—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2005)0214) (1),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 251, el apartado 2 del artículo 47 y los artículos 55 y 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0155/2005),

—

Visto el artículo 51 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A6-0270/2005),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.

Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

—

Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2005)0158) (1),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 80 y la primera frase del primer párrafo del apartado 2 del artículo 300 del Tratado CE,

—

Visto el primer párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0177/2005),

—

Vistos el artículo 51 y el apartado 7 del artículo 83 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0258/2005),

1.

Aprueba la celebración del acuerdo;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Bulgaria.

—

Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2005)0159) (1),

—

Vistos el apartado 2 del artículo 80 y la primera frase del primer párrafo del apartado 2 del artículo 300 del Tratado CE,

—

Visto el primer párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0173/2005),

—

Vistos el artículo 51 y el apartado 7 del artículo 83 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0259/2005),

1.

Aprueba la celebración del acuerdo;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Croacia.

—

Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2005)0106) (1),

—

Visto el artículo 12 del Reglamento (CE) no 297/95 del Consejo, de 10 de febrero de 1995 (2), conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0137/2005),

—

Visto el artículo 51 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A6-0264/2005),

1.

Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.

Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3.

Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.

Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(4 bis)

Con el fin de respetar el principio de proporcionalidad, los medicamentos en los que los principios activos hayan tenido en la Comunidad un uso médico bien establecido durante al menos diez años deben beneficiarse de una tasa anual reducida.

—

Vista la propuesta de Reglamento del Consejo (COM(2005)0187) (1),

—

Vistos el artículo 37 y el apartado 2 del artículo 300 del Tratado CE,

—

Visto el primer párrafo del apartado 3 del artículo 300 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0154/2005),

—

Vistos el artículo 51 y el apartado 7 del artículo 83 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Pesca y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Desarrollo (A6-0260/2005),

1.

Aprueba la propuesta de Reglamento del Consejo en su versión modificada y aprueba la celebración del Protocolo;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la Unión de las Comoras.

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de 19 de julio de 2004 sobre los acuerdos de cooperación pesquera,

(2 bis)

Es importante mejorar la información facilitada al Parlamento Europeo. Para ello, la Comisión debería elaborar un informe anual sobre la aplicación del Acuerdo;

—

Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marios Matsakis, transmitido por el Fiscal General de la República de Chipre, con fecha de 20 de septiembre de 2004, y comunicado en el Pleno del 13 de octubre de 2004,

—

Vista la carta comunicada en el Pleno del 14 de octubre de 2004, en la que Marios Matsakis ponía en tela de juicio la competencia del Fiscal General para presentar un suplicatorio de suspensión de su inmunidad,

—

Vistas las dos cartas que confirman la competencia del Fiscal General para presentar un suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de un diputado chipriota al PE, enviadas al Presidente del Parlamento Europeo por el Representante Permanente de la República de Chipre el 13 de octubre de 2004 y el 10 de febrero de 2005,

—

Vista la carta enviada por el Presidente del Tribunal Supremo de Chipre el 16 de junio de 2005,

—

Tras haber oído a Marios Matsakis, de conformidad con el apartado 3 del artículo 7 de su Reglamento,

—

Vistos el artículo 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el apartado 2 del artículo 6 del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

—

Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de 10 de julio de 1986 (1),

—

Vistos los artículos 83 y 113 de la Constitución de la República de Chipre,

—

Vistos el apartado 2 del artículo 6 y el artículo 7, en particular su apartado 4, de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0268/2005),

1.

Toma nota de que, de conformidad con los artículos 83 y 113 de la Constitución de la República de Chipre, el Fiscal General de la República de Chipre es la autoridad competente para presentar un suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de un diputado al Parlamento Europeo;

2.

Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Marios Matsakis a condición de que dicha suspensión se aplique únicamente a efectos del ejercicio de la acción penal en cuestión, sin que pueda adoptarse contra el Sr. Matsakis, mientras no recaiga sentencia firme, medida alguna de detención, prisión o cualquier otra que le impida ejercer las funciones propias de su mandato como diputado al Parlamento Europeo;

3.

Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente al Fiscal General de la República de Chipre.

—

Vista la iniciativa de la República Francesa, de Irlanda, del Reino de Suecia y del Reino Unido (8958/2004) (1),

—

Vista la letra b) del apartado 2 del artículo 34 del Tratado UE,

—

Visto el apartado 1 del artículo 39 del Tratado UE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0198/2004),

—

Visto el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre el fundamento jurídico propuesto,

—

Vistos los artículos 93, 51 y 35 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0174/2005),

1.

Rechaza la iniciativa de la República Francesa, de Irlanda, del Reino de Suecia y del Reino Unido;

2.

Pide a la República Francesa, a Irlanda, al Reino de Suecia y al Reino Unido que retiren su iniciativa;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de la República Francesa, de Irlanda, del Reino de Suecia y del Reino Unido.

—

Visto el proyecto del Consejo (14203/2004) (1),

—

Vista la propuesta modificada de la Comisión al Consejo (COM(2002)0326) (2),

—

Vista su posición de 20 de septiembre de 2001 (3),

—

Vista la letra d) del punto 1 del primer párrafo del artículo 63 del Tratado CE,

—

Visto el artículo 67 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0200/2004),

—

Vistos el artículo 51, el apartado 4 del artículo 41 y el apartado 3 del artículo 55 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0222/2005),

1.

