22.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/1

1.1

acoge favorablemente la estrategia temática de la Comisión, toda vez que plantea un enfoque integrado y holístico para el sector de los residuos que ofrece numerosas posibilidades en este ámbito para mejoras ulteriores, necesarias y medioambientales;

1.2

destaca que la política de residuos es de fundamental importancia para el conjunto de la política medioambiental, por lo que unas medidas concertadas y mejores en este ámbito redundarán en gran medida en beneficio del medio ambiente;

1.3

subraya que, en la mayoría de los Estados miembros, los entes locales y regionales son responsables de una parte esencial de la aplicación de la política medioambiental de la UE, uno de cuyos aspectos principales lo constituye la política de residuos; señala además que los entes locales y regionales deben desempeñar un papel esencial en el proceso de desarrollo de nuevas medidas en el sector de los residuos;

1.4

indica que, para pasar de una mera eliminación de los residuos a una política sostenible cuyos elementos centrales sean la prevención, la reutilización, el reciclado y la recuperación, son necesarios esfuerzos considerables así como establecer diálogo con el nivel local, y que los entes locales y regionales precisan más recursos humanos y financieros para cumplir esta tarea;

1.5

reclama atención sobre la jerarquía de residuos, que debe constituir el principio básico y rector de la política de residuos, pero señala que esta jerarquía está abierta a la incorporación de nuevos aspectos, tales como la adopción de un planteamiento equilibrado del ciclo de vida que tenga en cuenta toda la vida útil de los productos, siempre que resulten eficaces y que su aplicación sea viable;

1.6

advierte, sin embargo, que en la aplicación de la estrategia temática en diferentes ámbitos como, por ejemplo, en la cuestión de cuándo un residuo deja de serlo, o en la mezcla de residuos peligrosos, la estrategia temática prevé una relajación de las normas innecesaria e inadecuada que puede tener repercusiones negativas en el medio ambiente;

1.7

señala que sigue siendo necesaria una normativa clara en lo relativo, por ejemplo, a la definición del reciclado y la recuperación;

1.8

respalda los objetivos de la estrategia temática y apoya la valoración de que la política de residuos de la UE dispone de potencial para reducir los efectos negativos globales en el medio ambiente derivados de la utilización de los recursos, y que el objetivo de la UE deberá ser convertirse en una sociedad del reciclado;

1.9

considera que la jerarquía de residuos constituye el centro de los objetivos de la estrategia temática;

1.10

considera apropiado que la estrategia temática se centre en los actuales problemas de aplicación y adaptación de la legislación actual, teniendo en cuenta la evolución de la ciencia y tecnología;

1.11

coincide con los puntos esenciales de la estrategia temática: la simplificación y modernización de las actuales normativas, siempre que faciliten la aplicación de las medidas de protección del medio ambiente.

1.12

constata con satisfacción la referencia a la jerarquía de residuos, considerada el punto de partida más importante para las medidas encaminadas a sentar las bases de una política de residuos sensata y fructífera;

1.13

lamenta que la jerarquía se reduzca a tres aspectos; la equiparación de la reutilización, el reciclado y la recuperación se halla en contradicción con el espíritu de diversas normativas en la materia;

1.14

se pregunta si, dado el ámbito de interpretación del artículo, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias y utilizarán los instrumentos más adecuados para alcanzar el objetivo enunciado en el artículo;

1.15

lamenta que se suprima el fundamento jurídico para la adopción de una legislación específica relativa a los flujos de residuos;

1.16

señala que, según la definición de «productor» que se ofrece aquí, se considera invariablemente productor de residuos a cualquier actor que trate residuos, al margen de las posibles alteraciones causadas en la naturaleza o composición del residuo. Esto contradice el mismo concepto acuñado por la Comisión de cuándo un residuo deja de serlo;

1.17

acoge favorablemente que se precise la definición de recuperación mediante la combustión, pero señala que, con relación a otras modalidades de tratamiento, esta definición sigue siendo equívoca;

1.18

lamenta que se suprima la referencia al principio de «quien contamina paga», que constituye la base de la responsabilidad del productor;

1.19

expresa su preocupación por el hecho de que la incorporación del concepto de cuándo un residuo deja de serlo puede tener consecuencias profundas y contraproducentes, entre otras, que:

1.20

observa que el concepto de cuándo un residuo deja de serlo se limita a los flujos de residuos en los que tiene beneficios reales para el medioambiente, pero observa que la reducción del ámbito de aplicación del concepto es muy equívoca, ya que el significado de la expresión «beneficios ambientales» no se ha precisado suficientemente;

1.21

acoge favorablemente que la Directiva en materia de residuos peligrosos y la Directiva marco se fusionen en una única directiva marco;

1.22

lamenta que las disposiciones sobre la separación de residuos peligrosos no dejen clara la prohibición de mezclar, válida para todos los agentes (incluidos los productores, las empresas de recogida y las de transporte) excepto para las instalaciones que han recibido un permiso según el artículo 19 [apartado 1, letras a) y d)];

1.23

comparte la ambición de la Comisión de fijar normas mínimas para los permisos de gestión en niveles que permitan garantizar una protección elevada de la salud y el medio ambiente; no obstante, se opone a que la Comisión esté autorizada a fijar estas normas mínimas siguiendo un procedimiento de comitología, lo que resulta poco democrático;

1.24

acoge positivamente las disposiciones relativas a los actores que se ocupan de las últimas fases de los residuos;

1.25

apoya que se impongan requisitos más exigentes para los planes de gestión de residuos, ya que se considera que éstos son instrumentos útiles y flexibles que pueden contribuir a la difusión de prácticas modélicas en este ámbito;

1.26

respalda el llamamiento en favor de la utilización de instrumentos económicos en la política de residuos (tasas sobre materiales y tratamiento, o para la prevención de los residuos), y señala que en una serie de países la utilización de dichos instrumentos ha sido un éxito; sin embargo, señala que las diferencias existentes en la aplicación de dichos instrumentos económicos falsea la competencia; subraya por ello la necesidad de mantener un correcto funcionamiento del mercado interior;

1.27

expresa su preocupación ante el hecho de que la Comisión deje a los distintos Estados miembros la determinación de indicadores para evaluar los resultados perseguidos. Por lo tanto, insta a la Comisión a que establezca a nivel comunitario objetivos indicativos e indicadores de naturaleza cuantitativa y cualitativa;

1.28

acoge favorablemente las nuevas disposiciones relativas a las empresas de recogida o transporte de los residuos;

1.29

estima que el cuadro de correspondencias es un instrumento útil para garantizar la aplicación íntegra de la Directiva;

1.30

considera que la introducción de los análisis del planteamiento del ciclo de vida es una iniciativa útil en el marco de la estrategia temática, que toma en consideración el impacto medioambiental de los productos a lo largo del ciclo de vida, pero critica que la estrategia temática trate de manera extremadamente restringida la fase temprana de este ciclo, esto es, los productores y su responsabilidad de elaborar productos más respetuosos con el medio ambiente; opina que la Directiva debe vincularse claramente a la Directiva REACH, con el fin de prevenir la producción de residuos peligrosos y reducir los daños consiguientes;

1.31

expresa dudas sobre el modo de realización de estos análisis. Es fundamental trazar orientaciones claras que establezcan qué actores son responsables para la validación de dichos análisis, ya que, de otro modo, la importancia de éstos se desdibujará y no podrán cumplir la función para la que fueron concebidos;

1.32

respalda la ambición de la Comisión de fomentar la puesta a disposición de conocimientos, la investigación y el desarrollo en el sector de residuos, ya que más conocimientos e información son elementos centrales para que los productores y las autoridades mejoren la gestión de los residuos y los consumidores modifiquen sus comportamientos para producir menos residuos; sin embargo, habida cuenta de el reparto de competencias existente en la mayor parte de los Estados miembros,señala que es necesario basarse en el fondo de conocimientos ya existente en el nivel local y regional; observa que la estrategia en materia de residuos ofrece una imagen dispersa de las fuentes de información disponibles a nivel comunitario: la Agencia Europea de Medio Ambiente, Eurostat, el Centro Común de Investigación, la agencia europea de Sevilla y la nueva página internet de la DG Medio Ambiente «Science for Environment Policy, DG Environment News Alert Service»; señala que, para los agentes locales y regionales, resulta esencial que la Comisión defina con mayor precisión las tareas de cada uno de estos centros de conocimiento, que se coordinen y estructuren sus análisis y que pueda accederse fácilmente a la información disponible;

1.33

se muestra de acuerdo en que es indispensable una política más ambiciosa de prevención de residuos en los Estados miembros, y considera conveniente exigir la elaboración de programas de prevención de residuos;

1.34

destaca que crear una igualdad de condiciones en los Estados miembros reviste una importancia clave si se desea evitar acciones que sean perjudiciales para el medio ambiente como las de dumping y, por tanto, apoya la iniciativa de la Comisión en este ámbito;

1.35

subraya la importancia de incluir aspectos sociales en la política medioambiental y observa con satisfacción que la Comisión reconoce el elevado ritmo de crecimiento y la intensidad de mano de obra que se registran en el sector de la gestión y el reciclado de residuos; no obstante, insta a que debata si la aplicación de la estrategia creará puestos de trabajo en toda Europa;

1.36

señala que, para lograr este objetivo de la estrategia, la legislación debe proporcionar un nivel de seguridad adecuado con arreglo a las perspectivas de planificación e inversión de las empresas dedicadas a desarrollar en mayor medida el reciclado;

1.37

observa que los entes locales y regionales desempeñan un importante papel en la aplicación de la estrategia temática y, por ello, desempeñan también un papel clave al garantizar, supervisar y evaluar la estrategia, por lo cual solicita un papel protagonista como agente clave en la aplicación de las políticas de gestión de residuos en los diferentes Estados de la UE;

2.1

lamenta la considerable relajación que se introduce en la prohibición de mezclas, su sustitución por condiciones para permisos para la mezcla y la limitación de la definición de mezclado, iniciativas que deben considerarse un cambio sustancial que implica graves riesgos para el medio ambiente; por consiguiente, recomienda que se mantenga la prohibición ilimitada de la mezcla de residuos peligrosos;

2.2

insta a que, en la valoración de 2010 y en cualquier evaluación futura, se debata si la recuperación de energía para las nuevas instalaciones deberá sobrepasar el 65 % propuesto para reflejar los avances tecnológicos, y si se pueden proponer otros requisitos para las instalaciones de reciclado que tengan también en cuenta los avances tecnológicos.

—

agrupar en el artículo 3 las definiciones que aparecen a lo largo de todo el texto de la propuesta de la Comisión,

—

añadir alguna definición que falta (p.ej. las palabras «negociante» e «intermediario» aparecen en el artículo 25 sin haber sido definidas) siguiendo el estilo de las definiciones que ya se han aprobado por codecisión en conexión con la aprobación del nuevo Reglamento relativo a los traslados de residuos,

—

aclarar algunas de las definiciones propuestas.

22.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/18

1.

Considerando que los municipios y las regiones constituyen el nivel ejecutivo y decisorio más cercano a los ciudadanos de la UE. Las medidas necesarias para mejorar la calidad del aire en Europa deben concebirse, obtener respaldo, aplicarse y controlarse por medio del diálogo con los niveles local y regional, así como con los ciudadanos de la Unión Europea;

2.

considerando que en los 25 Estados miembros corresponde a los niveles local y regional poner en práctica las medidas propuestas para limitar los efectos del tráfico de vehículos sobre el medio ambiente;

3.

considerando que el fomento del uso de vehículos ecológicos se inscribe en la línea del objetivo de los entes locales y regionales de reducir el consumo energético y limitar así la contaminación atmosférica;

4.

considerando que los entes locales y regionales no deberían soportar solos la carga de promocionar vehículos limpios y que urge adoptar medidas para la participación inmediata del sector privado o de las empresas adjudicatarias de contratos públicos;

5.

considerando que las tendencias insostenibles que se registran en la actualidad sólo pueden invertirse mediante el efecto combinado de las medidas aplicadas a escala regional y local;

1.1

acoge positivamente la propuesta de la Comisión de mejorar la calidad del aire por medio de contrataciones públicas que tengan en cuenta los aspectos medioambientales;

1.2.

exige que las medidas previstas en la Directiva relativa a la contratación pública de vehículos limpios de transporte por carretera se formulen como recomendación;

1.3

destaca la importancia de que, en caso de que se apruebe una directiva, las medidas propuestas se adopten en estrecha colaboración con los municipios y regiones de la Unión. La consulta previa a la propuesta actual estuvo dirigida esencialmente a los sectores del automóvil y el combustible y al nivel nacional en cada Estado miembro;

1.4

supone que en los futuros trabajos para la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas propuestas en la directiva, en caso de que se apruebe, se contará con la participación de los municipios y las regiones; sin embargo, no considera necesario constituir de manera expresa un comité que asista a la Comisión en sus trabajos;

1.5

subraya la necesidad de informar a los ciudadanos sobre las medidas que se pongan en práctica y explicarles el proceso de la legislación europea y sus repercusiones con ayuda de ejemplos prácticos. En esta tarea, los niveles local y regional desempeñan una función importante, como se señala, por ejemplo, en el Libro Blanco sobre la política de comunicación de la UE;

1.6

comparte esencialmente los motivos y objetivos de la propuesta de Directiva; no obstante, destaca que debe rechazarse que se imponga al sector público de forma unilateral la obligación de contratación pública. Como acertadamente señala la Comisión en la propuesta de Directiva, la cuota del mercado del sector público para los vehículos industriales pesados y ligeros representa únicamente un 6 %, mientras que la de los autobuses es de un 30 %. Por ello, el Comité defendería una solución que implicara en mayor medida al sector privado. En principio, el Comité desearía señalar la importancia de adoptar medidas «suaves», no legislativas, en el ámbito de la contratación ecológica. En particular, las grandes ciudades aplican objetivos medioambientales ambiciosos de manera voluntaria cuando se reúnen las condiciones marco adecuadas;

1.7

señala que la imposición de una obligación unilateral a los organismos públicos podría disuadir a los entes territoriales que se hallan en una situación financiera menos favorecida de realizar inversiones o forzarles a subcontratar servicios de interés general;

1.8

pide que se aplique una visión de conjunto a las medidas destinadas a la promoción de los vehículos limpios de transporte por carretera. El Comité mantiene sus reservas ante la exigencia incondicional que plantea al sector público la propuesta de directiva para que la contratación de un 25 % de los vehículos pesados corresponda a vehículos definidos como limpios. El Comité prefiere el uso de otras normativas relacionadas con la motorización, que afectan por igual a todos los vehículos y a todos los clientes. No obstante, se requieren medidas adicionales para situarse en los límites máximos actuales para la contaminación atmosférica;

1.9

acoge positivamente que se conceda más importancia a los biocarburantes. Un aumento de la producción europea de bioetanol y biogasóleo para sustituir a los combustibles tradicionales para los vehículos (gasolina y gasóleo) presentaría varias ventajas, pues permitiría:

1.10

rechaza la aprobación de la Directiva relativa a la promoción de vehículos limpios de transporte por carretera. Antes bien, deberían adoptarse las medidas siguientes:

1.11

subraya que las condiciones para la aplicación de la Directiva que se propone para la promoción de los vehículos limpios de transporte por carretera difieren de un Estado miembro a otro:

Así pues, al variar las condiciones en distintas partes de la Unión, la necesidad de apoyo a los niveles local y regional variaría también.

