

3.5.1.1.

No obstante, el Comité llama la atención de la Comisión y del Consejo hacia el peligro de aumentar la precariedad laboral de los jóvenes y de los menos jóvenes, lo cual tiene como consecuencia el debilitamiento de su posición en las negociaciones colectivas de salarios, condiciones de trabajo, protección social, en particular los derechos de pensión, y, por lo tanto, se rebajan las normas sociales y el «modelo social europeo» promovido por las instituciones europeas en las instancias de concertación y de negociación internacionales y otros foros.

3.5.1.2

Podría resultar oportuno intentar disociar la gestión de los «cambios vinculados a la apertura de los mercados» de un deterioro continuo del empleo, los salarios y las condiciones de vida de centenares de miles de trabajadores y ciudadanos europeos. El Comité subraya asimismo que las disposiciones macroeconómicas que exige la directriz no 4 y que se explicitan en la no 20 tienen un elevado coste humano y económico que la Comisión debería evaluar más atentamente en un análisis de impacto previo a la entrada en vigor de estas directrices. Como ya ha señalado más arriba, el Comité llevará a cabo una evaluación cruzada de las experiencias de aplicación en cada Estado miembro.

3.5.2.

El Comité insiste en que no deben confundirse la flexibilidad y el trabajo no declarado, pese a que ambos figuran en la misma directriz. Favoreciendo la flexibilidad de los contratos y de los salarios no se puede afrontar seriamente la cuestión del trabajo no declarado, que constituye un problema que debe tratarse en sí mismo.

3.5.2.1.

El Comité insiste en el objetivo concreto de la lucha contra el trabajo clandestino. En un dictamen de iniciativa (CESE 325/2004), el Comité destacó una serie de consideraciones que permitían establecer un buen planteamiento del problema:

3.5.2.2.

Es preciso mejorar los incentivos a declarar el trabajo.

3.5.2.3.

Las mujeres y otras categorías desfavorecidas son, frecuentemente, quienes primero tienen que recurrir al trabajo no declarado y mal remunerado. Por lo tanto, es muy importante definir de manera más precisa la situación en que lo desempeñan, con el fin de poder adoptar las medidas adecuadas.

3.5.2.4.

Es preciso revisar la legislación en materia de empresas, con el fin de reducir las cargas burocráticas, sobre todo en lo relativo a la puesta en marcha de nuevas empresas.

3.5.2.5.

El trabajo no declarado no debe considerarse una infracción leve. Por lo tanto, será necesario reforzar la eficacia de las sanciones adoptadas, con el fin de que el recurso al «trabajo en negro» deje de ser rentable.

3.5.2.6.

Convendría informar, en la evaluación de las medidas transitorias relativas a la «libre circulación de trabajadores» (o más bien de la ausencia de libertad) para los ciudadanos de los países de la ampliación del 1 de mayo de 2004, sobre las dificultades afrontadas por los empresarios y trabajadores, teniendo en cuenta las evoluciones de las cualificaciones, las evoluciones demográficas y culturales, y las evoluciones de las necesidades de movilidad. Efectivamente, será necesario comprobar si dichas medidas han frenado la movilidad en el seno de la Unión Europea y han fomentado simultáneamente el trabajo clandestino de los trabajadores procedentes de dichos países.

3.5.3.

«El Comité observa con sorpresa que, con relación al tema de la reestructuración económica, en sus comentarios sobre esta directriz la Comisión no dedica una sola palabra a la importancia de la participación de los agentes interesados, sobre todo los trabajadores y las organizaciones que los representan. Esto es tanto más sorprendente cuanto que en la reciente Comunicación de la Comisión “Reestructuraciones y empleo” se pone de relieve y se trata en detalle este asunto, algo de lo que el Comité se congratula expresamente y en breve tiempo examinará en un dictamen específico.»

3.6

«Directriz. Velar por que los salarios y otros costes laborales evolucionen de manera favorable al empleo mediante el fomento de un marco adecuado para los sistemas de negociación salarial, que permita tener en cuenta las diferencias de productividad y la evolución del mercado laboral a nivel sectorial y regional, respetando al mismo tiempo plenamente el papel de los interlocutores sociales; la supervisión y, en su caso, la adaptación de la estructura y el nivel de los costes laborales no salariales y de su incidencia sobre el empleo, en particular para los trabajadores con salarios reducidos y los que acceden por primera vez al mercado de trabajo (directriz integrada no 21). Véase también la directriz integrada no 5, “Garantizar una evolución de los salarios que contribuya a la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”.»