Aprueba la propuesta del Consejo en su versión modificada;

2.

Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el apartado 2 del artículo 250 del Tratado CE;

3.

Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.

Se reserva el derecho de interponer recurso ante el Tribunal de Justicia con objeto de verificar la legalidad de la propuesta y su compatibilidad con los derechos fundamentales;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1 bis)

Todo Estado miembro debe contar con un marco jurídico nacional global sobre asilo que respete, al menos, la protección básica establecida por la legislación internacional en materia de asilo;

(2)

El Consejo Europeo, en su sesión especial en Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el estatuto de los refugiados, una vez completada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 («Convención de Ginebra»), afirmando así el principio de no devolución y garantizando que ninguna persona sufra de nuevo persecución .

(2)

El Consejo Europeo, en su sesión especial en Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el estatuto de los refugiados, una vez completada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 («Convención de Ginebra»), afirmando así el principio de no devolución y garantizando que ninguna persona sea devuelta a países o territorios en los que su vida o sus libertades puedan verse amenazadas.

(3 bis)

El Consejo Europeo, en la reunión celebrada en La Haya los días 4 y 5 de noviembre de 2004, confirmó el enfoque adoptado en Tampere y acordó establecer, antes de 2010, un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme para las personas a las que se concede el asilo o la protección subsidiaria.

(5)

El objetivo principal de la presente Directiva es introducir un marco regulador mínimo en la Comunidad Europea relativo a los procedimientos para conceder y retirar la condición de refugiado.

(5)

El objetivo principal de la presente Directiva es introducir un marco regulador mínimo en la Comunidad Europea relativo a los procedimientos para conceder y retirar la condición de refugiado , que garantice que ningún Estado miembro de manera alguna expulse o devuelva a un solicitante de asilo a la frontera del territorio en el que su vida o libertad puedan verse amenazadas por razón de su raza, sexo, religión, nacionalidad, lengua, orientación sexual, pertenencia a un grupo social o minoría, u opinión política, manteniendo la coherencia con las normas internacionales, en particular la Convención de Ginebra y las Conclusiones de Tampere sobre el asilo .

(8)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en especial por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(8)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en especial por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea , como principios generales del Derecho comunitario, y por todos los compromisos internacionales vigentes, en particular la Convención de Ginebra .

(9)

En lo que se refiere al trato de las personas que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros están vinculados por las obligaciones derivadas de los instrumentos del derecho internacional en el que son parte y que prohíben la discriminación.

(9)

En lo que se refiere al trato de las personas que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros están vinculados por las obligaciones derivadas de los instrumentos del Derecho internacional en el que son parte y que prohíben todas las formas de discriminación.

(11)

En interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes de asilo, debe tomarse cuanto antes una decisión sobre las solicitudes de asilo. La organización del tratamiento de las solicitudes de asilo se deja a la discreción de los Estados miembros, de manera que puedan, de conformidad con sus respectivas necesidades nacionales, dar prioridad o acelerar la gestión de toda solicitud, teniendo en cuenta las normas de la presente Directiva.

(11)

En interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes de asilo, debe tomarse cuanto antes una decisión sobre las solicitudes de asilo , por lo que deben instaurarse procedimientos rápidos y efectivos que no rebasen un período máximo de seis meses . La organización del tratamiento de las solicitudes de asilo se deja a la discreción de los Estados miembros, de manera que puedan, de conformidad con sus respectivas necesidades nacionales, dar prioridad o acelerar la gestión de toda solicitud, teniendo en cuenta las normas de la presente Directiva.

(13)

En aras del adecuado reconocimiento de las personas necesitadas de protección como refugiados a efectos del artículo 1 de la Convención de Ginebra, todo solicitante , sin perjuicio de determinadas excepciones, debe tener acceso efectivo a los procedimientos, la oportunidad de cooperar y comunicarse realmente con las autoridades competentes para poder presentar los hechos pertinentes para su caso, así como las garantías procesales suficientes para estar en condiciones de proseguir el procedimiento en todas y cada una de sus fases. Además, el procedimiento en el cual se examina una solicitud de asilo debería facilitar normalmente al solicitante al menos el derecho de estancia durante la deliberación de la autoridad decisoria, el derecho a los servicios de un intérprete para presentar el caso si las autoridades lo entrevistan, la posibilidad de ponerse en contacto con un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o con otra organización que trabaje en su nombre, el derecho a que se le comunique en debida forma la decisión junto con su motivación en cuanto a elementos de hecho y de derecho, la oportunidad de consultar a un asesor jurídico y el derecho a ser informado de su situación en los momentos decisivos del procedimiento en una lengua que razonablemente se pueda suponer que entiende .

