11.4.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/1

1.1

La Comisión presentó su propuesta de Decisión para «un programa único integrado» a nivel comunitario en los ámbitos de la salud pública y la protección de los consumidores para el período 2007-2013, basándose en un documento estratégico compuesto por una Comunicación y una evaluación ampliada del impacto, con un documento de trabajo anexo.

1.2

Es la primera vez que la Comisión define una estrategia común para las políticas de salud pública y protección de los consumidores y que lo hace para un período tan largo (siete años). El CESE reconoce el esfuerzo de la Comisión para intentar imprimir un nuevo impulso a estas dos políticas, que desde el punto de vista administrativo dependen de una misma Dirección General.

1.3

La Comisión quiere justificar esta innovación por razones de orden jurídico, económico, social y político, y el CESE toma nota con satisfacción del conjunto de elementos de información suministrados y del cuidado por el detalle que evidencia la descripción de las distintas opciones posibles en su evaluación del impacto.

1.4

Una audiencia ampliada organizada por el CESE a la que asistieron múltiples representantes acreditados de los principales intereses en cuestión y varias iniciativas llevadas a cabo entre tanto por la Comisión y por el Parlamento Europeo permitieron recabar opiniones sobre el tenor, el contenido, la forma de presentación y la justificación de las propuestas de la Comisión.

1.5

Sobre la base del análisis de los documentos presentados y de la información complementaria proporcionada de manera exhaustiva por la Comisión, y habida cuenta de las contribuciones de los representantes de la sociedad civil directamente interesados en los ámbitos de la salud pública y la defensa y la protección de los consumidores y de las distintas contribuciones escritas enviadas al Comité por una amplia gama de organizaciones representativas en estos ámbitos, el CESE considera a grandes rasgos que la propuesta de Decisión por la que se establece un programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y de la protección de los consumidores no está suficientemente justificada ni explicada en sus distintos aspectos: las razones invocadas no parecen suficientemente convincentes para demostrar la validez de la opción elegida.

1.6

En particular, a juicio del CESE, no queda probada convincentemente la existencia de las sinergias que supuestamente se derivarían de la presencia efectiva de puntos comunes y complementarios en las dos políticas comunitarias en cuestión, que no pudieran desarrollarse ni aplicarse por medio de acciones de cooperación y de coordinación, teniendo en cuenta el carácter horizontal intrínseco de las dos políticas en cuestión, tal como ocurre, por ejemplo, con la política de medio ambiente.

1.7

La naturaleza jurídica de las dos políticas definidas respectivamente en los artículos 152 y 153 del Tratado es muy diferente. Por lo tanto, debe prestarse atención para evitar efectos negativos: por una parte, catalogar la política de protección de los consumidores como complementaria y subsidiaria de la política de salud pública, en detrimento de las competencias propias de la UE en ese ámbito y, por otra, introducir una dimensión indeseable de «consumo» en la salud pública, en la que se confundan los conceptos de «usuario» y de «consumidor», bajo la alegación genérica de que los dos están englobados en el concepto común de «ciudadanía».

1.8

El CESE estima también que la política de los consumidores puede salir desfavorecida en el cálculo general de un presupuesto de base única y que una decisión separada para cada una de las políticas de la UE, tal como era el caso hasta la fecha, presenta ventajas para las dos vertientes en cuestión, en particular en una situación de crisis institucional y de incertidumbre preocupante sobre las perspectivas financieras como la que se vive en la actualidad.

1.9

El CESE reconoce que la propuesta de Decisión no contempla algunos de los aspectos fundamentales de estas dos políticas al no garantizar una financiación apropiada, y que pasa por alto, quizá, algunos aspectos decisivos, fundamentales y actuales, por no mencionar la necesidad de un mayor impulso de innovación, rigor y compromiso de las modalidades de aplicación, control y evaluación previstas.

1.10

El CESE pide que el «Instituto europeo del consumidor» cuente con competencias y funciones más claramente definidas y no sea considerado como simple «departamento» no autónomo de la Agencia ejecutiva para el programa de salud pública. Sólo de esta forma puede contribuir decisivamente como sería deseable a una mejor aplicación de la legislación vigente y a una mejor información, educación y defensa de los consumidores.

2.1

En la Comunicación titulada «Más salud, seguridad y confianza para los ciudadanos: estrategia de salud y protección de los consumidores», la Comisión propone al Parlamento Europeo y al Consejo que adopten una Decisión por la que se establezca un programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud y la protección de los consumidores para el período 2007-2013.

2.2

Por primera vez, la Comisión presenta una nueva estrategia y un programa de acción comunitaria para el período 2007-2013, que supone la integración de las políticas de salud pública y de protección de los consumidores.

2.3

En su Comunicación, la Comisión explica los motivos de este nuevo enfoque e indica los objetivos comunes de las dos políticas y el papel que desempeñan en la vida diaria de los ciudadanos. Por otra parte, la Comisión presenta las ventajas del nuevo programa común en términos de sinergias, que pueden dar lugar a un ahorro presupuestario y a una reducción de los procedimientos en aras de una mayor eficiencia.

2.4

La opción estratégica de la Comisión se fundamenta básicamente en la necesidad de crear sinergias entre las dos políticas que permitan generar economías de escala y ahorros por lo que respecta a la gestión de los recursos financieros y la eficiencia de los procedimientos, además de garantizar una mayor coherencia entre las medidas adoptadas y una mayor visibilidad de estos temas en la agenda política.

2.5

Según la Comisión, los objetivos comunes de esta política conjunta serían los siguientes:

2.6

Por lo que respecta a la política de salud, los objetivos serían los siguientes:

2.7

Por lo que respecta a la política de los consumidores, los objetivos serían los siguientes:

3.1.1

Los fundamentos jurídicos de las políticas comunitarias de salud pública y de protección de los consumidores son de naturaleza completamente diferente. Mientras que la política de salud pública es competencia fundamentalmente de los Estados miembros y la intervención de la UE sólo se acepta con carácter complementario para apoyar las políticas nacionales en los aspectos específicos enunciados en el artículo 152 (1), el Tratado, en particular después de Amsterdam, confirió a la política de los consumidores un carácter manifiestamente común con objeto de «promover» los derechos de los consumidores y la protección de sus intereses, en particular en lo relativo a la realización del mercado interior (2).

3.1.2

De ahí que no parezca legítimo alegar una supuesta «identidad» de la naturaleza jurídica de los artículos 152 y 153 para justificar una estrategia y un programa integrado de acción comunitaria en el ámbito de la salud publica y la protección de los consumidores.

3.1.3

A ello se añade que en los Estados miembros el estatuto jurídico y constitucional del derecho a la salud es también completamente distinto del de los derechos del consumidor, y la tutela de ambos derechos muestra rasgos bien diferenciados.

3.1.4

Ello no quiere decir que el CESE no considere que las cuestiones de salud pública revisten en la actualidad una importancia fundamental que, por sí sola, justificaría la necesidad de contar con una política sólida de salud pública europea, que también podría considerarse un instrumento de lucha contra la pobreza y la exclusión. El CESE no puede sino lamentar que la no aprobación del texto constitucional pueda haber contribuido a que no se hayan dado pasos relevantes en esta dirección.

3.1.5

En efecto, el CESE no puede dejar de subrayar que los conceptos de «consumidor» y de «paciente» no son coincidentes y no puede establecerse un paralelismo entre sus rasgos característicos; en primer lugar, porque los «consumidores» no son exclusivamente individuos y sus elecciones en el mercado responden a motivaciones predominantemente económicas, mientras que los «pacientes» no pueden considerarse meros consumidores de medicamentos y de servicios de asistencia médica, puesto que sus derechos tienen otra naturaleza distinta de la exclusivamente económica y sólo son comparables al derecho a la justicia o el derecho a la educación, que se materializan en la prestación de servicios de interés general por parte de los Estados.

3.1.6

Admitiendo que las dos políticas presentan aspectos comunes, no puede considerarse que esto sea un rasgo privativo o principal de estas dos políticas (3). Por lo demás, se considera que la Comisión no ha demostrado de manera incuestionable que los aspectos comunes de las acciones que deben llevarse a cabo en el marco de las dos políticas sólo puedan llevarse a buen término mediante la elaboración y la aplicación de un programa único integrado ni que ésta sea siquiera la fórmula más conveniente y ventajosa (4).

3.1.7

Este enfoque integrado presenta, según algunas organizaciones de consumidores, varios inconvenientes, algunos de los cuales pueden compartirse, como:

3.1.8

Por el contrario, ninguna de las seis razones fundamentales que se aducen en la «evaluación del impacto» (pp. 6 y 7) son un argumento decisivo para justificar la opción de abordar de manera unitaria estas dos políticas; todos los problemas podrían resolverse mediante la adecuada coordinación de las políticas, en particular si se aplica la excelente iniciativa de la Comisión relativa a la cooperación administrativa entre las autoridades nacionales (6).

3.1.9

La Comisión tampoco logra demostrar cuáles serían las verdaderas sinergias estructuradoras que se derivarían de este enfoque que no fueran meramente temporales, ni cuantificar las economías de escala respectivas. Por el contrario, de su evaluación del impacto parece desprenderse que la solución actual no tiene incidencia en los costes, dado que la suma pura y simple de las dos políticas daría como resultado el mismo marco financiero exactamente (7).

3.1.10

Por el contrario, en un momento especialmente crítico por lo que se refiere a las perspectivas financieras de la UE, la separación de las dos políticas podría presentar la ventaja de abrir dos frentes de negociación y de aumentar la visibilidad de los aspectos importantes de cada una, con la posibilidad de obtener mejores resultados con respecto a los fondos asignados a las dos, según la opinión de las respectivas organizaciones representativas.

3.1.11

Por otro lado, el CESE observa con gran preocupación la posibilidad de una reducción drástica de las perspectivas financieras 2007-2013, que, aunque no haría totalmente inviable el programa actual, ya de por sí escaso en recursos, implicaría como mínimo la necesidad de reformularlo por completo y de volverlo a presentar; ello implicaría la determinación de una nueva lista de prioridades y de acciones, ya que no es concebible, por impracticable, su pura y simple reducción porcentual en proporción al recorte general de las cantidades globales presupuestadas.

3.1.12

Por último, los distintos aspectos calificados con razón como comunes a las dos políticas pueden ser objeto de acciones comunes y concertadas tanto a escala comunitaria como a nivel nacional, al igual que sucede en otros ámbitos que dependen de otras políticas comunitarias como el medio ambiente, la competencia, la educación y la cultura; hay que tener en cuenta el carácter horizontal de ambas políticas, que implica obviamente su integración obligatoria en todas las demás políticas, como la propia Comisión termina por reconocer en una serie de ejemplos que figuran en el anexo 2 a su Comunicación (p. 16).

3.2.1

La realización de una audiencia pública con los principales representantes de la sociedad civil organizada directamente interesados en el programa de la Comisión, en la que participaron cerca de setenta personas, contribuyó decisivamente al análisis de la Comunicación y la propuesta de la Comisión objeto de examen, pese a las dificultades de carácter logístico impuestas que limitan las posibilidades de efectuar un análisis en profundidad de los distintos aspectos y elementos en liza, con el propósito de evaluar la definición de los objetivos, las metas, los medios y su adecuada utilización, así como las acciones que deben llevarse a cabo con estos medios para alcanzar los objetivos previstos.

3.2.2.1

La Comisión destaca con razón las diferentes acciones que deberán llevarse a cabo para garantizar una protección más equitativa de los consumidores en la UE. No obstante, lo hace desde una perspectiva de protección minimalista, consecuencia de una tendencia que se ha materializado en sus últimas iniciativas legislativas en las que se da prioridad a una armonización total generalizada en un nivel bajo de protección. Por otra parte, el CESE expresa su preocupación por el recurso sistemático al principio de la aplicación de la legislación del país de origen y pone en guardia sobre el peligro de una visión reductora de la defensa de los consumidores, que se limite a una simple información sobre productos y servicios (8).

3.2.2.2

El CESE considera que la Comisión habría podido ser más innovadora (9) y las nuevas propuestas presentadas más concretas (10). El CESE tuvo ocasión de llamar la atención de la Comisión sobre una serie de estas lagunas, que siguen existiendo, cuando elaboró su dictamen sobre la estrategia para 2002-2006 (11). Más recientemente aprobó un dictamen de iniciativa en el que este tema se desarrolló por extenso y se profundizó, a cuyas conclusiones nos remitimos (12).

3.2.2.2.1

El CESE propone incluir en el programa actual las cuestiones siguientes:

3.2.2.3

Sin embargo, por lo que se refiere a las iniciativas previstas de hecho, que se valoran positivamente y se apoyan, en muchos casos falta la indicación de la manera concreta en que se piensa llevarlas a la práctica y el calendario correspondiente. Éste es el caso, por ejemplo, de las siguientes:

3.2.2.4

El CESE señala que, por lo que respecta a los objetivos de aumentar la participación de la sociedad civil y de las partes interesadas en la elaboración de las políticas y la integración de la política de los consumidores en otras políticas comunitarias, los indicadores previstos para controlar y evaluar las sinergias del programa no son, excepto el primero, adecuados para la política de los consumidores.

3.2.2.5

Por otra parte, el CESE considera que sería útil definir otros indicadores de evaluación de la política de los consumidores a fin de garantizar una mayor fiabilidad y establecer un vínculo más estrecho con los objetivos definidos en el anexo 3 al programa.

3.2.2.6

Hay que tener en cuenta también que, aunque están previstos algunos «programas de trabajo anuales» para la ejecución del programa cuya duración se fija ahora en siete años, no parece que se haya previsto la utilización del instrumento que formaba parte del programa 2002-2006: la revisión del programa de acción renovable (14), tanto más necesaria cuanto que el período sobre el que se extiende el programa se ha ampliado a siete años.

3.2.2.7

El CESE señala que no se definen ni la organización ni el modo de funcionamiento del Instituto europeo del consumidor, integrado en la Agencia ejecutiva para el programa de salud pública, y recomienda que se garanticen su independencia y autonomía en un marco de atribuciones y competencias bien delimitadas, para evitar que se convierta en un elemento burocrático indeseable.

3.2.2.8

Por último, por lo que se refiere a los medios financieros presupuestados para la política de los consumidores, puede comprobarse que representan menos del 20 % del total, que no equivale a más de siete céntimos de euro por consumidor al año durante los siete años de duración del programa; su duplicación aparente con respecto al programa anterior debe matizarse teniendo en cuenta la diferente duración de los programas (siete y cuatro años respectivamente).

3.2.2.9

Además, la mera consideración de la próxima adhesión de nuevos Estados miembros debería haber llevado a plantear una propuesta presupuestaria más que proporcional a la duración del programa, ya que la actual es ya insuficiente para las acciones que deberán llevarse a cabo y una parte considerable será absorbida por el funcionamiento del Instituto.

3.2.3.1

El CESE desea subrayar los aspectos positivos del programa de la Comisión, en particular su intención de impulsar la política de salud pública por considerarla prioritaria, confiriéndole una mayor visibilidad y adoptando instrumentos más eficaces, algo que era urgente llevar a cabo. En efecto, ni siquiera es necesario aludir a la amenaza de pandemia de gripe aviar para reconocer la necesidad de una concertación a escala comunitaria de los aspectos más significativos de la salud pública, tal como la Comisión pone de relieve con toda razón (15).

3.2.3.2

En este sentido, el CESE valora positivamente las grandes líneas generales relativas a la salud pública, en particular la idea de integrar las preocupaciones sobre este asunto en las demás políticas comunitarias y el hecho de apostar por la prevención, el análisis de la información, el refuerzo de la cooperación y el intercambio de conocimientos, así como por una mejor difusión de la información.

3.2.3.3

El CESE se congratula también de que la Comisión dé prioridad a la lucha contra las desigualdades en el acceso a los cuidados sanitarios, a la necesidad de promover la salud desde la infancia y a la situación a la que da lugar el envejecimiento de personas que todavía están activas en el mercado de trabajo.

3.2.3.4

Por otra parte, el CESE comparte las preocupaciones de la Comisión por lo que se refiere a las amenazas globales para la salud y a la carga cada vez mayor que representan las enfermedades vinculadas a determinados estilos de vida, por lo que aprueba la estrategia descrita en el programa para reforzar la acción sobre los factores determinantes de la salud.

3.2.3.5

El CESE respalda también el esfuerzo que hace la Comisión por apoyar el desarrollo de organizaciones activas en el sector de la salud para que refuercen su presencia en las instancias de diálogo, la movilidad de los pacientes, la cooperación entre los sistemas sanitarios nacionales a fin de que puedan afrontar los retos que se les plantean y el refuerzo de los mecanismos de intercambio de información en materia de salud pública.

3.2.3.6

El CESE reconoce de este modo que la Comisión ha dispensado a la vertiente «salud pública» un tratamiento más adecuado a las necesidades del sector, desde el punto de vista de la definición de los objetivos, la descripción de las acciones o también de los medios asignados para su realización, que representan cerca del triple de lo previsto en el programa anterior y más del cuádruple de lo que está previsto para la vertiente «consumidores».

3.2.3.7

Sin embargo, el CESE considera que incluso en esta vertiente no se introducen innovaciones de importancia (16) en relación con el contenido de los programas anteriores; por lo tanto, siguen siendo completamente válidas las observaciones que el CESE formuló sobre el programa 2001-2006 y el Plan europeo «Medio ambiente y salud 2004-2010», en particular por lo que se refiere a la falta persistente de objetivos concretos y evaluables objetivamente y de un calendario preciso para su realización (17).

3.2.3.8

El CESE habría defendido una indicación precisa de los objetivos perseguidos sobre aspectos que figuraban en el texto legal anterior y que han desaparecido del texto actual. Se trata, por ejemplo, de los relacionados con la lucha contra las desigualdades en materia de salud, en particular entre los hombres y las mujeres, pero también la situación de las personas mayores, las personas más desfavorecidas y los grupos marginales de la sociedad, o también la confidencialidad de los datos de carácter personal, los factores personales y biológicos, los efectos perjudiciales de las radiaciones y del ruido, o la resistencia a los antibióticos.

3.2.3.9

El CESE también habría deseado que se incluyeran de forma coherente en el programa temas de verdadera importancia, como la obesidad, el VIH/SIDA, la salud mental (18), la salud infantil y las enfermedades infantiles o el envejecimiento pues, aunque se mencionan en las partes descriptivas del programa, no son objeto de un tratamiento adecuado en el texto legal de la propuesta de Decisión.

3.2.3.10

No obstante, lo que no puede por menos que sorprender es la manera en que la propuesta de la Comisión pasa por alto algunas de las grandes cuestiones de salud pública de la actualidad, como la salud dental, la vista, los cuidados paliativos y la mitigación del dolor.

3.2.3.11

Por regla general, el Comité valoraría positivamente que la Comisión se hubiese mostrado más comprometida con aspectos como la calidad de la información a todos los niveles y en todos los ámbitos, la prevención global de los riesgos, las asociaciones público-privadas, la cooperación entre los Estados miembros y la cooperación internacional.

3.2.3.12

Por último, al CESE le hubiera gustado también que el programa incluyera acciones concretas destinadas a facilitar la comparabilidad entre los distintos sistemas sanitarios de la UE (19), promover la protección de los pacientes que se desplazan en la UE («seguro de enfermedad en la UE»), fomentar más decididamente la aprobación de códigos de «buenas prácticas» y crear y desarrollar «centros de excelencia», así como un centro de epidemiología.

11.4.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/7

1.1

El CESE felicita a la Comisión por el contenido de la reforma propuesta, que facilita y aclara el cumplimiento del Reglamento, tan importante para hacer efectivo el espacio de libertad, seguridad y justicia en la UE. No obstante, algunos de los nuevos apartados plantean cierta confusión a la hora de interpretar su contenido, en especial el apartado 3 in fine del artículo 8, en cuanto que establece una excepción en el cómputo de los plazos, cuando se produzca la negativa de aceptación por parte del destinatario, a causa del desconocimiento de la lengua en la que estuviera redactado el documento, para proteger al requirente según las disposiciones nacionales.

1.2

Por otra parte, en el artículo 14 in fine, cuando se hace referencia a sistemas «equivalentes» al acuse de recibo, deberían precisarse más los otros sistemas probatorios válidos de notificación o traslado efectuado por los servicios postales.

1.3

Sería necesario que se aclararan ambos temas, y, sobre todo, que se verificaran las diversas versiones lingüísticas, en muchos casos discordantes entre ellas. El problema se puede resolver antes de la publicación del Reglamento, ya que hay que considerar que su aplicación la lleva a cabo cada Estado miembro según su versión lingüística.

1.4

El CESE muestra su preocupación ante la falta de valoración por la Comisión de la situación para su aplicación en los Estados miembros recientemente incorporados, a pesar de que haya adaptado los anexos a esta nueva situación.

1.5

En todo caso, el CESE quiere manifestar que el procedimiento empleado en la reforma es el apropiado, por tener en cuenta a todas las partes implicadas y, sobre todo, porque se ha utilizado uno de los instrumentos creados a tal fin, la Red Judicial Europea, que permite tener en cuenta los problemas que se hayan detectado en la aplicación de ambos procedimientos.

2.1

La Comisión Europea presenta esta propuesta de Reglamento en cumplimiento de lo previsto en el artículo 24 del Reglamento (CE) no 1348/2000 (1), que establece que, una vez examinada su aplicación en el periodo señalado, hasta el 1 de junio de 2004, la Comisión procederá a adaptar el contenido de sus normas a la evolución del sistema de notificación. No obstante, la modificación propuesta va más allá de una simple revisión formal, al incorporarse al proceso de simplificación legislativa emprendido por la UE, así como al considerar la numerosa legislación propuesta en este mismo periodo, a fin de cumplir la resolución del Consejo de Tampere de desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia que garantice la libre circulación de las personas en los límites de la UE.

2.2

La función de este Reglamento tiene una gran importancia para el buen funcionamiento del mercado interior. Las operaciones y contratos transfronterizos y, sobre todo, los nuevos sistemas de contratación, que adoptan como soporte las nuevas tecnologías, hacen necesaria la existencia de una norma que establezca el procedimiento de notificación y traslado de los documentos judiciales y extrajudiciales de un Estado a otro. Conviene señalar a este respecto que el CESE ya se pronunció (2) por que el instrumento jurídico que regulara este procedimiento fuera un reglamento y no una directiva, ya que el fin pretendido es conseguir una total armonización.

3.1

Dentro del proceso de simplificación pretendido en la propuesta de reforma se incluyen modificaciones que refuerzan la seguridad jurídica para el requirente y para el destinatario, habida cuenta de que se busca un principio básico para mantener la confianza en el mercado interior.

3.2

En primer lugar, se establecen normas claras para el cómputo de los plazos (art. 7.2), sustituyéndose las anteriores disposiciones por el plazo de un mes contado a partir de la recepción, y solo en las relaciones entre las administraciones de cada Estado será la legislación nacional la aplicable en cada supuesto (art. 9.1 y 2).

3.3

Se clarifica la posibilidad de que el destinatario se niegue a aceptar el documento por desconocimiento de la lengua en la que estuviera redactado, y se contempla la posibilidad de realizar una traducción del documento a una lengua conocida por el destinatario; en ese caso, los plazos previstos se empiezan a computar a partir de la fecha de su realización (art. 8.1). No obstante, en el nuevo apartado 3 se establece una excepción para los supuestos en que las normas nacionales establezcan plazos determinados, para preservar los derechos del requirente, en cuyo caso la fecha será la de notificación o traslado del documento inicial.

3.4

Es importante, también, la modificación propuesta en relación con los gastos de notificación o traslado (art. 11.2), al disponer que cada Estado miembro fijará una tasa fija establecida por adelantado.

3.5

Respecto a la notificación o traslado por servicios postales (art. 14), se establece la facultad de cada Estado miembro de requerir la prueba del acuse de recibo o «equivalente», sin que por ello se afecte a la libertad de las personas interesadas en un proceso judicial de notificar o trasladar los documentos judiciales por medio de agentes judiciales, funcionarios u otras personas competentes en el Estado miembro requerido (art. 15).

4.1

El CESE considera positiva cualquier propuesta de modificación legislativa que esté en consonancia con el principio de simplificación (3) y que, a la vez, garantice la seguridad jurídica en el ámbito aplicable. En este caso, manifiesta que la Comisión ha cumplido con la realización del Informe previsto en el propio Reglamento (art. 24) y que además, a través de las reuniones de la Red Judicial Europea (4), se examinaron y discutieron las experiencias en su aplicación y, una vez reunida la información y los estudios pertinentes, la Comisión adoptó el Informe (5) que ha servido de base a la propuesta a examen.

4.2

En esta línea, hay que reconocer que al incluir en la norma comunitaria el cómputo de los plazos para la notificación y el traslado de documentos se ha dado un gran paso hacia la simplificación, dado que, con anterioridad, concurrían múltiples disposiciones nacionales que alargaban los procedimientos; al mismo tiempo, permite a las partes un conocimiento de estos últimos, sin tener que averiguar cuáles son los vigentes en cada Estado. No obstante lo anterior, se reconoce la aplicabilidad de la Ley nacional para las relaciones entre Estados tal y como se establece en el artículo 9 modificado sin afectar a los particulares concernidos.

4.3

Respecto a la nueva propuesta de redacción del artículo 8 (6) sobre la negativa a aceptar el documento por parte del destinatario cuando éste desconozca la lengua en la que está escrito aquél, junto con la obligación de realizar una traducción del mismo, parece más acorde con la protección de los intereses de las partes interesadas que la redacción actual, sobre todo porque no se acortan los plazos establecidos, sino que se pospone el comienzo del cómputo a partir de la fecha de dicha traducción. Sin embargo, la redacción del nuevo apartado 3 del art. 8 plantea un grave problema de aplicación por los Estados miembros en relación con lo anterior, al establecer una excepción mediante la aplicación de los cómputos establecidos en las leyes nacionales, lo que podría generar indefensión en el receptor del documento.

