8.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/1

1.1

En su anterior dictamen (1) sobre las nanociencias y nanotecnologías, el CESE señaló la oportunidad de introducir una leyenda sencilla con una definición sintética de los vocablos más utilizados, debido también a que el dictamen abordaba una cuestión en parte nueva, caracterizada por un léxico poco conocido o poco utilizado. Por consiguiente, nos parece oportuno incluir dichas definiciones en la introducción del presente dictamen.

1.1.1

Por otra parte, dado que en 2006 siguen en vigor junto al sexto programa marco otros muchos programas europeos iniciados a partir del 2000, se ha pensado señalar en las notas los principales programas con implicaciones para las N+N, y en particular los que revisten una importancia específica para los nuevos Estados miembros, que no tuvieron la oportunidad de participar en su elaboración y en los debates sobre sus objetivos antes de 2004.

1.2.1

Nano. Indica la milmillonésima parte de un todo. En este caso, refiriéndose a dimensiones, se utiliza «nano» como la milmillonésima parte del metro.

1.2.2

Micro. Indica la millonésima parte de un todo. En este caso, la millonésima parte del metro.

1.2.3

Nanociencias. Las nanociencias representan un nuevo enfoque de las ciencias tradicionales (química, física, biología electrónica,...) en relación con la estructura fundamental y el comportamiento de la materia, a nivel atómico y molecular. De hecho, son las ciencias que estudian el potencial de los átomos en los distintos ámbitos del saber (3).

1.2.4

Nanotecnologías. Son las tecnologías que permiten manipular los átomos y las moléculas para poder crear nuevas superficies y nuevos objetos que, gracias a una composición diferente y a la nueva disposición de los átomos, adquieren características particulares de utilidad en la vida cotidiana (4). Son, por consiguiente, tecnologías de escala de la milmillonésima del metro.

1.2.5

Junto a la definición anterior, cabe señalar otra más pertinente desde un punto de vista científico. Con el término nanotecnología se define un planteamiento multidisciplinar para la creación de materiales, dispositivos y sistemas, a través del control de la materia a escala nanométrica. Habida cuenta de este enfoque multidisciplinar, se precisa una amplia base de conocimientos en electrónica, física y química para la cualificación en el ámbito de las nanotecnologías.

1.2.6

Nanomecánica. Las dimensiones de un objeto empiezan a tener importancia para determinar las propiedades de éste cuando su escala está comprendida entre un nanómetro y varias decenas de nanómetros (se trata de objetos integrados por un número de átomos comprendido entre varias decenas y varios millares de átomos). En este ámbito, un objeto compuesto por 100 átomos de hierro tiene propiedades fisicoquímicas radicalmente diferentes de otro compuesto por 200 átomos, aunque ambos estén fabricados con los mismos átomos. Análogamente, las propiedades mecánicas y electromagnéticas de un sólido constituido por nanopartículas son radicalmente distintas de las de un sólido tradicional de igual composición química y difieren de las propiedades de cada unidad que lo compone.

1.2.7

Microelectrónica. Rama de la electrónica que se ocupa del desarrollo de circuitos integrados, realizados en una «única región de semiconductores», de dimensiones muy reducidas. Actualmente, con la tecnología microelectrónica se pueden obtener componentes de dimensión cercana a 0,1 micrómetros, es decir, 100 nanómetros (5).

1.2.8

Nanoelectrónica. Ciencia que se ocupa del estudio y de la producción de circuitos realizados con tecnologías y materiales distintos del «silicio», que funcionan con principios muy diferentes de los actuales (6).

1.2.9

La nanoelectrónica se va a convertir en uno de los elementos centrales de las nanotecnologías, al igual que la electrónica hoy se encuentra en todos los sectores científicos y procesos industriales (7).

1.2.10

Biomimética  (8). La ciencia que estudia las leyes en que se basan las agrupaciones moleculares existentes en la naturaleza. El conocimiento de estas leyes podrá permitir crear nanomotores artificiales basados en los mismos principios que los que existen en la naturaleza (9).

1.3.1

El Comité acoge favorablemente las propuestas presentadas por la Comisión para realizar de aquí al 2009 un plan de acción en materia de N+N, especialmente en relación con:

1.3.1.1

Los integrantes de este polo deberán disponer de competencias científicas y de gestión sólidas y de un alto grado de receptividad en el entorno general en el cual se desarrollan las N+N.

1.3.1.2

Además, en el sector de las N+N «la investigación y el desarrollo fomentados por la Comunidad Europea crean un importante valor añadido europeo. Crean potenciales que sobrepasan claramente las capacidades de los distintos Estados miembros y ya han permitido que los avances europeos gocen de un prestigio internacional» (10). Es pues importante disponer de un polo comunitario que administre este sector y cuyas responsabilidades estén claramente determinadas.

1.3.2

Ante la revolución que representan las N+N, el Comité está convencido de que la clave para que Europa se sitúe a la vanguardia, en un contexto en el que se observa permanentemente la incorporación con agresividad de nuevos actores en el mercado mundial, es la capacidad de coordinación y la creación de una masa crítica europea de nanotecnologías sobre una base segura.

1.3.3

Para el Comité es fundamental que la Unión Europea consiga elaborar un plan de acción para las N+N, capaz de conferir un impulso unitario de gobernanza y de integrar los niveles comunitario, nacional y regional en el respeto del principio de subsidiariedad. En particular, dicho plan deberá garantizar:

1.3.4

El Comité pide que el plan de acción comunitario vaya acompañado de planes de acción nacionales que garanticen una coordinación y una evaluación comparativa constante de las convergencias y sinergias en los diversos ámbitos: infraestructuras, formación y educación, valoración de los riesgos, formación para la protección de la seguridad en el trabajo, estandarización de normas y patentes y, por último, diálogo con la sociedad civil y, en particular, con los consumidores.

1.3.5

El Comité considera que la industria europea debería multiplicar y acelerar sus esfuerzos de investigación y aplicación de las N+N, situándose a un nivel de inversión al menos equivalente a los de sus competidores más avanzados. Esto puede realizarse a través de las acciones siguientes: desarrollo de las plataformas tecnológicas europeas, incentivos a la protección y valorización industrial de las N+N, promoción de una formación dirigida a la creación de pequeñas empresas, desarrollo de redes europeas para la innovación y la aplicación de las N+N, apoyo a la cualificación multidisciplinaria de los trabajadores y cuadros técnicos, desarrollo de «nanotecnologías de empresa» y de laboratorios de prototipos y de certificación, creación de un marco común de estandarización técnica y de propiedad intelectual e industrial.

1.3.6

El informe bienal sobre el control y seguimiento de la ejecución del plan de acción comunitario y de su coherencia con las demás políticas de la UE debería, en opinión del Comité, incluir un cuadro de evaluación anual del cumplimiento del calendario adoptado y reflejar los informes de los Estados miembros sobre la realización de los planes de acción nacionales.

1.3.7

Dicho informe debería presentarse no sólo al PE y al Consejo, sino también al Comité Económico y Social Europeo.

2.1

Las nanociencias y las nanotecnologías (N+N) representan un sector en rápida expansión y muy prometedor para convertir la investigación fundamental en innovaciones de éxito. Se trata de un sector de gran importancia, tanto para fortalecer la competitividad de la industria europea en su conjunto, como para crear nuevos productos y servicios que mejoren el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos y la sociedad.

2.2

Los expertos en esta materia están convencidos de que los materiales, productos y servicios basados en las N+N podrán generar de aquí al 2015 un mercado global que se cifra en centenares de millardos de euros cada año (11), a condición de que se sepa trasladar la excelencia científica a productos, procesos y servicios comercialmente viables y se sepa evitar, como destaca la propia Comisión (12), «repetir la paradoja europea observada respecto a otras tecnologías».

2.3

Para ello es necesario, en opinión del Comité:

2.4

El Comité ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este asunto (13), recomendando, entre otras cosas:

2.5.1

Durante los cinco últimos años, la Comisión Europea ha concedido ayudas comunitarias de apoyo a unos 30 centros de excelencia en relación con las distintas prioridades temáticas del programa marco de investigación comunitario. Un gran número de estos centros activos en el desarrollo de las N+N (14) está vinculado a universidades, centros de investigación y empresas de los nuevos Estados miembros.

2.5.2

El Comité considera importante que, en el marco de sus actividades, el Centro común de investigación europeo siga desarrollando su actividad de estímulo y apoyo a los centros de excelencia de los nuevos Estados miembros y de los países candidatos, en particular en el sector de las N+N, y que esta temática esté explícitamente integrada en sus programas de trabajo.

2.5.3

En opinión del Comité, la Comisión debería también fomentar el desarrollo de redes europeas para la innovación, aplicación y creación de prototipos en el ámbito de las N+N, sobre todo en lo que se refiere a las pequeñas empresas, que constituyen la gran mayoría del tejido industrial de Europa.

2.5.4

En particular, se deberían prever paquetes de servicios específicos para ayudar a los empresarios a conocer las oportunidades y los vínculos de las aplicaciones de las N+N, y multiplicar iniciativas acertadas como Gate2Growth  (15) y Minanet  (16). Por consiguiente, se deberían definir nuevas fuentes y modalidades de financiación de los riesgos, así como sistemas de garantías que se añadirían a los que ya existen.

2.5.5

El Comité considera que también la iniciativa comunitaria PHANTOMS, que es una red de excelencia sobre nanotecnologías iniciada en el marco del programa comunitario IST-FET para las tecnologías de la sociedad de la información, debería seguir desarrollándose y mejorar su visibilidad.

2.5.6

En relación con la necesidad de estimular aún más las actividades de investigación e innovación en los nuevos Estados miembros y en los países candidatos, el CESE considera que se deberían desarrollar las sinergias alcanzadas con las iniciativas EUREKA y COST, en cuyo marco ya se realizan actividades en el ámbito de las N+N en un gran número de estos países.

2.6.1

Según estimaciones del mes de enero de 2005, el importe total de los gastos realizados a escala mundial por los Gobiernos, las empresas y el mundo de las finanzas en investigación y desarrollo de las N+N asciende a unos 7 mil millones de euros al año (17), de los cuales más de la mitad a cargo del sector público. Un 35 % de estos gastos se realiza en Norteamérica, 35 % en Asia, 28 % en Europa y 2 % en el resto del mundo.

2.6.1.1

En cuanto al gasto per cápita, si bien al final de los años noventa las diferencias en materia de inversión pública eran muy escasas (alrededor de 1 euro en Estados Unidos y Japón y la mitad en la UE), en 2005 los Estados Unidos gastaron 5 euros per cápita, Japón 6,5 euros y la UE 3,5 euros. Según las previsiones, en el año 2011 el gasto ascenderá a más de 9 euros per cápita en Estados Unidos y Japón frente a 6,5 euros en la UE (18).

2.6.2

El gasto de la industria, a escala mundial, supera los 3 mil millones de euros por año, el 46 % de los cuales corresponde a empresas americanas, 36 % a empresas asiáticas, 17 % a empresas europeas y menos del 1 % a empresas del resto del mundo. Aproximadamente 1 500 empresas indicaron que invertían sumas importantes en la investigación y el desarrollo de las N+N. Un 80 % de estas empresas son de reciente creación, y más de la mitad son norteamericanas. La cobertura informativa sobre nanotecnologías ha pasado de unos 7 000 artículos al año a 12 000 actualmente (19).

2.6.3

El Gobierno federal de los Estados Unidos ha invertido en un quinquenio, desde finales del 2000 hasta hoy, más de 4 mil millones de dólares en nanotecnologías. Y para el año 2006, la administración Bush ha solicitado mil millones de dólares para investigación en N+N, en el ámbito de las once agencias federales de investigación. Como señala el informe «5-Years Assessment on Nanotechnology Initiative» de 2005, Estados Unidos es el líder mundial en materia de investigación y desarrollo de las nanotecnologías, con un gasto para inversiones, del sector público y el privado, de 3 mil millones de dólares al año, importe que corresponde más o menos a la tercera parte de las inversiones mundiales.

2.6.3.1

Los Estados Unidos ocupan también el primer lugar en lo que se refiere al número de jóvenes empresas innovadoras (start-up), de publicaciones y de patentes. A nivel federal, se considera que los gastos consagrados a los nuevos conocimientos y nuevas infraestructuras en materia de N+N son apropiados y amplios, para asegurar, a largo plazo, una rentabilidad económica sustancial.

2.6.4

En Japón, el gasto anual ascendió en 2003 a aproximadamente 630 millones de euros, un 73 % de los cuales a cargo del Ministerio de Educación y un 21 % a cargo del Ministerio de Economía, Comercio e Industria. La investigación se centra principalmente en los nanomateriales. En términos de capital riesgo, la Mitsui ha decidido invertir casi 700 millones de euros en nanotecnologías durante los próximos cuatro años y el Fondo para las tecnologías críticas dedicará unos 30 millones de euros a la investigación en N+N (20).

2.6.5

Y también en Asia, Taiwán prevé invertir más de 600 millones de euros de aquí a 2008, con 800 empresas activas en el sector de las nanotecnologías. El objetivo es alcanzar, en 2006, un volumen de unos 7,5 mil millones de euros en términos de productos, aumentar el número de empresas a 1 500 y desarrollar nuevos productos hasta alcanzar 25 mil millones de euros en 2012, en particular en determinados sectores de la nanoelectrónica.

2.6.5.1

Para realizar esta expansión, es indispensable una regulación que resuelva los problemas relacionados con la propiedad intelectual e industrial.

2.6.6

En cuanto a Corea del Sur, se trata de uno de los primeros países cuyas empresas han comercializado con éxito productos basados en las N+N (21). Corea del Sur, cuyo potencial de mercado nacional de nanotecnologías se aproxima a 2 mil millones de euros, ha lanzado un programa para las N+N, el «Next Generation Core Development programme», con una dotación presupuestaria de 168 millones de euros, entre cuyas prioridades están los nanomateriales, los nanocomponentes y las bionanotecnologías.

2.6.7

En Australia se han creado más de 30 empresas de N+N durante estos últimos años y su número crece a un ritmo anual del 50 %. Las inversiones públicas y privadas en investigación sobre N+N ascienden a aproximadamente 60 millones de euros al año, centrándose principalmente en los nuevos materiales así como en las bionanotecnologías y sus aplicaciones médicas y terapéuticas.

2.6.8

En cuanto a China, un estudio publicado recientemente en Pekín sobre el desarrollo de las nanotecnologías en este país para el período de 2005 a 2010 con previsiones hasta 2015 (22) revela que China es uno de los líderes mundiales en términos de registro de nuevas empresas nanotecnológicas, de publicaciones y de patentes relativas a las N+N, con un mercado nacional de productos y sistemas N+N superior a 4 mil millones de euros que va a seguir creciendo hasta rebasar los 27 mil millones de euros en 2010 y 120 mil millones en 2015 (23).

2.6.9

El CESE considera que el contexto internacional muestra claramente hasta qué punto es importante garantizar un entorno proactivo favorable a la investigación y a la innovación, en todos los Estados miembros de la UE, al objeto de poder participar con éxito en las inversiones para investigación y desarrollo en este sector.

3.1

El Comité siempre ha respaldado la necesidad de mayores esfuerzos para aumentar en términos absolutos y relativos las inversiones europeas en I+D al objeto de alcanzar el objetivo del 3 % fijado en Barcelona. Habida cuenta de las tendencias internacionales, considera que estos esfuerzos son sobre todo necesarios en el sector de las N+N.

3.1.1

El Comité considera que estos esfuerzos serían menos eficaces si no se realizaran en un proceso de estrecha coordinación, a escala europea, de los programas de investigación nacionales y regionales en materia de N+N, a través, entre otros, de los mecanismos ERA-NET y ERA-NET PLUS (24). Estos esfuerzos deberían combinarse con acciones de sensibilización y respaldo a los centros de investigación, industrias y universidades por medio de los programas COST (25), FES (26), EUREKA (27) y de los préstamos del BEI.

3.1.2

El Comité considera que la coordinación europea y la cooperación deberían también abarcar las acciones llevadas a cabo por los Estados miembros para desarrollar infraestructuras interdisciplinarias y polos de competencias y de excelencia en el sector de las N+N, en particular con el fin de crear una red paneuropea que mejore las sinergias y permita evitar duplicaciones inútiles.

3.2.1

En opinión del Comité, para que dicho plan de acción comunitario sea operativo y creíble debe estar sujeto a un calendario con los correspondientes plazos, lo que sin duda apremiará su ejecución y facilitará la verificación de los progresos realizados en los siguientes ámbitos:

3.2.2

El Comité respalda con firmeza un aumento sustancial de las inversiones en investigación, innovación y formación en el ámbito de las N+N, a nivel comunitario, en paralelo y en estrecha coordinación con el de los Estados miembros y sus regiones.

3.2.2.1

En este sentido, el Comité destaca que, contrariamente a lo que sucede en otros sectores de investigación, el volumen de recursos financieros comunitarios dedicados a las N+N equivale al de los Estados miembros (para la investigación en general, los créditos comunitarios representan el 4-5 % del gasto global europeo en investigación, mientras que los de los Estados miembros ascienden al 87 %).

3.2.3

Según el Comité, en el ámbito del VIIPM 2007-2013 la prioridad temática dedicada a las N+N debería contar con una dotación no inferior al 10 % de los recursos asignados al programa especifico «Cooperación».

3.2.3.1

En el programa «Capacidades» se debería reservar a las PYME un espacio adecuado para la investigación y la innovación en N+N, y en particular para los polígonos nanotecnológicos, las infraestructuras de excelencia y las previsiones en relación con las N+N.

3.2.3.2

En el programa específico «Personas» la formación y la movilidad de los investigadores en el ámbito de las N+N deberían tener un espacio apropiado; esto deberá valer también para las actividades del Centro común de investigación, en lo que se refiere a la seguridad y la metronomía, así como para las perspectivas tecnológicas.

3.2.4

Por su parte, el Programa marco para la competitividad y la innovación debería poder dedicar, a partir de 2007, a pesar de la dotación limitada de que dispone, parte de sus intervenciones a la formación de una cultura empresarial orientada a las aplicaciones organizativas de la investigación en N+N.

3.2.5

El Comité respalda con firmeza la creación de plataformas tecnológicas europeas, a semejanza de las que ya existen para la nanoelectrónica o la nanomedicina: tales plataformas son, de hecho, instrumentos particularmente adecuados para promover, sobre la base de una previsión participativa común, una activación de todos los actores públicos y privados de los distintos sectores (científico, formativo, tecnológico, industrial, financiero) en torno a proyectos e iniciativas comunitarias, nacionales/regionales, o combinadas.

3.2.6

El Comité considera fundamentales las inversiones en educación y formación de nivel avanzado. Los nuevos programas comunitarios para después del 2006 deberían prever expresamente líneas de intervención de carácter multidisciplinario para las N+N.

3.2.7

La Comisión, por su parte, debería facilitar la valorización industrial a través de la puesta en marcha, de aquí al 2007, en el contexto del programa de trabajo N+N del VIIPM, de:

3.2.8

La Comisión debería fortalecer sin demora el dispositivo de vigilancia ética para garantizar un análisis sistemático de las cuestiones éticas que puedan surgir en relación con las N+N, principalmente en el campo de la medicina, la agroalimentación o la cosmética.

3.3.1

El Comité hace hincapié en la importancia de elaborar, junto con el Plan de acción comunitario, planes de acción nacionales que deberían presentarse al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión antes del final del primer semestre de 2006, con el fin de garantizar convergencias y sinergias en materia de infraestructuras, formación y educación, así como de normalización y patentes, valoración de riesgos y, por último, de diálogo con la sociedad civil, los consumidores y los medios de comunicación.

3.3.2

En opinión del Comité, los Estados miembros deberían reservar para las N+N una parte más consistente de la inversión pública y privada de que disponen y deberían presentar regularmente informes al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los progresos realizados en lo que se refiere a inversión y a la realización de sus planes nacionales.

3.3.3

Estos informes deberían integrarse en el Informe bienal comunitario, en particular por lo que se refiere a los siguientes elementos:

3.3.4

El Comité considera que los Estados miembros deben emprender una acción para preservar un justo equilibrio entre, por una parte, los imperativos de cooperación, divulgación científica y de las aplicaciones, orientada a la protección de la salud y el medio ambiente y, por otra parte, la necesidad de proteger el secreto de las invenciones así como la propiedad intelectual e industrial.

3.3.5

El Comité considera que, también aquí, la falta de una patente comunitaria y de un derecho de patentes comunitario unitario se vuelve a hacer visible de un modo nada favorable. Esto atañe tanto a la necesidad de saber qué invenciones en el campo de la bionanotecnología son patentables en los Estados miembros como a la cuestión del acceso simplificado, para las partes interesadas, a la información sobre las nuevas invenciones y patentes.

3.4.1

El Comité suscribe plenamente las orientaciones propuestas en el plan de acción para el desarrollo de una cooperación y un diálogo estructurados a nivel internacional. En este sentido, sugiere completarlas con las propuestas siguientes:

3.5.1

En opinión del Comité, las empresas, y en particular las PYME, pueden beneficiarse en gran medida de las actividades de investigación en N+N y de su difusión directa en el marco de la transferencia de tecnologías, principalmente gracias a la integración y utilización de tecnologías eficaces en materia de energía y de medio ambiente, de las nanotecnologías informáticas y de los nuevos materiales aplicados a los métodos, productos y servicios, así como de la convergencia de tecnologías biológicas e informáticas y nanotecnologías.

3.5.2

El Comité considera que la industria europea debería multiplicar y acelerar sus esfuerzos en el ámbito de la investigación y aplicación de las N+N, situándose en niveles de inversión al menos equivalentes a los de sus competidores más avanzados: dichos esfuerzos deberían ser estimulados a través de la creación de un contexto normativo y legislativo favorable, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional y regional.

3.5.3

El Comité está convencido de que este enfoque, que prevé una fuerte participación de las empresas, es esencial para la investigación y el desarrollo y para la aplicación de las N+N, a condición de que se adopten medidas de apoyo a nivel europeo, nacional y regional y, sobre todo, conjuntamente, con los objetivos siguientes:

3.5.4

El Comité destaca que, principalmente en el ámbito de las N+N, los trabajadores y cuadros técnicos y científicos representan y deben seguir representando el elemento principal de las empresas europeas socialmente responsables.

3.5.4.1

En este sentido, el Comité destaca la importancia de las acciones destinadas a garantizar entornos y procesos productivos seguros y de las intervenciones de formación de los recursos humanos utilizados, especialmente en el sector de la diagnosis y terapia médicas, con una particular atención a los aspectos de prevención y valoración ex ante de los riesgos. Esto podrá realizarse con la ayuda de manuales técnicos de conducta, elaborados a nivel europeo.

3.5.4.2

El impacto en los trabajadores de la nueva organización del trabajo, necesaria para la aplicación de las N+N en las actividades productivas, así como de las exigencias de formación y protección y seguridad de su propia salud, deberían ser objeto de una evaluación profunda y de estudios, llevados a cabo por la Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, con sede en Dublín.

3.5.5

El diálogo europeo sobre las N+N con todas las partes interesadas debería estar formalizado de aquí al 2007, a través de la creación de un órgano o foro consultivo que tuviera la necesaria visibilidad y transparencia para poder erigirse en interlocutor competente y reconocido ante los media y la sociedad civil.

3.5.6

Los proyectos piloto para la sensibilización de los ciudadanos que hayan dedo buenos resultados deberían consolidarse de aquí al 2007, ser visibles al abrir el portal web «Europa» y darse a conocer en las demás instituciones, en particular el PE y el Consejo. La creación, durante el año 2008, del «Premio interdisciplinar N+N», que se entregará cada año con ocasión de la «Semana europea de las N+N», conferirá probablemente a dichos proyectos una resonancia internacional.

3.5.7

La Comisión debería, de aquí al 2007, elaborar metodologías seguras de previsión de riesgos en relación con la aplicación y/o utilización de N+N y, durante el primer semestre de 2008, proponer directrices europeas al respecto.