(13)

En aras del adecuado reconocimiento de las personas necesitadas de protección como refugiados a efectos del artículo 1 de la Convención de Ginebra, todo solicitante debe tener acceso efectivo a los procedimientos, la oportunidad de cooperar y comunicarse realmente con las autoridades competentes para poder presentar los hechos pertinentes para su caso, así como las garantías procesales para estar en condiciones de proseguir el procedimiento en todas y cada una de sus fases. Además, el procedimiento en el cual se examina una solicitud de asilo debería facilitar al solicitante al menos el derecho de estancia durante la deliberación de la autoridad decisoria, el derecho a los servicios de un intérprete para presentar el caso si las autoridades lo entrevistan, la posibilidad de ponerse en contacto con un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o con otra organización que trabaje en su nombre, el derecho a que se le comunique en debida forma la decisión junto con su motivación en cuanto a elementos de hecho y de derecho, la oportunidad de consultar a un asesor jurídico y el derecho a ser informado de su situación en los momentos decisivos del procedimiento en una lengua que entienda .

(La sustitución de la expresión «que razonablemente se pueda suponer que entiende» por «que entienda» se aplica a la totalidad del texto legislativo objeto de examen; su adopción impone adaptaciones técnicas en todo el texto.)

(14)

Además, deben establecerse garantías procesales para los menores no acompañados, debido a su vulnerabilidad. En ese sentido, el mejor interés del niño debe ser una consideración principal de los Estados miembros.

(14)

Además, deben establecerse garantías procesales para los niños no acompañados, debido a su vulnerabilidad. En ese sentido, el mejor interés del niño debe ser una consideración principal de los Estados miembros en todo el procedimiento de asilo, de conformidad con el artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño .

(16)

Gran número de solicitudes de asilo se presenta en la frontera o en una zona de tránsito de un Estado miembro antes de que se tome una decisión sobre la entrada del solicitante. Los Estados miembros deben estar en condiciones de mantener los procedimientos existentes adaptados a la situación específica de dichos solicitantes en la frontera. Deben definirse normas comunes sobre las posibles excepciones que hayan de realizarse en esas circunstancias a las garantías de que normalmente disfrutan los solicitantes. Los procedimientos fronterizos deberían principalmente aplicarse a los solicitantes que no cumplieran los requisitos para entrar en los territorios de los Estados miembros.

(16)

Gran número de solicitudes de asilo se presenta en la frontera o en una zona de tránsito de un Estado miembro antes de que se tome una decisión sobre la entrada del solicitante. Los Estados miembros deben estar en condiciones de mantener los procedimientos existentes adaptados a la situación específica de dichos solicitantes en la frontera. Los procedimientos fronterizos deberían principalmente aplicarse a los solicitantes que no cumplan los requisitos para entrar en los territorios de los Estados miembros.

(17 bis)

El tráfico de seres humanos es uno de los principales recursos de que disponen los solicitantes para entrar en los Estados miembros. Partiendo de la necesidad de tener en cuenta el interés superior del solicitante de asilo, no debe haber discriminación alguna contra la solicitud de éste por haber entrado en el Estado miembro de ese modo.

(18)

Habida cuenta del grado de armonización realizada sobre la cualificación de nacionales de terceros países y personas apátridas como refugiados, deberían establecerse criterios comunes para designar a terceros países como países de origen seguros.

(18)

Habida cuenta del grado de armonización realizada sobre la cualificación de nacionales de terceros países y personas apátridas como refugiados, deberían establecerse criterios comunes para designar a terceros países como países de origen seguros y garantizar una evaluación y una aplicación correctas y eficaces.

(19)

Cuando el Consejo esté satisfecho de que se cumplen dichos criterios en relación con un país de origen concreto y, por tanto, lo haya incluido en la lista común mínima de países de origen seguros que se adoptará en virtud de la presente Directiva, los Estados miembros deberían estar obligados a examinar las solicitudes de las personas que tengan nacionalidad de dicho país, o a las personas apátridas que anteriormente eran residentes habituales en dicho país, sobre la base de la presunción refutable de la seguridad de dicho país. En vista de la importancia política de la designación de países de origen seguros, en particular en razón de las implicaciones de una evaluación de la situación de los derechos humanos en un país de origen y de sus implicaciones para las políticas de la Unión Europea en el ámbito de las relaciones exteriores, el Consejo debería adoptar toda decisión sobre la fijación o modificación de la lista previa consulta al Parlamento Europeo .

(19)

Cuando el Consejo esté satisfecho de que se cumplen dichos criterios en relación con un país de origen concreto y, por tanto, lo haya incluido en la lista común de países de origen seguros que se adoptará en virtud de la presente Directiva, los Estados miembros podrán examinar las solicitudes de las personas que tengan nacionalidad de dicho país, o de las personas apátridas que anteriormente eran residentes habituales en dicho país, sobre la base de la presunción refutable de la seguridad de dicho país. En vista de la importancia política de la designación de países de origen seguros, en particular en razón de las implicaciones de una evaluación de la situación de los derechos humanos en un país de origen y de sus implicaciones para las políticas de la Unión Europea en el ámbito de las relaciones exteriores, el Consejo , en codecisión con el Parlamento Europeo, debería adoptar toda decisión sobre la fijación o modificación de la lista.

(20)

De la condición de Bulgaria y Rumanía como países candidatos a la adhesión a la Unión Europea y de los avances realizados por dichos países en el proceso de adhesión, se desprende que deberían considerarse como países de origen seguros a los fines de la presente Directiva hasta la fecha de su adhesión a la Unión Europea.