4.4

También el CESE ve conveniente la inclusión de una tasa fija establecida por adelantado por cada Estado miembro, ya que, en muchas ocasiones, existe desconfianza entre las partes por la indeterminación de los costes. De esta forma se refuerza la transparencia en el procedimiento.

4.5

En línea con lo acordado en otro Dictamen del CESE (7), entendemos la necesidad de que se estudie la utilización, en la notificación y traslado de los documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, de las innovaciones técnicas y los nuevos medios admitidos por los organismos receptores y trasmisores, por ejemplo, el correo electrónico o Internet, siempre que se garantice la seguridad jurídica de las partes.

4.6

Otro tema que sería necesario considerar es la forma de redacción de los formularios contenidos en los anexos, que están orientados a las administraciones de justicia de los Estados miembros, es decir, al trasmisor y receptor de los mismos. El CESE entiende que deberían tenerse en cuenta, además, los intereses del receptor y destinatario, de forma que la redacción se simplificara y se hiciera inteligible para las partes concernidas en los procedimientos judiciales y extrajudiciales.

11.4.2006   

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C 88/9

1.1

El Comité Económico y Social Europeo insiste en que el contenido del presente Dictamen se integre en el documento que resulte de la actual revisión del Libro Blanco sobre «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» (COM(2001) 370).

1.2

Dentro de la infraestructura ferroviaria, las estaciones de tráfico internacional deben ser objeto de un examen en profundidad, sobre todo porque no sólo constituyen una parte de la infraestructura ferroviaria sino también un elemento de los servicios propuestos por la ciudad y del patrimonio arquitectónico de Europa.

1.3

Conviene seguir examinando, mediante una amplia concertación tanto a escala de los especialistas de la profesión como de la sociedad, cuáles son las exigencias que se imponen a las estaciones teniendo en cuenta los progresos tecnológicos y técnicos del tercer milenio. Hay que definir las alternativas disponibles en lo relativo a las modalidades de reglamentación justificadas por unas exigencias realistas, a escala europea, nacional y regional, respetando el principio de subsidiariedad.

1.4

En la elaboración de la reglamentación comunitaria, la mejora general de la seguridad de los viajeros y la protección contra el terrorismo deben contarse entre las exigencias de que son objeto las estaciones de tráfico internacional.

1.5

Conviene prestar una atención particular a la habilitación de estaciones, habida cuenta del importante papel que pueden desempeñar y de las posibilidades que entrañan para garantizar la cohesión social y económica en los nuevos Estados miembros.

1.6

Es necesario, con el concurso del Banco Europeo de Inversiones (BEI), estudiar las posibilidades de financiación del desarrollo estructurado de las estaciones de tráfico internacional, con arreglo a un mecanismo de colaboración público-privada.

1.7

Es importante velar por que las estaciones desempeñen de manera prioritaria las funciones asociadas a su cometido originario, esto es, el transporte, y eviten lanzarse a otras actividades y convertirse en centros comerciales y de consumo.

1.8

Conviene hacer ver que las mejoras realizadas en las estaciones contribuyen por un lado a conservar el empleo existente y por otro favorecen la creación de nuevos puestos de trabajo. En el marco del análisis de impacto de estos cambios, obviamente importa no limitarse a las repercusiones directas sino también tener en cuenta los efectos colaterales.

1.9

Es importante garantizar que la conservación y desarrollo de las estaciones no sean sólo prioritarios en el caso de infraestructuras situadas en las grandes ciudades y que acogen un tráfico internacional, sino también en el de las estaciones frecuentadas por la población y los viajeros de las regiones más desfavorecidas.

2.1

En suma, las estaciones son el «escaparate» del tráfico ferroviario.

2.2

El Libro Blanco sobre «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad», publicado en 2001, no ha alterado los objetivos generales de la política comunitaria, a la vez que hace mayor hincapié en el desarrollo de modos de transporte capaces de aligerar la circulación por carretera y la necesidad de situar al usuario en el centro de la política de transportes.

2.3

El papel de las estaciones es importante para la realización de la libertad de circulación de mercancías, de personas y de servicios. Las estaciones pueden contribuir a que la circulación de las personas se desarrolle sin obstáculos, lo más rápida y eficazmente posible. Para ello son indispensables un buen funcionamiento del mercado único, la supresión de las trabas administrativas y la neutralidad de la competencia.

2.4

La política de transportes de la Unión constituye asimismo un instrumento esencial de la realización de la cohesión económica y social. En efecto, esta política presta especial atención al libre juego de la competencia leal, la mejora de la seguridad de los transportes y la consideración de los aspectos relacionados con el medio ambiente y el impacto medioambiental.

2.4.1

Al abordar la cuestión de la reactivación del sector del ferrocarril, en el Libro Blanco se destacan los aspectos absurdos que caracterizan el sector ferroviario. En efecto, por una parte existen redes de ferrocarriles de alta velocidad y gran capacidad que ponen a disposición de los viajeros estaciones modernas, y por otra parte se les ofrecen servicios a menudo obsoletos y anticuados. Se puede dar el caso de que los viajeros se encuentren con estaciones que presentan condiciones de mantenimiento deficiente y que comportan incluso riesgos de accidente, mientras que las líneas locales se combinan con servicios de largo recorrido con exceso de pasajeros y se constatan retrasos.

2.4.2

En el Libro Blanco se llama la atención sobre la necesidad de estimular mediante inversiones la colaboración entre la red de ferrocarril de alta velocidad y el tráfico aéreo, concediendo una atención especial a las estaciones que comunican los aeropuertos. Se aborda varias veces la función de las estaciones a la hora de ofrecer servicios que faciliten la circulación de los viajeros, en particular en lo que se refiere a la gestión de equipajes.

2.5

Con la adopción del primer y el segundo paquete ferroviario (1), la Unión ha realizado progresos continuos en materia de liberalización de la circulación de bienes, así como en materia de unificación de las exigencias de calidad. El CESE espera que el tercer paquete ferroviario produzca efectos similares. En lo que respecta a la ultimación y la aplicación de las diferentes etapas relativas a la circulación de personas, se trata de tareas en las que la Unión debe aún aplicarse. En el presente documento se aborda el establecimiento de las normas de calidad del tráfico internacional de viajeros y su difusión en los Estados miembros.

3.1

Diversos reglamentos y directivas de las Comunidades Europeas tratan el tema del ferrocarril. En este sentido nos remitimos al Reglamento por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea (2) y a las Directivas sobre seguridad ferroviaria (3), infraestructuras ferroviarias (4), adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria (5) e interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad (6), sobre concesión de licencias a las empresas ferroviarias y sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios (7). Estas diferentes disposiciones demuestran que la normativa toca sólo accesoriamente el papel de las estaciones.

3.2

De manera prioritaria, la Comisión establece un conjunto único de requisitos técnicos estandarizados. Por ejemplo, se tratará de uniformar la altura de los andenes para que las personas de movilidad reducida también puedan utilizarlos (Directiva 2001/16/CE). La unificación de las redes eléctricas ferroviarias, de los sistemas de seguridad y de otros requisitos técnicos depende de la promoción de la interoperabilidad. Lo mismo ocurre con la armonización en materia de licencias de conductor de tren. La actual desventaja competitiva del sector ferroviario es entre otros motivos imputable al tiempo de espera en la frontera con algunos países, debido a la disparidad de requisitos técnicos (ancho de las vías, necesidad de aportar modificaciones técnicas a la locomotora y de cambiar de conductor).

3.3

En materia de estaciones, las más pertinentes son esencialmente las directivas que destacan la seguridad de los viajeros y sus derechos (por ejemplo, la Directiva 2001/16/CE). El tercer paquete ferroviario, cuyo objetivo es la realización de los derechos de los viajeros, es característico en este tema. Por una parte, pretende garantizarles la posibilidad de obtención de sus billetes a tiempo, fácilmente y beneficiándose de la información adecuada –y la de cambiarlos en la medida de lo posible– y, por otra, velar por que los viajeros sean informados de las condiciones de utilización de los billetes. Otro grupo de directivas trata la mejora de la seguridad en las estaciones. A menudo, sobre todo en las horas de menor afluencia, las estaciones de las grandes ciudades y a veces los propios trenes son el escenario de actos de violencia. El establecimiento de mayores exigencias en materia de seguridad, así como la garantía de obtener una ayuda por parte del personal de la estación o del tren en caso de que se produzcan situaciones indeseadas, no dejarían de influir positivamente en el deseo de viajar.

3.4

En el marco de su actividad, el CESE sigue de manera continua los trabajos de la Comisión. En lo relativo al tráfico ferroviario, ha elaborado dictámenes relacionados, entre otros, con aspectos sociales y cuestiones relativas a la financiación, a las áreas metropolitanas europeas y a las redes transeuropeas de transporte (8).

4.1.1

La aparición de las redes de alta velocidad (TGV, AVE, ICE), fenómeno que en Europa se ha traducido paralelamente en la creación de redes transeuropeas (RTE), ha sido el elemento catalizador que ha permitido a las estaciones en declive progresivo recuperar su importancia para la ciudad. A medida que se racionalizaba el tráfico ferroviario de pasajeros en distancias que, en el pasado sólo podían cubrirse en general por vía aérea (600-800 km), la población de viajeros atraída a las estaciones no sólo se ha incrementado, sino que ha cambiado de naturaleza, lo que no ha dejado de provocar una revalorización de la estación en el corazón de la ciudad.

4.1.2

Otro factor susceptible de transformar la percepción de la estación ferroviaria como punto nodal del tráfico no está vinculado de manera directa a la función de las redes de alta velocidad sino más bien a la modificación de la utilización de los extrarradios y de las grandes aglomeraciones, que de ciudades dormitorio monofuncionales pueden convertirse en espacios urbanizados multipolares y multifuncionales. Todos estos cambios, junto con el reconocimiento de que no es forzosamente posible responder al crecimiento del tráfico automovilístico de los habitantes de las zonas de extrarradio con la construcción de nuevas carreteras, han puesto de manifiesto la necesidad de integrar el tráfico urbano y el procedente de las zonas periurbanas así como la importancia de crear asociaciones de transporte, armonizar los horarios, las tarifas y los sistemas de producción de billetes y utilizar conjuntamente las infraestructuras de tráfico de viajeros. La agitación social que ha sacudido los barrios de extrarradio parisinos a finales de 2005 pone de manifiesto la necesidad de utilizar varios instrumentos a la vez para actuar en favor de la cohesión social, y muestra que los procesos que contribuyen a ello no pueden considerarse terminados.

4.1.3

Las líneas de cercanías forman una parte importante de estas redes e incluso, en ciertos casos, son un elemento fundamental de su estructura. Desde este punto de vista, las estaciones –que se prestan perfectamente a ello– sirven lógicamente como centros de movilidad y elementos clave de los sistemas de información de los viajeros de estas redes de transporte complejas e interconectadas.

4.1.4

A pesar de que, muy a menudo, las estaciones de la red de cercanías y las estaciones de trenes de alta velocidad son diferentes, la cultura de la integración aúna los dos procesos y, a la hora de renovar o construir una estación nueva, garantizar una intermodalidad moderna y de alto nivel entre las líneas internacionales y nacionales por un lado y entre éstas y los transportes urbanos por otro constituye una exigencia básica.

4.2.1

Las estaciones dan lugar a la creación progresiva de normas y generan una serie de exigencias. Las estaciones de ferrocarril del pasado constituían un enlace entre las partes de toda la nación y contribuían a configurar la identidad nacional. No eran las infraestructuras como tales, la red ferroviaria y las vías de ferrocarril, las que forjaban la identidad común (aunque fueran indispensables para su construcción), sino las estaciones, las reglas, los modelos, las normas.

4.2.2

Hoy por hoy, la uniformización de las estaciones ferroviarias de las RTE-T no constituye un objetivo. En la actualidad, la creación de estaciones que expresan una identidad europea no debe hacerse mediante la definición de normas arquitectónicas, sino fijando normas de servicios. Es preciso que una de las normas más importantes de este tipo se constituya estableciendo relaciones intermodales que, a la vez que preservan la diversidad de los instrumentos locales, respondan a las exigencias de calidad que se imponen en una Europa multilingüe en lo que respecta a la información de los viajeros, su orientación y la responsabilización de la continuación de su viaje. En este asunto conviene distinguir tres ámbitos: las normas de información de los viajeros, las normas de intermodalidad y la creación de la función de centro de movilidad.

4.2.3

Sería conveniente que el establecimiento de estas exigencias de calidad en términos de facilidad de uso en las estaciones de las RTE se convierta en una recomendación o una norma europea, pero es importante que esto no se formule como un privilegio limitado a las RTE-T, y que ello tenga lugar en la observancia más estricta del principio de subsidiariedad. Por consiguiente, no sería ciertamente nada problemático que estas normas en curso de elaboración se aplicaran también en otras estaciones y puntos nodales: no perjudicaría la calidad de los viajes, sino que la mejoraría.

5.1

Si cotejamos los datos internacionales, constatamos que casi todos los países han llegado al desarrollo de las estaciones a partir de un punto de partida diferente (motivación relacionada con un objetivo de desarrollo de los transportes o de desarrollo urbano, iniciativa pública o privada, o diferentes combinaciones de todos estos elementos). En Gran Bretaña, donde la habilitación de las estaciones se ha dejado exclusivamente a los mecanismos del mercado, los desarrollos han sido: a) limitados a los espacios ferroviarios, b) los propios del interior de Londres; c) realizados en el periodo del «boom» inmobiliario; d) casi exclusivamente dedicados a la construcción de oficinas.

5.2

En Suiza se puso en funcionamiento un programa nacional de modernización de la red ferroviaria y de transportes públicos, inspirado por consideraciones medioambientales, con sistemas de ferrocarril periurbanos (S-Bahn: en Zúrich, Basilea y Berna), y aunque las dificultades financieras de los ferrocarriles suizos hicieron necesaria la revaloración de las propiedades que rodean a las estaciones, lo que se llevó a cabo no fue una simple operación comercial de venta sino un programa definido conjuntamente con la compañía ferroviaria (de este modo, no fueron sólo los intereses de los inversores los que se tuvieron en cuenta, sino también los de las ciudades, los poderes públicos y la compañía ferroviaria).

5.3

En Suecia es la compañía ferroviaria privatizada –que no fragmentada– la que está en el origen de la iniciativa del proceso, en cooperación con los entes locales como socios. El objetivo era crear centros modernos de viaje que agruparan bajo un mismo techo a trenes, autobuses, taxis y la creación de espacios de aparcamientos. En consecuencia, las disposiciones concertadas afectaron a los entes locales y a los diferentes modos de transporte.

5.4

En Francia fue la construcción del TGV, decidida de manera centralizada y, en este sentido, factor determinante de la creación de un vínculo con París, la que constituyó la principal fuerza motriz. La función del nivel local en este proceso consistió sobre todo en ejercer presiones para obtener una estación de TGV.

5.5

En los Países Bajos los servicios ministeriales encargados respectivamente de los transportes y el medio ambiente así como la compañía ferroviaria anunciaron en 1986 un programa de urbanización de los alrededores de las estaciones, de conformidad con el principio del desarrollo urbano compacto y la promoción de los transportes públicos. En el periodo que precedió a la privatización la compañía ferroviaria y los entes locales sólo consiguieron asociarse con otros socios tras grandes dificultades.

5.6

Estos ejemplos muestran la importancia de que los aspectos que representan los intereses del punto nodal (de transporte) y los que representan los intereses del «lugar» (de la ciudad) se tengan en cuenta desde la concepción misma del proyecto, y que no se asista a la afirmación de un punto de vista de manera unilateral. Del mismo modo, los aspectos vinculados al mercado y los aspectos financieros deben situarse en el mismo nivel que los puntos de vista más sintéticos de los representantes de los intereses de la ciudad y de la red para evitar que los procesos se decidan atendiendo sólo a intereses coyunturales a corto plazo o que, al contrario, la viabilidad financiera no se tenga en cuenta en el marco de la concepción de un proyecto ambicioso. Las obras especializadas manifiestan que se puede llegar más fácilmente a acuerdos de soluciones cuando la estación se construye en un terreno nuevo (Lille), ya que, de otro modo, los choques de intereses ya creados complican a menudo el avance de los proyectos.

6.1.

Parece justificado que en el seno de la Comisión Europea tenga lugar una cooperación horizontal que permita a los diferentes colaboradores examinar por sectores los diferentes proyectos en curso en el marco de los Fondos Estructurales. Este examen permitirá más tarde determinar sector por sector la amplitud de la ayuda comunitaria concedida a una actividad en particular.

6.2

Parece necesario tener presente la cuestión de la responsabilidad del desarrollo de las redes de alta velocidad a la luz de las contradicciones que actualmente caracterizan el ferrocarril como, por ejemplo, la mezcla de lo obsoleto y lo moderno. En efecto, la construcción de estas redes ha pasado al primer plano de actualidad debido sobre todo a que, entretanto, se han separado del sistema ferroviario tradicional. En la medida en que la creación de las redes de alta velocidad ha exigido gastos enormes, ha privado de recursos financieros a otros proyectos potenciales de habilitación. De este modo, el desarrollo del TGV en Francia entrañó un deterioro tan fuerte de otros segmentos de la red tradicional que fue necesario introducir importantes limitaciones de velocidad en numerosos lugares. Esto implica para los usuarios (viajeros, agentes del transporte de mercancías) una considerable pérdida de tiempo y puede plantearse en qué medida esta pérdida equivale a una ganancia de tiempo para los usuarios de las líneas de alta velocidad.

6.3

Desde el punto de vista de la política de refuerzo de la cohesión social y de integración de las regiones menos prósperas, el desarrollo y la democratización de las líneas de ferrocarril tradicionales resultan mucho más útiles que las de las líneas de alta velocidad, que sólo atraviesan estas regiones a toda velocidad, sin permitirles participar en el tráfico. Tal vez, a veces, sería más oportuno renovar las líneas de ferrocarril tradicionales y las estructuras adyacentes paralelamente a la construcción de líneas de alta velocidad. La estación constituye el primer punto de contacto entre todos estos desarrollos, por una parte, y los viajeros, por otra.

7.1.

Existe un grave peligro de que, debido a la importante cuantía de las inversiones, prevalezcan los intereses a corto plazo –quizá debido simplemente a la especulación inmobiliaria– y desaparezca lo que constituye el valor añadido manifiesto del ferrocarril para la ciudad. En la práctica, esto podría traducirse en la venta –justificada por el carácter deficitario de los ferrocarriles– de terrenos del centro de la ciudad de gran valor, y por la construcción, en lugar del ferrocarril, de oficinas y centros comerciales. Desde este punto de vista, sería conveniente tener en cuenta las consideraciones siguientes:

7.2

La materialización de un vínculo directo entre los centros de las ciudades presenta una ventaja importante no sólo desde el punto de vista de las conexiones ferroviarias de alta velocidad, sino también para todas las conexiones ferroviarias internacionales, y por consiguiente para todos los elementos de las RTE.

7.3

Es precisamente en los espacios del centro de la ciudad donde se justifica la creación de una red densa de líneas de transporte público que garantice una relación fluida entre la estación ferroviaria y las demás partes de la ciudad.

7.4

La estación ferroviaria constituye un centro de movilidad, un punto central de información para los modos de transporte que integran la red de transporte.

7.5

Asimismo, conviene establecer un enlace entre la estación del centro de la ciudad y su aeropuerto.

7.6

Los espacios ferroviarios no deben valorarse como tales, de manera separada: es preciso lograr el mayor valor añadido para la ciudad a largo plazo, llevando a cabo una estimación de la importancia de estos espacios a nivel urbano y logístico.

7.7

Las experiencias demuestran que las nítidas fronteras existentes entre el tejido urbano y la estación ferroviaria a nivel funcional tienen tendencia a desdibujarse de manera progresiva, y que es justamente acogiendo las funciones múltiples de servicio de la ciudad como la estación ferroviaria se convierte en un espacio público rentable y al mismo tiempo atractivo.

7.8

Dicho esto, las grandes estaciones ya existentes no constituyen forzosamente emplazamientos ideales de cara a la construcción futura de nuevas estaciones ferroviarias de alta velocidad. Al observar las acciones que hasta la fecha han tenido más éxito constatamos que sólo construyendo en el interior de la ciudad un nuevo centro de la ciudad que constituya una alternativa al centro tradicional es posible lograr las sinergias más eficaces procedentes del desarrollo ferroviario y del impulso del desarrollo urbano. (Sin embargo, no conviene perder de vista que los ejemplos citados más a menudo, entre otros Lille y Berlín, son particulares y deben considerarse situaciones excepcionales que difícilmente se pueden imitar.)

7.9

El examen de los ejemplos refuerza de manera general la conclusión de que, en lo que respecta al desarrollo de las estaciones de tráfico internacional, el Estado, los entes locales y las empresas proveedoras de fondos pueden, en cooperación con las compañías ferroviarias, crear proyectos de desarrollo que, mediante la modernización de las estaciones de tráfico internacional, permitan satisfacer una pluralidad de intereses.

11.4.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/13

1.1

El CESE considera que las propuestas presentadas constituyen un avance en la buena dirección y apoya las medidas recomendadas en relación con la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos.

2.1

La acuicultura es un sector muy importante en la Comunidad, en particular, en las zonas rurales y costeras. En 2004 la acuicultura de la UE produjo peces, moluscos y crustáceos por un valor superior a 2 500 millones de euros. Sin embargo, se calcula que las pérdidas financieras por enfermedades (mortalidad, y descenso del crecimiento y de la calidad) representan el 20 % del valor de producción. La propuesta está destinada a introducir una legislación moderna y específica que reduzca estos costes; bastaría con que se redujesen un 20 % para conseguir un valor añadido de 100 millones de euros anuales.

2.2

La legislación vigente se elaboró hace dos decenios, cuando la UE contaba sólo doce Estados miembros. Se concibió principalmente para proteger la acuicultura que en aquel entonces era más importante en la UE, a saber, los salmónidos (trucha y salmón) y la cría de ostras. Actualmente es necesario actualizar la legislación para que refleje la gama más amplia de prácticas y especies de acuicultura que se encuentran en la UE ampliada, y para que tenga en cuenta la considerable evolución que ha experimentado la industria, así como la experiencia acumulada durante quince años de aplicación de la legislación vigente y los avances científicos en este ámbito. También debe actualizarse la normativa para ajustar las normas de la UE a los acuerdos y normas internacionales (como al Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio y a la Organización Mundial de Sanidad Animal)..

3.1

La presente propuesta derogará la legislación primaria vigente (directivas 91/67/CEE, 93/53/CEE y 95/70/CE del Consejo), y sustituirá las tres directivas por una nueva. El objetivo de la nueva Directiva es actualizar, refundir y consolidar las normas zoosanitarias en relación con el comercio de productos de acuicultura, incluidos la prevención y el control de enfermedades, a fin de mejorar la competitividad de los productores del sector de la acuicultura de la UE.

3.2

La propuesta incluye los requisitos generales dirigidos a las empresas de producción acuícola y a los establecimientos de transformación, como las autorizaciones, y las disposiciones relacionadas con su funcionamiento.

3.3

Se prevén disposiciones zoosanitarias aplicables a la puesta en el mercado de animales y productos de acuicultura, así como disposiciones zoosanitarias para la introducción en la Comunidad de animales de acuicultura procedentes de terceros países.

3.4

Se establecen disposiciones para la notificación y el control de determinadas enfermedades, así como disposiciones para la declaración de «libre de la enfermedad».

3.5

Se prevén también requisitos dirigidos a las autoridades competentes de los Estados miembros y los laboratorios, así como los requisitos técnicos y las orientaciones establecidas en los anexos.

3.6

El fundamento jurídico de la propuesta es el artículo 37 del Tratado. Se aplica el principio de proporcionalidad y se espera que el efecto económico sobre el presupuesto comunitario sea limitado.

3.7

Las repercusiones presupuestarias de la propuesta se centran fundamentalmente en dos áreas:

3.8

La segunda propuesta de decisión del Consejo prevé introducir las modificaciones necesarias en los actuales procedimientos por los que se rige la contribución financiera comunitaria a las medidas veterinarias aplicadas a los animales de acuicultura, establecidas en la Decisión 90/424/CEE del Consejo, a fin de adaptarlas a las propuestas relativas a una nueva Directiva sobre salud de los animales acuáticos y al Fondo Europeo de la Pesca.

3.9

De acuerdo con esta segunda propuesta, se permite a los Estados miembros utilizar el presupuesto fijado en los programas operativos conforme al título III del Reglamento sobre el Fondo Europeo de la Pesca para combatir y erradicar determinadas enfermedades en los animales de acuicultura.

3.10

Los procedimientos aplicables a ese apoyo financiero deberán estar en consonancia con los actuales procedimientos de financiación para el control y la erradicación de enfermedades de los animales terrestres.

3.11

También en esta segunda propuesta se aplica el principio de proporcionalidad y su fundamento jurídico es asimismo el artículo 37 del Tratado.

3.12

De acuerdo con la segunda propuesta, se propone que las futuras contribuciones financieras de la Comunidad para erradicar las enfermedades de los animales acuáticos puedan concederse a través del Fondo Europeo de la Pesca (COM(2004) 497, artículo 32). No obstante, es difícil calcular el impacto de la propuesta sobre el Fondo Europeo de la Pesca, ya que dependerá del tamaño de la explotación o explotaciones afectadas, el valor de los animales de las explotaciones, etc.

