3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/1

A.

Considerando que el Parlamento Europeo carece de personalidad jurídica y que, en consecuencia, problemas inherentes a su naturaleza específica obstaculizan a menudo la defensa de sus prerrogativas ante los tribunales nacionales,

B.

Considerando que el Parlamento respeta el derecho de iniciativa de la Comisión, conservando el derecho de solicitar a ésta que presente propuestas legislativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del Tratado CE,

C.

Considerando que, a este respecto, el Parlamento Europeo dispone de una serie de recursos previstos por el Tratado que garantizan la tutela de dichas prerrogativas ante las otras instituciones comunitarias, como el recurso por omisión (artículo 232 del Tratado CE) y el recurso de anulación de actos comunitarios (artículo 230 del Tratado CE),

D.

Considerando que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un Estado miembro es responsable del incumplimiento de sus obligaciones en virtud de los Tratados, sea cual sea la agencia de dicho Estado cuya acción u omisión haya causado el incumplimiento, incluso si se trata de una institución constitucionalmente independiente (1),

E.

Considerando, sin embargo, que el Parlamento Europeo no dispone de los mismos instrumentos directos para defender sus prerrogativas ante los tribunales nacionales, especialmente en el caso de que un tribunal nacional se pronuncie en contra de esas prerrogativas, dado que el Parlamento no puede participar en los procedimientos jurídicos nacionales ni recurrir directamente al Tribunal de Justicia para defender sus decisiones,

F.

Considerando que el Parlamento Europeo ni siquiera puede incoar, como último recurso, el procedimiento de infracción contra un Estado miembro contemplado en el artículo 226 del Tratado CE, ya que esta facultad corresponde exclusivamente a la Comisión,

G.

Considerando que la falta de instrumentos adecuados para defender de manera efectiva sus propias decisiones puede obstaculizar la eficacia del Parlamento Europeo en cuanto órgano político y legislativo,

H.

Considerando que los principios de cooperación leal entre las instituciones de la Unión Europea y de buena administración requieren que las actividades de los órganos comunitarios estén regidas por criterios de transparencia e inteligibilidad, de forma que se aprecien claramente los motivos de una acción determinada o de la ausencia de la misma,

I.

Considerando que, para solucionar los problemas expuestos, sería oportuno reforzar los medios de protección de las prerrogativas parlamentarias, no mediante la modificación del Tratado CE, sino extrapolando, a la luz de la experiencia de los Parlamentos nacionales, vías de recurso adecuadas a las necesidades específicas del Parlamento Europeo,

J.

Considerando que los resultados del estudio efectuado a tal fin sobre la base de un amplio muestrario de Estados miembros muestran claramente que la mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales atribuyen a sus Parlamentos nacionales vías de recurso legal encaminadas a garantizar no sólo la defensa de los intereses del Parlamento en su conjunto, sino de cada uno de sus miembros

K.

Considerando que los Estados miembros están sujetos al principio de cooperación sincera y leal inscrito en el artículo 10 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y que, a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, incumbe a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva (2).,

L.

Considerando que sería oportuno conferir al Parlamento Europeo instrumentos, si no idénticos, al menos similares, para proteger sus prerrogativas ante el poder judicial, tanto representado por el Tribunal de Justicia como por los tribunales nacionales, por analogía con los instrumentos de protección previstos en los ordenamientos jurídicos nacionales en favor de sus propios Parlamentos,

1.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta eventuales solicitudes del Parlamento Europeo de dar inicio a procedimientos de infracción contra cualquier Estado miembro por violación de las prerrogativas parlamentarias, y pide que el Comisario competente le presente una exposición de motivos exhaustiva en el caso de que el Colegio decida no iniciar la acción solicitada;

2.

Sugiere que se modifique el Estatuto del Tribunal de Justicia para asegurar al Parlamento Europeo el derecho de presentar sus observaciones ante el Tribunal en todos los casos en que, directa o indirectamente, se pongan en entredicho sus prerrogativas, de manera que la intervención del Parlamento Europeo, cuando éste no sea formalmente parte del proceso, no se deje a la discreción del Tribunal de Justicia, como actualmente estipula el artículo 24, párrafo segundo, del Estatuto;

3.

Sugiere que se lleve a cabo un examen detallado para averiguar si el mecanismo jurídico establecido en el artículo 300, apartado 6, del Tratado CE puede aplicarse a los casos en que las prerrogativas del Parlamento Europeo se vean seriamente amenazadas, con objeto de que éste pueda pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la compatibilidad de un determinado acto de Derecho nacional con el Derecho primario comunitario, sin perjuicio de la facultad exclusiva de la Comisión de iniciar o no un procedimiento de infracción contra el Estado miembro que hubiera podido cometer alguna infracción;

4.

Pide a la comisión competente que prepare una enmienda al artículo 121 del Reglamento del Parlamento con objeto de cubrir todos los procedimientos judiciales, ante cualquier jurisdicción, y que prevea un procedimiento simplificado para los casos en que los recursos se presentan ante el Tribunal de Justicia en el marco de un procedimiento acelerado o urgente;

5.

Considera conveniente promover una política de colaboración entre el Parlamento Europeo y los tribunales nacionales, siguiendo las líneas de la que ya está dando resultados positivos en algunos Estados miembros, elaborando prácticas procesales que permitan al Parlamento Europeo participar en los procedimientos judiciales ante los tribunales nacionales que conciernan a sus prerrogativas;

6.

Pide a la Comisión que proponga medidas legislativas apropiadas para garantizar la plena eficacia de la defensa jurídica de las prerrogativas del Parlamento;

7.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/3

A.

Considerando que el Mar Báltico es una cuenca delimitada por nada menos que ocho Estados miembros de la Unión Europea y cuyo litoral es en un 80 % territorio de la Unión Europea; que OAO Gazprom es el accionista mayoritario de Nord Stream AG,

B.

Considerando que la preocupación por el medio natural del Báltico es uno de los objetivos fundamentales de la dimensión septentrional de la Unión, tal y como reiteradas veces han manifestado el Parlamento y la Comisión en resoluciones y comunicaciones,

C.

Considerando que los sectores de la agricultura y de la industria de Rusia y de todos los Estados miembros ribereños del Mar Báltico son los mayores contaminantes de este mar, y plantean los problemas más graves para su equilibrio ecológico,

D.

Considerando el especial compromiso de la Unión en lo tocante a la protección del medio ambiente, incluido el marino,

E.

Considerando que la Comisión, en diversos procedimientos seguidos ante el Tribunal de Justicia, ha confirmado que la protección del medio ambiente constituye uno de los objetivos fundamentales de la Comunidad, y que el Tribunal ha reconocido la competencia de la Comunidad en el ámbito de la protección y conservación del medio marino,

F.

Considerando que está previsto desarrollar en la actualidad numerosos proyectos de infraestructuras en el Mar Báltico (gasoductos Nord Stream y Scanled, parques eólicos, gasoducto entre Finlandia y Estonia, tendido eléctrico entre Suecia y Lituania, terminales de gas natural licuado en Świnoujścje, etc.),

G.

Considerando que Europa tiene que encontrar maneras de responder a la cuestión vital de la seguridad del suministro de energía,

H.

Considerando que la contribución cada vez mayor del gas natural al equilibrio energético en Europa, especialmente desde 1990, ha representado la mayor fuente de reducción de las emisiones de dióxido de carbono, tomada aisladamente,

I.

Considerando que el principio de precaución establecido en el artículo 174, apartado 2, del Tratado CE, exige que todas las partes interesadas realicen los esfuerzos necesarios para evaluar el impacto medioambiental de una decisión nueva o del inicio de los trabajos, y que se adopten medidas de prevención adecuadas en caso de riesgo probable para el medio ambiente,

J.

Considerando que, de acuerdo con el principio según el cual las exigencias en materia de protección del medio ambiente deben integrarse en las distintas políticas sectoriales, deben tenerse debidamente en cuenta dichas exigencias en la realización de todas las actividades y objetivos comunitarios,

K.

Considerando que en el artículo 194 del futuro Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incorporado por el Tratado de Lisboa se afirma de forma explícita que la política energética de la UE deberá practicarse con un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros y atendiendo a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente,

L.

Considerando que la especial vulnerabilidad del Mar Báltico frente a las amenazas ecológicas ha sido confirmada por la Organización Marítima Internacional, que considera este mar como «territorio especialmente vulnerable»,

M.

Considerando que el Mar Báltico constituye en la actualidad una de las cuencas marinas más contaminadas del mundo y que, en concreto, la concentración de sustancias peligrosas es anormalmente alta tanto en las aguas como en los organismos que viven en ellas,

N.

Considerando que el Mar Báltico es un mar interior típico de escasa profundidad que, junto con el Mar Negro, tiene un ciclo de intercambio de aguas con el océano de unos treinta años de duración, es decir, uno de los ciclos más largos del mundo,

O.

Considerando que el ciclo de vida de los gasoductos se estima en cincuenta años y que el desmantelamiento de la red de infraestructuras será de una magnitud similar a la de la instalación prevista; que, al examinar el impacto económico y medioambiental del proyecto, debe ponderarse este aspecto en relación con el tiempo necesario para que la flora y la fauna se restauren por completo,

P.

Considerando que la exposición a metales pesados, contaminantes y otras sustancias peligrosas acarrea riesgos para la salud y consecuencias en la cadena alimentaria que deben ser objeto de examen,

Q.

Considerando la existencia de una serie de factores tales como unos prolongados períodos de retención de las aguas, una columna de agua estratificada, una extensa e industrializada cuenca fluvial y una notable intensificación de la agricultura en la zona del Mar Báltico, que hacen del Báltico un mar especialmente vulnerable desde el punto de vista ecológico,

R.

Considerando que la realización de obras en las condiciones específicas que se dan en el Mar Báltico podría dar lugar a un aumento repentino de la población de algas, lo que podría plantear riesgos concretos para Finlandia, Suecia, Alemania y los Estados bálticos,

S.

Considerando que un factor de riesgo ecológico adicional fundamental es la existencia de unas 80 000 toneladas de municiones arrojadas a las aguas del Báltico al término de la Segunda Guerra Mundial, municiones que contienen sustancias tóxicas como gas mostaza, yperita de azufre, yperita de nitrógeno, lewisita, Clark I, Clark II y adamsita, que suponen una amenaza tanto para el medio natural del Báltico como para la vida y la salud de la población,

T.

Considerando que a partir de 1945 y hasta finales de los años sesenta numerosos países arrojaron al Báltico contenedores con municiones,

U.

Considerando, en particular, el estado crítico de los contenedores con municiones (se calcula que un 80 % de ellos se encuentran afectados por corrosión) y el hecho de que no siempre es posible localizarlos con exactitud,

V.

Considerando al mismo tiempo que el Plan de Acción para el Báltico, aprobado en Cracovia el 15 de noviembre de 2007, obliga a los Estados ribereños a garantizar un almacenaje seguro de las antiguas existencias de productos químicos y dispositivos con sustancias peligrosas,

W.

Teniendo en cuenta las consecuencias que el gasoducto tendría tanto para el medio natural del Báltico como para los países ribereños,

X.

Considerando el aumento del volumen de tráfico marítimo en el Báltico en lo que a marineros y petroleros se refiere y los riesgos de incendio y de pérdida de flotabilidad y naufragio de los buques que supondría una eventual avería del gasoducto durante su construcción, instalación o explotación, así como el consiguiente impacto humano, económico y medioambiental,

Y.

Considerando que Nord Stream proyecta construir una franja submarina de 1 200 km de longitud y de unos 2 km de anchura, que se convertiría así en la mayor construcción submarina del mundo,

Z.

Considerando que la construcción, la instalación y la explotación del gasoducto podrían afectar de forma negativa a la pesca, al turismo y a la navegación, lo que tendría un probable impacto negativo para la economía de las regiones costeras,

AA.

Considerando que el artículo 123 de la CNUDM, que forma parte integrante del acervo comunitario, obliga a los Estados ribereños de los mares semicerrados a cooperar y coordinarse en el ejercicio de sus derechos y obligaciones en el ámbito de la protección y conservación del medio marino,

AB.

Considerando que el artículo 2, apartado 1, del Convenio de Espoo obliga a las partes a adoptar, individual o conjuntamente, todas las medidas adecuadas y efectivas para prevenir, disminuir y controlar las principales repercusiones negativas para el medio ambiente, a nivel transfronterizo, resultantes de las actividades previstas,

AC.

Considerando que, en virtud del artículo 5, letra a), del Convenio de Espoo, las consultas con las partes afectadas por los efectos perjudiciales de los proyectos transfronterizos podrán referirse a posibles soluciones alternativas, incluido el abandono del proyecto,

AD.

Considerando que el artículo 12 del Convenio de Helsinki obliga a las partes a adoptar todas las medidas adecuadas para prevenir la contaminación del medio ambiente del Mar Báltico resultante de la exploración o explotación de los fondos marinos o de cualquier actividad relacionada con las mismas,

AE.

Considerando que el trazado proyectado para el gasoducto europeo del norte cruzará regiones amparadas por el programa Natura 2000 que gozan de protección especial con arreglo a la Directiva 92/43/CEE,

AF.

Considerando que el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 92/43/CEE obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas adecuadas para evitar que en las zonas objeto de protección especial empeore el estado de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies,

AG.

Considerando que el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE obliga a los Estados miembros a proceder a una adecuada valoración del impacto sobre un lugar protegido de cualquier plan o proyecto no directamente relacionado con el mismo o no necesario para su gestión pero sí susceptible de afectarlo significativamente desde el punto de vista ecológico,

AH.

Considerando que, de conformidad con el artículo 6, apartado 3, de la Directiva 92/43/CEE, sólo a la luz de las conclusiones derivadas de la referida valoración las autoridades nacionales competentes podrán dar su acuerdo al plan o proyecto, una vez descartada toda posible influencia negativa para el lugar en cuestión y, si procede, teniendo en cuenta también la opinión pública,

AI.

Considerando que el gasoducto proyectado será la conducción submarina de dos tubos más larga del mundo, al tiempo que la menos profunda, lo que la hará especialmente sensible a posibles daños,

AJ.

Considerando que en virtud de la Decisión 1364/2006/CE el gasoducto europeo del norte ha sido inscrito en la lista de proyectos prioritarios de interés europeo,

AK.

Considerando que todas las obras técnicas de envergadura realizadas en el medio marino, dados los riesgos que suponen, deben ser objeto de análisis y evaluaciones detalladas y exhaustivas del impacto medioambiental, con arreglo a lo establecido por el Convenio de Espoo, el Convenio Helcom y el resto de la legislación nacional y europea pertinente en la materia,

AL.

Considerando que, en virtud del Convenio de Espoo, todas las inversiones de esta índole deben someterse a un análisis de posibles soluciones alternativas que tengan especialmente en cuenta los costes de su realización y de la seguridad ecológica, como serían en este caso los trazados terrestres para el gasoducto,

AM.

Considerando que parte del gasoducto proyectado ya se ha transportado a la ciudad de Kotka (Finlandia), para su tratamiento,

AN.

Considerando lo dispuesto en el artículo 1 del Convenio de Aarhus, que obliga a las partes a garantizar, en el ámbito medioambiental, los derechos de acceso a la información, de participación de la opinión pública en la toma de decisiones y de acceso a la justicia,

AO.

Considerando que los requisitos legales de realización de una evaluación precisa de impacto medioambiental deben tener en cuenta todos los riesgos citados,

AP.

Considerando asimismo la necesidad de un estudio de las amenazas terroristas y los posibles medios para combatirlas,

1.

Estima que Nord Stream representa un proyecto que reviste una gran dimensión política y estratégica para la Unión Europea y para Rusia; comprende las preocupaciones manifestadas por los Estados miembros de la UE respecto de la construcción y el mantenimiento del gasoducto; subraya que la capacidad de los pequeños Estados ribereños para garantizar la seguridad del aprovisionamiento en la región del Mar Báltico no puede disociarse de la capacidad de la Unión Europea de actuar en la unidad y de expresarse con una sola voz sobre las cuestiones energéticas, y recuerda su Resolución de 26 de septiembre de 2007 sobre una política exterior europea común en el ámbito de la energía (8).; subraya que la Decisión 1364/2006/CE (que retoma las orientaciones relativas a las RTE-E) reconoce que Nord Stream es un proyecto de interés europeo que contribuirá a satisfacer las futuras necesidades en energía de la Unión Europea; subraya asimismo que proyecto, junto con otros gasoductos adicionales como Yamal II y Amber, se deberían concebir en la óptica de una política exterior europea común en el ámbito de la energía, teniendo plenamente en cuenta sus repercusiones en el medio ambiente y para la seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea;

2.

Reitera que, habida cuenta de la creciente dependencia de la Unión Europea de un número limitado de fuentes de energía, de proveedores y de vías de transporte, es esencial favorecer las iniciativas de diversificación, tanto geográfica como gracias al desarrollo de fuentes alternativas sostenibles; subraya, en particular, la necesidad de apoyar el desarrollo de las infraestructuras portuarias para el trasvase de combustibles; recuerda que Nord Stream es uno de los muchos proyectos de infraestructura en el sector del gas, como los gasoductos o las instalaciones de gas natural licuado (GNL), indispensables para satisfacer las necesidades comunitarias en materia de gas natural que, según numerosos estudios, registrarán un fuerte aumento en los próximos años al mismo tiempo que permitirán la sustitución de los combustibles fósiles poco respetuosos del medio ambiente; estima necesario evaluar las incidencias a largo plazo para el medio ambiente de la nueva infraestructura para el gas, habida cuenta de que es importante garantizar el aprovisionamiento estable de gas;

3.

Apoya la propuesta formulada en su Resolución de 14 de noviembre de 2006, en el sentido de que la futura estrategia marítima de la UE debe plasmarse en obligaciones supranacionales vinculantes que podrán contemplar compromisos comunes en terceros países;

4.

Subraya que la seguridad energética debe considerarse un componente esencial de la seguridad global de la Unión Europea, por lo que la definición de seguridad energética no debería limitarse a la falta de producción interna en la UE, sino que debería tener en cuenta los aspectos geopolíticos de dependencia de las importaciones y las consiguientes posibles interrupciones motivadas por razones políticas; opina que el tercer paquete de medidas en el sector de la energía reducirá la dependencia energética de cada Estado miembro, ya que ningún Estado puede desvincularse de un tercer país proveedor en un mercado energético plenamente liberalizado e integrado;

5.

Considera que el reto de asegurar el suministro de energía respetando el compromiso de protección del medio ambiente y de desarrollo sostenible hace de imperiosa necesidad la aplicación de una política europea coherente y coordinada de suministro de gas natural basada en una esmerada evaluación a nivel europeo de los aspectos medioambientales de las soluciones alternativas y en la solidaridad mutua entre los Estados miembros;

6.

Lamenta el papel marginal desempeñado por la UE en este proyecto, en particular el de la Comisión; señala que una mayor participación de la UE reduciría la incertidumbre que sienten muchos Estados miembros a propósito del proyecto Nord Stream;

7.

Toma nota de la oposición manifestada por algunos Estados miembros al proyecto de gasoducto en la región del Mar Báltico, que constituye un bien común de los países ribereños y no una cuestión de relaciones bilaterales entre Estados; considera, por consiguiente, que el proyecto debería llevarse a cabo en cooperación con todos y cada uno de los Estados de la zona del Mar Báltico, de conformidad con el Convenio de Espoo, el Convenio Helcom y los demás instrumentos jurídicos pertinentes; subraya la importancia de que Rusia complete su ratificación del Convenio de Espoo;

8.

Manifiesta su oposición, en este contexto, a que el proyecto se ejecute a la escala prevista, sin que se disponga previamente de una evaluación de impacto medioambiental positiva;

9.

Está convencido de que las inversiones en materia de energía en las que participen los Estados miembros de la UE y terceros países deben ser objeto del interés y preocupación comunes de toda la Unión y de sus ciudadanos;

10.

Reconoce que Nord Stream ha efectuado la evaluación de impacto en el medio ambiente que deberá transmitir para su aprobación a los «países de origen» definidos en el Convenio de Espoo (Rusia, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Alemania); insta a la empresa a que comunique a estos países, pero también a Helcom y a todas las partes interesadas, los resultados de dichos estudios así como los datos resultantes de las investigaciones sobre la situación ecológica de la ubicación del proyecto recabados durante las investigaciones medioambientales;

11.