(21)

La designación de un tercer país como país de origen seguro no podrá, a los fines de la presente Directiva, establecer una garantía absoluta de seguridad para los nacionales de dicho país. Por su propia naturaleza, la evaluación que sustenta la designación sólo puede tener en cuenta la circunstancias civiles, jurídicas y políticas generales de dicho país y el hecho de si los agentes de la persecución, la tortura, el trato inhumano o degradante o los castigos están sometidos a sanción en la práctica cuando se los considera responsables en el país de que se trate. Por dicho motivo, es importante que, cuando un solicitante demuestre que existen motivos serios para que no se considere a un país como seguro en sus circunstancias particulares, la designación del país como seguro ya no puede considerarse en cuanto a lo que dicho solicitante se refiere.

(21)

La designación de un tercer país como país de origen seguro no podrá, a los fines de la presente Directiva, establecer una garantía absoluta de seguridad para los nacionales de dicho país. Por su propia naturaleza, la evaluación que sustenta la designación sólo puede tener en cuenta la circunstancias civiles, jurídicas y políticas generales de dicho país y , en particular, el respeto de las normas de Derecho internacional relativas a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y a la protección de los refugiados, así como el hecho de si los agentes de la persecución, la tortura, el trato inhumano o degradante o los castigos están sometidos a sanción en la práctica cuando se los considera responsables en el país de que se trate. Por dicho motivo, es importante que, cuando un solicitante demuestre que existen motivos serios para que no se considere a un país como seguro en sus circunstancias particulares, la designación del país como seguro ya no puede considerarse en cuanto a lo que dicho solicitante se refiere.

(22)

Los Estados miembros deberían examinar todas las solicitudes refiriéndose a la sustancia, es decir, evaluando si el solicitante en cuestión cumple los requisitos de refugiado de conformidad con la Directiva 2004/83/CEE del Consejo por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, salvo cuando la presente Directiva disponga otra cosa, en particular cuando pueda razonablemente suponerse que otro país efectuaría dicho examen o garantizaría de manera suficiente la protección. En particular, los Estados miembros no deberían estar obligados a evaluar la sustancia de una solicitud de asilo cuando un primer país de asilo hubiere concedido el estatuto de refugiado al solicitante u otro tipo de protección suficiente , y el solicitante sea readmitido en dicho país.

(22)

Los Estados miembros deberían examinar todas las solicitudes refiriéndose a la sustancia, es decir, evaluando si el solicitante en cuestión cumple los requisitos de refugiado de conformidad con la Directiva 2004/83/CE del Consejo por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, salvo cuando se establezca que otro país es competente para efectuar dicho examen y puede garantizar una protección efectiva, adecuada y equivalente, de conformidad con el Reglamento (CE) no 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país  (4). En particular, los Estados miembros no deberían estar obligados a evaluar la sustancia de una solicitud de asilo cuando un primer país de asilo hubiere concedido el estatuto de refugiado al solicitante u otro tipo de protección efectiva , y el solicitante sea readmitido en dicho país.

(La sustitución de «protección suficiente» por «protección efectiva» se aplica a la totalidad del texto).

(23)

Asimismo, los Estados miembros no deberían estar obligados a evaluar la sustancia de una solicitud de asilo en la cual el solicitante, debido a una conexión con un tercer país tal como se define en el Derecho nacional, podría razonablemente buscar protección en dicho tercer país. Los Estados miembros deberían proceder sobre esa base únicamente cuando dicho solicitante en concreto estuviera seguro en el tercer país de que se tratare. A fin de evitar movimientos secundarios por parte de los solicitantes, deberían establecerse principios comunes para la consideración o designación por los Estados miembros de terceros países como seguros.

(24)

Además, en lo que se refiere a determinados terceros países europeos, que mantienen criterios especialmente altos con respecto a los derechos humanos y a la protección de los refugiados, los Estados miembros deberían estar autorizados a no realizar examen o no llevarlo plenamente a cabo de las solicitudes de asilo relativas a los solicitantes que entren en su territorio a partir de dichos terceros países europeos. Habida cuenta de las posibles consecuencias para el solicitante de un examen restringido u omitido, dicha aplicación del concepto de tercer país seguro debería quedar restringida a los casos en que intervinieran terceros países con respecto a los cuales el Consejo hubiere constatado que cumplen elevados criterios de seguridad, tal como se define en la presente Directiva. El Consejo debería adoptar decisiones en este ámbito previa consulta al Parlamento Europeo.

(25)

De la naturaleza de las normas comunes relativas a ambos conceptos de tercer país seguro tal como se establecen en la presente Directiva, se desprende que el efecto práctico de dichos conceptos depende de si el tercer país en cuestión permite al solicitante entrar en su territorio.

(25)

De la naturaleza de las normas comunes relativas al concepto de tercer país seguro tal como se establece en la presente Directiva, se desprende que el efecto práctico de dicho concepto depende de si el tercer país en cuestión permite al solicitante entrar en su territorio.