4.1

La legislación comunitaria vigente sólo cubre la cría del salmón, la trucha y las ostras. Desde que se adoptó esta legislación, la industria de la acuicultura (cría de crustáceos, mejillones, almejas, etc.) se ha desarrollado significativamente. En consecuencia, el CESE cree que es aconsejable y esencial modificar la legislación a fin de cubrir también los restantes animales acuáticos cultivados por los productores de este sector.

4.2

El CESE acoge favorablemente estas propuestas, dado que representan un esfuerzo importante en relación con la prevención y el control de las enfermedades de los animales acuáticos.

4.3

En opinión del CESE, para asegurar el desarrollo racional del sector de la acuicultura y aumentar la productividad, deben establecerse normas zoosanitarias sobre los animales acuáticos a escala comunitaria. Estas normas son necesarias para contribuir a la realización del mercado interior y evitar la propagación de enfermedades infecciosas. La legislación debería ser flexible y tener en cuenta los progresos y la diversidad del sector.

4.4

El CESE considera que, junto a las medidas que se tomen a escala comunitaria, es necesario realizar esfuerzos para aumentar la sensibilización y la preparación de las autoridades competentes de los Estados miembros en relación con la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades de los animales acuáticos.

4.5

El actual sistema comunitario para la concesión de autorizaciones es particularmente estricto y establece unos requisitos más exigentes que los de los competidores de la UE, algo que reviste consecuencias para la viabilidad del sector. En opinión del CESE, estos requisitos quedan cubiertos en el registro de empresas previsto, que incluirá detalles sobre el sistema productivo de cada empresa, el agente económico de producción acuícola y la autorización de cría ya existente.

4.6

Es necesario velar por que las enfermedades de los animales acuáticos no se propaguen a escala comunitaria. Por tanto, deben establecerse unas disposiciones sanitarias armonizadas para la comercialización de los productos de la acuicultura, y debe elaborarse también una lista de enfermedades y de especies sensibles.

4.7

El CESE considera que para asegurar la detección precoz de cualquier posible foco de enfermedad es necesario obligar a la personas que estén en contacto con animales acuáticos de especies sensibles a que notifiquen cualquier caso sospechoso a las autoridades competentes.

4.8

Los Estados miembros deberían llevar a cabo inspecciones rutinarias, no rutinarias y de emergencia para asegurarse de que los productores del sector de la acuicultura conocen y aplican las normas generales para el control de las enfermedades.

4.9

Cada vez hay más datos sobre enfermedades de los animales acuáticos que hasta ahora eran desconocidas. Por consiguiente, el CESE considera necesario que todos los Estados miembros y la Comisión estén informados de la presencia o la sospecha de presencia de una enfermedad emergente, y que les sea notificada cualquier medida de control que se adopte.

4.10

Para salvaguardar la situación sanitaria de los animales acuáticos en la Comunidad, es necesario seguir velando por que los envíos de animales vivos de la acuicultura que transiten por la Comunidad cumplan los requisitos zoosanitarios pertinentes. También es necesario asegurarse de que los animales y los productos de acuicultura importados de terceros países estén libres de toda enfermedad infecciosa.

5.1

El CESE coincide con la opinión de que no conviene establecer disposiciones especiales aplicables a la comercialización de animales acuáticos ornamentales y otros, que se mantienen en condiciones controladas (acuarios o estanques). Sin embargo, en caso de que estos animales acuáticos se mantengan fuera de sistemas cerrados o acuarios, en contacto con las aguas naturales de la Comunidad, el CESE considera que deben aplicarse las disposiciones zoosanitarias generales de la Directiva. Es el caso concreto de las poblaciones de carpas (Cyprinidae), ya que algunos peces ornamentales populares como la carpa koi son sensibles a ciertas enfermedades.

5.2

Los Estados miembros deben determinar el régimen de sanciones aplicables a las infracciones de las disposiciones de la Directiva. El CESE opina que dichas sanciones deben ser eficaces.

5.3

El apartado 2 del artículo 5 establece que, antes de que un Estado miembro decida denegar su autorización a una empresa de producción acuícola según lo dispuesto en el artículo 4, deben tomarse en consideración medidas para la reducción del riesgo de propagación de enfermedades, así como para la posible ubicación alternativa de la actividad en cuestión. Sin embargo, el CESE es consciente de que la ubicación alternativa es a menudo inviable cuando se trata de cisternas con agentes patógenos de poblaciones pesqueras salvajes. El CESE considera que es posible reducir el riesgo de este tipo de enfermedades aplicando prácticas adecuadas de gestión y manteniendo dichas poblaciones en sistemas cerrados y bajo control, respetando las prácticas higiénicas adecuadas y aplicando el sistema para la supervisión de la salud animal y el resto de las medidas que se proponen en esta Directiva del Consejo.

11.4.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/15

1.1

Esta Comunicación por la que se establece un Programa general de solidaridad y gestión de los flujos migratorios presenta, dentro de un conjunto con varias propuestas (1), un programa de aplicación que pone en práctica las «Perspectivas financieras 2007-2013» (2) y los «Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013)» (3). En este último documento (véase el Dictamen del CESE al respecto, ponente: Sr. Dassis (4)) se proponía conceder al espacio europeo de libertad, de seguridad y de justicia créditos de compromiso (rúbrica 3: Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia) por un importe global de 1 381 millones de euros en 2006, que se incrementarían de manera progresiva hasta alcanzar los 3 620 millones de euros en 2013.

1.2

El conjunto de propuestas tiene por objeto promover con la misma intensidad los tres objetivos de libertad, seguridad y justicia, a partir de un enfoque equilibrado que se basa teóricamente en los principios de la democracia, el respeto de los derechos y libertades fundamentales.

1.3

Del montante total (9 500 millones de euros) inicialmente previsto, la cantidad global prevista para el Programa general de solidaridad y gestión de los flujos migratorios ascendía a 5 866 millones de euros durante el período 2007-2013, de los que 1 184 millones estaban destinados al asilo; 759 millones al Fondo para el retorno; 1 771 millones a la integración de nacionales de terceros países y, por último, 2 152 millones de euros a la gestión de las fronteras exteriores. Las cantidades asignadas a los Estados miembros y a las acciones comunitarias directas (ONG y proyectos) no son transferibles de un Fondo a otro.

1.4

El Programa general de solidaridad no incluye a las agencias y otros instrumentos comunitarios del espacio de libertad, seguridad y justicia, como la Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores (activa en el marco del Programa general propuesto y las nuevas perspectivas financieras), el sistema EURODAC (comparación de las huellas dactilares), el Sistema de Información de Visados (VIS) y el Sistema de Información de Schengen (SIS II), que suponen compromisos a largo plazo, mientras que los actos legislativos que los establecen no contienen disposiciones que limiten su duración.

1.5

La finalidad del Programa general sometido a examen es, entre otras cosas, garantizar la necesaria coherencia entre las intervenciones en cada ámbito de actuación y vincular los objetivos políticos a los recursos de que se dispone para realizarlos. La Comisión intenta simplificar y racionalizar el apoyo financiero existente. Este Programa general también tiene por objeto reforzar la transparencia y lograr más flexibilidad en la asignación de prioridades.

1.6

Con arreglo a esta propuesta, la solidaridad financiera de la Unión Europea debería contribuir a aplicar los cuatro pilares que constituyen un enfoque global y equilibrado de los flujos migratorios:

1.7

La propuesta de la Comisión fue objeto de una evaluación de impacto (6) que se adjunta al documento.

2.1

Aunque el Programa apela a la coherencia alcanzada por la cumbre de Tampere y el Programa de La Haya, así como a los artículos 62 y 63 del Tratado CE, el marco programático se basa en muy poca legislación armonizada a pesar de los esfuerzos del Consejo por adoptar algunas medidas comunes dentro del programa de Tampere (7). De este modo, el Consejo Europeo celebrado los días 4 y 5 de noviembre de 2004 aprobó el segundo programa plurianual para la creación de un espacio común de libertad, seguridad y justicia, conocido como Programa de La Haya.

2.2

El Comité señala que, a pesar del Programa de La Haya, hoy por hoy no existe una orientación política común realmente satisfactoria. En su Dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años — Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia»  (8), el Comité se pronunció de manera detallada acerca del plan de acción de la Comisión relativo al Programa de La Haya. Los Estados miembros siguen prácticas muy diferentes de acuerdo con su situación geográfica. En concreto, llegan a orientaciones y responsabilidades diferentes respecto de los ciudadanos comunitarios o los nacionales de terceros países y entre Estados, y a yuxtaposiciones de políticas, a veces contrarias o antagónicas dentro de la Comunidad según sean parte contratante o no, o sólo parcialmente, de los acuerdos de Schengen (I y II), de Dublín I y II (9), así como de los programas comunitarios para soluciones duraderas de reinstalación de los refugiados (10), por ejemplo. La experiencia muestra que, para llevar a cabo políticas encaminadas a, por una parte, mejorar las prácticas actuales y, por otra, equilibrar e integrar las responsabilidades hacia un objetivo común, no basta con establecer fondos e instrumentos financieros.

2.3

Dado que, en el ámbito del asilo político o humanitario, la elaboración de una lista de terceros países considerados seguros sigue siendo objeto de controversia, especialmente por parte de ONG reconocidas en el ámbito de los derechos humanos y que se ocupan de la ayuda humanitaria, el Comité no considera adecuado abordar el asilo y la inmigración en el mismo marco, dado que las obligaciones y los márgenes de actuación son muy diferentes.

2.4

Aunque el Comité es consciente del objetivo global y holístico del Programa, expresa sus dudas sobre la forma de abordar en una misma iniciativa la protección de las fronteras y la integración de los emigrantes. No obstante, considera que es necesario gestionar estos Fondos de manera coordinada y coherente por los siguientes motivos:

Por lo demás, habida cuenta del objetivo global, el Comité insiste en que ambos programas deben ser suficientemente claros para evitar la confusión que podría generarse.

3.1

El Comité señala que la propuesta de Comunicación no puede ser la misma con o sin ratificación del Tratado Constitucional y sin la Carta de los Derechos Fundamentales integrada en el Tratado.

3.2

El Comité se pronuncia a favor de la creación de fondos de solidaridad, pero anima a la Comisión a adaptarla en función del Programa de La Haya, teniendo en cuenta el dictamen del CESE (11).

4.1.1

Asilo, inmigración, integración, cuestión pluridimensional, respuesta creíble y sostenible forman parte de los objetivos perseguidos. Ahora bien, para completar el enfoque económico de la Comisión en el Libro Verde sobre el planteamiento de la UE para gestionar la inmigración (12), sería conveniente que la Comunicación profundizara en los aspectos de los derechos individuales y universales en materia de migraciones, estableciendo vínculos con el programa general «Derechos fundamentales y justicia»; asimismo, debería basarse en la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (13).

El Comité también pide a la Comisión que se apoye más en el informe de evaluación establecido cada cuatro años por el Comité independiente de expertos juristas y presentado al Comité intergubernamental que representa el control institucional de la Carta Social revisada del Consejo de Europa y lo tenga en cuenta en sus propuestas complementarias.

El Comité señala que la mayor parte de estos Fondos Estructurales se orienta a una gestión delegada a los Estados miembros en el marco de sus prerrogativas y en virtud de los principios de subsidiariedad. En cuanto al principio de proporcionalidad, como ya manifestó el CESE en su dictamen de evaluación del Programa de La Haya y del plan de acción, el Comité estima que «El Programa de La Haya da una prioridad clara al establecimiento de mecanismos de evaluación sobre políticas ya existentes. Antes de adoptar estas iniciativas es necesario hacer un estudio pormenorizado e independiente sobre la eficacia, valor añadido, proporcionalidad y legitimidad (respeto de los derechos humanos y libertades públicas) de las mismas» (14).

El Comité también expone su inquietud por el curso que se dará a la audiencia de ONG, asociaciones de la sociedad civil organizada e interlocutores sociales, del 14 de junio de 2005, sobre el Libro Verde citado, en la que muchas organizaciones se pronunciaron en contra del planteamiento económico que prima sobre los derechos humanos y sobre la necesidad de comprender las consecuencias humanas, culturales, sociales y jurídicas en todas sus dimensiones para el conjunto de las poblaciones inmigrantes y de acogida.

4.1.2

Por último, el Comité habría deseado encontrar en la iniciativa de la Comisión las sugerencias que formuló en dictámenes anteriores.

4.1.3

El Comité destaca que los asuntos relacionados con la migración de las personas no deberían tratarse como un problema a priori. La inmigración actual genera una nueva situación política, económica y social, añadida a la inmigración más antigua, que la sociedad en su conjunto debe asumir teniendo en cuenta el derecho de las personas a elegir su destino en un marco jurídico internacional, europeo y nacional adoptado por los Estados miembros y que deben respetar (15).

4.1.4

El retorno que la Comisión presenta como «solución» no debería contraponer los derechos de los supuestos «residentes legales» y los supuestos «ilegales». La ilegalidad no es una situación permanente elegida de forma deliberada para beneficiarse supuestamente de un estatuto hipotético. Existen varias y muy diversas causas de ilegalidad. El Comité ha emitido varios dictámenes en los que intenta ilustrar a las instituciones europeas sobre la realidad de los retos económicos y sobre la situación de las víctimas (16). Toda política de retorno debe respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales.

4.1.5

La «gestión» de las fronteras y visados no debería primar sobre los aspectos humanitario, social, político y jurídico.

Causas profundamente enraizadas en el tiempo como, por ejemplo, la sequía que asola el África subsahariana, exigen, en materia de desarrollo, cooperación y lucha contra el calentamiento climático, medios distintos de los 750 millones de euros previstos para retornos forzosos y 2 150 millones de euros para la gestión de las fronteras exteriores en el ámbito consular. Se precisa una apreciación política y un compromiso firme en favor de la acción a largo plazo. Aunque, desafortunadamente, la lucha contra el hambre y la sequía ni siquiera figura en los objetivos del milenio, el Comité exhorta a la Comisión y al Consejo a preocuparse de manera activa por esta cuestión y a:

El Comité considera que transferir las responsabilidades de la represión a los países de tránsito no es una solución apropiada ni aceptable. Por lo tanto, es necesario mejorar la coordinación entre las instituciones de la Unión Europea, por una parte, y las autoridades de los terceros países de los que proceden los inmigrantes. Asimismo, la inmigración debería formar parte de las relaciones exteriores de la Unión.

4.1.6

La libre circulación de personas no puede «gestionarse», parafraseando el título de la Comunicación, de la misma manera que la de capitales o servicios.

4.1.7

Los cuatro instrumentos financieros que propone la Comisión para apoyar la actuación de los Estados miembros en materia de inmigración deberían permitir la aplicación de una política coordinada en este ámbito que incluya, además de una gestión adecuada de los flujos migratorios, la integración de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros en las mismas condiciones que los ciudadanos nacionales.

El Comité aprovecha la ocasión para denunciar el dumping social que puede derivarse de la prestación de servicios transfronterizos, dado que constituye la principal vía de inmigración legal, al tiempo que también afecta a los trabajadores de los nuevos Estados miembros de la Unión Europea como consecuencia de las normas transitorias a las que están sometidos.

A este respecto, la labor de los interlocutores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil es esencial, por lo que debe apoyarse y reconocerse.

«Movimientos secundarios» ilegales: Debido a una reglamentación muy restrictiva (como recuerda el Comité) de la Directiva «sobre condiciones de entrada» que el Consejo no adoptó en 2002, a pesar del apoyo del Comité y del Parlamento, los movimientos secundarios «legales» son, de acuerdo con la legislación y la práctica, los de residentes con más de cinco años de residencia que presentan una segunda solicitud de residencia en otro Estado miembro o los de residentes con menos de cinco años que presentan una solicitud de estancia de corta duración en otro Estado miembro. Por lo tanto, el Comité supone que por «movimientos secundarios»ilegales en la Comunicación se quiere hacer referencia a los desplazamientos de personas que residen ilegalmente y a los solicitantes de asilo a quienes se haya denegado la solicitud en un primer país de acogida. Ahora bien, éstos no sólo tienen derecho a presentar una solicitud de asilo, aunque no siempre se les permite en todos los Estados miembros, sino también a un examen individual y a presentar un recurso judicial suspensivo. En determinados Estados miembros estos recursos no existen, se impiden o no tienen carácter suspensivo. El Comité comprende que la aplicación de los acuerdos de Dublín y Dublín II, sobre los que ya se pronunció, debe verse facilitada por medio de un instrumento financiero. En esta óptica, incluso si la Comisión debe garantizar una distribución equitativa de los fondos y facilitar un reparto justo de las responsabilidades, también debería conceder especial atención a los Estados miembros más afectados por la presión migratoria teniendo en cuenta no sólo su posición fronteriza sino también su tamaño (por ejemplo, Chipre, Malta, etc.), su capacidad general de acogida (asilo, reinstalación e inmigración) y las mejores prácticas en el cumplimiento de sus obligaciones. La Comunicación no establece orientaciones suficientemente precisas para establecer un reparto equitativo de responsabilidades. No debería concederse apoyo financiero a los Estados miembros que cierran centros de acogida o reducen su capacidad.

4.1.8

«Gestión integrada» del retorno: El Comité, dentro de su enfoque estrictamente consultivo de asamblea que representa a la sociedad civil, plantea que se trata de seres humanos y de personas concretas. Sería más aconsejable establecer cooperaciones duraderas que alcancen objetivos pacíficos y fijar los criterios para determinar el grado de voluntariedad.

4.1.9

El Comité manifiesta su sorpresa al leer en el texto propuesto que, dentro de los objetivos específicos establecidos para el Fondo europeo para el retorno, las acciones podrían destinarse a aportar una ayuda concreta a las categorías vulnerables, como la infancia, personas que han sufrido tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual. No obstante, debe recordarse que la Convención de Ginebra estipula los procedimientos, exámenes individuales y recursos a que tienen derecho estas personas. Dado que la legislación europea ha incorporado la Directiva sobre «requisitos del estatuto de refugiado» (17) y que los Estados miembros son parte contratante del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el Comité no concibe que personas en esta situación puedan entrar en el ámbito de los «retornos voluntarios».

4.1.10

La Comisión debería reflexionar sobre los criterios necesarios para el éxito del proyecto de retorno voluntario. El Comité entiende que no se trata de cooperación ni de desarrollo de proyectos personales de individuos, sino de la repatriación tras una decisión judicial o administrativa y de la decisión de retorno y de expulsión. El Comité defiende la necesidad de respetar y apoyar el Convenio europeo sobre derechos humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales y de respetar los principios aplicables: nadie debería verse obligado al retorno cuando ello pone su vida en peligro. A este respecto, deberían potenciarse los medios de acceso a la justicia. Los recursos deberían ser siempre suspensivos. Por último, los retornos deberían producirse únicamente de manera excepcional, de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del Consejo de Europa. Ello no es lo que se deduce de determinados párrafos de la propuesta (por ejemplo, punto 5.1.3 de las disposiciones financieras).

La Comisión debería presentar disposiciones de aplicación más detalladas que garanticen asesoramiento, asistencia material y demás formas adecuadas de apoyo al retorno. Asimismo, debería presentar disposiciones con normas de seguimiento y de control independientes y creíbles sobre seguridad, protección y bienestar de las personas repatriadas.

—

El Comité apoya la propuesta de establecer un Fondo europeo para la integración de los nacionales de terceros países para el período 2007-2013, un Fondo europeo para los refugiados en la línea del Fondo actual y un Fondo para las fronteras exteriores;

—

Insta al Consejo a examinar y adoptar conjuntamente la propuesta de Comunicación por la que se define el Programa general de solidaridad y gestión de los flujos migratorios y las Decisiones por las que se establecen Fondos específicos para la aplicación del Programa general;

—

Invita a la Comisión a tener en cuenta las recomendaciones del CESE en su plan de acción relativo al Programa de La Haya;

—

Recomienda al Consejo y a la Comisión que velen por la transparencia del funcionamiento de estos nuevos Fondos Estructurales proporcionando una coherencia explícita entre el Programa de La Haya y la Comunicación sometida a examen;

—

Solicita que se adopten disposiciones específicas en las Decisiones por las que se establecen los diferentes Fondos a fin de que los operadores no estatales participen, en la fase más temprana posible, en el marco plurianual de orientaciones definidas por los Estados miembros y por la propia Comisión.

11.4.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/20

1.1

El CESE considera que es preciso prestar especial atención a los siguientes aspectos:

2.1

El CESE acoge con satisfacción la «Propuesta de recomendación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a la movilidad transnacional en la Comunidad a efectos de educación y formación: la Carta de calidad de la movilidad europea» (1). La propuesta de suprimir todos los obstáculos a la movilidad de los ciudadanos de la Unión Europea dentro de los Estados miembros permitirá reforzar la competitividad de ésta, en consonancia con los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

2.2

El CESE acoge con satisfacción que los Estados miembros, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea se esfuercen por suprimir los obstáculos a la movilidad en el ámbito de la educación y la formación (2).

2.3

En las últimas décadas ha aumentado en el territorio de la UE la movilidad a efectos de formación, y gracias a ello numerosos participantes de diferentes programas han tenido la posibilidad de adquirir nuevas experiencias y de superar las barreras lingüísticas y culturales en Europa.

2.4

El CESE señala que, gracias a los programas de educación y de intercambios internacionales ofrecidos por la Comisión a los Estados miembros, desde el año 2000 se ha triplicado el número de personas que se desplazan al extranjero con el fin de seguir su educación.

2.5

El CESE considera que estos programas brindan la oportunidad de construir una sociedad europea de tolerancia, abierta a personas de diferente religión, origen étnico, orientación sexual, etc.

2.6

El CESE apoya expresamente la nueva generación de programas de educación y formación propuestos por la Comisión en 2004. El gran interés manifestado por participar en estos programas indica que la juventud europea, de manera indirecta, está contribuyendo en la práctica a cumplir los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

3.1

El CESE considera que los Estados miembros deberían velar por la coordinación de los diferentes programas a nivel nacional y local.

3.2

Es necesario que las instituciones, las organizaciones, las universidades, las escuelas y las personas responsables de la coordinación de los programas de movilidad realicen todos los esfuerzos posibles para garantizar la transparencia de los procedimientos de selección de los candidatos. En la práctica se observa que, en muchas ocasiones, la participación en un programa de intercambios internacionales se considera como una recompensa por haber alcanzado determinados resultados.

3.3

El CESE aboga también por realizar amplias campañas de información que permitan llegar al mayor número posible de participantes potenciales. Es fundamental informar a la mayor cantidad posible de jóvenes europeos acerca de los objetivos de los programas y las posibilidades que ofrecen.

3.4

El CESE considera que los Estados miembros deben garantizar a los participantes que se les reconocerán la experiencia y las cualificaciones que hayan adquirido en el marco de los programas.

3.5

El Comité valora muy positivamente que también se fomente la movilidad a efectos de formación profesional y los programas destinados a los voluntarios. Estos programas contribuirán, sin lugar a dudas, a la carrera profesional de los participantes y facilitarán su capacidad de adaptación a trabajar en un entorno internacional.

3.6

Algunos Estados miembros que han finalizado la transposición de las diferentes etapas del proceso de Bolonia ya aplican las recomendaciones que formula la «Carta de calidad de la movilidad europea» en materia de educación y formación. Deben valorarse positivamente los objetivos y las acciones que propone la Carta, cuyo fin es mejorar la utilización de los programas que ofrece la Comisión.

3.7

Cabe señalar que la propuesta de la Comisión sólo incluye los elementos de los que cabe esperar un efecto positivo a nivel europeo.

3.8

Uno de los aspectos positivos de la propuesta de la Comisión examinada es que no impone cargas financieras suplementarias derivadas de la coordinación, de modo que la recomendación puede ponerse en práctica sin problemas.

3.9

Dado que la adopción de la «Carta de calidad de la movilidad europea» es de carácter voluntario, existe el riesgo de que los Estados miembros intenten lograr condiciones individuales que, a su vez, puedan repercutir negativamente en la transposición efectiva de los principios de la Carta y provocar retrasos en su aplicación en los Estados miembros.

3.10

El CESE señala también que las señales procedentes de las organizaciones de la sociedad civil indican que las organizaciones de origen o de acogida no están adecuadamente preparadas para llevar a cabo los programas, lo cual puede tener una incidencia negativa en la valoración final del programa por parte de los participantes.

3.11

El CESE considera que la Comisión debería establecer una fecha de entrada en vigor de la Carta para impulsar a los Estados miembros a tomar medidas con rapidez.

11.4.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/22

1.1

El CESE acoge favorablemente la Comunicación como una oportunidad para evaluar los éxitos y las carencias del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003, extraer enseñanzas para la preparación de otros Años Europeos y desarrollar las iniciativas emprendidas durante el Año Europeo de las personas con discapacidad 2003.

1.2

El CESE está de acuerdo en que el éxito del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003, en comparación con Años Europeos anteriores, se debe a la circunstancia de que ha sido solicitado por las propias organizaciones de personas con discapacidad, así como a la participación de dichas organizaciones en la planificación y desarrollo del Año. El CESE pide a la Comisión Europea y a las instituciones comunitarias que favorezcan un planteamiento de abajo arriba en los preparativos de este tipo de iniciativas en el futuro.

1.3

El CESE lamenta la falta de información en la Comunicación sobre las acciones desarrolladas a nivel nacional y regional, y considera que en el futuro debería establecerse un marco para garantizar el flujo adecuado de información, así como la recogida y la difusión de información relativa a las mejores prácticas.