1.12

destaca que, en caso de adoptarse la directiva, será necesario un seguimiento y evaluación, en estrecha colaboración con los entes locales y regionales, de su aplicación. Es importante elaborar un informe en el que se recopilen los resultados obtenidos gracias a la directiva y en el que se reflejen tanto el aumento del número de vehículos limpios como su efecto sobre la calidad del aire. Para que los objetivos de la directiva puedan cumplirse y desarrollarse se requiere reestablecer un vínculo con los niveles regional y local y con los ciudadanos de la Unión. Lo mismo puede decirse para la puesta en práctica de medidas adicionales para la promoción de transportes por carretera limpios;

2.1

insta a las instancias legisladoras de la UE a que, en el futuro trabajo para la promoción de vehículos limpios de transporte por carretera, adopte también medidas uniformes destinadas al sector público y al privado;

2.2

presupone que los niveles local y regional recibirán ayudas económicas para las contrataciones públicas que tengan en cuenta los aspectos medioambientales;

2.3

subraya la importancia de las acciones de información y formación que sirvan para respaldar y desarrollar la adquisición de vehículos limpios en el sector público;

2.4

pide que se aplique una visión de conjunto a las medidas destinadas a la promoción de los vehículos limpios de transporte por carretera;

2.5

propone que los sistemas de información que se utilicen para el seguimiento de una posible directiva relativa a la promoción de los vehículos limpios de transporte por carretera estén coordinados con los demás sistemas de información, como el mencionado en la propuesta de Directiva sobre calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa;

2.6

supone que los futuros trabajos para la elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas propuestas en la posible directiva contarán con la participación de los municipios y las regiones.

22.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/21

1.1

respalda firmemente la Estrategia europea para el aprendizaje permanente, desde la más temprana infancia y a lo largo de toda la vida, y aprueba que tenga en cuenta distintos tipos de aprendizaje, ya sea reglado o no reglado (no formal e informal). El Comité de las Regiones ha subrayado en diferentes ocasiones que la Estrategia para el aprendizaje permanente concierne en alto grado a los niveles local y regional, ya que con frecuencia recae en ellos la responsabilidad política y económica de la educación y la formación en los Estados miembros. Muchas veces es en estos niveles donde se coordinan el desarrollo y el crecimiento, pues son responsables del bienestar de los ciudadanos, las infraestructuras y la seguridad social. Además, cumplen una función como empleadores, por lo que tienen el deber de desarrollar las aptitudes de sus empleados, también en interés propio (9);

1.2

señala que las cuestiones relacionadas con la educación son esenciales para hacer que Europa pueda ser competitiva y crear la condiciones necesarias que aseguren el bienestar. El principal recurso de Europa son sus ciudadanos, a los que se debe preparar para una vida laboral y un contenido del trabajo que se diferencian enormemente de los que estaban en uso para las generaciones anteriores y que seguirán cambiando rápidamente. Tanto las empresas como sus empleados deberán hacer frente a cambios difícilmente previsibles;

1.3

reconoce que el desarrollo local y regional presenta condiciones y puntos de partida muy diferentes, pero bajo ningún concepto debe verse como un proceso aislado. Las regiones y municipios necesitan nuevas formas de producción que sustituyan progresivamente a los trabajos que van desapareciendo, pues de lo contrario se arriesgan al estancamiento, la exclusión social (desempleo, etc.) y niveles elevados de bajas por enfermedad y de prejubilaciones indeseadas;

1.4

considera, por este motivo, que el desarrollo de las competencias y capacidades debe estar orientado de manera que responda a las necesidades de una actividad basada en el conocimiento. Un buen conocimiento de idiomas, las capacidades comunicativas en general y la capacidad de cooperación son competencias cada vez más importantes para el individuo. Las tendencias actuales de aceleración de los flujos comerciales, mercados globalizados y segmentación hacen que la necesidad de coordinación sea cada vez más importante, tanto entre las empresas y organizaciones a nivel local y regional como entre regiones. Además, crece también la interdependencia entre distintas regiones de Europa y entre Europa y el resto del mundo;

1.5

advierte que la interacción entre la vida laboral, la sociedad y la educación superior constituye una condición importante para la innovación y el desarrollo a nivel local y regional. Además, se necesitan infraestructuras inclusivas y no discriminatorias, que sirvan para impulsar una ciudadanía activa y una responsabilización general por parte de todos en materia de cohesión social y desarrollo sostenible;

1.6

insiste una vez más en el papel activo que debería corresponderle en el fomento de la formación continuada a nivel local y regional (10), y ello también puede aplicarse a las cuestiones relativas a los objetivos educativos y las competencias clave. Considera fundamental que las cuestiones que se abordan en la propuesta de la Comisión tengan efectos a nivel regional y local;

1.7

expresa su deseo de seguir avanzando en esta cuestión con el fin de hacer un seguimiento de su evolución y respaldarla, y se ofrece para colaborar con la Comisión en el futuro sobre estas cuestiones: por ejemplo, en relación con proyectos piloto o en la elaboración de estudios;

1.8

subraya la importancia de desarrollar redes regionales para el aprendizaje permanente (similares a las de la iniciativa R3L) con el fin de reforzar la integración en redes de las instituciones y asociaciones de enseñanza básica y superior, de formación y culturales, ya que esa integración en redes es un elemento fundamental para aumentar la empleabilidad y potenciar la ciudadanía activa.

2.1

considera fundamental, desde esta perspectiva, que se haga hincapié en las competencias clave necesarias en la sociedad actual y futura, como un apoyo al desarrollo no solo local y regional, sino también nacional y de la Unión Europea en su conjunto. El Comité de las Regiones acoge positivamente las recomendaciones propuestas por la Comisión a los Estados miembros sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente;

2.2

considera especialmente positivo que la propuesta de la Comisión insista en el papel y la importancia de los niveles regional y local. Se trata de un paso destacado respecto de la anterior propuesta, que estaba prácticamente limitada a los niveles nacional y europeo;

2.3

opina que el programa integrado en el ámbito del aprendizaje permanente es un instrumento importante para subrayar el peso del ámbito de la educación en el proceso de reforzar las competencias clave para el aprendizaje permanente. Una difusión de los conocimientos y las competencias en las regiones y municipios de la UE por medio de una mayor movilidad de sus ciudadanos puede contribuir a impulsar la competitividad y el empleo;

2.4

constata que una de las piedras angulares de las recomendaciones de la Comisión es la necesidad de velar por que los adultos puedan actualizar las competencias clave a lo largo de sus vidas y por que se atienda, en particular, a aquellos grupos que se consideren prioritarios en el contexto nacional, regional o local. Las medidas destinadas a las personas con pocas cualificaciones para aumentar su motivación y difundir información a nivel local y regional pueden resultar importantes. Se trata de trabajar a partir de los conocimientos, experiencias e intereses de cada uno, en vez de fijarse en las carencias y deficiencias;

2.5

considera que el impacto de las recomendaciones de la Comisión en los cambios de los procesos económicos, sociales, culturales y de otra índole dependerá de las medidas concretas que se apliquen sin dilación a nivel nacional, regional y local. Por este motivo, el Comité de las Regiones subraya la importancia de que se reformen los sistemas educativos tanto en el ámbito del aprendizaje reglado como el no reglado. El objetivo de estos programas, que deberán cubrir todos los niveles educativos, será adaptar estos sistemas a las necesidades del mercado de trabajo de la UE y a las exigencias de la estrategia para el aprendizaje permanente;

2.6

por este motivo, señala que debe prestarse atención y deben contrarrestarse las diferencias entre hombres y mujeres en los relativo a su participación en la educación y a los resultados obtenidos, tanto a nivel nacional como regional y local. Se trata, por ejemplo, de impulsar el acceso de las jóvenes y mujeres a los estudios tecnológicos y científicos, aunque en otro contexto son los hombres quienes necesitan respaldo, ya que, en muchas regiones y municipios, abandonan sus estudios y se muestran menos motivados y menos interesados en llevar a cabo una formación complementaria en mayor proporción que las mujeres;

2.7

opina que las recomendaciones a los Estados miembros propuestas por la Comisión servirán para impulsar una orientación de los sistemas educativos europeos más rápida y centrada en objetivos más claros, a fin de cumplir los objetivos de competitividad, bienestar y participación. El Comité de las Regiones respalda estos objetivos y desea realizar una serie de observaciones:

2.8.1

destaca la importancia de que se impulse de manera efectiva un desarrollo bien dirigido de los niños, sin que necesiten experimentar fracasos escolares, y que la escuela secundaria siente las bases para un aprendizaje permanente en sus distintas variantes, reglado y no reglado (no formal e informal). Es importante tener en cuenta que tanto los niños como los jóvenes tienen diferentes maneras de aprender, maduran a ritmos diferentes y con frecuencia requieren más o menos tiempo para alcanzar los objetivos que se les fijan. Este planteamiento constituye un reto considerable para el desarrollo de los sistemas educativos y la formación del profesorado;

2.8.2

subraya la importancia de que se preste atención a los niños y jóvenes con necesidades específicas, por ejemplo por discapacidad, de modo que participen junto con otros niños;

2.9.1

acoge positivamente que la Comisión señale en su documento la necesidad de adoptar medidas específicas destinadas a quienes se encuentran en una situación de desventaja en materia de educación. Se muestra de acuerdo en que las desigualdades en materia de educación surgen, a menudo, como consecuencia de una combinación de circunstancias personales, sociales, culturales y económicas, y deben abordarse en colaboración con otros sectores de la sociedad. Considera esencial que se supriman los obstáculos al empleo, la formación y otras maneras de abrirse camino;

2.9.2

subraya que es esencial que todos los alumnos, independientemente de su origen social, gocen de las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos de la educación y no se vean obligados a interrumpir su escolaridad. Para ello se requieren acciones y medidas de respaldo específicas, basadas en las condiciones y las necesidades particulares de cada alumno;

2.9.3

señala que la UE no logrará alcanzar los ambiciosos objetivos que se ha fijado si algunas personas se ven excluidas del empleo, la educación, la formación y la mejora de las competencias por motivos de sexo, discapacidad, origen cultural o étnico, edad u otros. Los entes locales y regionales tienen un importante papel que desempeñar en el fomento de estrategias para la inclusión y la no discriminación, así como de la equidad y la igualdad de oportunidades para todos;

2.9.4

opina que sería positivo crear una red entre regiones y municipios europeos de diferentes países para difundir el intercambio de experiencias y desarrollar los conocimientos, de manera análoga a la iniciativa R3L. Se trata de prestar atención a esta cuestión y avanzar en el desarrollo de la metodología, así como de la divulgación y consolidación de los conocimientos;

2.10.1

considera esta propuesta importante y constata que, con frecuencia, las necesidades varían enormemente de una región a otra y de un municipio a otro, de modo que para satisfacerlas se necesita flexibilidad en los métodos. Por ello, es necesario hacer hincapié en que, en muchos casos, los grupos prioritarios deben identificarse precisamente a nivel local o regional, Conviene, por ejemplo, desarrollar la cooperación con organizaciones con experiencia en el aprendizaje de los adultos, así como con los interlocutores sociales;

2.10.2

considera que, entre los grupos de destinatarios reconocidos como prioritarios, se debe prestar especial atención a la categoría que constituyen los empleados de entes locales y regionales –en relación con la función pública que desempeñan– para permitirles desarrollar y actualizar sus competencias clave durante toda su vida laboral;

2.11.1

reitera  (11) que urge movilizar recursos a nivel local y regional para respaldar el aprendizaje permanente, y repite que es necesario que los debates se inicien en el plano local y regional. En el dictamen a que se hace referencia, el Comité de las Regiones indicaba que la accesibilidad geográfica debe ponerse en relación con otras medidas destinadas a aumentar la accesibilidad en general, relativas tanto a la manera en que se lleva a cabo como a los locales. Se trata, por ejemplo, de ofrecer una formación diurna y nocturna, así como durante los fines de semana, el verano y los períodos tradicionales de vacaciones. Otras posibilidades son: un inicio frecuente de cursos, los estudios a distancia y el aprendizaje flexible con la ayuda de una orientación. También conviene ofrecer a los participantes en los cursos facilidades económicas para que puedan llevar a cabo sus estudios, y aprovechar los conocimientos obtenidos por distintas vías fuera del sistema educativo reglado;

2.11.2

La creación de una infraestructura no debe implicar que se cree un tipo de centro de aprendizaje único y estandarizado, sino que, en la medida de lo posible, debe apoyarse en las estructuras existentes y tener en cuenta las condiciones y necesidades locales específicas.

2.12.1

destaca que este punto es un factor de éxito esencial para alcanzar el desarrollo local y regional. Para los niveles regional y local, resulta fundamental que varios ámbitos de acción puedan aunarse en el plano local y regional –política en materia de economía, educación, empleo, integración y asuntos sociales– y dejar de lado los planteamientos compartimentados. Por ello, es importante que responsabilidades y competencias vayan a la par. En este sentido, el Comité de las Regiones considera que se necesitan recursos económicos y un uso más libre de estos para posibilitar la puesta en práctica de medidas en el marco del programa integrado de acción en el ámbito del aprendizaje permanente. La cooperación entre la sociedad y el entorno laboral por una parte y la educación superior por otra constituye un factor clave para el crecimiento en las regiones y municipios.

2.13.1

acoge positivamente la propuesta sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, ya que coloca en el punto de mira la cuestión de cuáles son las cualificaciones básicas que necesita el individuo para desenvolverse adecuadamente una sociedad intensiva en conocimiento. Estas competencias clave pueden servir de punto de partida en el debate, tanto a nivel europeo como nacional, regional y local, sobre las futuras necesidades de cualificaciones. En el trabajo para alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa, esta cuestión reviste especial relevancia en Europa. De hecho, es en el nivel regional y local donde estas cuestiones relacionadas con las cualificaciones han de ponerse en práctica,

2.13.2

considera que se debe entablar un debate continuado y vivaz sobre estas cualificaciones, que también deben desarrollarse y ser objeto de un diálogo permanente. Así, entre las competencias sociales y cívicas se incluye toda una serie de aspectos que más tarde será necesario desarrollar o abordar por separado. Además, varias de las competencias clave están estrechamente relacionadas entre sí;

2.13.3

comprueba que en la Comisión se ha trabajado para desarrollar la propuesta sobre las competencias clave, y respalda la propuesta de competencias clave que ha presentado;

2.13.4

presenta a continuación observaciones específicas sobre cada una de las competencias clave propuestas:

—

comunicación en la lengua materna;

—

comunicación en lenguas extranjeras;

—

competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología;

—

competencia digital;

—

aprender a aprender;

—

competencia social y cívica;

—

espíritu de iniciativa y espíritu de empresa;

—

expresión cultural.