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C 185/10

1.1

Las propuestas de la Comisión se refieren al contenido y a los temas de investigación de las propuestas sobre el Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo (2007-2013) y Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) (2007-2011), sobre las que el Comité ya ha formulado observaciones. Por consiguiente, el presente dictamen del Comité pretende ser un complemento de los dictámenes emitidos sobre ambos programas marco.

1.2

En ellos, el Comité recomendaba que se aprobaran en su totalidad las inversiones, indispensables, propuestas por la Comisión en materia de investigación y desarrollo y que no se permitiera que se convirtieran en moneda de cambio o en víctima de las negociaciones sobre el futuro presupuesto general de la UE.

1.3

El objetivo formulado en la Estrategia de Lisboa de convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo exige en efecto un neto aumento de las inversiones en investigación y desarrollo. En este ámbito, Europa compite a escala mundial no sólo con países como los Estados Unidos, Japón y Corea, sino también con China, la India y Brasil. Precisamente, con el fin de reforzar su competitividad internacional, los Estados Unidos y Japón acaban de declarar la inversión en I+D prioridad nacional y han destinado a tal fin los fondos correspondientes. Por tanto, frente a las transformaciones globales constantes, el objetivo fijado por el Consejo Europeo de Barcelona en apoyo de la Estrategia de Lisboa –y aún no alcanzado– de invertir en I+D el 3 % del Producto Interior Bruto de la UE es un «objetivo móvil»: el que no lo alcance a tiempo quedará siempre rezagado.

1.4

Habida cuenta de la decisión sobre el presupuesto general de la UE adoptada entretanto por el Consejo y en vista de sus repercusiones en el presupuesto de investigación, el Comité reitera la recomendación que había formulado anteriormente de asignar un porcentaje mucho más importante que hasta ahora, en torno al 8 %, a la investigación y al desarrollo y comenzar cuanto antes a hacer realidad al aumento previsto por la decisión del Consejo y, en cualquier caso, no esperar siete años para hacerlo.

1.5

El programa específico «Cooperación» constituye el núcleo de las propuestas de la Comisión. El Comité respalda el apoyo que este programa tiene previsto prestar a importantes ámbitos de investigación, como la energía, la salud, las tecnologías de la información, las nanotecnologías, el medio ambiente, los transportes, las ciencias socioeconómicas y las humanidades, así como los nuevos temas que son el espacio y la seguridad. Estos aspectos se abordarán con todo detalle en el capítulo 4, en el que se recomienda también un mayor compromiso en algunos ámbitos particulares.

1.6

Por lo general, el Comité recomienda que no se realice un desglose presupuestario rígido entre los distintos temas, sino que se permita el mayor grado de flexibilidad posible. El objetivo es garantizar que durante la ejecución de los programas, la Comisión pueda reaccionar rápidamente y sin tener que adoptar nuevas medidas políticas, a cualquier cambio de prioridades que se haya producido mientras tanto, a la aparición de nuevas cuestiones o, teniendo en cuenta el carácter horizontal de muchos de los temas tratados, a las adaptaciones que sean necesarias.

1.7

El Comité reafirma su apoyo al programa específico «Ideas». Considera que el reto de este programa es principalmente, además de contar con una dotación apropiada, el proceso de selección de las solicitudes de subvención y la gestión del programa. Expresa su satisfacción por que esta misión ambiciosa sea confiada a un organismo autónomo, el Consejo Europeo de Investigación (CEI).

1.8

El Comité ha señalado en numerosas ocasiones que la clave para que las acciones europeas de investigación y desarrollo tengan éxito y potencien la competitividad es que dispongan no sólo de una dotación en equipos de alta calidad, apoyo financiero y unas condiciones marco adecuadas, sino también de un número suficiente de científicos de alto nivel, verdaderamente creativos. El programa específico «Personas» se centra en las medidas con las que la Comisión se propone lograr este objetivo, medidas que el Comité apoya expresamente. El Comité se remite también a las observaciones que formuló anteriormente acerca de la Carta Europea del Investigador publicada por la Comisión.

1.9

El programa específico «Capacidades» es un buen ejemplo de las competencias subsidiarias de la Comunidad. Ello vale en particular para las infraestructuras de investigación (como grandes equipos, instrumentos científicos, computación, etc.) cuyos costes y utilidad sobrepasan las capacidades de un único Estado miembro. Pero el subprograma «Investigación para las PYME» incluido en este programa responde también a las recomendaciones previas del Comité de integrar en mayor medida a las PYME en el proceso de innovación.

1.10

El Comité, por último, se remite a su recomendación de reducir radicalmente las cargas administrativas impuestas al solicitante, simplificar los procedimientos y garantizar al mismo tiempo toda la continuidad posible en lo que respecta a los instrumentos de apoyo y los procedimientos de adjudicación de las ayudas.

2.1

Las propuestas presentadas por la Comisión, contenidas en siete documentos separados, completan las propuestas de la Comisión (1) sobre el Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo (2007-2013) y sobre el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) de acciones de investigación y formación en materia nuclear (2007-2011) y aportan información detallada sobre los contenidos o los temas de investigación de las medidas de apoyo previstas.

2.1.1

Por lo tanto, el presente dictamen del Comité es un texto complementario y sintético del dictamen emitido  (2) sobre la propuesta de la Comisión relativa al Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo (2007-2013) y sobre la propuesta relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) (2007-2011), en los que se formulaban observaciones y recomendaciones.

2.1.2

Por ello, el presente dictamen se centra fundamentalmente en el contenido de la investigación, y no en las estructuras y los instrumentos. Así, por ejemplo, no aborda de nuevo la cuestión esencial del máximo aprovechamiento del triángulo de la innovación (investigación básica, investigación aplicada y desarrollo), ni tampoco la recomendación de que también en el futuro los funcionarios de la Comisión responsables de este programa dispongan de experiencia en el ámbito de la investigación y estén perfectamente familiarizados con el ámbito específico en cuestión, lo que requiere un grado suficiente de continuidad entre el personal. Estos aspectos se trataron por extenso en dictámenes previos (3).

2.1.3

No obstante, en este dictamen se abordará un aspecto importante relativo a la asignación presupuestaria o a la subdivisión de los distintos componentes de cada uno de los programas. Para ello el Comité había recomendado el máximo grado posible de flexibilidad y que, durante la ejecución de los programas, la Comisión pueda reaccionar rápidamente, y sin tener que adoptar nuevas medidas políticas, a cualquier cambio de prioridades que se haya producido mientras tanto, a la aparición de nuevas cuestiones o, teniendo en cuenta el carácter horizontal de muchos de los temas tratados, a las adaptaciones que sean necesarias.

2.2

Para el presupuesto de los dos Programas marco la Comisión había propuesto un aumento total de 72 700 (4) millones de euros. Ello seguiría estando claramente por debajo del 8 % del presupuesto global de la UE para 2007-2013, estimado en 102 500 millones de euros. En su dictamen sobre el Séptimo Programa Marco de investigación y desarrollo, el Comité recomendó que se aprobaran en su totalidad las inversiones, indispensables, propuestas por la Comisión en materia de I+D y que no se permitiera que se convirtieran en moneda de cambio o en víctima de las negociaciones sobre el futuro presupuesto general de la UE.

2.2.1

Sin embargo, el Consejo Europeo de 19 de diciembre de 2005 acordó un presupuesto general para la UE de sólo 862 400 (5) millones de euros. Por consiguiente, el presupuesto de investigación de la UE también podría quedar reducido (6) considerablemente respecto de la propuesta de la Comisión; no obstante, «el Consejo Europeo  (7) considera que, por lo tanto, la financiación de la UE destinada a la investigación debe aumentarse, de modo que para 2013 los recursos disponibles sean aproximadamente un 75 % más elevados que en 2006, en términos reales.» Por ello, la Comisión elaborará una propuesta revisada que se ajuste a estas perspectivas. Por consiguiente, el proceso de decisión político sobre ambos programas marco no está todavía cerrado.

2.2.2

El objetivo formulado en la Estrategia de Lisboa de convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo exige en efecto un neto aumento de las inversiones en investigación y desarrollo. En este ámbito, Europa compite a escala mundial, no sólo con países como los Estados Unidos, Japón y Corea, sino también con China, la India y Brasil. Precisamente, con el fin de reforzar su competitividad internacional, los Estados Unidos y Japón acaban de declarar la inversión en I+D prioridad nacional y han destinado a tal fin los fondos correspondientes. Por tanto, frente a las transformaciones globales constantes, el objetivo fijado por el Consejo Europeo de Barcelona en apoyo de la Estrategia de Lisboa –y aún no alcanzado– de invertir en I+D el 3 % del Producto Interior Bruto de la UE es un «objetivo móvil»: el que no lo alcance a tiempo quedará siempre rezagado.

2.3

Teniendo en cuenta la situación actual, el Comité considera necesario volver a citar y remitirse a las recomendaciones siguientes formuladas en los dictámenes mencionadas anteriormente: 1) «Una investigación y un desarrollo eficaces, de excelencia y con suficientes recursos son los requisitos previos y el fundamento decisivo para la innovación, la competitividad y el bienestar, y, por tanto, también para el desarrollo cultural y las prestaciones sociales.» 2) la propuesta de la Comisión «constituye una importante contribución que aún será preciso reforzar a largo plazo, no sólo para no poner en juego la posición de Europa, cuna de la ciencia y la tecnología modernas, sino también para mantenerla y reforzarla» y 2) «sin este enfoque los objetivos de Lisboa no son alcanzables ni siquiera a largo plazo.»

2.4

El Comité reitera una vez más que la cooperación europea en materia de investigación y desarrollo es un catalizador eficaz de la integración y la cohesión europea. En un momento en que la Unión Europea se esfuerza por obtener la aceptación de su Constitución por parte de los ciudadanos, se trata de un punto de vista especialmente importante. En última instancia, el desarrollo suficiente de la I+D es determinante no sólo para los objetivos de Lisboa, sino también para responder a las cuestiones y a los problemas actuales en materia –por ejemplo– de salud, abastecimiento energético, medio ambiente, etc.

2.5

El Comité, por tanto, reitera su recomendación de asignar un porcentaje mucho más importante que hasta ahora del presupuesto general de la UE, en torno al 8 %, a la investigación y al desarrollo y comenzar cuanto antes a hacer realidad al aumento previsto por la decisión del Consejo y, en cualquier caso, no esperar siete años para hacerlo.

2.6

El Comité toma nota de la propuesta de la Comisión (8) de crear un Instituto Europeo de Tecnología (IET). Sin querer pronunciarse aquí sobre el fondo de esta propuesta, el Comité señala que los costes de esta iniciativa no deberían nunca imputarse al presupuesto de los programas específicos examinados en el presente Dictamen.

2.7

Al mismo tiempo, el Comité se remite a su recomendación anterior de «reducir radicalmente las cargas administrativas impuestas al solicitante, simplificar los procedimientos y garantizar al mismo tiempo toda la continuidad posible en lo que respecta a los instrumentos de apoyo y los procedimientos de adjudicación de las ayudas.» Sobre este punto el Comité precisará más por extenso sus puntos de vista cuando se ocupe de las propuestas de la Comisión sobre las «normas de participación» (9).

3.1

Las propuestas de la Comisión engloban y especifican el ámbito de los temas que deben investigarse y desarrollarse dentro del Séptimo Programa Marco y del Programa Euratom, es decir, la totalidad de los temas, los contenidos, los métodos y las ayudas relacionados con la investigación. Se propone además qué contribución debe aportar para este fin el Centro Común de Investigación. Por otro lado, se presentan medidas para fortalecer, cuantitativa y cualitativamente, los recursos humanos necesarios.. Se trata en total de siete documentos de la Comisión, en los que se exponen también con un gran despliegue de información, los distintos subprogramas correspondientes.

3.2

Su estructura puede resumirse como sigue; los porcentajes indicados representan la parte respectiva del presupuesto general.

A — Programa Marco I+D (Presupuesto general 72 726 millones de EUR) 2007 — 2013

B — Programa Marco Euratom (Presupuesto general 3 092 millones de EUR) 2007 — 2011

3.3

En el capítulo 3 del Dictamen sobre el Séptimo Programa Marco de I+D (CESE 1484/2005) se hace una exposición exhaustiva de las propuestas de la Comisión.

4.1

Las observaciones siguientes se basan en las afirmaciones contenidas en los capítulo 4-6 del Dictamen citado anteriormente sobre el Séptimo Programa Marco de I+D y son difícilmente comprensibles si no se conoce ese texto.

4.1.1

El Comité respalda la posición de la Comisión de tener en cuenta el carácter transversal de muchos elementos de los programas y fomentar la pluridisciplinariedad mediante la adopción de enfoques multitemáticos.

4.1.2

Además, el Comité ha abordado también la cuestión de si los subprogramas de los trabajos de investigación incluidos entre estos temas transversales, por ejemplo la I+DT en el sector de la medicina, deberían vincularse más bien a la I+DT o, por el contrario, incluirse en el subprograma especializado «Salud». Por ello, recomienda que, en el caso de la I+DT, una parte de las actividades propuestas en esta rúbrica se clasifiquen de hecho más claramente en los subprogramas específicos, como, por ejemplo, salud, energía, transporte o, en su caso, ciencias sociales, porque de esa manera los problemas específicos pueden ser puestos en primer plano.

4.1.3

No obstante, no puede darse una respuesta general a esta cuestión, sino que la respuesta debería hacerse depender en cada caso específico, por un lado, de dónde puede esperarse el mayor número de sinergias metodológicas y, por otro, de dónde puede garantizarse una mayor coherencia con los problemas concretos respectivos. El Comité reitera su recomendación de que en tales casos, «se establezca para cada problema una coordinación global y los vínculos transversales necesarios».

4.1.4

El Comité también valora positivamente el propósito de la Comisión de abordar de forma flexible las necesidades que vayan surgiendo, los nuevos conocimientos y las nuevas propuestas, así como las exigencias políticas imprevistas. La promoción y la coordinación por parte de la Comisión de una investigación y un desarrollo destinados a mejorar la competitividad contribuirán a reforzar la posición competitiva de la UE.

4.2.1

Salud. El Comité pone de manifiesto la necesidad de un enfoque amplio para prepararse a la llegada de epidemias y pandemias o para prevenirlas, así como para tener en cuenta la evolución demográfica con todas las repercusiones negativas y consecuencias sociales y sanitarias a largo plazo, incluida la investigación sobre el envejecimiento y las discapacidades (este último ámbito tiene también intereses sociales o técnicos propios, que van más allá de las cuestiones de salud). El Comité apoya la propuesta de la Comisión de no dejar tampoco de lado la investigación de las enfermedades raras. El programa debería englobar todos los ámbitos técnico-científicos pertinentes, como la genómica y la biotecnología, la investigación sobre células madre y otros enfoques multidisciplinarios, incluida también la cuestión de la necesaria normativa sobre calidad y las normas sociales. Ello afecta tanto a la investigación médico-biológica en las universidades, clínicas y centros de investigación financiados con fondos públicos, como al refuerzo de la capacidad competitiva de la industria médico-farmacéutica europea. Por consiguiente, el Comité recomienda que se apruebe el marco propuesto para el programa. La investigación y el desarrollo en el ámbito de la salud tienen un interés prioritariamente europeo, e incluso mundial.

4.2.2

Alimentos, agricultura y biotecnología (la biotecnología es también un método importante para el tema «salud» (punto 4.2.1)) El Comité reconoce que este programa constituye el esfuerzo adecuado para crear y mantener una bioeconomía europea basada en el conocimiento. El objetivo es la aplicación de las ciencias de la vida y la biotecnología a la producción de productos y procesos ecoeficientes y competitivos en las industrias de la agricultura, la pesca, la acuicultura, la alimentación, la salud y la silvicultura, así como en otros ramos industriales conexos. Habida cuenta de la dura competencia, especialmente en el sector de la agricultura, con países como por ejemplo Brasil, es éste efectivamente un sector muy importante. Un posible nuevo sector de desarrollo podía ser el cultivo de plantas que contribuyen a limpiar los suelos contaminados, bien porque se alimentan con contaminantes o porque, por el contrario, eliminan las sustancias contaminantes de los suelos contaminados y, por ello, pueden ser utilizadas sin reparos.

4.2.3

Tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Los productos y los servicios del sector TIC han enriquecido y modificado de forma revolucionaria la ciencia, la técnica, la administración, e incluso la vida diaria de los ciudadanos. El tema TIC constituye, tanto por su dotación presupuestaria relativa como por la multiplicidad de sus tareas, el elemento más amplio del programa «Cooperación», e interviene o puede intervenir en todos los demás ámbitos. El objetivo es la creación de productos y servicios innovadores basados en las TIC en el campo de la ciencia, la técnica, la administración y la logística. El programa TIC incluye también desde el desarrollo de nuevo hardware (en este contexto, por ejemplo el desarrollo de chips supone un claro solapamiento con el programa «nanotecnología»), sistemas y redes de hardware, hasta nuevas herramientas de programación, en las que debe hacerse hincapié en la accesibilidad de los servicios de TIC para todos los grupos de población. El Comité se remite asimismo a su observación al respecto en el punto 4.1.2. Por consiguiente, la realización de estos servicios dependerá concretamente de en qué medida el programa TIC puede contribuir también en el futuro al éxito de los demás programas y de si puede justificarse de hecho sus dimensiones claramente extraordinarias.

4.2.4

Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción. Se trata también de un sector nuevo y extraordinariamente innovador (11) que ha surgido en la interfaz entre la investigación básica y la investigación aplicada a partir de una multiplicidad de raíces y ramificaciones de la investigación y la tecnología en el ámbito de la física y la química. Tiene el potencial de crear en muchos ámbitos de la técnica productos o procesos nuevos o mejorados. Al mismo tiempo, no obstante, se trata de un ámbito tan variado y ramificado que precisa de una clara visión de conjunto para poder reconocer y utilizar los puntos comunes y las conexiones transversales de estas disciplinas, que van de la física atómica a la tecnología del plasma y de la nanomecánica al acabado de textiles. Dado que al mismo tiempo los nanoprocesos se desenvuelven en una dimensión microscópica, de muy difícil acceso para la capacidad de imaginación de los ciudadanos, este tema requiere desde el principio un diálogo constructivo con los usuarios, a fin de reconocer y excluir los riesgos y, por otro lado, disipar preocupaciones infundadas. Por consiguiente, se valora positivamente y se apoya el amplio enfoque de la Comisión, que incluye también esfuerzos encaminados a la transmisión de conocimientos.

4.2.5

Energía. El Comité ha abordado en numerosas ocasiones el tema clave de la energía y ha expresado sus puntos de vista al respecto en numerosos dictámenes específicos en los que también ha subrayado la enorme necesidad de investigación (12). A medio o largo plazo se planteará un problema energético muy serio (13). Ello afecta tanto a la disminución prevista de los recursos y al encarecimiento de las fuentes de energía «clásicas», el petróleo y el gas natural, como a la seguridad crítica de abastecimiento de Europa por lo que respecta a estas fuentes de energía, así como también a las repercusiones, en la mayoría de los casos mundiales, del uso de la energía sobre el medio ambiente, en particular sobre el clima. La solución del problema energético sólo puede proceder de tecnologías mejoradas o nuevas, y pese a todo, lo más baratas posibles. Para ello la clave es la investigación en el sector de la energía. Esta debe abarcar todos los temas (14), desde los mejores métodos de explotación (y almacenamiento) de fuentes de energía ecoeficientes, hasta las técnicas de ahorro de energía y un uso eficiente de la energía, incluidos los procedimientos para una separación parcial o completa y el almacenamiento de los gases causantes del efecto invernadero. Es especialmente importante también la reorientación hacia centrales eléctricas de gran rendimiento. El Comité considera que las propuestas de la Comisión son correctas y equilibradas, aunque expresa su preocupación por el hecho de que el presupuesto previsto, habida cuenta del significado vital de las tareas que deben realizarse, es demasiado reducido. El Comité recomienda un incremento relativo del presupuesto.

4.2.6

Medio ambiente (incluido el cambio climático). La protección del medio ambiente es esencial para la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras, así como para el crecimiento económico. Reconocer y solucionar los problemas vinculados a ello, causados por fuentes antropogénicas o naturales, es un objetivo particularmente ambicioso y posiblemente fundamental. Esta tarea está estrechamente vinculada con cuestiones que afectan a diferentes ámbitos de la investigación y la política: política económica, política energética, política de salud, y política agraria, incluida las competencias de control y, debido a su dimensión global, a los acuerdos internacionales. Mientras que la investigación sobre el medio ambiente se centra en mayor medida en reconocer o poder llegar a reconocer los diferentes problemas y sus causas, la búsqueda de soluciones se lleva a cabo en otros ámbitos temáticos, en particular también en el ámbito de la energía. Ello debería tenerse en cuenta mediante un cierto grado de flexibilidad presupuestaria.

4.2.7

Transporte (incluida la aeronáutica). El sistema europeo de transporte es un elemento vital de la prosperidad económica y social europea y de su cohesión. El objetivo del subprograma «Transporte» es desarrollar sistemas de transporte y medios de transporte paneuropeos más integrados, ecológicos, inteligentes y seguros. Por consiguiente, se centra en objetivos de desarrollo técnicos y logísticos concretos de los diferentes sistemas y medios de transporte. El desarrollo y el perfeccionamiento de medios de transporte que permitan ahorrar energía y produzcan bajas emisiones (aviones, automóviles, etc.) es una tarea de carácter técnico y científico vinculada con el subprograma «Energía y medio ambiente», en la que también pueden participar las PYME. Un instrumento fundamental al respecto son las correspondientes plataformas tecnológicas (ACARE para la aeronáutica y el transporte aéreo, ERRAC para el transporte ferroviario, ERTRAC para el transporte por carretera y WATERBORNE para el transporte por vías navegables, así como la plataforma del hidrógeno y las pilas de combustible). Habida cuenta de la importancia, también para los nuevos Estados miembros, de contar con una red de transporte europea eficiente, y del continuo crecimiento del volumen de tráfico total, una misión importante y muy actual que se plantea también en este ámbito es evitar los embotellamientos; ello (junto con sus repercusiones en el medio ambiente) es importante para la competitividad europea. El objetivo de este subprograma es muy importante y, por tanto, se apoya sin reservas.

4.2.8.1

A juicio del Comité, el objetivo de este programa debería ser llegar a un conocimiento profundo de los retos socioeconómicos, jurídicos y culturales, complejos e interrelacionados, a los que debe hacer frente Europa, incluidas las cuestiones de sus raíces históricas y los aspectos comunes, así como sus fronteras y sus vecinos. Una tarea particularmente importante para los fundamentos intelectuales y la construcción de la identidad de la Comunidad, y ello se refiere también a las relaciones de los Estados miembros y los ciudadanos europeos entre sí, sería llegar a una descripción y una valoración de la historia europea comunes a todos los Estados miembros y convertir estos resultados en la base de la enseñanza de Historia en los Estados miembros o reforzar las tendencias que ya existen en este sentido.

4.2.8.2

Este ámbito temático, sin embargo, incluye también aspectos como la política económica, financiera y fiscal, la política científica, el crecimiento, el empleo y la competitividad, la cohesión social y la sostenibilidad, la calidad de vida, la educación, los problemas culturales y jurídicos, y la interdependencia mundial. Aquí también están incluidos algunos de los desafíos particulares de la sociedad moderna, como la evolución demográfica (hechos, consecuencias, medidas), la migración, la exclusión social, las diferencias culturales, así como el desarrollo de la sociedad de la información. A fin de reforzar y perfilar la coherencia de este subprograma, el Comité recomienda que se extraigan del programa «Capacidades» para integrarlo en el subprograma prioritario «Ciencias socioeconómicas y humanidades» los apartados del tema «Ciencia y sociedad» que no sirvan para difundir conocimientos científicos, ni para contribuir a un mejor entendimiento entre ciencia y sociedad (véase también el punto 4.5.3), sino para investigar las relaciones entre ciencia y sociedad. En su conjunto, el Comité considera muy importante el subprograma «Ciencias socioeconómicas y humanidades», sobre todo porque también desempeña un papel determinante en el asesoramiento político; cree que debería completarse con algunos puntos de los temas mencionados más arriba y, por tanto, necesariamente también deberá ser reforzado en términos relativos.