1.4

La medidas adoptadas para aumentar la sensibilización general y la visibilidad en los medios de comunicación se han evaluado en términos de cantidad, pero no de calidad. Por lo tanto, el CESE pide a la Comisión Europea que aborde esta cuestión en iniciativas futuras.

1.5

El CESE considera que el éxito del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 debería haberse plasmado en políticas y legislación, y que la respuesta política no es satisfactoria, habida cuenta de las expectativas suscitadas por la celebración del Año.

1.6

El CESE pide a la Comisión Europea que evalúe en su futuro informe bienal sobre la situación de las personas con discapacidad el seguimiento de los compromisos políticos adquiridos durante el Año Europeo, y, en particular, el seguimiento de las resoluciones del Consejo sobre empleo, educación, «accesibilidad electrónica» y cultura, así como que elabore recomendaciones para la inclusión de las preocupaciones relativas a la discapacidad en el método abierto de coordinación dentro de la Estrategia de Lisboa.

1.7

El CESE también lamenta el carácter limitado de la información sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para tener en cuenta la discapacidad, y pide a la Comisión Europea que desarrolle un instrumento para la recogida y evaluación de información sobre las políticas de los Estados miembros.

1.8

El Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 impulsó al Comité a desarrollar una serie de iniciativas: la creación de un grupo de trabajo sobre la discapacidad («disability task force») en el Comité; incluir la discapacidad en sus trabajos; adoptar dictámenes de iniciativa sobre las personas con discapacidad; tomar en consideración los requisitos en materia de accesibilidad en la renovación de su nueva sede; y revisión del Estatuto de los Funcionarios y otros Agentes para facilitar la contratación de personas con discapacidad.

1.9

El CESE pide también que se integren las cuestiones relativas a la discapacidad en todas las políticas de la UE, y que se desarrolle un diálogo estructurado con las organizaciones de personas con discapacidad, en particular en lo que se refiere a la elaboración de legislación sobre el mercado interior.

2.1

El CESE ha recibido con gran interés la Comunicación de la Comisión Europea sobre la puesta en práctica, los resultados y la evaluación general del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003.

2.2

El Año Europeo de las personas con discapacidad fue aprobado oficialmente por el Consejo de la UE el 3 de diciembre de 2001 (1). La campaña, cuyos trabajos preparatorios comenzaron a mediados de 2002, duró de hecho casi un año y medio, y dispuso de un presupuesto comunitario limitado de unos doce millones de euros.

2.3

Los objetivos principales del Año eran sensibilizar a la opinión pública sobre los derechos de las personas con discapacidad y fomentar la reflexión y el debate sobre las medidas necesarias para promover la igualdad de oportunidades y luchar contra las numerosas formas de discriminación de las personas con discapacidad en Europa. Otro de los objetivos era promover y reforzar el intercambio de experiencias sobre ejemplos de prácticas y estrategias de probada eficacia a escala local, nacional y europea, así como mejorar la comunicación sobre la discapacidad y fomentar una imagen positiva de las personas con discapacidad.

2.4

La Comisión Europea hace hincapié en que el Año fue el resultado de un proceso de colaboración entre la UE, los Estados miembros y las organizaciones de personas con discapacidad, en particular el Foro Europeo de la Discapacidad, así como con otras partes interesadas de la sociedad civil.

2.5

A nivel europeo, la Comisión Europea desarrolló una serie de actividades, como una campaña de sensibilización con el eslogan «Sube a bordo — Get on board» y un autobús que se desplazó por toda Europa. Se asignaron fondos a programas en los ámbitos de la juventud, la educación y la cultura, así como a iniciativas en materia de investigación y de la sociedad de la información. Además, varias instituciones de la UE, como el Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo desarrollaron iniciativas específicas en el marco del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003.

2.6

Las iniciativas a nivel nacional y regional se concentraron sobre todo en aumentar la sensibilización sobre los derechos, la accesibilidad física al entorno construido, la sociedad de la información, el transporte, el desarrollo de nueva legislación nacional, la elaboración de informes y el apoyo a las familias. La Comisión también destaca que el Año ha contribuido a incluir la discapacidad en la agenda política.

3.1

El CESE lamenta que la Comunicación sobre la evaluación del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 se haya adoptado casi dos años después de que haya concluido dicho Año. No obstante, el CESE acoge favorablemente la oportunidad de evaluar los resultados del Año y señalar algunas acciones de seguimiento.

3.2

El CESE apoya el análisis positivo de los resultados del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003, que ha sido probablemente el Año Europeo más exitoso en cuanto a visibilidad y participación ciudadana, así como para impulsar el desarrollo de medidas y legislación en toda Europa.

3.3

En la Comunicación se facilita un buen resumen y análisis de las acciones adoptadas a nivel europeo. No obstante, existe escasa información sobre las iniciativas a nivel nacional y regional. Hubiera sido útil destacar proyectos o actividades relevantes financiados a través del Año Europeo de las personas con discapacidad a fin de fomentar el intercambio de buenas prácticas, así como establecer qué iniciativas podrían continuarse, tanto a nivel nacional como europeo.

3.4

Resulta interesante señalar que en la evaluación externa se destaca que el proyecto piloto lanzado por el Parlamento Europeo como seguimiento del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 no estuvo sincronizado con las actividades de ese Año. El CESE considera que podría haberse utilizado mejor su financiación si durante el Año se hubiese realizado un análisis de las actividades y colaboraciones interesantes.

3.5

La decisión relativa al Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 preveía la participación de países de la AELC/EEE, de los países asociados de Europa Central y Oriental, Chipre, Malta y Turquía, la mayoría de los cuales han pasado a ser miembros de la UE o candidatos a la adhesión. No obstante, en la Comunicación no se facilita información sobre las actividades organizadas en dichos países, con independencia de que se haya firmado o no un acuerdo específico con la Comisión Europea.

3.6

En la Comunicación también se señala que la cobertura de las personas con discapacidad por los medios de comunicación aumentó en un 600 % en 2003. Sería interesante comparar estos resultados con la cobertura por parte de los medios de comunicación en 2004 y 2005 para averiguar cuál ha sido la repercusión a medio o incluso a largo plazo de estas campañas de sensibilización.

3.7

Tampoco se ha analizado la calidad de la información. Uno de los objetivos del Año era fomentar una imagen positiva de las personas con distintos tipos de discapacidad. Existen pocos elementos en el informe para saber si esto se ha logrado realmente o no, y si se han desarrollado imágenes innovadoras de las personas con discapacidad.

3.8

El método descentralizado llevó a las autoridades y comités nacionales a adoptar planteamientos variados. Algunos países prefirieron concentrarse en un número limitado de proyectos de mayores dimensiones, mientras que otros prefirieron apoyar un gran número de pequeñas iniciativas locales. Habría sido interesante saber hasta qué punto fue eficaz cada planteamiento en términos de visibilidad de la campaña, así como de la sostenibilidad de las iniciativas adoptadas.

3.9

El CESE observa asimismo que el nivel de participación política en el Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 a nivel nacional varió mucho en función de los países. Lamenta, no obstante, que no se analice si ello ha contribuido a nuevas iniciativas políticas en algún país concreto.

3.10

A nivel Europeo, se adquirieron algunos compromisos políticos, en particular las resoluciones del Consejo sobre empleo y formación, acceso a actividades culturales, educación y «accesibilidad electrónica» (eAccesibility) (2), así como las iniciativas de las instituciones europeas sobre la accesibilidad (3) y el empleo, por ejemplo.

3.11

La Comisión Europea debería revisar su aplicación en su próximo informe bienal sobre la situación de las personas con discapacidad, tal y como se prevé en el marco de su plan de acción sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

3.12

El Año representó una gran oportunidad para aumentar la sensibilización sobre el papel crucial que pueden desempeñar las empresas en la integración social de las personas con discapacidad, así como en su integración en el mercado laboral. Como resultado de la celebración del Año, un número creciente de empresas está contratando a personas con discapacidad y diseñando sus productos y servicios tomando en consideración los requisitos universales en materia de accesibilidad. Una iniciativa especialmente positiva fue la «European Year Corporate Partnership» (asociación de empresas para el Año Europeo) promovida por la Comisión Europea, que ha conducido a la creación de la «Business and Disability Network» (red «empresas y discapacidad»), uno de los resultados a largo plazo del Año.

3.13

Las empresas de la economía social también estuvieron especialmente activas durante el Año, ya que dirigieron cientos de iniciativas a nivel local, regional, nacional y europeo. Revistió especial interés la publicación de una guía por la CEP-CMAF (Conferencia Permanente Europea de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones), en colaboración con el CESE, sobre la manera en que las organizaciones de la economía social pueden contribuir a la integración social de las personas con discapacidad y a su incorporación al mercado laboral.

3.14

En 2003 también se incrementó la acción sindical en defensa de los derechos laborales de las personas con discapacidad.

3.15

El Año ayudó a las organizaciones a lograr o mejorar el acceso al proceso de decisión, y puede haber proporcionado a las personas con discapacidad mejores oportunidades para defender sus derechos.

3.16

El Grupo de Alto Nivel sobre las personas con discapacidad deberá organizar el intercambio de buenas prácticas y la revisión de iniciativas políticas, desarrollando un mandato y un programa de trabajo claros.

3.17

Además, es fundamental que la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad se integre en los distintos procesos comunitarios que utilizan el método abierto de coordinación. Esto resulta tanto más crucial cuanto que la política en materia de discapacidad sigue siendo en gran medida un ámbito de competencia nacional. Lamentablemente, desde que finalizó el Año hemos visto reducirse las referencias a las personas con discapacidad y los objetivos para ellas, que actualmente han desaparecido de la Agenda de Lisboa.

4.1

El éxito del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 se debió en gran medida a que se planteó desde la base. En la Comunicación se señala que el Año fue concebido y promovido por el movimiento europeo de personas con discapacidad, que también participó ampliamente en su preparación y desarrollo. Resulta decepcionante ver que este planteamiento no se ha aplicado a las decisiones adoptadas los años siguientes, con consecuencias obvias en cuanto a la movilización y el interés de ambos grupos específicos y del público en general.

4.2

La estrecha colaboración de las organizaciones de discapacitados en el desarrollo de la campaña europea de sensibilización del Año Europeo de las personas con discapacidad deberá continuar e incluso reforzarse en el Año Europeo de la igualdad de oportunidades 2007, habida cuenta de la variedad de las partes interesadas. Es fundamental que los grupos específicos sientan que los instrumentos y el marco satisfacen sus necesidades, y que se les permite apropiarse de los actos para garantizar su éxito. También es importante que haya tiempo suficiente para la preparación entre la decisión relativa al Año y su comienzo oficial.

4.3

Los evaluadores externos señalaron que el cumplimiento del Reglamento Financiero representó una carga demasiado pesada tanto para los Estados miembros como para los contratistas, así como para la Comisión Europea, que podría haber dedicado más tiempo a nuevas iniciativas. La Comisión Europea debería tener esto en cuenta en la actual revisión del Reglamento Financiero y las normas de aplicación.

4.4

Además, el desarrollo de indicadores y de un sistema de supervisión permitiría a los Estados miembros registrar datos relativos a sus actividades, lo que conduciría a una supervisión y recogida eficaces de información sobre buenas prácticas.

4.5

Los Años Europeos no deben ser una mera oportunidad para la sensibilización ciudadana o la celebración, sino la piedra angular de nuevas iniciativas. El Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 ha suscitado numerosas expectativas tanto a nivel nacional como europeo. Es importante que las campañas de sensibilización se traduzcan en prácticas permanentes, y que exista un marco político y legislativo adecuado para responder a los desafíos que surjan durante el Año. La disponibilidad de recursos también reviste una importancia fundamental para proseguir las colaboraciones y los proyectos innovadores desarrollados durante el Año.

5.1

El CESE se comprometió a desarrollar una serie de iniciativas durante el Año Europeo de las personas con discapacidad 2003. Este documento proporciona la oportunidad de analizar estos compromisos y de sugerir algunas medidas para el futuro.

5.2

El CESE creó un grupo de trabajo sobre la discapacidad («disability task force») formado por un grupo de miembros y funcionarios del Comité con el fin de preparar y desarrollar las actividades del CESE para el Año Europeo.

5.3

El CESE suscribió los principios de la Declaración de Madrid y se comprometió a su difusión (4). El CESE aprobó varios dictámenes y respuestas en preparación para el Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 (5) y como seguimiento del mismo, que se distribuyeron ampliamente a las instituciones europeas y a las organizaciones relevantes. Además, el CESE organizó dos seminarios sobre el empleo de las personas con discapacidad y sobre la evaluación del Año Europeo de las personas con discapacidad 2003.

5.4

El CESE se ha comprometido a incluir la discapacidad en todos sus trabajos y a considerar los intereses, derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en todos sus dictámenes. Aunque todavía existe un importante margen de mejora, el CESE se está moviendo en la dirección adecuada, y un número creciente de los dictámenes del Comité incorporan el aspecto de la discapacidad, suscitando así la atención de otras instituciones hacia los derechos de las personas con discapacidad.

5.5

El CESE ha aprobado dictámenes sobre las personas con discapacidad por iniciativa propia y en respuesta a comunicaciones o propuestas legislativas (6). En particular, el CESE elaboró un dictamen donde se facilitaban orientaciones sobre la integración de esta cuestión y sobre la consulta de las organizaciones de discapacitados (7). Numerosos dictámenes del Comité incluyen las cuestiones relativas a la discapacidad en el contexto del empleo, la integración social y la industria (8). El CESE también se comprometió a una evaluación periódica, que será realizada por un Grupo de trabajo del Comité en 2006.

5.6

Además, el CESE tomo en consideración los requisitos en materia de accesibilidad en la renovación de su nueva sede, que se inauguró en mayo de 2004. La nueva sede ha permitido al CESE facilitar casi por completo la igualdad de acceso a los miembros y funcionarios con discapacidad. Además, como consecuencia de ello, se han celebrado seminarios con la participación de organizaciones de discapacitados en el edificio del CESE, sirviendo de ejemplo para otras instituciones y órganos de la UE.

5.7

El CESE toma nota de la revisión del Estatuto de los Funcionarios y otros Agentes de la CE elaborado en 2003 y de sus disposiciones, que facilitan la contratación de personas con discapacidad. No obstante, el CESE señala que también es necesario un planteamiento más activo a fin de garantizar la contratación de un mayor número de personas con discapacidad.

5.8

El CESE pide a la Comisión Europea que realice una evaluación de los cambios introducidos en el Estatuto relativos a la contratación de personas con discapacidad, como parte del Año Europeo de la igualdad de oportunidades 2007.

5.9

El CESE pide asimismo la creación de un programa de becas de formación para las personas con discapacidad. El Año Europeo de la igualdad de oportunidades 2007 podría ser el momento adecuado para efectuar esta revisión.

6.1

El CESE ha señalado siempre en sus dictámenes que el éxito del Año de las personas con discapacidad debería medirse por los resultados concretos que produzca.

6.2

El CESE lamenta que el Año Europeo de las personas con discapacidad 2003 no haya conducido a la adopción de una legislación general sobre la no discriminación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la política comunitaria.

6.3

El CESE acogió favorablemente el Plan de acción europeo 2003 sobre la igualdad de oportunidades en su dictamen aprobado en febrero de 2004. El CESE también señaló en el dictamen que el plan de acción carecía de ambición y sugirió que la Comisión Europea estudiara nuevas acciones (9).

6.4

El CESE observa que acaba de publicarse el primer informe bienal sobre la situación de las personas con discapacidad, así como las nuevas prioridades para la próxima fase del Plan de acción europeo (10).

6.5

Deberían elaborarse recomendaciones sobre la repercusión de las estrategias europeas de protección social, empleo y aprendizaje permanente en las personas con discapacidad. Esto resulta especialmente importante debido a que no se menciona a las personas con discapacidad en la nueva Estrategia de Lisboa simplificada ni en los nuevos programas nacionales de reformas presentados en 2005. En este contexto, el CESE acoge favorablemente el documento de trabajo relativo a la integración de la discapacidad en la estrategia de empleo (11), y pide a la Comisión Europea que evalúe la aplicación de dicho documento.

6.6

El CESE también acoge favorablemente la propuesta de la Presidencia británica de celebrar una conferencia ministerial anual sobre la discapacidad a fin de fomentar un debate político de alto nivel, con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad.

6.7

El CESE considera que la Comisión Europea debería desarrollar un instrumento de evaluación de impacto sobre la discapacidad para la legislación comunitaria, en colaboración con las organizaciones de personas con discapacidad, y desarrollar cursos de formación para funcionarios de las distintas Direcciones Generales sobre la manera adecuada de utilizarlo.

6.8

En el Tratado de Amsterdam, la CE se comprometió a tomar en consideración a las personas con discapacidad a la hora de elaborar medidas relativas al mercado interior. Lamentablemente, la Declaración 22 no se ha aplicado, con el resultado de que cada vez existen más barreras para la circulación de bienes y servicios.

6.9

El CESE pide a la Comisión Europea que presente una iniciativa que reúna a los funcionarios responsables de las cuestiones del mercado interior y a los expertos de organizaciones de personas con discapacidad a fin de desarrollar un plan estratégico.

6.10

El CESE acoge favorablemente la rápida adopción del reglamento sobre los derechos de las personas de movilidad reducida en el transporte aéreo, que ayudará a luchar contra la discriminación que sufren las personas con discapacidad en sus desplazamientos aéreos, así como una serie de otras iniciativas legislativas en materia de transporte que fomentan también los derechos de las personas con discapacidad.

6.11

El CESE pide que se incluyan los requisitos de accesibilidad en todas las subvenciones promovidas por la UE y en su propia política de contratos.

6.12

El CESE también sigue de cerca las negociaciones relativas al Convenio Internacional sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y acoge favorablemente la propuesta de la UE para que las Comunidades Europeas sean parte del Convenio, protegiendo asimismo a las personas con discapacidad residentes en la UE, también en lo que se refiere a los actos de las instituciones y órganos comunitarios.

6.13

El CESE considera que es necesaria nueva legislación para luchar contra la discriminación en todos los ámbitos de competencia de la UE, y está a la espera de los resultados del estudio de viabilidad sobre nuevas iniciativas legislativas contra la discriminación. Confía, además, en que el año próximo se lance una propuesta de directiva específica sobre la discapacidad.

11.4.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/27

1.1

Acoge favorablemente el lanzamiento definitivo de un debate sobre un enfoque comunitario acerca de los sistemas de eco-etiquetado de los productos pesqueros.

1.2

Manifiesta su voluntad de participar activamente en los trabajos subsiguientes.

1.3

Recomienda a la Comisión que, además de la exigible coordinación entre sus servicios con competencias en materia de eco-etiquetado, mantenga una estrecha cooperación con las organizaciones internacionales competentes en la materia, tales como la FAO (Food and Agriculture Organization), la OMC (Organización Mundial del Comercio), la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo), la UNCTAD (Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo), la ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling) y la ISO (International Standards Organization).

1.4

Sugiere a la Comisión que al mismo tiempo mantenga una constante comunicación con los interlocutores medioambientales, sociales y en particular del sector afectado (pesquero, transformador y comercializador), así como con los consumidores.

1.5

Entiende que en el momento presente y debido a la complejidad de la materia, es preferible optar por la tercera de las opciones contenidas en la Comunicación de la Comisión, esto es, el establecimiento de requisitos mínimos para sistemas voluntarios de eco-etiquetado.

1.6

Observa, no obstante, que tales requisitos mínimos deben ser suficientemente rigurosos y acompañarse de normas que impidan y sancionen su violación.

1.7

Llama la atención sobre el hecho de que las etiquetas ecológicas ya adoptadas por organizaciones regionales de pesca conforme a reglamentaciones adoptadas por la propia Unión Europea (como es el caso de la etiqueta «Dolphin Safe» del APICD (Acuerdo relativo al Programa Internacional para la Protección de los Delfines)) (1) deben en todo caso respetarse y hacerse respetar por los operadores, implementando las normas de desarrollo que sean precisas.

1.8

Solicita a la Comisión que dedique una atención preferente a los problemas generados por los costes que implica la eco-etiqueta de los productos pesqueros, así como su correcta distribución en la cadena de valor entre productores, transformadores, comercializadores y consumidores.

2.1

En febrero de 2004, el Consejo de la Unión Europea estimó necesario incluir en su agenda el inicio de un debate sobre el eco-etiquetado de los productos de la pesca. En la Comunicación correspondiente, el Consejo manifestaba que propondría condiciones para identificar los métodos de captura, así como la rastreabilidad continuada (también denominada «trazabilidad») del producto desde el buque de pesca hasta el consumidor final, donde se garantizase el respeto de las prácticas de pesca y comercio responsable.

2.1.1

El Consejo pensaba entonces que «la Comunidad debe liderar este debate que está teniendo lugar en distintos foros internacionales».

2.1.2

Por medio de su antedicha Comunicación, la Comisión ha lanzado finalmente un debate sobre un enfoque comunitario acerca de los sistemas de etiquetado de los productos pesqueros, invitando a las restantes Instituciones de la Unión Europea a que manifiesten sus puntos de vista con la finalidad última de proponer las iniciativas legislativas y demás recomendaciones pertinentes.

2.1.3

Corresponde por tanto a este Comité Económico y Social Europeo manifestarse sobre la iniciativa estableciendo su posición al respecto.

2.1.4

Las referencias que en el presente Dictamen se hacen a «productos pesqueros» deben entenderse hechas también a los productos de la acuicultura, sin perjuicio de tomar en consideración las especificidades medioambientales de una y otra actividad.

2.2.1

La antedicha Comunicación de la Comisión supone un importante esfuerzo de síntesis de una compleja situación de hecho y de derecho y, en tal sentido, el Comité Económico y Social Europeo desea en primer lugar felicitar al servicio responsable por la labor realizada. Cabe recordar que el Comité ya se ha referido con carácter general a algunas de las cuestiones planteadas ahora en concreto para las eco-etiquetas de productos pesqueros en su Dictamen sobre comercio ético y sistemas de garantía para los consumidores  (2).

2.2.2

Para poder situar el debate en términos precisos y actuales, es imprescindible tomar en consideración que la Agencia de Naciones Unidas con competencia en materia pesquera, el Comité competente de la FAO, ha aprobado recientemente (en concreto los días 11 a 13 de marzo de 2005) sus propias « Directrices para el eco-etiquetado de pescado y productos pesqueros de la pesca de captura marina » que habían sido sometidas a consulta de expertos y redactadas en octubre de 2004 (3). El inicio del debate en la FAO data nada menos que de 1998.

2.2.3

El presente Dictamen no puede recoger en su integridad las directrices citadas en el párrafo anterior, pero es de destacar que las mismas contienen los requisitos sustantivos mínimos y criterios para determinar si se puede conceder una eco-etiqueta a una pesquería, entendiendo que la pesquería es la unidad de certificación. En resumen, se requiere que exista una normativa, un marco de control administrativo, datos científicamente contrastados sobre los stocks existentes y los efectos de la pesca sobre el ecosistema correspondiente. Por otro lado, la FAO ha elaborado directrices para el establecimiento de normas de pesca sostenible y sobre todo, sobre los mecanismos válidos de acreditación y certificación. Muy especialmente debe destacarse que las directrices de la FAO contienen como requisitos esenciales del funcionamiento del sistema de eco-etiquetado la transparencia, la participación de los interesados, las reglas de notificación, la creación de un registro, el examen y revisión de los procedimientos y normas, la existencia de recursos humanos y financieros suficientes, la rendición de cuentas y accesibilidad de la información y los sistemas de mantenimiento, suspensión y retiro de la acreditación, con los correspondientes derechos de reclamación.

2.2.4

Al mismo tiempo, es necesario tomar en consideración que el eco-etiquetado es una actividad relativamente reciente y con difusión principalmente en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (4) y que existen trabajos en curso en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Al mismo tiempo, la International Organization for Standardization (ISO) ha elaborado sus propios criterios metodológicos y conceptuales sobre gestión de la calidad ambiental por medio de la serie de Normas ISO 14000. La Comisión deberá realizar un importante esfuerzo para que las normas aprobadas sean consistentes y armónicas con las directrices y normas internacionales existentes.

2.2.5

Distintos Estados miembros y algunos entes regionales, de conformidad con sus modelos constitucionales propios, tienen competencias en la materia que en unos casos han desarrollado y en otros están pendientes de desarrollo. Por tanto, en la Unión Europea coexisten muy diversos tipos de etiquetas ecológicas públicas y privadas, supranacionales, nacionales y regionales que pueden crear confusión a los consumidores y a los operadores de los distintos mercados (5).

2.2.6

Por consiguiente, se hace necesario un enfoque multidisciplinar con objetivo armonizador, debido a la notable dispersión normativa y confusión de etiquetas ecológicas existentes actualmente en los diversos mercados.

2.2.7

La Unión Europea se dotó de una etiqueta ecológica armonizada por primera vez en 1992, al aprobarse el Reglamento 880/92 del Consejo, de 23 de marzo (6). La revisión de dicho Reglamento, hace ahora cinco años, mediante el Reglamento vigente (7) estableció el sistema de etiquetado ecológico de distintas categorías de productos entre las que no se encuentran los productos pesqueros. La Comisión deberá por ello estudiar detalladamente la posibilidad de ampliar la etiqueta ecológica vigente a los productos de la pesca y de la acuicultura.