Hace hincapié en que una solución sostenible a largo plazo exige plena transparencia para todas las partes en las fases de construcción y explotación, y que la confianza de los Estados ribereños del Mar Báltico en este proyecto de gran envergadura será mayor si pueden supervisar los trabajos;

12.

Pide en este sentido a la Comisión y al Consejo que se comprometan plenamente en la evaluación de las consecuencias medioambientales de la construcción del gasoducto europeo del norte, especialmente en los supuestos en que la Comisión deba emitir una opinión en virtud de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE;

13.

Hace hincapié en que se debe respetar plenamente el principio de reciprocidad en lo que a inversiones se refiere, sobre todo si la interdependencia entre la UE y Rusia se materializara en una asociación; constata que los terceros países se benefician en gran medida del mercado abierto europeo, pero que los inversores europeos en Rusia no gozan de ventajas similares;

14.

Lamenta que la Comisión no haya aceptado la propuesta contenida en la Resolución del Parlamento, de 16 de noviembre de 2006, relativa a la elaboración por la Comisión de evaluaciones de impacto medioambiental objetivas de los proyectos previstos; reitera su petición de que se proceda a una evaluación de este tipo por un órgano independiente designado tomando en consideración los pareceres de todos los Estados ribereños;

15.

Pide al Consejo y a la Comisión que evalúen de forma exhaustiva si la ejecución del proyecto es conforme a la legislación comunitaria e internacional;

16.

Expresa su preocupación por el calendario de trabajos adoptado por Nord Stream, calendario que no permitirá un análisis exhaustivo de los resultados de la evaluación de impacto medioambiental por los Estados interesados, por las organizaciones no gubernamentales ni por los grupos de expertos Helcom; señala que para un análisis exhaustivo de los resultados de la evaluación de impacto medioambiental es necesario un calendario adecuado;

17.

Señala que trabajar en un territorio de 2 400 km2 en el mar Báltico, con el consiguiente uso de un gran número de buques y demás equipos, podría suponer una grave amenaza para la biodiversidad y para numerosos hábitats de la región, así como para la seguridad y el buen funcionamiento de la navegación;

18.

Confía en que el posible impacto del gasoducto sobre el fondo marino durante la fase de construcción forme parte de la evaluación de impacto medioambiental;

19.

Pide al promotor que incluya en su proyecto de informe de evaluación de impacto medioambiental unos términos de referencia amplios, proporcionando una descripción clara de las condiciones ambientales actuales del emplazamiento y datos tridimensionales sobre su geomorfología;

20.

Expresa su profunda preocupación por las informaciones según las cuales antes de la entrega del gasoducto los inversores pretenden utilizar un producto altamente tóxico conocido como glutaraldehído; pide a los inversores que se abstengan de utilizar dicha sustancia;

21.

Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio ambiental fiable e independiente en el que se examinen las emisiones procedentes de la agricultura y de la industria que contaminan el Mar Báltico, y que evalúe la situación con respecto a posibles riesgos medioambientales causados por las conducciones que en la actualidad atraviesan dicho mar; pide asimismo a la Comisión que evalúe el impacto adicional que el proyecto Nord Stream tendrá en el Mar Báltico;

22.

Pide al promotor que garantice que la construcción y explotación del gasoducto no pondrá en peligro las numerosas especies de aves y peces ni la existencia de una población de marsopas que sólo cuenta con 600 individuos y constituye una especie única para la región;

23.

Considera que la protección del medio natural del Báltico es un elemento de la dimensión septentrional de la UE, y que también debe tenerse en cuenta en el contexto de la Estrategia para el Mar Báltico cuando proceda;

24.

Constata que el deterioro de las zonas costeras y del medio marino afectan en grado sumo a la prosperidad y competitividad de la economía de las regiones costeras, poniéndolas en peligro; señala que, dado el grado en que las actividades y políticas marítimas afectan a las regiones costeras, la sostenibilidad ambiental a largo plazo es una condición previa para salvaguardar la prosperidad económica, social y ambiental de dichas regiones;

25.

Señala la ausencia de estrategia a la hora de abordar los fallos estructurales del gasoducto y las amenazas externas relativas a la seguridad del mismo; hace hincapié en la necesidad de definir claramente todos los aspectos relacionados con la seguridad y la actuación en caso de emergencia, incluidos los recursos financieros, los agentes, los cometidos y los procedimientos;

26.

Destaca que, dada la creciente demanda de gas de la UE, deben estudiarse y promoverse en primer lugar trazados alternativos para la instalación del gasoducto, teniendo en cuenta los aspectos económicos y medioambientales, así como el calendario previsto para dichos trazados; señala que Nord Stream debe presentar en su evaluación de impacto medioambiental una evaluación de alternativas al trazado propuesto;

27.

Pide a la Comisión que proceda a realizar dicho estudio, en el marco de un diálogo con los países ribereños interesados, los inversores y el Helcom, tomando en consideración los pareceres de las ONG pertinentes;

28.

Subraya que la cuestión relativa a una compensación económica por fallos o daños debe quedar meridianamente clara antes de que se inicien los trabajos; cualquier fallo importante en el gasoducto puede dar lugar a complicaciones para los Estados ribereños del Mar Báltico y podría tener efectos devastadores para el medio ambiente marino; Nord Stream debería asumir la plena responsabilidad en materia de compensación;

29.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo una evaluación exhaustiva de los aspectos económicos, presupuestarios y relacionados con la transparencia del proyecto Nord Stream, así como de las empresas participantes;

30.

Pide a la Comisión que estudie las posibilidades dentro de la Dimensión Nórdica de solicitar a Nord Stream el equivalente de inversiones de compensación en eventuales proyectos de regeneración en la región fronteriza entre Finlandia y Rusia donde se propone que comience el gasoducto o en el contexto de la Estrategia para el Mar Báltico, también dentro de la Dimensión Nórdica;

31.

Toma nota de las siguientes decisiones tomadas por los órganos de los Estados miembros:

32.

Lamenta que en el Libro Verde «Hacia una futura política marítima de la Unión» no se aborde la cuestión de los proyectos de envergadura tales como los gasoductos submarinos; constata con pesar que en los instrumentos jurídicos y las comunicaciones relativas a las estrategias marítimas la Comisión a menudo elude la cuestión de los gasoductos submarinos, pese a ser un problema fundamental tanto desde el punto de vista ecológico como para la seguridad energética de la UE;

33.

Pide que someta una evaluación de impacto medioambiental independiente, a una consulta en profundidad con las autoridades competentes y la población de los Estados ribereños;

34.

Señala la importancia de llevar a cabo una estrategia de comunicación transparente sobre las medidas derivadas de los resultados de la evaluación de impacto medioambiental y de transmitir efectivamente dichos resultados a todos los Estados miembros de la UE, en particular a los Estados ribereños del Mar Báltico;

35.

Reitera al respecto su petición formulada en su mencionada Resolución de 14 de noviembre de 2006 de que se cree un mecanismo obligatorio de negociación entre los Estados miembros; pide una vez más al Consejo que adopte medidas a nivel internacional con vistas a la elaboración de las evaluaciones de impacto medioambiental obligatorias en el marco de las relaciones entre la UE y países terceros;

36.

Observa que la opción de un trazado terrestre para el gasoducto europeo del norte debería cumplir los objetivos estratégicos y económicos contemplados en la Decisión 1364/2006/CE al tiempo que se evitaría cualquier amenaza medioambiental;

37.

Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que la construcción del gasoducto Nord Stream cumpla plenamente la legislación de la UE en materia de impacto medioambiental y todos los convenios internacionales;

38.

Pide en especial a la Comisión que vele por que se observen las anteriormente citadas disposiciones de la Convención sobre el Derecho del Mar, del Convenio Helcom, del Convenio de Espoo, del Convenio de Aarhus, de las Directivas 85/337/CEE, 97/11/CE, 92/43/CEE y 79/409/CEE, y del artículo 10 del Tratado CE, así como los principios de precaución y de desarrollo sostenible; pide también a la Comisión que, en caso de infracción de estas disposiciones, inicie el correspondiente procedimiento con arreglo al artículo 226 del Tratado CE;

39.

A la vista de la actual situación política y de las actuales ambiciones geopolíticas de Rusia, considera que es muy importante que Rusia demuestre buena voluntad respecto a la cooperación en la política energética europea; subraya la importancia de que Rusia ratifique el Tratado de la Carta de la Energía y su Protocolo sobre Tránsito, ya que dicha ratificación reduciría el potencial de conflicto sobre proyectos como Nord Stream;

40.

Pide a la Comisión que, dentro de su ámbito de competencia, evalúe la situación de competencia en el mercado derivada de la posible construcción del gasoducto Nord Stream y que, en su caso, adopte las medidas necesarias para evitar que Gazprom ejerza una influencia dominante en los mercados de gas de la UE sin que las empresas de la UE tengan garantizado a su vez el derecho recíproco de acceder al mercado energético ruso;

41.

Propone que se establezca un sistema de control común del gasoducto, en el que participen todos los países de la región del Mar Báltico; sugiere asimismo que la obligación de abonar una compensación por daños ambientales recaiga exclusivamente en Nord Stream;

42.

Observa la falta de estructuras institucionales con capacidad para responder adecuadamente a las cuestiones de seguridad medioambiental y geopolítica asociadas con este proyecto; sugiere, por consiguiente, que la Comisión cree el cargo adecuado para tratar los proyectos actuales y futuros, bajo la autoridad del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y del Vicepresidente de la Comisión;

43.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/11

A.

Considerando que Afganistán se encuentra en una encrucijada, como demuestran el auge de los actos terroristas y de la insurgencia violenta, el grave deterioro de la situación de la seguridad, el aumento de la producción de opio, y el creciente descontento popular por la corrupción y los errores del Gobierno; considerando que, pese a los esfuerzos de la comunidad internacional y al éxito parcial de la reconstrucción civil, las condiciones de vida de grandes sectores de la población afgana no han mejorado; considerando que la amenaza actual que sufre Afganistán requiere acciones a corto plazo pero soluciones a largo plazo que sólo podrán conseguirse a través de la mejora general de la gobernanza y el desarrollo de un Estado fuerte,

B.

Considerando que los Estados Unidos, con el apoyo del Reino Unido, comenzaron la Operación Libertad Duradera el 7 de octubre de 2001; considerando que otros cuatro Estados miembros de la Unión Europea, a saber, la República Checa, Francia, Polonia y Rumania, participan en la operación con otras fuerzas de la coalición; considerando que, a excepción de Chipre y Malta, todos los Estados miembros de la Unión Europea contribuyen con tropas a la misión FIAS dirigida por la OTAN, lo que supone una dotación de más de 21 500 soldados; considerando que los primeros Equipos Provinciales de Reconstrucción comenzaron sus actividades a finales de 2001 y que unos 25 de estos equipos operan en todo el país actualmente,

C.

Considerando la importante discrepancia entre el importe que destina la comunidad internacional a operaciones militares, por una parte, y a la reconstrucción civil y a la ayuda humanitaria, por otra,

D.

Considerando que más de la mitad de los habitantes de Afganistán vive por debajo del umbral de pobreza, y que la economía del país es una de las menos desarrolladas del mundo, con una tasa de desempleo del 40 %,

E.

Considerando que el sector sanitario de Afganistán ha empezado a producir los primeros resultados prometedores, como son un descenso de la tasa de mortalidad infantil del 24 % desde la caída de los talibanes, un mayor número de recién nacidos que sobreviven al primer año de vida y un mayor porcentaje de afganos que disfrutan de acceso directo a los servicios sanitarios de atención primaria,

F.

Considerando que el sistema educativo afgano está mostrando los primeros indicios positivos de desarrollo, como son el aumento del número de niños y especialmente de niñas, estudiantes y profesores que han vuelto a las escuelas, la actual rehabilitación de las escuelas primarias y la formación de profesores,

G.

Considerando que, aunque no se dispone de cifras oficiales sobre los muertos civiles en Afganistán, el informe del Secretario General de las Naciones Unidas de 6 de marzo de 2008 sobre la situación en Afganistán señala que, en 2007, el nivel de la actividad insurgente y terrorista experimentó un agudo incremento frente al año anterior; se registraron por término medio 566 incidentes al mes, en comparación con los 425 mensuales del año anterior; de las 8 000 bajas causadas por el conflicto, más de 1 500 fueron civiles, la cifra más elevada desde que fueron depuestos los talibanes en 2001,

H.

Considerando que la nueva Constitución de Afganistán no garantiza la plena libertad religiosa, puesto que sigue contemplando la renuncia a la fe musulmana como acto punible,

I.

Considerando que el Joint Coordination and Monitoring Board (Consejo Conjunto de Coordinación y Control) para Afganistán, reunido los días 5 y 6 de febrero de 2008 en Tokio, empezó a preparar una conferencia internacional para revisar los progresos de la puesta en práctica del Pacto de Afganistán adoptado en la citada Conferencia de Londres,

J.

Considerando que la Encuesta de Evaluación Rápida de Invierno del Opio de Afganistán (realizada por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, ONUDD) confirma las tendencias apuntadas en la encuesta de 2007, es decir, posible aumento del número de provincias septentrionales y centrales sin opio, pero también aumento del nivel de cultivo en las regiones meridionales y occidentales; considerando que el informe de 2007 insiste, por un lado, en el concepto erróneo de que las provincias con escaso o nulo cultivo de amapolas están «libres de opio», pero, por otro, destaca la vinculación entre la inseguridad y la producción de estupefacientes; considerando que las herramientas básicas de una política antidroga son la erradicación de cultivos, la prohibición (que es algo mucho más complejo que la detención de los traficantes) y el desarrollo (medios de vida alternativos), y que dichas herramientas deben utilizarse de manera simultánea,

K.

Considerando que en virtud del programa de detenciones secretas de EE. UU. centenares de prisioneros afganos siguen detenidos en varias cárceles, como la base militar de Bagram y Guantánamo, en violación del Derecho humanitario internacional y los derechos humanos; considerando que los prisioneros bajo custodia afgana siguen confrontados con un sistema policial que carece de las normas mínimas del Estado de derecho y de respeto de los derechos humanos,

1.

Opina que, como resultado de los últimos treinta años de la historia afgana, caracterizados por la ocupación soviética, luchas entre varias facciones mujaidines y represión bajo el régimen talibán, el país ha iniciado una importante y complicada reconstrucción social, y debe continuar reforzando sus instituciones y aportando mejoras a las necesidades básicas de sus ciudadanos en ámbitos como la educación, la vivienda, la salud, la alimentación y la seguridad pública; acoge favorablemente los esfuerzos y los progresos realizados desde 2002 por el pueblo afgano hacia el establecimiento del Estado de Derecho y la democracia y en busca de la estabilidad;

2.

Expresa su convicción de que el país se ha convertido en un caso de examen para la ayuda al desarrollo internacional y para la cooperación a escala bilateral y multilateral; hace hincapié en la necesidad de que la comunidad internacional siga trabajando con el Gobierno afgano y el pueblo de Afganistán con el fin de demostrar su capacidad para romper el círculo vicioso de violencia y pobreza y dar al país perspectivas de paz y desarrollo sostenibles; hace un llamamiento al Consejo y a la Comisión para que presenten una iniciativa en favor de un Consejo internacional que agrupe a los principales donantes y a los organismos de las Naciones Unidas, encabezado posiblemente por una misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán y basado en el concepto de la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas, con el fin de armonizar los distintos esfuerzos de reconstrucción en Afganistán;

3.

Llama la atención sobre las consecuencias duraderas de las guerras que han tenido lugar en el país, los millones de víctimas, mutilados, refugiados y desplazados, y los costes materiales provocados por la destrucción de casi todas las infraestructuras principales;

4.

Condena vigorosamente el ataque terrorista contra la Embajada de la India en Kabul perpetrado el día 7 de julio de 2008 y que ocasionó más de 40 muertos, entre los que se encuentran cuatro miembros del personal de la Embajada; expresa su más sincero pésame a los familiares de las víctimas, a los heridos y a los Gobiernos de Afganistán y la India;

5.

Considera que las relaciones entre Afganistán y Pakistán han sido fuente de gran parte de la inestabilidad en la región y concluye, por consiguiente, que para estabilizar la región se necesita una política global orientada a dichas relaciones; espera que, con el nuevo gobierno en Pakistán, la mejora de las relaciones bilaterales reciba un nuevo impulso; considera, no obstante, que sin un compromiso y una asistencia activos por parte de la comunidad internacional ambos países serán incapaces de superar sus difíciles relaciones bilaterales; reconoce que la seguridad en Afganistán depende en gran medida de la democratización de Pakistán; insta a la comunidad internacional a introducir y respaldar medidas que rebajen las tensiones entre Afganistán y Pakistán, incluido un programa a largo plazo para la estabilización y el desarrollo de la región transfronteriza, con la participación de las partes interesadas a ambos lados de la frontera;

6.

Aplaude los esfuerzos y progresos realizados desde 2002 por el pueblo afgano y las instituciones del país en el proceso de construcción de un Estado de Derecho, de la democracia y de la estabilidad; considera estos avances como un elemento de gran importancia frente a los problemas estructurales de falta de legalidad y de respeto de la dignidad de la persona que han caracterizado al país bajo los regímenes soviético y talibán;

7.

Considera especialmente que la participación masiva de la población en los diferentes comicios pone de manifiesto la voluntad de las mujeres y los hombres de Afganistán de contribuir a la formación de un país fundamentado en los principios de la democracia activa y participativa; destaca que estas elecciones han supuesto una referencia en el contexto regional y en los países en transición que sufren graves conflictos armados;

8.

Destaca la necesidad de que las instituciones afganas sigan luchando contra todas las formas de corrupción y apliquen políticas eficaces de mejora de las condiciones sociales de la población;

9.

Señala que en Afganistán la Unión Europea está considerada fundamentalmente una organización humanitaria, pero opina que también es necesario que la UE tenga una mayor influencia política y pide, por lo tanto, a la Comisión que proponga estrategias que permitan a la UE, consciente de la soberanía natural del pueblo afgano, reforzar la visibilidad de su labor de capacitación del tejido civil, político y burocrático, hasta que las infraestructuras de gobierno hayan adquirido mayor estabilidad y permanencia;

10.

Destaca la necesidad de que la comunidad internacional coordine mejor sus esfuerzos por brindar una ayuda civil eficiente y sostenible; por consiguiente, pide también un presupuesto equilibrado que destine suficientes fondos a la reconstrucción civil y a la ayuda humanitaria, en la medida en que la creación de seguridad y el respeto del Estado de Derecho son aspectos de importancia capital;

11.

Acoge con satisfacción el hecho de que la mencionada Conferencia internacional de 12 de junio de 2008 no sólo garantizase compromisos por un valor de 21 000 millones de dólares suplementarios, sino que también revisara los procedimientos necesarios para que la ayuda internacional sea más eficaz y se oriente con mayor precisión hacia las prioridades, y para prevenir la corrupción;

12.

Hace hincapié en que es necesario un mayor refuerzo de la voluntad y el compromiso políticos y que deberían tener como corolario no sólo una voluntad de aportar nuevas tropas de combate en las zonas más difíciles, sin restricciones de reservas de carácter nacional, sino también unos esfuerzos urgentes e intensificados de reconstrucción civil, con el objetivo de consolidar los logros y restaurar la confianza de la población afgana a un plazo largo y sostenible; considera en particular que la Operación Libertad Duradera puede ser percibida como contraproducente si no se equilibra la presión militar contra los insurgentes con un proceso de consolidación política mediante el cual las autoridades afganas lleguen a todos los segmentos de la población que reconocen la Constitución y han depuesto las armas; a este respecto, observa también que la comunidad humanitaria -englobada por las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales- necesita mejorar la coordinación, evitar iniciativas ad hoc y desarrollar la planificación y preparación para casos de emergencia;

13.

Destaca que la Unión Europea debería utilizar la experiencia y los conocimientos de sus misiones y de los Estados miembros que ya cuentan con presencia militar o civil en territorio afgano, para el proceso de estabilización y reconstrucción de Afganistán;

14.