4.2.9.1

Los ataques terroristas de los últimos años han hecho todavía más presente para los ciudadanos del mundo occidental la cuestión de garantizar la seguridad y este problema requiere un enfoque amplio de carácter jurídico, social y cultural, pero también técnico y científico. Sin embargo, el tema «Seguridad» y la investigación sobre la seguridad no se limita a la Política Exterior y de Seguridad Común, sino que también abarcan campos como el transporte, la salud (incluido el Programa de Seguridad Sanitaria de la UE), la protección civil (incluidas las catástrofes naturales e industriales), la energía y el medio ambiente.

4.2.9.2

Hasta la fecha, los impresionantes avances en el ámbito de la investigación y la tecnología espaciales están sólo relativamente presentes en la conciencia general de la ciudadanía, pese a que tienen una importancia tanto geoestratégica como científica para ampliar el conocimiento de nuestro mundo. Finalmente, después de todo, la observación del cielo y el conocimiento extraído de esta actividad, por ejemplo el movimiento de los planetas, fueron los puntos de partida determinantes para las ciencias naturales modernas Además la investigación y la tecnología espaciales son campos pioneros para el desarrollo de técnicas innovadoras. En la investigación espacial, el Comité considera necesaria una cooperación equilibrada del programa previsto con las organizaciones europeas que ya existen como la ESA y el ESO.

4.3

Ideas. Con este apartado, la promoción de la investigación por parte de la Comisión aborda nuevos ámbitos fructíferos. El Comité ha respaldado en varias ocasiones este planteamiento (15). El apoyo a propuestas de investigación que destaquen entre sus competidores europeos y la renuncia a la condición habitual hasta ahora de que se tratara de una cooperación transfronteriza, fomentarán y harán visible la excelencia, al tiempo que convertirán a Europa en un punto de atracción para los científicos de alto nivel europeos e internacionales. De esta manera se crearán unas bases especialmente fructíferas para la innovación. En este contexto, el Comité señala una vez más que, para alcanzar la excelencia, también es importante estar dispuestos a asumir el riesgo del fracaso. La dificultad radica sobre todo, dejando a un lado la módica dotación presupuestaria, en los procesos de selección y en la gestión de este programa. Por ello, el Comité considera apropiado que estas ambiciosas tareas se dejen en manos de un órgano autónomo, reconocido y de eficacia demostrada, formado por científicos nombrados ad personam: el Consejo Europeo de Investigación (CEI).

4.4

Personas. El Comité ha señalado en repetidas ocasiones (16) que la clave del éxito y de la competitividad de la investigación y del desarrollo europeo es, además de una dotación de calidad en equipos y apoyo financiero, disponer de un número suficiente de científicos creativos y muy cualificados. Así pues, el interés por la ciencia y la tecnología debe fomentarse en la infancia y la juventud a fin de que un número suficiente de jóvenes con talento emprendan y concluyan los estudios correspondientes, difíciles y exigentes.

4.4.1

En su Dictamen sobre el Séptimo Programa Marco (17), el Comité señaló el papel clave que desempeñan las universidades como instituciones de investigación y formación y señaló su situación insatisfactoria en Europa. En este contexto, es necesario velar, en particular, por que los estudiantes puedan realizar, en condiciones profesionales y personales convenientes (18), su tesis de doctorado, que reviste una gran importancia en una carrera de investigador. Tras concluir una excelente formación, estos necesitarán también experiencia internacional, un entorno de investigación atractivo que les ofrezca suficiente margen de maniobra, contratos competitivos en el nivel internacional y una planificación de carrera. (El Comité emitió un dictamen, en parte favorable y en parte crítico, sobre la Carta Europea del Investigador, que está relacionada con esta cuestión (19)).

4.4.2

No obstante, habida cuenta de la movilidad internacional de investigadores, importante para la ciencia y la investigación, en particular entre los Estados particularmente eficientes en este ámbito, deberá velarse por que no dé lugar a una fuga de cerebros en una única dirección. Entre otras cosas, también deberán tenerse en cuenta los intereses personales, de forma que, por ejemplo, también los científicos norteamericanos de prestigio reconocido puedan ser atraídos hacia Europa, algo casi imposible en estos momentos. Por consiguiente, el Comité respalda el objetivo anunciado en repetidas ocasiones por la Comisión de establecer los instrumentos y condiciones marco necesarios para ello, así como intentar convencer a los Estados miembros para que apliquen los instrumentos propuestos en el programa «Personas», algunos de los cuales ya están en marcha. Además, para el Espacio Europeo de la Investigación es especialmente importante crear condiciones de movilidad atractivas y eliminar los obstáculos. Debe celebrarse que la Comisión se haya fijado expresamente este objetivo.

4.5

Capacidades. Este programa es un buen ejemplo de las competencias subsidiarias de la Comunidad.

4.5.1

Se refiere en particular al objetivo de desarrollar/instalar, utilizar conjuntamente y optimizar infraestructuras de investigación, como grandes equipos, instrumentos científicos, computación, etc., cuyos costes y utilidad sobrepasan las capacidades de un único Estado miembro. En este contexto, el Comité valora positivamente que, de conformidad con sus recomendaciones anteriores, en la propuesta sobre cada uno de los proyectos se dé prioridad al enfoque ascendente.

4.5.2

Sin embargo, también el resto de las tareas incluidas en el programa «Capacidades», como por ejemplo «Investigación para las PYME», «Investigación para las asociaciones de PYME» o «Regiones del conocimiento», así como «el pleno despliegue del potencial investigador de las regiones comunitarias de convergencia y ultraperiféricas de la UE», son muy importantes y tienen un significado especial para los nuevos Estados miembros y las PYME.

4.5.3

El subprograma «Ciencia y sociedad» fomentará la integración armoniosa de los esfuerzos científicos y tecnológicos, y de las políticas de investigación vinculadas, en el tejido social europeo. Se trata de la capacidad de crear, explotar y difundir conocimientos y de innovar continuamente. El objetivo de este subprograma es también, por otro lado, transmitir a los ciudadanos de Europea una determinada imagen de la ciencia y de los investigadores y de sus resultados. El CESE valora positivamente estos objetivos y considera sobre todo que la difusión de la ciencia es una tarea cultural importante que sirve para fomentar la innovación. Sin embargo, por otro lado, también hay que investigar por qué un sector de los ciudadanos considera con escepticismo la ciencia (o alguna de sus partes), sus métodos y sus posibles repercusiones. A juicio del Comité, deberían realizarse trabajos de investigación, de carácter primordialmente sociológico, integrados en el programa específico «Cooperación» y, más concretamente, en su subprograma «Ciencias socioeconómicas y humanidades»; por tanto deberían abordarse en el contexto más amplio de la cooperación europea.

4.6.1

Tratándose de la investigación sobre la energía de fusión  (20), se trata ahora (i) de preparar y lanzar la construcción de ITER, (ii) de tomar todas las disposiciones útiles para su utilización, incluidas la formación y la capacitación del personal científico, la participación y la movilización del potencial de investigación de los laboratorios asociados de los Estados miembros y el recurso a la división internacional del trabajo, (iii) de aprovechar los desarrollos tecnológicos (en particular, los materiales y el ciclo del combustible) preparatorios de DEMO y (iv) de estudiar y optimizar distintos sistemas de almacenamiento. ITER y su ulterior desarrollo deberán estar integrados en los centros de investigación de los Estados miembros y beneficiarse de su apoyo. Dado que las propuestas de la Comisión responden a estos objetivos y a los compromisos internacionales contraídos; el Comité las suscribe sin reserva.

4.6.2

Por lo que se refiere a la fisión nuclear  (21), conviene ahora (i) seguir estudiando y aumentar la seguridad de las centrales nucleares existentes (tarea que incumbe principalmente a los fabricantes y a los explotadores industriales) y (ii) desarrollar nuevos tipos de reactores aún más potentes en términos de seguridad, de consumo de combustible y de gestión de los residuos. Esto incluye también labores de investigación sobre el tratamiento de los combustibles usados (transmutación, reciclaje). Procede también (iii) solucionar el problema del almacenamiento y alcanzar un acuerdo político a este respecto, (iv) apoyar los esfuerzos de no proliferación de armas nucleares y (v) obtener nueva información sobre los efectos biológicos de dosis (bajas) de radiaciones (22) y las técnicas de medida correspondientes (dosimetría individual, en particular). Es importante a tal efecto formar especialistas cualificados a fin de disponer de una nueva generación suficiente. El Comité está preocupado por la ausencia de nuevas generaciones de científicos en algunos Estados miembros y por la reducción del nivel de especialización y observa que, dado que es probable que la energía nuclear tenga que utilizarse a más largo plazo a escala mundial, convendría prestar más atención a estas cuestiones tan importantes.

4.7.1

El CCI está asociado, con razón, a las actividades del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo (2007-2013) y del Séptimo Programa Marco Euratom (2007-2011). Puesto que, por su estatuto, depende directamente de la Comisión y esto constituye una ventaja por lo que respecta a las consultas políticas y la flexibilidad de su utilización, es conveniente garantizar que cumpla las normas rigurosas y transparentes impuestas a todos los centros de investigación de los Estados miembros en términos de evaluación internacional paritaria, competencia, procedimientos de nombramiento, política del personal y control y que esté vinculado con la comunidad científica internacional. El Comité da mucha importancia a esta vinculación, también desde el punto de vista de las ciencias socioeconómicas y de las humanidades mencionadas anteriormente.

4.7.2

Entre las tareas del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo (2007-2013) figura un tema general, el «Desarrollo sostenible», muy importante para la Comunidad (por ejemplo, lucha contra el cambio climático, alimentación, energía, transportes, sustancias químicas, descontaminación). Este tema incluye la producción de referencias de carácter científico-técnico para diferentes ámbitos de la vigilancia del medio ambiente y de los productos alimenticios, lo que supone también una valiosa contribución para el trabajo legislativo de la Comunidad. La UE debería también implicarse en la producción y difusión de referencias internacionalmente aceptadas y la promoción de un sistema de medidas común europeo. Ello podría englobar la coordinación, basada en el reparto de tareas, de los organismos nacionales responsables de metrología y tipificación con una participación simultánea en sus programas. En interés del mercado único y, en general, de la integración europea convendría plantearse la creación de una «Agencia Europea de Normas», en cooperación con los correspondientes organismos nacionales, instituciones como el CEN y el CENELEC, las industrias interesadas y el CCI.

4.7.3

Es una decisión correcta que, en el ámbito de Séptimo Programa Marco EURATOM (2007-2011), el CCI respalde la adopción de decisiones de política nuclear, incluida la aplicación y el control de las estrategias existentes y la respuesta a los nuevos desafíos. El Comité considera también lógico que el programa «nuclear» del CCI se concentre en temas principales como la gestión de residuos, la seguridad y el control (estas actividades estarán vinculadas y coordinadas con las de los Estados miembros), porque estos son precisamente los temas que preocupan a los ciudadanos y requieren soluciones fiables. El Comité considera asimismo que es especialmente importante seguir desarrollando procedimientos que permitan controlar todavía mejor la no-proliferación de armas nucleares o las técnicas para su fabricación.

8.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/17

1.1

Debería autorizarse a los Estados miembros, sobre la base de una evaluación del riesgo, a aplicar medidas más estrictas que las que se estipulen, con la condición de que se financien con los presupuestos nacionales.

1.2

Cada Estado miembro debería designar una única autoridad responsable de la coordinación y supervisión de la aplicación de las normas de seguridad.

1.3

Cada Estado miembro debería elaborar un programa nacional de seguridad de la aviación civil.

1.4

A fin de supervisar la aplicación del nuevo Reglamento por parte de los Estados miembros y, asimismo, para detectar los puntos débiles en materia de seguridad aérea, la Comisión debería practicar inspecciones, e incluso inspecciones sin previo aviso.

1.5

Para que los pasajeros y equipajes en tránsito puedan quedar exentos de controles al llegar en vuelos procedentes de terceros países y acogerse a lo que se denomina «control de seguridad único» (one-stop security), así como para que los pasajeros que desembarquen de tales vuelos puedan mezclarse con otros pasajeros en espera de embarcar y que ya hayan pasado el control, es oportuno fomentar la conclusión de acuerdos entre la Comunidad y terceros países por los que se reconozca que las normas de seguridad aplicadas en el tercer país son equivalentes a las normas comunitarias.

1.6

El CESE acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión y apoya plenamente los principios fundamentales de la propuesta.

1.7

Acoge también favorablemente la introducción de normas comunes para la seguridad aeroportuaria, dado que los procedimientos varían considerablemente de un país europeo a otro y es importante que se normalicen.

1.8

Con respecto al anexo, parte 1, sección 1.2, punto 5, y a la parte 11, sobre la base de la libre circulación de trabajadores dentro de la Comunidad y de la disponibilidad de trabajadores de terceros países, la Comisión puede ofrecer asistencia a las autoridades nacionales, aeropuertos, compañías aéreas y demás para verificar los datos personales de los empleados potenciales, con el fin de cumplir los criterios relativos a la comprobación de antecedentes personales.

1.9

Convendría modificar el objetivo expuesto en el apartado 1 del artículo 1 de la propuesta de Reglamento para aclarar que las medidas de seguridad a que se refiere están destinadas a proteger a la aviación civil de los actos de interferencia ilícita que pongan en peligro la seguridad de la aviación civil. Las medidas en cuestión no están destinadas a combatir otro tipo de actos ilícitos, como el robo o el contrabando.

1.10

La Comisión Europea debería elaborar y poner en práctica una política integral para financiar las medidas de seguridad de la aviación, que forman parte del deber de los Estados miembros de garantizar la seguridad nacional y proteger a los ciudadanos de la amenaza del terrorismo.

1.11

En el Reglamento debería añadirse un mecanismo para evaluar el impacto en la industria de cada futura propuesta de medida de seguridad. De este modo, se garantizará que el coste y el impacto de una determinada medida no sean desproporcionadamente elevados con respecto a su eficacia.

2.1

La propuesta legislativa de la Comisión Europea tiene por objeto clarificar el marco jurídico comunitario (establecido por el Reglamento no 2320/2002 actualmente en vigor), sentar las bases para una interpretación común de las exigencias internacionales definidas por la Organización de Aviación Civil Internacional, evitar que la información delicada sea accesible al público y concentrarse más aún en elaborar disposiciones de seguridad de la aviación civil en el marco del Reglamento objeto de examen, aplicando, en particular, la Decisión 1999/468/CE relativa al procedimiento de comitología, según la cual en el proceso decisorio legislativo participan los representantes de los Estados miembros de la UE y de la Comisión Europea.

2.2

La propuesta tiene por objeto sustituir el Reglamento vigente con el fin de mejorar la legislación de acuerdo con cuatro principios: simplificación, armonización, claridad y mayores niveles de seguridad.

3.1

El objetivo de la propuesta es aclarar, simplificar y armonizar aún más los requisitos jurídicos con el fin de aumentar la seguridad general de la aviación civil.

3.2

La experiencia adquirida ha puesto de manifiesto que el Reglamento es demasiado detallado y debe simplificarse.

3.3

La Comisión considera que, sin menoscabo del principio de subsidiariedad, es conveniente alcanzar un grado de armonización superior al actual en materia de medidas y procedimientos de seguridad.

3.4

La falta de armonización ha dado lugar a 25 sistemas nacionales, con el consiguiente riesgo de distorsión de la competencia y la imposibilidad de que el sector se beneficie de las libertades del mercado único.

3.5

Lograr una mayor armonización también forma parte integrante de la noción de «control de seguridad único», según la cual no es necesario controlar de nuevo a los pasajeros, los equipajes y la carga en transferencia o en tránsito, al considerarse que el primer aeropuerto de salida garantiza los niveles de seguridad básicos. Éste es otro de los aspectos que redundan en beneficio de los operadores, que llevan a cabo sus actividades en un mercado altamente competitivo, así como de los pasajeros.

3.6

La Comisión considera que la capacidad de reaccionar y actuar con prontitud en función de unos riesgos que evolucionan constantemente reviste esencial importancia para aumentar el nivel general de seguridad.

3.7

A juicio de la Comisión, no es conveniente divulgar medidas y procedimientos de seguridad pormenorizados. Esta dificultad puede resolverse incorporando los pormenores operativos en la normativa de aplicación. El Comité destaca la importancia de que estas nuevas normas comunes tengan en cuenta el problema específico de las personas con movilidad reducida, de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el reciente dictamen del Comité sobre el asunto. Los controles de seguridad y otras medidas de seguridad, aunque legítimos y necesarios, pueden interponer barreras suplementarias y limitar los derechos de dichas personas, lo que sería contrario a los esfuerzos emprendidos recientemente por la Comisión para garantizar a las personas con discapacidades y a las personas con movilidad reducida la igualdad de acceso al transporte aéreo en relación con el resto de la población.

3.8

El Reglamento (CE) no 2320/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo establece reglas comunes en el ámbito de la seguridad de la aviación civil. El objetivo de la propuesta sometida a examen es sustituir este acto legislativo.

3.9

El Reglamento (CE) no 2320/2002, pues, quedaría sustituido por otro reglamento simplificado y más claro en el que se establecen los principios generales.

3.10

La única competencia adicional propuesta es la que se refiere a las normas sobre medidas de seguridad durante el vuelo. Abarca cuestiones tan diversas como la del acceso a la cabina del piloto, los pasajeros con comportamientos problemáticos y los agentes de seguridad presentes durante los vuelos (sky marshals). El Comité no es favorable a la presencia de tales agentes a bordo, excepto en circunstancias excepcionales.

3.11

La necesidad de elaborar programas de seguridad es reflejo de las mejores prácticas actuales en el sector aeronáutico y, por tanto, no supone una carga excesiva para el sector o las administraciones. En el caso de las compañías aéreas comunitarias, deberían aprobarlos las autoridades nacionales pertinentes, mientras que los otros Estados miembros y demás autoridades reguladoras deberían reconocerlos mutuamente.

3.12

El artículo 13 obliga a todos los Estados miembros a llevar a cabo actividades de control de la observancia de la normativa a través de programas nacionales de control de calidad.

3.13

El artículo 14 prevé inspecciones de la Comisión de, entre otras, los aeropuertos comunitarios.

3.14

El artículo 17 sustituye al actual artículo 10, referente a la seguridad de los vuelos procedentes de terceros países. Prevé acuerdos entre la Comunidad y terceros países que permitan la transferencia de pasajeros, equipajes y carga en los aeropuertos comunitarios sin necesidad de nuevos controles o controles de seguridad suplementarios.

3.15

Este objetivo ha de alcanzarse estableciendo reglas y normas comunes de seguridad aérea, así como mecanismos para supervisar su cumplimiento.

3.16

El contenido del Reglamento (CE) no 2320/2002 debe revisarse a la luz de la experiencia adquirida, y el propio Reglamento ha de sustituirse por un nuevo acto que tenga como objetivo simplificar, armonizar y aclarar las normas vigentes e incrementar los niveles de seguridad.

3.17

Es necesaria una mayor flexibilidad a la hora de adoptar medidas y procedimientos de seguridad a fin de seguir la evolución de las evaluaciones del riesgo y hacer posible la introducción de nuevas tecnologías, por lo que el nuevo acto debe establecer los principios básicos de las medidas que se han de tomar para proteger a la aviación civil de actos de interferencia ilícita.

3.18

El nuevo Reglamento debe regular las medidas de seguridad aplicables a bordo de las aeronaves, o durante los vuelos, de las compañías aéreas comunitarias.

4.1

Es importante establecer normas comunes sobre los artículos prohibidos a fin de evitar situaciones de confusión o conflicto en los registros efectuados por los servicios de seguridad.

4.2

En el anexo a la propuesta de Reglamento se utiliza la expresión «comprobaciones aleatorias continuas», pero no se define. Es esencial definir el concepto para garantizar la interpretación uniforme de este principio cuando se aplique a los controles de seguridad en toda Europa.

4.3

Sólo deberían introducirse medidas más estrictas en respuesta a una amenaza terrorista concreta, detectada por las autoridades de un Estado miembro sobre la base de una evaluación del riesgo. La introducción de medidas más estrictas entra en contradicción con los objetivos de armonizar las disposiciones de seguridad aérea en toda la Unión Europea y crear un único control de seguridad (one-stop security area). Por lo tanto, todas las medidas de seguridad disuasorias o preventivas suplementarias solicitadas por un Estado miembro deben tomarse tras una consulta exhaustiva al operador del aeropuerto, y el Estado miembro en cuestión debe financiar estas medidas de seguridad suplementarias como parte de la obligación de los gobiernos nacionales de garantizar la seguridad nacional y proteger a sus ciudadanos de los actos terroristas.

4.4

Algunas compañías aéreas prohíben los cubiertos metálicos, como cuchillos y tenedores, mientras que otras los autorizan; debería fomentarse la adopción de normas comunes por parte de todas las compañías aéreas.

4.5

Aunque objetos como tijeras, limas y demás están prohibidos, sí se admiten a bordo las botellas de vidrio, que son armas mortales, en particular cuando se rompen. Por consiguiente, se sugiere que todas las botellas de las tiendas libres de impuestos y todas las botellas que se lleven a bordo sean únicamente de plástico, y que las demás botellas se almacenen en la bodega con el resto del equipaje. Será necesario que esta medida sea objeto de un acuerdo internacional antes de ponerse en práctica.

4.6

Es importante guardar bajo llave los equipos de socorro, como el extintor y el hacha de seguridad, en un compartimento reservado a la tripulación y al que no tengan acceso directo los pasajeros.

4.7

Con el fin de protegerse de los atentados con explosivos, como el que sufrió la compañía EL AL, las compañías aéreas deben utilizar en la medida de lo posible contenedores reforzados para los equipajes.

4.8

En aras de la seguridad, las autoridades nacionales deberían efectuar controles estrictos de la cantidad de bebida que puede servirse a los pasajeros y que pueda causar incidentes vinculados al alcohol, que entrañan una amenaza para la seguridad.

4.9

Aunque el acceso a la cabina de mandos está protegido por una puerta de seguridad, los secuestradores aéreos podrían acceder a la cabina a través del fino tabique de separación del aseo, que muy a menudo está situado al lado de la cabina de vuelo. Sería conveniente reforzar ese tabique.

4.10

El artículo 11 debería incluir a los agentes de las compañías aéreas y de las compañías de manipulación de carga, que con frecuencia se encargan de garantizar la seguridad.

4.11

Por lo que se refiere al anexo, parte 11, todos los instructores en materia de seguridad deben ser formados en centros de formación acreditados, como el European Aviation Security Training Institute (EASTI), a fin de normalizar la presentación de los módulos de formación en materia de seguridad de la OACI. Debe obligarse a las autoridades nacionales a establecer programas nacionales de formación con instructores cualificados del EASTI.

4.12

Por lo que se refiere al anexo, parte 4, sección 4.3 (habida cuenta del aumento del número de personas deportadas, etc.), sería necesario obligar a las autoridades nacionales a fijar un período mínimo de notificación para preparar al personal de las compañías aéreas, aeropuertos y aeronaves para el transporte propuesto de pasajeros susceptibles de causar desórdenes cuando se trate de un vuelo comercial regular.

8.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/20

1.1

El CESE aprecia la propuesta de Directiva, que se inscribe dentro de la estrategia temática para la protección y la conservación del medio ambiente marino, al entender que puede integrar y coordinar alguna de las medidas legales ya existentes, y especialmente en lo que respecta a la metodología de intervención en el medio, similar a la establecida en la Directiva Marco Agua (DMA).

1.2

No obstante lo anterior, y manteniendo una posición crítica, entendemos que la propuesta de Directiva es necesaria pero no suficiente: el estado de nuestros mares y océanos está tan degradado que se necesitaría de acciones más coercitivas, a fin de poner en práctica y controlar el cumplimiento de las acciones ya existentes. Además, la propuesta realiza una intervención parcial sobre el estado del medio ambiente marino; por este motivo, consideramos que una directiva marco cumpliría mejor su cometido, en cuanto a integrar y desarrollar posteriormente en extensión y profundidad los aspectos aquí no incluidos.