2.2.8

No debe olvidarse que el debate sobre los sistemas de eco-etiquetado de los productos pesqueros se produce en el seno de políticas en curso de la Unión Europea. Nos referimos, en concreto, al Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente aprobado por la Decisión conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo 1600/2002/CE, de 22 de julio de 2002 (8), así como al Plan de actuación comunitario para integrar las exigencias de la protección del medio ambiente en la política pesquera común (9) en el que el examen de las eco-etiquetas de los productos pesqueros se contempla como una medida complementaria.

2.2.9

Aunque el supuesto de hecho es relativamente diferente, este Comité desea llamar la atención de la Comisión y de las restantes Instituciones y partes interesadas de la Unión sobre la existencia de un supuesto de aplicación armónica y unificada de un distintivo que puede calificarse sin duda de ecológico, pues garantiza el cumplimiento de las directivas en materia de reciclado de envases. (10) Nos referimos al denominado «punto verde», que se incorpora a la mayoría de los envases reciclables de los países de la Unión Europea. Esta etiqueta, de hecho, era una marca registrada a favor de una sociedad limitada alemana, que en 1996 trasladó su sede a Bruselas, licenciando su uso como una forma de cooperar con la mayoría de los Estados miembros y terceros Estados, así como con los operadores económicos implicados en la correcta gestión del reciclado de envases. Hoy en día, la base jurídica figura en las Directivas comunitarias y las normas nacionales de desarrollo, por lo que en la práctica puede darse el caso de implantación de un solo logotipo con un mensaje claro mediante la intervención de una entidad privada (Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l.) que vela por la armonización de criterios, y su desarrollo por distintas entidades nacionales en la mayoría de los Estados miembros. (11)

2.2.10

A la vista de los antecedentes señalados, el Comité considera que el eco-etiquetado de los productos de la pesca y de la acuicultura se debate en la Unión Europea en un momento oportuno, por lo que no deben producirse demoras ni prolongarse en exceso los plazos imprescindibles para tratar una cuestión compleja. Dicho debate debe seguir las directrices de la FAO pero sin renunciar a los criterios propios de la Unión Europea y mejorándolos en lo posible con un enfoque multidisciplinar y con un criterio armonizador, teniendo como objetivos principales la protección del medio ambiente y de los recursos y el servicio al consumidor.

3.1.1

Los trabajos de la FAO, al ser esta una organización con competencias en materia de pesca y, por tanto, de referencia para las distintas organizaciones regionales de pesca que entroncan con el sistema actual de Derecho del Mar vigente desde la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tienen un enfoque de la etiqueta de los productos pesqueros centrado en la protección de las pesquerías, y sólo indirectamente hacen referencia a las restantes fases de la comercialización del producto.

3.1.2

Por el contrario, los trabajos de otras organizaciones internacionales, en particular la OMC (12) y UNCTAD, al producirse en el marco general del Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio, están enfocados a que los sistemas de etiquetado ecológico no constituyan barreras ilícitas al comercio internacional ni desfavorezcan a los países en desarrollo (13). Los trabajos de estas organizaciones tratan de compatibilizar las medidas complementarias en materia de pesca responsable, como la eco-etiqueta, con las normas internacionales que impiden establecer barreras técnicas o medidas de efecto equivalente en el comercio internacional, teniendo en cuenta, además, la necesidad de cooperar para que los países con menos recursos técnicos y financieros para la implantación de eco-etiquetas puedan recibir el apoyo necesario al efecto. En este sentido, el Comité considera que el eco-etiquetado de los productos pesqueros no supone en sí mismo una barrera al comercio internacional, siempre que en su regulación se prevean los necesarios mecanismos de transparencia e igualdad de acceso.

3.1.3

Por su parte, los trabajos de la ISO y otras organizaciones en materia de estandarización se centran más bien en la metodología y buenas prácticas en materia de gestión medioambiental y su correspondiente eco-etiquetado, sin que existan documentos que contemplen las especificidades de los productos pesqueros.

3.1.4

Sólo los trabajos de la FAO se refieren con exclusividad al eco-etiquetado de productos pesqueros, pero compartimos con la Comisión el criterio de que cualquier decisión que se tome debe partir no sólo del respeto a las decisiones de las organizaciones internacionales, sino de la armonización de los distintos enfoques de las mismas debido a su propia naturaleza y misión.

3.1.5

Por todo lo que antecede, el CESE considera que, a la par que los trabajos internacionales, la propuesta legislativa que en su día realizará la Comisión deberá tomar en consideración el importante acervo comunitario y la experiencia que brinda el actual régimen de eco-etiquetado (y la experiencia paralela del «punto verde») de la propia Unión Europea, de modo que los servicios competentes en materia de pesca deben coordinar su actividad con los servicios competentes en materia de medio ambiente y armonización de mercados para que no se produzcan indeseables disfunciones o mayor proliferación de ecoetiquetas que, lejos de cumplir su misión con los operadores de los mercados y el consumidor final, contribuyan a generar mayor confusión. No obstante la dificultad que todo ello presenta, es deseable que la Comisión fije un calendario para que su propuesta legislativa no se demore más allá del primer semestre del año 2006.

3.2.1

Puesto que no existe una regulación de base que permita armonizar criterios con el suficiente rigor, como bien explica el documento de la Comisión, se producen diferentes situaciones de hecho, algunas de las cuales pueden tomarse como ejemplos de buen funcionamiento y otras como ejemplos de prácticas a eliminar.

3.2.2

Al examinar tanto la literatura disponible (14) como la reglamentación internacional vigente se aprecia el hecho de que se da una pluralidad de situaciones que no siempre responde a los requisitos de transparencia y justicia que son esenciales en todo sistema de eco-etiquetado.

3.2.3

En determinados casos, nos encontramos ante mecanismos voluntarios nacidos de la cooperación entre operadores del mercado y organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones correspondientes cuentan con normas de acreditación, certificación y uso de su eco-etiqueta que son claras, justas y accesibles públicamente y se aplican a diversas pesquerías en diferentes países del mundo. Tales organizaciones cuentan con comités consultivos y con mecanismos de control adecuados.

3.2.4

Sin embargo, en otros casos (que cita la propia Comisión en su reiteradamente citada Comunicación), nos encontramos ante meros «logos» privados cuya normativa o no existe o no es pública y cuya aplicación práctica dista de ser conforme a los códigos de buenas prácticas en materia de eco-etiquetado. Alguno de estos casos puede servir como ejemplo ilustrativo de los efectos perniciosos de una etiqueta ecológica aplicable a productos de la pesca, al contravenir la legislación internacional, crear barreras indeseables al comercio internacional y basarse en metodologías totalmente extrañas a cualquier recomendación en materia de etiquetado ecológico, creando, en palabras de un alto responsable europeo, «un auténtico monopolio de hecho».

3.2.5

Ejemplos como el citado sirven de demostración de que el mantenimiento de la situación actual, en la que es posible crear eco-etiquetas sin una base jurídica sólida e incluso contra la normativa internacional y comunitaria existente, no puede prolongarse durante mucho tiempo ya que es perjudicial para los productores, para los consumidores y para los restantes interesados.

3.2.6

En particular, en el caso del atún procedente del Océano Pacífico Oriental, la organización regional de pesca competente, es decir la Comisión Interamericana del Atún Tropical, auspició la aprobación de un Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD) (15) al que la Unión Europea se adhirió voluntariamente por medio de la Decisión 1999/337/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 (16). Este acuerdo regula una etiqueta ecológica propia que apoya la propia Comunidad Europea, y que se encuentra ahora mismo en pleno debate legislativo en el Parlamento Europeo (17).

3.2.7

Esta situación particular debe tomarse en cuenta como antecedente para el estudio y propuestas de regulación de la materia, puesto que en aquellos casos en los que una organización regional de pesca competente para una determinada pesquería promueva, al amparo de los principios de la FAO, su propia etiqueta ecológica, la Unión Europea debería, primero, participar en los trabajos para que la metodología de certificación y emisión cumpla los requisitos exigibles y, segundo, contemplar en sus propias normas el uso de tales etiquetas y la prohibición de aquellas que contravengan sus normas específicas.

3.2.8

El Comité considera que cualquier etiqueta ecológica privada para productos pesqueros y de la acuicultura debe someterse a rigurosos criterios de acreditación y certificación independiente y que la propuesta legislativa que elaborará la Comisión debe contemplar la existencia de un registro público accesible a todos los interesados y a los operadores del mercado de los productos de la pesca y la acuicultura que permita conocer qué etiquetas en uso cumplen los requisitos legalmente establecidos.

4.1.1

El etiquetado ecológico debe diferenciarse claramente de las normas generales sobre etiquetado de productos alimentarios propiamente dichas. La utilización de una eco-etiqueta no supone por si sola una acreditación del cumplimiento de las normas, cuyo cumplimiento es exigible en cualquier caso, también para productos no eco-etiquetados, sino del cumplimiento de unos estándares más elevados de protección medioambiental, que en nuestro caso incluye las prácticas de pesca responsable, conservación de stocks del producto eco-etiquetado y minimización de los daños causados a la biodiversidad y al medio ambiente marino en general.

4.1.2

El eco-etiquetado de los productos pesqueros, como de cualquier otro producto extractivo o bien de la acuicultura, podría darse tanto en productos sin transformar (pescado entero ya sea fresco o congelado) como en productos transformados de la pesca, ya sea congelados, en salazón, en conserva, precocinados o preparados a base de pescado. En el primer caso, la eco-etiqueta debe suponer una garantía de que los métodos de pesca extractiva realizados por los pescadores son conformes no sólo con las normas de control de la pesquería de que se trate, sino también con el Código de Pesca Responsable de la FAO. En el segundo caso, la eco-etiqueta del producto pesquero debe suponer que la correcta aplicación de las normas de trazabilidad de los productos alimentarios implican que verdaderamente el producto transformado y comercializado que se presenta al consumidor se ha elaborado a base de pescado que se ha hecho merecedor de la eco-etiqueta.

4.1.3

Para una correcta implementación de una etiqueta ecológica aplicable a los productos de la pesca no es suficiente con la existencia de un marco normativo general, sino que se hace preciso que se establezca un mecanismo claro de acreditación de entidades certificadoras, obtención de ecoetiquetas, resolución de conflictos, vigilancia y sanción de los abusos e incumplimientos que el elemento diferenciador del producto pesquero eco-etiquetado puede producir respecto al producto pesquero en general.

4.1.4

El CESE considera que el mecanismo claro mencionado en el punto 4.1.3 sería el registro al que se ha alude en el punto 3.2.8 anterior. Tanto las normas como el registro deben garantizar que la transparencia es uno de los elementos principales del sistema que, unido a la información al consumidor, debe ser capaz de generar la confianza necesaria para reducir el diferencial actualmente existente entre los consumidores interesados por los problemas medioambientales del producto que adquieren (actualmente un 44 %) y los que trasladan dicho interés al acto de compra (actualmente un 10 %).

4.1.5

Tanto los datos disponibles del informe EVER antes citado como la posición manifestada por EUROPECHE/COGECA (18) en su nota sobre el asunto tratado en este dictamen, permiten albergar cierto pesimismo sobre el hecho de que la etiqueta ecológica en general y la aplicada a los productos de la pesca en particular supongan generación de valor añadido para los productores y de información transparente y justa para los consumidores. Sin embargo, la conservación del medio ambiente, en su sentido más amplio, está convirtiéndose, junto a la lucha contra el hambre, en uno de los dos principales retos de la humanidad en la hora presente. Por tanto, es imprescindible que la Unión Europea trate de liderar los procesos que permitan a los consumidores responsables discernir y poder optar por productos en cuya extracción, transformación y comercialización se han seguido criterios de respeto al medio ambiente.

4.1.6

El Comité ha sido informado de la posición expresada formalmente por WWF y se felicita de que, sin perjuicio de los lógicos diferentes enfoques puntuales, exista una coincidencia general con las opiniones expresadas en el presente dictamen, muy especialmente en cuanto al rigor que debe esperarse de la regulación del eco-etiquetado de productos pesqueros.

4.1.7

El Comité opina que la reglamentación que en su día proponga la Comisión debe tomar en consideración especialmente la posible validez de la eco-etiqueta de los productos pesqueros como una herramienta para ayudar a la industria pesquera cuyos costes puedan ser repercutidos en la cadena de valor comercial sin perjudicar a los consumidores. En este sentido, la eco-etiqueta de los productos pesqueros podría ser un mecanismo de concienciación de los pescadores y empresas sobre la necesidad de practicar una pesca y una acuicultura sostenibles para la conservación de los recursos que son el sustento de la propia actividad pesquera y toda la cadena comercial posterior.

4.1.8

El Comité quiere señalar a la Comisión que el eco-etiquetado de los productos pesqueros y de la acuicultura tiene un coste financiero que deberá absorber la cadena de producción hasta que el producto llegue al consumidor. Las pequeñas y medianas empresas o los operadores de terceros países en desarrollo pueden en ciertas circunstancias tener dificultades de acceso a la etiqueta ecológica, por lo que la normativa que se apruebe deberá contemplar mecanismos de intervención a través de las organizaciones de productores, cofradías de pescadores o acuerdos de asociación. En cualquier caso, para la plena efectividad de una etiqueta ecológica es necesario un importante esfuerzo educativo y divulgativo, por lo que el CESE considera que la financiación de la información y concienciación a operadores y consumidores debe corresponder a las instituciones públicas.

4.1.9

Por ello, cualquier actuación que la Unión Europea lleve a cabo en esta materia debe contemplarse como un primer paso. Dicho paso debe ser, no obstante, lo suficientemente ambicioso como para establecer:

11.4.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/32

1.1

El CESE está de acuerdo con el Parlamento Europeo en que la cuestión del aumento de la representación de la mujer en los órganos decisorios de los grupos de interés económico y social de la UE es importante. Se adhiere al llamamiento del Parlamento Europeo para que las organizaciones nacionales y sus respectivas federaciones europeas así como la Comisión Europea presten a dicho asunto una atención mayor y más sistemática. En respuesta a la solicitud del Parlamento Europeo, la Comisión Europea debe empezar a recabar la información pertinente y establecer una base de datos relativa a la representación de la mujer en los órganos decisorios de los grupos de interés económico y social de la UE. El Comité toma nota de que entretanto se han iniciado las gestiones oportunas en este sentido. Considera que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género y la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo pueden aportar una importante contribución al respecto. En lo referente a los indicadores, el Comité observa que por el momento la Comisión está trabajando con los nueve elementos fijados por la Presidencia italiana en 2003.

1.2

El Parlamento Europeo concentró su análisis esencialmente en las organizaciones empresariales y en los sindicatos. Al parecer, sin embargo, en el ámbito sindical han acaecido más cambios positivos que los que reflejan la Resolución y el Informe del Parlamento Europeo. Por otra parte, del estudio se deduce que para evaluar adecuadamente la situación y evolución de las organizaciones empresariales así como de otros grupos de interés económico y social hay que tener muy en cuenta que dichas organizaciones funcionan de distinta forma que aquellas cuyos miembros son personas físicas.

1.2.1

Cada grupo de interés económico y social representado en el CESE tiene características propias. Así, por ejemplo, las políticas que dan buen resultado en determinado tipo de organizaciones no son necesariamente beneficiosas para las demás.

1.2.2

Teniendo esto en cuenta, el Comité ha tomado nota con interés del marco de acción en favor de la igualdad de género elaborado por la CES, la UNICE/UEAPME y la CEEP y, en particular, de la prioridad concedida por estas organizaciones a la cuestión de «las mujeres en el proceso decisorio». El Comité espera con interés la anunciada publicación de los informes anuales nacionales y europeos sobre los progresos realizados en este ámbito.

1.3

El CESE, al igual que el Parlamento Europeo, respalda las políticas de fomento de una representación equilibrada de los hombres y las mujeres en el proceso decisorio. El CESE está de acuerdo con el Parlamento Europeo en que se debe mostrar una voluntad política efectiva para imponer cambios y lograr una representación equilibrada. Muchas organizaciones, incluso fuera del círculo de los empresarios y trabajadores, ya hacen gala de dicha voluntad política. El CESE recomienda que todas las organizaciones representadas informen periódicamente a la Comisión Europea acerca del resultado de sus iniciativas en la materia y que la Comisión, en estrecha colaboración con las federaciones europeas, elabore la mencionada base de datos, y que, como complemento de la iniciativa impulsada por la Presidencia italiana, se fijen los indicadores oportunos relativos al aumento de la influencia de la mujer en los órganos decisorios socioeconómicos.

1.4

En las organizaciones que envían representantes a los foros nacionales e internacionales –y que, en su caso, participan en el diálogo social– se ha de prestar especial atención al consejo ejecutivo. No obstante, las organizaciones que desean contribuir a una mejor representación de las mujeres han de atender también al nivel de preparación política del personal responsable del proceso decisorio en la medida en que muchas organizaciones envían delegados de dicho nivel.

1.5

En algunas organizaciones, las estructuras independientes y auxiliares, así como las redes de personal femenino y de miembros femeninos, favorecen notablemente los cambios positivos. Pese a que dichos instrumentos no son necesariamente, siempre y en todos los sitios, una panacea, el CESE considera útil seguir fomentándolos y generalizándolos, incluso con vistas a la representación exterior de la organización.

1.6

Las políticas en materia de educación así como de conciliación de vida y trabajo resultan ser las más adecuadas para promocionar la carrera de las mujeres en las organizaciones correspondientes. Sigue siendo sumamente importante que los servicios pertinentes de la Comisión Europea fomenten dichas políticas, teniendo en cuenta que ya han desarrollado medidas para luchar contra la discriminación y fomentar la integración de la igualdad de género en todas las políticas. Las organizaciones de empresarios y trabajadores tienen un importante papel que desempeñar en este ámbito.

1.7

Muchos expertos abogan por el sistema de cuotas. Los sistemas de cuotas que en determinados países han resultado eficaces en el ámbito político y también en las organizaciones sociales deberían ser estudiados cuidadosamente por las organizaciones interesadas y la Comisión en lo que concierne a su funcionamiento y resultados.

1.8

El Comité desearía ver un objetivo mínimo del 30 % de miembros del sexo infrarrepresentado del CESE en los nombramientos efectuados por los Estados miembros (propuestos por los grupos de interés económico y social) para el mandato del CESE 2006-2010, con vistas a elevar este objetivo al 40 % en el mandato siguiente.

1.9

El CESE tiene previsto volver a examinar los resultados de la encuesta que se realiza actualmente en 2006-2007, coincidiendo con la renovación de su mandato. Ello le brindará además la oportunidad de determinar si las políticas y prácticas organizativas de los nuevos Estados miembros son muy diferentes de las que existen en los antiguos Estados miembros. El Comité sugiere que, para entonces, el Parlamento Europeo reexamine a su vez la situación actual a la luz de su resolución e informe de 2002.

2.1.1

En enero de 2003, el Parlamento Europeo solicitó al Comité Económico y Social Europeo (CESE) que emitiera un dictamen sobre la representación de la mujer en los órganos decisorios de los «interlocutores sociales» (1). Con dicha solicitud el Parlamento Europeo pretende completar las estadísticas de que dispuso cuando preparó la referida Resolución e Informe sobre la «representación de la mujer entre los interlocutores sociales de la Unión Europea» (2002/2026 INI) y dictar recomendaciones acerca de la estrategia a seguir para aumentar la tasa de mujeres en los distintos órganos decisorios de estos «interlocutores sociales».

2.1.2

En su Resolución, el Parlamento Europeo señala que las mujeres están infrarrepresentadas en los órganos y en las estructuras en que los «interlocutores sociales» se conciertan sobre la política social. Considera que se necesitan programas y estrategias para alcanzar una representación más equilibrada. Hace un llamamiento a la Comisión Europea y a los «interlocutores sociales» para que inicien la recogida sistemática de datos relevantes y emprendan las acciones oportunas para aumentar efectivamente la influencia de la mujer en los órganos decisorios socioeconómicos, no sólo reforzando su representación en dichos órganos, sino también mediante la integración en sus políticas de la dimensión de género.

2.1.2.1

El Parlamento afirma que en este contexto las declaraciones de intención sin compromiso no son suficientes y que se necesita una voluntad política efectiva de los «interlocutores sociales» dentro de las organizaciones para imponer cambios y lograr una representación equilibrada.

2.1.3

El Parlamento Europeo no cita al CESE ni en su Resolución ni en su Informe.

2.1.4

El CESE es la asamblea más representativa de los grupos de interés económico y social («sociedad civil organizada») de la UE. Aunque entre sus tareas no figura la de asesorar a las organizaciones representadas acerca de sus políticas de presencia de la mujer en los órganos decisorios o de igualdad de género, es indudable que su composición refleja parcialmente dichas políticas. Es una de las organizaciones, a las que se refiere el Parlamento Europeo, en las que se reúnen los grupos de interés económico y social y uno de esos órganos y estructuras en los que estos grupos se conciertan sobre la política social. Sus miembros, pues, constituyen buenas fuentes para el tipo de información y asesoramiento que solicita el Parlamento Europeo.

2.2.1

El CESE está de acuerdo con el Parlamento Europeo en que la representación de la mujer en los órganos decisorios de los grupos de interés económico y social de la UE es una cuestión importante. Comparte asimismo la opinión de que una mejor base estadística y más información acerca de las políticas pertinentes de estas organizaciones constituyen requisitos esenciales para la aplicación de las políticas de la UE acerca de la representación equilibrada de los hombres y mujeres en el proceso decisorio.

2.2.1.1

El CESE toma nota de que la Comisión Europea ha empezado a recabar la información pertinente. Entretanto, se han dado los primeros pasos con la creación de la base de datos solicitada por el Parlamento Europeo y el establecimiento de indicadores del aumento de la influencia de la mujer en los órganos decisorios socioeconómicos de la UE. Por otra parte, la Comisión considera que es difícil obtener datos sobre los grupos de interés. Cabe esperar que en el futuro el Instituto Europeo de la Igualdad de Género pueda contribuir a esta labor, como ya lo hace la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo.

2.2.1.2

Paralelamente, la Comisión Europea debería seguir desarrollando políticas generales que desde un punto de vista más amplio favorezcan el aumento de la participación de la mujer en el proceso decisorio, tales como políticas para luchar contra la persistente discriminación en el ámbito laboral y profesional, ayudar a compaginar la vida laboral y familiar en los Estados miembros y fomentar la igualdad de trato y promover programas de igualdad en el lugar de trabajo.

2.2.2

En cuanto a las solicitudes y exigencias formuladas por el Parlamento a los empresarios, a los trabajadores y a la sociedad civil organizada de la UE en su conjunto, el CESE las respalda con carácter general. El CESE analizó la mayoría de ellas en un estudio basado en un cuestionario que envió en 2003 a sus (entonces) 222 consejeros (2). De ellos, 107 cumplimentaron el cuestionario, lo cual arroja un porcentaje de respuestas de aproximadamente el 50 % (3).

2.2.2.1

Las respuestas proceden prácticamente por igual de los tres grupos del CESE, a saber el 34 % del Grupo I (Empresarios), el 31 % del Grupo II (Trabajadores) y el 34 % del Grupo III (Actividades Diversas).

2.2.2.2

En el momento en el que se realizó la encuesta, la tasa de representación de la mujer en el CESE era del 23 % (4).

2.2.2.3

Es probable que las organizaciones con un alto porcentaje de representantes femeninas entre sus miembros estuvieran ligeramente sobrerrepresentadas, lo que puede tener como consecuencia que la visión general que se desprende de las respuestas puede resultar algo idealizada en lo que se refiere a la situación de la mujer.

2.2.3

En el cuestionario se pasa revista sucesivamente al tipo y características de la organización representada, a su organigrama, a la presencia de la organización en otras organizaciones y foros de distintos niveles, a la presencia de mujeres en la organización y a su política de igualdad de género.

2.2.4

Además, la información recabada fue examinada apoyándose, por una parte, en la audiencia de expertos acerca de la situación y experiencia recogida en Bélgica, España y los países escandinavos, así como, por otra, en los consejeros del CESE. Los datos existentes se refieren principalmente a los sindicatos. Al igual que en el caso de la resolución y el informe del Parlamento Europeo, los datos disponibles para evaluar la situación de los empresarios eran escasos y casi no existía información acerca de otras organizaciones (5).

2.2.5

La encuesta y los datos adicionales analizados refuerzan la impresión inicial que se desprende de la resolución del Parlamento Europeo: a) que la base estadística es, ciertamente, muy insuficiente; los sindicatos constituyen la única excepción, pero los datos que les conciernen no suelen reflejar los cambios positivos acaecidos recientemente (6), y b) que resulta difícil, o incluso problemático, comparar, por ejemplo, datos relativos a distintas organizaciones en la medida en que algunas las integran personas físicas (como los sindicatos) y otras a su vez organizaciones (empresas, por ejemplo). Cada tipo de organización (ya sea de agricultores o de PYME) puede requerir una manera específica de evaluar el equilibrio en la representación de hombres y mujeres. Procede señalar asimismo que una escasa presencia de la mujer en los órganos decisorios de una organización no implica necesariamente que ésta carezca de política de igualdad de género.

2.2.6

La resolución del Parlamento Europeo ha sido criticada en la medida en que se centra exclusivamente en los aspectos cuantitativos de la representación e ignora los aspectos cualitativos de la política de la organización, en la que las mujeres desempeñan a veces un papel más importante que lo que cabría suponer a la vista de su representación formal. Aun reconociendo la trascendencia de estos últimos, el CESE ha decidido no examinarlos de manera exhaustiva. No obstante, ha analizado la tasa de mujeres en el personal responsable del proceso decisorio. En este sentido, los aspectos cualitativos del proceso decisorio requieren que se preste mayor atención a los grupos de interés económico y social, a sus federaciones europeas, así como al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.