(26)

En lo que se refiere a la retirada del estatuto del refugiado, los Estados miembros deberán velar por que las personas que disfrutan del estatuto de refugiado sean debidamente informadas de cualquier posible reconsideración de su condición y tengan la ocasión de someter su punto de vista antes de que las autoridades puedan adoptar una decisión motivada de retirar su estatuto. No obstante, puede prescindirse de dichas garantías cuando los motivos para el cese de la condición de refugiado no tengan relación con una modificación de las condiciones en que se basaba el reconocimiento.

(26)

En lo que se refiere a la retirada del estatuto del refugiado, los Estados miembros deberán velar por que las personas que disfrutan del estatuto de refugiado sean debidamente informadas de cualquier posible reconsideración de su condición y tengan la ocasión de someter su punto de vista antes de que las autoridades puedan adoptar una decisión motivada de retirar su estatuto.

(27)

Refleja un principio de Derecho comunitario fundamental el hecho de que las decisiones adoptadas con respecto a una solicitud de asilo y a la retirada del estatuto de refugiado deban estar sujetas a un recurso efectivo ante una jurisdicción o tribunal en el sentido del artículo 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. La eficacia del recurso, incluso con respecto al examen de los hechos pertinentes, depende del ordenamiento administrativo y jurídico de cada Estado miembro visto en su conjunto.

(27)

Refleja un principio de Derecho comunitario fundamental el hecho de que las decisiones adoptadas con respecto a una solicitud de asilo y a la retirada del estatuto de refugiado deban estar sujetas a un recurso efectivo ante una jurisdicción o tribunal en el sentido del artículo 234 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Las decisiones adoptadas con respecto a una solicitud de asilo deben estar sujetas a recurso, en el que se proceda a un examen de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho. El solicitante debe tener derecho a no ser expulsado hasta que un tribunal se haya pronunciado sobre su derecho a permanecer en espera del resultado del recurso .

(28)

De conformidad con el artículo 64 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la presente Directiva se entenderá sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estado miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior.

(29 bis)

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (5) debe aplicarse a los datos personales tratados en aplicación de la presente Directiva. La Directiva 95/46/CE también debe aplicarse a la transmisión de datos de los Estados miembros al ACNUR en el ejercicio de su mandato conforme a la Convención de Ginebra. Esta transmisión está sujeta a un nivel adecuado de protección de datos personales en el ACNUR.

(29 ter)

Los Estados miembros deben establecer un régimen de sanciones en caso de infracción de las disposiciones nacionales aprobadas de conformidad con la presente Directiva.

e)

«autoridad decisoria», cualquier organismo cuasi-judicial o administrativo de un Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de asilo y competente para dictar resoluciones en primera instancia en tales casos, supeditado al Anexo I;

e)

«autoridad decisoria», cualquier organismo judicial o administrativo de un Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de asilo y competente para dictar resoluciones en primera instancia en tales casos, supeditado al Anexo I;

g)

«estatuto de refugiado», el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o un apátrida como refugiado ;

g)

«estatuto de refugiado», el reconocimiento por un Estado miembro de dicho estatuto concedido al solicitante ;

h)

« menor no acompañado», la persona menor de 18 años que llega al territorio de los Estados miembros sin estar acompañada por un adulto que ejerza, conforme a la ley o la costumbre, responsabilidad sobre ella, y mientras no esté efectivamente al cuidado de tal adulto; se incluye al menor que queda sin compañía después de su llegada al territorio de los Estados miembros;

h)

« niño no acompañado» o «niño separado» , la persona menor de 18 años que llega al territorio de los Estados miembros sin estar acompañada por un adulto que ejerza, conforme a la ley o la costumbre, responsabilidad sobre ella, y mientras no esté efectivamente al cuidado de tal adulto; se incluye al niño queda sin compañía después de su llegada al territorio de los Estados miembros; «niño no acompañado», un niño que ha sido separado tanto de los padres como de otros parientes o tutores legales o habituales; «niño separado», niño que está acompañado de un adulto, el cual no desea o no está en condiciones de asumir la responsabilidad del cuidado a largo plazo del niño.

b)

dictar una resolución sobre la solicitud a la luz de las disposiciones relativas a la seguridad del Estado, siempre que se consulte a la autoridad decisoria antes de adoptar dicha resolución sobre el derecho del solicitante al estatuto de refugiado en virtud de la Directiva 2004/83/CE del Consejo;

b)

dictar una resolución sobre la solicitud a la luz de las disposiciones relativas a la seguridad del Estado, en el respeto de los convenios internacionales, de la Carta de los Derechos Fundamentales y de las libertades individuales, siempre que se consulte a la autoridad decisoria antes de adoptar dicha resolución sobre el derecho del solicitante al estatuto de refugiado en virtud de la Directiva 2004/83/CE del Consejo;

e)

denegar la autorización de entrada en el marco del procedimiento previsto en los apartados 2 y 5 del artículo 35.

e)

denegar la autorización de entrada en el marco del procedimiento previsto en el artículo 35, a reserva de las condiciones y de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo .

f)

determinar que un solicitante trata de entrar o ha entrado en el Estado miembro desde un tercer país seguro de conformidad con el artículo 35 bis, según las condiciones y lo estipulado en dicho artículo.