1.3

La no generación de nuevos instrumentos legislativos ni de gestión, al aprovecharse los ya existentes, evita a los Estados miembros nuevos costes de financiación y sobre todo una mayor burocracia, a la vez que incorpora los sistemas previstos de participación y consulta del público y de las partes interesadas, tan importante para una mayor implicación ciudadana en los temas medioambientales.

1.4

El CESE quiere realizar algunas recomendaciones que considera necesarias para la mejora del contenido de la norma propuesta, de forma que la Comisión pueda valorar nuestras aportaciones como parte de la sociedad civil que se ve afectada.

1.4.1

En primer lugar es preciso clarificar y reforzar la función de coordinación y control de la Comisión en relación con las autoridades regionales que deben evaluar y programar los objetivos y las medidas de aplicación al medio ambiente marino de su competencia, con el fin de que exista una similitud y un equilibrio de actuaciones en todas las regiones ribereñas, ya que no hay que olvidar el carácter trasfronterizo de nuestro mares y océanos. Una coordinación centralizada permitiría incluso actuar en terceros países en los que la actuación comunitaria sea factible y, muy especialmente, en aquellos con los que nos vinculan acuerdos internacionales.

1.4.2

Respecto a las definiciones establecidas, especialmente la del buen estado ecológico, en base a descriptores cualitativos genéricos, consideramos necesario que se incluyan descriptores cuantitativos, al igual que se ha hecho para las aguas continentales en la DMA, dado que el buen estado de las aguas marinas depende en gran medida de la cantidad. Los objetivos ambientales deberían ser, como mínimo, los contenidos en la Comunicación, tal y como señalamos en el apartado 5.5, ya que mantener de una forma tan genérica como se hace en la propuesta de Directiva puede impedir su total eficacia.

1.4.3

La selección de zonas especiales, consideradas como tales por no poder alcanzarse los objetivos ambientales, puede generar, al ser tan ambigua su redacción, abusos a la hora de su utilización, por lo cual proponemos definir con total claridad y rigor las causas de su especialidad, así como los procedimientos para su aprobación por la Comisión.

1.5

Por último, queremos señalar dos temas de gran importancia para que la aplicación de los objetivos aquí propuestos sea eficaz. El primero hace referencia a la aplicación inmediata de todas las medidas establecidas con anterioridad y que tienen incidencia en el medio ambiente marino, tales como las derivadas de los paquetes ERIKA I, II y III, especialmente las referidas a los puertos de acogida, la red transeuropea de seguimiento del tráfico marítimo, el establecimiento del sistema de auditoría de los Estados para la matriculación de barcos, la investigación e inventario de los desechos (incluyendo bombas, contenedores con productos radioactivos), etc.

1.5.1

El segundo de los temas a recordar y aplicar es el referente a la investigación en el medio marino, de forma que, mediante un mayor y mejor conocimiento, se puedan clarificar los objetivos y establecer los programas de medidas necesarias para el restablecimiento del buen estado medioambiental. En este sentido debería buscarse una mayor participación en los programas marco de investigación europeos.

2.1

La Comisión presentó en 2002 (1) una Comunicación en la que se basa la propuesta de Directiva a examen, que establece la estrategia para la protección y la conservación del medio marino desde el punto de vista medioambiental, con el objetivo de promover la utilización sostenible de los mares y la conservación de los ecosistemas marinos. En el Sexto Programa de Acción para el medio ambiente ya se hacía referencia a la necesidad de establecer los medios para la protección y conservación del medio ambiente marino, y se resaltaba que el objetivo de alcanzar una utilización sostenible de los mares y océanos europeos no se consigue con políticas individuales. La urgencia de una actuación rápida se ha puesto de manifiesto, ya que las predicciones de muchos de los peligros detectados en el Sexto Programa se han hecho realidad con una crudeza que supera las peores predicciones (2).

2.2

La estrategia que propuso la Comunicación citada parte de la situación del medio marino europeo, sometido a un fuerte deterioro, en el que inciden los efectos del cambio climático, la contaminación de los mares por sustancias peligrosas, la pesca comercial, la eutrofización de nuestros mares y un peligro añadido, la introducción de especies exógenas. Si a esto añadimos otros obstáculos de carácter institucional, como es la competencia excluyente de los Estados miembros sobre sus mares territoriales, la existencia de convenios internacionales que inciden también en países terceros, y numerosos acuerdos en el plano mundial (3) de difícil aplicación y control, vemos la necesidad de dar contenido a esta estrategia, a pesar de todos los obstáculos detectados.

2.3

Recientemente, y en la misma fecha que la propuesta de Directiva a examen, se presentó otra Comunicación (4) sobre la que el CESE no ha sido consultado y en la que se señala la próxima elaboración de un Libro Verde sobre la estrategia del medio marino. Entendemos que la Comisión debería tener presente el contenido y las observaciones de nuestros dictámenes y, para lograrlo, nada mejor que realizar una nueva consulta en la que se incorporarían nuestros conocimientos y dictámenes sobre las políticas que inciden en el medio marino (pesca, transportes, hidrocarburos, etc.). El CESE, como representante de la sociedad civil, tiene interés en manifestar lo siguiente.

3.1

La estrategia para la conservación y protección del medio marino cuenta, para su aplicación, con un instrumento que se contiene en la propuesta de Directiva examinada. Además se tienen en cuenta los convenios internacionales, en especial los suscritos por la Comisión y los Estados miembros en el marco de las Naciones Unidas (5), y los convenios zonales (6), en relación con los cuales la presente Directiva debería servir para cumplir las obligaciones asumidas en ellos.

3.2

La propuesta de Directiva se divide en cinco capítulos. En el primero se establecen las disposiciones generales, en las que se define el objeto (artículo 1), el ámbito de aplicación (artículo 2), las regiones y subregiones marinas (artículo 3), las estrategias marinas (artículo 4), las normas de coordinación y cooperación entre los Estados miembros (artículo 5), así como las autoridades competentes (artículo 6).

3.3

De esta primera parte conviene destacar el contenido del artículo 4 sobre la estrategia marina, que deberán elaborar los Estados miembros, para cada región marítima, con un contenido mínimo referido a:

Además, deberá ir acompañado de un programa de medidas, a realizar lo más tarde en el 2016, destinado a alcanzar el buen estado ecológico de los mares y océanos.

3.4

En las capítulos segundo y tercero se desarrollan las estrategias marinas, correspondiendo al segundo las normas sobre la elaboración de las mismas, y al tercero, los programas de medidas.

3.4.1

En las medidas de elaboración de las estrategias marinas se parte de la obligación de realizar una evaluación inicial por los Estados miembros de sus aguas marinas (artículo 7) en la que se han de incluir diferentes elementos, destacando entre ellos el análisis económico y social de su utilización, así como el coste que supone su deterioro. Se definen el buen estado ecológico (artículo 8 y anexo II) y los objetivos ambientales (artículo 9 y anexo III), y por último se establece el modo de elaboración de los programas de supervisión (artículo 10 y anexos II y IV) y el método de aprobación (artículo 11).

3.4.2

En el capítulo tercero se regulan los programas de medidas que han de elaborar los Estados miembros para cada una de las regiones marinas que les corresponden (artículo 12 y anexo V) con el fin de obtener el buen estado ecológico; en función de la evaluación inicial, deben notificarlos a la Comisión (artículo 14), para su posterior aprobación (artículo 15). Se incluyen medidas ad hoc para las zonas especiales (artículo 13).

3.5

El capítulo cuarto contiene la normativa sobre la actualización de las estrategias correspondientes a cada región marina (artículo 16) así como la exigencia de realización de informes intermedios cada tres años (artículo 17). Mención especial merece el contenido del artículo 18, en el que se establecen las normas de consulta e información al público, conforme a la Directiva 2003/35/CE. También se contempla la obligación de la Comisión de elaborar informes de evaluación sobre los resultados de la aplicación de la Directiva (artículo 19) que deberá revisar su contenido a los 15 años de su entrada en vigor.

3.6

En el último capítulo, el quinto, se contienen las disposiciones técnicas, con especial referencia a los anexos que la acompañan (artículo 21) y al comité que asistirá a la Comisión en esta tarea (artículo 22).

4.1

La propuesta actual de Directiva debe ponerse en relación con la «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Hacia una estrategia de protección y conservación del medio ambiente marino» ya citada (para un examen más amplio, véase el Dictamen CESE/578/2003 sobre dicha Comunicación). Las formulaciones más importantes contenidas en la Comunicación son:

4.2

En el Dictamen del CESE se establecían los siguientes elementos:

4.3

Desde esta perspectiva, la propuesta de Directiva asume e integra aportaciones significativas del Dictamen del CESE con una determinada forma de interpretación y establece una metodología de intervención similar a la de la DMA, pero con notables diferencias en cuanto al papel de la Comisión, de los Estados miembros y de la articulación de los distintos elementos de la misma, sin que estén suficientemente explicadas las razones de dichas diferencias, ni su utilidad, sobre todo porque existen contradicciones severas. Por ejemplo:

4.4

El CESE entiende que la presente propuesta de Directiva es:

4.5

La aplicación de la Directiva recae casi en su totalidad en los Estados miembros, y la Comisión orienta las acciones, es informada por los Estados y aprueba o rechaza las definiciones de estado ecológico, los objetivos ambientales e indicadores, el plan de supervisión y el programa de medidas con las zonas especiales «mutatis mutandi».

4.6

No se generan nuevos instrumentos ni legislativos ni de gestión, sino que se aprovechan los existentes en el ámbito comunitario y en los acuerdos internacionales suscritos por la Unión Europea.

4.7

Se clarifica la forma en que se ejercita la participación del público y de las partes interesadas a través de los Estados miembros.

5.1

La experiencia derivada de la intervención e implementación de las disposiciones europeas más ambiciosas en los Estados miembros (DMA, IPPC) indica que la Comisión debe jugar un papel activo no solo en la vigilancia sino también en las labores de coordinación y centralización de las actividades entendidas como apoyo a los Estados, desde el respeto al principio de subsidiaridad. Con esta finalidad, la Comisión debería articular y presidir un foro de autoridades competentes por subzona y zona marítima con presencia de las partes interesadas de instituciones científicas de reconocida trayectoria en esta materia y de las autoridades responsables en materia de política pesquera y radionucleidos.

5.2

En este mismo sentido, la propuesta de Directiva, además de contemplar los requisitos de información y aprobación de la propuesta de evaluación inicial, el buen estado ecológico, los objetivos ambientales, el programa de supervisión y el programa de medidas, incluidas las medidas ad hoc para las zonas especiales, debería establecer un procedimiento de actuación y un plazo de tiempo para tratar los posibles rechazos que pudieran aparecer. Este procedimiento debería contar con la participación de las partes interesadas y del público en general y contener elementos con incentivos suficientes.

5.3

Los contenidos de la evaluación inicial se describen en el anexo II. En el cuadro relativo a «presiones e impactos» convendría definir, siguiendo el criterio de la Comunicación anterior, previa a la propuesta de la Directiva, las causas antropogénicas de los mismos y relacionarlos con estos, así como con los elementos y objetivos de la protección del medio marino a fin de establecer una relación apropiada con las acciones y políticas de la estrategia.

5.4

La definición de «buen estado ecológico» y «estado ecológico del medio marino» se hace sobre «descriptores cualitativos genéricos, criterios y normas». Deberían incluirse también descriptores cuantitativos, pues algunas variables referidas tanto a la evaluación inicial como al buen estado ecológico requieren esta característica en sus descriptores. Además el seguimiento de las variables incluidas en los programas de supervisión exigen puntos de referencia cuantitativos (ejemplo: densidad de fitoplancton).

5.5

Los objetivos ambientales se definen en el artículo 9 y en el anexo III por medio de criterios excesivamente genéricos. Sería conveniente determinar elementos y objetivos mínimos a considerar que, como mínimo, deberían integrar los contenidos de la Comunicación de 2002:

5.6

El programa de medidas (artículo12, anexo IV) debe recoger como mínimo las medidas de obligado cumplimiento según la legislación europea, especialmente la referida a las aguas costeras, cuyo programa de acción trata de evitar los daños provocados por los distintos focos de contaminación, enumerados en el punto anterior. Además se incluirían las medidas de obligado cumplimiento derivadas de los acuerdos y convenios internacionales y las medidas «ad hoc» destinadas a paliar el deterioro del medio marino en las «zonas especiales». Esta formulación tiene la virtud de integrar en una unidad el conjunto de las medidas y actuaciones dispersas en diferentes disposiciones y normas jurídicas y facilitar así su cumplimiento.

5.6.1

Pero, por otra parte, hay que evitar que la redacción de estos programas de medidas se limite a ese mínimo, pues, como ya se ha señalado, si no ha sido suficiente para evitar el deterioro del medio, difícilmente será suficiente para alcanzar el buen estado ecológico en el área marina objetivo. En este sentido, una temática importante a tener en cuenta sería la de difundir periódicamente, en los países costeros, buenas prácticas en materia de ecotecnología (aseos ecológicos, detergentes sin fosfatos, zonas tapón y restricciones aplicables en el litoral, etc.)

5.7

La propuesta de Directiva permite que los Estados miembros seleccionen zonas especiales en las que no podrán alcanzarse los objetivos ambientales por las siguientes causas:

5.7.1

Esta redacción es tan ambigua que puede permitir abusos en su aplicación, por lo cual es preciso:

5.8

Respecto a los aspectos de coordinación y cooperación, conviene tener presentes a los terceros países ribereños de nuestros mares y océanos, y no solo a los que son parte de acuerdos internacionales, de forma que se incentive su colaboración a fin de obtener unos buenos resultados medioambientales.

5.9

Por último, la propuesta de Directiva canaliza la participación de las partes interesadas y del público por los sistemas estatales existentes. Estos están cuestionados en numerosos países, en algunas ocasiones por falta de transparencia, en otras por la tardanza con que responden a las demandas, en otros casos por la ambigüedad con que consideran a las organizaciones «partes interesadas», etc. Por tanto, la Comisión debería establecer un procedimiento ágil y eficaz para recoger las quejas o denuncias de las partes interesadas, del público, las gestione y garantice los derechos de información, consulta y participación de los mismos. En este sentido, debería eliminarse el criterio de mutatis mutandis en el sistema de aprobación como se ha indicado con anterioridad.

8.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/24

1.1

Poco antes de asumir la Presidencia de la Unión Europea, el Gobierno austríaco presentó una solicitud formal a la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI) para la elaboración de un dictamen exploratorio sobre el tema «Los cambios industriales y la ampliación de la UE: perspectivas y repercusiones en las regiones transfronterizas». Por definición, un dictamen exploratorio se emite previamente a la adopción de una propuesta o decisión política por parte de un órgano decisorio de la UE.

1.2

La transición a una economía de mercado y la transposición de las normas comunitarias relativas al mercado interior y a la competencia ha creado una nueva dinámica en muchas regiones de Europa Central y Oriental. La adhesión a la UE de nuevos Estados miembros ha acercado más a las regiones fronterizas, haciendo revivir, en muchos casos, antiguos vínculos comerciales y de negocios. No obstante, esta nueva dinámica también ha creado nuevos problemas, sobre todo en la política del mercado laboral, y ha puesto de relieve los déficit estructurales de las regiones transfronterizas que colaboran entre sí.

1.3

A fin de examinar más de cerca los cambios industriales que se están produciendo en las regiones transfronterizas de la UE ampliada y recabar los datos necesarios para la elaboración de un dictamen, la CCMI y el Observatorio Europeo del Cambio (EMCC) celebraron «talleres» en Bratislava los días 17 y 18 de octubre de 2005. A esta manifestación, celebrada en la región transfronteriza CENTROPE, asistieron miembros de la CCMI, expertos y representantes de los interlocutores sociales de Austria, Eslovaquia y Hungría.

2.1

Alrededor del 33 % de la población de la UE reside actualmente en regiones fronterizas, que en la actualidad representan un 40 % de la superficie total de Europa (1).

2.2

Las fronteras de la UE han experimentado continuas modificaciones desde la firma del Tratado CECA. Este proceso parece que va a continuar a medio plazo. Habida cuenta de los consiguientes procesos de cambio, la UE debe actualizar sistemáticamente su política relativa a las regiones fronterizas.

2.2.1

Las regiones fronterizas de los países candidatos a la adhesión que tienen fronteras físicas con la UE están empezando a cooperar con regiones vecinas más periféricas de la Comunidad incluso antes de su adhesión a la UE, como parte de la armonización de sus legislaciones y sus sistemas socioeconómicos.

2.2.2

El «telón de acero» fue un tipo de frontera muy especial. Gran parte de esta frontera está situada actualmente dentro de los límites territoriales de la UE-25. Cuando cayó el muro de Berlín en 1989, nueve años después de la revolución de «Solidaridad» de 1980, las infraestructuras eran prácticamente inexistentes en las regiones próximas a la frontera que había dividido a los países del antiguo bloque soviético del resto de Europa, y, en particular, en la «tierra de nadie». Pese a los importantes progresos realizados para eliminar los efectos de las decisiones políticas que condujeron a esta situación, el problema está aún lejos de resolverse.

2.2.3

Otro caso especial de frontera de la UE es el mar Mediterráneo. Aunque ha existido durante muchos años una política de cooperación entre la UE y los países del Mediterráneo, los acontecimientos internacionales han supuesto que en los últimos tiempos no haya sido una de las prioridades para Europa.

2.3

Antes de la adhesión de nuevos países a la UE, se establecieron en las regiones fronterizas de los mismos una serie de iniciativas como nueva forma de cooperación transfronteriza (como, por ejemplo, las Eurorregiones), basadas en acuerdos alcanzados entre zonas fronterizas vecinas. No era obligatorio regular el funcionamiento de las Eurorregiones mediante acuerdos intergubernamentales. Estas iniciativas se basaban exclusivamente en las decisiones libremente adoptadas por las instituciones de gobierno local y otras partes interesadas. La cooperación a través de las Eurorregiones tenía como objetivo la resolución de problemas de manera conjunta, con independencia de las fronteras políticas, y estableciendo una cooperación económica en materia de comunicaciones y acciones medioambientales.

2.4

En la práctica, la cooperación interregional de la UE desde la década de 1990 se ha realizado sobre todo en el marco de los sucesivos programas INTERREG. El CESE también ha participado en algunos aspectos de esta cooperación, y ha elaborado dictámenes sobre cooperación interregional, basándose en las experiencias, entre otros, de la región del Mediterráneo y de la cuenca del mar Báltico (2)  (3)  (4).

2.4.1

El CESE ha especificado que la cooperación interregional fomentada por la Comunidad puede definirse en función de lo siguiente:

2.4.2

En sus dictámenes relativos a INTERREG, el Comité ha señalado que en la década de 1990 los vínculos entre las distintas categorías de cooperación fueron bastante selectivos. Por ejemplo, la cooperación funcionó solamente en determinados niveles y estuvo limitada a ciertas categorías territoriales y zonas geográficas.

2.4.3

Un logro importante de la UE en las regiones transfronterizas de Francia, Bélgica, Alemania y Luxemburgo, que han experimentado todas ellas una reestructuración intensiva, fue la utilización de métodos para combatir la despoblación de estas zonas y evitar su transformación en auténticos «desiertos postindustriales». Los medios y medidas previstos en el Tratado de la CECA tuvieron una influencia significativa en el resultado del proceso de reestructuración.

2.5

En la actualidad funcionan en Europa unas 180 iniciativas transfronterizas. La mayoría de estas iniciativas son instrumentos para mitigar los efectos negativos derivados de la existencia de fronteras. En el territorio de los nuevos Estados miembros existen 32 Eurorregiones. Por lo tanto, es evidente que los nuevos Estados miembros de la UE han sido muy activos en su apoyo del principio de cooperación transfronteriza.

2.6

En la mayoría de esas 32 regiones transfronterizas correspondientes a «nuevos» Estados miembros de la UE y a «antiguos» Estados miembros que limitan con ellos, no se han adoptado hasta ahora iniciativas conjuntas directamente relacionadas con la política industrial, a pesar de que muchas empresas conjuntas están indirectamente relacionadas con esta política.

2.7

Las nuevas iniciativas en el ámbito de la política industrial se han desarrollado –por norma general– en aquellas regiones transfronterizas que están situadas cerca de áreas metropolitanas (como, por ejemplo, en el triángulo Viena-Budapest-Bratislava) o que constituyen un territorio donde están situados centros industriales o un grupo de grandes ciudades que no poseen características metropolitanas (región de Katowice, Ostrava, a lo largo de la frontera entre la República Checa y Polonia).

2.7.1

Un nuevo ejemplo interesante de transformación industrial lo constituye la región de Friuli-Venecia Giulia, en la frontera entre Italia y Eslovenia, que experimentó un resurgimiento de la actividad industrial tanto antes como después de la ampliación de la UE, en particular en el sector de los muebles.

3.1.1

Las características de las regiones transfronterizas con una política industrial en desarrollo esbozadas en el presente dictamen se han identificado principalmente tomando como base las observaciones realizadas en la región CENTROPE (5).

3.1.1.1

Esta región incluye zonas de tres nuevos Estados miembros y de uno de los quince antiguos Estados miembros (en Austria los Länder de Viena, Niederösterreich y Burgenland, la región de Moravia meridional en la República Checa, las regiones de Bratislava y Trnava en la República Eslovaca y los condados Györ-Moson-Sopron y Vas, en Hungría). La región en su conjunto agrupa a zonas con problemas típicos de zonas periféricas y zonas urbanas centrales con una economía dinámica próximas a ellas.

3.1.1.2

En los años noventa fue objeto de una reestructuración intensa, cuyo resultado directo fue la recepción de inversiones en partes de esta región. Esto también condujo a desfases en los mercados de trabajo, donde se prescindió de un número importante de los trabajadores de más edad y, más tarde, paralelamente a las inversiones — no siempre en el mismo lugar- surgió una demanda de mano de obra.

3.1.1.3

La ampliación de la UE ha agrupado en el rectángulo de países formado por Austria, la República Checa, Eslovaquia y Hungría a mercados de trabajo regionales diversos, cuya integración constituye un reto. El éxodo de empresas y mano de obra hacia las ciudades, así como las infraestructuras (de transporte) deficientes siguen perjudicando la estructura del mercado laboral, al igual que las marcadas diferencias salariales existentes entre Austria y los nuevos Estados miembros y la previsión de una escasez de mano de obra especializada.

3.1.1.4

Se están observando los primeros síntomas de emergencia de redes de producción transfronterizas. A ello ha contribuido el desarrollo de las infraestructuras de transporte, que requieren una inversión importante. Esto, a su vez, ha conducido a que se colmen los vacíos existentes y se restablezcan los antiguos vínculos.

3.1.2

La inversión extranjera y nacional constituye un estímulo importante para los cambios industriales en estas regiones, también en las pequeñas y medianas empresas. En aquellos países donde se crearon «zonas económicas especiales» o «zonas industriales» antes de la adhesión, la mayor parte de las inversiones se han «conducido» a zonas que rara vez han coincidido con una región transfronteriza (véase el Dictamen del CESE CCMI/025). Esto ayuda a explicar el escaso número de regiones de cooperación transfronteriza en las que se ha desarrollado una nueva política industrial.

3.1.2.1

Los motores principales del crecimiento han sido las inversiones del tipo «brown-field»(en instalaciones ya existentes) y «green-field» (en nuevas instalaciones) y la relocalización de empresas. La identificación de los nuevos mercados, las diferencias en la fiscalidad de las empresas, las importantes diferencias salariales y las ayudas estatales fueron, entre otros, los motores de estas inversiones. Estos factores han apoyado el proceso de reestructuración y han contribuido al crecimiento económico.

3.1.2.2

Han ayudado a atraer a trabajadores con cualificaciones altas y medias y a reducir los costes de la mano de obra y los costes extralaborales. Se ha producido un aumento importante de la demanda de operarios de máquinas, instaladores, expertos en maquinaria, soldadores, ingenieros mecánicos y especialistas informáticos — y esto se observa cada vez más en los sectores industriales de toda la UE.