2.2.7

Para examinar las políticas relevantes y la aplicación correspondiente por parte de los grupos de interés económico y social, el CESE decidió efectuar un análisis integrado de las iniciativas emprendidas en materia de representación desde un punto de vista tanto nacional y europeo (incluido el diálogo social) como internacional.

2.2.7.1

La encuesta no cubre los comités de empresa europeos. Ello habría supuesto realizar un gran esfuerzo adicional de investigación para lo cual el CESE no es la institución más indicada (7).

2.2.8

El Comité se remite al marco de acciones sobre la igualdad hombre–mujer de 1 de marzo de 2005, elaborado por la CES, la UNICE/UEAPME y la CEEP, una de cuyas cuatro prioridades es la promoción de las mujeres en el proceso decisorio.

2.3.1

Aproximadamente la mitad de los dos tipos principales de organizaciones representadas en el CESE (por una parte, la federaciones de distintas clases y, por otro, las organizaciones compuestas por personas físicas) cuenta con una elevada tasa de representación de la mujer (al menos del 40 %). Sólo entre el 10 y el 15 % de las organizaciones corresponden a la categoría de baja representación femenina (entre 0 y 19 %). En general, las organizaciones representadas presentan una tasa media del 36 % de representación femenina. (Nota: como ya se ha indicado, cuando se realizó la encuesta la tasa de representación de la mujer en el CESE era del 23 %).

2.3.2

Por regla general, las mujeres presentes en dichas organizaciones forman parte del personal responsable del proceso decisorio, con menos frecuencia participan como delegadas en el congreso de la organización o integran el equipo gestor y con carácter más excepcional participan en el consejo ejecutivo.

2.3.3

Ello constituye probablemente una de las razones fundamentales de que la tasa de mujeres miembros del CESE sea relativamente baja, en la medida en que muchos de los consejeros proceden de los consejos ejecutivos.

2.3.4

Las organizaciones cuya tasa de mujeres enviadas como consejeros al CESE es especialmente elevada escogen a éstos entre el personal responsable o aplican otros sistemas de representación (mixto, por ejemplo), en lugar de seleccionar a sus delegados exclusivamente entre las personas que integran los órganos decisorios internos de más alto nivel.

2.3.5

Por lo que respecta a la representación en los foros nacionales e internacionales, las organizaciones prefieren los sistemas mixtos. En dichos ámbitos, la representación a través de uno o varios miembros del consejo ejecutivo ocupa el segundo lugar.

2.3.6

Una elevada proporción de las organizaciones representadas en el CESE (aproximadamente una cuarta parte) no participa en el comité para el diálogo social. Cerca de un tercio de las que sí participan aplica un sistema mixto de representación o delega en personas que forman parte del consejo ejecutivo.

2.3.7

Según el Parlamento Europeo, una de las políticas encaminadas a lograr una representación más equilibrada de la mujer en los órganos decisorios es el establecimiento de estructuras internas de la propia organización que velen por los intereses de las mujeres. No obstante, el Parlamento Europeo señala que a menudo dichas estructuras responden a meros gestos simbólicos o constituyen foros aislados de discusión. En consecuencia, el Parlamento afirma que dichas estructuran no deben aislar a las mujeres del proceso decisorio, sino por el contrario integrarlas y facilitar su acceso a dicho proceso. El Comité respalda esta posición.

2.3.7.1

El Parlamento Europeo considera asimismo que la tutoría y la creación de redes dentro de las organizaciones resultan esenciales para preparar a las mujeres a ocupar puestos ejecutivos.

2.3.8

Sólo una pequeña proporción de las organizaciones del CESE cuyos representantes respondieron al cuestionario (el 33 %) cuenta con una filial independiente o con una organización auxiliar para mujeres. Muy frecuentemente, dichas estructuras están representadas en el consejo ejecutivo de las organizaciones y casi la mitad de ellas dispone de otras vías para influir en las organizaciones de que se trata. El 15 % de dichas organizaciones dispone de una red que agrupa a su personal femenino y a sus miembros femeninos; el 4 % cuenta con una red para cada uno de dichos colectivos (es decir, organizaciones y redes independientes o auxiliares).

2.3.8.1

Las organizaciones y redes independientes se dan fundamentalmente en las organizaciones enmarcadas en el Grupo II (entre otros, los sindicatos): entre el 50 y el 75 %, aproximadamente. En el Grupo III, la tasa se sitúa entre el 19 y el 39 % de las organizaciones, y en el Grupo I dicho fenómeno es sensiblemente menos habitual, es decir, que afecta a entre el 6 y el 19 % de las mismas. Las organizaciones auxiliares son relativamente frecuentes entre las organizaciones de agricultores (el 33 %) y al parecer existen en aproximadamente el 10 % de las organizaciones de consumidores o de fomento de la salud.

2.3.9

En cuanto a las políticas para promover la carrera profesional de las mujeres, en particular para prepararlas a ocupar puestos directivos, el 46 % de las organizaciones que respondieron afirma que aplica tales políticas. Las políticas más frecuentes son las de formación (en el 26 % de los casos), las destinadas a facilitar la conciliación de vida y trabajo (el 22 %) así como las de seguimiento y evaluación comparativa (el 19 %). Sin embargo, sólo la cuarta parte de las organizaciones ha adoptado dichos sistemas de promoción de las carreras.

2.3.10

La elaboración de estadísticas sobre la representación de la mujer en una organización denota también una especial atención acerca de su personal femenino. Prácticamente la mitad de las organizaciones representadas (el 48 %) señala que elabora estadísticas al respecto y la mayoría de ellas afirma que las actualiza cada año (el 67 %).

2.3.10.1

A este respecto, las organizaciones del Grupo II son sensiblemente más activas (más del 50 %), seguidas por las del Grupo III (aproximadamente un tercio). Los porcentajes correspondientes al Grupo I son reducidos, apreciándose una discrepancia evidente entre la tasa realmente baja de estadísticas declaradas (el 1 %) y la supuesta existencia en ellas de políticas de promoción de las carreras (el 11 %).

2.3.11

El 75 % de las 61 organizaciones mencionadas que declaran aplicar políticas de promoción de la carrera de las mujeres afirma hacerlo con éxito. De las 40 organizaciones que tienen un departamento o algún empleado responsable de las políticas de igualdad de género, la mitad cuenta con el equivalente a una persona con dedicación plena.

2.3.11.1

Así, el 49 % de las organizaciones afirma que ha logrado incrementar su tasa de mujeres en puestos ejecutivos y el 46 % que cuenta con más mujeres en puestos de responsabilidad del proceso decisorio.

2.3.12

Las políticas destinadas a integrar la dimensión de género son más frecuentes en los sindicatos (Grupo II) (el 68 %), mientras que sólo existen en el 25 % de las organizaciones pertenecientes al Grupo III y en el 5 % de las correspondientes al Grupo I.

2.3.13

Una serie de organizaciones (33 miembros) considera que las cuestiones relativas a las políticas encaminadas a promocionar la carrera de las mujeres o a integrar la dimensión de género no les incumben.

2.3.14

Al parecer la proporción entre hombres y mujeres que representan a las organizaciones en el CESE está estrechamente vinculada con el porcentaje de delegados femeninos enviados a los foros internacionales, mucho más que con el de mujeres encargadas del diálogo social, siendo independiente del tipo de presencia de la organización en los foros nacionales.

2.3.15

Atendiendo a las respuestas de las organizaciones del Grupo I, la proporción entre miembros hombres y mujeres es del 30 %, de manera que la proporción entre consejeros hombres y mujeres en el CESE –que asciende al 35 %– es relativamente alta. Además, son cifras sensiblemente más elevadas que las correspondientes al Grupo II (el 25 %, partiendo de una proporción entre miembros hombres y mujeres del 60/40 %) y al Grupo III (con el 27 % y el 65/35 % respectivamente).

2.3.16

Según el estudio, parece que la proporción entre hombres y mujeres con puestos ejecutivos en las organizaciones influye directamente en el porcentaje de consejeras en el CESE (véanse supra los puntos 3.2 y 3.3). El Parlamento Europeo ha hecho un llamamiento a los «interlocutores sociales» (grupos de interés económicos y sociales) para que «revisen sus mecanismos de representación y sus procedimientos de selección, consideren como cuestión central la representación equilibrada de las mujeres y de los hombres y la consagren en sus actos fundacionales» (8).

2.3.16.1

En su estudio, el CESE ha examinado los distintos procedimientos que se utilizan para nombrar a los miembros del consejo ejecutivo atendiendo a la proporción entre hombres y mujeres en los órganos de decisión. La cooptación por parte de los miembros del consejo ejecutivo resulta en principio la más desfavorable para las mujeres, seguida del nombramiento por parte de las organizaciones asociadas. Las respuestas en las que se mencionan procedimientos con efectos más positivos son demasiado escasas como para inferir de ellas conclusiones firmes.

2.3.17

Al cotejar la proporción de hombres y mujeres en los órganos decisorios con las distintas políticas de promoción de la carrera de las mujeres se llega a la conclusión de que sólo las políticas basadas en objetivos parecen dar lugar a una tasa elevada de mujeres. Rara vez se mencionan en las respuestas otras políticas fundadas en la presentación de dobles candidaturas o en el establecimiento de cuotas (respecto a las cuales aún queda mucho por hacer en los debates sobre los programas de los partidos políticos de la UE).

11.4.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/37

1.1

El objetivo de las propuestas es ampliar el mandato del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (EUMC) y crear una Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, tal como decidió el Consejo Europeo el 13 de diciembre de 2003.

1.2

La principal diferencia entre la legislación existente y las propuestas actuales estriba en que estas últimas amplían el ámbito de actuación, limitado en la actualidad al racismo y la xenofobia, más allá de los sistemas normativos reconocidos por la ONU, la OIT y el Consejo de Europa, a todos los ámbitos de los derechos fundamentales mencionados en la Carta, sin perjuicio de aquellos ámbitos que ya están cubiertos por otros organismos comunitarios.

1.3

La Agencia se ocupará de los derechos fundamentales cuando éstos apliquen el Derecho de la Unión tanto en los Estados miembros como en aquellos países candidatos o potencialmente candidatos que participen en la Agencia. Además, la Comisión podrá pedir a la Agencia que le facilite información y análisis sobre terceros países con los que haya celebrado acuerdos de asociación o acuerdos que contengan disposiciones sobre el respeto de los derechos humanos o con los que haya iniciado o se proponga iniciar negociaciones con vistas a la celebración de este tipo de acuerdos.

1.4

El objetivo de la Agencia será proporcionar a las instituciones, órganos, oficinas y agencias competentes de la Comunidad y sus Estados miembros ayuda y asesoramiento sobre los derechos fundamentales cuando apliquen el Derecho comunitario, con el fin de ayudarles a respetarlos plenamente a la hora de adoptar medidas o establecer líneas de actuación en sus esferas de competencia respectivas.

1.5

Dentro de esos ámbitos temáticos, la Agencia disfrutará de total independencia para recoger y evaluar datos sobre la repercusión práctica de las medidas de la Unión en materia de derechos fundamentales y buenas prácticas en lo relativo al respeto y la promoción de los derechos fundamentales, pronunciarse sobre las nuevas medidas adoptadas en el ámbito de dichos derechos, sensibilizar a la opinión pública con respecto a todos los documentos y los instrumentos normativos a los que hace referencia la UE, promover el diálogo con la sociedad civil y establecer redes con los diferentes protagonistas en el campo de los derechos fundamentales con los que coordinará su acción. La Agencia no dispondrá de ningún mecanismo de resolución de conflictos.

1.6

La propuesta faculta a la Agencia para llevar a cabo sus actividades en los ámbitos contemplados en el título VI del Tratado de la Unión Europea.

2.1

El Comité acoge con satisfacción la decisión del Consejo Europeo de crear una Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Agencia») para promover las prácticas y los principios de la Unión consagrados en el artículo 6 del TUE. Constituirá un mecanismo de seguimiento de los derechos fundamentales en la Unión que podría servir para mejorar la coordinación de las políticas relativas a los derechos fundamentales seguidas por los Estados miembros. Hay muchos aspectos de esta propuesta de la Comisión que el Comité respalda, en particular:

2.2

El Comité acoge con satisfacción el apartado 2 de los considerandos del Reglamento propuesto en el que se reconoce el ámbito de aplicación de los derechos existentes para proteger tanto a los ciudadanos de la UE como a los que en ella residen. En el Considerando se señala que «La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reafirma los derechos que se derivan de las tradiciones constitucionales y de las obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, el Tratado de la Unión Europea, los tratados comunitarios, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas sociales adoptadas por la Comunidad y por el Consejo de Europa así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.»

El Comité reconoce la necesidad de establecer un equilibrio adecuado entre la seguridad, en particular las medidas antiterroristas, y la protección y la promoción de los derechos y libertades fundamentales dentro de la Unión. Como consecuencia del 11 de septiembre y de los más recientes atentados con bomba en Madrid y Londres, los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden ser puesto en entredicho por algunas de las nuevas medidas antiterroristas adoptadas por los Estados miembros. No obstante, una de las mayores debilidades de la cooperación europea en materia de seguridad es el hecho de que estas políticas siguen fuera del marco comunitario, siendo desarrolladas principalmente bajo el método intergubernamental (tercer pilar de la UE). El papel de la Unión Europea es consecuentemente muy limitado. La exclusión del Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas provoca una falta de transparencia en el proceso de decisión. Extender las funciones de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales sobre aspectos relativos al tercer pilar de la UE (Título VI del TUE) supondría un elemento clave para salvaguardar un equilibrio adecuado entre libertad, seguridad y justicia en las políticas desarrolladas por la Unión (1) .

2.3

El Comité es consciente del valor de la experiencia y el mecanismo de control del Consejo de Europa en el ámbito de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluidos los derechos sociales de la Carta Social Europea revisada que se pueden ejercer. Asimismo, reconoce la competencia del Consejo de Europa y su Tribunal Europeo de Derechos Humanos para tratar los casos de violación de los derechos humanos de conformidad con las convenciones y la legislación internacional, para los que la Agencia no es competente. Por consiguiente, es esencial una mayor coordinación y cooperación entre la Agencia y el Consejo de Europa.

La Agencia debe remitirse, al igual que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sus dictámenes y sentencias, a los textos internacionales en cuanto a la interpretación y aplicación del Derecho primario y derivado de la UE.

El Comité reitera su petición de adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y a la Carta Social revisada del Consejo de Europa, cuando la UE disponga de las competencias necesarias.

2.4

El Comité está muy preocupado porque la propuesta no promueve ni apoya una representación más amplia de la sociedad civil organizada en el Consejo de Administración ni en el Foro de los derechos fundamentales (en lo sucesivo «el Foro») de la nueva Agencia. Esto contradice al Libro Blanco sobre la gobernanza europea en el que se afirma que la sociedad civil desempeña un importante papel al permitir a los ciudadanos expresar sus preocupaciones y prestar servicios que respondan a las necesidades de la población […] Cada vez es mayor en la «sociedad civil» la impresión de que Europa ofrece una buena plataforma para modificar las orientaciones políticas y cambiar la sociedad.«Esta nueva visión abre verdaderas perspectivas de ampliación del debate sobre el papel de Europa. Brinda asimismo la oportunidad de lograr que los ciudadanos participen más activamente en la realización de los objetivos de la Unión y de ofrecerles una vía estructurada para canalizar sus reacciones, críticas y protesta»  (2).

2.5

El Consejo de Administración y el Foro no deberían estas formados únicamente por abogados y profesores universitarios. Éste debería contar con una amplia y variada representación, en particular de las ONG, los interlocutores sociales y las organizaciones culturales, religiosas y humanitarias que abogan por los derechos fundamentales de los grupos socialmente excluidos y desfavorecidos de nuestra sociedad y los defienden.

3.1.1

Se puede aducir que el artículo 308 del Tratado CE y una decisión del Consejo en virtud título VI no son suficientes para garantizar que la Agencia será competente en los ámbitos cubiertos por el Derecho comunitario. El artículo 308 del Tratado CE faculta a la Comunidad (no a la Unión) a adoptar, por unanimidad, las disposiciones pertinentes para lograr uno de los objetivos de la Comunidad en caso de que el Tratado no haya previsto los poderes de acción necesarios. Es decir, es un objetivo general de la Comunidad garantizar que su propia acción respeta y protege plenamente los derechos humanos fundamentales, pero el Tratado no prevé ningún poder específico a tal fin.

3.1.2

Por tanto, la propuesta de Decisión del Consejo tiene por objeto facultar a la Agencia para que lleve a cabo sus actividades en los ámbitos contemplados en el título VI del Tratado de la Unión Europea.

3.1.3

El Comité hace hincapié en que la protección y la promoción de los derechos humanos forman parte de los valores y objetivos comunes de la Unión tal y como se señala en el apartado 4 del artículo 6 del TUE:«La Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas». Por consiguiente, el Comité pide al Consejo que dote a la Agencia de los fundamentos jurídicos más sólidos, de conformidad con el apartado 4 del artículo 6, a fin de garantizar que la Agencia dispone de las competencias necesarias para cumplir sus funciones.

3.2.1

El Comité recomienda que en el artículo 2 «Objetivo» se añada un párrafo en el que se establezca que uno de los objetivos de la Agencia consiste en formular recomendaciones que puedan ser utilizadas por las instituciones, los organismos, las oficinas y las agencias de la Comunidad y sus Estados miembros cuando adopten medidas y establezcan líneas de actuación sobre los derechos fundamentales. y en informar a las agencias de derechos humanos nacionales de las posibilidades de recurso legal para reconocer el derecho de personas o grupos discriminados por legislaciones o prácticas de Estados no respetuosas de la noción de Estado de Derecho.

La Agencia deberá elaborar un informe anual sobre la aplicación de los derechos fundamentales en la UE e informes periódicos en el marco de sus relaciones con las instituciones internacionales, particularmente comerciales y de ayuda al desarrollo, y en el marco de los acuerdos de asociación y del Acuerdo de Cotonú.

3.2.2

El Comité también recomienda que el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión puedan solicitar a la Agencia que evalúe la compatibilidad entre la Carta de los Derechos Fundamentales y cualquier nueva propuesta de legislación de la UE y de políticas comunitarias (incluidas las políticas exteriores, como el comercio con países en desarrollo), sin perjuicio del derecho a efectuar evaluaciones, por propia iniciativa, sobre cualquier asunto relativo a una propuesta de legislación europea con el consenso o a propuesta de sus consejos.

3.3.1

Las reacciones obtenidas a raíz del proceso de consulta pusieron de manifiesto el deseo del 90 % de los consultados de que se garantice que el énfasis en la lucha contra el racismo y la xenofobia no se perderá con la nueva Agencia. Por consiguiente, acogemos con satisfacción que en la letra b) del apartado 1 del artículo 5 la Comisión proponga que en los ámbitos temáticos de actividad de la Agencia en el marco plurianual siempre deberá figurar la lucha contra el racismo y la xenofobia.

3.3.2

Sin embargo, el Comité considera que, a fin de integrar en todas las políticas de la nueva Agencia la lucha contra el racismo y la xenofobia, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 5, en el Consejo de Administración debe establecerse un Comité especial sobre el racismo y la xenofobia a fin de orientar la dirección política y asignar los recursos necesarios.

3.6.1

El Comité expresa su preocupación por el hecho de que la propuesta no promueva ni apoye una representación más amplia de la sociedad civil organizada en el Foro. El Foro debería contar con la representación más amplia posible de partes interesadas, como son las ONG, los interlocutores sociales y las organizaciones culturales, religiosas y humanitarias que trabajan en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. El Comité recomienda que el número de miembros que representen a la sociedad civil organizada sea al menos de un tercio de los miembros del Foro.

3.6.2

El Reglamento propone que el Foro esté presidido por el Director de la Agencia. El Foro debería ser una caja de resonancia del Consejo de Administración en su conjunto y no sólo del Director. Por consiguiente, el Foro debería estar presidido por el Presidente del Consejo de Administración a fin de garantizar una estrecha relación entre ambos.

3.6.3

La experiencia de la actual red de expertos independientes sobre derechos humanos fundamentales no debería perderse. El Comité recomienda que la red de expertos independientes esté representada en el Foro.

3.7.1

A fin de garantizar la independencia de la Agencia es preciso poner en marcha mecanismos que garanticen en la medida de lo posible el respeto de los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) de las NU. Por consiguiente, el Comité recomienda que el apartado 1 del artículo 15 que reza «La Agencia realizará sus tareas con total independencia» se sustituya por la cláusula siguiente:

«La Agencia realizará sus tareas con total independencia, dentro del respeto de los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París) de las UN».

3.8.1

Por consiguiente, el Comité recomienda que se inserte la cláusula siguiente antes del apartado 1 del artículo 19.

«(1A) La Agencia deberá recibir una financiación apropiada de la Unión para cumplir sus funciones durante todo el ejercicio presupuestario anual. Excepcionalmente la Agencia podrá solicitar recursos suplementarios para realizar tareas especiales o complementarias no previstas en el presupuesto anual.»

11.4.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/41

1.1

En el curso de los diez a quince últimos años, el interés de las instituciones europeas por mantener un diálogo con la sociedad civil, y en particular con la sociedad civil organizada a nivel europeo, no ha dejado de aumentar. Las instituciones han visto que una política no puede ser satisfactoria si no se escucha a los ciudadanos ni se cuenta con la participación y el consenso de las personas afectadas por las decisiones comunitarias.

1.2

La experiencia y los conocimientos específicos de que disponen los agentes de la sociedad civil, el diálogo entre éstos y con las autoridades e instituciones públicas, a todos los niveles, la negociación y la búsqueda de convergencias, o incluso de consenso, permiten presentar propuestas en las que prevalezca el interés general. De este modo aumentan la calidad y credibilidad de las decisiones políticas, pues mejoran la comprensión y el grado de aceptación de esta decisión por parte de los ciudadanos.

1.2.1

Al ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de participar, sobre la base de un compromiso individual y colectivo, en la gestión de los asuntos públicos, a través de la contribución propia de la sociedad civil organizada, la democracia participativa enriquece la democracia representativa y refuerza, de esta manera, la legitimidad democrática de la Unión Europea.

1.3

Cabe recordar y destacar que, en virtud de su composición y de la función y las tareas que le encomiendan los Tratados desde su creación, el Comité Económico y Social Europeo (CESE) es históricamente un protagonista de pleno derecho, adelantado a su época, de la democracia participativa a nivel europeo y su componente más antiguo.

1.4

Hace ya tiempo que la sociedad civil y las organizaciones activas a nivel europeo reivindican el «derecho de participación», una exigencia que en la actualidad tiene una particular urgencia, pues la Unión Europea se juega mucho y se ve confrontada a desafíos que requieren la movilización de todos los agentes que trabajan sobre el terreno, así como de sus representantes.

1.5

Cabe señalar que el Consejo Europeo, reunido en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000, reconoció esta necesidad en relación con la aplicación de la Estrategia de Lisboa (1) y volvió a hacer hincapié en este aspecto en su reunión de los días 22 y 23 de marzo de 2005, en el contexto de la reactivación de dicha Estrategia (2).

1.6

En su Libro Blanco sobre la Gobernanza europea (3), de julio de 2001, la Comisión se refiere a la participación de la sociedad civil en la elaboración y aplicación de las políticas de la Unión no solo como uno de los principios básicos de una buena gobernanza, sino también como uno de los ámbitos de acción prioritarios para renovar el método comunitario y mejorar el funcionamiento democrático de las instituciones.

1.7

El principio de la democracia participativa está consagrado asimismo por el artículo I-47 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (4). En este sentido, y a pesar de los avatares del proceso de ratificación del Tratado constitucional, las instituciones de la UE deben plegarse a este enfoque e instaurar una auténtica democracia participativa. No obstante, para que ésta pueda satisfacer las exigencias de una gobernanza europea moderna, todavía es necesario poner en funcionamiento los instrumentos que hagan posible que los ciudadanos europeos, y en particular las organizaciones en las que actúan, puedan debatir, ser consultados e influir realmente en el desarrollo de la Unión y sus políticas en el marco de un auténtico diálogo civil estructurado con la sociedad civil organizada.

1.8

Por su parte, el CESE trabaja activamente en aras del desarrollo de la democracia participativa en asociación con las demás instituciones de la Unión y las organizaciones representativas de la sociedad civil.

1.8.1

En esta línea, en octubre de 1999 el CESE organizó la primera convención sobre el papel y la contribución de la sociedad civil organizada en la construcción europea y, desde entonces, ha emitido varios dictámenes que se inscriben en la perspectiva de un desarrollo y una mayor estructuración del diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones europeas (5)  (6).

2.1

Los actores del diálogo civil a nivel europeo son las organizaciones que representan los intereses específicos o generales de los ciudadanos. En este sentido, las organizaciones europeas de interlocutores sociales tienden de forma natural a formar parte del diálogo civil. A este respecto, el diálogo social es un excelente ejemplo de la aplicación real del principio de la democracia participativa. No obstante, cabe destacar de nuevo la distinción fundamental que debe hacerse entre diálogo social y diálogo civil. El diálogo social europeo se define claramente tanto en términos de participantes, como de finalidades y de procedimientos, y los interlocutores sociales europeos disponen de poderes cuasi legislativos (8). Su especificidad deriva de los poderes especiales y las responsabilidades de sus participantes, que actúan de manera autónoma.

2.2

A nivel europeo, estas organizaciones adoptan multitud de formas y denominaciones: entre sus denominaciones más habituales cabe señalar las de asociación, federación, fundación, foro y red (9). Estas diferentes denominaciones se agrupan a menudo bajo el término «ONG», que de hecho se utiliza para englobar todo tipo de estructuras autónomas y sin ánimo de lucro. Asimismo, muchas de la organizaciones europeas están estructuradas en el ámbito internacional.