c)

los casos en que se considera que la presentación de una solicitud de asilo constituye también la presentación de una solicitud de asilo para todos los menores solteros.

a)

que el examen de las solicitudes y la adopción de las resoluciones se efectúen de forma individual, objetiva e imparcial;

a)

que el examen de las solicitudes y la adopción de las resoluciones se efectúen de forma individual, objetiva e imparcial , de conformidad con la presente Directiva y el Derecho internacional en materia de refugiados y de derechos humanos ;

b)

que se obtenga información precisa y actualizada de diversas fuentes, por ejemplo, información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), respecto a la situación general imperante en los países de origen de los solicitantes y, si fuera necesario, en aquellos países por los que hayan transitado , y que esta información se ponga a disposición del personal responsable de examinar las solicitudes y de tomar decisiones al respecto;

b)

que se obtenga información precisa y actualizada de diversas fuentes, por ejemplo, información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y otras organizaciones de la sociedad civil que trabajen en los países de origen de los solicitantes , respecto a la situación general imperante en los países de origen de los solicitantes en los ámbitos civil, jurídico y político y, en particular, en relación con el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales , y que esta información se ponga a disposición del personal responsable de examinar las solicitudes y de tomar decisiones al respecto;

c)

el personal que examina las solicitudes y dicta las resoluciones conozca las normas pertinentes aplicables con arreglo a la legislación en materia de asilo y refugio.

c)

el personal que examina las solicitudes y dicta las resoluciones tenga formación e instrucciones y conozca las normas pertinentes aplicables con arreglo a la legislación en materia de asilo y refugio.

b)

disponer, en caso necesario, de los servicios de un intérprete para exponer sus argumentos ante las autoridades competentes. Los Estados miembros considerarán necesario proporcionar estos servicios al menos en caso de que la autoridad decisoria convoque al solicitante a la audiencia a que se refieren los artículos 10 y 11 y no pueda asegurarse la comunicación adecuada sin tales servicios. En este caso y en otros casos en que las autoridades competentes convoquen al solicitante, los servicios se abonarán a través de fondos públicos;

b)

disponer, en caso necesario, de los servicios de un intérprete cualificado e imparcial para exponer sus argumentos ante las autoridades competentes. Los Estados miembros garantizarán este servicio en todas las audiencias personales, vistas de recursos y otras comunicaciones verbales con las autoridades competentes, en especial aquéllas a que se refieren los artículos 10 y 11 y cuando no pueda asegurarse la comunicación adecuada sin tales servicios. En estos y en otros casos en que las autoridades competentes convoquen al solicitante, los servicios se abonarán a través de fondos públicos;

c)

no poder negarles la posibilidad de ponerse en contacto con el ACNUR o con otra organización que opere en nombre del ACNUR en el territorio del Estado miembro en virtud de un acuerdo con este último ;

c)

darles la posibilidad efectiva de ponerse en contacto con el ACNUR o con otra organización que opere en nombre del ACNUR o de forma independiente con solicitantes de asilo en el territorio del Estado miembro;

d)

notificarles en un plazo razonable la resolución de la autoridad decisoria sobre su solicitud de asilo. Si el solicitante está representado legalmente por un asesor jurídico u otro consejero, los Estados miembros podrán optar por notificar la resolución a este último en lugar de al solicitante de asilo;

d)

notificarles la resolución de la autoridad decisoria , adoptada en un plazo máximo de seis meses, sobre su solicitud de asilo. Si el solicitante está representado legalmente por un asesor jurídico u otro consejero, los Estados miembros podrán optar por notificar la resolución a este último en lugar de al solicitante de asilo;

d)

las autoridades competentes puedan registrar al solicitante y sus pertenencias;

d)

las autoridades competentes puedan verificar la no peligrosidad del solicitante y controlar sus pertenencias;

a bis)

la autoridad competente no pueda celebrar la audiencia debido a que el solicitante, sin motivos fundados, no haya acudido a ella;

a ter)

la persona padezca una perturbación mental o emocional que impida un examen normal de su caso;

b)

la autoridad competente ya se haya reunido con el solicitante con el fin de ayudarle a rellenar su solicitud y de facilitarle la información básica en relación con la solicitud, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 2004/83/CE del Consejo; o

c)

la autoridad decisoria, basándose en un estudio completo de la información suministrada por el solicitante, considere infundada la solicitud en los casos en que sean aplicables las circunstancias mencionadas en las letras a), c), g), h) y j) del apartado 4 del artículo 23.

a)

asegurarán que la persona que vaya a celebrar la audiencia es suficientemente competente para tener en cuenta las circunstancias personales o generales que rodean la solicitud, incluidas las raíces culturales del solicitante o su vulnerabilidad , en la medida en que sea posible hacerlo , y

a)

asegurarán que la persona que vaya a celebrar la audiencia y el intérprete hayan recibido la formación adecuada y tengan la competencia profesional adecuada y la capacidad para llevar a cabo una evaluación imparcial y correcta de las circunstancias personales o generales que rodean la solicitud, incluidas las raíces culturales del solicitante o su vulnerabilidad, y

b)

seleccionarán a un intérprete que pueda garantizar una correcta comunicación entre el solicitante y la persona que celebre la audiencia. La comunicación no tendrá que mantenerse necesariamente en la lengua que prefiera el solicitante de asilo si existiese otra lengua que quepa suponer que comprende y en la que sea capaz de comunicarse.