3.1.2.3

Esta acción ha tenido como resultado la mejora de las técnicas de gestión, y ha propiciado una política de recursos humanos y unas relaciones industriales que funcionan. También ha permitido obtener fondos para la inversión y ha ayudado a establecer vínculos con los mercados de proveedores y clientes.

3.1.2.4

En esta inversión no sólo han participado grandes firmas de la UE, sino también pequeñas y medianas empresas y firmas de terceros países. Estas firmas han agrupado («clustered») las inversiones, creado efectos multiplicadores, establecido vínculos con las empresas locales y relaciones con las empresas nacionales y sectores exteriores.

3.1.3

Un análisis de los cambios estructurales en la industria realizado en las regiones transfronterizas objeto de estudio demuestra que, en general, el método utilizado en estas zonas es el de «step-by-step» (proceso «por etapas»).

3.1.3.1

En una primera etapa, la actividad industrial se caracterizó por su alta intensidad de mano de obra, recurriendo a mano de obra escasamente cualificada; en una segunda etapa, se ha hecho uso de mano de obra mejor cualificada y servicios más sofisticados. En aquellos casos en que la primera fase tuvo éxito, se ha intentado subcontratar determinadas actividades fuera de las empresas, pero dentro de la región, a fin de reducir los costes de la mano de obra.

3.1.3.2

Las fusiones estructurales bidireccionales han repercutido de manera importante en las cuestiones estructurales que acompañan a estos cambios industriales. Divididas entre fusiones «hacia arriba» (empresas extranjeras dentro de una región y más allá) y fusiones «hacia abajo» (dentro de una zona local), su objetivo ha sido ganar ventajas competitivas dentro de una red o región.

3.1.3.3

También se aplicaron planteamientos de más alto riesgo (basados en el principio de la «bola de nieve»), que han llevado a establecer vínculos más fuertes. Los «enclaves» de una empresa en expansión creados como resultado de este proceso estuvieron marcados por la facilidad con que se transplantaron a otras nuevas empresas.

3.1.3.4

Cada vez se produce con mayor frecuencia en las regiones transfronterizas, y también en los nuevos Estados miembros, la implantación de nuevos sectores empresariales por parte de inversores dinámicos que pasan a la segunda fase de desarrollo en una región determinada. La política industrial en estas regiones también está siendo estimulada por redes de empresas, a menudo de carácter internacional, comprometidas, por ejemplo, en la gestión interactiva transfronteriza de recursos humanos.

3.2.1

Un desafío para la política industrial es el uso de incentivos directos y la introducción de la asimetría entre empresas. Aquellas empresas que integran en su red a pequeñas y medianas empresas experimentan mayores problemas para aplicar esta asimetría.

3.2.1.1

Como señala R. Pedersini en su presentación (véase nota no 5), la reducción del período de operaciones de una empresa al medio plazo puede producirse en un futuro próximo, lo que sin duda tendrá repercusiones sociales y debería hacerse utilizando mecanismos de garantía adecuados establecidos a través del diálogo económico y social.

3.2.2

Un reto muy importante para el desarrollo del conjunto de la UE y el futuro de la política industrial en toda su extensión, pero sobre todo en las regiones transfronterizas, son las diferencias existentes en la fiscalidad de las empresas, sobre todo en el impuesto de sociedades (6).

3.2.2.1

Es muy importante decidir si debe armonizarse el impuesto de sociedades y fijarse el método de cálculo de la base imponible — esto es, con arreglo a la localización de la oficina registrada (Home State Taxation — HST) o con arreglo a la base consolidada común para el impuesto de sociedades (Common Corporate Consolidated Tax Base — CCCTB).

3.2.2.2

El sistema HST elimina la aplicación en las regiones transfronterizas de la UE de legislaciones diferentes para fijar la base imponible. No obstante, este sistema conlleva mayores riesgos (7).

3.2.2.3

El uso de la opción CCCTB supondrá que todas las empresas que operen de manera transfronteriza aplicarán principios uniformes para evaluar su base imponible (8), con independencia del país donde esté instalada la oficina registrada. Además, el método CCCTB no exigirá ninguna modificación de las reglamentaciones nacionales vigentes, sino simplemente la autorización para establecer nuevas normas adicionales en toda la UE para aquellas empresas que operen en varios países.

3.2.2.4

Un inconveniente de la opción CCCTB es el riesgo de que dos empresas de un determinado país con un potencial y una presencia similares en el mercado nacional utilicen distintos métodos para calcular su base imponible.

3.2.3

Uno de los factores más importantes que afectan al desarrollo de la política industrial en estas regiones es la situación actual y el nivel de desarrollo de las infraestructuras de transporte en la región y sus corredores de entrada. Por este motivo, además de una inversión importante en la construcción y modernización de la red de transportes de la región, deberán crearse proyectos de transporte conjuntos, que habrán de gestionarse con métodos modernos teniendo en cuenta las innovaciones y la investigación científica.

4.1

El concepto de región transfronteriza con una política industrial nueva y operativa es de carácter muy complejo, tanto en términos generales como en relación con casos y emplazamientos específicos. Por este motivo, el Comité considera que, durante el mandato de la nueva Presidencia, es importante establecer una definición precisa y distinta de lo que significa el término «REGIÓN» en un contexto transfronterizo e industrial. En esta definición debería distinguirse a las regiones limítrofes con terceros países no pertenecientes a la UE y tomarse en consideración si un determinado país vecino es o no candidato a la adhesión.

4.1.1

En lo que se refiere a las regiones situadas en el interior de los nuevos Estados miembros y a aquellas que limitan con países de la «antigua» UE, es importante determinar la manera de distinguir entre los efectos de los cambios producidos en dichas regiones en la década de 1990 y los derivados de la adhesión a la UE, así como evaluar la eficacia de los instrumentos comunitarios utilizados en estas zonas antes y después de la adhesión.

4.1.2

El trabajo de la nueva Presidencia, en cooperación con el CESE, también debería encontrar respuestas a las siguientes preguntas:

4.2

Habida cuenta del planteamiento típico de las regiones transfronterizas de la UE ampliada, que se caracteriza por lo siguiente:

el CESE considera que es muy importante garantizar la cohesión social y evitar una competencia a la baja de las normas laborales y sociales. Por ello es necesario que estos procesos se produzcan utilizando instrumentos de las relaciones industriales modernas establecidos en la UE, en particular en el ámbito del diálogo social o del diálogo de las partes interesadas (stakeholders dialogue).

4.2.1

Habida cuenta de las dificultades en el mercado laboral típicas de las regiones transfronterizas causadas por la situación de abandono en el pasado, la reestructuración y las transformaciones dinámicas producidas por la aplicación de una política industrial especial en estas regiones, el CESE propone que se apliquen durante períodos específicos mecanismos de fomento del empleo, utilizados con frecuencia por la UE en el pasado, que implican subvencionar a aquellas empresas que creen puestos de trabajo permanentes.

4.2.2

Este planteamiento debería apoyarse mediante salvaguardias formales destinadas a evitar todo uso indebido de fondos públicos y a garantizar que los puestos de trabajo creados de este modo sean realmente de nueva creación y permanentes. Los detalles de estas salvaguardias se esbozaron en las directivas revisadas de la UE sobre contratación pública.

4.2.3

De manera particular, no deberían poder tener acceso ni a las ayudas estatales ni a las de los Fondos Estructurales las empresas que, después de haber recibido ayudas por anticipado, han trasladado puestos de trabajo o que, con motivo de deslocalizaciones, han despedido a trabajadores en el lugar de origen sin observar las legislaciones nacionales e internacionales.

4.3

El Comité señala que un factor muy importante y posiblemente decisivo que ha afectado a la aplicación y al desarrollo de la política industrial en las regiones transfronterizas de la Unión ampliada, tanto en la actualidad como en el pasado, es la capacidad de las partes interesadas de estas regiones para acceder a los recursos de los Fondos Estructurales de la UE. Potenciar el papel de los Fondos Estructurales en estas regiones es absolutamente indispensable tanto para mitigar los efectos de los procesos de transición intensiva como para ayudar a las regiones a adaptarse al carácter dinámico de las políticas utilizadas.

4.3.1

Sobre esta base, el Comité se remite a su dictamen (9) sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la creación de una agrupación europea de cooperación transfronteriza (AECT)», y hace especial hincapié en la necesidad de ampliar las disposiciones del Reglamento relativas al objetivo y la composición de la AECT añadiendo la frase «y los agentes económicos y sociales, así como otras organizaciones de la sociedad civil interesadas …».

4.3.1.1

Las personas jurídicas creadas tanto el marco de la AECT como de otros Fondos Estructurales deberían ser responsables de coordinar las distintas fuentes de financiación, así como de la preparación y realización de proyectos de financiación en apoyo de la política industrial en la región de que se trate. Tendrían acceso a esta financiación los representantes de las distintas partes interesadas de las regiones. La creación de estas entidades jurídicas podría representar un incentivo para la cooperación transfronteriza y proporcionar a estas regiones un mayor sentimiento de identidad, así como aumentar su deseo de armonizar sus reglamentaciones.

4.3.2

A la hora de crear y ejecutar proyectos subvencionados por los Fondos Estructurales, debería aprovecharse la oportunidad para combinar fuentes de financiación pública con fondos de inversores privados, sin clasificar la participación pública como ayuda prohibida. El criterio a seguir sería el del beneficio, no para la empresa, sino para la región –mediante la creación de empleo, el desarrollo de infraestructuras y la productividad de la economía.

4.4

El Comité considera que el desarrollo de los mercados de trabajo de las regiones afectadas representa un factor que no debe infravalorarse para el cambio industrial. Actualmente siguen existiendo obstáculos temporales a la movilidad de los trabajadores en la movilidad transfronteriza dentro de la UE. El Comité pide a los Estados miembros que examinen seriamente la posibilidad de poner fin más pronto a los períodos transitorios. Para ello es necesaria la correspondiente participación y consulta de los interlocutores sociales en todos los niveles relevantes.

4.4.1

A la hora de fomentar mejores condiciones para la movilidad de los trabajadores en las regiones transfronterizas, no deben olvidarse las posibles tensiones nacionales y étnicas que podrían surgir. La situación particular y la experiencia de aquellas regiones donde durante mucho tiempo ha existido la interacción de distintas culturas y nacionalidades demuestra que estos difíciles problemas deberían resolverse y aliviarse de manera más eficaz que en otras zonas. El diálogo social y el compromiso de la sociedad civil también pueden desempeñar un papel especialmente importante a la hora de resolver los problemas que afectan a las relaciones recíprocas entre distintas nacionalidades y grupos étnicos y culturales (10).

4.5

Las acciones relacionadas con los cambios estructurales dinámicos en las regiones transfronterizas deberían ser objeto de evaluación por expertos y de estudios científicos, realizados bajo los auspicios de sucesivas Presidencias de la UE, ya que las iniciativas espontáneas pueden revelarse ineficaces o incluso desestabilizadoras.

8.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/31

1.1

En 1999 entró en vigor el Tratado de Amsterdam. Uno de los objetivos de este Tratado es «mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y la lucha contra la delincuencia». (1)

1.2

Esto representó un hito revolucionario, al transferirse la política de migración desde el tercer pilar de la Unión Europea, basado en la cooperación intergubernamental, al primer pilar, cuyas políticas las inicia la Comisión Europea. El 1 de mayo de 2004 también marcó el comienzo de una nueva fase en materia de política de migración en los 25 Estados miembros, al extenderse aún más esta transformación gradual de política nacional a política colectiva.

1.3

El 17 de diciembre de 2005 la Presidencia británica logró alcanzar un acuerdo sobre las perspectivas financieras para 2007-2013, que constituyen el marco de las finanzas de la Unión para el próximo período. (2)

1.4

En la rúbrica «Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia», se garantiza la seguridad de los ciudadanos de la UE en los 25 Estados miembros con un gasto previsto en distintas iniciativas en ámbitos como la protección de las fronteras. Se espera que el gasto consignado en esta rúbrica aumente de manera importante en los próximos ocho años. No obstante, también existen iniciativas en materia de política social reflejadas en proyectos sociales como el Fondo europeo para los refugiados y el Fondo para la integración, destinados a mejorar la prestación de servicios a las poblaciones inmigrantes de los Estados miembros.

1.5

El Consejo Europeo de Salónica de 2003 también instó a que se explorasen «medios legales para que nacionales de terceros países emigren a la Unión, teniendo en cuenta la capacidad de acogida de los Estados miembros». (3)

1.6

Las deliberaciones sobre este asunto, y, en particular, la valoración de la capacidad de acogida de los distintos Estados miembros, deberán tener en cuenta no sólo la población, extensión geográfica e importancia económica del Estado de que se trate, sino también la población inmigrante existente y los actuales flujos migratorios. Estos parámetros, a su vez, no pueden valorarse correctamente sin la armonización de los metadatos estadísticos (normas relativas a la recogida de datos) entre los Estados miembros, a fin de garantizar la coherencia interna de las estadísticas a escala comunitaria.

1.7

La falta de armonización de las estadísticas es en parte el resultado de las diferencias existentes entre las definiciones de migración, que, a su vez, pueden estar relacionadas con diferencias en la legislación en materia de migración. Existen también ineficacias y deficiencias en la recogida de datos que obstaculizan la consecución y el desarrollo de una armonización gradual.

1.8

Además, la inmigración ilegal y el trabajo no declarado son un fenómeno habitual y tienden a aumentar, impulsados en parte por las restricciones impuestas en las vías legales para la migración legal. Esta migración no registrada es un ámbito en el que la medición estadística es más probable que sea inexacta. En este caso particular, el alcance y el método del cálculo estadístico pueden diferir en función de las distintas agencias nacionales de estadística, lo que hace que la armonización de metadatos entre los Estados miembros sea mucho más necesaria. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el problema de la subestimación del número de inmigrantes ilegales se suscitó en forma de debate sobre si las cifras del censo debían ajustarse utilizando datos relativos a residentes no censados recabados mediante técnicas de muestreo. También existen otros métodos distintos de las técnicas de muestreo que pueden aplicarse para la elaboración de estadísticas. Por ejemplo, en Francia, los entes locales participan en la recogida de datos.

1.9

El proyecto de Tratado Constitucional reconoce el «derecho de los Estados miembros a establecer volúmenes de admisión en su territorio de nacionales de terceros países procedentes de terceros países con el fin de buscar trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.» (4) El CESE ha expresado la opinión de que esta limitación constitucional no impide a la Unión lograr un alto nivel de armonización legislativa para la admisión de inmigrantes. El CESE ha destacado la necesidad de una política activa de la UE en materia de inmigración económica, así como de una legislación armonizada. (5)

1.10

El mayor desarrollo del marco jurídico relativo a la inmigración se justifica en parte por la realidad demográfica y la aplicación de la Estrategia de Lisboa. El CESE ha señalado que «la evolución demográfica en la Unión y la Estrategia de Lisboa indican que va a ser necesario que Europa disponga de políticas activas para la admisión de emigrantes económicos. Aunque cada país tiene sus propias necesidades y características, la apertura de vías para la inmigración económica es una característica común de todos los Estados miembros.» (6) La Unión Europea y los Estados miembros requieren una legislación que permita la inmigración laboral por vías legales y transparentes. El Comité reconoce que, aunque aquí se hace hincapié en el aspecto económico de la inmigración, este planteamiento es de por sí limitado y reconoce que los Estados miembros también necesitan adoptar políticas activas para la entrada de inmigrantes no económicos.

1.11

Los grandes flujos migratorios también traen consigo dificultades de ajuste en los países receptores, como resultado de la presión ejercida sobre los servicios públicos y también de las posibles consecuencias sobre las condiciones del mercado de trabajo. Estas consecuencias varían en función de la capacidad de absorción del país receptor. Una opinión pública informada de las implicaciones de los flujos migratorios requiere información estadística exacta que sea coherente en todos los Estados miembros. La exactitud estadística también puede contribuir a contrarrestar las tendencias xenófobas que pudieran existir en la opinión pública, tales como actitudes del tipo «los inmigrantes quitan puestos de trabajo a la población local» o «nos están invadiendo».

1.12

Una información estadística fiable puede ayudar a fomentar un marco jurídico común, que contribuiría a la protección de los derechos de los inmigrantes. El Comité insta a la Comisión a que haga hincapié en la importancia de la comparación e interpretación adecuadas de la información estadística a fin de evitar la interpretación errónea de los datos.

1.13

Puesto que los trabajadores inmigrantes representan una parte tan importante de la mano de obra, en la consecución del objetivo de la movilidad del mercado laboral en toda la UE han de tomarse en consideración las implicaciones de las restricciones al movimiento y al traslado de trabajadores inmigrantes procedentes de terceros países en el interior de los Estados miembros. Además, estos flujos dentro de la UE aliviarían las dificultades de ajuste que experimentan las comunidades receptoras de inmigrantes que cuentan con una capacidad de absorción más reducida.

1.14

El Comité parte de la base de que, para garantizar el respeto de los derechos humanos y la protección de la dignidad humana de todas las personas, todo proceso de recogida o procesamiento de datos personales por motivos estadísticos o cualquier otro uso oficial de datos personales recogidos de esta manera debería estar altamente protegido contra todo uso indebido de procedimiento u otras violaciones.

2.1

Una información estadística que refleje la situación política, social y económica, así como la actitud nacional de los países de la UE con respecto a la cuestión de la inmigración, puede influir y contribuir a la elaboración, análisis y revisión de la política de inmigración en estos países.

2.2

La exactitud de los datos estadísticos es muy importante para describir a las poblaciones inmigrantes de los Estados de la UE, incluyendo, entre otras cosas, su tamaño y otras características demográficas. El Comité insta a la Comisión a que haga hincapié en la necesidad de contar con datos estadísticos exactos en este ámbito, de modo que los Estados miembros reconozcan la importancia de este asunto y le destinen más recursos.

3.1

Han de tenerse en cuenta las características del panorama de la migración. En primer lugar, que prevalece la dirección migratoria este-oeste en búsqueda de mejores condiciones de vida. En segundo lugar, que hay más inmigrantes que llegan a los nuevos Estados miembros de la UE procedentes de terceros países, atraídos obviamente por las posibles ventajas resultantes de la pertenencia de estos países a la UE, con la bonificación añadida de utilizar estos países como trampolín hacia el Oeste. La información estadística sobre los patrones de funcionamiento de la migración es fundamental para que los Estados miembros puedan analizar los flujos migratorios pasados y actuales, así como predecir los futuros; y analizar el impacto sobre los aspectos demográficos, sociales y económicos y el potencial para los mismos, que, a su vez, influirán en las políticas desarrolladas en estos ámbitos.

4.1

La mayoría de los Estados miembros de la UE han desarrollado unas estadísticas minuciosas sobre los países de origen de los solicitantes de asilo. No obstante, siguen siendo muy necesarias unas estadísticas más detalladas, basadas en criterios coherentes, elaboradas entre los Estados miembros para futuras comparaciones transnacionales.

4.2

La propuesta de Reglamento relativa al establecimiento de un marco común para la recopilación y elaboración de estadísticas es especialmente necesaria en aquellos países donde ni siquiera existe una base central de datos sobre la inmigración y el asilo, y que cuentan solamente con las bases de datos propias de las distintas entidades.

4.3

Una de las funciones más importantes que desempeñan las estadísticas es la de su influencia sobre el desarrollo y la revisión de las políticas. Por ejemplo, cuando las estadísticas revelaron que había niños, menores no acompañados, mujeres embarazadas y personas con discapacidad entre la población de inmigrantes irregulares, se desarrollaron políticas nacionales para eximir de la detención a los «grupos vulnerables» y para los «menores no acompañados». Por lo tanto, el desglose más detallado de las estadísticas para obtener más información demográfica y socioeconómica, incluida la lengua hablada, en lugar de limitarse a las cifras de inmigrantes, tiene una repercusión sobre las políticas. Además, estas últimas pueden tener implicaciones para la integración de los inmigrantes en el mercado laboral.

4.4

La elaboración de estadísticas más precisas y completas permite hacer mejores proyecciones, y, en consecuencia, proporciona una plataforma para servir de base, por ejemplo, a la planificación futura de los recursos. Las estadísticas también proporcionan un instrumento sólido de apoyo para la asignación de recursos. Por ejemplo, si las estadísticas anuales muestran que un número constante de menores no acompañados están entrando en un país como inmigrantes irregulares, han de preverse o aumentarse los recursos necesarios para proporcionar instalaciones especiales de alojamiento y servicios de apoyo para este grupo.

4.5

La elaboración de unas buenas estadísticas contribuirá a garantizar que los servicios prestados respondan a las necesidades del usuario de los mismos; y a que la asignación de los recursos entre los Estados miembros pueda efectuarse de manera justa y proporcionada.

4.6

Además, un análisis comparativo de todas las leyes sobre inmigración aplicadas en la UE-25 ayudaría sin duda a la Comisión Europea a coordinar mejor la política de inmigración a nivel de la UE. Aunque la inmigración corresponde al pilar de Justicia y Asuntos de Interior, existe una presión creciente de los ciudadanos europeos, en particular en los países afectados por este fenómeno humano, para que este asunto se aborde a nivel de la UE. El objetivo de este análisis sería trabajar en favor de la armonización estadística, a fin de ayudar a que las políticas de la UE en materia de inmigración sean más coherentes.

4.7

La información y las encuestas estadísticas de calidad sobre las características de los inmigrantes ilegales ayudarían a los Estados miembros de la UE a analizar las causas subyacentes a la inmigración irregular. Entre estos datos se podrían incluir los antecedentes socioeconómicos de estos inmigrantes, su base de cualificaciones, sus aspiraciones y sus motivos para emigrar. Estas encuestas podrían conducir a mejorar el nivel de información de que se dispone sobre los inmigrantes y la organización de recursos tales como programas educativos y de formación para ellos. La recogida de datos estadísticos, tales como el número de inmigrantes informados sobre las solicitudes de protección internacional, el número de solicitudes presentadas, el número de concesiones y denegaciones de los distintos tipos de estatuto (artículo 4), también es imperativa en la elaboración de políticas relativas a la protección de los inmigrantes. La recogida y el tratamiento de los datos deberían confiarse al control de las autoridades públicas de los Estados miembros, dotándolas para ello de medios humanos bien cualificados y de herramientas adecuadas. Dichas autoridades podrían así garantizar la confidencialidad de los datos personales solicitados y la producción de informes anuales destinados a sus respectivos Parlamentos. La recogida de esta información y estos datos estadísticos exige un esfuerzo conjunto de los Estados miembros en la contratación de intérpretes profesionales que puedan comunicarse con los emigrantes a fin de recabar todos los datos necesarios para el éxito de la encuesta. Esta recogida de datos también ayudaría a los Estados miembros a aplicar políticas adecuadas. Los programas antes mencionados contribuyen a la integración de los inmigrantes en las sociedades de los Estados miembros, y se dispone de recursos para la recogida de datos relativos a los antecedentes sociales de los inmigrantes, entre otros criterios. Estos instrumentos estadísticos también ayudarían a entidades como el Observatorio Europeo en la protección de los derechos humanos.

4.8

También son necesarias estadísticas sobre los centros de detención y los centros abiertos que acogen a inmigrantes ilegales, para que la Comisión Europea pueda proponer algún tipo de política común sobre este asunto.

4.9

Los Estados miembros también deberían cooperar en la recogida de datos relativos a los puestos de trabajo (legales e ilegales) y a la vivienda de los inmigrantes. Estos datos proporcionarán a la UE-25 las tendencias que podrían conducir a la elaboración de políticas destinadas a mejorar la vida y las condiciones de estos trabajadores inmigrantes. Los Estados miembros deberían entonces garantizar la confidencialidad de los datos personales solicitados y crear los servicios competentes que elaboren los informes anuales destinados a sus Parlamentos.

4.10

Las estadísticas también podrían utilizarse en campañas de sensibilización e integración. Los datos estadísticos, en particular los relativos a los antecedentes sociales y educativos de los inmigrantes, podrían ayudar a los ciudadanos de la UE a integrar a estos inmigrantes. Por lo tanto, el Comité apoya a la Comisión en lo que se refiere al reconocimiento de la importancia de los datos sociales y educativos.