2.3

Las organizaciones europeas coordinan las actividades de sus miembros y asociados en los diferentes Estados miembros, y a menudo también en el exterior. Además, es cada vez más frecuente que se agrupen entre sí para constituir redes europeas, como es el caso en el ámbito social, medioambiental, de los derechos humanos, del desarrollo, del consumo o de la economía social.

2.4

Para ilustrar la amplitud que han alcanzado las organizaciones europeas de la sociedad civil y el modo en que se articulan, el anexo al presente dictamen recoge una breve reseña de las organizaciones, federaciones y redes más importantes en los diferentes sectores de la sociedad civil organizada a nivel europeo, con excepción de las organizaciones socioprofesionales. En este documento se distinguen una veintena de sectores específicos.

2.4.1

En dicha reseña se puede ver la creciente estructuración de la sociedad civil organizada europea, así como una diversidad en la estructura de estas organizaciones: pueden componerse únicamente de organizaciones nacionales, incluso en algunos casos de organizaciones regionales y locales, que representan a un determinado sector, y sus miembros pueden ser al mismo tiempo organizaciones europeas y nacionales, así como personas jurídicas y físicas de cualquier ámbito. En cuanto a las agrupaciones en red, por lo general, siguen dos pautas: la red puede componerse de organizaciones europeas de determinado sector, o bien asociar a organizaciones nacionales y europeas.

2.5

Es evidente que, por lo general, numerosas organizaciones europeas de la sociedad civil, por no hablar de algunas organizaciones o redes nacionales, disponen de una experiencia y conocimientos técnicos que les permiten reivindicar el derecho a participar en los procesos consultivos en el marco de la elaboración de las políticas de la Unión. No obstante, también es cierto que, al faltar criterios objetivos de evaluación, con frecuencia se cuestiona la representatividad de las organizaciones europeas de la sociedad civil, excepción hecha de las que representan a los interlocutores sociales. El mundo asociativo se ve a veces como algo fragmentado y a menudo disperso en un gran número de organizaciones, representan en mayor medida los intereses específicos de sus miembros que el interés general, y falto de transparencia. Además, muchos piensan que este sector no tiene capacidad para ejercer una influencia real en el proceso de elaboración de las políticas y de preparación de las decisiones.

3.1

El CESE ya ha señalado anteriormente en varias ocasiones que sólo si se determina claramente su representatividad sólida pueden los agentes de la sociedad civil ejercer el derecho a participar eficazmente en el proceso de elaboración de las políticas y preparación de las decisiones comunitarias.

3.1.1

Además de ser un principio democrático fundamental, la exigencia de representatividad también responde a la preocupación de mayor claridad y de aumentar la influencia de la sociedad civil organizada a nivel europeo.

3.1.2

En esta perspectiva, el CESE ha establecido criterios de representatividad que, en última instancia, formuló en su Dictamen de 20 de marzo de 2002 relativo al Libro Blanco sobre la gobernanza europea (10). Para que se la reconozca como representativa, una organización europea debe cumplir nueve requisitos:

3.1.3

En dicho dictamen, el CESE proponía, sin embargo, «debatir estos criterios con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil como base de una futura cooperación».

3.2

Para evitar malentendidos en cuanto al ámbito de aplicación de los criterios de representatividad establecidos en el marco del presente dictamen, parece necesario distinguir claramente entre la «consulta», que en principio está abierta a todas las organizaciones que disponen de conocimientos especializados en un ámbito determinado, y la «participación», entendida como la posibilidad ofrecida a una organización de intervenir formal y activamente en un proceso colectivo de determinación de la voluntad, en el interés general de la Unión y sus ciudadanos. Este proceso, que reposa en principios democráticos, permite a las organizaciones de la sociedad civil estar verdaderamente presentes en la elaboración de las políticas y la preparación de las decisiones relativas a la evolución y el futuro de la UE y sus políticas (11).

3.2.1

Aunque parezca una distinción esencialmente académica, resulta pertinente: la representatividad es un requisito para la participación en la medida en que confiere legitimidad. En el marco de un procedimiento de consulta, el objetivo es escuchar las diferentes opiniones y aprovechar los conocimientos especializados de los actores de la sociedad civil sin imponer condiciones previas. La consulta sigue siendo un elemento muy importante del diálogo civil.

3.3

En el Libro Blanco sobre la gobernanza europea anteriormente citado, la Comisión ya había contemplado, para determinados sectores en los que la práctica de la consulta está ya establecida, la elaboración de normas de asociación que vayan más allá de las normas mínimas de consulta aplicables al conjunto de sus servicios. No obstante, la Comisión condicionaba la conclusión de tales acuerdos a que las organizaciones de la sociedad civil ofrecieran unas garantías de transparencia y representatividad, si bien no abordaba la cuestión de qué criterios deberían aplicarse.

3.4

La Comunicación de 11 de diciembre de 2002 (12), por la que se establecen los principios generales y las normas mínimas aplicables a los procedimientos de consulta de la Comisión con las partes interesadas, distingue entre las consultas «abiertas», en el marco de un enfoque global e inclusivo, y las consultas «concretas» en las que las partes interesadas y afectadas por la consulta –los grupos de interés– están claramente definidas mediante unos criterios de selección que han de ser «sólidos» y «claros», según los términos de la Comunicación, aunque tampoco en esta ocasión se definen tales criterios.

3.4.1

Además, en esta misma Comunicación la Comisión subraya la importancia que atribuye a las aportaciones de las organizaciones europeas representativas y, por lo que se refiere a la cuestión de los criterios de representatividad para la selección de las organizaciones susceptibles de participar en el diálogo civil, remite a los trabajos ya realizados por el CESE.

3.5

A raíz del Tratado de Niza, que consolida su función de principal intermediario entre la sociedad civil organizada y las instancias de toma de decisión de la Unión, ha recaído en el CESE una mayor responsabilidad para:

3.6

No obstante, conviene subrayar que el presente dictamen tampoco tiene por objeto:

3.7

Con la elaboración del presente dictamen se pretende en primer lugar clarificar y racionalizar las relaciones del propio CESE con las organizaciones y redes europeas de la sociedad civil, así como conferir mayor credibilidad al diálogo con la sociedad civil organizada gracias al refuerzo de la legitimidad de estas organizaciones y redes.

3.7.1

Esta perspectiva se inscribe, a su vez, en el proceso de establecimiento de un diálogo reforzado y estructurado con la sociedad civil organizada europea:

3.8

Asimismo, este dictamen podría:

3.9

En este contexto, el CESE hace hincapié en que la instauración de un sistema de acreditación de las organizaciones de la sociedad civil organizada en las instituciones europeas presenta tanto ventajas como inconvenientes. Sin embargo, el presente dictamen no es el marco adecuado para que el CESE se pronuncie sobre la conveniencia de dicho sistema. No obstante, considera que existe un vínculo estrecho entre esta cuestión y la de la representatividad, por lo que ambas deberán examinarse paralelamente en el marco de un debate ampliado en el que participen el conjunto de las partes afectadas, las instituciones europeas y las organizaciones de la sociedad civil.

4.1

Consciente de que su composición solo refleja parcialmente la diversidad y la evolución de lo que se denomina «sociedad civil organizada», el CESE ha tomado iniciativas y puesto en marcha reformas para garantizar que la representa de la manera más amplia posible.

4.2

El Comité asocia a sus estructuras y trabajos, bajo diversas formas y cada vez en mayor medida, a las organizaciones y redes europeas de la sociedad civil que no están, o al menos no por el momento, directamente representadas en su seno, sin que esta asociación esté basada en criterios explícitos de representatividad.

4.2.1

Así, cada uno de los tres Grupos del CESE reconoce a determinadas organizaciones europeas confiriéndoles un estatuto de organización reconocida (14). En principio, los miembros del Comité tienen vínculos directos o indirectos con estas organizaciones, pero no es algo obligatorio.

4.2.2

A nivel de las secciones especializadas  (15), las organizaciones europeas que pueden aportar una contribución efectiva en la elaboración de un dictamen participan a menudo en los trabajos. Reciben información sobre los trabajos en curso, presentan sus observaciones, pueden ser representadas por expertos y participar en las audiencias o conferencias que se celebran.

4.2.3

El CESE organiza actos (conferencias, seminarios, audiencias, etc.) sobre temas transversales como, por poner algunos ejemplos recientes, la Estrategia de Lisboa, el desarrollo sostenible y las Perspectivas financieras 2007-2013. Asimismo cabe mencionar las reuniones de seguimiento de los trabajos de la Convención Europea (16).

4.2.3.1

Los participantes procedentes de la sociedad civil organizada se eligen de forma pragmática conforme a las propuestas de los Grupos, de los miembros del CESE, de las secciones o de la Secretaría. En principio, estos actos también están abiertos a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que hayan manifestado su interés en participar.

4.3

En 2004 se dio un paso más en esta cooperación con la creación de un Grupo de enlace entre el CESE y los representantes de los principales sectores de la sociedad civil organizada europea. Actualmente consta de catorce miembros procedentes de las principales organizaciones y redes que actúan en los sectores representados en el Grupo de enlace, además de los diez representantes del CESE, entre los que se encuentra su Presidenta y los Presidentes de los tres Grupos y las seis secciones especializadas. Puede tratarse o no de organizaciones que ya disponen del estatuto de organización reconocida.

4.3.1

La misión de este Grupo de enlace es garantizar, por una parte, una relación coordinada del CESE con las organizaciones y redes europeas de la sociedad civil y, por otra, asegurar el seguimiento de las iniciativas comúnmente decididas.

4.4

Lo hasta aquí expuesto muestra el planteamiento pragmático adoptado hasta ahora por el CESE, que se traduce por regla general en un enfoque abierto y no exclusivo en el marco de una estructuración progresiva de sus relaciones con la sociedad civil organizada europea. No obstante, por lo que se refiere a la concesión del estatuto de organización reconocida o a las consultas sectoriales realizadas por las secciones, el planteamiento es más específico.

4.5

En este sentido, el informe final del Grupo ad hoc «Cooperación estructurada con las organizaciones y redes europeas de la sociedad civil» de 10 de febrero de 2004 señala que «No cabe duda de que la cuestión de la representatividad merece una gran atención», pero apunta que «no debe convertirse en un obstáculo que impida todo avance» y afirma que «La sensatez en la materia no excluye la prudencia, es cierto, pero aconseja ser abiertos y pragmáticos» (17).

5.1

Es obvio que los criterios establecidos por el CESE en su dictamen sobre el Libro Blanco sobre la gobernanza europea no están muy claramente formulados en todos los casos, por lo que parece necesario precisar su significado y su alcance para que sea posible medirlos y aplicarlos.

5.2

Teniendo esto en cuenta, el Comité considera que es importante establecer un procedimiento claro, unitario y sencillo que permita evaluar la representatividad de las organizaciones europeas de la sociedad civil y evitar los planteamientos complejos y controvertidos.

5.3

Este procedimiento debe hacer posible una evaluación de dichos criterios que esté adaptada a la estructura y el funcionamiento de las organizaciones europeas. Además, deberá basarse también en la participación de las propias organizaciones en dicho proceso de evaluación. El CESE no tiene intención alguna de restringir la autonomía de estas organizaciones.

5.4

Por todo ello, el procedimiento debería basarse en los principios siguientes:

5.5

Se propone que el procedimiento de evaluación se base en tres criterios:

5.5.1

Los dos primeros criterios de evaluación son claros y se refieren a la propia estructura de cada organización, por lo que proporcionan una buena base para poder evaluar, de manera relativamente objetiva, la representatividad de las organizaciones manteniendo la dinámica de la sociedad civil. La tercera dimensión resulta más compleja.

5.6

En opinión del CESE, el procedimiento propuesto no supone ninguna carga u obligación particular para las organizaciones en cuestión, pero conlleva una exigencia de transparencia en relación con su estructura y su funcionamiento. Además, la transparencia constituye un principio democrático básico y de interés general, pues hace posible que tanto los diferentes grupos de interés presentes en la sociedad como los ciudadanos y las autoridades públicas puedan examinar las estructura y las actividades de la organización y juzgar así por sí mismos.

5.7

A partir de estos principios y criterios de evaluación, el CESE debería poder establecer un procedimiento que permita valorar la representatividad de las organizaciones europeas de la sociedad civil. Para hacerlo operativo, el Comité podría crear un instrumento de evaluación específico en colaboración, en particular, con el Grupo de enlace con las organizaciones y redes europeas de la sociedad civil.

6.1

El CESE considera que existe un vínculo directo y estrecho entre los criterios ya propuestos y los estatutos de los que están dotadas las organizaciones europeas de la sociedad civil.

6.2

En principio, todas las organizaciones que trabajan a escala europea, ya sea de derecho o de hecho, deberían contar con unas normas estatutarias (18).

6.3

En la línea de los criterios ya definidos por el CESE (19), y con objeto de hacerlos plenamente operativos, el estatuto de una organización europea debería incluir o prever disposiciones que establezcan:

6.4

A falta de una normativa europea en la materia, todas las organizaciones aprueban sus estatutos de manera autónoma, en el marco de la legislación nacional pertinente (20).

6.4.1

En este sentido cabe mencionar que, ya en 1991 (21), la Comisión propuso una normativa para posibilitar la creación de «asociaciones europeas». El objetivo era establecer una forma de asociación para las agrupaciones con miembros en varios Estados de la Unión, en semejanza con lo que existe ya para las sociedades anónimas y las cooperativas. Las disposiciones materiales de esta propuesta coinciden con las propuestas formuladas más arriba relativas al contenido de los estatutos.

6.4.2

La propuesta, que el CESE respaldó en su momento (22), se halla bloqueada debido a la oposición de algunos Estados miembros e incluso ha sido retirada por la Comisión. El CESE sigue convencido de que un estatuto de este tipo es un instrumento esencial para la afirmación del derecho de asociación como libertad fundamental consagrada por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y expresión de la ciudadanía europea. Por otra parte, considera que los principios enunciados en el artículo I-47 del Tratado constitucional deberían servir de incentivo para hacer avanzar esta cuestión.

6.4.3

Por consiguiente, el CESE pide una vez más que se establezca un estatuto europeo para las asociaciones transnacionales, de manera análoga al estatuto de los partidos políticos europeos que entró en vigor en noviembre de 2003 (23). Además, esta petición se inscribe en la lógica de las propuestas formuladas en el presente dictamen.

6.5

No obstante, conviene partir del principio de que compete a las organizaciones miembros garantizar, por medio de los mecanismos y procedimientos apropiados, el control de las normas estatutarias y su aplicación, en virtud de los procedimientos decisorios internos de la organización y su naturaleza democrática.

6.6

Para asegurar una transparencia efectiva en el funcionamiento de las organizaciones europeas de la sociedad civil convendría que estos estatutos, el estado de cuentas y el informe de actividades anuales, así como todos los datos relativos a los compromisos financieros de las organizaciones miembros y a las fuentes de financiación, se hiciesen públicos, a ser posible también en el sitio Internet de la organización.

7.1

En la lista de criterios presentada por el CESE se propone que una organización europea deberá contar, en la mayoría de los Estados miembros, con organizaciones afiliadas a las que se le reconozca una representatividad de los intereses que defiende cada una.

7.2

En la práctica este criterio significa que, en opinión del CESE, para ser considerada representativa, una organización europea deberá estar representada en la mitad de los Estados miembros de la UE como mínimo. Aun cuando la reciente ampliación de la UE haya complicado la situación, este criterio resulta necesario.

7.3

Para permitir la evaluación de su presencia en los Estados miembros, toda organización europea deberá publicar la lista de las organizaciones que la componen, ya se trate de organizaciones (personas jurídicas) independientes de cualesquiera intereses externos que representan a la sociedad civil en los Estados miembros o de agrupaciones europeas de este tipo de organizaciones o de ambas.

7.4

En todo caso, resulta difícil evaluar la situación de una organización europea o de las organizaciones nacionales que la componen para poder determinar si tienen un estatus reconocido y se consideran representativas. Los siguientes aspectos podrían servir de ayuda en este sentido:

7.5

Conviene partir del principio de que la afiliación de una organización, nacional o transnacional, a una organización europea no solo responde a los criterios de afiliación previstos en el estatuto de la organización europea en cuestión, sino también a los establecidos en el estatuto de la organización afiliada.

7.6

Por este motivo, las organizaciones nacionales afiliadas deben informar abiertamente, al igual que lo hace la organización europea de que son miembros, sobre su estatuto y su informe de actividades, que permiten conocer su estructura y modo de funcionamiento. También sería aconsejable, como exige el Consejo de Europa, poder saber el número de individuos asociados directa e indirectamente.

8.1

Los criterios mencionados más arriba pueden, por su naturaleza, ser objeto de una evaluación objetiva relativamente fácil. Por su parte, la aplicación y evaluación de criterios cualitativos pueden resultar más delicadas. Es cierto que el estatuto de una organización, y en particular los objetivos y medios de acción de que está dotada, así como su extensión geográfica, ofrecen algunos elementos de apreciación. No obstante, pueden resultar insuficientes para evaluar la representatividad de una organización, aunque los criterios cualitativos constituyen más bien un instrumento de apreciación de la capacidad contributiva de las organizaciones consideradas.

8.2

En este contexto, conviene insistir en que este Dictamen no trata de las organizaciones con conocimientos técnicos específicos que puedan participar en una consulta abierta (véase más arriba), sino de aquellas que podrían participar de manera efectiva y formal en el proceso de elaboración de las políticas, lo que justifica un análisis pormenorizado.

8.3

Así pues, los criterios cualitativos hacen referencia a la experiencia de una organización y a su capacidad para defender los intereses de los ciudadanos ante las instituciones europeas, así como al crédito y la confianza que inspiren tanto en estas instituciones como en otros ámbitos de la sociedad civil organizada europea.

8.4

Por este motivo, debe determinarse la capacidad contributiva de una organización europea a partir de su representatividad cualitativa, examinándose en qué medida la organización en cuestión ha participado, a través de sus actividades, en los procedimientos de consulta de las instituciones europeas.

8.5

En este sentido resulta esencial que las organizaciones europeas afectadas presenten sus informes de actividad y otra información relevante de manera transparente. También podrían utilizarse «indicadores de resultados», como se hace ya en el ámbito universitario y de la investigación, indicadores que deberían definirse en cooperación con las organizaciones europeas de la sociedad civil.

8.6

En cualquier caso, la actuación del CESE en esta cuestión será transparente, pragmática y objetiva en el marco de un proceso dinámico y abierto.

la primera es el diálogo entre las organizaciones europeas representativas de la sociedad civil sobre la evolución y el futuro de la Unión y sus políticas;

la segunda es el diálogo estructurado y regular entre el conjunto de estas organizaciones y la Unión y, por último,

la tercera es el diálogo sectorial cotidiano entre las organizaciones de la sociedad civil y sus interlocutores en los poderes legislativos y ejecutivos.

11.4.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/48

1.1

El 13 de mayo de 2005 el Comisario Kovács solicitó al CESE que elaborase un dictamen exploratorio sobre una base imponible consolidada común para el impuesto de sociedades. El Comisario destacaba que una base imponible común podría suprimir muchos de los problemas a que se enfrentan las empresas que ejercen sus actividades en varios países de la UE. La propuesta cuenta con un respaldo sólido tanto en el ámbito empresarial como en muchos gobiernos.

1.2

Desde 2001 la Comisión ha elaborado varias comunicaciones e informes sobre el impuesto de sociedades, entre los que se cuentan el importante informe de octubre de 2001 sobre la imposición a las empresas.

1.2.1

Tras la presentación, en julio de 2004, de un documento oficioso sobre una base imponible consolidada común y un debate en el Consejo de Ministros, se creó un grupo específico con expertos de los Estados miembros. Este grupo trabajará hasta 2007 para examinar de manera detallada todos los aspectos relacionados con la creación, en la práctica, de una base imponible común. Al igual que este dictamen, dichas deliberaciones tratarán únicamente de la base imponible para el cálculo del impuesto de sociedades, y no del tipo impositivo aplicable. Tampoco se tratará la cuestión de la imposición según la normativa del Estado de residencia. Este tema podría eventualmente ser objeto de un proyecto piloto provisional, mientras que la base imponible común es un proyecto más amplio.

1.3

La cuestión no es solo crear un sistema común para establecer una base imponible, sino también que esta base esté consolidada. Esto concierne muy especialmente a las empresas que operan en varios Estados miembros. Para que un sistema común para la base imponible funcione de manera óptima, es necesario que estas empresas puedan aplicar una base imponible única y calcular los beneficios del grupo empresarial en su conjunto. Así se consolidan los cálculos. Para ello se necesitan sistemas que permitan determinar la parte de beneficios que corresponden a cada empresa del grupo.

1.4

Los debates se refieren únicamente al impuesto de sociedades, y no a todos los aspectos de la fiscalidad de las empresas. Existen muchos tipos de empresa, como las organizaciones con fines no lucrativos y las fundaciones, y no son los mismos en todos los Estados miembros. La creación de una base imponible común para las sociedades anónimas modifica la relación entre estas y otros tipos de empresas y actividades por lo que se refiere a la imposición sobre los beneficios. Por este motivo, puede ser necesario introducir, a nivel nacional, correcciones al impuesto sobre los beneficios para otros tipos de empresa o actividad. Este aspecto no se trata ni en el grupo de expertos de la Comisión y los Estados miembros ni en el presente dictamen.

2.1

El CESE ya ha tratado en varios dictámenes los problemas de las diferencias entre las bases imponibles del impuesto de sociedades en los Estados miembros. El CESE considera que se debe aspirar a establecer condiciones equitativas de libre competencia, que faciliten la actividad comercial transfronteriza, al mismo tiempo que tiene cuidado en no desestabilizar los sistemas nacionales de fiscalidad de las empresas (1). Asimismo, defiende que primero se empiece por encontrar soluciones para la base imponible del impuesto de sociedades, y solo en una segunda fase se pase a debatir los tipos impositivos (2).

2.2

Una base imponible común para el impuesto de sociedades podría reducir o incluso eliminar toda una serie de obstáculos a la actividad empresarial transfronteriza en la UE. Entre estos obstáculos cabe mencionar los siguientes:

2.2.1

Aun cuando el impuesto de sociedades es esencial para crear una situación propicia, conviene recordar que también muchos otros factores pueden ser decisivos tanto para el comercio transfronterizo como para la ubicación de las actividades (3).

2.3

El CESE también ha señalado que las diferencias en la propia base imponible no constituyen el único problema. Además, hay toda una serie de diferencias entre las normativas relativas, por ejemplo, a la manera en que se pagan los impuestos, las auditorías y la solución de diferencias. Parte de estos problemas también deberían poder reducirse gracias a las normas específicas que deben acompañar a la creación de una base imponible común (4).

2.3.1

Para las empresas, el no tener que conocer y aplicar más que una normativa única constituye la principal ventaja de tipo práctico que se derivaría de una base imponible común. En vez de hacer la contabilidad en las distintas entidades del grupo empresarial por separado, podría hacerse de manera conjunta. Además de crearse condiciones de competencia más equitativas, una base imponible puede ofrecer ganancias de efectividad no solo para las empresas, sino también para las autoridades fiscales (5).

2.4

Asimismo, el CESE ha pedido que el debate sobre una base imponible común no se limite al núcleo del problema sino que examine también los problemas adyacentes. La creación de una base imponible común no deberá facilitar únicamente el funcionamiento de las empresas con actividades transfronterizas, sino también el de aquellas con actividades únicamente a nivel nacional. El principal objetivo es establecer unas condiciones equitativas de competencia para las empresas con actividades en varios países, objetivo que no debe crear nuevas diferencias entre estas y las empresas cuya actividad tiene lugar únicamente a escala nacional.

2.4.1

En este sentido, también se desea facilitar las actividades de las pequeñas empresas, que por lo general ejercen sus actividades únicamente en su país. Por lo que a ellas se refiere, las tentativas de establecer normas fiscales simples y claras tienen gran importancia (6).

2.5

El CESE ya ha defendido con anterioridad que una base imponible común no deberá tener carácter opcional — es decir, permitir la elección entre el sistema fiscal nacional, que seguiría existiendo, y un sistema específico para las empresas con actividades transfronterizas. Por este motivo, el CESE considera que la creación de una base imponible común debe implicar su obligatoriedad (7).

2.6

Además, el CESE ha respaldado en todo momento la idea de que las normas relativas a la base imponible común estén vinculadas, en la mayor medida posible, a las normas internacionales de contabilidad. En este sentido, el Comité es consciente de que las normas IFRS (International Financial Reporting Standards) de contabilidad internacional solo pueden servir como punto de partida para reglamentar una base imponible común.

2.7

Un efecto indeseado de la incapacidad que han mostrado hasta ahora el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo para adoptar una decisión sobre una base imponible común es que las decisiones que inevitablemente deben tomarse se dirimen en el Tribunal de Justicia. Mientras que siga habiendo diferencias de un país a otro seguirán necesitándose decisiones jurídicas para arbitrar entre distintos sistemas fiscales. Como resultado, las decisiones del Tribunal van ejerciendo progresivamente su influencia sobre los sistemas fiscales nacionales, sin que estos cambios obedezcan a una decisión política (8)  (9). El caso «Marks and Spencer», sobre el que el Tribunal de Justicia de la CE sentenció recientemente, ejemplifica claramente esta situación.

2.8

El deseo del CESE de que se examine la cuestión de la imposición de las sociedades en una perspectiva política más amplia implica que la neutralidad fiscal debe tenerse en cuenta no solo en el ámbito de la fiscalidad de aquellas, sino también en relación con los dos factores de producción, es decir el trabajo y el capital. No obstante, esta posición de principio está ligada, en primer lugar, a la cuestión de saber cuál es el tipo impositivo escogido (10).