3.6.1

En su dictamen de 2003 sobre las «Orientaciones generales de política económica 2003-2005» (8), el CESE explicaba:

«El Comité suscribe plenamente la petición formulada en las OGPE en el sentido de que la evolución de los salarios nominales debe ser coherente con el ritmo de incremento de la productividad y la inflación en una perspectiva a medio plazo. En caso, no obstante, de que con la petición reiteradamente hecha de acuerdos salariales moderados, modestos, comedidos o ponderados se quiera significar que el aumento de los salarios no debe ser superior al incremento de la productividad, el Comité no puede suscribir tal petición, ya que se perdería el equilibrio entre la oferta y la demanda.

Si se argumenta desde el solo punto de vista del lado de la oferta, subidas salariales moderadas disminuyen los costes relativos del factor trabajo y, por tanto, pueden tener como efecto un aumento del empleo. Se omite así, no obstante, que los salarios no sólo representan un factor de costes del lado de la oferta, sino que también constituyen del lado de la demanda el principal factor determinante de la demanda interna. Por consiguiente, una acusada moderación salarial debilita la demanda global y, por ende, el crecimiento y el empleo.»

3.6.2

El Comité reafirma su apoyo al principio de la libertad contractual entre las partes.

3.6.3

El Comité considera que es preciso examinar, además de la mera cuestión de los salarios, la evolución del poder adquisitivo de los hogares, cuya tendencia en algunos Estados miembros durante los últimos veinte años ha sido estancarse e incluso descender. En efecto, el aumento de la fiscalidad (frecuentemente local), la inflación de los precios inmobiliarios y los aumentos del precio de la energía han compensado negativamente las subidas salariales, reduciendo sus efectos. El resultado se ha percibido en el consumo y, por tanto, en el crecimiento. El Comité pide que se reflexione sobre este fenómeno en la Unión Europea, comprometiéndose a contribuir a ello.

3.7

«Directriz. Ampliar y mejorar la inversión en capital humano mediante el establecimiento de estrategias eficaces de aprendizaje permanente, de acuerdo con los compromisos europeos, incluidos incentivos adecuados y mecanismos de reparto de costes para las empresas, las autoridades públicas y los ciudadanos, en particular para reducir considerablemente el número de alumnos que abandonan prematuramente los estudios; la mejora del acceso a la formación profesional inicial, a la enseñanza secundaria y a la enseñanza superior, incluso al aprendizaje profesional y a la formación en el espíritu empresarial; el aumento de la participación en la formación continua y en el lugar de trabajo a lo largo de toda la vida, especialmente para los trabajadores poco cualificados y de mayor edad (directriz integrada no 22). Véase también la directriz integrada no 12, “Incrementar y mejorar la inversión en I+D”.»

3.7.1

El CESE aprueba y respalda las propuestas de la Comisión, que coinciden con las recomendaciones emitidas por el Comité en numerosos dictámenes. Sin embargo, desearía que estas recomendaciones fueran acompañadas de objetivos cuantitativos explícitos. A este efecto, el Comité subraya la responsabilidad compartida entre el conjunto de los agentes (particulares, poderes públicos y empresas de todo tipo) para garantizar la viabilidad y la financiación necesarias para estas inversiones en materia de formación.

3.8

«Directriz. Adaptar los sistemas de educación y formación en respuesta a las nuevas exigencias en materia de competencias mediante una mejor definición de las necesidades profesionales y las competencias clave y la anticipación de las necesidades futuras en materia de cualificaciones; la ampliación de la oferta de herramientas de educación y formación; la creación de marcos destinados a favorecer la transparencia de las calificaciones, su reconocimiento efectivo y la convalidación de la educación no formal e informal; la garantía del atractivo, la apertura y un elevado nivel de calidad de los sistemas de educación y formación (directriz integrada no 23).»

3.8.1

El CESE está igualmente de acuerdo con estas propuesta y recuerda que desde hace tiempo viene pidiendo que se intensifiquen los esfuerzos para la creación de un espacio europeo de la formación (9). Insiste una vez más en la necesidad de desarrollar el aprendizaje y la formación permanentes y de reforzar el papel de los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil en este ámbito. El CESE destaca igualmente la importancia que revisten la transparencia y la armonización de las cualificaciones en toda Europa y a escala internacional.