4.11

Las estadísticas relativas a los gastos de los países receptores derivados del control, la detención, el retorno y la integración de los inmigrantes también son muy importantes para que la UE-25 ayude a la creación de algún tipo de fondo y política comunes en materia de inmigración basados en la solidaridad. Las estadísticas también pueden contribuir a evaluar mejor las necesidades de financiación.

4.12

El Comité insta a la Comisión a que introduzca nuevos criterios en el registro de las entradas, que incluyan a los inmigrantes llegados por tierra, mar y aire, a fin de disponer de estadísticas más completas sobre la lucha contra la entrada y la estancia ilegal (artículo 5) y la mejora de las fuentes de datos y normas de calidad (artículo 9).

5.1

En los últimos años, Europa ha experimentado la afluencia de inmigrantes irregulares procedentes del África subsahariana y otros países africanos. Los inmigrantes irregulares y los solicitantes de asilo son con frecuencia personas que han huido de su país de origen para escapar de persecuciones por motivos de religión, raza y política, entre otros, así como de la guerra civil, la hambruna, la pobreza, las catástrofes naturales y por razones económicas. Muchos de ellos han presenciado el asesinato, la tortura, o el sufrimiento de otras atrocidades en miembros de sus familias, o han sido separados de ellos. Las experiencias vividas en sus viajes a menudo les traumatizan, les hacen vulnerables y necesitados de protección. Una información estadística de calidad sobre los motivos de la emigración puede identificar las causas de la inmigración y ayudar a seguir desarrollando y evaluando políticas en materia de asilo y tráfico de seres humanos.

5.2

Los países receptores de inmigrantes irregulares y todas las personas que vayan a trabajar con ellos han de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la legislación nacional relativa a la inmigración y a los refugiados, a fin de poder ofrecerles protección. Las fuerzas de seguridad (policía y ejército) de los países receptores están obligadas inicialmente a efectuar operaciones de rescate y salvamento y a proporcionar las condiciones mínimas de recepción previstas en la UE, ofreciendo tratamiento médico en caso necesario y determinando en la medida de lo posible el país de origen del inmigrante irregular, así como otros datos demográficos. El inmigrante también tiene el derecho fundamental a que se le informe sobre el procedimiento de solicitud de asilo. La recogida de datos estadísticos, tales como el número de inmigrantes informados sobre las solicitudes de protección internacional, el número de solicitudes presentadas, el número de concesiones y denegaciones de los distintos tipos de estatuto (artículo 4), también es imperativa en la elaboración de políticas relativas a la protección de los inmigrantes.

5.3

Los países receptores deberán respetar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos por ellos contraídas al convertirse en signatarios de convenios, declaraciones o tratados internacionales o regionales. La Unión Europea exige como parte de los requisitos centrales del Acervo que los Estados miembros hayan suscrito la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) de 1967. El documento fundamental que subyace a estos Convenios es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (NUDH), que incluye el derecho a solicitar asilo. La Convención sobre los Refugiados es una parte vital del marco de los derechos humanos internacionales. Han seguido otros convenios, incluidos el Convenio para la prevención de la tortura de 1984 y la Convención sobre los Derechos del Niño (7). Los Estados miembros también han de respetar las directivas de la UE, en particular la Directiva 2003/9/CE por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (8), 2004/83/CE por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (9) y 2005/85/CE sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar el estatuto de refugiado (10).

5.4

Por lo tanto, es indispensable que los países receptores respeten estos convenios para, en primer lugar, garantizar que se ofrezca una protección básica a los solicitantes de asilo, y que no se les expulse antes de que se haya examinado su solicitud de asilo y se haya determinado su estatuto humanitario, de refugiado u otro.

5.5

Los análisis comparativos de la aplicación por parte de los Estados miembros de las definiciones relacionadas con la inmigración que figuran en el artículo 2 y la aplicación del artículo 4 citado (ambos artículos de la fuente antes mencionada), contribuyen en gran medida a garantizar la protección internacional de los inmigrantes.

8.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/35

1.1

La propuesta de Reglamento trata de una cuestión cubierta por el artículo 65 del TCE, y su fundamento jurídico es el artículo 61c de este Tratado. Teniendo en cuenta las características específicas de las deudas alimentarias y su cobro transfronterizo, la propuesta respeta de manera adecuada los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, tanto de cara a las instituciones judiciales y las legislaciones nacionales como a las posibles partes procesales.

1.2

La materia en cuestión se refiere tanto al Derecho de la familia como al cobro de deudas, y en el plano social implica riesgos de empobrecimiento que también deben tomarse en consideración.

1.3

Asimismo, la propuesta responde a las exigencias de claridad y seguridad jurídica para las partes procesales, los terceros afectados y las administraciones implicadas. También garantiza la protección de los datos personales contra todo uso ajeno a la solución del litigio y el cumplimiento de las obligaciones del deudor.

1.4

El Comité aprueba la iniciativa legislativa de la Comisión, aunque con ciertas puntualizaciones, y expresa su satisfacción por los esfuerzos realizados en cuanto a la calidad de la legislación, en particular gracias a las consultas previas y al estudio de impacto preliminar, así como la calidad jurídica de la redacción. Asimismo, aprueba la opción del reglamento y el fundamento jurídico elegido, los más apropiados para armonizar un asunto cuando presenta un componente europeo, a pesar de las divergencias que puedan subsistir entre las diferentes legislaciones nacionales.

1.5

Son pocos los Estados miembros que han ratificado el Convenio de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimenticias, pero la mayoría (17 de 25) han ratificado el convenio referente a la ejecución de las resoluciones en la materia. No obstante, el mecanismo que permite emitir reservas y la posibilidad de oponer a priori a una resolución de otro país cláusulas de orden público interno pueden hacer imposible la aplicación de dicha resolución, aun cuando ésta proceda de otro Estado Parte. Esta situación interpone obstáculos a la libre circulación de las decisiones judiciales en el espacio comunitario, obstáculos que conviene suprimir.

1.6

Por todo ello, el Comité pide al Consejo que apruebe el Reglamento propuesto, que creará seguridad jurídica y ofrecerá a los acreedores de alimentos medidas prácticas de ejecución en un contexto transfronterizo, en el interés de los ciudadanos y las ciudadanas de Europa.

1.7

Por último, el Comité pide a los gobiernos del Reino Unido y la República de Irlanda que estudien la posibilidad de participar en este Reglamento (opt in), y solicita al gobierno de Dinamarca que facilite la ejecución de las resoluciones en materia de pensiones alimentarias, de conformidad con el Convenio de La Haya sobre la ejecución de las obligaciones de alimentos ratificado por ese país, y que examine la posibilidad de establecer con los otros países miembros una cooperación ad hoc cuando se le presente una solicitud en este sentido.

2.1.1

El programa de reconocimiento mutuo en materia civil, adoptado el 30 de noviembre de 2000, aboga por la supresión del procedimiento de exequátur en favor de los acreedores de alimentos, que ya se acogen al Reglamento «Bruselas I» (1) relativo al reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Este programa también prevé que puede resultar necesario establecer un número determinado de normas procesales comunes, en el marco de la armonización de los procedimientos, y hacer más eficaz la ejecución, en el Estado requerido, de las resoluciones judiciales dictadas en otro Estado miembro, en particular permitiendo identificar los datos sobre el patrimonio del deudor.

2.1.2

Además, el reconocimiento mutuo debe inscribirse en un marco de cooperación judicial entre los Estados miembros y requiere una armonización de las normas de conflicto de leyes.

2.1.3

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado prepara una modernización de los convenios vigentes y, de acuerdo con la Comisión, la iniciativa comunitaria y la emprendida a nivel internacional son complementarias. En efecto, la iniciativa de La Haya permitirá el desarrollo ulterior de una cooperación con terceros países y podría arrojar resultados que puedan transponerse ulteriormente en la UE.

2.2.1

La propuesta pretende suprimir todos los obstáculos que todavía persisten para el cobro de las deudas alimentarias en un Estado miembro de la Unión Europea por parte de un acreedor domiciliado en otro Estado miembro.

2.2.2

Se trata de permitir al acreedor obtener sin gastos un título ejecutivo directamente aplicable en todo el espacio judicial europeo, que le permita lograr el pago regular de las sumas adeudadas.

2.2.3

Resulta imprescindible disponer en la materia de un instrumento único, ambicioso y que cubra todos los ámbitos pertinentes de la cooperación judicial civil, ya que no existe un régimen unificado. Los conceptos de «alimentos» y «acreedor de alimentos» difieren de un país a otro, y la posible oposición a la ejecución de una resolución proviene de las reservas al Convenio de La Haya de 1973 (artículo 26), que hoy por hoy prevalece sobre el Derecho comunitario. Se propone que se suprima esta excepción –prevista en el artículo 71 del Reglamento «Bruselas I»– por medio de un instrumento ad hoc para el cobro de las deudas alimentarias.

2.3.1

Armonización de las normas de conflicto de leyes; si la ley aplicable está determinada por normas armonizadas, ello facilita la circulación de las resoluciones, que emanarán de un Derecho que presenta vínculos suficientes e innegables con la situación familiar del acreedor y el deudor.

2.3.2

Reconocimiento de la resolución y carácter directamente ejecutivo de ésta en todo el territorio de la Unión Europea.

2.3.3

Adopción, por parte del Estado de residencia del deudor, de medidas concretas de ejecución, incluido el acceso a la información sobre su situación económica y la instauración de los instrumentos jurídicos que permitan proceder a retenciones directas sobre los sueldos y las cuentas bancarias.

2.3.4

Refuerzo del carácter privilegiado de los créditos alimentarios; refuerzo de la cooperación judicial civil: a tal efecto, se adjuntan en anexo al Reglamento modelos uniformizados de documentos.

3.1

El Comité reconoce el carácter necesario y proporcionado de la propuesta de Reglamento específico sobre el cobro transfronterizo de las deudas alimentarias. En su calidad de ley específica, prevalece por encima de otras normativas generales en materia de cooperación civil y restaura la primacía del Derecho comunitario en un ámbito que hasta ahora había quedado excluido de él por voluntad de los Estados, sin por ello modificar las legislaciones nacionales de los Estados miembros.

3.2

Las modalidades previstas para determinar el patrimonio del deudor y efectuar retenciones garantizan el respeto del derecho a la vida privada y el carácter confidencial de los datos. No obstante, el deudor está en la obligación de notificar al acreedor y al órgano jurisdiccional de origen todo cambio de empleo o cuenta bancaria.

3.3

El Reglamento ofrece soluciones al acreedor de alimentos, sin desatender el derecho del deudor a impugnar la deuda o solicitar el reexamen del importe ante el órgano jurisdiccional de origen. La solicitud de reexamen tiene un efecto suspensivo sobre las medidas de ejecución.

3.4

El procedimiento de ejecución aplicado será el del Estado de ejecución, independientemente del origen de la decisión.

3.5

La publicación previa de un Libro Verde (2), la organización de consultas y reuniones de expertos y un estudio sobre la situación en cada Estado miembro han permitido la elaboración de una propuesta coherente, clara y bien concebida para su aplicación práctica, que debería hacer posible que se eliminen los obstáculos que persisten para el cobro transfronterizo de las deudas alimentarias.

8.8.2006   

ES

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C 185/37

1.1

El CESE evalúa positivamente y apoya los objetivos propuestos por la Comisión, si bien las medidas para la consecución de dichos objetivos son objeto de diferente valoración.

1.2

El CESE, en especial, expresa su reserva en cuanto a la pertinencia de las exenciones y excepciones previstas para la consecución efectiva de los objetivos fijados. Esto incluye, por una parte, las excepciones previstas en materia de transferibilidad y, por otra, los largos plazos transitorios aplicados para hacer efectiva la reducción del periodo de carencia.

1.3

El CESE señala que, ante todo, el objetivo de facilitar la movilidad y garantizar unos ingresos complementarios reales en la edad de la jubilación sólo podrá alcanzarse si se adaptan los distintos regímenes fiscales vigentes en los Estados miembros.

1.4

Cuando se efectúe la revisión de la propuesta de Directiva deberían tenerse en cuenta los aspectos siguientes:

2.1

La Comisión enumera los obstáculos que deben suprimirse:

La Comisión considera además que la movilidad puede mejorarse si los trabajadores son (mejor) informados de las consecuencias que entraña para los derechos de pensión complementaria.

2.2

La Comisión considera que esta propuesta es el resultado de un largo proceso de intercambio de información y experiencias al nivel europeo. No se han entablado negociaciones para la celebración de un acuerdo entre los interlocutores sociales debido a los puntos de vista divergentes en cuanto al contenido y a los instrumentos de una posible actuación comunitaria.

2.3

Con su propuesta, la Comisión pretende proporcionar principios comunes para la adaptación de las legislaciones de los Estados miembros en la materia, de conformidad con los artículos 42 y 94 del Tratado CE. Su propósito es asimismo procurar que las empresas no se vean perjudicadas al establecerse en otro Estado miembro, debido a la dificultad de contratar personal cualificado porque dicho personal esté retenido en otras empresas a causa de las normas que regulan los regímenes complementarios de pensión.

2.4

La Comisión justifica la elección de la Directiva como instrumento legislativo porque permite el equilibrio entre el derecho inalienable de los trabajadores a la libre circulación y la flexibilidad necesaria para que los legisladores nacionales puedan aplicar la ley teniendo en cuenta las especificidades nacionales de los regímenes complementarios de pensión.

3.1

La Directiva define los conceptos utilizados en este ámbito de acuerdo con las definiciones formuladas en la Directiva 98/49/CE.

3.2

La propuesta parte del principio de que las cotizaciones a un régimen complementario de pensión que hayan sido sufragadas por el trabajador o por el empresario en nombre del trabajador no deben perderse en caso de que cese la relación laboral, aunque dichas cotizaciones no den aún derecho al pago de una pensión futura. También es preciso garantizar que las cotizaciones puedan reembolsarse o transferirse.

3.3

Para garantizar que, en particular, los trabajadores jóvenes no pierdan sus derechos en caso de cambiar de empleo, la Comisión considera que la edad mínima para poder adquirir derechos de pensión complementaria no debe ser superior a los 21 años en todos los Estados miembros.

Además, el periodo de espera, es decir, el tiempo necesario después del establecimiento de una relación laboral para que un trabajador pueda afiliarse a un régimen complementario de pensión, no debe exceder de un año.

Del mismo modo, el denominado «periodo de carencia», es decir, el tiempo que debe transcurrir desde el comienzo del pago de cotizaciones hasta que éstas confieran derechos de pensión, no debe exceder de dos años.

3.4

La Comisión considera necesario prever un ajuste equitativo de los derechos de pensión latentes, dejando a los Estados miembros la elección de la forma y los instrumentos de este ajuste. Además, cuando los derechos adquiridos son de escaso valor, debe existir la posibilidad de que los regímenes complementarios de pensión, además de ser transferidos, se reembolsen siempre que no excedan de un determinado límite máximo (fijado por los Estados miembros).

3.5

Con el fin de fomentar la movilidad y evitar sus desventajas, es importante facilitar la transferencia de los derechos adquiridos en el régimen complementario de pensión de una relación laboral al de la nueva relación laboral. Eso supone también que la transferencia no cause perjuicios económicos debidos a cálculos divergentes o a unos costes demasiado elevados.

3.6

Corresponde al trabajador decidir si desea transferir sus derechos o conservarlos en el régimen de su antigua relación laboral.

3.7

Conforme a la propuesta de Directiva, los trabajadores que lo soliciten deben ser informados en un plazo razonable de las consecuencias que tendría para los derechos de pensión complementaria el cese de la relación laboral.

3.9

Además, las cajas de apoyo, las empresas que constituyan provisiones en el balance con vistas al pago de una pensión a sus empleados y los regímenes de reparto pueden quedar exentos por un periodo de tiempo ilimitado de la obligación de transferibilidad. La Comisión debe ser informada de las razones concretas de esta exención. El Estado miembro en cuestión debe comunicar las medidas adoptadas o previstas para garantizar la transferibilidad. También está previsto examinar a más tardar en 2018 si es necesario adoptar nuevas medidas para mejorar la transferibilidad de estos regímenes.

4.1

En vista de que las posiciones de los interlocutores sociales acerca del alcance y el contenido de una legislación europea en la materia eran demasiado divergentes, no se recurrió a la posibilidad de celebrar un acuerdo entre los interlocutores sociales prevista en el artículo 139 del TCE.

4.2

No obstante, la CES, la UNICE y el CEEP reconocen en el preámbulo del acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada que «es necesario introducir innovaciones en los sistemas de protección social del trabajo, para adaptarlos a las condiciones actuales y, en especial, para prever la posibilidad de transferencia de derechos».

4.3

De este modo se pone de manifiesto la voluntad unánime de responder a la necesidad de adaptar los fundamentos jurídicos de la adquisición y conservación de los derechos de pensión complementaria. Aunque el contexto del trabajo de duración determinada no es el mismo que el que rige para la libre circulación de trabajadores, las partes del acuerdo reconocen que las condiciones de empleo evolucionan y que ello hace necesario adaptar los regímenes profesionales de protección social.

4.4

Esto, por otra parte, está en consonancia también con el importante papel que corresponde desempeñar a los interlocutores sociales en la organización de los regímenes complementarios de pensión en la mayoría de los Estados miembros. Pero ya que las medidas de los interlocutores se restringen (o deben restringirse) al ámbito nacional, el procedimiento elegido por la Comisión de adopción de una directiva es adecuado.

4.4.1

El contenido detallado de los regímenes de pensión complementaria debería decidirse al nivel de los Estados miembros, a través también de convenios colectivos entre los interlocutores sociales. Por consiguiente, al nivel europeo las disposiciones sobre las condiciones necesarias para la adquisición de estos derechos deberían centrarse en los principios y ofrecer orientaciones a las medidas nacionales, dejando a los interlocutores sociales un margen suficiente para la negociación colectiva.

4.4.2

Convendría sustituir el artículo 4 de la Directiva por el texto siguiente: «Cuando se requieran condiciones particulares para la adquisición de derechos, como una edad mínima y períodos de espera o períodos de carencia, tales condiciones deberán ser equitativas y estar justificadas de manera objetiva (y no discriminatoria)».

4.5

Todo cambio de relación laboral puede tener un impacto negativo en la adquisición de derechos de pensión complementaria y en su cuantía.

Esto puede influir en la decisión de los trabajadores de cambiar o no de empleo, si bien hay numerosos factores que intervienen en tal decisión.

4.6

Debido sobre todo a la evolución demográfica, las prestaciones del régimen de pensión obligatorio en el futuro ya no serán suficientes para garantizar el mantenimiento del nivel de vida, incluso en los Estados miembros donde el régimen de jubilación obligatorio sigue siendo la principal fuente de ingresos en la vejez. Por eso, cada vez cobran más importancia los regímenes complementarios, aunque también puedan verse influidos negativamente por la evolución demográfica.

4.7

Teniendo en cuenta el objetivo fundamental del mercado interior, que es garantizar la libre circulación de personas, así como la necesidad de mejorar las condiciones generales de los regímenes complementarios de pensión, cabe evaluar positivamente el planteamiento de la Comisión de contribuir a reducir los obstáculos a la movilidad que se derivan de estos regímenes.

4.8

Por otra parte, el Consejo tiene la obligación, conforme al artículo 40 del Tratado CE, de adoptar, «mediante directivas o reglamentos, las medidas necesarias a fin de hacer efectiva la libre circulación de los trabajadores». De este modo el artículo 42, que es el fundamento jurídico de la propuesta, se ve reforzado por el artículo 40.

4.9

Para cumplir con el objetivo fundamental de la Estrategia de Lisboa, consolidar el Espacio Económico Europeo mediante la instauración de una sociedad del conocimiento, reviste gran importancia también la reducción de los obstáculos a la movilidad. La sociedad del conocimiento es la condición previa del desarrollo socioeconómico, así como su principal factor de productividad. Está basada en la innovación y en la capacidad de imaginación de los ciudadanos. Para consolidarla, es necesario que se produzca un intercambio permanente de conocimientos y experiencias. La movilidad de los trabajadores puede contribuir sustancialmente a este objetivo. Además, garantizar la cohesión social forma parte igualmente de la Estrategia de Lisboa. Por ello es preciso apoyar también desde ese punto de vista los objetivos de la propuesta de Directiva de la Comisión.

4.10

Cabe observar, por otra parte, que el Reglamento no 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, ya abordaba el problema de cómo superar los obstáculos en el ámbito de las pensiones. Se trataba de uno de los primeros instrumentos de política social destinados a reducir los obstáculos o las consecuencias negativas de la libre circulación. En este sentido, la propuesta de la Comisión se inscribe en la misma línea de esta política, sobre todo porque existe una laguna reglamentaria en los regímenes complementarios de pensión que hay que colmar, dada su importancia para asegurar el nivel de vida en la edad de la jubilación.

4.11

Las medidas adoptadas para reducir los obstáculos a la movilidad se producen en el momento justo, habida cuenta que la Comisión Europea ha declarado 2006 como «Año europeo de la movilidad de los trabajadores».

4.12

Los regímenes complementarios de pensión difieren según los Estados miembros, por lo que es lógico suponer que sólo mediante un marco europeo puede haber una aproximación gradual de estos diversos sistemas a fin de facilitar el paso de un régimen a otro.

4.13

Aunque esta es la situación que existe al nivel europeo, con vistas a homogeneizar las condiciones de vida y de trabajo parece poco pertinente armonizar las disposiciones que regulan la movilidad transfronteriza sin ocuparse de las que regulan la movilidad dentro de un Estado miembro. Por esta razón parece procedente seguir el planteamiento de la Comisión de reducir los obstáculos a la movilidad de los trabajadores tanto al nivel transfronterizo como a escala nacional.

4.14

La propuesta de Directiva, no obstante, omite regular un ámbito esencial, el de la armonización de los sistemas de fiscalidad de los regímenes complementarios de pensión, en el cual la disparidad de los tratamientos fiscales en los Estados miembros representa un serio obstáculo a la movilidad, puesto que puede producirse una doble imposición a los trabajadores (sobre las cotizaciones y sobre las prestaciones). Ello se debe a que la inclusión de la fiscalidad exigiría la aprobación del Consejo por unanimidad, con el riesgo de desembocar en el bloqueo de la directiva. Por lo tanto, la Comisión intentó abordar el aspecto de la fiscalidad mediante la Comunicación de 19 de abril de 2001 y, en la actualidad, ha iniciado procedimientos de infracción contra algunos Estados miembros. El Comité considera que, sin esta actuación de la Comisión, no se alcanzará el objetivo de mejorar la portabilidad de los derechos de pensión complementaria.

5.1

Todo hace suponer que un largo periodo de espera, un periodo de carencia prolongado hasta la obtención de derechos de pensión y una edad mínima elevada para el acceso a estos derechos pueden influir negativamente en la decisión de cambiar de empleo.

Por consiguiente, la Comisión actúa en la dirección correcta con su propuesta de reducir el periodo de espera y la edad de acceso a los derechos, así como el periodo de carencia establecido hasta la adquisición de los derechos. En este sentido, cabría concebir las medidas escogidas como un primer paso hacia el objetivo de la supresión total de los obstáculos a la movilidad.

5.2

No obstante, hay que considerar también los efectos que la propuesta puede causar en especial en los regímenes complementarios de pensión voluntarios financiados por los empresarios. En efecto, cabe tener en cuenta la objeción de que estas medidas pueden entrañar un aumento de los costes financieros, lo cual puede poner en peligro la voluntad de mantener en vigor tales regímenes.

5.3

Las cotizaciones voluntarias financiadas por el empresario constituyen también un importante instrumento de la política de recursos humanos. Teniendo en cuenta las condiciones demográficas cambiantes y la creciente necesidad de mano de obra especializada, desde el punto de vista de la «competencia para captar a las mejores mentes», puede ser de interés para los empresarios conceder derechos de pensión desde una fase temprana y tras un breve periodo de empleo. Además, los derechos de pensión no son sino un instrumento más, entre otros muchos, de la política de recursos humanos en la que predomina la protección social. Por otra parte, períodos de espera y de carencia más largos recompensan la fidelidad del trabajador a la empresa y aumentan así el período de permanencia en ella.