3.1.1

está de acuerdo en la importancia de la comunicación en la lengua materna, tanto oral como escrita;

3.1.2

al ser la lengua materna la base sobre la que descansa el aprendizaje, la capacidad de expresarse y la identidad, un buen conocimiento y dominio de ella constituyen un elemento indispensable en el proceso de aprendizaje. La lengua constituye una base para recabar información y para la comunicación con los demás, la participación y la responsabilización;

3.1.3

señala, no obstante, que la Comisión y las instancias nacionales deberían cooperar estrechamente con los entes locales y regionales en aquellas áreas donde se hablan lenguas poco usadas y poco enseñadas, con el fin de incitar a un mayor número de personas a aprenderlas (12);

3.2.1

señala que en la Europa del futuro será cada vez más necesario conocer varias lenguas, no solo porque crea posibilidades de mejorar los contactos, sino también porque permite comprender mejor la cultura, las costumbres y la forma de vida de otros países. Las lenguas son también un elemento esencial para poder realizar estudios superiores y una condición para aumentar la movilidad en el mercado laboral. Hoy por hoy existe ya una interdependencia entre las distintas zonas lingüísticas de Europa. Los intercambios transfronterizos seguirán aumentando, las economías son cada vez más interdependientes y la producción de mercancías y servicios se realiza, cada vez en mayor medida, por encima de las fronteras nacionales y lingüísticas. El Comité de las Regiones desea hacer hincapié en que la diversidad lingüística de Europa debe considerarse como un recurso.

3.3.1

considera importante que la competencia matemática y las competencias en ciencia y tecnología se desarrollen en contextos que hagan que el alumno las considere provechosas y se sienta motivado. Las matemáticas pueden ser un instrumento en otras asignaturas como la física, la química, la biología y las ciencias sociales. Los conocimientos en esta materia también pueden ser un elemento básico de una formación intelectual moderna. Las competencias en ciencia son importantes, entre otras cosas, para poder ver y entender las relaciones de causa-efecto y demostrar un postulado. Una ciudadanía activa requiere ciertas competencias en matemáticas y ciencias. Las competencias técnicas deberían desarrollarse a partir de las experiencias de hombres y mujeres. Además, es importante señalar cómo las ideas preconcebidas y la tradición determinan nuestra visión de lo masculino y lo femenino en relación con la técnica;

3.3.2

opina que en el marco del Espacio Europeo de Investigación se debe realizar un esfuerzo específico para incrementar el interés de los jóvenes y las mujeres por las carreras científicas y tecnológicas. Todo el mundo debe poder usar de manera segura y crítica las tecnologías de la sociedad de la información. El desarrollo de los denominados parques temáticos es una herramienta interesante para incrementar el atractivo de los estudios científicos y técnicos;

3.4.1

considera que se debe crear una estructura de información en materia de competencia digital de carácter inclusivo y no discriminatorio, que abarque a toda la Unión Europea. El CDR concede gran importancia al fomento de una sociedad de la información equitativa desde el punto de vista geográfico y social, que garantice que todos los ciudadanos disponen de las competencias necesarias para vivir y trabajar en esta nueva era digital. Efectivamente, la capacidad de hacer frente al enorme flujo de información y a complejas problemáticas es una competencia importante, que cada vez más personas necesitan;

3.5.1

señala que la competencia «aprender a aprender» implica cierta perspectiva, cierta actitud respecto al proceso de aprendizaje y cierta metodología de adquisición de nuevos conocimientos. Conlleva, para cada individuo, cierta conciencia de sí mismo y de la manera en que uno reacciona en diferentes situaciones de aprendizaje, así como un conocimiento de las propias estrategias de aprendizaje, los puntos fuertes y los puntos mejorables de cada uno. En este sentido cuentan también la motivación y la confianza en uno mismo. La estrategia para el aprendizaje permanente se basa, en buena medida, en el conocimiento de las vías de aprendizaje, que pueden ser diversas y tener lugar en situaciones diferentes. Se trata, en efecto, de tener la capacidad de volver a aprender y de aprender cosas nuevas, de poder aplicar los conocimientos, capacidades y experiencias de cada uno y de buscar oportunidades de aprovecharlos y aplicarlos en situaciones diferentes.

3.5.2

opina que esta competencia resulta esencial en la sociedad de la información, y considera especialmente importante que los futuros docentes reciban en su formación una preparación para trabajar de esta manera. Esta competencia se diferencia, por su naturaleza, de todas las demás competencias clave, y está relacionada con la capacidad de desarrollarlas. Por ello, el Comité de las Regiones estima que esta competencia clave debería tratarse por separado y preceder a todas las demás;

3.6.1

subraya que los conceptos de competencia social y cívica incluyen una serie de cuestiones a las que, en opinión del Comité de las Regiones, cabe prestar enorme atención. Se trata, por una parte, de desarrollar las competencias personales, así como la capacidad de establecer contactos con otras personas. Una capacidad comunicativa bien desarrollada, entendida en sentido amplio, es una competencia cada vez más importante en la vida laboral y social propia de una sociedad del conocimiento, e incluye también la comprensión intercultural;

3.6.2

apunta que en este ámbito de competencias se encuentran, por ejemplo, los aspectos sociales, en el sentido de que el individuo se ve como un recurso para sí mismo, su familia y su entorno;

3.6.3

señala que también se incluyen aquí aspectos médicos, en el sentido de ser conscientes de la importancia de llevar una vida sana, de la cuestión de la salud física y mental y de un estilo de vida activo. Al mismo tiempo que los conocimientos médicos avanzan, la salud de niños y jóvenes empeora en muchas sociedades, debido a los malos hábitos alimenticios y de ejercicio. Si no se hace nada para impedirlo, esta situación puede convertirse en un problema serio;

3.6.4

otro aspecto extremadamente importante es el del papel de una ciudadanía cívica, que incluye aspectos como la comprensión del significado de la democracia y los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Todos estos factores pueden fomentarse a nivel regional y local; el Comité propone que se complete la definición de manera que quede clara la importancia que tiene para los ciudadanos conocer la historia de la UE, sus objetivos, los elementos esenciales relativos al Tratado de la UE, la relaciones entre la UE y sus Estados miembros, los problemas y avances que presenta la elaboración de un Tratado Constitucional y los principios que rigen los distintos ámbitos políticos;

3.6.5

considera que, en este contexto, debe dejarse clara la importancia del desarrollo sostenible y hasta qué punto es esencial que nos responsabilicemos en relación con el medio ambiente en su calidad de bien común;

3.7.1

señala que la capacidad de iniciativa y el espíritu empresarial implican fundamentalmente una actitud activa que permita pasar de la idea a la acción. En este sentido, es importante que el sistema escolar incite desde una edad temprana a adoptar esta actitud y desarrolle métodos de trabajo para conseguirlo. El Comité de las Regiones destaca que es importante aprovechar el potencial de las mujeres y los grupos étnicos con buenas ideas empresariales para que puedan iniciar sus actividades. También es posible que las mujeres necesiten un respaldo activo por parte de diferentes autoridades para poder tener acceso a la tecnología. Este tipo de acciones, coordinadas con una política laboral activa, puede contribuir a reducir las diferencias en las cuotas de empleo de mujeres y hombres en muchas partes de Europa. Estos elementos serán decisivos para el futuro económico y el bienestar en la Unión Europea (13);

3.8.1

está de acuerdo en que es esencial comprender y preservar la diversidad cultural y lingüística de Europa (14). Se trata de aprovechar distintas formas de expresión, como la música, el arte, la literatura y el lenguaje como parte del aprendizaje y el desarrollo de las personas. En general, es importante aprovechar las perspectivas y planteamientos diferentes a los propios;

3.8.2

en este contexto, hace hincapié en la perspectiva histórica, en cómo, a lo largo de épocas diferentes, los contactos entre regiones de Europa han impulsado el desarrollo, y en que la idea de una comunidad europea existe desde hace al menos cinco decenios, cuyo reflejo es la Unión Europea de hoy.

3.9.1

considera oportuno hacer un seguimiento de cómo evoluciona esta cuestión y respaldarla, partiendo de las recomendaciones presentadas por la Comisión, y propone colaborar con la Comisión sobre estas cuestiones en el futuro;

3.9.2

respalda las propuestas de competencias clave para el aprendizaje permanente presentadas por la Comisión y considera que deben seguir desarrollándose y ser objeto de un diálogo permanente;

3.9.3

propone que la competencia «aprender a aprender» preceda a todas las demás, ya que ofrece una perspectiva sobre el propio aprendizaje y diferentes metodologías de adquisición de nuevos conocimientos y, por consiguiente, está relacionada con las condiciones para desarrollar las restantes competencias clave propuestas;

3.9.4

señala que la competencia clave «competencia social y cívica» también debe hacer referencia a la importancia del desarrollo sostenible y a la conciencia de nuestra responsabilidad en relación con el medio ambiente, que es un bien común.

3.9.5

insiste en la importancia de adquirir sensibilidad cultural, lo cual constituye el verdadero fundamento de la receptividad a la diversidad de lenguas y culturas europeas, a su comprensión y al enriquecimiento que puedan aportar a todo ciudadano europeo.

22.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/29

1)

Una política industrial europea renovada y moderna, centrada en la capacidad competitiva de la industria europea, constituye una prioridad fundamental y absoluta para la Agenda en favor del crecimiento y el empleo. Los problemas que se hallan en su base siguen estando presentes en todas las regiones de la UE y la dinámica de los procesos subyacentes es vasta y de carácter urgente. Por esta razón, el CDR valora positivamente las ambiciones de la Comisión, así como su disposición para facilitar que se lleven a cabo con decisión las reformas necesarias;

2)

Habida cuenta de la velocidad a la que se transforma la economía mundial, las reformas resultan cada vez más urgentes. La competitividad de la industria europea se halla sometida a fuerte presión, especialmente intensa en cuanto al ritmo y la eficacia de la renovación de la política industrial europea. El CDR valora el compromiso que la Comisión ha pedido, y ha obtenido, de las organizaciones de muchos sectores industriales, pero se pregunta si ello ofrece suficientes puntos de referencia. En la competencia económica mundial, Europa desarrolla su fuerza futura ante todo en regiones competitivas, designadas en el presente dictamen con el término de «valley», inspirándose en el concepto del conocido Silicon Valley y en la filosofía del World Economic Forum. Estos «valleys» europeos, construidos sobre industrias y sectores tradicionales, son los motores de la futura renovación económica y social;

3)

Como ejemplo cabe citar Estocolmo, Cambridge, Baviera, Ródano-Alpes y el Sudeste de los Países Bajos, así como nuevas regiones emergentes como Värmland, Riga y Sajonia-Anhalt. El CDR pide a la Comisión que haga de este enfoque el elemento central de su «nueva programación» de la política industrial europea, para de este modo responder mejor a la formación de concentraciones regionales y económicas de Europa. Esto supone mejorar considerablemente las actuales propuestas, que no van más allá de la creación de «condiciones marco» y que, en este sentido, son demasiado poco innovadoras. Este elemento central de la nueva política industrial europea debe consistir sobre todo en el fomento de desarrollos transectoriales orientados a crear nuevas combinaciones de tecnología, producto y mercado;

4)

En el presente Dictamen, el CDR realiza una serie de propuestas concretas para dotar de mayor eficacia e integrar en mayor medida los instrumentos de la UE. Ya durante la próxima Presidencia alemana se deberán sentar unas bases sólidas para ello, y el CDR pide a la Comisión y al Parlamento que presenten una política innovadora y audaz.

1.1

en las líneas de trabajo presentadas por la Comisión se anuncian siete iniciativas políticas intersectoriales que abordan los desafíos comunes a los que se enfrentan agrupaciones de diversas industrias y refuerzan las sinergias entre los diferentes ámbitos políticos:

1.2

todas estas medidas tienen, sin excepción, una importancia primordial para el crecimiento de la competitividad de las industrias europeas. Por esta razón, el CDR suscribe plenamente las propuestas desde un punto de vista general. Desde su posición, pide que se preste especial atención a la gestión del cambio estructural en la industria manufacturera y se examine también detenidamente el nuevo programa para simplificar la legislación. Este aspecto es lo esencial de este marco: se debe dejar paso al seguimiento y fomento de una nueva política industrial que emane de las regiones. En el debate sobre cómo tratar los retos y oportunidades que se derivan de la globalización, la competitividad de la Unión Europea debe ser un elemento central para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. El CDR rechaza un planteamiento proteccionista orientado al pasado que se base en el mantenimiento de viejos hábitos. Iniciativas tales como el Fondo de Adaptación a la Globalización presentado por la Comisión no se deben introducir de manera defensiva, sino orientada al desarrollo, como, por ejemplo, para la formación de nuevos sectores de gran potencial;

1.3

el CDR pide que se mencione de modo más explícito la política regional de innovación de la Comisión, que está muy orientada a estimular agrupaciones de empresas (clusters) y nuevas formas de cooperación. En Europa cabe señalar una serie de buenos ejemplos de cooperación entre la Comisión y las regiones; cabe remitirse, por ejemplo, al Programa de acción en materia de innovación del Brabante septentrional 2005-2010, denominado «Connecting, creating and enabling winners»;

1.4

la elaboración de iniciativas políticas intersectoriales, en particular, brindará oportunidades de desarrollar una política industrial europea moderna y mejor integrada. En relación con esto se exponen a continuación brevemente algunas de las medidas propuestas, haciendo hincapié sobre todo en aprovechar las ventajas que entraña la adopción de un enfoque más integrado;

1.5

la energía y el medio ambiente constituirán temas prioritarios al nivel mundial en los próximos años.

La Comisión debe impulsar en la medida de lo posible un clima que transforme las amenazas en oportunidades. Estos ámbitos ofrecen nuevos e interesantes mercados y elementos de referencia con respecto a las políticas industrial y de investigación de la UE. Esto contribuirá a que la energía y el desarrollo sostenible (productos más compatibles con el medio ambiente y procesos de producción) no se traten aparte, sino que formen parte integrante de la política industrial y de innovación. A tal fin se debería prestar mayor atención al desarrollo de fuentes alternativas de energía.