b)

seleccionarán a un intérprete que pueda garantizar una correcta comunicación entre el solicitante y la persona que celebre la audiencia. La comunicación no tendrá que mantenerse necesariamente en la lengua que prefiera el solicitante de asilo si existiese otra lengua que entienda y en la que sea capaz de comunicarse.

a)

únicamente para los procedimientos ante un órgano jurisdiccional de conformidad con el Capítulo V y no para nuevos recursos o revisiones previstos en el Derecho nacional, incluida la revisión de un recurso debida a un nuevo recurso o revisión; o

b)

únicamente a quienes carezcan de medios suficientes; o

c)

únicamente a los asesores jurídicos u otros consejeros designados específicamente por el derecho nacional para asistir o representar a los solicitantes de asilo; o

d)

únicamente si el recurso o revisión tiene probabilidades de éxito.

a)

imponer límites económicos o temporales a la disposición relativa a la asistencia jurídica o representación legal gratuita , siempre que dichos límites no restrinjan de manera arbitraria el acceso a la asistencia jurídica o representación legal.

a)

limitar la cuantía de la asistencia jurídica a los costes medios de dicha asistencia en cada fase pertinente del procedimiento de asilo , siempre que dichos límites no restrinjan de manera arbitraria el acceso a la asistencia jurídica o representación legal.

b)

asegurarán que se dé al representante la posibilidad de informar al menor no acompañado sobre el significado y las posibles consecuencias de la audiencia personal y, si procede, sobre la forma de prepararse para tal audiencia. Los Estados miembros permitirán al representante estar presente en dicha audiencia y formular preguntas o alegaciones en el marco establecido por la persona que realiza la audiencia .

b)

asegurarán que se dé al representante la posibilidad de informar al niño no acompañado sobre el significado y las posibles consecuencias de la audiencia personal y, si procede, sobre la forma de prepararse para tal audiencia. Los Estados miembros permitirán al representante estar presente en dicha audiencia y formular preguntas o alegaciones.

a)

vayan a alcanzar, con toda probabilidad, la mayoría de edad antes de que se adopte una decisión en primera instancia; o

c)

estén o hayan estado casados.

a)

tener acceso a los solicitantes de asilo, incluidos los que están internados y los que se encuentran en zonas de tránsito aeroportuarias o portuarias;

a)

tenga acceso a los solicitantes de asilo, incluidos los que están internados y los que se encuentran en zonas de tránsito aeroportuarias o portuarias;

b)

acceder a información sobre solicitudes individuales de asilo, sobre el curso del procedimiento y sobre resoluciones adoptadas, siempre y cuando el solicitante de asilo dé su consentimiento;

b)

acceda a información sobre solicitudes individuales de asilo, sobre el curso del procedimiento y sobre resoluciones adoptadas, siempre y cuando el solicitante de asilo dé su consentimiento;

c)

manifestar su opinión, en el ejercicio de sus responsabilidades de vigilancia de conformidad con el artículo 35 de la Convención de Ginebra, a toda autoridad competente sobre solicitudes individuales de asilo en cualquier fase del procedimiento.

c)

manifieste su opinión, en el ejercicio de sus responsabilidades de vigilancia de conformidad con el artículo 35 de la Convención de Ginebra, a toda autoridad competente sobre solicitudes individuales de asilo en cualquier fase del procedimiento.

a)

no revelarán directamente la información relativa a las solicitudes individuales de asilo, o relativa a que se ha presentado una solicitud, a los presuntos agentes de la persecución del solicitante.

a)

no revelarán la información relativa a las solicitudes individuales de asilo, o relativa a que se ha presentado una solicitud, a los presuntos agentes de la persecución del solicitante.

b)

obtendrán cualquier información de los presuntos agentes de la persecución de tal forma que no se les informe directamente de que el solicitante en cuestión ha presentado una solicitud, ni que se ponga en peligro la integridad física del solicitante ni de las personas a su cargo, ni la libertad ni la seguridad de sus familiares que aún viven en el país de origen .

b)

obtendrán cualquier información de los presuntos agentes de la persecución.

b)

se le facilite, a petición propia, información sobre el plazo en el que previsiblemente se adoptará la resolución. Dicha información no constituirá una obligación del Estado miembro frente al solicitante de adoptar una resolución dentro del plazo mencionado .

b)

se le facilite, a petición propia, información sobre el plazo en el que previsiblemente se adoptará la resolución , que no podrá ser superior a tres meses .