5.4

Asimismo, hay que tener en cuenta en líneas generales que la relación entre los regímenes complementarios de pensión financiados (exclusivamente) por los empresarios y los financiados por las cotizaciones de los trabajadores ha evolucionado de forma variable según los Estados miembros. A fin de tener en cuenta estas diferencias, cabría prever posibilidades diferenciadas para los Estados miembros en función de la financiación de sus diversos regímenes.

5.5

Merece destacarse expresamente la propuesta de la Comisión de reducir los obstáculos a la competitividad para las empresas que quieran establecerse en otros Estados miembros, ya que los largos periodos de espera y una edad mínima elevada para el acceso a los derechos retienen al personal en otras empresas y, en consecuencia, frenan la movilidad.

5.6

La Comisión, por otra parte, tiene en cuenta la necesidad de realizar una adaptación progresiva al prever la posibilidad de prolongar los periodos transitorios previstos para aplicar las disposiciones sobre el periodo de carencia.

5.7

En lo que respecta al mantenimiento de los derechos de pensión latentes, es innegable que la obligación de ajustar estos derechos puede aumentar el coste financiero de los regímenes complementarios de pensión.

No obstante, este aspecto depende en gran medida del tipo de cotización que se financie. Si se trata de un régimen de cotizaciones definidas, el ajuste de los derechos latentes tiene poco sentido, ya que el valor del capital acumulado depende de la evolución de los mercados de capitales y de los rendimientos. Sin embargo, esto podría tener consecuencias negativas para los regímenes de prestaciones definidas, puesto que ya no se están pagando cotizaciones.

5.8

Con todo, dada la función de la pensión complementaria –completar adecuadamente los derechos de los regímenes de pensión obligatorios–, la adaptación parece necesaria. La redacción actual de la propuesta, no obstante, tendrá escaso poder vinculante para obligar a los Estados miembros a adoptar las medidas pertinentes, y también los ejemplos que figuran en el séptimo considerando deben considerarse únicamente como sugerencias. Tampoco está claro si la valoración de la lealtad a la empresa como motivo para una adaptación diferenciada o la obligación de adaptar los pagos, y no los derechos de pensión, corresponden a la propuesta que hace la Comisión de una adaptación «equitativa».

5.9

La posibilidad de no transferir los derechos que no excedan de un determinado límite máximo –que debe fijarse según la práctica nacional– y, en lugar de ello, rembolsarlos parece pertinente.

5.10

No obstante, la decisión de reembolsar o de conservar los derechos adquiridos incumbe exclusivamente a los regímenes complementarios de pensión. Ahora bien, incluso los derechos considerados de escaso valor según las disposiciones generales pueden ser de gran interés para el trabajador individual como fuente complementaria de sus ingresos al alcanzar la edad de la jubilación. Por tanto, un reembolso efectuado contra su voluntad podría disuadirle eventualmente de cambiar de empleo.

5.11

El CESE suscribe los objetivos de la propuesta de la Comisión con respecto a la transferibilidad de los derechos de pensión complementaria. El CESE, en particular, se felicita de que la Comisión no se limite a presentar propuestas exclusivamente destinadas a mejorar esta transferibilidad, sino que, adoptando un enfoque global, se proponga reducir los obstáculos a la movilidad existentes en los regímenes de pensión complementaria.

5.12

En lo que respecta a las disposiciones previstas en materia de transferibilidad de los derechos, cabe valorar positivamente la propuesta de la Comisión de que la transferencia no cause perjuicios económicos al trabajador. Esto está en consonancia con el objetivo que persigue la Directiva. En efecto, en caso de duda, el trabajador sólo optará por la transferencia y, en consecuencia, por la movilidad si puede realizar la transferencia sin sufrir un perjuicio económico.

5.13

Del mismo modo, cabe señalar que, en lo que respecta a la mejora de las disposiciones sobre la obligación de informar, las propuestas concretas formuladas están en consonancia con el objetivo de la Directiva, aunque hay que tener presente que esta obligación debe valorarse en función de las posibilidades concretas, sobre todo en el caso de las pequeñas empresas.

5.14

No obstante, cabe formular una objeción: el apartado 1 del artículo 6, en conjunción con la definición del artículo 3 f), podría interpretarse en el sentido de que solamente los trabajadores que cambian de empleo por voluntad propia pueden beneficiarse de la transferibilidad de los derechos de pensión. Ahora bien, esto perjudicaría considerablemente a los trabajadores que cesan en el empleo a causa de un despido. Por lo tanto, y también con vistas a cumplir el necesario objetivo de evitar la pobreza en la vejez, parece pertinente incluir en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 6 todas las formas de cambio de empleo.

5.15

Por otra parte, iría en contra del objetivo principal de la Directiva que determinados regímenes complementarios de pensión por principio puedan quedar excluidos de las disposiciones en materia de transferibilidad. Aunque los Estados miembros deben informar a la Comisión de las medidas que tomen para incluir también estos regímenes, esto no es probablemente suficiente habida cuenta del debate entablado desde hace años a este respecto y de la necesidad urgente de construir un segundo pilar estable para los regímenes de jubilación. Por otra parte, dada la diversidad de regímenes en los Estados miembros, no es de prever que la propuesta de la Comisión suscite aceptación si no se establecen periodos transitorios adecuados. Por ello, sería necesario prever plazos y objetivos concretos.

8.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/42

—

promover el diálogo intercultural como instrumento que ayuda a los ciudadanos europeos, y a todos los que residen en la Unión Europea de forma permanente o temporal, a adquirir los conocimientos, las competencias y las aptitudes que les permitan desenvolverse en un entorno más abierto, aunque también más complejo, y superar las posibles dificultades que les impidan aprovechar las oportunidades que les ofrece una sociedad dinámica y pluralista, no sólo en Europa, sino también en el resto del mundo;

—

sensibilizar a los ciudadanos europeos, y a todos los que viven en la Unión, ante la importancia de desarrollar una ciudadanía europea activa y abierta al mundo, respetuosa de la diversidad cultural y basada en los valores comunes de la Unión Europea de respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la no discriminación, la solidaridad, los principios de democracia y el Estado de Derecho, y en el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.

—

aumentar la visibilidad de todos los programas y acciones de la Comunidad que contribuyan al diálogo intercultural;

—

poner de relieve la aportación de nuestros diferentes patrimonios culturales a nuestro modo de vida; sensibilizar a los ciudadanos europeos y a los que viven en la Unión Europea, en particular a los jóvenes, de la importancia de buscar medios para, a través del diálogo intercultural, alcanzar una ciudadanía europea activa y abierta al mundo, respetuosa de la diversidad cultural y fundada en los valores comunes de la Unión Europea;

—

contribuir a la innovación y a la dimensión horizontal e intersectorial de las iniciativas destinadas a promover el diálogo intercultural, en particular ante los jóvenes.

2.1

El Comité expresa su satisfacción por el hecho de que el concepto de «ciudadanía europea activa» mencionado en la propuesta de Decisión no se refiera solamente a los ciudadanos de la Unión Europea conforme al artículo 17 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, sino a todas las personas que residan de forma permanente o temporal en la Unión Europea.

2.2

El Comité valora positivamente que la propuesta de Decisión también persiga reforzar la cooperación con terceros países por medio del diálogo intercultural.

2.3

El Comité acoge favorablemente el hecho de que el diálogo intercultural se considere un instrumento de cooperación para reforzar la estabilidad y la democracia estableciendo relaciones de asociación, tanto dentro como fuera de la Unión.

2.4

El Comité valora positivamente que la propuesta de Decisión favorezca, o incluso refuerce, la armonización y coordinación de las acciones y programas destinados a aplicar las estrategias comunes de las instituciones europeas, ya que, debido a las diferencias culturales, la actividad y la cooperación de las distintas instituciones a nivel comunitario, nacional, regional y local se caracterizan por la falta de uniformidad y por la existencia de divergencias y diferencias en cuanto a la eficacia y los resultados. Si las culturas europeas mantuvieran realmente un diálogo permanente que les permitiera expresar su identidad, se dinamizaría el funcionamiento y mejoraría la eficacia y los resultados de las distintas instituciones comunitarias a nivel nacional, regional y local.

2.5

El Comité expresa su satisfacción por el hecho de que todas las personas puedan no sólo reconocer, sino también aprovechar y vivir el patrimonio cultural europeo, gracias al desarrollo de la enseñanza, la innovación, la igualdad de oportunidades para todos, el fomento del diálogo intercultural a escala comunitaria y la coordinación del diálogo en los Estados miembros.

2.6

El Comité acoge favorablemente que la cooperación entre los Estados miembros durante el Año del diálogo intercultural favorezca el cumplimiento de los objetivos comunitarios, y apoya, por tanto, que el año 2008 se declare «Año europeo del diálogo intercultural».

2.7

El CESE propone que se aproveche el Año europeo del diálogo intercultural para no interpretar en términos exclusivamente «étnicos» o «culturales» las diferencias, las desigualdades, las contradicciones y los conflictos que aparentemente son de origen económico, social, medioambiental y político, sino que se procure evitar los conflictos identificando las razones subyacentes, aceptando nuestra diversidad cultural y empleando como instrumento el diálogo intercultural.

2.8

Para ello, y de acuerdo con sus dictámenes y con su dictamen adicional sobre la dimensión social de la cultura, «el CESE insiste […] en que la Unión Europea debe ser un espacio de autorreflexión, de interrogación de unos a otros de las políticas culturales de cada uno de los Estados miembros: un espacio propicio para una nueva reflexión cultural sobre la cultura. La preparación del Año del diálogo intercultural (2008) debería brindar a la Comisión Europea la ocasión de presentar un informe muy detallado sobre la magnitud real de este diálogo, los obstáculos persistentes o nuevos que afronta y las nuevas hipótesis que podrían formularse con vistas a su verdadera profundización. El CESE está dispuesto a contribuir, especialmente mediante el tratamiento del tema» dimensión social de la cultura «, […] a la elaboración de tal informe»  (1).

3.1

Gracias a su estructura de órgano consultivo ante el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, el CESE ha forjado vínculos especiales entre las culturas europeas. Sus miembros son verdaderos europeos porque respetan los valores y las culturas de los distintos interlocutores sociales, los tienen en cuenta de manera equilibrada a la hora de elaborar sus dictámenes y toman decisiones consensuadas en interés de los ciudadanos europeos (2).

3.2

Por su cooperación activa y sus actividades a nivel comunitario, nacional, regional y local, los miembros del CESE representan, promueven y ponen en práctica el diálogo intercultural en el seno de la sociedad civil.

3.3

El CESE llama la atención del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre el hecho de que la propuesta de la Comisión no mencione explícitamente el respeto de las culturas de terceros países y su diversidad, ya que para la definición de sus objetivos se refiere al artículo 151 del Tratado (obligación de respeto mutuo de los Estados miembros). Aunque conviene excluir toda injerencia reglamentaria por parte de la Unión Europea, la Comisión Europea y las otras instituciones deben pedir a los Estados miembros que promuevan el respeto de la diversidad cultural y favorezcan el diálogo pacífico entre las distintas culturas.

3.4

Nuestra época, desgraciadamente, se caracteriza cada vez más por las tensiones resultantes de los conflictos entre las distintas culturas y religiones, y su aparición hace que debamos tener presente la necesidad de integrar el respeto mutuo de las distintas culturas en el Tratado. Estos conflictos y tensiones llevan a reflexionar sobre la necesidad de que la Unión Europea se plantee de manera coherente el objetivo del respeto mutuo de las distintas culturas. En este período de «crisis de la conciencia europea» y de conflictos interculturales, la promoción de los valores culturales europeos puede interpretarse como una señal de optimismo y confianza en el futuro de la Unión. Por esta razón la Unión Europea debe comprometerse a desarrollar el diálogo cultural y religioso con los demás pueblos, recurriendo, por ejemplo, al turismo cultural (3).

3.5

El diálogo intercultural debe basarse principalmente en fomentar el respeto de las distintas culturas, costumbres y tradiciones de los ciudadanos que viven en el territorio de la Unión.

3.6

La creciente movilidad de los ciudadanos de la UE y el número cada vez mayor de trabajadores inmigrantes, a quienes siguen con frecuencia sus correspondientes familias o parientes, sugieren la necesidad de emprender una acción encaminada a promover el respeto de las culturas y tradiciones distintas de las consolidadas en Europa: esta tarea debería ser llevada a cabo por las instituciones europeas y los Estados miembros, en el marco de sus funciones de coordinación.

3.7

El CESE propone, sobre la base de los documentos de la UNESCO antes citados, que se potencie el Observatorio europeo del racismo y la xenofobia, de manera que constituya un órgano de coordinación a escala comunitaria que facilite la integración cultural de decenas de millones de ciudadanos inmigrantes en interés del reconocimiento y respeto mutuos de las distintas culturas.

3.8

El CESE lamenta que entre los instrumentos para alcanzar los objetivos fijados en la propuesta no se prevea la creación de un medio de comunicación de ámbito comunitario, una cadena de radio o televisión que emitiría en todas las lenguas de los ciudadanos europeos. Sin embargo, a raíz del Plan de acción en materia de comunicación y de su «Plan D de democracia, diálogo y debate», la Comisión ha publicado su «Libro blanco sobre una política de comunicación europea», y en cada uno de estos documentos hace hincapié en el diálogo con los ciudadanos europeos. Los medios de comunicación privados, tanto electrónicos como escritos, no bastan por sí solos para lograr plenamente los objetivos comunitarios.

3.9

En varios de sus dictámenes, el CESE ya expresó sus reservas en lo que respecta a la financiación de los proyectos, la consecución de los objetivos fijados en el marco del concepto muy útil de Año europeo, o el hacer que adquieran carácter permanente de modo equilibrado (4).

Por otra parte, el propio proyecto de los Años europeos requiere una evaluación para determinar cómo suscitar y atraer la atención del público, y cómo conseguir y mantener el equilibrio con las exigencias de sostenibilidad; porque es imposible garantizar la puesta en marcha y el seguimiento de estos programas que se establecen sobre una base anual, ya que no se garantizan los fondos correspondientes para los años siguientes y se observan desequilibrios en el cumplimiento de los objetivos. Por ello, la cuestión es cómo esta Decisión puede garantizar a todos los ciudadanos y a sus instituciones el reconocimiento y la aceptación mutua de las distintas culturas con objetivos establecidos sólo para un año.

3.10

Es indudable que los objetivos del Año de la igualdad de oportunidades para todos y del Año del diálogo intercultural, así como la ciudadanía activa y la democracia participativa contempladas en la estrategia de comunicación de la Comisión Europea, no pueden lograrse por medio de distintos programas anuales; por tanto, conviene armonizar los programas y el empleo de los recursos para que estos objetivos puedan cumplirse a más largo plazo o incluso de manera permanente.

3.11

El CESE duda que sea posible cumplir los objetivos prioritarios con el presupuesto propuesto. Éste se destina en su mayor parte a apoyar las acciones a escala comunitaria, con lo que cabe preguntarse si las ocho manifestaciones previstas no son desproporcionadas con relación al cumplimiento de los objetivos fijados. Esto hace que el apoyo de las iniciativas locales de los ciudadanos resulte también aleatorio.

3.12

El CESE propone que la Comisión elabore indicadores no sólo cuantitativos sino también cualitativos para evaluar el cumplimiento de los objetivos del Año europeo, habida cuenta de las numerosas formas de diálogo intercultural. El CESE se compromete a colaborar en estos trabajos como representante de la sociedad civil.

3.13

El CESE propone la elaboración de una enciclopedia de la cultura europea sobre la base de los acontecimientos y acciones del Año europeo del diálogo intercultural 2008, que serviría a su vez de fundamento a un manual de las culturas europeas que, a su vez, podría servir de base al desarrollo de la ciudadanía europea. La recopilación de las mejores prácticas y el manual serían indispensables para promover la integración de los trabajadores inmigrantes y sus familias.

4.1

El CESE apoya la Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural («La riqueza cultural del mundo es su diversidad dialogante»)  (5) y los objetivos fijados en la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales (6) y, en particular, el objetivo de «fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el espíritu de construir puentes entre los pueblos».

4.2

Entre los objetivos del Año europeo del diálogo intercultural, uno de los valores más destacados del patrimonio cultural europeo es la representación de los sentimientos humanos en las distintas formas de expresión artística. El conocimiento y la aceptación de las distintas culturas es indisociable del conocimiento, la admisión y la aceptación de los sentimientos y valores del otro. Si el principal destinatario es la juventud, es especialmente importante tener muy presente un desarrollo emocional sano, y por eso debemos apoyar las iniciativas que contribuyan al desarrollo de una conciencia multicultural.

4.3

El CESE suscribe la propuesta de instituir un Día del diálogo intercultural, cuya fecha podría corresponder a la fijada por la UNESCO para el Día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo, el 21 de mayo. En ese día, las instituciones comunitarias podrían conceder un premio simbólico a los centros de enseñanza y a las organizaciones de la sociedad civil que se hubieran distinguido en la instauración y aplicación del diálogo intercultural. Este día podría constituir una ocasión de celebrar actos solemnes.

4.4

La participación de las organizaciones de la sociedad civil, de los centros de enseñanza y de los ciudadanos europeos es determinante para el fomento del diálogo intercultural. Por esta razón, el CESE acogería muy favorablemente la creación de un premio, incluso simbólico (por ejemplo, los ganadores tendrían la posibilidad de utilizar el logotipo del Día del diálogo intercultural) para recompensar a los ciudadanos europeos, organizaciones de la sociedad civil y centros de enseñanza que se hayan distinguido en la promoción del diálogo intercultural a través de iniciativas cuyo objeto sea hacer comprender a los jóvenes que es importante que los miembros de la sociedad respeten mutuamente las tradiciones y los valores culturales del otro, no sólo a nivel local, regional y nacional, sino también a escala comunitaria.

4.5

El CESE comparte la opinión de la Comisión y el Parlamento Europeo de que los jóvenes deben ser los principales destinatarios de las iniciativas en favor de la promoción del diálogo intercultural. Sin embargo, llama la atención de las instituciones europeas sobre la necesidad de no descuidar a las generaciones de más edad.

5.1

Para alcanzar de manera más eficaz los objetivos fijados en la propuesta de Decisión, el CESE hace hincapié en la conveniencia de armonizar y uniformar los objetivos y el conjunto de los instrumentos con los del Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) y del Plan D de democracia, diálogo y debate.

5.2

Dada la diversidad de las iniciativas destinadas a fomentar el diálogo intercultural emprendidas por los distintos Estados miembros, el CESE considera que las instituciones europeas deberían crear un órgano de coordinación encargado de la armonización, promoción y difusión de estas iniciativas.

5.3

Entre las iniciativas interculturales de éxito conviene citar el programa Leonardo, que promueve la dimensión europea de la formación apoyando el desarrollo de iniciativas innovadoras en este ámbito, y los proyectos realizados en el marco de asociaciones internacionales (7), la Fundación Anna Lindh (8) y EuromedCafé (9), que promueve el diálogo intercultural entre la UE y los países de la región mediterránea.

5.4

Teniendo en cuenta la globalización de la vida económica, la propuesta de Decisión pretende promover la armonización y coordinación de la diversidad cultural, a fin de crear el valor añadido y la energía necesaria para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa renovada.

5.5

El CESE desearía colaborar con las ONG en:

Sobre la base de lo mencionado supra, formulará una propuesta en un dictamen de iniciativa.

8.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/46

1.1

El CESE apoya las medidas propuestas por la Comisión Europea en el plan de acción en materia de discapacidad 2006-2007.

1.2

El CESE considera que el seguimiento de la Directiva relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación debería seguir siendo una prioridad en el periodo cubierto por el plan de acción.

1.3

El CESE insta a la Comisión a que proponga una Directiva específica sobre la discapacidad tras un proceso que incluya un estudio de viabilidad sobre el desarrollo de una legislación no discriminatoria en el nivel europeo.

1.4

La falta evidente de acciones concretas en la estrategia europea de empleo es el indicio más palpable del insuficiente grado de compromiso por parte de la UE. La estrategia europea de empleo era uno de los principales bancos de pruebas para medir el grado de compromiso de la UE y de los Estados miembros con el plan de acción en materia de discapacidad. Ninguno ha pasado la prueba. Los objetivos revisados de la estrategia europea de empleo deberían reforzar la integración de la discapacidad en las directrices de empleo y en los programas nacionales de reforma.

1.5

La UE debe comprometerse con el principio de integración de la discapacidad en iniciativas tales como:

1.6

El CESE lamenta la falta de interés en las medidas adoptadas por los Estados miembros para integrar la dimensión de la discapacidad en la elaboración de las políticas nacionales. La fuerza del plan de acción en materia de discapacidad se basa en el interés de los Estados nacionales por asumir los principios del plan.

1.7

El CESE insta también a las instituciones europeas a que tengan en cuenta y hagan suyos los objetivos del plan de acción en materia de discapacidad en el nivel europeo. Un mayor esfuerzo en la comunicación interna y una mayor sensibilización deberían dar lugar a una mejor visibilidad de la discapacidad a la hora de elaborar las políticas europeas.

1.8

Las organizaciones europeas como el Foro europeo de las personas con discapacidad y otras ONG representativas deberían continuar su trabajo con el apoyo que supone el marco del nuevo programa Progress.

1.9

Para la agenda futura, el CESE insta a la Comisión a que preste atención a los siguientes temas específicos:

2.1

El CESE ha acogido con gran interés la Comunicación (2).

2.2

Los objetivos del plan de acción europeo (3), adoptado en 2003 como plan de acción plurianual 2004-2010, son la integración de la dimensión de la discapacidad en todas las políticas comunitarias pertinentes y la realización de acciones concretas con vistas a potenciar la integración de las personas con discapacidad en las sociedades europeas.

2.2.1

La prioridad de la primera fase del plan de acción europeo es lograr el acceso de las personas discapacitadas al mercado de trabajo, la utilización de las TIC y la accesibilidad a los edificios públicos.

2.2.2

Las acciones prioritarias de la segunda fase del plan de acción europeo se centran en la participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad, el acceso a servicios de apoyo, asistencia y salud de calidad, el fomento de la accesibilidad de bienes y servicios y el aumento de la capacidad de análisis.

2.3

El plan de acción europeo prevé un informe bienal sobre la situación general de las personas con discapacidad en el que se revisen los objetivos y se analice la situación de las personas con discapacidad en el período de referencia.

2.4

El CESE lamenta que finalmente el informe bienal se haya transformado en una breve Comunicación; la primera parte de la Comunicación es el informe bienal que cubre el período 2004-2005 y en la segunda parte se expone el plan de acción para la segunda fase, 2006-2007.

2.4.1

La información que figura en los anexos de la Comunicación es de gran interés para la evaluación. No obstante, el CESE lamenta el carácter limitado de esta información, puesto que el análisis no tiene en cuenta todas las iniciativas que están llevándose a cabo en la UE. Los Estados miembros hubieran debido aportar más información sobre el cuestionario que les remitió la Comisión Europea para elaborar el informe.

2.4.2

El CESE lamenta que la información facilitada en los anexos no haya sido traducida todavía a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea, aparte del inglés.

2.5

Las personas con discapacidad constituyen el 10 % de la población, un porcentaje que va incrementándose debido al envejecimiento de nuestras sociedades. Esto significa que hay más de 50 millones de personas con discapacidad en la Unión Europea ampliada (4).

2.6

Las personas con discapacidad, hombres y mujeres, jóvenes de ambos sexos, constituyen un grupo diverso y heterogéneo. Esta diversidad debería tenerse en cuenta en todos los niveles del desarrollo de las políticas.

2.7

El CESE se ha pronunciado siempre resueltamente en favor de la plena integración de las personas con discapacidad y ha instado a que se elabore una directiva específica sobre la discapacidad (5).