Los costes energéticos forman una parte esencial de los costes de la industria europea. El CDR pide a los Estados miembros que aumenten su capacidad de interconexión, para que la liberalización del mercado de la energía lleve a una situación en la que la industria europea pueda comprar gas y electricidad en toda Europa. Una participación activa en el capital de las empresas de energía por parte de los entes locales y regionales puede contribuir activamente a la creación de unas condiciones de competencia equitativas al nivel europeo;

1.6

el CDR subraya que la nueva política industrial debe entenderse en el marco de la Estrategia de Lisboa y en el contexto de la globalización. Los procesos de reestructuración acometidos en las regiones y países son consecuencia de esta evolución. Como ha subrayado el CDR en su Dictamen sobre las reestructuraciones y el empleo (CDR 148/2005 fin), es necesario garantizar una buena gestión de las reestructuraciones. Véase al respecto también la observación formulada arriba sobre la introducción orientada al desarrollo, y no con carácter defensivo, de un Fondo de Adaptación a la Globalización. Esencial para esta apuesta desde la UE es el fomento de la cohesión económica y social: ésta debe ser también la base para un mercado laboral que funcione mejor y sea más flexible. Es de desear que se conceda mayor importancia a la cuestión prioritaria de la «innovación social». La cuestión fundamental es cómo conseguir que los trabajadores europeos, del más alto al más bajo nivel, estén en mejores condiciones de acompañar las reformas, a veces drásticas, sin caer en un desempleo de orden estructural;

1.7

el aumento de la productividad laboral, la participación y la movilidad laborales son esenciales para la competitividad de la Unión Europea. Se les debe prestar mayor atención, tanto en la política de los Estados miembros como en los programas y Fondos Estructurales de la UE. Además, se deben aumentar las posibilidades para que las personas altamente cualificadas del exterior de la UE puedan acceder (temporalmente) al mercado de trabajo europeo; una liberalización de este tipo también contribuye a la competitividad de Europa;

1.8

el CDR señala que algunos importantes sectores manufactureros disfrutan todavía de ventajas considerables con respecto a sus competidores, pero que también pueden sufrir los efectos negativos de la globalización. Una protección adecuada de la propiedad intelectual e industrial es de importancia vital para la posición competitiva de la UE. La protección de la propiedad intelectual constituye un incentivo para las medidas innovadoras y el desarrollo de nuevos modelos empresariales. El marco reglamentario debe ajustarse a la evolución tecnológica y social y sus rápidos cambios. La legislación en este ámbito debe ser clara y ofrecer seguridad jurídica. Las normas deben elaborarse y aplicarse tanto a nivel europeo (Derecho comunitario) como mundial (OMC, ADPIC). Numerosos empresarios en el sector de las PYME, fuerzas motrices de la innovación, aún no saben con precisión cómo deben tratar las violaciones de su propiedad intelectual. Muchas PYME tienen graves problemas en Europa con los altísimos gastos de mantenimiento de las patentes, que son mucho más elevados que, por ejemplo, en Estados Unidos. Por otra parte, en lo que respecta a los costes de solicitud de las patentes, es sumamente importante que, tras treinta años de debate, se introduzca por fin la patente comunitaria. Cinco años después de que la Comisión Europea presentara una propuesta concreta, este asunto sigue en un punto muerto en el Consejo debido a diferencias sobre el régimen lingüístico. El CDR pide a la Comisión Europea que elabore una directiva de armonización basada en el artículo 95 del TCE. De este modo, los regímenes de patentes nacionales podrán dejarse como están, pero deberán estar sujetos al principio de mutuo reconocimiento. Limitando el número de lenguas a la lengua del Estado miembro en cuestión y al inglés se pueden reducir notablemente los costes de la patente comunitaria, lo que sobre todo beneficia a las PYME. De este modo, se creará una patente internacional y competitiva. Además, es necesario reducir al mínimo la tasa para el mantenimiento de la patente, que en muchos Estados miembros de la UE sigue aumentando, lo que no estimula la innovación;

1.9

el Séptimo programa marco y el Programa Marco para la innovación y la competitividad (PIC), en combinación con los Fondos Estructurales, desempeñan un papel esencial en materia de promoción y orientación. Los recursos del Séptimo programa marco son esenciales para garantizar la posición competitiva de la UE y reforzar las regiones punteras en materia de tecnología. Es preciso que el presupuesto no se vea reducido al establecer las perspectivas financieras;

1.10

en el presente dictamen se pide de manera expresa que se fomente la concentración regional-económica en Europa («valleys europeos»). Para ello es necesario que los Fondos Estructurales y los programas marco, como el Séptimo PM y PIC, puedan utilizarse de manera más coordinada en las regiones. El CDR pide a la Comisión Europea que realice al respecto propuestas concretas.

Es importante, por ejemplo, concentrar los recursos en favor de la investigación punta en torno a determinados elementos clave: el estímulo de una cultura de «innovación abierta» y la constitución de agrupaciones en las regiones;

1.11

para poder desarrollar un modelo económico en una región de tecnología punta se necesita algo más que inversiones considerables en investigación. Es lo que se desprende, por ejemplo, de las enseñanzas en la región de Brainport Eindhoven. Con el fomento de una gran diversidad de aplicaciones de un determinado conocimiento en diversas cadenas de innovación se crean nuevas oportunidades de trabajo en todos los niveles y se consolidan los conocimientos en una región. Así, las empresas pequeñas y medianas tienen derecho a la misma clase de estímulo que los centros de investigación. El CDR pide a la Comisión Europea que utilice los programas europeos y los Fondos Estructurales de manera más precisa y a modo de multiplicadores para fomentar algunas cadenas de innovación por región. De este modo se crearán numerosos puestos de trabajo al nivel de la educación universitaria, la formación profesional superior y la formación profesional media;

1.12

con respecto al último punto, el CDR pide que se preste especial atención a la accesibilidad de las pequeñas y medianas empresas a los programas marco y fondos europeos. El CDR considera que se trata de un problema importante y que, si no hay simplificación, la ambición de apoyar primordialmente a las PYME tiene pocas posibilidades de éxito. Es importante crear una cultura de «innovación abierta» en la que las PYME puedan acceder de modo más fácil y mejor integrado a los recursos y proyectos;

1.13

de la experiencia adquirida con la política de innovación regional se desprende que las PYME salen beneficiadas sobre todo de la interacción con las grandes empresas. Por ello, el CDR insiste en que la política industrial europea debe abordar de modo más explícito la interacción entre las grandes empresas (1) y las PYME. También es de gran importancia la interacción entre las PYME y los centros de investigación;

1.14

para concluir, el CDR hace sólo una observación más sobre la posibilidad de que la política industrial europea adopte un enfoque más integrado. La política industrial debe integrarse con la política de desarrollo sostenible y de cohesión social; éste es un importante reto para Europa. Con este programa, la Comisión puede contribuir a que, en el marco de una sociedad del conocimiento sostenible en Europa, se preste más atención a nuevas formas de cooperación y de combinaciones de producto-mercado en ámbitos como la industria sanitaria (innovaciones médicas y técnicas), el medio ambiente o la energía, que ofrecen interesantes nuevos mercados a las industrias europeas;

1.15

además, ya se ha hecho referencia a la tendencia a la reagrupación y a la especialización de las actividades económicas punteras en Europa. Esta tendencia puede reforzarse en otros ámbitos políticos, por ejemplo en lo que respecta a la ordenación del territorio y la modernización de las infraestructuras. La política europea debería centrarse más en la creación de condiciones sólidas favorables para emplazamientos (transfronterizos) de primer orden al nivel internacional, unidos a una infraestructura europea moderna que los haga accesibles. Por otra parte, cabe suscribir la idea del Presidente de la Comisión, Sr. Barroso, de crear una universidad de la UE (Instituto de Tecnología Europeo). Con un instituto superior de tecnología en la Unión Europea se podrá prevenir la fuga de cerebros a otras partes del mundo. Es hora de que la UE posea una institución que se pueda medir, por ejemplo, con el Instituto Tecnológico de Massachussets, de Boston;

1.16

la Comisión propone emprender las siguientes nuevas iniciativas:

1.17

los estudios sectoriales en que se basan las líneas de trabajo presentadas por la Comisión revelan que muchas industrias europeas tienen la capacidad necesaria para poder seguir siendo competitivas a escala mundial. Para poder alcanzar unos resultados óptimos al nivel internacional (world class performance), será decisiva la medida en que la industria manufacturera sea capaz de responder a las exigencias de conocimiento e innovación que requieren los nuevos productos y procesos de producción;

1.18

es importante que la UE y los propios Estados miembros sigan apoyando firmemente este proceso de cambio y reforma. A este respecto, el CDR señala que los actuales programas marco de la UE constituyen un eficaz instrumento de apoyo en relación con los (nuevos) Fondos Estructurales;

1.19

en sectores como las industrias de maquinaria y sistemas, la concentración y la masa son elementos cruciales para la adopción de agendas estratégicas europeas. En este contexto, las agendas estratégicas de ENIAC (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council) y Artemis son de importancia capital para las inversiones europeas y nacionales en este campo;

1.20

al margen de que la posición competitiva de las diferentes industrias debe ser objeto de constante atención, es importante poner de relieve que la prosperidad futura de Europa dependerá cada vez más de las actividades intersectoriales. Este punto merece atención particular por parte de la Comisión. La política industrial puede contribuir a acelerar la evolución en este ámbito estimulando una suerte de «choques intersectoriales», que por definición den lugar a sacudidas e innovaciones espectaculares en lo que respecta a los productos y mercados. En muchos sectores esta evolución comienza ya a cobrar forma, especialmente en los sectores agroalimentario y farmacéutico (ciencias de la vida), la tecnología biomédica y los sistemas de automoción y alta tecnología;

1.21

en esta perspectiva, las cuatro grandes categorías definidas en las líneas de trabajo de la Comisión no cubren suficientemente estos ámbitos. Por ejemplo, en la industria de las ciencias de la vida se echa en falta un ámbito tan importante como la «medicina molecular». También deberían mencionarse explícitamente la nanoelectrónica y los sistemas integrados. Asimismo, las industrias de «la moda y el diseño» deberían designarse con un término más amplio –por ejemplo, el de «industria creativa»–, teniendo en cuenta la evolución experimentada actualmente en el sector;

1.22

así pues, cada vez parece más importante promover agrupaciones (clusters) de actividades industriales coordinadas y fomentar actividades industriales nuevas o emergentes. El CDR considera que en las líneas de trabajo de la Comisión debería mencionarse este punto de manera más formal y explícita;

1.23

lo que se denomina «modelo de agrupaciones» (clustermodel) –es decir, la colaboración estructural e intensiva entre las administraciones públicas, las empresas y los centros de conocimiento– constituye a este respecto un factor de éxito esencial para todas las regiones innovadoras de Europa. Como ejemplo cabe citar Estocolmo, Baviera, Île-de-France, Ródano-Alpes y el Sudeste de los Países Bajos. Este tipo de enfoque basado en las agrupaciones merece un apoyo firme en el marco de una política industrial europea renovada y mejor integrada;

2.1

las líneas de trabajo de la Comisión se basan en la Estrategia de Lisboa y los objetivos de Gotemburgo y constituyen en este sentido un conjunto coherente. Como ya se ha señalado arriba en diversos puntos, el programa contiene a juicio del Comité muchas buenas intenciones, dignas de apoyo. Pocos serán los que se opongan a ellas. No obstante, lo que falta es una visión de futuro clara en cuanto a la capacidad de Europa de distinguirse con respecto a sus competidores en el resto del mundo;

2.2

el CDR recomienda que se fomente una visión estimulante y entusiasta. ¿Dónde estará Europa en 2027? ¿Cómo habrán respondido las industrias europeas a las exigencias formuladas en 2006? ¿De qué modo habrá contribuido la inversión en «regiones inteligentes» a una renovación económica y social en todos los Estados miembros de la UE? ¿Cómo se habrá logrado, en una sociedad del conocimiento sostenible, transformar los problemas relacionados con la energía, el medio ambiente y la industria sanitaria en nuevas oportunidades y nuevos mercados? Y así sucesivamente;

2.3

el CDR recomienda centrarse en los avances prometedores de las diferentes regiones, adhiriéndose así a las concentraciones y especializaciones económicas que irán adquiriendo cada vez más importancia en Europa en los próximos años. Hay que partir del principio de que el fomento de las regiones punteras contribuirá sustancialmente a la renovación económica y social en sentido amplio en todos los Estados miembros de la UE;

2.4

en el marco de la renovación de la nueva política industrial de la UE, el CDR recomienda que se aprueben criterios para determinar las regiones competitivas en el ámbito europeo, y dentro de cada Estado miembro, que permitan reorientar los fondos de los programas hacia dichas regiones competitivas como complemento de las inversiones nacionales y regionales, y también respaldar la comercialización de sus productos materiales e inmateriales.

En esta política industrial europea renovada, orientada a desarrollar múltiples oportunidades y nuevas concentraciones regionales y económicas, también se debe prestar especial atención al fomento de las regiones retrasadas en el marco de la «nueva solidaridad». El CDR propone a la Comisión Europea que cree un efecto de palanca, por ejemplo poniendo como condición para recibir contribuciones de los programas marco de la UE y de los Fondos Estructurales el establecimiento de asociaciones interregionales económicas;

2.5

fomentar los sectores europeos de punta para que alcancen una posición internacional de primer orden es y sigue siendo un objetivo importante de la política industrial europea. La prosperidad futura, no obstante, dependerá cada vez más de las actividades intersectoriales. El CDR recomienda mejorar la visibilidad de los avances que se han realizado de manera autónoma en las cuatro «grandes categorías» definidas en las líneas de trabajo presentadas por la Comisión;

2.6

el CDR, en consecuencia, recomienda que la nueva política industrial de la Comisión se centre más en la importancia estratégica de adoptar un enfoque intersectorial, teniendo en cuenta la fuerza de los «choques intersectoriales». A este respecto, la cooperación estructural entre las administraciones públicas, las empresas y los centros de conocimiento, designada también con la expresión «triple hélice», es una condición imprescindible. Este modelo de agrupaciones es una de las cartas de visita de la nueva política industrial europea;

2.7

el fomento de «choques intersectoriales» se orienta a lograr innovaciones y combinaciones de producto-mercado totalmente nuevas en la industria. Se trata de algo que no se circunscribe solamente al ámbito industrial: los choques con otros ámbitos sociales y de la sociedad también crean una nueva dinámica. En este sentido, el CDR señala los choques con el arte y la cultura (industria creativa), entre culturas (nuevo espíritu empresarial intercultural) o con la formación profesional (competencias profesionales renovadas). La UE puede y debe desempeñar también en estos ámbitos un papel estimulante e importante. El CDR pide a la Comisión Europea que preste atención a ello en los nuevos programas y Fondos Estructurales;

2.8

las propuestas de iniciativas intersectoriales facilitan elementos de referencia para adoptar un enfoque más integrado de la política europea. El CDR recomienda que se haga hincapié en los elementos siguientes:

2.9

en las líneas de trabajo de la Comisión se concede mucho valor, justificadamente, a la fuerza innovadora de las pequeñas y medianas empresas. No obstante, la medida en la que estas empresas puedan acceder en la práctica a las iniciativas dependerá esencialmente de la simplificación de la legislación europea. Por ejemplo, en materia de investigación y desarrollo, la forma en que se presentan en la actualidad las propuestas destinadas a las PYME reduce considerablemente las posibilidades de subvencionar a éstas, lo cual está en franca contradicción con el refuerzo de su posición competitiva al nivel mundial. Actualmente, una PYME de EE.UU dedica siete veces más dinero a la investigación y desarrollo que una PYME europea;

2.10

pronto no habrá ninguna empresa que pueda sufragar todas las exigencias administrativas que impone la UE por una subvención del 15 %. El CDR aboga en consecuencia por que se produzca una desburocratización radical, con el fin de hacer más accesibles a las PYME los programas marcos y los fondos europeos. Todas las propuestas de la Comisión a este respecto recibirán el apoyo más firme del CDR.