Apoya los esfuerzos realizados por las fuerzas de la OTAN para mejora la seguridad del país y la lucha contra el terrorismo local e internacional, y considera la presencia de estas fuerzas un elemento indispensable para garantizar el futuro del país;

15.

Insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que apoyen los esfuerzos para combatir el terrorismo, el extremismo religioso, el extremismo étnico, la segregación étnica y todas las acciones destinadas a subvertir la integridad territorial y la unidad y la soberanía nacionales de Afganistán;

16.

Destaca la idea de que la Unión Europea y sus Estados miembros deberían apoyar a Afganistán en la construcción de su propio Estado, con unas instituciones democráticas más fuertes y capaces de garantizar la unidad y soberanía nacionales, la integridad territorial, el desarrollo económico sostenible y la prosperidad de los afganos, respetando al tiempo las tradiciones históricas, religiosas, espirituales y culturales de todas las comunidades étnicas y religiosas asentadas en territorio afgano;

17.

Destaca que las necesidades de recuperación son importantes a lo largo y ancho de Afganistán pero que el problema de la seguridad y de la distribución de las ayudas plantea problemas específicos en la región dominada por los pashtun; pide, por consiguiente, que se aceleren las actividades de reconstrucción en el sur del país;

18.

Destaca que la Unión Europea debería alentar y ayudar a los inversores europeos a participar en la reconstrucción de Afganistán, a estar presentes sobre el terreno y a crear empresas en el país;

19.

Señala que los problemas principales a los que se enfrenta el país son la restauración de la seguridad y el establecimiento de un Estado que funcione; observa que los problemas de seguridad de Afganistán son más complejos que una mera guerra contra el terror y que requieren por lo tanto una solución más allá de lo militar; señala que la seguridad y el Estado de Derecho son interdependientes, lo cual permite a su vez una atmósfera que facilita el desarrollo humano, y que el refuerzo del Estado de Derecho es necesario para permitir a los ciudadanos del país ejercer opciones económicas y sociales que les permitan vivir la vida con sentido y con salud, cuando se complementa con medidas destinadas a restaurar el funcionamiento del Estado para proteger el Estado de Derecho, al garantizar el acceso a los servicios públicos básicos y la igualdad de oportunidades para la población;

20.

Acoge con satisfacción el compromiso expresado por el Pacto para el Afganistán de trabajar en favor de un Afganistán próspero y estable, con una buena gobernanza y protección de los derechos humanos para todos con arreglo al Estado de Derecho; considera que, ante la inexistencia de prioridades claras y bien jerarquizadas, el Pacto debería haber definido unas directrices para conseguir estos objetivos ambiciosos, por lo que subraya la necesidad de que los donantes se aseguren de que sus programas concuerdan con estas prioridades en los niveles central y provincial y que los recursos asignados son adecuados y se desembolsan con eficacia;

21.

Destaca la urgente necesidad de desarrollar un enfoque equilibrado y sostenible para la reforma del sector de la seguridad, tomando las medidas necesarias para crear un ejército y una fuerza policial nacionales profesionales; destaca que el sistema judicial afgano está desesperadamente falto de inversiones y que existe una necesidad acuciante de plantearse mejorar su capacidad y su aptitud;

22.

Insiste en que, a pesar de haber obtenido algunos éxitos hasta la fecha, los resultados de los esfuerzos de reforma de la policía en los últimos cinco años son decepcionantes, lo que demuestra las graves dificultades a que se enfrenta la comunidad internacional en el terreno cuando trata de crear instituciones; insta a la comunidad internacional en general, y a la misión de policía de la Unión Europea en particular a que mantengan sus esfuerzos para desarrollar una fuerza de policía propia de Afganistán, caracterizada por el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho;

23.

Observa que el mandato de EUPOL dispone tareas de apoyo para establecer vínculos entre la policía y un Estado de Derecho más amplio, por lo que insta al Consejo y a la Comisión a mantener la estrecha coordinación de sus respectivas actividades para asegurarse de que las políticas de la Unión Europea son más coherentes y eficientes; considera igualmente importante que la UE incremente en gran medida los recursos previstos para EUPOL, en términos de personal y financiación; subraya que es indispensable una reforma global del Ministerio del Interior afgano y que ésta es principalmente una tarea política y en menor extensión un problema técnico, en la medida en que, sin ella, los esfuerzos de reforma de la policía serán un fracaso y, por lo tanto, atribuye la máxima importancia a otro de los fines de EUPOL que consiste en supervisar, asesorar y formar a nivel del Ministerio del Interior afgano, de las regiones y de las provincias; expresa su apoyo al programa dotado con 2,5 millones de euros procedente del instrumento de estabilidad (6) en relación con las medidas para reformar la designación de jueces y fiscales, y espera que este programa piloto sirva para desarrollar un programa de reforma sustancial del sector de la justicia a largo plazo en 2009;

24.

Indica que la misión de EUPOL, transcurridos ya más de un a año desde su lanzamiento el 15 de junio de 2007, tiene todavía que alcanzar plena operatividad, y destaca que aun completamente desplegada, supondrá solo 195 personas supervisando decisiones de alto nivel en Kabul y en los centros provinciales; toma nota de la reciente declaración del Ministro de Asuntos Exteriores afgano en el sentido de que se requieren urgentemente un mínimo de 700 formadores adicionales en el país, y de la contribución que este déficit ha supuesto para una situación como la actual en la que los índices de mortalidad de la policía son notablemente superiores a los del ejército; señala que el Gobierno alemán se ha ofrecido a aumentar su propia aportación, que pasaría de 60 a 120 formadores, si otros países de la Unión Europea adoptan compromisos similares; hace un llamamiento en favor de una mayor coordinación entre los esfuerzos respectivos de la UE y de los Estados Unidos en relación con la formación de la policía civil afgana;

25.

Pide al Consejo y a la Comisión que se comprometan, en el marco del programa de ayuda a Afganistán, con la reforma del sistema judicial destinada a profesionalizar el poder judicial afgano a través de sus principales instituciones, concentrándose en el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia, con el objetivo de salvaguardar los derechos de los imputados, brindar la necesaria asistencia jurídica a los grupos vulnerables, y garantizar el derecho a la defensa; pide que el respeto de la Resolución 62/149, de 18 de diciembre de 2007, de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la moratoria del uso de la pena de muerte se incluya ente las prioridades de los esfuerzos europeos de reforma de la justicia en Afganistán;

26.

Expresa su firme convicción de que los equipos de reconstrucción provincial (ERP) deberían concentrarse en objetivos específicos relacionados con la seguridad, la formación y el trabajo con la policía y los militares afganos, y en apoyar los esfuerzos del gobierno central en las zonas inseguras; insiste en la necesidad de redefinir el papel de los ERP particularmente en lo que se refiere a la coordinación e intercambio de mejores prácticas entre ellos; está convencido de que, aunque la seguridad y el desarrollo son interdependientes en Afganistán, hay una clara demarcación entre la acción militar y la humanitaria que debe mantenerse, y que los profesionales de la seguridad y del desarrollo deben desempeñar plenamente sus capacidades y experiencias profesionales respectivas; piensa que debe incrementarse el número de afganos que trabajan en los ERP y fomentarse lo más posible la responsabilización local;

27.

Expresa su enérgico apoyo al punto de vista según el cual hay una necesidad urgente de desarrollar y reforzar la naciente sociedad civil en Afganistán, y que se requerirá mucho tiempo y esfuerzo para desarrollar gradualmente una amplia conciencia de la importancia de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales, particularmente en relación con la igualdad de género, la educación y la protección de las minorías; insiste en que una sociedad civil fuerte sólo puede desarrollarse en un entorno político que se caracterice por unas instituciones estables y eficaces y unos partidos políticos bien organizados; considera que para superar la cultura de la violencia que prevalece en la sociedad afgana, la comunidad internacional de donantes debería prestar apoyo técnico y financiero a proyectos locales destinados a la reconciliación; cree que la Unión Europea debe desempeñar un creciente papel en el apoyo a la sociedad civil afgana; subraya la necesidad de que el Parlamento afgano y la sociedad civil queden plenamente incorporadas a la programación de la cooperación para el desarrollo de la Unión Europea y, en particular, a la redacción de los documentos de estrategia por país y los planes de acción anuales;

28.

Entiende que el fortalecimiento de la sociedad civil afgana solo podrá tener éxito si están representados y son oídos todos los grupos étnicos y religiosos, lo que también incluye la cooperación con los líderes tribales tradicionales, como ya ocurre con las denominadas «oficinas de enlace tribal»;

29.

Insiste en que la libertad de los medios de comunicación es esencial para crear una sociedad democrática; expresar su honda preocupación por el creciente número de ataques a periodistas, y pide a las autoridades afganas que investiguen seriamente estas violaciones; acoge favorablemente el trabajo de los medios de comunicación independientes en Afganistán, que han restablecido un núcleo de pluralismo informativo en el país después de decenios de ausencia de toda libertad de expresión; considera que la libertad de prensa y la libertad de expresión son condiciones esenciales para el desarrollo social del país y para las relaciones entre Afganistán y la Unión Europea; expresa su preocupación por la negativa del Presidente Karzai a firmar el proyecto de ley de prensa el 15 de diciembre de 2007 tras su aprobación por las dos cámaras del Parlamento; exhorta al Presidente a que aclare el estatuto del proyecto de ley de prensa, y recuerda el compromiso del Gobierno en el marco del Pacto para Afganistán en el sentido de desarrollar unos medios de comunicación independientes y pluralistas; expresa su preocupación por el estado de la libertad de expresión, amenazada por las sentencias dictadas contra periodistas y «blogueros» independientes, e insta al Gobierno afgano a que se comprometa a garantizar una libertad efectiva de palabra a todos sus ciudadanos empezando por la defensa de la libertad en Internet;

30.

Destaca la importancia de una ley de medios de comunicación con visión de futuro que permita el desarrollo de una sociedad más integradora, tolerante y democrática, que tenga en cuenta los valores religiosos y culturales del país sin limitar las actividades e independencia de los medios bajo pretexto de la seguridad nacional, de la religión o de la cultura;

31.

Expresa su preocupación por la integridad física de Malalai Joya, diputada de la Wolesi Jirga, y pide a las autoridades afganas que le garanticen protección; pide a las autoridades afganas que liberen de su arresto domiciliario a Latif Pedram, fundador del Partido del Congreso Nacional de Afganistán, retiren sus cargos contra él y le den garantías de seguridad;

32.

Reitera su llamamiento a las autoridades afganas para que establezcan una moratoria a la pena de muerte; expresa su extrema preocupación por la vida de Perwiz Kambakhsh y docenas de otras personas que se enfrentan a sentencias de penas de muerte en un sistema judicial de momento incapaz de garantizar unos juicios justos, y pide al Presidente Karzai que conmute sus penas;

33.

Acoge favorablemente los progresos de Afganistán en la mejora de la representación política de las mujeres; expresa su solidaridad con todas las mujeres del país que están luchando por defender y promover sus derechos; sigue preocupado por las enormes diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, la baja tasa de alfabetización de las mujeres, la injusticia, inducida por prácticas culturales, sufrida por mujeres y niñas, por la negativa de parientes y comunidades a permitir tanto el acceso a servicios básicos para las mujeres y a los cuidados de salud y la educación como por la falta de oportunidades de empleo, así como los altos niveles de violencia doméstica y discriminación; subraya la urgente necesidad de introducir en la reforma del sistema jurídico y político medidas destinadas a proteger los derechos de la mujer; insta al Consejo y a la Comisión a que presten apoyo activo a estas iniciativas y asignen los fondos a medidas destinadas a avanzar activamente para incrementar la matriculación de niñas en las escuelas y el reclutamiento de maestras, que ayudarán a construir la capacidad del país para proteger los derechos de las mujeres, las jóvenes y las niñas, puesto que éstas últimas también son víctimas de violencia doméstica y explotación sexual inducidas por prácticas culturales y trabajo en condiciones de explotación y tráfico de personas; pide, además, medidas especiales para resolver los problemas a los que se enfrentan las mujeres afganas en los sectores de la sanidad y la educación;

34.

Indica que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha ayudado a 3 690 000 refugiados afganos a regresar al país desde marzo de 2002, lo que significa la mayor operación de ayuda al retorno de la historia; no obstante, aproximadamente 3 500 000 afganos registrados y sin registrar permanecen aún en Pakistán e Irán; manifiesta su preocupación por la disminución de los fondos destinados a los refugiados afganos, y subraya que el mantenimiento de un programa de repatriación eficaz puede resultar más oneroso aún, debido a que los refugiados que permanecen en Pakistán e Irán disponen de menos recursos y vínculos menos sólidos con Afganistán que aquellos que regresaron anteriormente; destaca que el retorno seguro y voluntario de los refugiados afganos y de las personas desplazadas debería seguir siendo una prioridad para Afganistán y para la comunidad internacional; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la financiación para la reintegración de los refugiados;

35.

Manifiesta su profunda preocupación por el cultivo y tráfico de opio en permanente expansión y por sus graves implicaciones para la política y la seguridad nacionales; subraya que la economía del opio sigue siendo una fuente de corrupción y socava las instituciones públicas, especialmente en los sectores de seguridad y justicia, debido a que no existe una solución rápida y a que las medidas represivas encaminadas a erradicar los cultivos no han producido los resultados esperados, pide a la comunidad internacional y al Gobierno afgano que desarrollen una estrategia a largo plazo encaminada sobre todo al desarrollo rural global, que incluya la creación de la infraestructura necesaria y de instituciones administrativas eficaces; acoge favorablemente el creciente diálogo entre Afganistán, Irán y la comunidad internacional sobre las formas de recortar la producción y exportación de opio;

36.

Pide al Gobierno de Estados Unidos que abandone su política de erradicación de cultivos, especialmente el uso de «Roundup» para pulverización aérea, una sustancia que está asociada a graves riesgos medioambientales y sanitarios, dado que poner en el punto de mira a los que se dedican al cultivo de opio sólo avivará el resentimiento contra la presencia de tropas internacionales;

37.

Manifiesta su preocupación por los graves problemas sociales y de salud provocados por las toxicomanías en general, y por las consecuencias sociales y económicas para las mujeres afganas toxicómanas en particular; remite a un estudio de la ONUDD, de 2005, que estima en 920 000 el número de consumidores de drogas en Afganistán, 120 000 de ellos mujeres; destaca la afirmación contenida en dicho estudio en el sentido de que, en lugar de considerar las toxicomanías como un problema social, la sociedad afgana las ve como un problema individual, y muchas mujeres consumen por razones médicas, para aliviar y subsanar diversos problemas físicos y psicológicos; constata que, si bien las penas previstas por cultivo, tráfico y consumo de drogas son severas, el Gobierno afgano se ve actualmente incapaz de hacer cumplir la legislación al respecto; insta al Gobierno afgano y a la comunidad internacional a elaborar, financiar y aplicar programas, actividades y campañas de sensibilización adecuadas destinadas a mujeres toxicómanas y a sus familias;

38.

Apoya los esfuerzos desplegados por la Comisión para contribuir a ayudar a Afganistán, y pide a la Comisión que evalúe regularmente la eficacia de la ayuda financiera de la Unión Europea, en particular la contribución de la Comisión a los fondos fiduciarios, con objeto de lograr una mayor transparencia; insta a la Comisión a mantener informado adecuadamente al Parlamento de los resultados de dicha evaluación;

39.

Recuerda la iniciativa del Parlamento Europeo, en el marco de su presupuesto para 2008, de apoyar la construcción democrática con parlamentos en países terceros, y decide hacer uso de la misma para capacitación y asistencia técnica destinadas a mejorar la capacidad del parlamento afgano para legislar y ejercer el control sobre el poder ejecutivo, especialmente mediante el mantenimiento del Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos en general y de las mujeres en particular;

40.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Secretario General de la OTAN, y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República islámica de Afganistán.

3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/19

A.

Considerando que, el 10 de junio de 2008, el Comité de Gestión del ICD votó a favor de las propuestas de programas de acción anuales (PAA) para Brasil y Argentina para 2008 (CMTD 2008-0263) — D000422-01, CMTD-2008-0263 — D000421-01),

B.

Considerando que, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE y del artículo 1 del citado Acuerdo de 3 de junio de 2008, el Parlamento Europeo ha recibido las propuestas de medidas de aplicación presentadas al Comité de Gestión del ICD y el resultado de la votación,

C.

Considerando que el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1905/2006 estipula que «el objetivo primordial y general de dicha cooperación con arreglo al presente Reglamento será la erradicación de la pobreza en los países y regiones socios en el contexto del desarrollo sostenible»,

D.

Considerando que el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1905/2006 estipula que «las medidas a que se refiere el artículo 1, apartado 1 (4)., se concebirán de forma que cumplan los criterios de la asistencia oficial al desarrollo (AOD) definidos por el CAD-OCDE,»

E.

Considerando que en sus «Directivas para el establecimiento del sistema de notificación de los países acreedores» (DCD/CAD) (2002)21), el CAD/OCDE define la AOD como flujos financieros hacia países que figuran en la lista CAD de beneficiarios de la AOD y para los cuales, entre otras cosas, «cada transacción se administra teniendo como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el bienestar de los países en desarrollo»,

1.

Observa que el proyecto de PAA para Brasil para 2008 contiene como única acción el Programa de movilidad académica para Brasil 2008-2010 (que es la Ventana de Cooperación Exterior Erasmus Mundus para Brasil), que esta acción entra en el ámbito del sector prioritario I del Documento de Estrategia por País titulado «Refuerzo de las relaciones bilaterales, acción 2: Programa de enseñanza superior para Brasil» y que la financiación de la movilidad de los estudiantes y del personal académico de los Estados miembros de la UE (hasta el 30 % de la financiación de la movilidad individual de los estudiantes y del personal) está previsto como un elemento importante del PAA para Brasil para 2008;

2.

Observa que el proyecto de PAA para Argentina para 2008 contiene como única acción la Ventana de Cooperación Exterior Erasmus Mundus para Argentina, que esta acción entra en el ámbito del sector esencial del Documento de Estrategia por País titulado «Refuerzo de las relaciones bilaterales y la comprensión mutua entre la CE y Argentina» y que la financiación de la movilidad de los estudiantes y del personal académico de los Estados miembros de la UE (hasta el 30 % de la financiación de la movilidad individual de los estudiantes y del personal) está prevista como un elemento importante del PAA para Argentina para 2008;

3.

Opina que la Comisión, de este modo, en los PAA para Brasil y Argentina para 2008, excede las competencias de ejecución establecidas en el acto de base, dado que los elementos arriba mencionados no son conformes con el artículo 2, apartados 1 y 4, del Reglamento (CE) no 1905/2006, pues el objetivo principal de estos elementos no es la erradicación de la pobreza, y que estos elementos no cumplen los criterios de la AOD establecidos por el CAD/OCDE (5);

4.

Pide a la Comisión que retire sus propuestas de decisión por las que se establecen PAA para Brasil y Argentina para 2008, y que presente al Comité de Gestión del ICD nuevas propuestas de decisión que respeten totalmente las disposiciones del Reglamento (CE) no 1905/2006;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/20

A.

Considerando que la política exterior de la UE se basa en el respaldo decidido e inequívoco del multilateralismo efectivo que representa la Carta de las Naciones Unidas,

B.

Considerando que la UE es un socio político y financiero clave de las Naciones Unidas en la lucha contra la pobreza, el fomento del desarrollo económico y social, la garantía de la seguridad colectiva —incluida la protección de los sistemas de vida de las poblaciones amenazadas— y la protección de los derechos humanos en todo el mundo,

C.

Considerando que el programa de reforma de las Naciones Unidas —que incluye la creación de nuevos organismos, la reforma radical de otros, la remodelación de la gestión de sus operaciones sobre el terreno, la reorganización de los sistemas de prestación de ayuda y la reforma en profundidad de su Secretaría— es extremadamente ambicioso y requiere un apoyo político continuo, especialmente en el momento en que, tras definir un nuevo marco para sus políticas, se ha iniciado la fase de aplicación,

D.

Considerando que sus dos organismos fundamentales, esto es, el Consejo de Derechos Humanos y la Comisión de Consolidación de la Paz, han entrado en una fase crucial en la que tendrán probar su capacidad para alcanzar los objetivos que les han encomendado los Estados miembros de las Naciones Unidas,

E.