2.8

El CESE formuló recomendaciones específicas en el Dictamen sobre el plan de acción 2004-2006 (6). El CESE reconoce que algunas de las recomendaciones formuladas fueron tenidas en cuenta, aunque, lamentablemente, muchas otras no lo fueron, en particular el llamamiento para elaborar una directiva específica sobre la discapacidad y la integración de la discapacidad en la estrategia europea de empleo.

2.9

El CESE analiza este plan de acción a la luz de las negociaciones en curso sobre la Convención de las Naciones Unidas para proteger y promover los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad (7).

3.1

El CESE coincide en señalar la importancia de los objetivos seleccionados para la segunda fase del plan de acción.

3.2

El CESE considera que la Comisión Europea debería aplicar un planteamiento social a la discapacidad cuando aborda este asunto en diferentes documentos, lo que permitiría fomentar la utilización de un lenguaje más neutro e integrador en el ámbito amplio de la discapacidad. La traducción del inglés de algunos de los documentos elaborados por la Comisión utiliza un lenguaje que no está plenamente de acuerdo con el planteamiento social de la discapacidad.

3.3

El CESE comparte la preocupación de la Comisión por lo que respecta a la falta de estadísticas fiables sobre las personas con discapacidad, algo necesario para el desarrollo futuro de las políticas en este ámbito. En la actualidad, los estudios que se realizan cubren únicamente a las personas con discapacidad que están activas o empleadas, pero no a la mayoría de los ciudadanos con discapacidad (personas que viven en instituciones, niños).

3.4

El CESE expresa su preocupación por la gran diferencia que existe entre la tasa de empleo de las personas sin discapacidad y la tasa de empleo de las personas con discapacidad. Eurostat confirmó en 2003 que la tasa de actividad de los trabajadores con discapacidad es muy inferior: el 78 % de las personas con discapacidades más graves entre 16 y 64 años están fuera del mercado de trabajo, en comparación con el 27 % de las personas que no sufren discapacidad. Incluso entre las personas que se cuentan entre la población activa, la tasa de desempleo es casi dos veces superior entre las personas con discapacidades más graves, en relación con las personas sin discapacidad. Sólo el 16 % de los que deben hacer frente a restricciones en el trabajo cuentan con algún tipo de asistencia para el trabajo (8).

3.5

En algunos aspectos, el CESE no está del todo de acuerdo con algunas de las razones que se apuntan en el informe de la Comisión para explicar que la tasa de inactividad sea dos veces más elevada entre las personas con discapacidad, en relación con el resto de la población. El argumento de la denominada «trampa de las prestaciones» (9) es una motivación incompleta que pone toda la responsabilidad del lado de las personas con discapacidad.

3.5.1

Detrás de estas estadísticas negativas hay obstáculos más complejos, como la reticencia de los empresarios, los puestos de trabajo no adaptados, el acceso desigual al mercado de trabajo, la falta de asistencia para poder tener una vida independiente (asistencia personal o dispositivos de ayuda), la discriminación presente en el transporte, la educación, el acceso a bienes y servicios, a las TIC, etc. Aunque un 43,7 % de los encuestados con discapacidad creen que podrían trabajar si dispusieran de la asistencia adecuada, en realidad en estos momentos sólo un 15,9 % de ellos reciben dicha asistencia (10).

3.5.2

Por consiguiente, el CESE considera que toda revisión de los sistemas de seguridad social, así como de los regímenes de contratación, debería tener en cuenta la complejidad de las razones por las que una persona con discapacidad no puede acceder y mantenerse en el mercado de trabajo (11).

3.6.1

El CESE valora positivamente que la Comisión Europea haya dado pasos importantes en el seguimiento de la transposición y la aplicación de la Directiva relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (Directiva sobre el empleo) (12). El seguimiento debería llevarse a cabo en colaboración con los interlocutores sociales y las ONG representativas. El CESE está persuadido de que la Directiva sobre el empleo, que prohíbe la discriminación en el empleo por una serie de razones, incluida la discapacidad, constituye una obligación legal y no un mero derecho a «emprender una acción legal», y de que la Comisión tiene que desempeñar un papel fundamental como guardiana de la aplicación en la práctica de la Directiva.

3.6.2

El CESE no comparte la afirmación de la Comisión Europea sobre la visibilidad de la discapacidad en la estrategia europea de empleo (EEE) (13). La integración de los aspectos relativos a la discapacidad en la EEE se ha reducido bastante y prueba de ello es que esta dimensión ha sido olvidada en los programas nacionales de reforma.

3.6.3

El Comité ya ha expresado su apoyo al Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo  (14) y a las excepciones para las ayudas estatales por la incorporación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo.

3.6.4

El CESE insta resueltamente a los interlocutores sociales a que den nuevos pasos encaminados a la contratación de personas con discapacidad. En 2004, los interlocutores sociales presentaron un informe sobre sus iniciativas en este ámbito (15).

3.6.5

El CESE también respalda las iniciativas del Fondo Social Europeo para la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. La iniciativa EQUAL ha sido muy útil en la promoción de la igualdad de las personas con discapacidad. El nuevo marco del Fondo Social Europeo debería tener en cuenta algunos principios olvidados en la legislación actual, como el principio de accesibilidad y de diseño para todos en los proyectos financiados por el FSE.

3.6.6

El CESE se congratula de que la Comisión Europea haya lanzado un programa de acción comunitario para luchar contra la discriminación (16).

3.6.7

El CESE considera que otras iniciativas como la «Cumbre de la igualdad» y el Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) tienen que ir seguidas de políticas, decisiones de carácter político y leyes significativas.

3.6.8

El CESE lamenta que las organizaciones de personas con discapacidad en el nivel nacional hayan sido, por lo general, excluidas de la elaboración de los programas nacionales de reforma. La revisión de la Agenda de Lisboa debería reforzar la participación de la sociedad civil a fin de alcanzar más eficazmente sus objetivos.

3.6.9

El CESE considera que el diálogo con la sociedad civil, los interlocutores sociales y las ONG representativas, tanto en el nivel nacional como en el europeo, es importante para garantizar la eficiencia de las estrategias de empleo. La participación de los representantes de las ONG activas en el ámbito de la discapacidad tienen una importancia fundamental.

3.7.1

El CESE emitió recientemente un Dictamen sobre el Año Europeo de las personas con discapacidad en el que pedía a la Comisión Europea que evaluara en su futuro informe bienal sobre la situación de las personas con discapacidad el seguimiento de los compromisos políticos adquiridos durante el Año Europeo, y, en particular, el seguimiento de las resoluciones del Consejo sobre empleo, educación, «accesibilidad electrónica» y cultura, y que elaborara recomendaciones para la inclusión de las preocupaciones relativas a la discapacidad en el método abierto de coordinación dentro de la Estrategia de Lisboa (17).

3.7.2

El CESE acoge con satisfacción la buena práctica que supone el reglamento sobre los pasajeros aéreos en el que se ponen de manifiesto los beneficios del proceso de integración.

3.7.3

El Comité valora positivamente los resultados (18) en el marco de la accesibilidad de las TIC para las personas con discapacidad y otras iniciativas ulteriores (19). Existen otras áreas en las que podrían realizarse algunos progresos, como por ejemplo, las telecomunicaciones, a través de un marco regulatorio, y la radiodifusión televisiva.

3.7.4

El CESE considera que el Fondo Social Europeo es un instrumento de la Unión Europea para promover sus principios, y en su programación y en la legislación deberían incluirse la no discriminación y la accesibilidad. La discapacidad debería constituir un tema transversal de los Fondos.

3.7.5

El CESE está preocupado por los diferentes niveles de protección de los derechos de las personas con discapacidad en la UE. El alcance de la protección y de los derechos de un individuo dependen de su lugar de residencia.

3.7.6

El Comité también expresa su preocupación por el hecho de que algunos aspectos de la discriminación de las personas con discapacidad están siendo descuidados o no se abordan de forma eficiente en el informe sobre la primera fase del plan de acción en materia de discapacidad: por ejemplo, el impacto de la discriminación por discapacidad debería analizarse desde varias perspectivas, tales como el sexo, el origen racial o étnico, la religión o las convicciones, la edad o la orientación sexual  (20), o el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente.

El CESE considera que la discapacidad no es un factor determinante exclusivo de las personas con discapacidad y que otras circunstancias pueden también afectar o tener consecuencias en la calidad de su vida cotidiana.

4.1

La Comisión Europea ha aprobado un nuevo conjunto de objetivos para la segunda fase. El CESE se congratula de que los objetivos sigan abordando los principales problemas a los que deben hacer frente las personas con discapacidad.

4.2

El CESE no comparte la afirmación de que «la incorporación de los aspectos relacionados con la discapacidad ha sido un éxito en algunas áreas, como el empleo, las TIC o la educación (eLearning)». Ello contradice algunas de las afirmaciones que se recogen en el Informe conjunto sobre la integración social, en el que se reconoce que «en el contexto de unos resultados económicos desiguales en el mejor de los casos, no se ha producido una mejora significativa de la situación». Se demuestra claramente que la revisión de la estrategia de Lisboa «detectó un vacío entre los objetivos europeos comunes y las políticas establecidas para abordarlos» (21).

4.3

El CESE considera que el Grupo de Alto Nivel sobre Discapacidad de la UE es muy importante para la aplicación del plan de acción en materia de discapacidad y, por lo tanto, debería reforzarse. El Grupo debería producir resultados concretos y recomendaciones para su adopción por el Consejo de la Unión Europea.

4.3.1

El CESE apoya sin reservas la inclusión del Foro europeo de las personas con discapacidad y otras organizaciones europeas que trabajan específicamente en este ámbito en los debates del Grupo de Alto Nivel sobre Discapacidad a fin de garantizar la participación del movimiento que agrupa a este tipo de asociaciones en la determinación de las políticas destinadas a los ciudadanos europeos con discapacidad.

4.4

El CESE se congratula de que la Comisión Europea esté dando los pasos necesarios para abrir un procedimiento de infracción contra los Estados miembros que todavía no han concluido la transposición de la Directiva relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (2000/78/CE) en sus legislaciones nacionales o no la han aplicado adecuadamente (22).

4.5.1

La segunda fase del plan de acción en materia de discapacidad se centra en la integración activa de las personas con discapacidad y en profundizar en la noción ciudadana de discapacidad (23). Esta noción ciudadana implica que las personas con discapacidad han de tener las mismas opciones individuales y el mismo control sobre su vida cotidiana que las demás.

4.6.1

En un dictamen anterior, el CESE señaló que las personas con discapacidad no se mencionan en la nueva Estrategia de Lisboa renovada (24).

4.6.2

El CESE advierte que aumentar la tasa de empleo y de actividad de las personas con discapacidad no es posible sin mejorar las condiciones de trabajo y sin luchar contra la discriminación en ámbitos como la educación, el transporte, las TIC, el acceso a bienes y servicios, etc.

4.6.3

El CESE considera que en la revisión de los objetivos de la estrategia europea de empleo hay que tener en cuenta la integración de la dimensión de la discapacidad en el resto de las políticas. Si no es así, seguirá reduciéndose considerablemente la protección de la discapacidad.

4.6.4

Los Fondos Estructurales europeos contribuirán notablemente a la integración si adoptan el principio de no discriminación y de accesibilidad para las personas con discapacidad. El nuevo período de programación de los Fondos Estructurales tiene que evitar la creación de nuevas barreras arquitectónicas y fomentar una utilización más integradora de los recursos.

4.6.5

El nuevo Reglamento de la Comisión Europea de exención por categorías relativo a las ayudas en favor del empleo y a las ayudas a la formación tiene que crear un sistema equitativo que fomente la participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. La nueva revisión debería simplificar los procedimientos a fin de facilitar el acceso de los empresarios a las ayudas destinadas a sus empleados con discapacidad.

4.6.6

Las empresas de la economía social pueden contribuir de forma valiosa a la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo.

4.7.1

El CESE coincide con la Comisión Europea en destacar la importancia de este tema.

4.7.2

El CESE considera que toda acción que promueva la mejora de la vida de las personas con discapacidad en las sociedades europeas debería basarse en derechos humanos fundamentales:

4.7.3

Por consiguiente, el CESE valora positivamente que la Comisión garantice su apoyo a la vida independiente, a la desinstitucionalización y a la no segregación de las personas que viven en grandes instituciones de alojamiento.

4.7.3.1

El CESE pide a la Comisión que garantice que todas las partes interesadas en la noción de vida independiente, como las autoridades públicas nacionales, las organizaciones que representan a las personas con discapacidad y la UE, participen activamente en el proceso.

4.7.3.2

Tener una vida independiente no implica sólo vivir realmente en sociedad, sino también participar con plenos derechos en la sociedad. La vida independiente significa la plena participación en todos los aspectos de la sociedad.

4.7.3.3

El CESE considera que toda medida de revisión de los servicios de asistencia debería promover la vida independiente para las personas con discapacidad. En la nueva estrategia de asistencia a largo plazo y en la nueva estrategia de protección social debería incluirse un objetivo específico de desinstitucionalización y de desarrollo de alternativas basadas en la vida en comunidad. Estas alternativas deberían incluir iniciativas como asistentes personales, dispositivos de asistencia, servicios de apoyo, información, acompañamiento, participación de personas con discapacidad en los propios servicios de prestación de asistencia, etc.

4.7.4

El CESE insta a que se mejoren las normas sobre la calidad de los servicios que se ofrecen a las personas con discapacidad. Estas normas deberían elaborarse en cooperación con las organizaciones de las personas con discapacidad. Todo modelo de apoyo y de servicios de asistencia debería basarse en la calidad, la continuidad, la accesibilidad y la sostenibilidad financiera.

4.7.5

El método abierto de coordinación en materia de salud debería tener también en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y sus derechos fundamentales de acceso a los servicios.

4.8.1

El CESE acoge con satisfacción el Reglamento relativo a los pasajeros aéreos con movilidad reducida y las iniciativas en el ámbito del transporte en general (transporte ferroviario, autobuses y transporte marítimo) y del turismo, ya que facilitarán la libre circulación de las personas con discapacidad.

4.8.2

El acceso a las nuevas tecnologías es fundamental para salvar la fractura digital en las sociedades europeas. La UE debe garantizar que los proyectos del 7o Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico fomenten la investigación sobre nuevas tecnologías, dispositivos de asistencia y el principio de diseño para todos en los bienes y servicios.

4.8.3

El CESE considera que en las actuales negociaciones de la Directiva sobre los servicios en el mercado interior, las necesidades de los consumidores discapacitados deberían ser tenidas en cuenta cuando se hable de acceso a bienes y servicios en la UE.

4.8.4

El CESE recomienda a la Comisión Europea que la futura Comunicación sobre los servicios de interés general en Europa tenga en cuenta los principios de continuidad, accesibilidad, normas de calidad europeas y sostenibilidad financiera.

4.9.1

La Unión Europea debe tener la capacidad de analizar la situación de las personas con discapacidad.

4.9.2

El CESE considera que deberían recopilarse datos más fiables y comparables sobre las personas con discapacidad. Las actuales estadísticas de la UE incluyen análisis basados en el género y la edad. Para analizar la situación de las personas con discapacidad y el desarrollo de las políticas futuras es fundamental que en el nivel comunitario se lleve a cabo un desglose general de los datos estadísticos.

4.9.3

Hay que fomentar una investigación académica en la que se preste especial atención a las necesidades expresadas por las personas con discapacidad y en la que se analice en profundidad la discriminación múltiple.

8.8.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 185/52

1.1

El Comité Económico y Social Europeo lamenta que las directrices estratégicas 2007-2013 de la política de cohesión se hayan presentado un año después de las propuestas de programación presupuestaria y de los reglamentos relativos a los Fondos Estructurales para el mismo período, en vez de haberlas presentado simultáneamente o incluso antes. En estas condiciones, las directrices estratégicas tienen más bien el carácter de orientaciones complementarias, y no el de las verdaderas orientaciones que deberían ser.

1.2

El desfase es tanto más lamentable cuanto que estas directrices estratégicas se necesitan imperiosamente para abordar los múltiples y complejos retos de la cohesión entre 2007 y 2013: acompañamiento de las ampliaciones de la UE, consolidación del euro y recuperación del retraso en la aplicación de la Estrategia de Lisboa ante la aceleración de la globalización. La Unión Europea cuenta con activos para hacer frente a las dificultades de un crecimiento insuficiente, las notables disparidades entre Estados miembros y un presupuesto comunitario demasiado limitado, pero son más potenciales que concretos (consolidación del mercado único ampliado, infraestructuras de futuro y reformas de adaptación).

1.3

El CESE considera que no se explican los vínculos entre las prioridades de las directrices estratégicas y los objetivos de los Fondos Estructurales y que las condiciones de aplicación deberían ser más precisas. Así, por ejemplo, la primera prioridad, destinada a mejorar el atractivo para las inversiones, plantea la cuestión esencial del necesario refuerzo de la confianza en el desarrollo mismo de la Unión. La segunda prioridad, que se refiere al fomento de la innovación y la iniciativa empresarial, plantea la cuestión de la persistente inadecuación de los medios comunitarios (bloqueo de la patente comunitaria, lagunas del estatuto jurídico europeo para las empresas e intervenciones de los Fondos demasiado restringidas a las subvenciones). La tercera prioridad, destinada a crear más empleo, plantea la cuestión de la recuperación del retraso en la aplicación de la Estrategia de Lisboa y de la optimización, todavía lejana, del funcionamiento económico y social del mercado único, frente a las presiones de la globalización.

1.4

El CESE, al igual que el Parlamento Europeo, manifiesta su preocupación por la escasez del presupuesto comunitario programado por el Consejo Europeo de diciembre de 2005 para 2007-2013: su limitación al 1,045 % de la renta nacional bruta (lo que representa un 0,36 % para el presupuesto de cohesión) hace que se sitúe en un nivel inferior al existente antes de la ampliación de 15 a 25 Estados miembros, a pesar de que los retos de las disparidades internas y de la competencia internacional han aumentado de forma considerable. Por consiguiente, la pregunta básica a la que deben responder las directrices estratégicas 2007-2013 de la política de cohesión es si se puede hacer mejor con menos medios. Para dar una respuesta, el CESE recomienda diversificar los medios de la política de cohesión, concentrar más sus intervenciones y modernizar sus formas de gestión.

1.5

El CESE recomienda una diversificación de los medios de la política de cohesión mediante una ingeniería innovadora de intervenciones financieras de la Unión Europea.

1.5.1

Los Fondos Estructurales deberían poder recurrir a instrumentos distintos de las subvenciones y desarrollar, en relación directa con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), préstamos, bonificaciones, garantías para deudas y apoyos basados en el capital inversión y capital riesgo.

1.5.2

Esta redistribución, en una escala mucho más amplia que el programa JEREMIE únicamente, crearía un efecto multiplicador de las intervenciones de los Fondos y mejoraría la complementariedad con la inversión de capitales públicos y privados, de forma que se paliaría la modicidad del presupuesto.

1.5.3

Con tal fin, el CESE defiende un aumento sustancial de las capacidades de préstamo y garantía crediticia de la Unión, una asociación reforzada con el sector bancario y financiero, así como las adaptaciones correspondientes en los nuevos reglamentos de los Fondos Estructurales. Estas tres condiciones requerirían que la Comisión Europea presente propuestas urgentes al respecto.

1.6

El CESE recomienda que se concentren más las intervenciones de los Fondos Estructurales en función de los intereses prioritarios de Europa.

1.6.1

Ello supone, además del apoyo directo a los Estados y regiones más necesitados, que debe mantenerse e intensificarse, el refuerzo, con la participación de la cooperación pública y privada, de la financiación de las redes transeuropeas de infraestructuras y de la ayuda a las regiones fronterizas.

1.6.2

A tal fin, el CESE pide una revaluación significativa del presupuesto de las redes transeuropeas, que se dejó de lado en la programación de diciembre de 2005, a pesar de los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

1.6.3

También implica que las ayudas comunitarias se utilicen más para ayudar a los Estados miembros a cumplir mejor las orientaciones, decisiones y compromisos comunitarios, desde la transposición de las directivas hasta la aplicación de la Estrategia de Lisboa. En concreto, debería reevaluarse el presupuesto de ayudas a la formación, que también quedó relegado en diciembre de 2005.

1.7

El CESE, por último, recomienda que se modernicen las formas de gestión de la política de cohesión para incrementar la transparencia y la interactividad.

1.7.1

Ello requiere que las ayudas comunitarias, al igual que en el caso de las ayudas nacionales, justifiquen su plena compatibilidad con la política europea de competencia.

1.7.2

Asimismo, es necesaria una mayor participación de los agentes de la sociedad civil organizada, ante todo los interlocutores sociales, en la elaboración, gestión y seguimiento de la política europea de cohesión.

1.7.3

Con tal fin, el CESE pide que la participación de los agentes socioprofesionales sea objeto de disposiciones explícitas integradas en las directrices estratégicas. Las condiciones de su aplicación en cada uno de los Estados miembros deberían precisarse en un anexo de los documentos de programación y de revisión.

2.1

La Comunicación que la Comisión adoptó el 5 de julio de 2005 sobre las directrices estratégicas 2007-2013 de la política de cohesión completa una serie de propuestas anteriores.

2.1.1

Las perspectivas financieras comunitarias 2007-2013, presentadas el 17 de febrero de 2004, fueron calculadas a partir de una tasa del 1,14 % de la renta nacional bruta (RNB).

2.1.2

Las propuestas de Reglamentos por los que se modifican las disposiciones de los Fondos Estructurales (FEDER, FSE y Fondo de Cohesión) para el período 2007-2013 fueron presentadas el 14 de julio de 2004 (1) y en ellas la Comisión propuso asignar a los Fondos tres objetivos:

2.1.2.1

un objetivo de convergencia, en sustitución del actual Objetivo no 1, destinado a las regiones menos desarrolladas de la Unión, fundamentalmente las que tienen un PIB inferior al 75 % de la media de la UE, al que se asignaría un 78,54 % de los recursos de los Fondos;

2.1.2.2

un objetivo de competitividad regional y empleo, en sustitución del actual Objetivo no 2, destinado a las demás regiones de la UE, especialmente para apoyar la aplicación de la Estrategia de Lisboa y la mejora del empleo, que recibiría un 17,22 % de los recursos de los Fondos;

2.1.2.3

un objetivo de cooperación territorial europea en sustitución del actual programa Interreg y que recibiría el 3,94 % de los recursos de los Fondos.

2.1.3

La Comisión también presentó el 14 de julio de 2004 una propuesta de estatuto de agrupación europea de cooperación transfronteriza, destinado a facilitar estas iniciativas intracomunitarias (2).

2.2

La Comisión, al presentar el 5 de julio de 2005 las directrices estratégicas para la política de cohesión 2007-2013, destacó tres prioridades con un contenido diferente del de los objetivos de intervención de los Fondos Estructurales ya citados, aunque los recogen:

2.2.1

la primera prioridad de las directrices estratégicas es mejorar el «atractivo» con vistas a las inversiones;

2.2.2

la segunda prioridad de las directrices estratégicas se refiere al fomento de la innovación y la iniciativa empresarial;

2.2.3

la tercera prioridad de las directrices estratégicas apoya la creación de empleo.

2.3

Estas directrices estratégicas deben aplicarse mediante marcos nacionales estratégicos de referencia, que establecerán más adelante la Comisión, los Estados miembros y las regiones.

2.4

La presentación de las directrices estratégicas constituye el último aspecto pendiente para un debate de conjunto sobre la política de cohesión 2007-2013. De todas formas, habría sido más lógico que la Comisión iniciara el debate sobre la política de cohesión con la presentación de estas directrices estratégicas, destinadas a establecer un marco político general, en vez de iniciarlo con las propuestas de reglamento sobre los Fondos, que deberían constituir las disposiciones de aplicación. Si no existe una mejor estructuración mutua, que garantice a las directrices estratégicas un papel orientativo claro y no una función de acompañamiento, se corre el riesgo de diluir el valor añadido de la política europea de cohesión y de fomentar una renacionalización de las estrategias de desarrollo, que sería muy perjudicial para la coherencia, la competitividad y la eficacia económica y social de la Unión.