En esa tarea, la participación de las autoridades regionales y locales como administración más próxima a las PYME les facilitará su acceso a las ayudas comunitarias;

2.11

la desregulación y la reducción de las cargas administrativas resultantes de la normativa europea son, junto con un detallado análisis costes-beneficios de dicha normativa, condiciones fundamentales para poder materializar los objetivos de Lisboa. La evaluación del impacto de la legislación europea en la vida empresarial («business impact assessment») desempeña al respecto un importante papel. Una condición esencial para garantizar la calidad de la evaluación del impacto en el entorno empresarial es que este objetivo debe ser aplicado por una tercera parte independiente. El CDR pide a la Comisión Europea que presente propuestas lo antes posible. El mecanismo neerlandés de un órgano independiente de supervisión (Comité consultivo de verificación de las cargas administrativas, Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten, ACTAL) podría servir a este efecto como punto de partida;

22.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/34

1.1

acoge con satisfacción la nueva estrategia marco por considerarla una contribución positiva a la promoción de la diversidad lingüística y un complemento a las iniciativas existentes de la Comisión para mejorar la comunicación entre la Comisión Europea y sus ciudadanos;

1.2

apoya los tres objetivos principales de la Comisión: (1) fomentar el aprendizaje de idiomas y promover la diversidad lingüística en la sociedad; (2) promover una economía multicultural sana; y (3) permitir el acceso de los ciudadanos a la legislación, procedimientos e información comunitaria en su propia lengua;

1.3

considera, no obstante, que los recursos disponibles no son suficientes para un conjunto de objetivos tan importante;

1.4

acepta que la responsabilidad de obtener mayores avances en el multilingüismo reside principalmente en los Estados miembros y sus entes locales y regionales, pero considera necesaria una ayuda explícita de la Comisión para reforzar y mejorar la consistencia de la acción en los diferentes niveles y en toda la UE;

1.5

subraya el importante papel desempeñado por los entes locales y regionales en la aplicación de una política de promoción del multilingüismo y considera que las referencias a este papel en la Comunicación deberían ser más explícitas;

1.6

exige un mayor reconocimiento del papel de las iniciativas de hermanamiento de ciudades en el aprendizaje de idiomas y en el intercambio cultural, y considera que dicha participación explícita de los ciudadanos a nivel local y regional puede acortar las distancias entre la UE y sus ciudadanos;

1.7

opina, asimismo, que la última modificación del Reglamento 1/1958, según el cual la lengua irlandesa tendrá la consideración de lengua oficial y de trabajo de las instituciones de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2007, y las conclusiones del Consejo de 13 de junio de 2005, que permiten la celebración de Acuerdos administrativos entre las instituciones y organismos de la Unión Europea y los Estados miembros que recojan la posibilidad de un uso oficial de otras lenguas adicionales que tengan un estatuto reconocido por la Constitución de un Estado miembro en todo o en parte de un territorio y cuyo uso como lengua nacional está autorizado por ley, constituyen avances importantes a la hora de salvar las distancias entre la UE y un amplio número de sus ciudadanos;

1.8

es consciente de la importante contribución de programas sectoriales como Sócrates, Youth y Leonardo da Vinci, y del programa integrado de aprendizaje a lo largo de toda la vida en la promoción del aprendizaje de idiomas en la Unión Europea. Todos ellos constituyen buenos ejemplos de acciones que contribuyen a crear una sociedad multilingüe. Sin embargo, el CDR reitera su opinión de que la Comisión puede hacer aún más en este ámbito;

1.9

se felicita, en este sentido, de que en la actual propuesta sobre el «Programa integrado de educación y formación a lo largo de toda la vida» la Comisión Europea no haya establecido una distinción entre las distintas lenguas europeas de tal manera que se limite, como sucede actualmente, la participación en dicho programa únicamente a las lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones de la Unión;

1.10

aboga por que los inmigrantes puedan disponer de las mayores oportunidades posibles para fomentar el mantenimiento de sus lenguas nativas y el aprendizaje de la lengua o lenguas del país de acogida. El Comité considera que la rica diversidad cultural y lingüística que aportan a la Unión Europea los grupos de inmigrantes debería reconocerse de forma más explícita y que, como requisito mínimo, debería preverse la enseñanza de estos idiomas. El Comité también hace hincapié en la necesidad de una formación más especializada de intérpretes como forma de facilitar la comunicación entre las comunidades de inmigrantes y de acogida.

1.11

está de acuerdo en que los programas de estudios y las estructuras para la enseñanza de lenguas extranjeras deberían reflejar el cambio en las demandas que afrontan los alumnos y estudiantes; por lo tanto, espera con interés las recomendaciones de la Comisión sobre cómo actualizar la formación del profesorado de lenguas y las herramientas para aprendizaje de lenguas;

1.12

apoya el desarrollo del ámbito académico del multilingüismo y del interculturalismo en la sociedad europea y acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión para que la investigación sobre diversidad lingüística pueda complementarse con redes de cátedras, emulando el éxito de la acción Jean Monnet;

1.13

es consciente de las ventajas del aprendizaje de lenguas a una edad temprana, siempre que los profesores cuenten con la formación específica, y, por lo tanto, acoge con satisfacción la próxima publicación por parte de la Comisión de un estudio sobre buenas prácticas en el aprendizaje de idiomas a una edad temprana, que el Comité considera que debería incluir una perspectiva regional, y desea que dicho estudio tome en consideración los numerosos años de experiencia regional en este ámbito;

1.14

hace hincapié en la posibilidad de animar a los centros de enseñanza a que desempeñen un papel más activo en la promoción del multilingüismo entre los estudiantes y el personal, y consideraría positivo que se crearan más proyectos siguiendo el modelo de la ENLU;

1.15

está de acuerdo en que los centros de educación superior también podrían desempeñar un papel más activo en la promoción del multiculturalismo, de una forma más amplia, en la comunidad local mediante la creación de vínculos con los entes locales y regionales y las empresas locales;

1.16

coincide en considerar que la tendencia en los países que no son de habla inglesa a impartir la enseñanza en inglés en lugar de la lengua nacional o regional puede tener consecuencias imprevistas para la vitalidad de estas lenguas autóctonas. El Comité insiste en la urgencia de abordar este asunto y acoge favorablemente la propuesta de estudiar este fenómeno de manera más detenida;

1.17

apoya la idea de alentar a los Estados miembros a concebir planes nacionales para aportar estructura, coherencia y orientación a las acciones dirigidas a promover el multilingüismo. El Comité considera que dichos planes han de fijar objetivos claros para la enseñanza de idiomas en las diferentes etapas de la educación e ir acompañados de un esfuerzo continuo de sensibilización sobre la importancia cultural de la diversidad lingüística. Los entes locales y regionales deberían intervenir en la concepción y aplicación de estos planes nacionales;

1.18

opina que la identidad regional se ve reforzada por la protección y la promoción de las lenguas minoritarias (menos utilizadas) y regionales. El Comité reconoce la existencia del apoyo a estas lenguas, pero considera que, al ser minoritarias y, por tanto, estar en una posición más vulnerable, habrá que prestar una especial atención a la búsqueda de otras formas de asegurar el futuro de estas lenguas;

1.19

apoya la inclusión por parte de la Comisión Europea de la 'comunicación en lenguas extranjeras' entre las competencias clave que todo ciudadano europeo ha de tener a lo largo de su vida y anima a la Comisión al desarrollo de los textos correspondientes para su implantación en la sociedad;

1.20

considera que unas mejores competencias lingüísticas aumentarán las oportunidades de comercio de las empresas de la UE. Además, acoge con satisfacción la publicación en 2006 de un estudio sobre el impacto de la falta de conocimientos lingüísticos en la economía europea. Sin embargo, el Comité opina que dicho estudio debería abordar específicamente las diferencias regionales en lo que a las capacidades lingüísticas se refiere y considera que las recomendaciones deberían difundirse ampliamente. El Comité también respalda la publicación, a lo largo de 2006, en Internet de un inventario de los sistemas de certificación lingüística;

1.21

considera que es necesario profundizar en las modalidades de integración entre el multilingüismo y la formación profesional a fin de aumentar la movilidad transnacional de los trabajadores como instrumento de aplicación de la política comunitaria de empleo;

1.22

destaca que en los países de habla inglesa de la UE se ha producido un descenso en el número de estudiantes de lenguas. Una de las razones de este descenso se relaciona con la creencia de los ciudadanos cuya lengua materna es el inglés de la escasa rentabilidad y utilidad profesional del conocimiento de otras lenguas en el mercado de trabajo, de ahí que los estudiantes no siempre consideren que el conocimiento de una lengua moderna constituya una competencia especial ya sea para acceder a la educación superior o para su carrera profesional. Aunque la Comisión estudia modos de crear una economía multilingüe, el Comité reitera que hay que hacer un mayor esfuerzo por concienciar a los ciudadanos acerca de los beneficios económicos del aprendizaje de lenguas;

1.23

hace hincapié en la importancia de poder acceder y emplear la información en diversas lenguas y, por consiguiente, acoge con satisfacción la creación de un «espacio único europeo de la información, que ofrezca contenidos ricos y diversificados y servicios digitales»;

1.24

considera que la inserción de subtítulos en películas y programas de televisión es un medio de promover el aprendizaje de idiomas y está a favor de que se realicen más estudios sobre las posibilidades de intensificar su utilización;

1.25

opina que es preciso actualizar constantemente los programas de formación en la educación superior y en otros ámbitos y, por eso, considera positiva la celebración de una conferencia en 2006 sobre la formación de traductores en las universidades;

1.26

acoge con satisfacción la puesta en marcha, en el marco de i2010, de una gran iniciativa sobre bibliotecas digitales y respalda las iniciativas para coordinar el trabajo de equipos de investigación europeos en los ámbitos de las tecnologías del lenguaje humano, la traducción automática y la creación de recursos lingüísticos;

1.27

reconoce que, a lo largo de los diez últimos años, la Comisión ha lanzado varias iniciativas multilingües para ayudar a los ciudadanos a comprender cómo les afecta la legislación europea y acoge con satisfacción las propuestas de basarse en estas iniciativas. Sin embargo, el CDR estima necesario que la Comisión intensifique sus campañas de información y sensibilización destinadas a informar a los ciudadanos de la UE sobre su diversidad lingüística y cultural y su legado literario y artístico como núcleo central de valores compartidos. Las iniciativas de sensibilización resultan fundamentales para aumentar el conocimiento de los ciudadanos sobre su legado literario y artístico y es particularmente importante que se dirijan a las generaciones más jóvenes de ciudadanos europeos, en todos los niveles de la educación reglada y no reglada;

1.28

apoya a la Comisión en su constante empeño por fomentar el multilingüismo tanto en su portal de Internet (Europa) como en sus publicaciones. El Comité acoge con satisfacción la puesta en marcha de un portal dedicado a las lenguas dentro del portal Europa que ofrecerá información sobre el multilingüismo en la Unión Europea y acogerá nuevos portales dedicados a los estudiantes y a los profesores de idiomas. También acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión establezca una red interna que se encargue de asegurar que todos sus servicios aplican coherentemente su política de multilingüismo;

1.29

recuerda a todas las instituciones europeas la necesidad de tener presente en su política de comunicación con los ciudadanos y, especialmente, en el portal de Internet dedicado a las lenguas de Europa, la existencia en los Estados miembros de lenguas europeas distintas a las que tienen la consideración de lenguas oficiales y de trabajo de las instituciones de la UE, y que disponen de un estatuto de oficialidad jurídica constitucionalmente reconocido. En estos casos el Comité considera que la Comisión Europea debería añadir dichas lenguas a su política de comunicación con los ciudadanos;

1.30

considera que potenciar el papel que desempeñan sus servicios de traducción en los Estados miembros en la promoción del multilingüismo, adaptando los mensajes de la Comisión a destinatarios locales específicos, constituye una iniciativa útil;

1.31

reconoce la importancia de fomentar la conciencia del valor de la diversidad lingüística y, por lo tanto, respalda la organización en los Estados miembros de seminarios de alto nivel sobre multilingüismo destinados a periodistas y otros difusores de opinión;

1.32

estima que la organización de un concurso internacional de traducción entre escuelas de los Estados miembros es una iniciativa positiva y preconiza el desarrollo de evaluaciones y concursos multilingües similares para los entes locales y regionales de la UE;

1.33

acoge favorablemente la propuesta de la Comisión para establecer un grupo de alto nivel sobre multilingüismo y la celebración de una conferencia ministerial sobre el mismo tema, en la que considera que debería invitarse a participar al Comité.

2.1

recomienda que sean más explícitas las referencias a las autoridades locales y regionales en la promoción de la cultura y la lengua en sus comunidades, dado el papel que desempeñan dichas autoridades;

2.2

reclama un mayor reconocimiento del papel desempeñado por iniciativas como las actividades de las eurorregiones y los hermanamientos de ciudades en el aprendizaje de lenguas y el intercambio cultural a nivel local;

2.3

recomienda a la Comisión que intensifique la sensibilización sobre el multilingüismo y mejore la consistencia de la acción a diferentes niveles en toda la UE aprovechando la inclusión de la 'competencia en lenguas extranjeras' entre las competencias clave que debería tener todo ciudadano europeo;

2.4

insta a la Comisión a que aumente la contribución de los programas sectoriales –como Sócrates, Youth y Leonardo da Vinci– y del programa integrado de aprendizaje permanente en la promoción del aprendizaje de idiomas en la Unión Europea favoreciendo especialmente la movilidad de estudiantes promovida por el Programa Erasmus;

2.5

invita a las demás instituciones europeas a que examinen la posibilidad de poner en práctica las experiencias positivas llevadas a cabo por el Comité de las Regiones en materia de uso de lenguas co-oficiales;

2.6

recomienda que los propios entes locales y regionales sean destinatarios de iniciativas que favorezcan el aprendizaje, la profundización y el perfeccionamiento de las lenguas extranjeras entre sus trabajadores, en relación con las funciones que éstos desempeñen en la promoción de la integración europea y en las políticas de cooperación e insta a dichos entes a incluir la competencia lingüística en sus programas y proyectos educativos cuando esté dentro de sus competencias;

2.7

recomienda que se preste más apoyo a las comunidades de inmigrantes no sólo para que aprendan la lengua de su país de acogida, sino también para favorecer el mantenimiento de sus lenguas y cultura y reclama referencias más explícitas a las medidas políticas relativas a las lenguas de los inmigrantes, que puedan aplicarse con la colaboración de entes locales, universidades y empresas;

2.8

hace hincapié en la necesidad de una formación más especializada de intérpretes con vistas a facilitar la comunicación entre las comunidades de inmigrantes y de acogida.