Considerando que todavía no se ha llevado a cabo la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, prevista desde hace tiempo, y habida cuenta del carácter altamente sensible de la cuestión y de las tensiones que suponen, por una parte, una exigencia mayor de rendir cuentas y un mejor equilibrio geopolítico y, por otra, la necesidad de asegurar la eficiencia y la eficacia de este organismo,

F.

Considerando que 2008 es un año crucial para los esfuerzos dirigidos a erradicar la pobreza y alcanzar en todo el mundo los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2015, y que los Estados miembros de la UE deberían asumir una posición de liderazgo con miras a las reuniones más relevantes previstas para el segundo semestre de este año,

G.

Considerando que, con miras a alcanzar los ODM, los esfuerzos de la UE son un catalizador importante y un ejemplo para otros donantes, si bien la ayuda resultante de dichos esfuerzos será en el año 2010 inferior a los compromisos oficiales de la UE en el ámbito de la ayuda al desarrollo por valor de 75 mil millones de euros,

H.

Considerando que, en el África subsahariana, muchos países no están en vías de alcanzar ninguno de los ODM, y que en muchos países con una renta media hay también regiones y grupos étnicos constituidos por varios millones de personas cuyos progresos para alcanzar los ODM son insatisfactorios,

I.

Considerando que el aumento de los precios de los productos alimenticios y la ralentización del crecimiento mundial amenazan con retrasar siete años el progreso hacia los ODM, a menos que se realicen mayores inversiones en el sector de la agricultura y en la industria agroalimentaria de los países en desarrollo,

J.

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió celebrar, los días 4 y 5 de octubre de 2007, el Diálogo de alto nivel sobre cooperación interreligiosa e intercultural, con miras a promover la tolerancia, el entendimiento y el respeto universal en el ámbito de la libertad de credo y religión y de la diversidad cultural, de forma coordinada con otras iniciativas similares,

K.

Considerando que 2008 es el Año Europeo del Diálogo Intercultural,

L.

Considerando que el programa de la Asamblea General de las Naciones Unidas no está todavía suficientemente centrado y focalizado, lo que constituye una necesidad ineludible para que la actividad de este organismo sea más coherente y con el fin de facilitar el seguimiento de sus resoluciones,

M.

Considerando que el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas gestiona actualmente 20 operaciones sobre el terreno en las que participan más de 100 000 soldados, la mitad de ellos desplegados en África,

N.

Considerando que el grado de coordinación de las posiciones de los Estados miembros de la UE en el seno de las Naciones Unidas varía de un organismo a otro y de una a otra política,

O.

Considerando que dicha coordinación no debería conseguirse en detrimento de las negociaciones con países de otros bloques geopolíticos, que son una condición previa fundamental para anudar alianzas en el seno de las Naciones Unidas,

P.

Considerando que esta coordinación requiere una mayor colaboración entre los grupos de trabajo pertinentes del Consejo que actúan en Bruselas, las oficinas de representación de la UE y las representaciones permanentes de los Estados miembros establecidas en Nueva York y Ginebra,

Q.

Considerando que el Tratado de Lisboa otorga personalidad jurídica a la UE y que esta novedad tiene repercusiones importantes en la representación de la UE ante las Naciones Unidas,

1.

Formula las siguientes recomendaciones destinadas al Consejo:

La UE ante las Naciones Unidas y la ratificación del Tratado de Lisboa

Contribución de la UE a las reformas de las Naciones Unidas

La UE y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

La UE y la Comisión de Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas

La UE y los ODM

La mejora de la cooperación entre la Unión Europea y las Naciones Unidas en la praxis

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión.

3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/27

A.

Considerando que un análisis realizado con vistas a esta Resolución en el segundo semestre de 2007 puso de manifiesto:

B.

Considerando que la responsabilidad principal respecto a la formación judicial, incluida su dimensión europea, incumbe a los Estados miembros; considerando que el mencionado programa de La Haya contiene una declaración del Consejo Europeo en el sentido de que debe incluirse sistemáticamente un componente de la UE en la formación de las autoridades judiciales (6), y considerando que la formación de los miembros del poder judicial en cada Estado miembro constituye, no obstante, un asunto de interés común para las instituciones de la UE y para todos los Estados miembros,

C.

Considerando que el Derecho comunitario no debe percibirse como un ámbito exclusivo de un cuerpo de especialistas de élite y que las oportunidades de formación en este campo no deben quedar reservadas a los jueces de los tribunales superiores sino hacerse extensivas a los jueces a todos los niveles del sistema judicial,

D.

Considerando que ciertos organismos apoyados financieramente por la Comunidad están registrando un éxito creciente, y que ya llevan a cabo la formación de un gran número de jueces y fiscales,

E.

Considerando que el conocimiento de lenguas extranjeras resulta crucial para asegurar una cooperación judicial adecuada, en particular en materia civil y comercial, en ámbitos que requieren la comunicación directa entre los jueces, así como para asegurar el acceso a los programas de intercambio destinados a los jueces,

F.

Considerando que actualmente la duración media del procedimiento prejudicial, a pesar de los continuos esfuerzos por parte del Tribunal de Justicia, sigue siendo excesivamente larga y merma considerablemente el atractivo de dicho procedimiento para los jueces nacionales,

G.

Considerando que el Tribunal de Justicia ha establecido que corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos derivados del ordenamiento jurídico comunitario (7).

H.

Considerando que ningún punto de la presente Resolución debe verse como un elemento que afecte a la independencia de los jueces y de los ordenamientos jurídicos nacionales, de conformidad con la Recomendación no R(94)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa y la Carta Europea de 1998 sobre el Estatuto de los Jueces,

1.

Observa que la Comunidad Europea es una comunidad basada en el Estado de derecho (8); que el Derecho comunitario es letra muerta si no es aplicado adecuadamente por los Estados miembros, incluyendo los jueces nacionales, que son, por lo tanto, la piedra angular del sistema judicial de la Unión Europea y que desempeñan un papel central e indispensable para la creación de un ordenamiento jurídico único europeo, igualmente en la perspectiva de las recientes decisiones del legislador comunitario (9) en el sentido de una mayor participación y una mayor responsabilización de los jueces nacionales en la aplicación del Derecho comunitario;

2.

Acoge con satisfacción el reconocimiento por parte de la Comisión del papel esencial que desempeñan los jueces nacionales a la hora de velar por la observancia del Derecho comunitario, por ejemplo, mediante los principios de la primacía del Derecho comunitario, el efecto directo, la coherencia de la interpretación y la responsabilidad del Estado en caso de infracción del Derecho comunitario; pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos en esa dirección, que se suman a las iniciativas sectoriales que ya están en marcha; además, pide a la Comisión que proceda sin demora a la publicación de una nota de información sobre las acciones por daños y perjuicios en caso de infracción del Derecho comunitario por parte de las autoridades nacionales;

3.

Considera que la lengua es la principal herramienta de los profesionales de la justicia; considera que el nivel actual de la formación en lenguas extranjeras de los jueces nacionales, junto con el actual nivel de conocimiento del Derecho comunitario, no sólo limita las posibilidades de cooperación judicial sobre instrumentos específicos, sino también el desarrollo de la confianza mutua, el uso adecuado de la doctrina del «acto claro» y la participación en los programas de intercambio; pide a todas las instancias participantes en la formación judicial que concedan una atención especial a la formación de los jueces en lenguas extranjeras;

4.

Toma nota de que la aplicación del Derecho comunitario por los jueces nacionales constituye un desafío para los jueces nacionales, en particular para los de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión en mayo de 2004 y después de esta fecha, lo que hace necesario intensificar las modalidades de fomento de la formación profesional de los jueces de estos Estados miembros;

5.

Considera, por otra parte, que al promulgar una serie de reglamentos que contienen normas sobre los conflictos de leyes, el legislador comunitario ha hecho una elección de política que puede conllevar la aplicación del Derecho extranjero por los jueces nacionales, y que posiblemente implica también la utilización de un enfoque comparativo; señala que dichos elementos, considerados conjuntamente, refuerzan aún más la conveniencia de incrementar la formación en lenguas extranjeras;

6.

Considera que es de interés público incrementar los conocimientos lingüísticos de los miembros del cuerpo judicial de los Estados miembros; insta a los Estados miembros, en consecuencia, a velar por que dicha formación sea gratuita y fácilmente accesible y a explorar la posibilidad de que los jueces puedan estudiar una lengua extranjera en un Estado miembro donde se hable, por ejemplo en relación con su participación en un intercambio judicial;

7.

Considera que el acceso a la bibliografía académica en la lengua materna del juez es un factor importante para una mejor comprensión del Derecho comunitario y observa la aparente escasez de bibliografía especializada sobre el Derecho comunitario en determinadas lenguas oficiales de la UE, por ejemplo en lo que respecta a asuntos de Derecho internacional privado, y las graves consecuencias que ello pudiera tener a la hora de construir un ordenamiento jurídico común que refleje la diversidad de tradiciones jurídicas; pide por tanto a la Comisión que apoye el desarrollo de dicha bibliografía, en particular en las lenguas oficiales de menor difusión;

8.

Observa que la información completa y actualizada sobre el Derecho comunitario no está disponible para muchos jueces nacionales de forma sistemática y apropiada, y que el Derecho comunitario está a veces poco representado a nivel nacional en los diarios oficiales, códigos, comentarios, publicaciones periódicas y libros de texto y basándose en traducciones de desigual calidad; pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos en este ámbito;

9.

Considera que un verdadero espacio judicial europeo en el que pueda realizarse una cooperación judicial efectiva no sólo requiere el conocimiento del Derecho europeo, sino también el conocimiento recíproco de los sistemas jurídicos de los otros Estados miembros; subraya las incoherencias en el tratamiento del Derecho extranjero en la Unión Europea y considera que este importante problema debería abordarse en un futuro; toma nota, a este respecto, del estudio horizontal que presentará la Comisión sobre el tratamiento del Derecho extranjero en materia civil y comercial, así como de los estudios que se están realizando en el marco de la Conferencia de la Haya sobre Derecho internacional privado;

10.

Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de mejorar la disponibilidad de bases de datos nacionales sobre sentencias de tribunales nacionales relativas al Derecho comunitario; considera que dichas bases de datos deben ser tan completas y tan fáciles de utilizar como sea posible; considera, por otra parte, que los Convenios y el Reglamento sobre la competencia judicial y la ejecución de sentencias en materia civil y comercial serían un ejemplo para una base de datos europea, dado su uso frecuente por parte de los jueces nacionales;

11.

Considera que todos los jueces nacionales deberían tener acceso a las bases de datos que contienen remisiones pendientes de decisión prejudicial de todos los Estados miembros; considera asimismo de utilidad la publicación de las sentencias de los órganos jurisdiccionales que plantean cuestiones prejudiciales, tal como ya se señala en la Nota de información del Tribunal de Justicia sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales (10);

12.

Considera, ante la ingente cantidad de información disponible en línea sobre el Derecho comunitario, que los jueces no sólo deben seguir una formación respecto a la sustancia del Derecho, sino también sobre cómo acceder eficazmente a las fuentes jurídicas actualizadas;

13.

Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de publicar resúmenes destinados a los ciudadanos sobre los actos jurídicos comunitarios, y considera que dichos resúmenes no especializados también podrían ayudar a los profesionales de la justicia a acceder con mayor rapidez a la información pertinente;

14.

Alienta al desarrollo de herramientas e iniciativas en línea en el ámbito de «e-learning», que, aunque no constituya una respuesta completa a la formación, debe considerarse como un complemento de la relación presencial entre los jueces y los formadores;

15.

Pide que el componente de la UE en la formación a nivel nacional de todos los miembros del poder judicial:

16.

Toma nota del creciente éxito del programa de intercambio destinado a miembros del poder judicial; alienta a la REFJ para que lo haga accesible al más amplio número de jueces y vele por la adecuada inclusión de jueces especializados en materia civil, mercantil y administrativa; acoge con satisfacción las actividades de la REFJ en el ámbito de la formación lingüística y en la ampliación del programa de intercambio al Tribunal de Justicia, Eurojust y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

17.

Entiende que la disponibilidad de los jueces nacionales para participar en una formación básica y avanzada constituye un importante problema logístico y financiero para los Estados miembros; considera, en principio, que los jueces no deberían asumir ningún coste relacionado con su formación en materia de Derecho comunitario; pide a la Comisión que le facilite sus estimaciones, por Estado miembro, de los costes que implica la sustitución temporal de los jueces participantes en los programas de intercambio;

18.

Pide a la Comisión que, teniendo en cuenta su reconocimiento de que la Red europea de formación judicial (REFJ) goza de una situación de monopolio de facto sobre la ejecución del programa de intercambios destinado a las autoridades judiciales, vele por que los procedimientos mediante los cuales la REFJ solicita fondos para este programa de intercambios reflejen esta situación de monopolio; pide en particular que se simplifiquen estos procedimientos para garantizar que los fondos se ponen a tiempo a disposición para que la REFJ pueda organizar y gestionar un programa eficaz que satisfaga las expectativas de las escuelas nacionales participantes, de los organismos internacionales y de los jueces y fiscales, así como los compromisos asumidos con respecto a ellos; considera que, si no fuera así, corre el riesgo de ponerse en entredicho la credibilidad del programa de intercambios, en detrimento tanto de los jueces y fiscales nacionales interesados en participar como del desarrollo de la confianza mutua entre las autoridades judiciales europeas;

19.

Toma nota de la evaluación de la Comisión, en el sentido de que la opción más adecuada para promover la formación en el espacio judicial europeo radica actualmente en el apoyo financiero a diversos órganos a través del programa marco «Derechos fundamentales y justicia» para 2007-2013, así como de que la cuestión de desarrollar estructuras europeas de formación judicial bajo otra forma podría plantearse nuevamente cuando finalice dicho programa;

20.

Pide a la Comisión que evalúe rigurosamente los resultados de este programa marco, teniendo en cuenta la presente Resolución, y que presente nuevas propuestas para el desarrollo y la diversificación de modalidades de fomento a la formación profesional de los jueces;

21.

Considera, no obstante, que es el momento oportuno de una solución institucional pragmática para la formación judicial a nivel de la UE que haga pleno uso de las estructuras existentes, evitando al mismo tiempo una duplicación innecesaria de los programas y estructuras; pide, en consecuencia, la creación de una Academia Judicial Europea compuesta por la REFJ y la Academia de Derecho Europeo; pide que dicha solución institucional tenga en cuenta la experiencia pertinente adquirida en el funcionamiento del Colegio Europeo de Policía;

22.

Considera que los jueces nacionales no pueden adoptar una actitud pasiva respecto al Derecho comunitario, tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los tribunales nacionales que plantean asuntos de Derecho comunitario por propia iniciativa (11).;

23.

Pide que la formación de candidatos a puestos judiciales se refuerce desde el primer momento, de forma análoga a lo arriba expuesto en referencia a los jueces nacionales;

24.

Considera que el procedimiento prejudicial es una garantía fundamental de la coherencia del ordenamiento jurídico comunitario y de la aplicación uniforme del Derecho comunitario;

25.

Pide al Tribunal de Justicia y a todas las partes interesadas que sigan reduciendo la duración media del procedimiento prejudicial, haciendo así que esa oportunidad crucial de diálogo sea más atractiva para los jueces nacionales;

26.

Insta a la Comisión a investigar si alguna norma de procedimiento nacional constituye un obstáculo real o potencial a la posibilidad de que una instancia judicial de un Estado miembro plantee una cuestión prejudicial según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 234 del Tratado CE, y le pide que persiga con rigor las infracciones que representan dichos obstáculos;

27.

Considera que las limitaciones de la jurisdicción del Tribunal de Justicia, especialmente las relativas al titulo IV del Tratado CE, perjudican innecesariamente la aplicación uniforme del Derecho comunitario en los ámbitos correspondientes y envían una señal negativa a la gran mayoría de los jueces que tratan dichos ámbitos, al no posibilitar que establezcan un contacto directo con el Tribunal de Justicia y crear demoras inútiles;

28.

Lamenta que, de conformidad con el artículo 10 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias anejo al Tratado de Lisboa, las atribuciones del Tribunal de Justicia con respecto a los actos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal adoptados antes de la entrada en vigor de dicho Tratado seguirán siendo las mismas que en virtud del actual Tratado UE por un período transitorio de cinco años; acoge con satisfacción, en cambio, la Declaración de la Conferencia Intergubernamental relativa a dicho artículo del Protocolo e insta en consecuencia al Consejo y a la Comisión a que se sumen al Parlamento para adoptar de nuevo los actos en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal adoptados antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa;

29.

Con vistas a la introducción de un procedimiento prejudicial de urgencia, concuerda con el Consejo en que es importante que el Tribunal de Justicia facilite orientaciones a las que puedan remitirse los jueces nacionales a la hora de decidir sobre la presentación de la solicitud de procedimiento de urgencia;

30.

Pide al Tribunal de Justicia que considere todas las mejoras posibles del procedimiento prejudicial que puedan hacer participar más estrechamente al juez remitente en el asunto, incluyendo mayores posibilidades de aclarar la remisión y participar en el procedimiento oral;

31.

Señala que, en un ordenamiento jurídico comunitario con descentralización y madurez, los jueces nacionales no deberían ser marginados sino, por el contrario, recibir más responsabilidades y ser alentados en su papel de primeros jueces del Derecho comunitario; por ello insta a la consideración de un sistema de «luz verde» en el que los jueces nacionales incluirían sus propuestas de respuesta a las cuestiones que remiten al Tribunal de Justicia, el cual podría decidir entonces, dentro de un determinado plazo, si acepta la resolución propuesta o dicta él mismo sentencia a modo de tribunal de apelación;

32.

Toma nota de la creación de un Foro de reflexión sobre las medidas y prácticas de la UE en el ámbito de la justicia y pide a la Comisión que garantice que el Foro lleve a cabo sus deliberaciones de forma transparente; toma nota del compromiso de la Comisión de informar de forma periódica tanto al Parlamento como al Consejo;

33.

Insiste en la necesidad de un lenguaje más claro en la legislación comunitaria y de una mayor coherencia terminológica entre los instrumentos jurídicos; apoya en particular el proyecto de marco común de referencia en materia de Derecho contractual europeo como un instrumento para legislar mejor;

34.

Apoya con determinación la insistencia de la Comisión con respecto a la obligación para los Estados miembros de proporcionar sistemáticamente tablas de correspondencia que reflejen la aplicación de las directivas comunitarias en los instrumentos de regulación nacionales; considera que estas tablas suministran una valiosa información al menor coste y con una carga mínima; considera, por otra parte, que estas tablas de correspondencia aumentan la transparencia en la aplicación del Derecho comunitario y ofrecen a los jueces nacionales y a sus interlocutores una posibilidad realista de constatar si el Derecho comunitario es subyacente a una norma nacional particular y de comprobar por ellos mismos si se ha llevado a cabo debidamente la transposición y, en su caso, cómo se ha hecho;

35.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la comisión responsable al Consejo y a la Comisión, así como al Tribunal de Justicia y al Defensor del Pueblo Europeo.

3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/33

A.

Considerando que valora la Asociación Transatlántica entre la UE y los EE.UU. y respalda las políticas comerciales justas y equilibradas en general,

B.

Considerando que las relaciones económicas transatlánticas han experimentado en el último decenio un período de integración sin precedentes, de tal forma que las inversiones europeas en los EE.UU. representaron el 75 % de los flujos inversores totales en este país en 2006, y que la inversión de los EE.UU. en Europa alcanzó el mismo año la cifra récord de 128 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 59 % de la inversión directa extranjera de los EE.UU.,

C.

Considerando la especial importancia que reviste la industria aeronáutica para el empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo —especialmente en los sectores altamente cualificados, pero también en otras muchas industrias—, para el desarrollo regional y para la cooperación industrial transnacional en los ámbitos técnicos más avanzados,

D.

Considerando que, en el sector industrial de la aeronáutica civil, tanto Airbus como Boeing disponen actualmente de la capacidad necesaria para diseñar e integrar grandes aeronaves comerciales, y que el mantenimiento de un elevado nivel de competencia sana redunda en interés tanto de las compañías aéreas como de los usuarios,

E.