2.9

La integración significa un aumento de la competencia, lo que a su vez repercute positivamente en la efectividad y el crecimiento. Pero al mismo tiempo, ello implica que quienes no son capaces de hacer frente a una mayor competencia no pueden compensar su productividad insuficiente por medio de una reducción del impuesto de sociedades. Para poder beneficiarse de los efectos positivos de la integración, es necesario eliminar aquellos elementos de la fiscalidad de sociedades que pueden falsear la competencia (11).

2.10

Gracias a una base imponible común y, esperemos, obligatoria, habrá mayores posibilidades de controlar el pago de impuestos, ya que las autoridades fiscales solo tendrán necesidad de conocer un sistema europeo único y la comunicación entre ellas se verá facilitada. De esta manera, puede que resulte más fácil detectar parte de los casos de evasión fiscal. Además, una base imponible común de carácter no obligatorio, que permita escoger entre este sistema y un cálculo de la base imponible según el sistema nacional aplicable a las empresas locales, implicaría que ya no son las empresas las que deben gestionar varios sistemas fiscales, sino los Estados.

3.1

La exacción fiscal procedente de las sociedades varía de un país a otro. Ello se explica, sobre todo, por las diferencias en los tipos impositivos (entre 12,5 y 40 %) pero, como la base impositiva varía también, es difícil determinar en qué proporción esta divergencia se debe a las diferencias en los tipos (12).

3.2

La Comisión ha presentado datos sobre el denominado «tipo impositivo implícito», que determina qué proporción de los beneficios de una sociedad se paga efectivamente como impuesto. Lo más frecuente es encontrarse con comparaciones de los tipos impositivos. Estas comparaciones pueden resultar engañosas, ya que, por ejemplo, un tipo impositivo elevado puede dar ingresos fiscales modestos si es posible hacer importantes desgravaciones. Los ingresos fiscales también pueden variar según la eficacia de la recaudación y el tipo de control. El hecho de que la organización fiscal sea ya eficaz, ya burocrática, influye también en la cantidad de recursos que una empresa deberá destinar al pago del impuesto de sociedades (13).

3.3

En 1990 la OCDE constató que el 60 % del comercio mundial se efectúa en el interior de grupos empresariales. Es evidente que las diferencias entre los sistemas fiscales se convierten en un problema para las empresas, en la medida en que tienen repercusiones en el seno de estos grupos.

3.4

Resulta difícil cuantificar el impacto económico de una base imponible común para el impuesto de sociedades. No obstante, en un estudio reciente se calcula que el efecto sobre el PNB se situaría entre el 0,2 y el 0,3 % de éste. Este cálculo tiene en cuenta únicamente las normas comunes para una base imponible, pero no la consolidación ni la reducción de los costes administrativos. Para evaluar el valor de esta cifra, también debe considerarse que la fiscalidad de sociedades representa, en su conjunto, en torno a un 3 % del PNB (14).

3.5

En la actualidad, las grandes empresas responden de una buena parte de las actividades transfronterizas. Por este motivo, las diferencias en materia de imposición de las empresas les representan un problema. Las empresas que tienen actividades en varios países han adquirido los conocimientos necesarios al respecto y han sido capaces de financiar los costes suplementarios. Pero las sociedades más afectadas por las diferencias en los sistemas fiscales probablemente sean las PYME que han considerado la posibilidad de ejercer sus actividades en el extranjero pero han renunciado a ello. Una normativa común podrían reducir considerablemente los obstáculos para la extensión de las actividades de las empresas a otros países. En este sentido, hay grandes posibilidades de mejorar la integración y aumentar la competencia, lo que podría ser uno de los grandes beneficios de disponer de un sistema común para el cálculo de la base imponible para el impuesto de sociedades.

4.1

Hasta la fecha únicamente se han adoptado tres directivas en el ámbito del impuesto de sociedades. La Directiva sobre sociedades matrices y filiales (90/435) establece que los beneficios de una filial no deberán gravarse en el Estado miembro donde se encuentre la sociedad matriz. No obstante, existe la alternativa de que el impuesto pagado por la filial se deduzca del impuesto que le corresponde pagar en su país a la sociedad matriz.

4.2

La directiva sobre fusiones (90/434) regula la imposición en caso de reestructuración empresarial. No obstante, como no existen normas de derecho privado para las fusiones y escisiones transfronterizas, estas no quedan cubiertas por la Directiva. La Directiva regula principalmente las adquisiciones.

4.3

Recientemente se ha adoptado una tercera directiva, que trata la imposición de los intereses y cánones entre sociedades asociadas (Directiva 2003/49). Esta Directiva suprime la retención en origen para este tipo de transacciones transfronterizas.

4.4

Desde 1997 existe un código de conducta en materia de fiscalidad de las empresas, según el cual los Estados miembros se comprometen a no atraer inversiones por medio de medidas con repercusiones negativas en el ámbito fiscal. Además, los Estados miembros adoptan el compromiso de no crear nuevos impuestos perjudiciales y a revisar sus disposiciones en la materia. El código cuenta con una lista de 66 medidas fiscales consideradas perjudiciales, medidas que en la actualidad se van suprimiendo progresivamente.

5.1

Las normas que determinan el tipo de desgravaciones que pueden aplicarse a la base imponible antes de proceder al cálculo del impuesto es uno de los aspectos en que las diferencias son mayores de un país a otro, y constituye por consiguiente un tema importante en las negociaciones entre los Estados miembros. En este contexto, conviene destacar la importancia de aspirar a que el impuesto de sociedades cuente con bases amplias. No obstante, conviene recordar que para ampliar las bases puede requerirse una revisión del tipo impositivo.

Lamentablemente, el debate en este sentido debe comenzar a un nivel básico. En la actualidad, los gastos reciben un trato diferente según se clasifiquen como gastos ordinarios, por lo que se tienen en cuenta en el cálculo de la base imponible, o se desgraven de los beneficios una vez determinada la base imponible. Para poder presentar propuestas comunes, los expertos fiscales tienen todavía mucho trabajo por delante.

5.2

El sistema elegido para la base imponible deberá ser competitivo, de modo que se creen buenas condiciones para la inversión en la UE. No obstante, los regímenes fiscales no deben, por lo general, tener repercusiones sobre el tipo de inversiones y su ubicación en un Estado miembro u otro. Lo fundamental es la rentabilidad, y no la cuestión de saber cómo financiar una inversión determinada. Obviamente, debe ser posible fomentar, por ejemplo, las inversiones ecológicas, o dirigirlas hacia regiones desfavorecidas, pero esto puede hacerse por otros medios que la base imponible del impuesto de sociedades.

5.2.1

Asimismo, resulta importante mantener un límite claro con la fiscalidad de los ingresos. Así, la cuestión de la distribución de los beneficios entre los accionistas pertenece al ámbito de la fiscalidad de los ingresos, y no debe tratarse en el debate sobre la imposición de los beneficios de las empresas. Además, esta cuestión no afecta a las decisiones de las sociedades sobre el emplazamiento de sus actividades.

5.3

Aun cuando sea posible fijar una base imponible común, deben preverse normas diferenciadas para determinados sectores, pues en algunos casos puede ser necesario aplicar normas específicas a las provisiones. Podría ser el caso del sector bancario y financiero en general y el sector de los seguros de vida en particular, en los que las provisiones tienen, con frecuencia, especial importancia. Otro ejemplo lo ofrece la silvicultura, sector en el que, en casos extremos, los ingresos pueden registrarse con intervalos de hasta cien años.

5.4

Otro de los aspectos a tener en cuenta es si la empresa está financiada principalmente mediante préstamos o con capital propio. Si los costes correspondientes a los intereses del préstamo son deducibles, solo se grava una pequeña parte de los ingresos de la empresa, en concepto de beneficios de las pocas acciones. Por el contrario, si no hay préstamos sino que la financiación se hace íntegramente por medio del capital social, todo se grava en concepto de beneficios. En la medida de lo posible, no conviene orientar la elección del tipo de financiación por medio del impuesto de sociedades.

5.5

Una vez que se ha establecido qué desgravaciones pueden llevarse a cabo, queda determinar cuándo y cómo. La principal diferencia entre los Estados miembros surge a la hora de determinar si cada tipo de inversión se amortiza por separado o si se utiliza un sistema en el que todas las inversiones se tratan conjuntamente. Este último sistema es más fácil de gestionar para las empresas, ya que no se necesitan hacer cálculos específicos para cada tipo de maquinaria o equipamiento.

5.6

Para poder establecer una base imponible consolidada, donde el cálculo de los beneficios se hace para el grupo empresarial en su conjunto, se necesita una definición de «grupo empresarial». Hay dos posibles definiciones: la basada en el porcentaje de la propiedad en cada sociedad miembro del grupo y la basada en la actividad en cada sociedad y sus vínculos con las actividades de la sociedad matriz. Parece necesario recurrir a una combinación de ambas, ya que no hay motivo para establecer una base consolidada para sociedades con un mismo propietario si operan en sectores diferentes.

5.7

Una vez alcanzado un acuerdo sobre cómo determinar la base imponible para el impuesto de sociedades, queda por resolver la cuestión de la consolidación: ¿cómo deben repartirse entre los diferentes países los beneficios de las empresas con actividades en varios Estados miembros? Para evitar que los regímenes fiscales se utilicen para trasladar beneficios de un país a otro, no llega con una base imponible común, sino que se necesita un sistema simple y lógico que determine cómo se reparten los beneficios de la empresa entre los Estados miembros (y por lo tanto, entre países con tipos impositivos diferentes). Cuando se suman de esta manera los beneficios de las filiales de una empresa en distintos países, es importante incrementar la cooperación entre las autoridades fiscales.

5.7.1

A la vista de estas condiciones, puede resultar interesante examinar el sistema utilizado en Canadá (la mitad de los beneficios se reparte en función de la proporción de la mano de obra y la otra mitad en función del volumen de negocios).

5.8

Para que el reparto de los beneficios sea fácil de poner en práctica, es necesario armonizar varias normas, y no solo la relativa al cálculo de la base imponible. Por ejemplo, conviene que en todos los países los cálculos se hagan sobre una base anual, y el pago de impuestos se haga en el mismo momento. Otro requisito debería ser el uso de transferencias normalizadas en forma electrónica.

5.9

Una de las principales ventajas de una base imponible común es la transparencia del sistema. Hoy por hoy, el único dato visible para un profano es el tipo impositivo. Para mostrar hasta qué punto este dato puede resultar engañoso, se pueden comparar los tipos del impuesto de sociedades y la proporción del PNB ingresada gracias a este impuesto. Según los datos de 2003, Alemania, con un tipo del 39,5 %, es el país en donde esta proporción es menor, del orden del 0,8 %. Probablemente esto se explique, en parte, debido a ciertos problemas de definición de la base impositiva. En los «nuevos» Estados miembros, estos ingresos representan un promedio del 2,7 % del PNB, con tipos impositivos que oscilan entre el 35 y el 15 %. En la mayoría de los «antiguos» Estados miembros, estos ingresos se sitúan en torno al 3 % del PNB, con tipos impositivos que varían entre el 38 y el 12,5 % (15). Es importante dar a conocer estas diferencias, tan dispares como inesperadas, no solo a las empresas sino también a los ciudadanos, en una perspectiva democrática.

11.4.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/53

1.1

La búsqueda de la eficiencia energética ha pasado a ser una necesidad para las empresas, por lo que los acuerdos voluntarios tienen por objetivo responder a los principales desafíos que plantea el encarecimiento de la energía en la mayoría de los casos.

1.2

La Unión Europea desempeñaría un papel muy útil si sistematizase la información sobre las buenas prácticas y las innovaciones en este ámbito. La DG de Energía podría convertirse en una especie de centro de la información en materia de eficiencia energética.

1.3

Las campañas de concienciación ciudadana pueden desempeñar un papel útil. Para ser eficaces, deben desarrollarse lo más cerca posible de los consumidores finales y de los sectores profesionales interesados. Corresponde, pues, a los entes nacionales y locales asumir la responsabilidad al respecto.

1.4

Por último, el recurso a la reglamentación no debe ser la norma, sino más bien la excepción, en la medida en que ya se han adoptado numerosos instrumentos jurídicos y en que es conveniente hacer un balance de su aplicación.

1.5

La eficiencia energética no es un eslogan, un lujo ni una invención inútil. En un contexto internacional en que la demanda energética no va a dejar de aumentar, sobre todo debido al rápido desarrollo de países emergentes como China, India o Brasil, interesa a los ciudadanos, las empresas, los Estados miembros y la Unión Europea. La Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda energética mundial crecerá en un 60 % de aquí a 2030, mientras que la Unión Europea –que depende en un 80 % de los combustibles fósiles– verá pasar sus importaciones energéticas del 50 al 70 % durante el mismo período. Pero, frente a los países productores y a los demás grandes países consumidores, la Unión Europea no es un protagonista unificado del mercado mundial de la energía. Por este motivo, Tony Blair, como Presidente del Consejo, abogó por la creación de una política común de la energía en la cumbre informal celebrada en Hampton Court el pasado mes de octubre.

1.6

No hay que disimular el hecho de que la explosión de la demanda y el encarecimiento de los costes de la energía pueden pesar mucho en el crecimiento económico de la Unión Europea, incitar a la deslocalización de determinadas actividades con elevado consumo energético y, de rebote, degradar la situación social de Estados miembros ya expuestos a fuertes tensiones en sus sistemas de protección social en un contexto de envejecimiento de la población y de declive demográfico. A este respecto las medidas de eficiencia energética son sumamente adecuadas, ya que a fin de cuentas contribuyen a reducir los costes y, por consiguiente, a aumentar la competitividad.

1.7

Además, la competencia por asegurarse los recursos energéticos puede ocasionar crispaciones políticas fuertes e incluso representar una amenaza para la paz en algunas regiones del mundo, amenaza que puede extenderse fácilmente mediante el terrorismo internacional.

1.8

Por último, el uso razonable, eficaz y económico de las fuentes de energía es una necesidad de equilibrio vital para nuestro planeta y para las generaciones futuras.

1.9

El CESE considera que el «Libro Verde sobre la eficiencia energética o cómo hacer más con menos» plantea cuestiones pertinentes y propone vías de acción realistas. Apoya de manera muy decidida la voluntad de reducir el consumo energético en un 20 % y considera necesario no sólo lograr muy rápidamente el objetivo de reducción anual del consumo energético en un 1 %, sino también fijarse como objetivo, en una segunda etapa, una reducción efectiva del 2 %.

1.10

El CESE estima que los acuerdos voluntarios con los grandes sectores económicos constituyen sin duda una solución eficaz y preferible –cuando resulte posible– a medidas de reglamentación obligatorias.

Puesto que los dos sectores con mayor consumo energético son los transportes y la construcción, deberán realizarse los mayores esfuerzos y buscarse las innovaciones precisamente en estos sectores.

La introducción continua y progresiva de innovaciones eficaces en el ámbito de la eficiencia energética responde al mismo tiempo a la demanda de los consumidores y de los industriales. La Unión Europea y los Estados miembros deben comprometerse en firme en favor de políticas convergentes destinadas a fomentar la eficiencia energética, el intercambio de buenas prácticas y la difusión de las mejores tecnologías, así como en campañas de información e incentivación dirigidas a los hogares y a los consumidores.

—

suscitar la atención sobre la eficiencia energética,

—

proponer medidas y acciones comunes en el marco de los acuerdos de Kioto,

—

clarificar las funciones respectivas de la Comunidad y de los Estados miembros,

—

realizar el potencial de mejora de la eficiencia energética, con el objetivo de lograr una reducción del 1 % anual del consumo de energía, objetivo acumulativo que se supone superable,

—

difundir nuevas tecnologías.

—

necesidad de desarrollo sostenible,

—

necesidad económica,

—

necesidad de independencia política.

3.1

La Comisión publicó el 22 de junio de 2005 el «Libro Verde sobre la eficiencia energética o cómo hacer más con menos». Esta publicación se produce tras la publicación de la propuesta de Directiva sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y el inicio de los debates parlamentarios sobre la misma, y después de haberse solicitado al CESE un dictamen exploratorio sobre la eficiencia energética. Esta cronología puede parecer desconcertante en la medida en que, por lo general, los Libros Verdes preceden a los textos de carácter jurídico, pero el ámbito de este Libro Verde es más extenso que el de la propuesta de Directiva. El dictamen exploratorio del CESE podrá considerarse una contribución a la consulta iniciada por la Comisión.

3.2

Partiendo de la constatación de que, a pesar de los discursos sobre un uso más racional de la energía, la demanda energética no para de aumentar, la Comisión considera que es conveniente dar «un fuerte impulso a un programa reforzado de promoción de la eficiencia energética a todos los niveles de la sociedad europea». Cree que la Unión Europea podría economizar como mínimo el 20 % de su actual consumo de energía. El CESE se felicita de la ambición mostrada por la Comisión y por el Parlamento Europeo en cuanto a los objetivos y a la diversificación del suministro. Considera que se crea un efecto de atracción positivo que, además, debería crear empleo mediante el desarrollo de nuevas tecnologías. No obstante, hay que velar por que las políticas energéticas iniciadas no conduzcan a un aumento de los costes de la energía, que supondría el aumento de los costes de producción en un contexto de competencia mundial exacerbada. Así, por ejemplo, los certificados de emisión de CO2 representan un coste importante para las industrias con gran consumo de energía (por ejemplo, la industria del cemento) y podrían incentivar las deslocalizaciones. Por lo tanto, no deben desestimarse las consecuencias socioeconómicas de las medidas previstas o establecidas.

3.3

Siguiendo el uso habitual en los Libros Verdes, la Comisión formula 25 cuestiones relativas a las opciones identificadas con objeto de estructurar la consulta pública. Prevé las medidas que deberán aplicarse en el plano comunitario, nacional, regional y local y, por último, en el marco de la cooperación internacional, recordando las políticas que deberán aplicarse y los sectores afectados, todo ello ilustrado con ejemplos.

3.4

Sorprendentemente, no se abordan determinados problemas, aun cuando estos revisten una importancia real. No se menciona, por ejemplo, la cuestión del alumbrado urbano y público en general, ni la producción a partir de productos reciclados, que, en algunos casos, resulta más económica en el plano energético (metales, aluminio, etc.), ni la valorización del biogás en los vertederos.

3.5

El objetivo del Libro Verde es identificar los «estrangulamientos» (falta de incentivos, de información, de formación, de financiación, etc.) que impiden actualmente las mejoras de eficiencia más rentables. Las medidas que deberán fomentarse son aquellas que tienen como resultado un ahorro neto después de amortizarse la inversión necesaria. Se esperan respuestas a las cuestiones formuladas en forma de sugerencias o de ejemplos que respondan al objetivo propuesto. Con posterioridad al Libro Verde, deberá elaborarse un plan de acción en 2006.

3.6

La Comisión se muestra bastante optimista, ya que considera que la aplicación rigurosa del conjunto de medidas adoptadas después de 2001 (Directiva sobre el rendimiento energético de los edificios o sobre la cogeneración), en combinación con nuevas medidas, podrían conducir a un ahorro energético correspondiente a alrededor del 1,5 % del consumo anual para lograr el nivel de consumo de 1990.

4.1

Existe una cadena de la energía de la que forman parte el productor, el transportista, el distribuidor y el consumidor. Por lo tanto, es importante actuar en todas las fases de esta cadena desde la oferta hasta la demanda. Es probablemente en los dos extremos de la cadena donde la acción podrá resultar más eficaz: producción y consumo.

4.2

En el ámbito de la producción, se están introduciendo con regularidad mejoras de la eficiencia en los modos de producción.

4.2.1

Así, la cogeneración de calor y electricidad tiene como principio mismo recuperar una energía que se desperdiciaría, utilizándose estas nuevas tecnologías que permiten aprovechar fuentes de energía alternativa. Así, la captación y valorización del gas de mina permite alimentar las instalaciones de cogeneración (por ejemplo, en Freyming Merlebach, en Lorena). El calor de los altos hornos también puede recuperarse para ser valorizado (técnica aplicada en Brescia, Italia).

En los países nórdicos, se han reconvertido unidades de cogeneración de calefacción y electricidad para utilizar la madera, lo que ha llevado a la creación de un sector basado en la madera.

Además, la investigación para resolver problemas como la obstrucción de las instalaciones y los fenómenos de combustión anormal deberían permitir mejorar el rendimiento de las instalaciones.

4.2.2

La recuperación del biogás y su valorización en los centros de enterramiento (vertederos) permite utilizar una fuente de energía que antes se perdía, a la vez que se combaten los gases de efecto invernadero. Este tipo de innovación y de valorización incita a situar las instalaciones en las proximidades del lugar de consumo, permitiendo así evitar o reducir las pérdidas de energía debidas al transporte.

4.2.3

En el ámbito de la producción de electricidad, las mejoras de la eficiencia en la producción son considerables, por ejemplo en lo que se refiere a la energía eólica, como lo serán en todos los sectores de las grandes centrales eléctricas.

4.3

En lo relativo al consumo, se están introduciendo continuamente tecnologías que permiten un mayor ahorro en los sectores que consumen energía. Como el encarecimiento de la energía repercute en el consumidor final/cliente, las industrias se ven obligadas a la innovación tecnológica.

4.3.1

En el sector del transporte por automóvil, las innovaciones y los progresos afectan a la vez a la motorización, la calidad y la eficiencia de los carburantes y al diseño de los neumáticos. El consumo de los automóviles está mejorando desde hace diez años, pero hay que reconocer que esta mejora se ve contrarrestada por el aumento del número de vehículos. Se facilita una mayor utilización de biocarburantes mediante incentivos fiscales, como, por ejemplo, no sometiéndolos a la misma fiscalidad que los productos derivados del petróleo (5).

La industria del automóvil se ha comprometido mediante un acuerdo voluntario con la Unión Europea a alcanzar un valor medio de emisiones de CO2 de 140 g/Km en 2008. El Parlamento y el Consejo de Ministros desean que la ACEA se comprometa a lograr el objetivo de 120 g/Km en 2010. En cualquier caso, si se respeta este acuerdo, los vehículos privados comercializados en 2008-2009 deberían consumir un 25 % menos de carburante que en 1998.

4.3.2

En materia de transportes, los entes locales se están comprometiendo en toda Europa en favor de políticas de desplazamiento urbano destinadas a mejorar la calidad de los transportes públicos con el fin de reducir la utilización de los vehículos privados. Por ejemplo, en Francia, cada municipio debe elaborar, presentar y lograr la aprobación de un plan de desplazamiento urbano. En otros casos se adoptan medidas más coercitivas, como los peajes urbanos (por ejemplo, en Londres).

4.3.3

Deberían fomentarse modos de transporte «en declive» como el transporte de mercancías por ferrocarril, cuya cuota de mercado no deja de reducirse en Europa (-7 %) y el transporte por vía navegable. No obstante, hay que reconocer que, a pesar de los discursos, estos dos sectores importantes desde el punto de vista de la eficiencia energética experimentan dificultades para desarrollarse, sobre todo porque faltan infraestructuras y el coste de su construcción o modernización es muy elevado (por ejemplo, el canal Rhin-Ródano, o el enlace ferrocarril-carretera transalpino). Además, la construcción de infraestructuras se enfrenta a menudo, con razón o sin ella, a la oposición de grupos de presión ecologistas.

4.3.4

La gestión del alumbrado urbano también es objeto de innovación para ahorrar energía. Así, los sistemas de telegestión de las redes permiten, por una parte, controlar en tiempo real su funcionamiento, pero también regular la tensión eléctrica y adoptar el flujo emitido en función de las necesidades reales y, por consiguiente, generar ahorros de energía para la colectividad.

Las lámparas de alumbrado público de tecnología antigua (por ejemplo, vapor de mercurio) son sustituidas con frecuencia por lámparas de sodio de alta presión, con menor potencia y menos costosas. Se están desarrollando los diodos blancos, con escaso consumo energético, así como la energía solar. En lo que se refiere al uso privado, las lámparas de bajo consumo están ocupando paulatinamente el lugar que les corresponde en el mercado y conducen a una reducción del consumo. Algunas empresas suministradoras de energía eléctrica ofrecen a sus clientes vales de compra para lámparas de bajo consumo (Italia).

4.3.5

En lo que se refiere a los edificios, la aplicación de la Directiva sobre el rendimiento energético debería dar sus frutos. En todo caso, las normas en materia de aislamiento térmico han conducido a importantes progresos para todas las construcciones nuevas, así como los avances en materia de acristalamiento.

4.3.6

En el ámbito de la industria, varios grandes sectores como el del automóvil han adquirido compromisos voluntarios para aumentar la eficiencia energética de sus productos, que, a fin de cuentas, están sujetos a las normas de etiquetado europeo. Se está desarrollando la implantación de unidades de cogeneración para uso industrial. Conviene señalar que algunos sectores de alto consumo energético, como el del aluminio, están realizando ahorros de energía nada despreciables al recurrir a productos de reciclaje.

4.4

De los ejemplos citados se desprende que, en un contexto de encarecimiento duradero de la energía, la eficiencia energética se ha convertido en un proceso positivo natural para los agentes económicos, lo cual lleva a pensar que las medidas voluntarias son tan eficaces a medio y largo plazo como la reglamentación.

—

enlazar este desafío con la aplicación de la directiva sobre el diseño ecológico de los productos que consumen energía,

—

hacer un balance de la aplicación de los compromisos voluntarios en curso en el sector.

11.4.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 88/61