2.9

recomienda que la formación de profesores de idiomas constituya una prioridad e insta a la Comisión a que subraye de forma más explícita su plan de acción para la formación de profesores de idiomas a todos los niveles;

2.10

recomienda a la Comisión que especifique la distribución de las Cátedras en Multilingüismo e Interculturalismo en los Estados miembros;

2.11

insta a la Comisión a que promueva más proyectos que favorezcan los vínculos entre los centros de educación superior y las comunidades locales y regionales, incluidos sus respectivos entes y las empresas locales;

2.12

sugiere a la Comisión que fomente el multilingüismo en la educación superior a través de proyectos que sigan el modelo de la ENLU (red europea para la promoción del aprendizaje de las lenguas para todos en la enseñanza superior);

2.13

insta a los Estados miembros a que sigan la recomendación de la Comisión de aprobar planes nacionales en favor del multilingüismo y de la diversidad cultural;

2.14

recomienda a la Comisión que aporte una serie de orientaciones claras sobre cómo los Estados miembros pueden aprobar los planes nacionales en favor del multilingüismo;

2.15

recomienda que se indique de forma más explícita el papel de las lenguas regionales y minoritarias en la creación de una Europa multilingüe.

2.16

recomienda que el estudio sobre el déficit de competencias lingüísticas en la UE aborde en particular las diferencias regionales y considera que las recomendaciones del estudio deberían difundirse ampliamente;

2.17

insta a la Comisión a que intensifique sus campañas de sensibilización sobre los beneficios económicos y culturales del aprendizaje de idiomas.

2.18

insta a la Comisión a que intensifique sus campañas de información y sensibilización informando a los ciudadanos de la UE sobre su diversidad lingüística y cultural y su legado literario y artístico como núcleo central de valores compartidos, así como a hacer un especial hincapié en la concienciación de las jóvenes generaciones de europeos. El Comité recomienda además que a los ciudadanos europeos que trabajan en otros países de la Unión se les apoye en mayor medida para que aprendan la lengua y el lenguaje profesional del país de acogida;

2.19

reitera la importancia de favorecer la conciencia del valor de la diversidad lingüística entre los difusores de opinión y, por lo tanto, pide a la Comisión que refuerce sus campañas de sensibilización sobre multilingüismo entre estos grupos.

22.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/38

1)

que siguen existiendo buques deficientes y que hay que seguir luchando contra aquellos Estados de abanderamiento, sociedades de clasificación, propietarios y gestionarios de buques, fletadores, operadores de terminal y capitanes de buque que siguen actuando de manera irresponsable para lograr mayores ganancias sin aplicar las normas internacionales ni las prácticas seguras;

2)

los accidentes e incidentes marítimos que han costado vidas y contaminado los océanos y las zonas costeras o marítimas de ámbito regional y local, provocando con ello cuantiosas pérdidas económicas, graves daños medioambientales y gran preocupación por parte de la opinión pública;

3)

la trascendencia que tiene para las regiones y ciudades la existencia en la UE de un sistema de transporte marítimo ágil y competitivo, especialmente para las que cuentan con industrias, exportaciones y vínculos económicos con el sector marítimo;

4)

la necesidad de garantizar la coordinación con la estrategia marítima de la UE, la exigencia de sinergias mutuas y el potencial existente para ofrecer soluciones realistas a los entes regionales y locales;

5)

la importancia particular que tienen los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en las medidas de la UE en el ámbito de los transportes, ya que con frecuencia las competencias legislativas y ejecutivas están repartidas entre la UE, los Estados miembros y las regiones;

6)

que el nuevo marco de las nuevas propuestas legislativas:

1.1

considera que el aumento en la responsabilidad del Estado de abanderamiento y la armonización de la interpretación de los convenios de la OMI, incluidas todas las resoluciones y enmiendas adoptadas por la Asamblea para actualizarlos, redundarán indudablemente en beneficio de la flota comunitaria;

1.2

considera adecuado el método consistente en formular propuestas específicas para aumentar la presión ejercida sobre los buques deficientes, recompensar a los buques gestionados adecuadamente y presionar a los Estados de abanderamiento para que cumplan con las obligaciones que les incumben en virtud de los Convenios de la OMI;

1.3

se muestra de acuerdo con revocar la Resolución A.847(20) de la OMI y reemplazarla por la Resolución de la OMI A.(...) (23) por la que los Estados miembros tienen que cumplir de un modo coherente y eficaz sus obligaciones como Estados de abanderamiento de acuerdo con los convenios de la OMI y teniendo en cuenta la Resolución de la OMI A.(...)(23);

1.4

considera necesario atajar los fenómenos de distorsión económica y social, así como de empleo de tripulaciones insuficientemente cualificadas derivados de las interpretaciones divergentes de los Convenios de la OMI por parte de los distintos Estados de abanderamiento;

1.5

estima que la mejor manera de armonizar la interpretación de los Convenios de la OMI, incluidas todas las resoluciones y enmiendas adoptadas por la Asamblea para actualizarlos, consiste en aplicar uniformemente en toda la UE la interpretación que de ellos hace la propia OMI;

1.6

aboga por armonizar en toda la UE los manuales y requisitos relativos a la formación que permiten alcanzar las cualificaciones marítimas profesionales, y por integrar esta armonización en el sistema de reconocimiento mutuo de los certificados de competencia;

1.7

muestra su preocupación por la posibilidad y la práctica de cambiar de sociedad de clasificación o de Estado de abanderamiento en caso de desacuerdo entre el propietario o gestionario de un buque y la sociedad de clasificación o el Estado de abanderamiento en cuanto a la seguridad, tripulación, mantenimiento, equipamiento y utilización de un buque;

1.8

sugiere que las sociedades de clasificación y los Estados de abanderamiento deberían insistir en que, antes de registrar cualquier cambio de sociedad de clasificación o de pabellón, el buque se atenga enteramente a lo dispuesto en los convenios de la OMI. Además, el estricto cumplimiento de las resoluciones de la OMI debe constituir un requisito previo para que cualquier sociedad de clasificación o Estado de abanderamiento acepte dar de alta a un buque o le autorice a permanecer adscrito en la clasificación o registro de que se trate;

1.9

se muestra de acuerdo en integrar en la referida Directiva el corpus existente de instrumentos que regulan las relaciones laborales marítimas;

1.10

reitera su preocupación por los horarios que cumplen los trabajadores de mar, el cansancio que acusan por el exceso constante de trabajo y el peligro de que se produzcan errores, accidentes, daños y contaminación como consecuencia del trabajo excesivo combinado con períodos de descanso inadecuados;

1.11

considera que dejar a la entera discreción de las administraciones nacionales la facultad de considerar determinados buques exentos de la aplicación de las normas básicas de su Estado de abanderamiento da lugar, por una parte, al establecimiento de niveles de seguridad distintos en los diferentes Estados miembros y, por otra, a distorsiones de la competencia entre los Estados de abanderamiento. Por ello, la capacidad de otorgar exenciones debería limitarse exclusivamente, por ejemplo, a los buques militares;

1.12

recomienda que las interpretaciones armonizadas de las normas técnicas de seguridad, aplicables actualmente a los buques de pasajeros en virtud del artículo 12 de la Directiva 98/18/CE del Consejo de marzo de 1998, se hagan extensivas a los buques comerciales y pesqueros;

1.13

aboga por la máxima colaboración entre las autoridades marítimas y los entes locales con el fin de afrontar, mediante un enfoque integrado, los problemas relativos al tráfico marítimo y al impacto en el desarrollo económico y social del territorio;

1.14

está de acuerdo en que las administraciones marítimas de los Estados miembros deben contar con recursos adecuados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que incumben a éstos en su calidad de Estados de abanderamiento;

1.15

está de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva en cuanto al desarrollo de una base de datos que proporcione información esencial tanto sobre los buques abanderados por los Estados miembros como sobre los que hayan causado baja en sus registros;

1.16

está de acuerdo con el plan de auditorías de los Estados miembros propuesto por la OMI, pero solicita que dicho plan sea obligatorio y pase a formar parte del sistema de certificación de calidad con arreglo a las normas ISO o similares que determine la UE;

1.17

expresa su preocupación ante la criminalización y denigración de los capitanes de buque. Aunque en determinados casos es evidente que incurren en responsabilidades penales, cualquier generalización resulta incorrecta, inadecuada y muy perjudicial para un colectivo profesional que realiza de manera muy satisfactoria una labor considerablemente difícil, estresante y, en ocasiones, peligrosa;

1.18

señala la preocupación existente sobre la posibilidad de limitar el «derecho al paso inocente» y la «libertad de navegación» de los buques que surcan las aguas de los Estados miembros sin hacer escala en sus puertos. En aras de la seguridad, tales derechos han de salvaguardarse en la mayor medida posible. Es preciso dejar patente a la industria naval que las embarcaciones de paso tienen que navegar ateniéndose a las normas establecidas por el Servicio de Tráfico Marítimo y aplicar los procedimientos de comunicación;

1.19

expresa su preocupación acerca de la posible carga administrativa adicional que puede suponer para los oficiales superiores la transmisión de los datos necesarios para las inspecciones y la presentación de un certificado de seguro. La propuesta de la OMI de aligerar la inspección de los certificados mediante la racionalización del proceso a través de sistemas de certificación electrónica en línea debería ampliarse a los certificados de seguros y convertirse en preceptiva. Esta observación también es válida para la propuesta de Directiva sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto.

—

en caso de temporal puede fallar la estiba de las cubertadas de madera,

—

en altas latitudes las cubertadas de madera pueden congelarse en invierno.

2.1

considera beneficioso para la Comunidad reforzar y mejorar la eficacia del control de los buques por el Estado rector del puerto;

2.2

está de acuerdo en que el refuerzo de las inspecciones de buques tendrá un impacto medioambiental directo así como repercusiones económicas y sociales positivas, como el establecimiento de condiciones de competencia más justas en materia de transporte marítimo;

2.3

manifiesta su preocupación por el recurso a los prácticos para reforzar el control de los buques por el Estado rector del puerto, encargándoles que informen sobre las posibles deficiencias y que completen las inspecciones realizadas por el Estado rector del puerto o por el Estado de abanderamiento. En efecto, la misión de los prácticos consiste en navegar y dirigir la andadura de los buques. No están cualificados para actuar como inspectores al servicio del Estado rector del puerto o del Estado de abanderamiento;

2.4

subraya que la antigüedad del buque no debe ser el único criterio para determinar la necesidad de efectuar una inspección más detallada. La gestión y el mantenimiento del buque, el tipo de carga que transporta y los mares que surca durante sus travesías son circunstancias que afectan todas ellas al estado del buque. Un buque relativamente nuevo, pero mal construido, objeto de un mantenimiento deficiente o somero, gobernado indebidamente a causa de una gestión inadecuada y de una tripulación poco competente, poco cualificada y mal pagada; sometido a sobrecarga durante las operaciones de carga, descarga y deslastre, y que tiene que afrontar durante sus travesías condiciones metereológicas generalmente adversas estará en peor estado y supondrá un riesgo considerablemente más elevado de accidente y contaminación que un buque más antiguo que haya sido adecuadamente construido, mantenido, tripulado y manejado con arreglo a las mejores prácticas;

2.5

pide que cada año se inspeccione el 100 % de los buques que hacen escala en puertos de la UE; no obstante, propone que los buques no estén sujetos a más de una inspección anual, excepto cuando se den circunstancias que justifiquen inspecciones más frecuentes. Una vez efectuada la inspección o inspecciones, el resultado se pondrá inmediatamente a disposición de los Estados portuarios y de pabellón de la UE;

2.6

se adhiere enteramente a la propuesta de reforzar las disposiciones relativas al elemento humano.

3.1

acoge con satisfacción la introducción de una faceta de «prevención» que permita la gestión operativa del riesgo marítimo a escala comunitaria en el marco de la política de seguridad marítima de la UE;

3.2

recomienda la introducción de los sistemas AIS (Automatic Identification System) en todos los buques pesqueros, tanto en los que faenan en aguas costeras como en alta mar, es decir, no sólo en los de más de quince metros de eslora. Precisamente los barcos más pequeños son los que corren más riesgos puesto que son difíciles de localizar tanto visualmente como mediante radar si son de madera o de fibra de vidrio reforzada;

3.3

se muestra totalmente de acuerdo con la necesidad de mejorar los procedimientos operativos establecidos para responder eficazmente cuando un buque se halle en situación de emergencia y en la relevancia de las garantías referidas a cualquier perjuicio económico causado por acoger a buques en peligro.

4.1

está de acuerdo con el objetivo general de la propuesta de la Comisión consistente en mejorar la seguridad marítima mediante la formulación de directrices claras a escala comunitaria sobre la realización de investigaciones técnicas después de cualquier siniestro o incidente marítimo, y con la importancia de dichas investigaciones;

4.2

respalda la propuesta de que las investigaciones de accidentes han de centrarse en la prevención de riesgos, basarse en los principios y recomendaciones de la OMI y estar encaminadas a mejorar la normativa, la utilización de los buques, la preparación y la gestión de las respuestas que se han de dar en caso de emergencia;

4.3

destaca que en este ámbito debe defenderse un amplio uso de los modelos y las metodologías desarrollados en la Organización Marítima Internacional para investigar sobre los accidentes que se producen en el sector del transporte marítimo.

5.1

está de acuerdo con la necesidad de efectuar un control efectivo y una auditoría de las sociedades de clasificación, así como de sus filiales y empresas participadas, imponiéndoles sanciones por el incumplimiento de sus obligaciones; respalda también la propuesta de establecer, a escala internacional y comunitaria, mecanismos exhaustivos de inspección técnica que permitan disponer de información fiable sobre el estado real de los buques;

5.2

apoya la sugerencia de que las organizaciones reconocidas establezcan un organismo común de evaluación y certificación de la calidad. Este organismo común deberá ser independiente, disponer de todos los medios necesarios para realizar un trabajo a fondo y continuado y poder proponer acciones correctoras, tanto individuales como colectivas, para la mejora de la calidad del trabajo de las organizaciones reconocidas;

5.3

está de acuerdo en la necesidad de reforzar la cooperación entre las organizaciones reconocidas para garantizar que sus reglamentaciones técnicas sean compatibles y que las reglamentaciones y los convenios internacionales se interpreten y apliquen de manera uniforme. Así se dispondría de una referencia común de evaluación y de unos instrumentos que permitirían emprender acciones correctoras con miras a conseguir un nivel uniforme de seguridad en toda la UE, una cooperación técnica de las sociedades de clasificación, la compatibilidad de las reglamentaciones y la aplicación en toda la UE de la interpretación de los convenios internacionales que propone la OMI, todo lo cual debería desembocar en un verdadero reconocimiento mutuo de los certificados de clase y de los equipos marinos;

5.4

propone reemplazar al final del considerando 31 la expresión «e implicar en ello al Estado de pabellón, cuando sea necesario» por «y comunicar esta información inmediatamente al Estado de pabellón».