Considerando que la UE y los EE.UU. firmaron en 1992 un acuerdo bilateral sobre el comercio de grandes aeronaves civiles («Acuerdo de 1992») que creó unas condiciones de competencia equitativas y un cuerpo normativo regulador de las ayudas públicas,

F.

Considerando que la UE ha respetado siempre el espíritu y la letra del Acuerdo de 1992 y que ha facilitado regularmente pruebas documentales del cumplimiento de dicho Acuerdo,

G.

Considerando que los EE.UU. han hecho, en gran medida, caso omiso de las obligaciones que les incumben en aplicación del Acuerdo de 1992, al no informar sobre las subvenciones facilitadas a Boeing, autorizar subvenciones que rebasaban los límites máximos acordados y concederle subvenciones prohibidas,

H.

Considerando que el Acuerdo de 1992 consiguió mantener la estabilidad en el sector hasta el año 2004, cuando los EE.UU. lo denunciaron de forma unilateral y acusaron a la UE ante la OMC de haber concedido ayudas financieras reembolsables que cumplían plenamente el Acuerdo de 1992 y eran similares a las recibidas por Boeing para el desarrollo y la producción de grandes partes de su modelo 787 en Japón y en otros países que comparten los riesgos,

I.

Considerando que, a pesar de los numerosos esfuerzos llevados a cabo de buena fe por la UE, no ha sido posible hasta ahora definir una base justa y equilibrada que permita llegar a una solución negociada de las diferencias,

J.

Considerando que reitera su apoyo a la Comisión, que ha estado abierta en todo momento a alcanzar una solución equilibrada y negociada de las diferencias sin condiciones previas,

K.

Considerando que un apoyo justo y equilibrado de las administraciones públicas al sector aeroespacial en ambos lados del Atlántico ha redundado positivamente en la investigación y en la innovación, en una mayor seguridad, en mejores prestaciones ambientales y en una mayor eficiencia del transporte aéreo,

L.

Considerando que la financiación de Airbus por parte de los Estados miembros está sujeta a límites estrictos y que debe reembolsarse con los intereses correspondientes y que es evidente que dicha financiación no tiene incidencia alguna en la competitividad de Boeing, como demuestra el hecho de que, desde 1992, Airbus haya reembolsado el 40 % más de lo recibido de las administraciones públicas de los Estados miembros y haya devuelto hasta la fecha más de siete mil millones de euros,

M.

Considerando que la UE cuestiona una serie de subvenciones prohibidas e impugnables, por un valor total de 23,7 millones de dólares no reembolsables, que las administraciones federales, estatales y locales de los EE.UU. han facilitado a la sociedad Boeing en los dos últimos decenios y hasta el año 2024,

N.

Considerando que reitera la importancia que reviste una competencia leal y abierta en los procedimientos de contratación pública y ha tomado nota favorablemente de la adjudicación al equipo formado por Northrop Grumman European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) de un contrato para el programa relativo a los aviones cisterna, sobre la base de criterios neutros dirigidos a definir y ofrecer el equipamiento óptimo y más adecuado a la Fuerza Aérea de los EE.UU.,

O.

Considerando que, no obstante, observa con gran preocupación los duros ataques lanzados por Boeing y el Congreso de los EE.UU., en los que se presenta a EADS y a algunos Estados miembros como socios comerciales poco fiables en el sector aeroespacial y como un factor de riesgo para la seguridad y las capacidades militares de los EE.UU., un mensaje que no ha pasado desapercibido en Europa,

P.

El informe de la Accountability Office (Oficina General de Contabilidad), en las que se respaldan las objeciones de Boeing, debe entenderse meramente como una evaluación del procedimiento de selección, y no en relación con las características de la aeronave; el Parlamento reafirma asimismo su convicción de que los procedimientos de contratación pública del Departamento de Defensa de los EE.UU., incluidos los procedimientos de control de la Oficina General de Contabilidad de los EE.UU., se aplicarán en condiciones estrictas de igualdad a todos los competidores;

1.

Formula las siguientes recomendaciones a la Comisión, actuando en nombre de la Unión Europea en defensa de los intereses de los Estados miembros y de la industria de aeronaves civiles de gran capacidad de la UE:

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión y al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América.

3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/35

A.

Considerando que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión han destacado en diferentes declaraciones que los objetivos de las políticas europeas relativas a la energía y al cambio climático son hacer frente al cambio climático, mejorar la seguridad energética y reforzar la competitividad de la economía europea,

B.

Considerando que la amenaza que supone el cambio climático es cada vez mayor y que las negociaciones COP14 y COP15 que se celebrarán en Poznan y Copenhague respectivamente tendrán una importancia crucial para el logro de un acuerdo internacional sobre el cambio climático que sustituya al régimen del Protocolo de Kioto,

C.

Considerando que en el Informe Stern sobre los aspectos económicos del cambio climático se reconoce que los costes de la inacción en la lucha contra el cambio climático superan con creces los costes de la acción,

D.

Considerando que la dependencia de la Unión Europea de las importaciones de combustibles fósiles podría llegar a representar un 65 % del consumo total en 2030,

E.

Considerando que la Comisión ha estimado que la Unión Europea necesitará 70 mil millones de euros anuales para conseguir sus objetivos en materia de reducción de los gases de efecto invernadero y de energías renovables de aquí a 2020,

F.

Considerando que la mejora en la eficiencia energética es una de las medidas con mejor relación coste-eficacia en la reducción de gases de efecto invernadero,

G.

Considerando que la investigación y el desarrollo tecnológicos son fundamentales para alcanzar los objetivos de la política energética europea,

H.

Considerando que la mejora de la sinergia en la investigación europea en el ámbito de las tecnologías energéticas del futuro no puede sino estimular el crecimiento económico sostenible, contribuir a la ventaja comparativa de la economía europea, mejorar el empleo y, de este modo, permitir la realización tanto de los objetivos de la Estrategia de Lisboa como de la lucha contra el cambio climático,

I.

Considerando que el Séptimo Programa Marco (SPM) sólo consigna 2 300 millones de euros a la investigación energética durante los siete años del período,

J.

Considerando que en la Unión Europea la inversión en investigación sobre las tecnologías energéticas por parte del sector privado es muy baja comparada con el esfuerzo que hacen competidores de terceros países y otros sectores de la Unión Europea,

K.

Considerando que los presupuestos, tanto públicos como privados, destinados a la investigación energética en la Unión Europea han disminuido considerablemente desde los años ochenta, así como los malos resultados de Europa cuando se comparan a escala internacional los indicadores de innovación basados en el nivel de gasto en investigación científica,

L.

Considerando que es necesaria, y está justificada, una intervención pública de apoyo a las nuevas tecnologías energéticas menos contaminantes, dado que inicialmente son más caras que aquellas a las que sustituyen y, en consecuencia, en su primera fase de penetración en el mercado pueden no llevar aparejados ni beneficios comerciales a corto plazo ni mejores precios para los consumidores,

1.

Se felicita del Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE); considera que es fundamental una política europea de tecnología energética que disponga de un apoyo financiero suficiente para conseguir los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático antes de 2020;

2.

Destaca que la Unión Europea debe conseguir sus objetivos en materia de reducción de los gases de efecto invernadero, eficiencia energética y energías renovables antes de 2020, manteniendo al mismo tiempo una economía competitiva y sostenible; opina que el desarrollo y la utilización de tecnologías energéticas, innovadoras, baratas y con unas emisiones de carbono bajas, la eficiencia energética y las energías renovables son fundamentales para disminuir el coste de la reducción de las emisiones, crear nuevos mercados para las industrias de la UE y conseguir un compromiso mundial en favor de la lucha contra el cambio climático;

3.

Cree que para conseguir dichos objetivos es esencial reducir los costes de las energías limpias y mejorar la innovación en el sector energético; opina que, para ello es necesario mejorar los procesos de transferencia de tecnología de los centros de investigación a las empresas, acortar los tiempos de penetración en el mercado, romper las inercias tecnológicas y reglamentarias existentes y mejorar la interconexión de redes;

4.

Considera que las nuevas tecnologías, en particular las tecnologías de energía renovable y las tecnologías de eficiencia energética, también son necesarias para facilitar la diversificación de las fuentes de energía, reducir la demanda de energía y proporcionar métodos menos contaminantes y más seguros para el uso de los recursos endógenos, contribuyendo así a la seguridad del abastecimiento energético; pide a la Comisión que realice una evaluación de los recursos energéticos de la Unión Europea;

5.

Considera que el Plan EETE debería apoyar un amplio abanico de actividades que promuevan el debate público sobre el valor de las diferentes tecnologías energéticas nuevas, en particular mediante la educación de los consumidores y campañas de información;

6.

Considera que unas tecnologías más baratas y eficaces desde el punto de vista de las emisiones de carbono pueden contribuir a conseguir un nuevo acuerdo internacional sobre el cambio climático que sustituya al régimen del Protocolo de Kyoto;

7.

Destaca la necesidad de reforzar la coordinación de las tecnologías estratégicas a diferentes niveles y entre diferentes socios; señala asimismo la necesidad de evitar una burocracia excesiva, de garantizar la simplicidad y la claridad y de velar por una amplia participación de todos los posibles socios cuando se mejore la coordinación, por ejemplo a través del grupo director de la Comunidad Europea sobre tecnologías estratégicas y la Alianza europea para la investigación en el sector energético propuestos, que debería estar abierta a todos los centros de investigación europeos, independientemente de sus dimensiones o recursos;

8.

Apoya la creación de un grupo director de alto nivel y de un sistema de información sobre tecnologías energéticas transparente y de fácil acceso, en especial para las pequeñas y medianas empresas (PYME), y pide a la Comisión que le mantenga informado tanto sobre la creación de dicho grupo y sus trabajos como sobre la estrategia de información;

9.

Observa que los instrumentos desarrollados en los programas marco (ERA-Net, redes de excelencia, PTE) se podrían utilizar para apoyar el futuro Sistema europeo de información sobre tecnologías energéticas;

10.

Destaca que es esencial la cooperación coordinada con los Estados miembros para conseguir los objetivos fijados, maximizar los beneficios y disminuir costes; considera que la aplicación a nivel nacional de instrumentos comunitarios que funcionan en el ámbito de los Estados miembros, tales como los Fondos Estructurales, puede reforzar la capacidad de investigación, desarrollo e innovación en estos sectores;

11.

Destaca la importancia crucial de mejorar asimismo la coordinación con terceros países y reforzar la cooperación internacional a fin de aplicar una estrategia coherente y diferenciada en relación con las economías desarrolladas, en desarrollo o emergentes;

12.

Subraya que debe ampliarse la capacidad de la base de investigación de la Unión Europea y que son esenciales una mayor educación y formación para disponer de recursos humanos en la cantidad y con la calidad necesaria para aprovechar plenamente las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías; considera que un enfoque integrado que abarque los programas específicos del SPM podría ser positivo a este respecto;

13.

Llama la atención sobre el posible riesgo de que se dupliquen y multipliquen nuevas iniciativas; pide a la Comisión que examine la manera de ajustar las nuevas iniciativas industriales europeas (IIE) a los programas actuales, incluidos el SPM y, más en particular, las plataformas tecnológicas europeas, las iniciativas tecnológicas conjuntas adoptadas en el SPM, el Programa marco para la innovación y la competitividad (PIC) y, en especial, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología y sus comunidades de conocimiento e innovación sobre el cambio climático y la energía; pide a la Comisión que explique hasta qué punto las IIE van a apoyar las sinergias entre el nivel Comunitario y el nacional;

14.

Reitera que el Plan EETE necesita desarrollar la capacidad de investigación y de innovación en materia de energía a escala de la Unión Europea; conviene con la Comisión en que la solución pasa en parte por la existencia de infraestructuras de investigación paneuropeas; por tanto, pide que el Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación constate la necesidad de contar con infraestructuras de investigación europeas en el ámbito de las tecnologías energéticas innovadoras, como las tecnologías vinculadas a la energía renovable;

15.

Opina que las redes transeuropeas de energía y los procedimientos simplificados de autorización en este ámbito desempeñan un papel crucial en la política energética estratégica de la Unión Europea;

16.

Subraya que la necesidad de coordinación debe extenderse a los distintos campos de la ciencia y la tecnología que, por su carácter multidisciplinar, intervienen en la investigación y el desarrollo de tecnologías energéticas; en este sentido, destaca la necesidad de reforzar la investigación en ciencias básicas tales como la biología, la informática, la ciencia de materiales y las macrotecnologías;

17.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta el potencial de utilización de las tecnologías energéticas en los Estados miembros que se han incorporado más recientemente, y que introduzca mecanismos de apoyo basados en las políticas de la Unión Europea;

18.

Hace hincapié en la necesidad de mejorar la transferencia de tecnología de los centros de investigación a las empresas; insta a que el nuevo Instituto Europeo de Innovación y Tecnología desempeñe un papel en este campo;

19.

Insta al sector privado a que invierta más en investigación y asuma mayores riesgos, requisitos imprescindibles para que la Unión Europea esté a la vanguardia en este ámbito;

20.

Está totalmente convencido de que se ha de aumentar el apoyo a las tecnologías bajas en carbono en la fase de demostración y comercialización de las nuevas tecnologías renovables descentralizadas; por lo tanto, se felicita de las IIE propuestas; destaca, no obstante, la necesidad de aumentar también el apoyo a la I + D en las tecnologías que se necesitarán dentro de algún tiempo, haciendo especial hincapié en tecnologías importantes desde un punto de vista estratégico, como las tecnologías de energía solar, que pueden llevar a largo plazo a la independencia energética de la Unión Europea;

21.

Considera que las IIE deberían centrarse en aquellos ámbitos con el mayor potencial para contribuir al logro de los objetivos de la Unión Europea en materia de cambio climático, eficiencia energética y energías renovables de manera sostenible y para reducir los costes y la reproducción a largo plazo;

22.

Pide que al dar prioridad a las IIE se tenga en cuenta el ciclo de vida de cada tecnología y su impacto medioambiental en cada fase del proceso de producción; pide que se tome en consideración la posibilidad de transferir estas tecnologías a las economías en desarrollo, con objeto de reducir la brecha tecnológica con estos países;

23.

Pide que se intensifiquen las transferencias de tecnología con los países desarrollados y que se instaure una cooperación científica con dichos países para el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas;

24.

Apoya la propuesta de la Comisión de que las IIE se desarrollen de diferente manera teniendo en cuenta las necesidades de tecnologías específicas; considera que esta adaptabilidad permitirá el desarrollo de alianzas estratégicas entre Estados miembros, gobiernos locales y regionales, centros de investigación y el sector privado con vistas al desarrollo de tecnologías específicas; pide a todos estos órganos que colaboren urgentemente en el desarrollo de propuestas detalladas para las IIE;

25.

Se muestra totalmente partidario de las IIE propuestas sobre energía eólica y solar, bioenergía, captura, transporte y almacenamiento de CO2, redes eléctricas y fisión nuclear;

26.

Pide específicamente que se intensifique la investigación en el ámbito de los biocombustibles para lograr un balance medioambiental claramente positivo en su producción;

27.

Hace hincapié en la importancia de desarrollar la conversión a gran escala de biomasa en gas con objeto de producir hidrógeno y combustibles sintéticos líquidos para las tecnologías de transporte sostenibles;

28.

Subraya que la iniciativa industrial europea en materia de fisión nuclear debería hacer posible la continuidad e incluir los trabajos de I + D de las tecnologías de tercera y cuarta generación;

29.

Lamenta que el Plan EETE centre su atención principalmente en medidas orientadas hacia la oferta y omita medidas de reducción de la demanda de energía, como son el ahorro de energía y la eficiencia energética;

30.

Insiste en que la eficiencia energética debería ocupar un lugar más prominente en el Plan EETE, ya que se trata del sector con mayor potencial para una reducción rentable de las emisiones a medio plazo, especialmente en el sector de la construcción, que representa el 40 % del consumo total de energía en la Unión Europea; por consiguiente, pide a la Comisión que añada las tecnologías de eficiencia energética, incluidas la cogeneración y la poligeneración, a los sectores cubiertos por las IIE; aboga por que la eficiencia energética sea una de las prioridades abarcadas por las IIE;

31.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de ampliar las IIE propuestas a otros sectores con gran potencial en la reducción de emisiones como pueden ser la cogeneración, el hidrógeno, el sector de la construcción y la vivienda, los sistemas de calefacción y refrigeración, la mejora de las infraestructuras de almacenamiento y distribución de energía e interconexión de redes;

32.

Considera que el desarrollo de la tecnología de captura y almacenamiento del carbono (CAC) podría desempeñar un papel importante en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo, siempre que se asegure su eficiencia y seguridad; pide a la Comisión que facilite la realización de la totalidad de los 12 proyectos de demostración CAC en el marco de las IIE; opina que el apoyo a las tecnologías limpias del carbón, como por ejemplo el carbón para la conversión en gas, facilitará y abaratará el desarrollo de la tecnología CAC, con la posibilidad de hacerla obligatoria en el futuro;

33.

Está a la espera de la Comunicación propuesta por la Comisión sobre la financiación de nuevas tecnologías bajas en carbono y de tecnologías CAC; lamenta que esta Comunicación no se publicara junto con el Plan EETE;

34.

Destaca que el Plan EETE no debería financiarse mediante una redistribución de los fondos disponibles para la energía en virtud del SPM y el PIC;

35.

Considera que, a la vista de la importancia que se concede a los temas relacionados con el cambio climático y la energía, se necesitan importantes recursos adicionales destinados a las tecnologías de eficiencia energética y las tecnologías de energía renovable, que deberían estar disponibles urgentemente para que contribuyan a la consecución de los objetivos de la Unión Europea para 2020;

36.

Insta a la Comisión a que garantice urgentemente una financiación adecuada y apoye la I + D, la demostración y la comercialización de nuevas tecnologías bajas en carbono y de tecnologías sin carbono, de manera que, a partir de 2009 por lo menos, se destinen 2 000 millones de euros anuales del presupuesto de la Unión Europea a apoyar este tipo de tecnologías independientemente del SPM y del PIC; pide asimismo a la Comisión que presente propuestas sobre recursos adicionales en la revisión intermedia del marco financiero 2007-2013;

37.

Considera que se requiere una mejor utilización y un aumento global de los recursos, tanto financieros como humanos, para acelerar el desarrollo y la implantación de tecnologías del futuro limpias;

38.

Destaca que es necesario aumentar la capacidad de la Unión Europea en materia de investigación; por tanto, pide que se amplíen los fondos destinados a recursos humanos y formación en el sector de las tecnologías energéticas; pide también una mayor coordinación de los instrumentos financieros comunitarios y nacionales de apoyo a la formación e investigación, en particular el SPM;

39.

Apoya, habida cuenta de la necesidad de lograr una mayor complementariedad entre los fondos de la Unión Europea, las propuestas presentadas en la Comunicación de la Comisión titulada «Regiones europeas competitivas gracias a la investigación y la innovación» (COM(2007) 0474); en este contexto, acoge con satisfacción la guía práctica de la Comisión sobre la coordinación de los fondos de la UE procedentes de fuentes regionales, nacionales, comunitarias y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el ámbito de I + D y la innovación; comparte la opinión de la Comisión sobre la necesidad de dar a conocer mejor a las partes interesadas el apartado 5 del artículo 54 del Reglamento (CE) no 1083/2006 (8). del Consejo sobre la utilización de fondos procedentes de dos fuentes comunitarias diferentes para el mismo conjunto de costes subvencionables;

40.

Pide a la Comisión que, cuando presente el plan financiero, explique dónde se encuentra el valor añadido de los esfuerzos conjuntos de la Unión Europea en cada ámbito tecnológico y aclare dónde radica la sostenibilidad de cada avance tecnológico;

41.

Destaca la necesidad de que los recursos se utilicen en colaboración con la industria a fin de impulsar las inversiones del sector privado en nuevas tecnologías bajas en carbono; destaca la necesidad de una visión y de un marco financiero claros a largo plazo, que cuenten con el apoyo de instituciones financieras como el BEI, con objeto de proporcionar a los inversores privados la seguridad necesaria para invertir; destaca la necesidad de involucrar a las PYME, en particular en las tecnologías relacionadas con los sistemas de suministro de energía dispersa;

42.