a)

el solicitante, al presentar su solicitud y exponer los hechos, hubiese planteado exclusivamente cuestiones que no guardan relación , o guardan una relación mínima, con el examen los requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado en virtud de la Directiva 2004/83/CE del Consejo; o

a)

el solicitante, al presentar su solicitud y exponer los hechos, hubiese planteado exclusivamente cuestiones que no guardan relación con el examen de los requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado en virtud de la Directiva 2004/83/CE del Consejo; o

d)

el solicitante hubiese engañado a las autoridades mediante la presentación de información o documentación falsa o la no revelación de información pertinente sobre su identidad o su nacionalidad que podría haber tenido un efecto negativo en la resolución ; o

d)

el solicitante , con intención fraudulenta, hubiese engañado a las autoridades mediante la presentación de documentación falsa sobre su identidad o su nacionalidad; o

e)

el solicitante hubiese presentado otra solicitud de asilo declarando otros datos personales; o

e)

el solicitante hubiese presentado , con intención fraudulenta, otra solicitud de asilo declarando otros datos personales; o

f)

el solicitante no hubiese presentado información que permitiese establecer con un grado razonable de certeza su identidad o nacionalidad, o fuere probable que hubiera destruido o se hubiere deshecho de mala fe de un documento de identidad o viaje que habría contribuido a establecer su identidad o nacionalidad; o

f)

el solicitante , con intención fraudulenta, no hubiese presentado información que permitiese establecer con un grado razonable de certeza su identidad o nacionalidad, o fuere probable que hubiera destruido o se hubiere deshecho de mala fe de un documento de identidad o viaje que habría contribuido a establecer su identidad o nacionalidad; o

g)

el solicitante hubiese formulado alegaciones incoherentes, contradictorias, inverosímiles o insuficientes que pongan claramente de manifiesto que su solicitud es poco convincente por lo que respecta al hecho de haber sufrido persecución con arreglo a la Directiva 2004/83/CE del Consejo; o

o)

la solicitud hubiese sido presentada por un menor soltero a quien sea aplicable la letra c) del apartado 4 del artículo 5 después de que la solicitud de sus padres o progenitor que lo tenga a su cargo hubiese sido denegada mediante resolución y no se hubiese planteado ninguna circunstancia nueva relevante en cuanto a sus circunstancias particulares o a la situación en su país de origen.

o)

la solicitud hubiese sido presentada por un niño a quien sea aplicable la letra c) del apartado 4 del artículo 5 después de que la solicitud de sus padres o progenitor que lo tenga a su cargo hubiese sido denegada mediante resolución y no se hubiese planteado ninguna circunstancia nueva relevante en cuanto a sus circunstancias particulares o a la situación en su país de origen.

a)

un examen preliminar con objeto de tramitar los casos estudiados en el marco de las disposiciones de la sección IV;

b)

procedimientos para la tramitación de los casos estudiados en el marco establecido en la sección V.

c)

un país que no sea un Estado miembro se considera tercer país seguro para el solicitante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27;

f)

el solicitante ha presentado una solicitud idéntica tras una resolución firme;

f bis)

el solicitante, ya a punto de ser expulsado del territorio en que reside de manera ilegal, apela al derecho de asilo.

a)

su vida o su libertad no están amenazadas por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política; y

a)

la ratificación y la aplicación de la Convención de Ginebra y los otros Tratados internacionales en el ámbito de los derechos humanos, en particular, por lo que se refiere al principio de no devolución ; y

b)

se respeta el principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra;

b)

se respeta particularmente el principio de no devolución de conformidad con la Convención de Ginebra;

a)

normas que requieran una relación entre el solicitante de asilo y el país tercero de que se trate por la que sería razonable que el solicitante fuera ese país;

a)

normas que requieran un vínculo significativo entre el solicitante de asilo y el país tercero de que se trate por la que sería razonable que el solicitante fuera a ese país;

c)

normas que, con arreglo al derecho internacional, permitan realizar un estudio individual de que el país de que se trate es seguro para cada solicitante concreto , que como mínimo permita que el solicitante impugne la aplicación del concepto de tercer país seguro alegando que se vería sujeto a torturas o a sanciones o tratos crueles, inhumanos o degradantes .

c)

normas que, con arreglo al Derecho internacional y, en particular, la Convención de Ginebra , permitan realizar un estudio individual de que el país de que se trate es seguro para cada solicitante concreto.

c bis)

normas que permitan a los solicitantes de asilo refutar la presunción de seguridad, incluso en primera instancia, aún cuando se haya dado prioridad o acelerado el procedimiento de examen de dicha solicitud de asilo.

-1.

a)

ni persecución tal como se define en el artículo 9 de la Directiva 2004/83/CE del Consejo;

b)

ni tortura o tratos o penas inhumanos o degradantes.

—

puedan permanecer en la frontera o en las zonas de tránsito del Estado miembro, sin perjuicio del artículo 6; y

—

sean informadas inmediatamente de sus derechos y obligaciones, según se indica en la letra a) del apartado 1 del artículo 9; y

—

tengan acceso, en caso necesario, a los servicios de un intérprete, según se indica en la letra b) del apartado 1 del artículo 9; y

—

sean recibidas en audiencia, antes que la autoridad competente resuelva sobre dicho procedimiento, en relación con su solicitud de asilo por personas con conocimientos adecuados de las normas pertinentes aplicables en el ámbito del asilo y del Derecho de los refugiados, según se indica en los artículos 10 a 12, y

—

puedan consultar a un letrado u otro consejero jurídico admitido o autorizado como tal en virtud del Derecho nacional, según se indica en el apartado 1 del artículo 13; y