6.1

respalda la iniciativa de incorporar el Convenio de Atenas a la legislación comunitaria sobre seguro obligatorio en lugar de dejar esta cuestión a la discreción de los propietarios de buques a través de los Clubes de Protección e Indemnización a los que pertenezcan;

6.2

6.3

expresa su acuerdo con que, en el caso de los accidentes de navegación, el Protocolo de 2002 del Convenio de Atenas introduzca un régimen de responsabilidad objetiva. Además, está de acuerdo con que la responsabilidad objetiva pretende mejorar la posición de los reclamantes; la responsabilidad no tiene que estar unida a ninguna culpa o negligencia por parte del transportista y, por consiguiente, no es necesario que el reclamante pruebe la responsabilidad del transportista;

6.4

acoge con satisfacción la iniciativa de ampliar el ámbito de aplicación de las disposiciones del Convenio de Atenas al tráfico nacional y al transporte por vías navegables;

6.5

subraya la necesidad de elaborar unas propuestas que sean aceptables a escala mundial para llegar a una solución única al inextricable problema que plantea la negativa del mercado de los seguros a aceptar las nuevas limitaciones a la responsabilidad y los correspondientes requisitos de seguros, tal y como los defiende la Comisión en su propuesta de Reglamento;

7.1

coincide con el Parlamento Europeo en señalar la necesidad de una «política europea del mar, global y coherente, dirigida a la creación de un espacio europeo de seguridad marítima», basada en el establecimiento de un régimen de responsabilidad ampliado a toda la cadena del transporte marítimo;

7.2

considera, sin embargo, que es absolutamente necesario que toda reglamentación en el ámbito de la responsabilidad e indemnización por la contaminación marítima se adopte a nivel internacional;

7.3

apoya la modificación de las reglas aplicables con el fin de reclamar la responsabilidad de otras partes además de los propietarios de los buques, así como la introducción de la responsabilidad ilimitada de estos últimos en caso de infracción grave o deliberada de sus obligaciones en materia de seguridad y de prevención de la contaminación;

7.4

subraya que toda modificación del Convenio internacional sobre la responsabilidad civil deberá preservar el equilibrio en la participación de las partes (el armador y el operador del buque), de conformidad con las disposiciones promovidas mediante las propuestas de compromisos voluntarios del sector de los explotadores de buques;

7.5

propone que la expresión «otras partes además de los propietarios de los buques» incluya a los gestionarios y fletadores de buques;

7.6

expresa su inquietud acerca de que se reconozaca la compatibilidad de la Directiva con el Derecho internacional;

7.7

sugiere que la expresión «otras partes además de los propietarios de los buques» no incluya a los capitanes de buque salvo que incurran en negligencia grave al ejecutar sus tareas;

7.8

su preocupación por las divergencias existentes entre, por un lado, la Directiva y, por otro, las normas de La Haya, de La Haya-Visby y de Hamburgo relativas a la responsabilidad de los propietarios de buques en materia de conocimientos de embarque, así como las normas sobre cartas de porte marítimo y contratos de fletamento; ello puede crear una confusión acerca de cuál es el régimen de responsabilidad aplicable, puesto que en el texto de la Directiva no queda suficientemente claro si sólo se aplica a los daños por contaminación o también a cualquier perjuicio causado a terceros;

7.9

está de acuerdo con la Comisión en que establecer un sistema de seguro obligatorio ayudaría a afrontar el problema de los buques deficientes;

7.10

solicita que del texto de la póliza de seguros que debe encontrarse a bordo del buque se desprenda claramente que cubre los daños que puedan sufrir los lugares de refugio.

—

se impondría a los fletadores la obligación de no utilizar buques deficientes;

—

el fletador perdería la ganancia obtenida por emplear un buque deficiente a bajo coste al resultar más gravosa la garantía financiera necesaria para cubrir el riesgo más elevado que supone fletar un buque deficiente;

—

para los fletadores resultaría poco atractivo económicamente recurrir a buques deficientes y tendrían menos buques a su disposición;

—

disminuiría, por tanto, el incentivo de explotar, fletar y emplear buques deficientes, de manera que sus propietarios se verían obligados a ajustar los buques –así como sus tripulaciones y sistema de operación– a las normas internacionales o bien a desguazarlos.

22.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/51

1.1

se congratula de la propuesta de iniciativa para digitalizar el patrimonio cultural europeo y crear bibliotecas digitales y subraya que se trata de un elemento clave de la iniciativa de la Comisión «i2010 — Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo», cuya plena aplicación es un requisito previo para mejorar la competitividad europea;

1.2

hace hincapié en que la digitalización, el acceso en línea y la conservación del patrimonio cultural deberían promoverse en todos los países, regiones y ciudades de Europa, así como en todas las lenguas europeas con objeto de contribuir a la preservación de la diversidad cultural y lingüística; el punto de partida debería ser la valoración de la cultura, incluidas las culturas minoritarias, y la preservación de las realizaciones culturales para las generaciones futuras;

1.3

recuerda que la digitalización del patrimonio cultural está avanzando rápidamente en otras partes del mundo y subraya que generalizar el acceso en formato digital al patrimonio cultural europeo y la literatura europea es una condición previa para el éxito de una sociedad europea basada en el conocimiento, al tiempo que contribuye al desarrollo de las regiones y ciudades de Europa;

1.4

valora el hecho de que la Comunicación de la Comisión ponga de manifiesto los principales desafíos y las muchas cuestiones pendientes de carácter técnico, financiero y jurídico que plantea la digitalización del patrimonio cultural y señala que los entes regionales y locales apoyan los esfuerzos para avanzar en esta dirección;

1.5

destaca que los entes regionales y locales son los principales organismos de aplicación de todas las estrategias de la sociedad de la información y que, en muchos casos, son ellos los que mantienen las bibliotecas, de modo que debía prestarse la atención apropiada a la dimensión regional y local en el ámbito de la iniciativa sobre bibliotecas digitales;

1.6

considera que es muy importante que la digitalización del patrimonio cultural se promueva en Europa en todos los Estados miembros y pone de manifiesto que la digitalización sólo dará sus frutos si se generalizan –incluidos los niveles regional y local– el acceso en línea al patrimonio cultural y el desarrollo de instrumentos de búsqueda inteligente de información;

1.7

señala que la digitalización es un proceso a largo plazo que implica exigencias importantes por lo que respecta a los recursos, ya que implica un mantenimiento continuado, la actualización y la conversión del material y se muestra de acuerdo sobre los beneficios que la digitalización reportará a la accesibilidad y conservación del patrimonio cultural;

1.8

recuerda que el material digital comprende tanto material analógico digitalizado como nuevo material creado originalmente en formato digital;

1.9

toma nota de que los servicios de bibliotecas digitales en los Estados miembros incluyen elementos producidos en los niveles nacional, regional y local que están vinculados entre sí por medios electrónicos. Para que ello sea posible son necesarias la cooperación y la coordinación a nivel europeo;

1.10

considera que las bibliotecas desempeñan un papel fundamental para abrir el acceso en línea al patrimonio cultural y la literatura, ya que es con su ayuda como puede hacerse llegar al público este material, pero al mismo tiempo señala que es absolutamente fundamental que cooperen con los archivos y museos y con otros centros culturales e interesados en este ámbito.

2.1

destaca que el objetivo primordial de la digitalización no es sustituir el material impreso tradicional ni otro tipo de materiales culturales en soporte físico, sino más bien producir material digitalizado, junto con material analógico, y fomentar la accesibilidad de la información;

2.2

subraya que sólo una ínfima parte del patrimonio cultural europeo está digitalizado y que hay mucho trabajo por hacer, por lo que es necesario desarrollar también nuevas formas de financiación, incluida la colaboración con interesados del sector privado;

2.3

señala que en los países y zonas lingüísticas de pequeño tamaño el mercado comercial para los materiales digitales ha sido hasta la fecha bastante reducido, incluso aunque los costes fijos de producción de este tipo de material son prácticamente idénticos a los de las zonas lingüísticas principales y subraya que, gracias a los avances tecnológicos, ya es posible y es también importante tener en cuenta las necesidades de los usuarios en diferentes zonas lingüísticas a la hora de desarrollar las bibliotecas digitales;

2.4

toma nota de que, mientras la mayor parte del patrimonio cultural europeo más antiguo está libre de restricciones relacionadas con los derechos de autor y, por lo tanto, está disponible para ser utilizado en las redes de información, es muy significativa la propuesta de la Comisión para reformar la legislación relativa a los derechos de autor en el ámbito del patrimonio cultural más reciente;

2.5

señala que en algunos países ya hay indicios de que algunos grupos de la población están siendo dejados de lado por los avances de la tecnología digital y cree que los ciudadanos de los grupos sociales menos favorecidos deberían disfrutar de las adecuadas oportunidades para acceder a Internet y de un asesoramiento sobre su utilización;

2.6

subraya que los entes regionales y locales tienen un papel fundamental que desempeñar como productores y propietarios del patrimonio cultural, asumiendo la responsabilidad de garantizar que todos los miembros de la ciudadanía tengan un acceso lo más igualitario posible a los servicios de la sociedad de la información;

2.7

hace hincapié en que la oportunidad de acceder a material impreso tradicional que ofrecen las bibliotecas públicas en muchos países europeos sigue siendo muy importante, pero señala que éstas también deben ofrecer al público la posibilidad de utilizar Internet y los servicios en línea; teniendo en cuenta a los usuarios finales de los servicios en línea y sus necesidades locales, es necesario que la organización de estos servicios sea llevada a cabo por los interesados regionales y locales. Es fundamental que esto se tenga también en cuenta en la financiación nacional de las actividades de las bibliotecas;

2.8

señala que, cuando los entes regionales y locales participen en diversos tipos de bibliotecas o en otros consorcios que sean propietarios de un entorno de servidores en red y ofrezcan una gama completa de servicios, debe garantizarse que dispongan de suficientes oportunidades para influir en la toma de decisiones en este ámbito;

2.9

acoge con satisfacción que la Comisión ponga de manifiesto los retos que plantea la selección del material para digitalizar y considera que es importante, en primer lugar, prestar la atención adecuada a criterios de selección basados en consideraciones regionales y locales, y, además, establecer un equilibrio entre los criterios de selección basados en la demanda del público, por un lado, y la garantía de la preservación del patrimonio, por otro;

2.10

aprueba la propuesta de formular estrategias para la preservación a largo plazo del material cultural digitalizado a fin de que los recursos utilizados para la digitalización del patrimonio cultural no se dilapiden cuando se produzcan cambios en los sistemas técnicos y el software;

2.11

considera interesante la propuesta de crear centros de competencia en los Estados miembros y subraya que una tarea importante de estos centros debería consistir en garantizar que los niveles local y regional cuenten con las capacidades y los conocimientos técnicos necesarios y que se divulguen las buenas prácticas.

22.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/53

1.1

acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión «Una política moderna de la PYME para el crecimiento y el empleo» como medio para imprimir un nuevo impulso a la política de las PYME, volver a centrar la política en los aspectos más esenciales y racionalizar la acción comunitaria con vistas a aumentar su eficacia;

1.2

apoya el fomento de una política de inclusión para las PYME que tenga en cuenta la diversidad de éstas en términos de tamaño, estructura de la propiedad y sector en el que operan, que proporcione una gama de apoyos particularizados y un marco jurídico razonable para satisfacer las distintas necesidades de las PYME de la UE;

1.3

toma nota de que en la Comunicación se ha hecho referencia a la función de los entes locales y regionales, pero considera que dicha referencia podría haber sido más explícita en cuanto a la función crucial que desempeñan los entes locales y regionales en el apoyo a las PYME, en la medida en que crean un entorno propicio para su desarrollo y transmisión, y como importantes clientes de los bienes y los servicios proporcionados por las PYME;

1.4

reconoce que garantizar la eficacia de la política de las PYME es principalmente competencia de los Estados miembros e insta a estos últimos a que garanticen que sus Programas Nacionales de Reforma prevean medidas concretas a favor de la creación y el desarrollo de las PYME;

1.5

llama la atención sobre el análisis realizado por el Comité acerca de la preparación de los Programas Nacionales de Reforma (PNR) y, en particular, la falta de consulta a los entes locales y regionales; en este sentido, celebra el impulso imprimido por el Consejo Europeo de marzo de 2006 para seguir sus trabajos sobre los PNR;

1.6

considera que la puesta en práctica y el compromiso en esta puesta en práctica de todas las partes interesadas es fundamental para el éxito de una política de la PYME y que, a este respecto, la Comisión debería haber establecido en la Comunicación algunos objetivos y plazos específicos para facilitar la adopción de las medidas;

1.7

toma nota de la prioridad que ha concedido la Presidencia austriaca a las PYME y acoge favorablemente la decisión del Consejo Europeo de marzo de 2006 en el sentido de incluir la tarea de «liberar el potencial empresarial, en particular de las PYME», entre los ámbitos específicos de actuación prioritaria. El Comité insistiría más en una valoración amplia y abierta de la puesta en práctica de los Programas Nacionales de Reforma en el futuro por parte del Consejo Europeo y, en particular, una clara valoración de los beneficios que las PYME obtienen de estos programas;

1.8

está a favor de la asignación de un presupuesto adecuado para el Programa marco para la innovación y la competitividad (PIC), en la medida en que será un instrumento crucial para la política comunitaria de la PYME;

1.9

considera que hay que fomentar y apoyar el espíritu empresarial; acoge favorablemente que en la Comunicación se reconozca que las necesidades de las mujeres emprendedoras, los jóvenes, las minorías, los inmigrantes y los empresarios de edad avanzada no se están cubriendo suficientemente; señala que no se puede tratar a estos grupos como si constituyesen una sola unidad y subraya que cada grupo individual requiere sus propias medidas, pues las necesidades pueden variar en los diferentes países e incluso dentro de los mismos grupos, pero estima que las propuestas formuladas se limitan a apoyar el establecimiento de redes y que, si se quiere mejorar el espíritu empresarial entre estos grupos específicos, son necesarias unas propuestas más concretas, en la misma línea de las presentadas en el Pacto Europeo por la Igualdad entre Hombres y Mujeres, adoptado por el Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo de 2006, y haciéndolo extensivo a otros colectivos;