Observa que, en virtud de la revisión propuesta del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, los ingresos procedentes de la venta de derechos podrían suponer una importante fuente de financiación para reforzar la seguridad del abastecimiento energético en la UE, al tiempo que le permitirían lograr sus objetivos en materia de cambio cliomático, eficiencia energética y energía renovable;

43.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/41

A.

Considerando que los fondos soberanos han estado activos en los mercados financieros mundiales desde hace más de 50 años,

B.

Considerando que no se puede atribuir ninguna interrupción de los mercados financieros a las actividades de los fondos soberanos,

C.

Considerando que la estructura de propiedad de los fondos soberanos los sitúa al margen del ámbito de aplicación de la regulación de la Unión Europea de los mercados financieros,

D.

Considerando que la estrategia de inversiones de los fondos soberanos ha mostrado preferencia por inversiones a largo plazo y estables,

E.

Considerando que existen preocupaciones en lo que respecta a la falta de transparencia en algunos fondos soberanos en cuanto a sus activos, estrategias de inversión, beneficios y estructuras de gobernanza,

F.

Considerando el papel desempeñado en la reciente crisis financiera por los fondos soberanos, que han salvado de la quiebra a algunas instituciones financieras importantes,

G.

Considerando el potencial de crecimiento de los fondos soberanos,

H.

Considerando que la Unión Europea debe mantenerse firmemente comprometida con una política de apertura a las inversiones y de libre circulación de capitales,

1.

Considera que los fondos soberanos no han sido causa de ninguna interrupción de los mercados de capitales, pero que su estructura, tamaño y rápido crecimiento requieren un análisis detallado de su papel e influencia; admite que el planteamiento con respecto a la transparencia y la gobernanza de los fondos soberanos es diversa;

2.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que la posible falta de transparencia de determinados fondos soberanos puede no permitir una comprensión adecuada de sus estructuras y motivaciones; pide a la Comisión que reconozca que la transparencia y la divulgación de información constituyen el principio clave para el establecimiento de una verdadera base común y el buen funcionamiento de los mercados en general;

3.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre los fondos soberanos, que reafirma la importancia de los mercados abiertos y su compromiso con una solución global; toma nota de las diferentes iniciativas tanto a escala nacional como en los foros internacionales para fomentar la transparencia y mejorar la gobernanza, y pide a la Comisión que colabore estrechamente con el FMI y la OCDE para crear un código de conducta global;

4.

Opina, no obstante, que la mencionada Comunicación de la Comisión debería considerarse como un primer paso y, por consiguiente, pide a la Comisión que controle las actividades de los fondos soberanos y que desempeñe su papel de coordinadora para garantizar que las iniciativas nacionales no sean contrarias al compromiso de apertura a las inversiones y no pongan en peligro la posición de la Unión Europea en los mercados globales;

5.

Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis de los instrumentos de que dispone la Unión Europea, tanto en las disposiciones del TCE como en la legislación existente, tales como los requisitos de transparencia, los derechos de voto, los derechos de las partes interesadas y los derechos especiales de control (acción de oro o golden share), que permitirían algún tipo de reacción en caso de problemas de propiedad debido a la intervención de los fondos soberanos;

6.

Pide al Consejo y a la Comisión que evalúen el margen de maniobra que les queda a las instituciones de la Unión Europea en virtud de las disposiciones de los artículos 64 y 65 del TFUE, al objeto de verificar las posibilidades de acción coordinada a escala de la UE, lo que resulta esencial para los intereses de la UE y el buen funcionamiento del mercado interior; pide a la Comisión que prepare una lista de los sectores que podrían entrar en el ámbito de aplicación de las disposiciones del artículo 65 relativas al orden público;

7.

Pide al Consejo y a la Comisión que lleven a cabo un análisis en profundidad del funcionamiento de los mercados financieros mundiales y que definan y promuevan una imagen fuerte de la Unión Europea, teniendo en cuenta las iniciativas globales de lo que deberían ser los principios y las normas de su funcionamiento; opina que una posición común de este tipo reforzaría la posición de la UE en los foros internacionales; pide a la Comisión que aplique, en su caso, el principio de reciprocidad;

8.

Manifiesta su preocupación por los precios del petróleo y sus consecuencias para el tipo de cambio euro/dólar, dado que los beneficios procedentes del petróleo con frecuencia se reinvierten a través de los fondos soberanos en activos denominados en euros y en los mercados de la zona del euro en general;

9.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión.

3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/42

A.

Considerando que los centros urbanos (ciudades y periferia) revisten en numerosos aspectos una gran importancia para la vida de los ciudadanos de la UE; considerando que los centros urbanos se enfrentan, a pesar de sus diferentes estructuras y como consecuencia del transporte urbano, a problemas y retos similares en cuanto a contaminación, congestión, ruido y seguridad vial,

B.

Considerando que hay una necesidad urgente de nuevas ideas y de conceptos innovadores sobre la movilidad en las ciudades pues el transporte urbano contribuye de forma importante al cambio climático, a la contaminación y a otros problemas medioambientales así como a sus correspondientes efectos negativos sobre la calidad de vida y la salud de los habitantes de las ciudades; considerando que estos problemas deben abordarse para garantizar el éxito de cualquier estrategia global de la UE en la lucha contra el cambio climático y otros problemas medioambientales,

C.

Considerando que debe establecerse un reparto apropiado de tareas entre la UE y las ciudades y los municipios, debiendo la UE desempeñar un papel claramente definido al respecto; considerando que, conforme al principio de mejora de la legislación y a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, debe recurrirse solamente a la acción comunitaria en cuanto a la movilidad urbana cuando aporta un claro valor añadido europeo,

D.

Considerando que los principios del mercado interior de la UE también deben tenerse en cuenta en el ámbito de la movilidad urbana,

E.

Considerando que las ciudades y los municipios europeos deberían estar en condiciones de elegir entre una amplia paleta de instrumentos flexibles para elaborar una «mezcla de políticas» a la medida para conseguir soluciones sostenibles, socialmente efectivas y económicamente viables para sus respectivos problemas de movilidad; considerando que deben buscarse mejores soluciones logísticas y una transferencia hacia unos modos de transporte más sostenibles en todos los modos y ámbitos del transporte (peatones, ciclistas, transporte de pasajeros público y privado, reparto de mercancías, y servicios) para conseguir una buena accesibilidad a los centros urbanos y unos flujos de tráfico fluidos, lo que reviste una gran importancia para residentes, visitantes, viajeros pendulares, productores y proveedores de bienes y servicios, particularmente PYME; considerando que debe prestarse una atención especial a la interoperatividad de los instrumentos elegidos a fin de permitir en una fase posterior que las autoridades hagan respetar las sanciones por las infracciones de tráfico relacionadas con las zonas urbanas sobre una base transfronteriza,

F.

Considerando que la política europea en materia de transporte urbano debería tener en cuenta la cohesión económica, social, territorial y medioambiental; considerando que deberían tenerse especialmente en cuenta los problemas y las condiciones particulares existentes en los «nuevos» Estados miembros,

G.

Señalando que deberían tomarse en consideración las necesidades particulares de los trabajadores (desplazamientos cotidianos al trabajo), las personas con movilidad reducida, los niños (cochecitos), las personas socialmente más débiles y las personas de edad avanzada; considerando que debe tenerse en cuenta que el rápido envejecimiento de la población de Europa genera cambios demográficos y nuevas necesidades en materia de movilidad de las sociedades,

H.

Considerando que es fundamental tener una nueva visión en cuanto a la planificación estratégica de las zonas urbanas, previendo los retos en materia de medio ambiente, energía y movilidad que plantearán dichas zonas en las próximas décadas,

I.

Considerando que la internalización de los costes externos es una etapa importante en la vía hacia la veracidad de los costes en el sector del transporte; considerando que es necesario examinar la posibilidad de las subvenciones cruzadas en favor de los conceptos de transporte urbano sostenible para garantizar un trato equitativo entre el transporte de mercancías y el de pasajeros, así como entre los distintos modos de transporte; considerando que deberían hacerse esfuerzos con vistas a desarrollar nuevos instrumentos de financiación y para hacer un uso mejor y más frecuente de los instrumentos financieros existentes, como los Fondos estructurales y de Cohesión en favor de soluciones de movilidad urbana sostenible,

1.

Acoge con satisfacción el Libro Verde mencionado como base adecuada para el debate; acoge también con satisfacción la amplia implicación de los participantes en el proceso de toma de conciencia y en la formulación de la futura política de la UE en cuanto al transporte urbano;

2.

Considera necesario definir claramente las competencias de la UE conforme a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en los Tratados; reconoce el principio de que las autoridades locales son libres de adoptar sus propias políticas de movilidad a condición de que no infrinjan la legislación comunitaria y nacional pertinente; espera al mismo tiempo que —al aplicar los principios mencionados anteriormente— los Estados miembros, los municipios y las ciudades sean conscientes de su propia responsabilidad en cuanto a una mejor organización y planificación de la movilidad urbana; reconoce, sin embargo, que la acción concertada en materia de movilidad urbana en la Comunidad puede aportar un claro valor añadido en algunos ámbitos;

3.

Cree que la UE debería definir una estrategia global sobre movilidad urbana, que conduzca a un uso más racional de coches particulares, y promover la transferencia hacia modos de transporte sostenibles, a fin de apoyar los compromisos adquiridos por la UE para proteger el medio ambiente y reducir la emisiones de gases de efecto invernadero;

4.

Opina que en los sectores siguientes se requiere una acción a nivel europeo y exige

5.

Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros para superar los obstáculos nacionales a los programas urbanos, sin proponer, sin embargo, legislación comunitaria que pueda limitar la flexibilidad local necesaria para solventar problemas de movilidad;

6.

Considera necesario que la UE tenga en cuenta en los ámbitos políticos en los que puede actuar legislativamente (por ejemplo, política presupuestaria, política medioambiental, política social y de empleo, política de competencia, política industrial, política regional y de cohesión, política de transporte y de seguridad vial y política energética) las exigencias particulares del transporte urbano;

7.

Pide la elaboración de reglamentaciones u orientaciones europeas específicas en materia de normalización y armonización sobre todo en lo que respecta a:

8.

Pide también medidas apropiadas para promover el intercambio de buenas prácticas, sobre todo en lo que respecta a:

9.

Aboga por la mayor divulgación posible de la información relativa a cuestiones de interés para la movilidad urbana, como las estadísticas de Eurostat y CARE (Base de datos comunitaria sobre los accidentes de circulación en carretera); pide que se abra el acceso a la base de datos CARE, que sería una potente herramienta para el intercambio de información y experiencia entre los profesionales del transporte;

10.

Pide a la Comisión que apoye a las autoridades locales fomentando soluciones piloto y experimentales, especialmente las encaminadas a aplicar un enfoque integrado a la movilidad urbana y prestando asistencia a la investigación en materia de planificación urbana;

11.

Subraya la necesidad de la investigación y del desarrollo en el ámbito del transporte sostenible, particularmente para fomentar el progreso tecnológico en cuanto al desarrollo de tecnologías para vehículos no contaminantes; pide al Consejo y a la Comisión que inviertan en sistemas de transporte urbano limpios, seguros, orientados al consumidor y más eficaces, y que tomen medidas para crear un mercado para tales sistemas;

12.

Señala que la UE tiene un papel que desempeñar en el desarrollo y el fomento de los SIT y en la financiación de tecnologías innovadoras, ya que pueden aportar una contribución importante, entre otras cosas, al aumento de la seguridad vial y a la mejora del tráfico y la eficiencia logística; opina por ello que la Unión Europea debería fomentar especialmente el desarrollo de los SIT y sobre todo su mayor utilización en la UE;

13.

Pide a la Comisión que establezca una lista accesible y compatible de proyectos de investigación y desarrollo sobre movilidad urbana en el ámbito de los distintos programas marco de la UE, indicando ejemplos llevados a la práctica;

14.

Subraya que, para mejorar el transporte urbano y la movilidad, resulta fundamental intercambiar las mejores prácticas en materia de regulación de la movilidad y mejora de la coordinación, ya que se están poniendo de manifiesto deficiencias, como la falta de una atribución adecuada de responsabilidades, la ausencia de coordinación entre las distintas autoridades nacionales, regionales y locales, así como una coordinación insuficiente entre la planificación de los sistemas de transporte urbano, suburbano y rural; señala que una coordinación deficiente entre las autoridades locales desemboca en costes de entrega más elevados, más tráfico y, por lo tanto, más contaminación del medio ambiente;

15.

Pide urgentemente una mejor coordinación entre las autoridades locales vecinas para asegurar un cierto grado de coherencia y prever el desarrollo sostenible y armonioso de las infraestructuras de transporte locales y regionales en las zonas transfronterizas y en otros lugares;

16.

Considera necesario que el desarrollo y la planificación urbana se lleven a cabo de manera integrada, teniendo también en cuenta las necesidades actuales y futuras en el ámbito del transporte urbano; considera que la introducción de trenes rápidos que conecten el centro de las ciudades con los terminales fluviales, ferroviarios y aeroportuarios, y, sobre todo, las regiones periféricas debería ser una prioridad en el desarrollo y la modernización de las grandes ciudades;

17.

Recuerda el hecho de que, habida cuenta de la aceleración que ha experimentado el fenómeno de la urbanización, ha de prestarse una mayor atención a la periferia, a las zonas periurbanas y a las conurbaciones;

18.

Subraya la responsabilidad individual de los ciudadanos y considera necesario animarles a analizar críticamente su comportamiento como usuarios del transporte y, en la medida de lo posible, a participar activamente en los foros locales de movilidad urbana; considera que casi cualquier ciudadano puede modificar sus hábitos, por ejemplo, por lo que se refiere a la utilización de los vehículos privados y de modos alternativos de transporte (marcha a pie, bicicleta, transporte público), para aportar una contribución individual a la mejora de la limpieza y la calidad de vida en las zonas urbanas; pide que las autoridades nacionales, regionales y locales ofrezcan opciones alternativas de movilidad para facilitar estos cambios; pide además a las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales que intensifiquen las campañas de educación e información para hacer que los ciudadanos sean más conscientes de su comportamiento en materia de tráfico; subraya la particular importancia de las campañas de educación para la generación más joven;

19.

Destaca a este respecto la importancia y el éxito cada vez mayor de los «días sin coche» en el contexto de las semanas de la movilidad en la UE; observa que, en 2007, 1 909 ciudades de 23 Estados miembros participaron en esta iniciativa; pide a la Comisión y a los Estados miembros que continúen fomentando esta iniciativa y que la generalicen;

20.

Considera conveniente que se realice un estudio que ilustre e informe detalladamente sobre todos los aspectos del comportamiento de los ciudadanos en cuanto a sus preferencias y opciones en materia de movilidad (transporte individual frente al colectivo); pide que se recojan nuevos datos normalizados sobre cuestiones que son objeto de menor estudio, como el comportamiento de los peatones y ciclistas, y la motivación de los ciudadanos cuando se decantan por unos modos de transporte y no por otros;

21.

Constata que la UE puede aportar una contribución importante a la financiación de las medidas en el sector del transporte urbano de pasajeros y de mercancías, por ejemplo, con los créditos de los Fondos estructurales y del Fondo de Cohesión, y pide a la Comisión que asuma su responsabilidad en este sector; hace referencia, en el marco de las medidas en materia de transporte y medio ambiente prescritas por el Derecho comunitario, a la responsabilidad de los Estados miembros en cuanto a la financiación;

22.

Pide a la Comisión que elabore instrumentos específicos de economía de mercado para crear condiciones marco equitativas destinadas a permitir una movilidad sostenible en los centros urbanos;

23.

Exige, en el contexto del próximo examen del presupuesto de la UE, que la financiación de proyectos con créditos de la UE esté vinculada en el futuro en mayor medida a condiciones y requisitos referentes a la sostenibilidad del transporte y a la protección del medio ambiente, y ve en ello un instrumento adecuado para fomentar los conceptos de transporte respetuosos del medio ambiente y ampliamente accesibles;

24.

Pide a la Comisión que trabaje, en solitario así como junto con el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, en el examen de las posibilidades actuales y futuras para financiar el transporte urbano; sugiere elaborar una guía global que presente de manera sistemática todos los fondos disponibles para el transporte urbano; pide además a la Comisión que examine la cuestión de las subvenciones cruzadas en el sector del transporte para garantizar un trato equitativo entre todos los modos de transporte y entre el transporte de pasajeros y el de mercancías; considera, por otra parte, que deben evaluarse todos los aspectos de las asociaciones público-privadas y de su posible contribución a los conceptos urbanos de movilidad sostenible;

25.

Pide a la Mesa del Parlamento Europeo y a sus servicios que den ejemplo poniendo en práctica sus propias decisiones y potenciando las medidas de gestión de la movilidad para los diputados y para su personal y visitantes, a fin de integrar la movilidad sostenible en la aplicación de la Directiva SGAM por el Parlamento;

26.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/49

A.

Considerando que en 2007 el PIB de la zona del euro creció un 2,6 % (frente al 2,7 % en 2006) a pesar de la mayor incertidumbre resultante de las turbulencias financieras en el segundo semestre,

B.

Considerando que la tasa de inflación fue del 2,1 % comparada con el 2,2 % en 2006, a pesar de un entorno económico caracterizado por unas significativas presiones al alza de los precios,

C.

Considerando que el BCE continuó ajustando los tipos de interés en 2007, a 4,0 % en junio de 2007 frente a 3,5 % en diciembre de 2006, y mantuvo ese nivel durante el segundo semestre,

D.

Considerando que las declaraciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos abogan en favor de un enfoque muy cauteloso en cuanto al aumento de los tipos de interés en la zona del euro,

E.

Considerando que en 2007 el tipo de cambio del euro se apreció en un 6,3 % en términos efectivos nominales, y que esa apreciación fue particularmente pronunciada con respecto al dólar estadounidense (un 11,8 %),

F.

Considerando que las turbulencias financieras y los amplios desequilibrios globales representan un riesgo para el crecimiento económico mundial y para la evolución de los tipos de cambio,

G.

Considerando que se espera que la inflación aumente hasta entre un 2,0 % y un 3,0 % en 2008 en la zona del euro, reflejando ampliamente la actual tendencia de aumento de los precios de los productos básicos, antes de caer a un nivel más moderado y situarse entre un 1,2 % y un 2,4 % en 2009,

H.

Considerando que el principal objetivo del BCE y del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) es mantener la estabilidad de los precios, apoyando las políticas económicas generales de la Comunidad, tal y como se define en el artículo 105 del Tratado CE, y reconociendo la plena independencia del BCE y del SEBC en este contexto,

I.

Considerando que el principal problema del BCE es hacer frente al aumento de la inflación y a los primeros signos de una desaceleración económica debido a la crisis financiera de los recientes meses,

J.

Considerando que el Parlamento desea ayudar a consolidar el papel y la autoridad internacional del BCE y de la zona del euro a escala internacional,

1.

Acoge con satisfacción el hecho de que diez años después del lanzamiento de la Unión Económica y Monetaria (UEM) tanto el BCE como el euro sean bien respetados y sean aceptados generalmente en la economía global, y observa que el euro se ha convertido en una moneda con un nivel global que casi iguala al del dólar estadounidense;

2.

Recuerda que el Tratado CE distingue explícitamente entre los objetivos de estabilidad de los precios del BCE, por un lado, y el apoyo a las políticas económicas generales, por otro, y que, por lo tanto, los dos objetivos no pueden tratarse como si fueran sustituibles; reconoce la plena independencia del BCE para el cumplimiento de este doble mandato, y acoge con satisfacción que el hecho de que en virtud del Tratado de Lisboa, el BCE debería convertirse en institución de la UE con personalidad jurídica y rango político y financiero independiente claramente establecido; considera que el reconocimiento del BCE como una institución de la Unión Europea aumenta la responsabilidad del Parlamento y, en particular, de su comisión competente en materia de asuntos económicos y monetarios, como una institución ante la cual el BCE es responsable de sus decisiones sobre política monetaria;

3.

Acoge con satisfacción a Chipre y Malta en la UEM, y toma nota del éxito de su entrada en la misma;

4.

Reconoce el excelente trabajo del BCE en la gestión de las turbulencias financieras desencadenadas por la crisis de las hipotecas «subprime» de los EE.UU., en especial, la operación lanzada el 9 de agosto de 2007 que inyectó liquidez por un importe de 95 000 millones de euros en los mercados como oferta de tipo fijo al 4,00 % siguiendo el mismo procedimiento de las operaciones normales de mercado del BCE; observa que la operación, así como las operaciones de ajuste fino y las abundantes operaciones semanales de refinanciación que se desarrollaron posteriormente, lograron estabilizar los tipos de interés a muy corto plazo; considera que lo anterior muestra, una vez más, el valor de una política monetaria común tal como la ofrecida por el BCE que estabiliza la economía en períodos de inestabilidad;

5.

Comparte la opinión del BCE de que la creciente complejidad de los instrumentos financieros y la opacidad de la exposición de las instituciones financieras pueden dar lugar a una mayor incertidumbre con respecto al grado de riesgo que implican, al que asume, en última instancia, el riesgo y a la magnitud de las posibles pérdidas;

6.

Subraya la necesidad de establecer un marco de la UE para la supervisión financiera y señala que, aunque el Tratado CE no confía al BCE ninguna responsabilidad directa en relación con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y la estabilidad del sistema financiero, existe la necesidad de una participación más estrecha del BCE en la supervisión;

7.

Considera que el BCE se ha visto reforzado por el éxito de su manejo de la actual crisis financiera; acoge con satisfacción el aumento de la credibilidad y del reconocimiento internacional del BCE; pide al Eurogrupo que siga el ejemplo del BCE y aumente los conocimientos especializados y la coordinación en los asuntos relacionados con la regulación y la supervisión de los mercados financieros;

8.

Subraya la creciente necesidad de cooperación entre los bancos centrales y las autoridades supervisoras para mantener la estabilidad en los mercados financieros, en especial teniendo en cuenta que los sistemas financieros están cada vez más integrados; pide al BCE que continúe impulsando una integración y una comunicación mejoradas en el interior de la UE así como en sus relaciones con otros bancos centrales e instituciones pertinentes, en particular por lo que se refiere a las relaciones con el Banco de Inglaterra, puesto que Londres es el principal centro financiero de la Unión Europea; pide al BCE que desempeñe un papel activo en los diversos foros que debaten sobre los cambios en la supervisión, tales como el seguimiento del proceso de Lamfalussy;

9.

Reconoce que bancos centrales importantes, tales como el BCE y la Reserva Federal de los EE.UU., advirtieron contra la subestimación de los riesgos para la economía antes del estallido de la burbuja informática en 2000/2001 y de la crisis de las hipotecas «subprime» en 2007; observa que los mercados financieros no pudieron responder eficazmente a esas advertencias; pide, por lo tanto, al BCE que analice dicha respuesta y proponga cómo mejorar la correlación entre tales advertencias anticipadas y las reacciones del mercado; pide al BCE, habida cuenta de las recientes turbulencias financieras, que analice y evalúe las consecuencias de la crisis financiera y que examine si dispone de suficientes instrumentos para hacer frente a una crisis financiera europea transfronteriza y qué competencias necesita para mejorar la supervisión macroprudencial en la zona del euro;

10.

Observa el debate en curso sobre cómo definir la estabilidad de los precios, con respecto a la cual algunos se pronuncian en favor de un objetivo inflacionista directo; considera, sin embargo, que un sistema de dos pilares basado en el agregado M3 es la manera más adecuada para medir la estabilidad de los precios; pide al BCE que adopte medidas destinadas a la mejora continua de dicho sistema; reconoce el valor añadido de la información adicional y de la detección temprana del riesgo inflacionista y la discreción operativa que tal sistema proporciona;

11.

Subraya que el riesgo de desarrollos económicos asimétricos en la zona del euro podría aumentar al incrementarse el número de países miembros, pues con ello se incrementan las diferencias de tamaño y madurez entre las economías participantes; pide al BCE que preste especial atención a esta situación y que haga frente a estos riesgos en una fase temprana y los comunique a los Estados miembros;

12.

Pide a todos los Estados miembros que participan en la zona del euro, a los Estados miembros que han optado por no participar en ella, así como a los Estados miembros candidatos a la adhesión que tomen nota de esos desafíos y, por lo tanto, respeten plenamente los criterios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y cumplan los criterios de Maastricht, según proceda, pues lo anterior, junto con la consolidación fiscal y una política salarial en consonancia con la evolución en materia de crecimiento y productividad, garantizan la máxima protección contra los desafíos que presentan los desarrollos asimétricos;

13.

Señala que, en el contexto de la reciente corrección de las expectativas de crecimiento, todo aumento de las tasas de interés ha de realizarse con cuidado para no poner en peligro el crecimiento económico; señala que, con el fin de apoyar la recuperación económica, los Estados miembros deben aplicar las reformas estructurales necesarias y poner en marcha actividades de inversión;

14.

Espera que el Consejo trate de la misma forma a todos los Estados miembros candidatos a la adhesión a la zona del euro y respete plenamente la evaluación y las recomendaciones del BCE referentes a su preparación para incorporarse a la zona del euro;

15.

Toma nota de la apreciación del euro especialmente con respecto al dólar estadounidense; subraya el objetivo de la estabilidad de los precios, pero reconoce que unos cambios fuertes y rápidos en el tipo de cambio del euro no deben obstaculizar la capacidad del BCE para gestionar su política monetaria confrontada a la inflación o alternativamente a difíciles perspectivas de crecimiento en los países dependientes de la exportación; pide al BCE que siga este desarrollo y tome medidas si resultan necesarias, y pide al Eurogrupo, la Comisión y el BCE que intensifiquen la coordinación de sus acciones en materia de política cambiaria;

16.

Reconoce la creciente presión al alza sobre la inflación a la que contribuye, en particular, el precio de los alimentos y de la energía, e insta al BCE a reforzar su diálogo con los bancos centrales nacionales sobre este asunto para incitar a que se preste una fuerte atención a la estabilidad de los precios a nivel mundial;

17.

Recuerda el actual llamamiento en favor de una mayor transparencia en el BCE que se traduciría en un aumento de la credibilidad y la previsibilidad, y aprecia las mejoras ya realizada en este ámbitos; reconoce, a ese respecto, las dificultades respecto de la publicación de las actas de las reuniones del Consejo de Gobierno del BCE a disposición del público, pues las diferencias en las posiciones individuales podrían interpretarse como una representación de los intereses nacionales, induciendo presiones de los Gobiernos de los Estados miembros sobre los miembros del Consejo de Gobierno; pide al BCE que presente al Parlamento y al público en general un resumen anual de las medidas adoptadas para mejorar su rendimiento en consonancia con la presente Resolución;

18.

Considera que el diálogo político monetario entre el Parlamento y el BCE ha sido un éxito y debe servir de base en el futuro; hace hincapié en que la responsabilidad ex-post del BCE es de primordial importancia para la confianza y, por ende, para la estabilidad de la los mercados financieros; considera que es importante para la unidad del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración del BCE que se siga confiando en su presentación pública; apoya una política de información por parte del BCE dirigida al Parlamento, al Consejo, a la Comisión y al Eurogrupo; lamenta el bajo nivel de compromiso que ha demostrado el BCE en su respuesta a la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de julio de 2007, sobre el Informe anual del BCE para 2006 (3); hace hincapié en que la exigencia de mejoras en la política de comunicación del BCE debe ser vista sólo en el contexto del mantenimiento de la independencia del BCE y de sus órganos;

19.

Pide al BCE que, en sus declaraciones consecutivas a decisiones adoptadas por su Consejo de Gobierno, explique claramente con mayor detalle si, en el curso de los debates, se alcanzó fácilmente un consenso o si persistieron los puntos de vista divergentes, puesto que ello proporcionaría a los mercados más información sin dificultar la perspectiva europea común en la decisión del Consejo de Gobierno del BCE;

20.

Pide al BCE que presente sus ideas para reformar la estructura del Consejo de Gobierno, a la vista de que el número de gobernadores será superior a 15 a partir del 1 de enero de 2009; observa que, al incrementarse el número de países miembros de la zona del euro, las reformas pasarán a ser incluso más necesarias; apoya la anterior sugerencia del BCE de que el peso económico de los Estados miembros participantes sea considerado el factor más significativo para los derechos de voto rotatorios y de que el número de responsables se mantenga bajo para asegurar la eficacia;

21.

Considera que la independencia del BCE, incluido el procedimiento de nombramiento de los miembros de su Comité Ejecutivo, ha demostrado su eficacia; señala que el artículo 112, apartado 2, letra b), del Tratado CE establece que los miembros del Comité Ejecutivo serán nombrados de entre personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios o bancarios, y subraya que su nacionalidad carece de importancia y que sólo se tendrán en cuenta los estrictos criterios establecidos en el Tratado CE, por ejemplo, sus calificaciones; considera que la responsabilidad democrática ex-ante y la transparencia mejorarían si el Consejo evaluara a varios posibles candidatos y si el candidato propuesto por el Consejo se sometiera a una votación de aprobación por el Parlamento;

22.

Considera que, dado el futuro estatuto del BCE de conformidad con el Tratado de Lisboa, se debe reforzar la función del Parlamento en lo relativo al nombramiento de los miembros del Comité Ejecutivo; hace hincapié en su voluntad de estudiar, junto con las demás instituciones, posibles mejoras del procedimiento de nombramiento antes de la próxima renovación del Comité Ejecutivo en 2010;

23.

Reconoce el creciente papel del Eurogrupo y de su Presidente a la hora de establecer una parte importante de la agenda económica de la Unión Europea, en especial, la estructura más formal y el papel central en la coordinación de la política económica en el Eurogrupo, según lo enunciado en el artículo 136 del Tratado CE, modificado por el Tratado de Lisboa, también para los Estados miembros que no participan en la zona del euro; apoya una consolidación del desarrollo de una única voz de la zona del euro en los foros internacionales, según lo dispuesto en el artículo 138 del Tratado CE, modificado por el Tratado de Lisboa, con el Presidente del Eurogrupo actuando como portavoz;

24.

Acoge con satisfacción la cooperación entre el BCE, la Comisión y el sector de los servicios financieros en el éxito del lanzamiento del Espacio Único Europeo de Pagos (SEPA) y las iniciativas de los valores europeos a corto plazo (STEP); considera que éstas son contribuciones positivas del sector de los servicios financieros para impulsar la integración financiera en la Unión Europea;

25.

Acoge con satisfacción el comienzo de las operaciones Target 2 y el término de las actividades de migración hacia la plataforma compartida única; considera que el uso de la plataforma compartida única es un paso importante en la dirección de la integración financiera y de la reducción de los costes de compensación y liquidación; considera urgente que el BCE proponga una estructura de gobierno para T2S (Target 2 securities);

26.

Observa un incremento constante del estatuto del euro como moneda internacional; señala que la representación de la Unión Europea en lo referente a los asuntos económicos y monetarios en los foros internacionales refleja mal el verdadero peso económico de la zona del euro y que esto puede verse como un obstáculo para una mayor influencia en los asuntos financieros internacionales; pide, por lo tanto, que se adopten medidas concretas para lograr una representación unificada de la zona del euro en las instituciones financieras internacionales tales como el FMI;

27.

Anima al BCE a continuar avanzando hacia el reforzamiento de su proceso de coordinación en los contextos financieros internacionales; considera que un estatuto internacionalmente más fuerte para el euro generará beneficios para la zona del euro que animarán a los Estados miembros que actualmente no participan en ella a buscar la adhesión plena a la misma;

28.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Eurogrupo y al Banco Central Europeo.

3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/54

A.

Considerando que la UE es una comunidad de valores basada en la democracia y el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, la igualdad y la no discriminación, incluida la protección de las personas pertenecientes a minorías, y que la UE está comprometida en la lucha contra el racismo y la xenofobia, así como contra las discriminaciones basadas en cualquiera de las razones mencionadas en los artículos 12 y 13 del Tratado CE,

B.

Considerando que estos valores se aplican en la UE mediante directivas contra la discriminación y directivas sobre la libre circulación, así como mediante políticas que los sustentan, y que los Estados miembros están obligados a aplicarlos plenamente y a abstenerse de realizar actos que pudieran violarlos,

C.

Considerando que, en su Resolución antes mencionada de 31 de enero de 2008, insta a los Estados miembros a que resuelvan el problema de los asentamientos, en los que no existen normas higiénicas ni sanitarias de ningún tipo y en los que muchos niños romaníes mueren en accidentes domésticos, en particular incendios, causados por la falta de normas de seguridad adecuadas,

D.

Considerando que la población romaní constituye uno de los principales blancos del racismo y de la discriminación, como lo demuestran los recientes incidentes acaecidos en Italia y Hungría, en los que se produjeron ataques y agresiones contra ciudadanos romaníes, y lo subrayan además las encuestas recientes del Eurobarómetro,

E.

Considerando que la Comisión, en el documento de trabajo de sus servicios, subraya que los Estados miembros ya tienen a su disposición una serie de políticas e instrumentos legislativos y financieros comunitarios para luchar contra la discriminación de la población romaní y promover su inclusión e integración, en particular, mediante el intercambio y el fomento de buenas prácticas en este ámbito,

F.

Considerando que la población romaní es una comunidad étnico-cultural paneuropea sin un Estado nación y que, por consiguiente, la UE tiene la responsabilidad particular de diseñar una estrategia y una política europea para la población romaní junto con los Estados miembros,

G.

Considerando que el 21 de mayo de 2008 el Gobierno italiano publicó un decreto por el que declaraba el estado de excepción en relación con los asentamientos nómadas en las regiones de Campania, Lacio y Lombardía (10), basándose en la Ley no 225, de 24 de febrero de 1992, sobre el establecimiento de un servicio nacional de protección civil, que otorga al Gobierno el poder de declarar el estado de excepción en caso de desastres naturales, catástrofes u otros acontecimientos a los que, por su intensidad y extensión, deba hacerse frente con poderes y medios extraordinarios,

H.

Considerando que este decreto fue seguido, el 30 de mayo de 2008, de ordenanzas adicionales promulgadas por el Primer Ministro (11) que:

I.

Considerando que el decreto declara el estado de excepción por un período de un año, hasta el 31 de mayo de 2009,

J.

Considerando que el Ministro del Interior italiano ha declarado reiteradamente que el propósito de la toma de las huellas dactilares es llevar a cabo un censo de la población romaní en Italia y que tiene previsto autorizar la toma de huellas dactilares de los ciudadanos romaníes que viven en campamentos, menores incluidos, no obstante lo dispuesto en la legislación ordinaria, y ha afirmado que Italia procederá a llevar a cabo estas operaciones de identificación, que concluirán antes del 15 de octubre de 2008, en Milán, Roma y Nápoles,

K.

Considerando que las operaciones de toma de huellas dactilares ya se están llevando a cabo en Italia, en particular en Milán y en Nápoles, y que, según la información facilitada por las ONG, estos datos están siendo almacenados por los Prefectos en una base de datos,

L.

Considerando que los Comisarios Barrot y Špidla han subrayado en este sentido la importancia de los principios de igualdad y no discriminación de la UE y han elaborado una nueva Directiva horizontal relativa a la lucha contra la discriminación, afirmando que la legislación de la UE prohíbe claramente la discriminación por razones de origen racial y étnico,

M.

Considerando que la Unicef, el Secretario General del Consejo de Europa y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa han expresado su preocupación, y que el Comisario ha enviado un memorándum al Gobierno italiano en relación, entre otras cuestiones, con el racismo, la xenofobia y la protección de los derechos humanos de la población romaní,

N.

Considerando que el organismo italiano encargado de la protección de datos ha solicitado información a las autoridades competentes, en particular a los Prefectos de Roma, Milán y Nápoles, en relación con la posibilidad de que la toma de huellas dactilares a los ciudadanos romaníes, menores incluidos, pueda conllevar una discriminación que podría afectar también a la dignidad personal, en particular a la de los menores,

1.

Insta a las autoridades italianas a que se abstengan de recopilar las huellas dactilares de la población romaní, menores incluidos, y de utilizar las huellas dactilares ya recopiladas, a la espera del anunciado examen que la Comisión llevará a cabo próximamente de estas medidas, ya que esto constituiría claramente un acto de discriminación directa basado en la raza y el origen étnico prohibido por el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y, además, un acto de discriminación entre ciudadanos de la UE de origen romaní y otros ciudadanos, a los que no se somete a tales procedimientos;

2.

Comparte la preocupación de la Unicef y considera inadmisible que, con el objetivo de proteger a los niños, se violen sus derechos fundamentales y se les criminalice, así como la inquietud expresada por el Consejo de Europa y por muchas ONG y comunidades religiosas, y considera que la mejor forma de proteger los derechos de los niños romaníes es garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la educación, la vivienda y la asistencia sanitaria de calidad, en el marco de políticas de inclusión e integración, y protegerles contra la explotación;

3.

Pide a los Estados miembros una acción decidida en favor de los menores no acompañados víctimas de explotación, sin perjuicio de su etnia o nacionalidad; pide a los Estados miembros que, cuando la identificación de los menores sea útil con tal fin, la lleven a cabo caso por caso mediante procedimientos legales y no discriminatorios, respetando plenamente las garantías y normas de protección;

4.

Comparte la opinión de la Comisión de que tales actos constituirían una violación de la prohibición de la discriminación directa e indirecta, establecida en particular en la Directiva 2000/43/CE del Consejo, y consagrada en los artículos 12, 13 y 17 a 22 del Tratado CE;

5.

Reitera que las políticas que aumentan la exclusión nunca serán efectivas para luchar contra la delincuencia ni contribuirán a la prevención de la delincuencia o a la seguridad;

6.

Condena tajantemente y sin ambages todas las formas de racismo y discriminación a que deben hacer frente los ciudadanos romaníes y otras personas consideradas como «gitanos»;

7.

Pide a los Estados miembros que revisen y revoquen la legislación y las políticas que discriminen a la población romaní por motivos de origen racial o étnico, directa o indirectamente, y pide al Consejo y a la Comisión que supervisen la aplicación, por parte de los Estados miembros, de los Tratados de la UE y de las directivas de la UE relativas a medidas contra la discriminación y a la libre circulación a fin de garantizar su coherencia y su plena aplicación y que adopten las medidas necesarias cuando esto no sea así;

8.

Pide a la Comisión que evalúe a fondo las medidas legislativas y ejecutivas adoptadas por el Gobierno italiano a fin de verificar su compatibilidad con los Tratados de la UE y la legislación comunitaria;

9.

Expresa su preocupación por la afirmación —contenida en los decretos y ordenanzas administrativas promulgadas por el Gobierno italiano— de que la presencia de campamentos romaníes alrededor de las grandes ciudades constituye en sí misma una emergencia social grave con repercusiones sobre el orden público y la seguridad que justifique la declaración del estado de excepción durante un año;

10.

Se muestra preocupado por el hecho de que, debido a la declaración del estado de excepción, los Prefectos en los que se ha delegado autoridad para ejecutar todas las medidas, incluida la recopilación de huellas dactilares, puedan adoptar medidas extraordinarias que establecen excepciones a las leyes, basándose en una legislación que se refiere a la protección civil en casos de desastres naturales, catástrofes u otros acontecimientos, lo que no es ni apropiada ni proporcionada para este caso específico;

11.

Pide al Consejo y a la Comisión que refuercen aún más las políticas de la UE destinadas a la población romaní poniendo en marcha una estrategia de la UE para la población romaní a fin de apoyar y fomentar acciones y proyectos de los Estados miembros y de las ONG relacionadas con la integración y la inclusión de la población romaní, en particular de los niños romaníes;

12.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en el marco de una estrategia de la UE para la población romaní y en el contexto del Decenio de la Inclusión Romaní, promulguen legislación y políticas que apoyen a las comunidades romaníes a la vez que promueven su integración en todos los ámbitos, que pongan en marcha programas contra el racismo y la discriminación en las escuelas, el mundo laboral y los medios de comunicación y que refuercen el intercambio de conocimientos y de mejores prácticas;

13.

Reitera en este contexto la importancia de desarrollar estrategias a nivel comunitario y nacional haciendo uso pleno de las oportunidades que ofrecen los fondos de la UE, a fin de acabar con la segregación de la población romaní en la educación, velar por la igualdad de acceso a una educación de calidad para los niños romaníes (participación en el sistema educativo general, introducción de programas especiales de becas y de formación), garantizar y mejorar el acceso de la población romaní al mercado de trabajo, proporcionar una igualdad de acceso a la asistencia sanitaria y a las prestaciones de la seguridad social, luchar contra las prácticas discriminatorias en el acceso a la vivienda e incrementar la participación de los ciudadanos romaníes en la vida social, económica, cultural y política;

14.

Acoge con satisfacción la creación por la Comisión de un grupo de trabajo para luchar contra la discriminación constituido por representantes de todos los Estados miembros y pide que se asocie a dicho grupo de trabajo a la comisión competente del Parlamento y que tenga pleno acceso a sus trabajos; pide a su comisión competente que establezca un diálogo con los Parlamentos nacionales de los Estados miembros en relación con esta materia;

15.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General del Consejo de Europa, al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, a la Unicef y al organismo italiano encargado de la protección de datos.

3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/58

A.

Considerando que tanto China como la UE se han comprometido a contribuir a la paz, a la seguridad y al desarrollo sostenible en el mundo,

B.

Considerando el grado de destrucción provocado por el violento terremoto registrado en el sudoeste de China el 12 de mayo de 2008; considerando que dicho terremoto se saldó con decenas de miles de víctimas, en particular en la provincia de Sichuan; considerando que, según los últimos cálculos realizados, 10 millones de personas se vieron afectadas por el terremoto y unas 70 000 perdieron la vida, incluidos miles de niños en edad escolar que perecieron al desmoronarse las aulas escolares en las que se encontraban,

C.

Considerando que el Gobierno chino adoptó una serie de medidas excepcionales de emergencia, desplegando personal —incluida una parte del ejército— y equipos médicos para socorrer a los habitantes de la región siniestrada,

D.

Considerando la movilización y la solidaridad extraordinarias del conjunto del pueblo chino y de la comunidad internacional para ayudar a las víctimas de esta catástrofe,

E.

Considerando que la apertura del Tíbet a los turistas y medios de comunicación no debería utilizarse como un acto de relaciones públicas sino como una verdadera apertura, que permitirá a los periodistas, a los medios de comunicación y a los turistas visitar la región,

F.

Considerando las conclusiones formuladas por el Comité Olímpico Internacional (COI), que hacían hincapié en que la concesión de los Juegos Olímpicos 2008 a China contribuiría a la apertura del país y a mejorar la situación de los derechos humanos,

1.

Expresa su satisfacción con la profundización de las relaciones UE-China, los diálogos sectoriales y el establecimiento de una cooperación más estrecha en relación con distintos asuntos de alcance mundial;

2.

Pide a las autoridades chinas que tengan en cuenta que los sistemas de alerta sísmica son una de los referentes del desarrollo de un país; hace hincapié, por consiguiente, en la importancia de primer orden que reviste una respuesta rápida y eficaz a toda alerta que la comunidad científica pudiera dar a las autoridades en la hipótesis poco probable pero no imposible de que vuelva a producirse otro desastre natural en China;

3.

Se congratula de la reanudación de los contactos, tras los sucesos de marzo de 2008 en Lhasa, entre los representantes del Dalái Lama y las autoridades chinas; alienta a ambas partes a que intensifiquen estos contactos para sentar las bases de una confianza recíproca, sin la que será imposible alcanzar una solución política mutuamente aceptable;

4.

Lamenta que, a pesar de los importantes avances en las relaciones con China en los ámbitos comercial y económico, esta mejora no haya ido acompañada de logros importantes en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la democracia;

5.

Lamenta que el historial de China en materia de derechos humanos siga siendo materia de preocupación como consecuencia de las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos; recuerda los compromisos contraídos por China en materia de derechos humanos cuando fue elegida para organizar los Juegos Olímpicos;

6.

Condena el recurso frecuente por parte de China a la pena de muerte y pide a las autoridades chinas que impongan una moratoria a las ejecuciones;

7.

Lamenta que los llamamientos realizados por la comunidad internacional no hayan conseguido impedir que las autoridades chinas continúen con sus acciones tras los disturbios del 14 de marzo de 2008 en el Tíbet, en virtud de las cuales los participantes en las protestas registradas en Lhasa siguen siendo víctimas de persecuciones, detenciones y arrestos arbitrarios y a sus familias no se les facilita ningún tipo de información sobre su paradero, a pesar de que así debería hacerse según la legislación china; pide a las autoridades chinas que pongan fin a su campaña de «reeducación patriótica», intensificada desde principios de abril, durante los Juegos Olímpicos en nombre de la «tregua olímpica», que tiene una tradición consolidada;

8.

Toma nota con satisfacción de que China no ha tardado en aceptar la ayuda de la comunidad internacional para socorrer a las víctimas del terremoto de la región de Sichuan y facilitar la intervención de las organizaciones voluntarias de ayuda humanitaria para la distribución de las ayudas;

9.

Destaca la importancia que para la fase de reconstrucción de la región afectada reviste el apoyo de la Unión Europea, de sus Estados miembros y de la comunidad internacional;

10.

Pide a China que respete los compromisos públicos contraídos en relación con los derechos humanos y de las minorías, la democracia y el Estado de Derecho, y que el COI hizo valer cuando decidió permitir que China organizase los Juegos Olímpicos;

11.

Insta a las autoridades chinas a que aprovechen esta oportunidad histórica para demostrar al mundo que la concesión de los Juegos Olímpicos a Pekín ha servido de oportunidad única para mejorar la situación de los derechos humanos en el país mostrando clemencia hacia todos los prisioneros políticos y defensores de los derechos humanos que se encuentran en prisión, incluidos los que están encarcelados en el Tíbet como consecuencia de los disturbios de marzo de 2008 (excepción hecha, lógicamente, de los autores de delitos violentos); pide, asimismo, a las autoridades chinas que pongan fin a las discriminaciones de las que son objeto los emigrantes procedentes de las zonas rurales y las minorías étnicas, y que se abstengan de acosar a los militantes sindicales, abogados y periodistas cuando denuncian violaciones de libertades fundamentales; reitera su convicción de que el encarcelamiento de estas personas es contrario al espíritu universalmente aceptado del ius gentium (Derecho de gentes o Derecho internacional general);

12.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno de la República Popular China, y al Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional.

3.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 294/60

A.

Considerando la estrategia de ampliación de la UE tiene una dimensión tanto exterior como interior,

B.

Considerando que la dimensión exterior de esta estrategia implica llevar a cabo reformas, encaminadas a la democracia, el respeto de los derechos humanos, la paz, la estabilidad y la prosperidad, en consonancia con los criterios europeos,

C.

Considerando que la dimensión interior de la estrategia de ampliación influye directamente en la capacidad de la UE de perseguir los objetivos de su política y de lograr una UE cada vez más cercana, como establecen los Tratados,

D.

Considerando que es necesaria una UE políticamente integrada y capaz de desarrollar políticas ambiciosas de solidaridad y estabilidad,

E.

Considerando que «Cualquier Estado europeo podrá solicitar el ingreso como miembro de la Comunidad», tal como prevé el Tratado de Roma,

F.

Considerando que, puesto que las anteriores ampliaciones han constituido un éxito indiscutible tanto para la UE como para los Estados miembros de nuevo ingreso, y que han contribuido a la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad de Europa en su conjunto, es fundamental crear las condiciones necesarias para garantizar que las futuras ampliaciones también sean un éxito;

G.

Considerando que los Acuerdos de Estabilización y Asociación desempeñan una función importante y eficaz para las relaciones entre la UE y los países de los Balcanes Occidentales con respecto a su integración europea, y que fomentan la cooperación regional,

H.

Considerando que el Consejo Europeo de Salónica de 2003 y el Consejo Europeo de Bruselas de 2006 reafirmaron el compromiso de la UE ante los países de la Europa sudoriental y los Balcanes Occidentales,

I.

Considerando que, en este ámbito, el consenso renovado adoptado por el Consejo Europeo de diciembre de 2006 se asienta sobre los principios de consolidación de los compromisos, respeto de condiciones estrictas y equitativas y una mejor comunicación con los ciudadanos,

J.

Considerando que la estrategia de ampliación es mucho más que una metodología de negociación, que refleja la convicción fundamental de que la UE es una comunidad de valores compartidos y está intrínsecamente unida a un debate sobre los objetivos y la efectividad de la UE, su porvenir y el papel que le toca desempeñar en la vecindad y en el mundo,

K.

Considerando que es preciso apoyar sin reservas y aplicar con rigor la metodología y los criterios de negociación expuestos en la Comunicación de la Comisión para el proceso de adhesión, y que las consideraciones políticas no deberían predominar sobre el estricto respeto de estos criterios,

L.

Considerando que la estrategia de ampliación de la UE debe formar parte de un amplio abanico de instrumentos políticos destinados a consolidar la democracia, y a construir la estabilidad y el desarrollo económico y social en nuestra vecindad y a fortalecer el papel de la UE en el mundo,

M.

Considerando que esas políticas deben tomar en consideración la gran variedad de circunstancias imperantes en los países vecinos de la UE, principalmente en los países que tienen el estatuto de candidatos y que han entablado negociaciones, así como en los que tienen el estatuto de candidatos pero no han iniciado negociaciones al igual que en los países con perspectivas de adhesión, en los que tienen un objetivo de integración europea, o en los que simplemente desean mantener estrechos lazos de vecindad con la UE,

N.

Considerando que dichas políticas han de ser independientes, sin prejuzgar que un país determinado avance de un tipo de relación con la UE a otro, siempre y cuando haya cumplido los respectivos requisitos internos y externos de ese país,

O.

Considerando que los socios orientales de la PEV son claramente identificables como países europeos y algunos de ellos han expresado un objetivo de perspectiva europea,

P.

Considerando que, como quedó consignado en la citada Resolución del 13 de diciembre de 2006, los países con perspectivas de adherirse a la Unión Europea deben poder beneficiarse de una estrecha relación bilateral o multilateral con la UE, con arreglo a sus necesidades e intereses específicos; considerando que esa opción, que encierra una extensa gama de posibilidades operativas, abrirá a esos socios la perspectiva de unas relaciones institucionalizadas estables de larga duración con la UE, proporcionándoles así el incentivo necesario para fomentar la estabilidad, la paz, el respeto de los derechos fundamentales y la reforma democrática y económica en sus respectivos países,

Q.

Considerando que, de acuerdo con la misma Resolución, todos los países con perspectivas reconocidas de adhesión deben poder optar por acogerse a esa clase de acuerdos multilaterales, como paso intermedio hacia su plena integración,

R.

Considerando que la estrategia de ampliación de la UE también ha de ser debidamente explicada y comunicada a los actuales ciudadanos de la UE así como a todos los futuros ciudadanos, con el fin de garantizar un pleno conocimiento de sus políticas para crear un mayor apoyo entre la opinión pública a los compromisos de la UE frente a sus vecinos, garantizando así su credibilidad y su solidaridad como socio, intentando responder en ese sentido a las que son sus preocupaciones legítimas,

1.

Cree con la Comisión que las anteriores ampliaciones han tenido un gran éxito y han beneficiado tanto a los antiguos como a los nuevos Estados miembros al haber promovido el crecimiento económico y el progreso social y haber traído paz, estabilidad, libertad y prosperidad al continente europeo; cree que se pueden extraer lecciones de las adhesiones anteriores y que las nuevas formas de mejorar la calidad del proceso de ampliación deben basarse en las experiencias positivas acumuladas hasta ahora;

2.

Reitera su firme compromiso con todos los países candidatos y con aquellos que han dado muestras claras de tener perspectivas de adherirse, en el entendimiento de que deben cumplir íntegra y rigurosamente con todos los criterios establecidos en Copenhague en 1993, que la UE debe esforzarse por reforzar su capacidad de integración y que esta capacidad debe tenerse en cuenta;

3.

Recuerda en este contexto que, para los países de la antigua Yugoslavia, también es un requisito ineludible la plena cooperación con el Tribunal penal internacional para la antigua Yugoslavia;

4.

Opina que la estrategia de ampliación de la UE debe cumplir los requisitos del Tratado de la UE y reflejar los compromisos ya adquiridos por ella, así como alcanzar el equilibrio entre sus intereses que geoestratégicos, de los acontecimientos políticos en el exterior y la capacidad integradora de la UE, con especial referencia a la capacidad para hacer frente a futuros desafíos internos y externos, prosiguiendo a la vez con la realización de su proyecto de integración;

5.

Recuerda, en este contexto, la necesidad de emprender las reformas internas necesarias, destinadas, entre otras cosas, a incrementar la eficiencia, la cohesión social y a reforzar la responsabilidad democrática;

6.

Recuerda que la capacidad integradora está ligada al poder de la UE de tomar decisiones en un determinado momento y mostrar de esa manera su aptitud para lograr sus objetivos políticos, a saber: el fomento del progreso económico y social y de la elevación del índice del empleo en sus Estados miembros, la reivindicación de su identidad y presencia en la escena internacional, la promoción de los derechos e intereses de los ciudadanos europeos y de los Estados miembros por igual, la construcción de un espacio de libertad, seguridad y justicia, la preservación y consolidación del acervo comunitario, y el respeto de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con lo establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

7.

Considera que el concepto de capacidad de integración abarca cuatro elementos:

8.

Subraya que, para mejorar la credibilidad y la eficacia de la estrategia de ampliación, también los Estados miembros deben respetar y cumplir en su totalidad los criterios de Copenhague a fin de evitar que se exijan a los países solicitantes niveles más elevados que los que se aplican en algunas partes de la UE;

9.

Advierte, además, que la estructura económica y los intereses de cada nuevo Estado miembro pueden surtir efectos en la dirección que hayan de tomar las políticas y el presupuesto de la UE, y que las adaptaciones políticas requeridas pueden afectar a su propia naturaleza; recuerda que una comunidad cohesionada de naciones y ciudadanos debe basarse en políticas coherentes y solidaridad de intereses;

10.

Considera que las repercusiones presupuestarias, así como las económicas y sociales más generales, de otras posibles ampliaciones deben tenerse debidamente en cuenta durante el estudio intermedio del marco financiero plurianual 2007-2013 y en la elaboración de los marcos financieros posteriores;

11.

Está convencido, asimismo, de que antes de ingresar en la UE, cualquier Estado adherente deberá tratar de resolver sus principales problemas internos, particularmente los relativos a su territorio y configuración constitucional; opina que, con anterioridad y durante las negociaciones con esos Estados, la UE debe prestar ayuda para resolver estas cuestiones;

12.

Respalda el énfasis en la consolidación, la condicionalidad y la comunicación como principios rectores de la estrategia de ampliación de la UE;

13.

Considera que tras cada ampliación debe haber una adecuada consolidación y concentración política, es decir, una seria revisión de las políticas y recursos de la UE, con miras a asegurarse el consenso sobre dichas políticas, centrándose en objetivos que respondan a las expectativas de los ciudadanos europeos y garanticen la viabilidad de la UE como proyecto político;

14.

Expresa su preocupación por que una nueva ampliación sin la oportuna consolidación y preparación puede influir negativamente en la cohesión interna de la UE, lo que podría acarrear consecuencias sumamente perjudiciales para la capacidad de acción de la UE, al conllevar el debilitamiento de sus instituciones, tornando vulnerables a algunos de sus Estados miembros a presiones externas, y dañando la credibilidad de la Unión como agente global;

15.

Cree, por otra parte, que el éxito del proceso de ampliación (y por tanto el éxito del proceso de integración política de la UE) sólo puede alcanzarse si existe un apoyo público claro y persistente para la adhesión en cada país candidato; opina por tanto que las nuevas ampliaciones han de ir acompañadas de una política informativa concertada, en la que participen todas las Instituciones de la UE y los Gobiernos de los Estados miembros, así como representantes de la sociedad civil y que esta política de comunicación de estar destinada a explicar a nuestros conciudadanos los beneficios políticos, económicos, sociales y culturales de la ampliación; recuerda por tanto a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros que tienen la responsabilidad de informar adecuadamente al público sobre los logros positivos de anteriores ampliaciones, la situación de las negociaciones en curso y los asuntos relacionados con la adhesión de nuevos Estados;

16.

Considera que los países con perspectivas europeas deben hacer todo lo posible para explicar, implicar y preparar a su opinión pública para la integración en la Unión, implicando a la sociedad civil en este proceso desde el principio;

17.

Está igualmente convencido de que la estrategia de ampliación debe acompañarse con una gama más variada de marcos contractuales externos, que pueden estructurarse en círculos concéntricos mutuamente permeables, para que los países tengan la oportunidad de pasar de un estatuto a otro, si así lo desean, siempre y cuando reúnan ciertas condiciones internas y externas estrictas pero claras, y cumplan los criterios correspondientes a cada marco concreto;

18.

Afirma que la participación en la PEV no es, ni en principio ni en la práctica un sustitutivo de la plena pertenencia, ni una etapa que conduzca necesariamente a la adhesión; considera que debe corregirse el desfase conceptual, político y legal entre la Estrategia de Ampliación de la UE y su Política de Vecindad para responder a las expectativas de nuestros vecinos del Este; tiene el convencimiento de que la política reforzada de vecindad de la Comisión no es suficiente a estos efectos, aunque representa un paso adelante en la dirección correcta, y cree que se requiere un cambio cualitativo más sustancioso;

19.

Sugiere, por lo tanto, que para aquellos vecinos del Este, quienes, a tenor de su situación política, económica y social y de la presente capacidad de integración de la UE, actualmente no gozan de perspectivas de adhesión a la UE, aunque cumplen ciertas condiciones democráticas y económicas, la UE debería crear un área basada en políticas comunes que incluya, en particular, el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, la cooperación en materia de política exterior y de seguridad, los asuntos económicos y financieros, el comercio, la energía, el transporte, las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la justicia, la seguridad, la migración, la libertad de circulación sin visado y la educación; considera que esas políticas comunes deben perseguir el objetivo general de ayudar a los vecinos del Este, a conseguir gradualmente el alineamiento con los criterios de la UE, y a abrir así el camino hacia una integración más estrecha en el seno europeo; está igualmente convencido de que las políticas comunes referidas a lo antedicho tienen que ser concebidas conjuntamente con los países participantes, usando mecanismos específicos de toma de decisiones, y deben estar apoyadas por la correspondiente dotación económica; acoge con satisfacción la propuesta de Polonia y Suecia presentada en la reunión del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de los días 26 y 27 de mayo de 2008, siempre que la iniciativa que contiene esta propuesta se persiga en el ámbito de la UE;

20.

Acoge con satisfacción el nuevo impulso que se da, dentro del marco de la UE, al «Proceso de Barcelona: Unión para el Mediterráneo» como un avance positivo en nuestras relaciones con los vecinos del Sur; cree que este nuevo proyecto sirve para reforzar el argumento a favor de las relaciones contractuales multilaterales específicas también con nuestros vecinos orientales, quienes, comparados con sus socios del Sur, tienen claras sus ambiciones y perspectivas europeas; recuerda que un paso inicial en esta clase de relaciones puede darse con el establecimiento de una zona de libre comercio, al que habrá de seguir el establecimiento de unos lazos más estrechos en el contexto de un Espacio Económico Europeo reforzado (EEE +), de una «Commonwealth» Europea, o de marcos regionales específicos de cooperación;

21.

Reitera, en el contexto de los marcos regionales específicos de cooperación antes mencionados, la importancia de diseñar una estrategia de la UE más sofisticada y global para la región del Mar Negro, que vaya más allá de la actual iniciativa en favor de una sinergia y contemple el establecimiento de un Acuerdo de Cooperación para el Mar Negro, que debe incluir, en igualdad de condiciones, a la UE, Turquía y los Estados ribereños del Mar Negro, tratado de lograr a la vez la participación plena de Rusia y que podría, en una fase posterior, convertirse en la Unión del Mar Negro; considera que un marco multilateral de ese tipo no sólo ofrecería a los países afectados la posibilidad de reforzar la cooperación con la UE en una serie de ámbitos políticos, sino que también permitiría a la UE desempeñar un papel más activo en la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos de la región, contribuyendo con ello positivamente a la seguridad en la región;