1.10

destaca la importancia de las iniciativas locales y regionales para fomentar el espíritu empresarial y propiciar una educación favorable a la empresa en todos los niveles del sistema educativo, pero considera que muchas iniciativas en materia de educación y formación no son suficientemente receptivas o flexibles para responder a las necesidades de las PYME;

1.11

acoge favorablemente la creación del concurso «European Enterprise Awards» (premios europeos de empresa) como medio para promover el espíritu empresarial, mostrar las mejores prácticas a nivel regional y local y animar a empresarios potenciales;

1.12

llama la atención sobre la exigencia de una actitud más positiva con respecto al riesgo empresarial calculado y bien basado y la tolerancia del fracaso empresarial por parte de la sociedad en general, pero más concretamente por parte del sector bancario y el sector público, e insta a los Estados miembros a que garanticen el establecimiento de una cultura más empresarial en toda la UE y valoren más cualquier experiencia empresarial previa que un emprendedor pueda ofrecer;

1.13

acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de revisar los Euro Info Centros (EIC), pues considera que los resultados de los EIC han sido desiguales en los distintos Estados miembros, también por lo que respecta a su capacidad para prestar un apoyo global y asesorar a las PYME sobre la internacionalización. Asimismo, subraya la conveniencia de delimitar las funciones y competencias de los organismos que integran esta red y establecer mecanismos de coordinación con otros agentes como, por ejemplo, los Europe Direct, con el fin de evitar solapamientos en la prestación de servicios de información y asesoramiento y fomentar la eficiencia en el uso de los recursos;

1.14

propone la potenciación de programas que faciliten el acceso de las PYME a las tecnologías de la información (TIC), que les permitan acceder y ser más competitivas en los nuevos mercados;

1.15

toma nota de las propuestas de la Comisión para facilitar el acceso de las PYME a la contratación pública;

1.16

considera que los esfuerzos destinados a la normalización no deberían introducir una mayor burocracia, que afectaría de forma negativa a las PYME;

1.17

acoge favorablemente los compromisos de la Comisión para simplificar las normas y los reglamentos con el fin de facilitar el acceso de las PYME a los programas comunitarios, pero agradecería una mayor claridad sobre la forma en que pretende conseguirlo y las posibles consecuencias para las organizaciones que asignan los fondos comunitarios;

1.18

respalda el compromiso de examinar la futura legislación e insta a la Comisión a comprometerse con los grupos representativos de las PYME para garantizar que la nueva legislación no obstaculice el potencial de crecimiento e innovación de las PYME;

1.19

toma nota de la importante función atribuida al Enviado PYME a la hora de garantizar que la política de la UE es favorable a las PYME, pero espera que se asignen suficientes recursos y, sobre todo, que el estatus y el peso político que se otorgue al Enviado sea suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos;

1.20

acoge favorablemente la propuesta de integrar el principio «pensar primero a pequeña escala» en todas las políticas comunitarias y desearía que se concediera una mayor prioridad a las PYME en el procedimiento de evaluación del impacto de las propuestas comunitarias;

1.21

apoyaría, asimismo, otras iniciativas encaminadas a hacer más coherente y previsible el desarrollo de la política de las PYME para que estas últimas puedan prever las consecuencias y prepararse mejor;

1.22

toma nota del éxito del modelo de «ventanilla única», que ha resultado muy eficaz para apoyar y fomentar el crecimiento de las PYME en diversas regiones de la UE, reconoce su potencial como centros de información sobre la contratación pública y asistencia a la hora de explicar el proceso de concesión de los contratos de servicios públicos, y pide un mayor énfasis en este enfoque en general, que se podría manifestar en la celebración de conferencias y seminarios sobre las mejores prácticas que permitan difundir las mejores iniciativas regionales en este ámbito;

1.23

acoge favorablemente el compromiso de aumentar la participación de las PYME en los programas y las iniciativas de la UE, pero considera que los compromisos de cada programa específico deberían controlarse de cerca para garantizar que realmente se cumplen;

1.24

acogería con satisfacción que se hiciera una referencia más explícita al papel y el nivel de las ayudas de los Fondos Estructurales de la UE a favor de las PYME y a la contribución de los demás instrumentos comunitarios, y desearía que se adoptara un enfoque más coherente de la aplicación de estos programas en favor de las PYME;

1.25

reconoce la importancia de vincular las PYME a iniciativas tecnológicas y de investigación, así como las dificultades que encuentran éstas para acceder a la investigación, la innovación y la propiedad intelectual, así como para explotarlas, pero solicita la adopción de un enfoque diferenciado para las PYME más pequeñas y no tecnológicas por lo que respecta al apoyo a la adaptación eficaz de las nuevas ideas;

1.26

apoya las iniciativas de cooperación entre las instituciones locales y regionales, empresas y sus asociaciones, academias, universidades y centros de investigación, como instrumentos de política industrial territorial mediante el establecimiento de redes de apoyo a las PYME para superar las barreras a la mayor competitividad, la mayor formación y la explotación de la innovación;

1.27

apoya la propuesta de reforma de las normas sobre ayudas estatales para asumir, en parte, los riesgos de las PYME, simplificar los procedimientos y adoptar un planteamiento más flexible de las ayudas destinadas a las PYME;

1.28

reconoce la función que puede desempeñar el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo para apoyar la actividad de investigación de las PYME, pero pide un mayor énfasis en la innovación, el desarrollo y la transferencia tecnológica para las PYME de menor tamaño, dada la limitada capacidad de investigación de la mayoría de las PYME;

1.29

sugiere la potenciación de los programas de fomento de la asociación entre PYME, así como de aquellas medidas que faciliten la creación de redes entre ellas. Concretamente, se considera muy útil para la resolución de los problemas de acceso a la financiación ajena en las PYME el impulso de las redes de «business angels»;

1.30

reconoce la necesidad de tener en cuenta las preocupaciones de las PYME tanto en la fase inicial de la elaboración de la legislación comunitaria como en el proceso de normalización, pero pide unos mecanismos y unos acuerdos más explícitos que permitan fomentar la consulta de las partes interesadas en el ámbito de las PYME;

1.31

admite que el «Panel PYME» constituye un mecanismo eficaz de consulta sobre las propuestas de la Comisión y un medio para desarrollar la comunicación entre las PYME y las instituciones europeas, pero cuestiona el carácter representativo de tal panel;

1.32

destaca la importancia de la consulta de los intereses regionales y locales y pide una mayor claridad sobre cómo tiene pensado hacerlo la Comisión Europea y si tiene la intención de fomentar un enfoque más descentralizado en la asistencia a las PYME;

1.33

subraya la posición única que ocupan los entes locales y regionales como organismos clave de aplicación, pero también como socios para comunicarse con los grupos de partes interesadas y fomentar el espíritu empresarial;

2.1

insta a los Estados miembros a que consulten a las autoridades locales y regionales sobre sus Programas Nacionales de Reforma y procuren que estos programas prevean medidas concretas en favor de la creación y el desarrollo de PYME, y pide una evaluación clara y explícita de los beneficios que obtendrían las PYME con la aplicación de los Programas Nacionales de Reforma por parte de los Estados miembros;

2.2

propone que, como parte del análisis en curso sobre la Estrategia de Lisboa y de los Programas Nacionales de Reforma (PNR), se identifiquen las actuales experiencias regionales y locales en apoyo a las PYME con particular atención a los grupos industriales y redes de pequeñas empresas, con el fin de elaborar una guía de buenas prácticas;

2.3

pide a la Comisión Europea que reconozca de manera más explícita la función que pueden desempeñar los entes locales y regionales en el apoyo a las PYME, al proporcionar un entorno propicio para su desarrollo y continuidad mediante la transmisión, pero también por ser importantes clientes de los bienes y los servicios proporcionados por las PYME a través de la contratación pública; a este respecto pide una consulta más eficaz de los organismos regionales y locales sobre las iniciativas relativas a las PYME;

2.4

recomienda el establecimiento de objetivos y plazos específicos para la aplicación de las nuevas medidas propuestas en la Comunicación, a fin de ayudar a evaluar la realización, difundir las mejores prácticas y garantizar el compromiso para obtener buenos resultados;

2.5

recomienda dar un mayor reconocimiento a la diversidad de las PYME y pide unos apoyos más particularizados que incluyan una formación y una educación flexible y una legislación adecuada con el fin de satisfacer las distintas necesidades, y solicita la adopción de un enfoque más diferenciado en los programas comunitarios destinados a las microempresas, las PYME más pequeñas y las PYME no tecnológicas por lo que respecta al apoyo a la aplicación eficaz de nuevas ideas;

2.6

insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que colaboren con los entes locales y regionales que han desarrollado y están aplicando medidas innovadoras para apoyar el potencial empresarial de las mujeres empresarias, los jóvenes, las minorías, los inmigrantes y los empresarios de edad avanzada con el fin de contribuir al futuro desarrollo de la política comunitaria a este respecto, y recomienda que se examine la posibilidad de adoptar medidas y asignar recursos específicos a estos grupos;

2.7

recomienda que en la revisión de los Euro Info Centros (EIC) propuesta por la Comisión Europea se estudie la adecuación de la dotación financiera a los EIC, así como su capacidad para prestar un apoyo global y aconsejar sobre la internacionalización a las PYME en sus zonas de actuación;

2.8

solicita que los entes locales y regionales presten mayor atención a la forma en que pueden asistir mejor a las PYME en sus zonas y permitirles acceder a las oportunidades del mercado especialmente por lo que respecta a la provisión de bienes y servicios a través de la contratación pública;

2.9

pide que se realicen mayores esfuerzos para reducir la repercusión de la normativa comunitaria de las PYME y garantizar que los esfuerzos de normalización no introduzcan burocracia adicional, lo que tendría un impacto negativo en las PYME, e insta a contraer un compromiso con los grupos representativos de las PYME para garantizar que la nueva legislación no obstaculice el potencial de crecimiento e innovación de las PYME;

2.10

recomienda que se asignen unos recursos, un perfil y un peso político suficiente al Enviado PYME para que pueda cumplir los objetivos previstos y las expectativas de las PYME;

2.11

pide una mejor coordinación de las políticas y los programas de apoyo para las PYME desarrollando en mayor medida el modelo de «ventanilla única» como, por ejemplo, a través de los portales de administración electrónica y las ventanillas únicas para la contratación pública;

2.12

insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que emprendan iniciativas para hacer que el desarrollo de la política de la PYME sea más coherente y previsible, como el establecimiento de dos fechas fijas al año para la entrada en vigor de los nuevos reglamentos, con el fin de que las PYME puedan prever las consecuencias y prepararse mejor.

22.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 229/57

1)

CONSIDERANDO que el respeto de los derechos fundamentales, de la diversidad cultural y lingüística es un valor profundamente europeo que debe ser preservado en todas las regiones de la Unión Europea y que constituye una prioridad para el CDR;

2)

CONSIDERANDO que deben combatirse con la misma intensidad todas las formas de discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, recordando que todos los habitantes de Europa contribuyen a su riqueza;

3)

CONSIDERANDO que existe una diferencia entre la protección de las minorías y la política de lucha contra la discriminación y que el trato equitativo es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y no un privilegio;

4)

CONSIDERANDO que todos los individuos tienen derecho a ser diferentes y que la tolerancia y el respeto del prójimo debería ser una actitud general ante la vida y no un favor concedido a unos sí y a otros no;

5)

CONSIDERANDO que las administraciones locales deben desempeñar un papel importante en la defensa del derecho fundamental a la libertad de reunión;

6)

CONSIDERANDO que los funcionarios de las administraciones locales tienen una responsabilidad especial de dar buen ejemplo y fomentar las buenas prácticas;

7)

CONSIDERANDO que las administraciones locales y regionales ejercen una autoridad considerable en asuntos que incumben a los registros públicos, educación, policía, salud, vivienda y asistencia social, sin lo cual no pueden salvaguardarse los derechos fundamentales;

8)

CONSIDERANDO que el Comité de las Regiones, a petición del Parlamento Europeo, ha iniciado la elaboración de un vademécum de buenas prácticas en los ámbitos regional y local y que con ello desea contribuir sustancialmente a mejorar la protección de las minorías y la aplicación de las políticas de lucha contra la discriminación,

1.1

acoge con satisfacción la resolución del Parlamento Europeo y coincide en que la aplicación de las políticas de lucha contra la discriminación por parte de los Estados miembros es insatisfactoria; reconoce no obstante que, si bien el nivel de aplicación varía según los Estados miembros, ya que algunos son más dinámicos que otros, la UE, sus Estados miembros y sus entes regionales y locales han elaborado ya un vademécum completo de buenas prácticas;

1.2

coincide con el punto de vista del PE de que las diferentes administraciones locales, regionales y nacionales de los Estados miembros podrían coordinar mejor las medidas para combatir todas las formas de discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, incluidos el antisemitismo y los ataques contra grupos minoritarios, en particular la población romaní;

1.3

reconoce que los entes locales y regionales se enfrentan a un desafío doble: por una parte, la responsabilidad de las administraciones regionales y locales de combatir las prácticas discriminatorias y de respetar el principio de igualdad de trato en el acceso a los derechos individuales, económicos y sociales y, por otra parte, su responsabilidad activa en el fomento de los derechos fundamentales, incluido el respeto de los derechos de las minorías;

1.4

subraya que las políticas y las normas aplicadas por los entes locales deben ser no discriminatorias, de hecho y de derecho, y deben promover la integración social, económica y política;

1.5

reconoce que la pobreza, la exclusión social y la formación de guetos pueden llevar al extremismo, y por consiguiente considera que adoptar políticas eficaces de integración, incluidas medidas de educación y vivienda a escala regional y local, puede ayudar indirectamente a prevenir el extremismo violento, y que es preciso prestar especial atención a los jóvenes que viven en guetos urbanos;

1.6

indica que en varias ciudades, municipios y regiones se han realizado acciones positivas con el fin de asegurar un nivel más elevado de protección para los miembros de minorías, que se basan en el principio de sociedad multicultural y en la conciencia de la riqueza y diversidad de la UE; por tanto propone, teniendo en cuenta los datos recabados por sus miembros, un vademécum preliminar no exhaustivo de buenas prácticas a escala local y regional, que se adjunta al presente dictamen.

2.1.1

considera que los entes regionales y locales deben aportar valor añadido a la lucha contra el racismo, el antisemitismo, la islamofobia, la xenofobia, la homofobia y los ataques contra grupos minoritarios, en particular la población romaní y los ciudadanos de terceros países, fomentando la diversidad en la base y aplicando el principio de que la diversidad genera la riqueza de la sociedad;

2.1.2

propone que los entes locales y regionales tomen medidas apropiadas y descentralizadas en las ciudades y regiones europeas para aumentar el nivel de protección de los derechos de minorías, así como para combatir el racismo y la xenofobia, por ejemplo: