23.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/1

1.1

La Comisión ha definido la «flexiguridad» como una «estrategia integrada destinada a mejorar simultáneamente la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo». En el presente dictamen el CESE destaca determinados aspectos del concepto de flexiguridad que considera –en esta época de crisis– especialmente importantes para mantener el mayor índice posible de empleo y dar a los desempleados todas las oportunidades posibles para encontrar lo antes posible un nuevo empleo. Empresarios y trabajadores deben trabajar juntos en el marco del diálogo social para garantizar el mantenimiento del mayor número posible de trabajadores en el mercado laboral.

1.2

En estos tiempos de crisis profunda y de aumento del desempleo, la flexiguridad no debe en modo alguno entenderse como una serie de medidas destinadas a facilitar el despido de los trabajadores activos en la actualidad o a socavar la protección social en general y, de manera más específica, la de los desempleados. El CESE considera que las medidas para fomentar la vertiente de la seguridad (en su sentido más amplio) de la flexiguridad constituyen ahora mismo la prioridad principal.

1.3

El CESE ha destacado la importancia de la flexiguridad interna en dictámenes previos. La crisis subraya la importancia de las medidas internas de flexiguridad para permitir a las empresas adaptarse a la considerable disminución de pedidos sin verse forzadas a despedir a empleados. Las empresas con un sistema de anualización del cómputo del tiempo de trabajo (cuentas de tiempo de trabajo) acordado por los interlocutores sociales están en mejores condiciones para reaccionar rápidamente ante la nueva situación del mercado originada por la crisis que las empresas que carecen de este tipo de instrumentos. Una de las lecciones claras que se pueden extraer de la crisis es que los interlocutores sociales deben promover las cuentas de tiempo de trabajo y las disposiciones sobre el horario flexible. El CESE considera necesario hacer estos instrumentos tan atractivos como sea posible para las empresas y los empleados.

1.4

La flexiguridad sólo funcionará si los trabajadores poseen una buena formación. Existe una relación estrecha entre las nuevas competencias y la creación de nuevos puestos de trabajo. A las empresas les interesa invertir en la formación continua de su personal. Los trabajadores tienen la responsabilidad de seguir formándose. Se espera que la Estrategia «Lisboa 2010 plus» ofrezca soluciones a estos problemas.

1.5

La crisis subraya la importancia del diálogo social. Los últimos meses han demostrado cómo los interlocutores sociales comprometidos pueden encontrar conjuntamente soluciones para los problemas más apremiantes. El CESE propone a la Presidencia sueca de la UE y a la Comisión Europea que establezcan una plataforma basada en Internet para fomentar el intercambio de experiencias sobre este tipo de iniciativas de los interlocutores sociales, respetando las diversas situaciones nacionales, regionales y locales.

1.6

A nivel europeo los interlocutores sociales están negociando actualmente un acuerdo marco autónomo sobre mercados laborales inclusivos. El CESE cree que un futuro acuerdo puede aportar un real valor añadido para ayudar a las personas más vulnerables que han perdido su trabajo a causa de la crisis a encontrar de nuevo un empleo. El CESE también alberga grandes expectativas sobre la supervisión y evaluación conjuntas de la aplicación de la flexiguridad, a la que los interlocutores sociales europeos se han comprometido en su programa de trabajo para 2009-2010.

1.7

La gran rapidez y profundidad de la recesión económica hacen que muchos empresarios piensen de nuevo en los años de auge, cuando se dieron cuenta de lo difícil que era encontrar un número adecuado de personal suficientemente cualificado. Puesto que ahora tienen la vista puesta en el futuro y vislumbran la recuperación económica que se producirá con toda seguridad, no están suprimiendo de forma temeraria demasiados puestos de trabajo con la única intención de ahorrar costes a corto plazo. Sin embargo, ninguna empresa puede ignorar las reglas económicas básicas. En definitiva, cada empresa está, sobre todo, interesada en asegurar su supervivencia. Para los trabajadores afectados es de vital importancia obtener un nuevo empleo tan rápidamente como sea posible. El CESE subraya la necesidad de prestarles ayuda rápida y de alta calidad. Los Estados miembros deberían seriamente considerar la posibilidad de aumentar la cantidad y calidad de su personal en las agencias de colocación para ayudar a los trabajadores a volver lo antes posible al mercado de trabajo.

1.8

Habida cuenta de las particularidades nacionales y regionales, así como de las diferencias entre sectores industriales, la Unión debería, de acuerdo con los deseos expresados por el Comité, proseguir sus trabajos desde una perspectiva europea en la que se respete el principio de subsidiariedad. Sólo de este modo se creará el marco europeo necesario para garantizar el refuerzo de un modelo social europeo que se halla en plena evolución para pasar de un modelo teórico a una realidad ineludible (1). Es necesario prever un proceso post-Lisboa (Lisboa 2010 plus) a fin de dar respuesta a los objetivos no alcanzados y a los que van a plantearse durante la crisis, cuya travesía podría resultar larga y dolorosa. La flexiguridad tendrá, sin duda, un papel importante en este contexto. El Comité considera que deben equilibrarse las dimensiones de la flexiguridad.

1.9

El CESE subraya que las reformas de los mercados de trabajo en los Estados miembros deben evitar que siga aumentando el número de puestos de trabajo precarios que se caracterizan por un exceso de flexibilidad en detrimento de la seguridad, y que no ha dejado de aumentar durante los últimos años. El CESE comparte la preocupación manifestada por el Comité de las Regiones en su Dictamen de 7 de febrero de 2008 (2). El predominio de la flexibilidad externa pueda «justificar también una desregulación amplia de las condiciones laborales normales que condujese al aumento de los contratos laborales precarios».

2.1

La Presidencia sueca ha invitado al CESE a expresar su opinión acerca del tema de la «flexiguridad» sobre el que ya se ha pronunciado (3), pero que ahora se presenta en un contexto nuevo. La urgencia de reexaminar esta cuestión desde la perspectiva de la crisis financiera se vio confirmado en una audiencia organizada por la Presidencia sueca el 7 de julio de 2009 en Estocolmo.

2.2

El concepto de la flexiguridad sigue planteamientos diferentes. La Comisión Europea la ha definido en su Comunicación (COM(2007) 359 final) como una «estrategia integrada destinada a mejorar simultáneamente la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo» (4). Puesto que fue ésta la definición que también sirvió para las conclusiones de la cumbre extraordinaria de Praga del 7 de mayo de 2009, el presente dictamen se basa igualmente en esta interpretación común.

2.3

El CESE hace hincapié en que las políticas del mercado de trabajo son responsabilidad de los Estados miembros, de conformidad con el principio de subsidiariedad. El intento de armonizar la legislación laboral iría en contra de este último principio y sería inoportuno, ya que iría en detrimento de tradiciones y estructuras geográficas que han demostrado su pertinencia y solidez. Además, habrá que tener en cuenta que las economías de los Estados miembros no han alcanzado todas el mismo grado de desarrollo. Ello se refleja en sus sistemas sociales respectivos. En este ámbito, a juicio del CESE, los retos de la UE deberían ser:

3.1.1

Los efectos de la mayor crisis económica de la historia de la Comunidad son bastante evidentes a corto plazo: el endeudamiento público de los Estados miembros de la UE aumenta a una velocidad sin precedentes. Aunque los bancos centrales de todo el mundo hayan inundado los mercados de liquidez, el sistema bancario sigue sin funcionar como en épocas normales. En particular, las pequeñas y medianas empresas (PYME), así como los trabajadores autónomos, tienen enormes dificultades para acceder a nuevos créditos. Los efectos nefastos del desempleo para la sociedad y el mercado interior no tardarán en dejarse sentir. Al mismo tiempo, no es frecuente ni fácil que se creen nuevos empleos.

3.1.2

El CESE considera que es indispensable adaptar, a corto plazo, el modelo de la flexiguridad a la luz de la grave situación socioeconómica actual, aunque su último dictamen sobre este tema sólo data de la primavera de 2008. El Comité celebra la solicitud de la Presidencia sueca para que se examine cómo utilizar la flexiguridad en materia de reestructuración, en el contexto del desarrollo mundial. El desarrollo mundial hace referencia a la crisis financiera y sus trágicas consecuencias sobre la economía real y el empleo. Esta crisis ha resultado la crisis económica más grave de los últimos ochenta años. Sus efectos marcarán muy probablemente todo el siglo XXI. Reviste una gravedad aún mayor si se tiene en cuenta que va acompañada de otras dos crisis que constituyen desafíos enormes a escala mundial: la crisis climática y la crisis demográfica.

3.1.3

La crisis modifica el entorno socioeconómico en el que pueden plantearse las reformas del mercado de trabajo. Ello es evidente independientemente de la opinión que se tenga sobre la oportunidad, la viabilidad -o incluso la necesidad o la imposibilidad- de introducir reformas estructurales de estas características en tiempos de crisis. No obstante, el CESE insiste en subrayar que la inclusión y la reinserción de los desempleados en el mercado de trabajo deben ser prioridades absolutas.

3.1.4

No obstante, el Comité se propone sacar conclusiones de sus observaciones con el fin de poder formular propuestas concretas y positivas respecto de los parámetros que constituyen la flexiguridad (es decir, la flexibilidad y la seguridad). El Comité quiere destacar que una gestión equilibrada de las medidas de flexibilidad y de seguridad es indispensable para evitar conflictos sociales como los que ya se han producido en Europa.

3.2.1

La flexibilidad interna debe ser el resultado del diálogo social entre los gestores y los trabajadores o sus representantes, los interlocutores sociales, en el nivel de la empresa o el sector en cuestión. Evita la pérdida de puestos de trabajo y, por tanto, en períodos difíciles puede constituir un importante elemento estabilizador para la cohesión social en Europa. El buen entendimiento entre empresarios y trabajadores es necesaria para que se garantice un compromiso de las empresas en materia de responsabilidad social y el mantenimiento de los trabajadores en el mercado laboral, reforzando así el empleo. Para apoyar estas medidas es fundamental el papel de los gobiernos, pero su intervención no debería poner en peligro su capacidad para facilitar prestaciones sociales fundamentales, como la seguridad (por lo que respecta tanto a los productos alimentarios como al tráfico aéreo, la universalidad de los servicios de interés general o la que ofrece la policía) y la educación, de ahora en adelante desde el enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

3.2.2

Toda reforma social debe situarse en su contexto socioeconómico y político. Sin embargo, en períodos de crisis la flexiguridad plantea interrogantes difíciles puesto que los sacrificios que se piden a cambio de una hipotética empleabilidad no ofrecen garantías. Es necesario, por tanto, ser plenamente conscientes de que la flexiguridad sólo será útil si se traduce en la comprensión mutua de los interlocutores sociales y no solamente de uno de ellos. En este orden de cosas, ello obliga a examinar muy seriamente la seguridad y el equilibrio entre seguridad y flexibilidad. Ahora bien, el Comité considera que la Comisión Europea debería centrar su análisis en mayor medida en las posibilidades de la flexibilidad interna que puede ser una herramienta eficaz en la flexiguridad para luchar contra el desempleo (5).

3.2.3

El Comité considera que deben equilibrarse las dimensiones de la flexiguridad y que no debe aplicarse en detrimento de la seguridad. Ahora bien, ¿cómo pueden los Estados garantizar este equilibrio en tiempos de crisis? El Comité propone que las reformas basadas en el modelo de la flexiguridad se examinen cuidadosamente en esta época de crisis a fin de que no tengan repercusiones sociales y políticas no deseadas. Estas precauciones deben extremarse en el caso de la flexiguridad denominada «externa».

3.2.4

De acuerdo con lo que acaba de señalarse, las medidas de flexiguridad deben ser creíbles desde todos los ángulos y, en particular, por lo que se refiere al aspecto presupuestario. Esto implicará, probablemente, reorientar las prioridades del gasto presupuestario de los Estados miembros y, quizá, un refuerzo de las ayudas comunitarias. Ya que no puede haber flexiguridad sin seguridad.

3.2.5

Contrariamente al uso prudente de las diversas formas de flexibilidad interna, sería aventurado en la situación actual forzar reformas del mercado de trabajo que tuvieran como objetivo promover una mayor flexibilidad externa. Hasta ahora las reflexiones de la Comisión Europea han hecho hincapié en esta dimensión de la flexiguridad. Muchos convenios colectivos en Europa recogen disposiciones para organizar la flexibilidad en la empresa. Puede tomar la forma, entre otras cosas, de una organización del tiempo de trabajo con períodos de formación.

3.3.1

El CESE reitera su petición de que los interlocutores sociales sean los protagonistas de un foro que permita la confrontación permanente de ideas sobre las reformas a fin de que los dos polos, empresarios y trabajadores, puedan velar por mantener un equilibrio permanente y dinámico entre flexibilidad y seguridad. Este planteamiento es importante e interesante para el futuro del empleo en Europa. Esta es precisamente la razón por la que la sociedad civil debe participar también en el debate. Cualquier política de empleo, cualquier reforma del mercado de trabajo tiene un impacto importante en la sociedad. Ahora bien, estas reformas no deben desvincularse de las perspectivas económicas, sociales y sostenibles de la sociedad.

3.3.2

La flexiguridad es un instrumento importante para atenuar los efectos de la crisis financiera y de la economía real sobre el trabajo y el empleo. No obstante, no hay que abusar del mismo facilitando los despidos en los países que tienen una legislación laboral que garantiza un determinado nivel de seguridad frente a prácticas que se denominan en inglés «hire and fire» (contrata y despide). El Comité celebra que la Comisión Europea haya afirmado claramente que la flexiguridad no puede convertirse en ningún caso en un derecho al despido.

3.3.3

El Comité quisiera destacar que cualquier reforma de la legislación laboral debe hacerse con la participación de los interlocutores sociales, porque, de lo contrario, está abocada al fracaso. El diálogo social actúa como garante de la democracia participativa, moderna y social. La adaptación de la legislación laboral debe ser el resultado de una negociación entre los interlocutores sociales. Además, el diálogo social permite adoptar diversas formas de flexibilidad interna, que brindan un alto grado de flexibilidad a las empresas, independientemente de la tendencia al aumento o a la disminución de su actividad.

3.3.4

El CESE se congratula de los esfuerzos y trabajos conjuntos realizados por los interlocutores sociales europeos en materia de flexiguridad. El CESE valora positivamente que los interlocutores sociales europeos hayan inscrito en su programa de trabajo 2009-2010 el seguimiento y la evaluación de la aplicación de la flexiguridad. El CESE está a la espera del informe de esta evaluación y cuenta con que la evaluación común puede tener un gran impacto en la concepción de las distintas aplicaciones de la flexiguridad en cada uno de los Estados miembros.

3.4.1

A corto plazo, el análisis y las posibilidades de aplicación de la flexiguridad, teniendo en cuenta siempre la condición previa de que se establezca un diálogo social a todos los niveles, las dificultades financieras y el papel de los gobiernos, deben centrarse en el objetivo de preservar un máximo de empleos con el mayor valor añadido posible y reforzar la protección social general de todos los trabajadores, cualquiera que sea su situación en el mercado laboral.

3.4.2

El CESE recuerda las conclusiones del informe del Consejo de los días 8 y 9 de junio sobre la flexiguridad en tiempos de crisis. Es fundamental que los parados se reincorporen al empleo lo más rápidamente posible. El CESE destaca la necesidad de proporcionarles una ayuda, un apoyo y una orientación eficaces de manera rápida. Debe instarse a los Estados miembros a que utilicen de mejor manera los fondos europeos existentes y deben comprometerse sin ambages a mejorar la calidad de todos los instrumentos de promoción del empleo, como las agencias para el empleo de calidad, a fin de reforzar su actividad y eficiencia.

3.4.3

El CESE comparte la opinión de la Comisión según la cual los acuerdos relativos a las ayudas al paro técnico pueden constituir un instrumento eficaz a corto plazo para preservar el empleo, evitar el paro y mantener el poder adquisitivo. Tres son los efectos que produce este mecanismo: el mantenimiento de los conocimientos técnicos y las competencias del trabajador para la empresa, la no exclusión del trabajador del mundo laboral y la estabilidad de la economía nacional, que evita un paro masivo. La crisis ha demostrado la necesidad de promover la anualización del cómputo del tiempo de trabajo («working time accounts») y la gestión flexible del tiempo de trabajo. Las empresas que disponen de este sistema son mucho más capaces de reaccionar rápidamente ante las nuevas situaciones del mercado y de adaptarse a caídas súbitas de la demanda. El CESE pide a los Estados miembros y a la UE que hagan este instrumento lo más atractivo posible para los trabajadores y las empresas.

3.4.4

El CESE anima a los interlocutores sociales, de todos los niveles, incluidos los niveles microeconómicos, a que centren el diálogo social –y los compromisos que deberán asumir todos los socios en estos momentos de crisis profunda– en el mantenimiento y la creación de empleos preservando el poder adquisitivo global de los trabajadores. Los gobiernos deben encontrar los medios para desempeñar un papel de catalizadores y favorecer, o incluso recompensar, este tipo de acuerdos. El CESE propone a la Presidencia sueca y a la Comisión Europea que establezcan una plataforma Web que sirva para multiplicar los intercambios de información y de experiencias sobre iniciativas de los interlocutores sociales a nivel práctico, al tiempo que se respeta la diversidad de las situaciones a nivel nacional, regional y local.

3.4.5

El CESE considera que las cuatro dimensiones de la flexiguridad y sus principios, tal y como los ha definido la Comisión Europea, podrían efectivamente contribuir a reducir el desempleo en Europa. Sin embargo, es indispensable velar por que se creen empleos de calidad. A este respecto, una verdadera protección social desempeña un papel muy importante. Es fundamental para la cohesión social en la UE. En este contexto, el CESE subraya que las reformas de los mercados de trabajo en los Estados miembros deben evitar que siga aumentando el número de puestos de trabajo precarios que se caracterizan por un exceso de flexibilidad en detrimento de la seguridad, y que no ha dejado de crecer durante los últimos años. La Comisión debería hacer y divulgar un balance periódico de la aplicación de los principios de flexiguridad en los textos legislativos y reglamentarios relativos al mercado laboral. El CESE opina que los principios de la flexiguridad deberán integrarse en mayor medida en la agenda post-Lisboa. Además, el CESE sugiere que los trabajos de los interlocutores sociales europeos se coordinen con esta agenda.

3.5.1

El CESE considera conveniente que la Presidencia sueca entable un debate sobre los aspectos de la flexiguridad que podrían, siguiendo el ejemplo de varios Estados miembros que ya la practican, contribuir a que la Unión atraviese esta crisis financiera y económica mundial salvaguardando un máximo de empleos con objeto de no poner en peligro su cohesión social. A la UE le interesa, sobre todo, no perder las cualificaciones de sus trabajadores, que le serán necesarias después de la crisis. Esta afirmación es tanto más verdadera cuanto que la evolución demográfica reducirá de manera considerable el potencial de mano de obra cualificada en la mayor parte de los países europeos.

3.5.2

El despido de personal cualificado en tiempo de crisis constituye un riesgo por lo que respecta a las futuras perspectivas de reactivación. Se corre el riesgo de agravar la falta de conocimientos técnicos. Y lo que es aún peor, parece que muchas empresas europeas están reduciendo sus empleos de aprendices o los puestos de trabajo destinados a los jóvenes licenciados. Al hacer esto, están poniendo en peligro su futuro. Además, la propia flexiguridad sólo puede funcionar si los trabajadores disponen de una buena formación. Por consiguiente, dejar de formar a los trabajadores iría en contra de este instrumento de reforma. Hay un vínculo estrecho entre las nuevas competencias y la creación de nuevos empleos. La estrategia «Lisboa 2010 plus» deberá dar respuesta a estos problemas. Se espera que las empresas inviertan en la formación continua de sus trabajadores. Al mismo tiempo, es evidente que también es responsabilidad de cada trabajador seguir formándose.

3.5.3

El aprendizaje a lo largo de toda la vida en el marco de la flexiguridad debe inscribirse en la lógica de un desarrollo sostenible de las sociedades de la Unión Europea y servir de ejemplo en el resto del mundo. La formación de los trabajadores debe orientarse hacia los objetivos europeos de crear más empleos de calidad y esforzarse por desarrollar una economía sostenible.

3.5.4

La flexiguridad se basa fundamentalmente en una mejor empleabilidad. Ésta está condicionada por la excelencia de los sistemas de educación y la eficacia de las prácticas de formación continua. Mientras los Estados miembros hagan declaraciones en favor del aprendizaje a lo largo de toda la vida sin reformar sus sistemas educativos, sin conceder más importancia a la educación preescolar, sin asignar más recursos a la enseñanza y, finalmente, sin fomentar ni facilitar mediante incentivos fiscales la formación profesional y continua en el marco del empleo, no podrá cumplirse una condición importante de la flexiguridad. El Comité pide a los gobiernos nacionales que hagan de todas estas cuestiones relativas a la educación una prioridad absoluta. El Comité se declara partidario de una acción común de los Estados miembros a favor de la promoción del sector educativo y de la formación en Europa.

3.6.1

El Tratado de Lisboa, que el Comité respalda y espera que sea adoptado por los 27 Estados miembros de la UE, califica al mercado interior de economía social. El artículo 2 del Tratado de la UE cita una «economía social de mercado» entre los objetivos de la Comunidad. Se trata de una novedad importante. Esta nueva orientación, que concede mucha más importancia a una interpretación social del Derecho comunitario, no dejará de tener efectos en la futura legislación europea y, en particular, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

3.6.2

Es cierto que algunas evoluciones políticas en una minoría de países europeos suscitan inquietudes por las probabilidades de éxito de la adopción definitiva del Tratado. Sin embargo, el Comité mantiene su posición optimista, puesto que no hay alternativa, no existe un «plan B». Sobre todo en tiempos de crisis, es necesario que las instituciones puedan trabajar con métodos de funcionamiento más apropiados que los que permite el Tratado de Niza en una Unión de 27 países. Por lo tanto, el Comité estima necesario que las instituciones europeas tramiten el expediente «flexiguridad» desde la perspectiva de una entrada en vigor del Tratado de Lisboa este mismo año o en 2010 como muy tarde, así como en función de la evolución de la crisis. Entre otras cosas, esta entrada en vigor tendrá como consecuencia que en el Derecho comunitario se introducirá una nueva dimensión más actual de la «seguridad».

23.12.2009   

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C 318/6

1.1

El CESE apoya los objetivos materializados en los cuatro pilares de la Estrategia del Mar Báltico: hacer de la región una zona próspera, segura, sostenible desde el punto de vista medioambiental, atractiva y accesible.

1.2

El CESE toma nota del amplio proceso de consulta que precedió a la finalización de la estrategia y del papel que en este proceso tuvieron los interlocutores sociales y las partes interesadas. El CESE insiste una vez más en el papel crucial de la sociedad civil organizada a la hora de llevar a la práctica la Estrategia del Mar Báltico y reafirma su respaldo al establecimiento de un Foro de la Sociedad Civil del Mar Báltico que ayude a integrar a la sociedad civil en la evolución de la estrategia.

1.3

El CESE acoge con agrado el Plan de acción de la estrategia, que presenta quince acciones prioritarias, cada una de las cuales será responsabilidad de un Estado miembro del Mar Báltico.

1.4

La Estrategia del Mar Báltico tiene puntos fuertes y puntos débiles: sus principales puntos fuertes son su cobertura, que aspira a ser completa, y el hecho de que periódicamente será revisada por la Comisión y el Consejo Europeo; sus puntos débiles se deben a su complejidad y a los problemas de gobernanza inherentes a su aplicación. La estrategia abarca las competencias de 21 direcciones generales, así como ocho Estados miembros además de Rusia. Los cuatro pilares, las quince acciones prioritarias y las numerosas acciones horizontales conforman una compleja «geometría variable» que podría hacer inviable la estrategia. El CESE considera que deben hacerse todos los esfuerzos posibles para simplificar los aspectos de gobernanza en la aplicación de la estrategia.

1.5

Corresponde al CESE un papel destacado a la hora de garantizar el espíritu de cooperación durante el desarrollo y la aplicación de la estrategia. La creación de un Foro de la Sociedad Civil del Mar Báltico es un paso para dar a la sociedad civil organizada un cometido en la futura evolución de la estrategia.

1.6

La Estrategia del Mar Báltico plantea un gran reto al CESE en general y en particular a aquellos de sus miembros que proceden de la región báltica, pues les obliga a tomar la iniciativa de representar a la sociedad civil organizada en la evolución de la estrategia a través de la actuación del Foro de la Sociedad Civil. Puesto que la Estrategia del Mar Báltico se desarrollará a lo largo de varios años, es imprescindible crear en el seno del CESE un grupo permanente que garantice que el Comité podrá participar eficazmente en lo que podría convertirse en modelo para la cooperación macrorregional en la Unión Europea.

2.1

La importancia de la cuestión de la cooperación macrorregional ha crecido en los últimos años. Hoy se considera que las macrorregiones de la UE tienen el potencial necesario para hacer una notable contribución a la política de cohesión e igualar el grado de desarrollo entre los Estados miembros. En Europa existen ya formas de cooperación macrorregional. El Grupo de Visegrado, por ejemplo, formado por la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, representa los esfuerzos de los países de Europa Central para colaborar en diversos ámbitos de interés común aplicando el espíritu de la integración europea (1). Más recientemente, en 2008, la Asociación Euromediterránea, antes llamada Proceso de Barcelona, se relanzó en la Cumbre por el Mediterráneo celebrada en París. Esta asociación está formada por los 27 Estados miembros de la Unión Europea y dieciséis países socios del sur del Mediterráneo y Oriente Próximo. Su objetivo es afrontar los problemas comunes, como la contaminación del mar y la seguridad marítima, los problemas energéticos y el desarrollo empresarial (2).

2.2

En noviembre de 2006 el Parlamento Europeo aprobó una Resolución para la elaboración de la Estrategia del Mar Báltico. Esta estrategia para la macrorregión del Mar Báltico fue aprobada por la Comisión el 10 de junio de 2009 y se presentó al Consejo Europeo el 19 de junio de 2009. La Presidencia sueca la someterá a nuevos debates con vistas a la aprobación del Consejo a finales de octubre de 2009. El presente dictamen exploratorio ha sido solicitado por la Presidencia sueca, puesto que representa un elemento importante de su programa de trabajo. El propósito de este dictamen es evaluar la Estrategia del Mar Báltico propuesta, su preparación, su estructura y su Plan de acción desde la perspectiva de la sociedad civil organizada. El dictamen parte del análisis presentado en un dictamen aprobado recientemente por el CESE sobre «La región del Mar Báltico: el papel de la sociedad civil organizada en la mejora de la cooperación regional y en el establecimiento de una estrategia regional» (3).

2.3

La solicitud de una Estrategia del Mar Báltico nace de la idea de que es necesario intensificar y hacer más efectiva la coordinación entre la Comisión Europea, los Estados miembros, las regiones, los entes locales y otras partes interesadas para lograr una aplicación más eficaz de programas y políticas. El Mar Báltico es una de las regiones marítimas más ajetreadas y congestionadas del mundo, como puede comprobarse en el gráfico de movimiento diario de barcos que figura como anexo al presente dictamen. La región del Mar Báltico abarca ocho Estados miembros que bordean este mar (Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia y Lituania) además de Rusia. Cuando el Consejo Europeo pidió a la Comisión que se encargara de preparar la estrategia especificó que las cuestiones de relaciones exteriores de la estrategia deberían estar vinculadas al marco de la Dimensión Septentrional (4) existente. El CESE está de acuerdo con la idea de crear una estrategia de desarrollo macrorregional que incluya a todos los países del Mar Báltico.

2.4

El proceso que llevó a la creación de la estrategia no tiene precedentes. La Comisión considera que si la Estrategia del Mar Báltico es válida y viable en el Báltico podría emplearse un planteamiento similar en otras macrorregiones, como la región del Danubio (5), la región de los Alpes y el Mediterráneo.

2.5

La estrategia se acompaña de un Plan de acción con quince ámbitos prioritarios que se distribuyen en estos cuatro pilares. Cada ámbito prioritario estará coordinado por uno de los países del Báltico, todos los cuales deberán colaborar para su aplicación con todas las partes interesadas (6).

2.6

La Estrategia del Mar Báltico y las acciones que en ella se proponen se financiarán con fuentes que ya existen, como los Fondos Estructurales de la UE (55 000 millones de euros entre 2007 y 2013), fondos de los países del Mar Báltico, ONG, financiación privada y también fondos de instituciones financieras como el BEI, el BNI y el BERD.

2.7

Además de los cuatro pilares, la estrategia incluye igualmente acciones horizontales diseñadas para desarrollar la cohesión territorial entre las que figuran las siguientes:

3.6.1

Entretanto, sin embargo, la estrategia debería aprovechar las oportunidades que brindan las iniciativas europeas existentes, como la programación conjunta de la investigación, que ha recibido el firme respaldo del CESE. Con tal iniciativa se sigue la recomendación de la Comisión contenida en la Estrategia del Mar Báltico, a saber, explotar plenamente el potencial de la región del Mar Báltico en los ámbitos de la investigación e innovación, con vistas a la prosperidad de la zona.

4.1

El CESE ya ha presentado una propuesta para establecer un Foro de la Sociedad Civil del Mar Báltico y ha comunicado que está dispuesto a comenzar a preparar las bases para este foro (10). El foro trabajaría en paralelo con la estrategia y debería hacer una aportación a su revisión bienal. El éxito de las consultas que conducen a la preparación de la estrategia justifica aún más la necesidad de un debate público continuo y de sensibilizar respecto de su aplicación.

4.2

Junto con los consejos económicos y sociales de los Estados miembros bálticos, corresponde al CESE un papel destacado a la hora de garantizar un ambiente de cooperación y trabajo en común durante la aplicación de la estrategia. A fin de reforzar la creación de instituciones y las estructuras de una sociedad civil participativa, especialmente en los nuevos Estados miembros y en Estados vecinos, como Rusia, podría resultar útil establecer relaciones transfronterizas y de cooperación entre entidades homólogas, como sindicatos, organizaciones de consumidores y organizaciones locales y de voluntarios. En especial, los miembros del CESE procedentes de los ocho Estados miembros bálticos deberían actuar como emisarios, interlocutores y ponentes, de forma que el Comité pueda mantener una postura informada sobre los avances, éxitos y retos de la estrategia y así apoyar la consecución de sus objetivos.

4.3

El CESE acoge positivamente los grandes esfuerzos desarrollados en la Estrategia del Mar Báltico para crear un enfoque integrado en la cooperación macrorregional. El Comité defiende tal enfoque desde hace ya tiempo, al igual que el Parlamento Europeo.

4.4

El CESE respalda el amplio planteamiento para la aplicación de la estrategia, que permitirá a los Estados miembros liderar la coordinación de las quince áreas prioritarias y los importantes proyectos asociados.

4.5

Podría afirmarse que la Estrategia del Mar Báltico constituye una prueba importante para el cometido del CESE, pues reta al Comité a participar plenamente en la evolución de la estrategia, pese a los complejos problemas de gobernanza que ya se han señalado más arriba. Supone un desafío especial para los miembros del CESE de los ocho Estados miembros bálticos que están incluidos en la estrategia y les obliga a tomar la iniciativa de representar a la sociedad civil organizada en la aplicación de la estrategia a través de la actuación del Foro de la Sociedad Civil del Mar Báltico. Puesto que es probable que la estrategia funcione durante muchos años, se justifica claramente la creación de un observatorio del Mar Báltico ad hoc o de un grupo de estudio en el seno del CESE, de tal forma que todo el Comité pueda participar efectivamente en lo que sin duda se convertirá en un modelo para la cooperación macrorregional en toda la Unión.

23.12.2009   

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C 318/10

1.1

Elaborado como respuesta a una petición de la Presidencia sueca al CESE, este dictamen exploratorio trata sobre cómo hacer que la estrategia de la UE sobre los daños relacionados con el alcohol sea sostenible, duradera y multisectorial (1). El objetivo de la Presidencia sueca es apoyar la ejecución de la estrategia horizontal de la UE sobre el alcohol y la definición del trabajo preventivo a largo plazo tanto a escala comunitaria como nacional.

1.2

El presente dictamen se basa en el anterior dictamen del CESE sobre los daños relacionados con el alcohol, que se centraba en cinco cuestiones prioritarias: proteger a los niños; reducir los accidentes de tráfico relacionados con el alcohol; prevenir los daños relacionados con el alcohol entre los adultos y en el lugar de trabajo; información, educación y sensibilización; y una base común de datos (2).

1.3

El dictamen subraya las siguientes cuatro prioridades de la Presidencia:

Todos estos temas deberían abordarse conjuntamente con otras cuestiones pertinentes, a fin de adoptar un planteamiento exhaustivo.

1.4

Las pautas de consumo de bebidas alcohólicas varían notablemente de un país a otro, pero la mayoría de los consumidores bebe de forma responsable casi siempre (véase el punto 3.2) (3). Dicho esto, el CESE muestra su preocupación por el hecho de que el 15 % de la población adulta de la UE beba regularmente en cantidades que resultan nocivas, siendo los niños los más vulnerables a los daños provocados por el alcohol. Por consiguiente, se deberían concebir medidas políticas que alcancen específicamente a la población de riesgo.

1.5

El marketing del alcohol es uno de los factores que puede elevar las probabilidades de que niños y adolescentes empiecen a consumirlo y de que, si ya lo están consumiendo, beban más. Por este motivo, el CESE pide que los niños se vean menos expuestos al marketing del alcohol.

1.6

Diseñadas de forma correcta, las políticas de precios del alcohol pueden actuar como mecanismos eficaces para reducir los daños relacionados por el alcohol, especialmente entre las personas con menores ingresos y los jóvenes. EL CESE considera que se necesita una normativa que regule la disponibilidad, la distribución y la promoción del alcohol. La autorregulación no es suficiente en este ámbito.

1.7

Para elevar el grado de sensibilización sobre el riesgo de ETCAF (conjunto de problemas causados por el alcoholismo fetal), el CESE apoya las campañas de sensibilización a escala nacional y de la UE.

1.8

El CESE considera que, a escala de la UE, se necesita más información acerca de los efectos del consumo nocivo de alcohol sobre un envejecimiento sano y digno.

1.9

El CESE reconoce que las políticas sobre el alcohol deben ser amplias y contemplar distintas medidas que hayan demostrado su capacidad para reducir los daños.

2.1

La Unión Europea tiene competencia y responsabilidad para abordar problemas de salud pública relacionados con el consumo nocivo y peligroso de alcohol sobre la base del artículo 152, apartado 1, del Tratado (4), que dispone que la acción de la Comunidad complementará las políticas nacionales.

2.2

Tras su Recomendación de 2001 sobre el consumo de alcohol por parte de los jóvenes (5), el Consejo invitó a la Comisión a seguir y evaluar los cambios y las medidas que se adoptasen, y a informar sobre la necesidad de nuevas medidas.

2.3

En sus conclusiones de junio de 2001 y de junio de 2004 (6), instó a la Comisión a presentar propuestas para llevar a cabo una estrategia comunitaria global destinada a reducir los daños relacionados con el alcohol y que sirviera de complemento de las políticas nacionales.

2.4

En 2006, la Comisión adoptó la Comunicación titulada: Una estrategia de la Unión Europea para ayudar a los Estados miembros a reducir los daños relacionados con el alcohol (7). Su objeto es «hacer un inventario de las medidas» que ya han sido introducidas por la Comisión y por los Estados miembros, y explica cómo la Comisión puede aumentar su apoyo y complementar las políticas nacionales de salud pública. El CESE considera que la Comunicación dista mucho de constituir una «estrategia global» (8), ya que no proporciona un análisis exhaustivo y transparente de todos los ámbitos políticos relevantes y de las dificultades que las normas del mercado comunitario han planteado a algunos Estados miembros a la hora de mantener unas políticas de calidad en materia de salud pública por lo que respecta al alcohol (9). La estrategia tampoco reconoce que el alcohol es una droga psicoactiva, una sustancia tóxica cuando se consume en exceso y, para algunos, una sustancia adictiva.

2.5

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha confirmado en reiteradas ocasiones que la reducción de los daños relacionados con el alcohol constituye un objetivo importante y válido en materia de salud pública que hay que perseguir con las medidas que se consideren oportunas y de conformidad con el principio de subsidiariedad (10).

2.6

El CESE reconoce el trabajo llevado a cabo por todas las partes integrantes del Foro europeo sobre alcohol y salud desde su creación en 2007. El CESE respalda actuaciones similares a escala local.

3.1

La Unión Europea es la región del mundo donde se consume más alcohol, con once litros de alcohol puro consumido por persona y año (11). El consumo total disminuyó entre los años setenta y mediados de los noventa, y desde entonces se ha mantenido relativamente estable. No obstante, aún existen marcadas diferencias entre países, tanto en términos de consumo como de daños y también en cuanto al tipo de daños que se producen (12), aunque los modelos nocivos de consumo siguen siendo significativos (13).

3.2

La mayoría de los consumidores beben de manera responsable la mayor parte del tiempo. Sin embargo, el CESE manifiesta su preocupación porque, según las estimaciones, 55 millones de adultos de la UE (el 15 % de su población adulta) beben regularmente en cantidades que resultan nocivas (14). Se calcula que el consumo nocivo de alcohol es responsable de cerca de 195 000 muertes al año en la UE como consecuencia de accidentes, enfermedades hepáticas, cánceres, etc. El uso nocivo del alcohol es la tercera causa de muerte prematura y de enfermedad en la UE (15).

3.3

El CESE considera que el consumo nocivo de alcohol por parte de los individuos no es un problema aislado, sino que puede tener más bien una diversidad de causas entre las que se cuentan la pobreza, la exclusión social, el entorno familiar y el estrés provocado por el trabajo.

3.4

Aunque en Europea existen distintos hábitos culturales relacionados con el consumo de alcohol, cabe observar igualmente que existen otros relacionados con un consumo de alcohol nocivo y peligroso, también entre niños y adolescentes (16). El CESE pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan presentes estos modelos nacionales y locales cuando definan las políticas.

3.5

Los niños son especialmente vulnerables a los daños provocados por el alcohol. Se calcula que entre cinco y nueve millones de niños están afectados negativamente por el alcohol en la UE. El alcohol es un factor causante del 16 % de los casos de maltrato y abandono infantil, y cada año nacen alrededor de 60 000 niños con peso insuficiente a causa del alcohol (17).

3.6

El alcohol puede dañar no sólo al individuo, sino también a terceras personas. Asimismo, es preciso ocuparse de los daños relacionados con el alcohol en el lugar de trabajo, en el ámbito de la normativa de salud y de seguridad, que es responsabilidad, sobre todo, del empresario. Las políticas sobre el alcohol en el lugar de trabajo podrían contribuir a reducir los accidentes relacionados con el alcohol y el absentismo laboral y a aumentar la capacidad de trabajo. El CESE insta a los empresarios, sindicatos, entes locales y demás organizaciones competentes a que cooperen estrechamente y emprendan acciones conjuntas para reducir los daños relacionados con el alcohol en el lugar de trabajo.

3.7

El alcohol es un producto muy importante en Europa, ya que crea empleo, genera ingresos a través de los impuestos y contribuye a la balanza comercial. Sin embargo, el consumo nocivo de alcohol también afecta a la economía por el incremento de los costes sociales y de la asistencia sanitaria, y por la pérdida de productividad. Según los cálculos, el coste que generan los daños relacionados con el alcohol a la economía de la UE se elevó a 125 000 millones de euros en 2003, lo que equivale al 1,3 % del PIB (18).

4.1

El CESE pide a la Comisión que reconozca la Carta Europea sobre el Alcohol de la OMS (19), aprobada por todos los Estados miembros de la UE en 1995 y, en particular, el principio ético de que todos los niños y adolescentes tienen derecho a crecer en un entorno protegido de las consecuencias negativas del consumo de alcohol y, en la medida de lo posible, de la promoción de bebidas alcohólicas.

4.2

La recomendación del Consejo de la UE instaba a los Estados miembros a establecer mecanismos eficaces en el ámbito de la promoción, la comercialización y la venta, así como a garantizar que los productos alcohólicos no se diseñaran ni promocionaran con formas atractivas para niños y adolescentes.

4.3

El consumo masivo ocasional (binge drinking) por adultos jóvenes (entre 15 y 24 años) es una preocupación cada vez mayor tanto a escala de la UE como de los Estados miembros. El 24 % de los bebedores de este grupo de edad reconocía haberlo practicado al menos una vez por semana en 2006 (20). La cerveza (40 %) y los licores alcohólicos (30 %) son las bebidas alcohólicas más frecuentemente consumidas entre los adolescentes (21), seguidas por el vino (13 %), los «alcopops» (11 %) (22) y la sidra (6 %). Las promociones en las ventas de alcohol del tipo «happy hour» (hora en la que un establecimiento vende bebidas alcohólicas a precios reducidos) o «dos por uno» también incrementan el consumo de alcohol y las probabilidades de consumo masivo ocasional entre los jóvenes (23). Dando un paso adelante, es necesario que las autoridades sean más estrictas en relación con el límite legal de edad para el consumo de alcohol.

4.4

La publicidad y el marketing del alcohol tienen influencia a la hora de conformar la actitud de los jóvenes ante el alcohol y su percepción del mismo, y de fomentar en ellos expectativas positivas en relación con su consumo (24). Una revisión de los estudios longitudinales realizada por el grupo de ciencias del Foro europeo sobre alcohol y salud ha encontrado reiteradas pruebas que demuestran el impacto de la publicidad del alcohol en el consumo de bebidas alcohólicas por jóvenes no bebedores, y en un aumento del consumo por parte de los bebedores jóvenes. Esta conclusión es aún más preocupante por el hecho de que sólo se haya estudiado una pequeña parte de la estrategia de marketing total (25).

4.5

El CESE manifiesta su preocupación por el hecho de que la publicidad de las bebidas alcohólicas atraiga a los bebedores menores de edad (26), y llama la atención sobre los resultados de diversos estudios según los cuales la televisión y el patrocinio del alcohol llevan a los jóvenes a iniciarse prematuramente en la bebida y a un consumo cada vez mayor (27).

4.6

El Comité de expertos de la OMS considera que los sistemas voluntarios no impiden el tipo de marketing que tiene impacto en los más jóvenes y que la autorregulación parece funcionar únicamente en la medida en que haya una amenaza de regulación gubernamental actual y creíble (28).

4.7

Los agentes de la cadena de bebidas alcohólicas han manifestado su voluntad de desempeñar un papel más dinámico a la hora de hacer cumplir las medidas reguladoras y autorreguladoras (29). Tienen que trabajar conjuntamente con los Estados miembros para garantizar que sus productos se elaboran, distribuyen y comercializan de forma responsable, contribuyendo a reducir los daños relacionados con el alcohol.

4.8

La Directiva de servicios de comunicación audiovisual ayuda a fijar unos criterios mínimos sobre la publicidad de bebidas alcohólicas. Señala que «la publicidad […] de bebidas alcohólicas […] no podrá estar dirigida específicamente a los menores […]; no deberá asociar el consumo de alcohol a una mejora del rendimiento físico [… o] al éxito social o sexual; no deberá sugerir que […] tienen […] un efecto estimulante o sedante o que constituyen un medio para resolver conflictos [personales]» (30). El CESE considera que esta directiva no es suficiente, por sí sola, para proteger por completo a los niños frente al marketing del alcohol.

4.9

El CESE pide que la Comisión declare como objetivo específico que los niños se vean menos expuestos a los productos, la publicidad y las promociones del alcohol, y que se introduzca en el sector una regulación más estricta.

5.1

Cada vez hay un mayor interés en toda Europa por las medidas que cabría adoptar para combatir los daños relacionados con el alcohol. El alcohol es un producto muy importante en Europa, ya que crea puestos de trabajo, genera ingresos a través de los impuestos y contribuye comercialmente a la economía europea. Sin embargo, se calcula que un 15 % del consumo de alcohol produce daños a los individuos y a la sociedad. En 2003, el coste del abuso del alcohol en la UE se elevó a 125 000 millones de euros, el equivalente al 1,3 % del PIB (31).

5.2

Sobre la base del estudio RAND, la tendencia en la UE va hacia un mayor consumo de alcohol fuera de los establecimientos (off-trade), que suele ser más barato que el alcohol que se vende para ser consumido en el establecimiento (on-trade) (32). Sin embargo, es preciso constatar que el estudio se centra únicamente en los precios del alcohol consumido fuera del establecimiento, y no hace una comparación entre los precios del alcohol consumido fuera y dentro de los establecimientos.

5.3

Los estudios muestran que entre 1996 y 2004 el alcohol se hizo más asequible en la UE, llegando a disminuir su precio en más de un 50 % en algunos países (33). Está demostrado que existe una relación directa entre la asequibilidad y el consumo de alcohol en la UE (34).

5.4

Los jóvenes son sensibles a las subidas del precio del alcohol, que llevan a una reducción de la frecuencia del consumo de alcohol y a un consumo de cantidades menores en cada ocasión en que se bebe (35). Sin embargo, otros estudios demuestran que los jóvenes pueden responder al aumento de los precios decantándose por modelos de consumo más nocivos, como el consumo previo (pre-drinking) (36) consistente en consumir un alcohol más barato antes de salir de casa. Esta conclusión tiene repercusiones importantes en la política sobre el alcohol en la UE, en particular dado el crecimiento del consumo nocivo entre los jóvenes.

5.5

Se estima que el 3,8 % de la totalidad de los fallecimientos y el 4,6 % de la totalidad de los años de vida con discapacidad se deben al alcohol. Existe una relación directa entre el consumo de alcohol, por una parte, y las lesiones producidas en accidentes de tráfico y los fallecimientos a consecuencia de estos mismos accidentes, por otra (37). El alcohol es la única causa de algunas enfermedades, como las enfermedades hepáticas y las pancreatitis producidas por el alcohol, y es una causa coadyuvante de otras enfermedades y daños (por ejemplo, ciertos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas y derrames cerebrales o cirrosis hepáticas) (38). El consumo nocivo de alcohol es un factor que contribuye a la delincuencia, a la violencia, a la privación familiar y a un comportamiento sexual arriesgado, así como a las enfermedades de transmisión sexual (39).

5.6

Se estima que el consumo masivo ocasional en la UE es el causante de unos 2 000 homicidios, 17 000 muertes en accidentes de tráfico (es decir, uno de cada tres accidentes de tráfico mortales), 27 000 fallecimientos por accidente y 10 000 suicidios (40).

5.7

Las políticas de precios de los productos alcohólicos pueden actuar como mecanismos eficaces para reducir los daños relacionados con el alcohol (41). No obstante, el CESE considera que la política de precios debería ser tenida en cuenta en el desarrollo de estrategias para poder hacer frente a los daños relacionados con el alcohol de forma duradera, sostenible y multisectorial.

5.8

Las políticas sobre el alcohol deben ser amplias e incluir distintas medidas que hayan demostrado su capacidad para reducir los daños, como las políticas contra el alcohol al volante y las intervenciones basadas en la salud primaria. El CESE reconoce que una única medida no puede resolver los daños relacionados con el alcohol.

5.9

El CESE considera que se necesita una aplicación eficaz de la regulación que organice la disponibilidad, la distribución y la promoción del alcohol. La autorregulación en este ámbito es parte de la solución, pero por sí sola no es suficiente. Debería ser posible restringir las ventas a pérdida y las promociones sin que ello suponga una restricción del comercio o una infracción del Derecho comunitario.

6.1

El destino de Europa depende de la buena salud y de la productividad de su población. Por todo ello, el CESE muestra una gran preocupación por el hecho de que es la juventud la que, en mayor medida, sufre los perjuicios para la salud que ocasiona el consumo nocivo y peligroso de alcohol (42).

6.2

La Comisión reconoce que los niños tienen derecho a una protección eficaz contra la explotación económica y toda forma de abuso (43). El CESE apoya firmemente esta postura.

6.3

El CESE quiere señalar que el consumo nocivo y peligroso de alcohol repercute negativamente no sólo en el bebedor, sino también en otras personas, especialmente en caso de accidentes, lesiones y violencia. El CESE admite que, en las familias, el grupo de riesgo más vulnerable son los niños.

6.4

Se calcula que entre cinco y nueve millones de niños están afectados negativamente por el alcohol, que el alcohol es un factor que contribuye al 16 % de los casos de maltrato y abandono infantil, además de contribuir a que cada año nazcan alrededor de 60 000 niños con peso insuficiente (44). Otros de sus efectos negativos para los niños son la pobreza y la exclusión social, que pueden afectar a su salud, educación y bienestar, ahora o en el futuro.

6.5

La violencia doméstica, que representa un grave problema en numerosos países (45), guarda una estrecha relación con problemas de consumo elevado de alcohol por parte del agresor (46). Aunque pueden producirse casos de violencia doméstica sin que esté presente el alcohol, su consumo elevado puede contribuir a la violencia entre determinadas personas. Una reducción del consumo masivo es beneficiosa para las víctimas y los autores de la violencia, y para los niños que viven en esas familias.

6.6

El alcohol puede afectar a los niños incluso antes de nacer. El conjunto de problemas causados por el alcoholismo fetal (ETCAF) describe un conjunto de defectos permanentes de nacimiento (físicos, cognitivos y de comportamiento) causados por el consumo materno de alcohol durante el embarazo.

6.7

La sensibilización sobre el ETCAF y sus efectos es lenta. La difusión de ejemplos basados en casos reales de programas preventivos de reducción de los daños relacionados con el alcohol durante el embarazo es crucial. El CESE apoya la utilización de campañas específicas de la UE y de los gobiernos nacionales destinadas a elevar el grado de sensibilización sobre el riesgo de ETCAF.

7.1

Las personas de edad avanzada son más sensibles a los efectos del alcohol. Los problemas específicos incluyen la pérdida de equilibrio y el riesgo de caídas, siendo así que el inicio de los problemas de salud puede hacer a estas personas más propensas al alcohol. Aproximadamente un tercio de las personas de edad avanzada desarrolla por primera vez problemas con la bebida de forma tardía, a menudo a consecuencia de la pérdida de seres queridos, el empeoramiento de la salud física, la dificultad de movimientos o el aislamiento social (47).

7.2

El consumo nocivo de alcohol puede afectar a la salud mental de las personas de edad avanzada, y se manifiesta en forma de ansiedad, depresión o confusión.

7.3

Los trastornos relacionados con el consumo de alcohol son frecuentes entre las personas de edad avanzada, particularmente en el caso de varones socialmente aislados que viven solos (48). El consumo problemático del alcohol va unido a una amplia variedad de dificultades de salud: físicas, psicológicas, sociales y cognitivas. Cerca de un 3 % de los mayores de 65 años sufren de este tipo de trastornos (49), aunque en muchos casos no se detectan debido a que los criterios de diagnóstico y escrutinio están orientados a adultos de menos edad. Sin embargo, tratar los problemas de alcohol en personas de edad avanzada suele ser más sencillo que tratarlos en adultos más jóvenes.

7.4

El alcohol puede aumentar los efectos de determinados medicamentos y reducir los de otros. Es importante lograr una mayor sensibilización por parte de los profesionales de la asistencia, los cuidadores informales y los ciudadanos de más edad sobre las posibles interacciones entre medicación y alcohol.

7.5

El CESE considera que es necesario hacer aún más a escala de la UE para abordar el problema del bienestar de la población de la UE, que envejece, incluyendo información sobre los efectos del consumo nocivo de alcohol en un envejecimiento sano y digno.

23.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/15

1.1

El mérito de la cuestión planteada por la Presidencia sueca sobre la relación entre igualdad de género, crecimiento y empleo estriba en que permite tener perspectiva. El tema de la igualdad de género se ha tratado, en efecto, en un número considerable de informes y estudios, así como en directivas, leyes, recomendaciones y acuerdos. Sin embargo, la realidad resiste y las desigualdades persisten, pues constituyen una herencia de los siglos pasados y sólo hace 50 años que se combaten. Si bien ahora la igualdad de género se inscribe en las leyes, aún queda por cambiar las mentalidades, así como los comportamientos individuales y colectivos. El presente Dictamen propone cambiar de perspectiva, especialmente en tres ámbitos: la organización del tiempo de trabajo, el reconocimiento de la cualificación de los empleos de servicios a las personas y el carácter mixto del empleo tanto en sectores profesionales como en puestos decisorios.

1.2

Las recomendaciones del CESE se dirigen, pues, a los Estados miembros, a la Comisión y a los interlocutores sociales, así como al conjunto de los agentes de la sociedad.

A los Estados miembros:

1.3

El crecimiento se mide por el aumento del PIB. Ahora bien, este indicador es insuficiente para reflejar la contribución económica de las mujeres. A fin de examinar las relaciones entre igualdad de género y crecimiento, habría que revisar el instrumento para calcular este último.

1.4

La igualdad de género debe ser considerada como un medio para:

A la Comisión:

1.5

El Comité solicita a la Comisión que controle y evalúe los esfuerzos de los Estados miembros a la hora de poner en práctica la hoja de ruta para la igualdad entre hombres y mujeres y constituya una plataforma para el intercambio de buenas prácticas y experiencias.

A los interlocutores sociales:

1.6

El Comité solicita a los interlocutores sociales que pongan en práctica su marco común de acciones en materia de igualdad de género concentrándose en el cometido de ambos géneros, la promoción de la mujer en el proceso decisorio, el apoyo al equilibrio entre el trabajo y la vida privada y la reducción de las diferencias de remuneración;

1.7

que mejoren los conocimientos y los instrumentos para la lucha contra la segregación de los puestos de trabajo y a favor del carácter mixto de los mismos;

1.8

que profesionalicen los puestos de asistencia a las personas mediante un mejor reconocimiento de las competencias necesarias para ejercerlos.

A todos los agentes de la sociedad civil y a los responsables políticos:

2.1

La necesidad de medidas para mejorar la participación de las mujeres en el mercado laboral es parte integrante de la Estrategia de Lisboa, en virtud de la cual Europa deberá evolucionar hacia una sociedad más competitiva basada en el conocimiento.

2.2

El informe presentado por la Comisión en 2008 sobre la igualdad entre hombres y mujeres en Europa (1) indica: «El empleo femenino ha sido el principal factor del crecimiento continuo del empleo en la Unión Europea en estos últimos años. Entre 2000 y 2006, el empleo en la EU-27 aumentó en casi doce millones de personas, de las cuales más de 7,5 millones fueron mujeres (…). Así, la tasa de empleo de las mujeres con hijos a cargo no supera el 62,4 %, frente al 91,4 % de los hombres, lo que representa una diferencia de 29 puntos. Más de tres cuartas partes de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres (76,5 %), lo que equivale a una de cada tres mujeres, frente a menos de uno de cada diez hombres.»

2.3

Según el informe de 2009 (2), la tasa de empleo de las mujeres es del 58,3 % frente al 72,5 % en el caso de los hombres, mientras que la tasa de empleo femenino a tiempo parcial es del 31,2 % frente al 7,7 % para los hombres; asimismo, señala el predominio de las mujeres en los sectores en los que el empleo está menos remunerado, y subraya el reparto desigual en materia de cargos importantes en las instituciones y empresas.

2.4

Si bien aún no se ha alcanzado la igualdad de género, la situación de las mujeres trabajadoras es una de las mejores del mundo, pues hay que reconocer que la Unión Europea se ha consagrado a esta cuestión desde el principio y ha puesto en práctica instrumentos estadísticos, estudios, análisis y legislación.

2.5

Pese a los progresos y resultados positivos registrados, el potencial económico de las mujeres no se ha visto suficientemente valorizado. Y, por otra parte, la crisis económica y financiera internacional sin precedentes tendrá probablemente un impacto diferente en las mujeres que en los hombres, dada su diferente situación en la esfera económica, social y familiar.

2.6

Como quiera que se han llevado a cabo numerosos trabajos, se han formulado muchas recomendaciones, y las instituciones e interlocutores sociales europeos han adoptado algunas decisiones –en nueve años el Comité ha aprobado catorce dictámenes sobre asuntos relativos a la igualdad de género (3) -, el presente Dictamen opta por no tratar la totalidad de la cuestión de la igualdad de género, y limita su ámbito a sus relaciones con el crecimiento y el empleo, centrándose en los objetivos establecidos por la Estrategia de Lisboa respecto al aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo (4).

3.1.1

El aumento del empleo femenino ha sido continuo desde los años sesenta. A partir de los años setenta se dio un gran paso hacia la igualdad de género, con el acceso masivo de las mujeres a un puesto de trabajo. Una vez que ha sido posible para las mujeres elegir su maternidad y acceder a estudios superiores, han querido, al igual que los hombres, utilizar sus competencias en la sociedad y no sólo en el entorno familiar, así como adquirir una autonomía financiera. El trabajo remunerado constituye un ingreso personal, más garantías en materia de seguridad social y jubilación y una protección contra la pobreza en caso de separación, divorcio o viudez.

3.1.2

El acceso de las mujeres al empleo ha creado nuevas necesidades que el mercado ha debido satisfacer. Las mujeres trabajaban en casa, lo que no se contabilizaba en el PIB. Cuando las mujeres han salido de la esfera doméstica, se han generado nuevos puestos de trabajo para llevar a cabo las tareas que efectuaban en casa, como, entre otras, el cuidado de los niños y las labores domésticas.

3.1.3

La incorporación de la mujer al mercado de trabajo ha creado necesidades que han contribuido al desarrollo económico. Cuando las mujeres han ocupado un puesto de trabajo, las parejas se han dotado de electrodomésticos y dos automóviles, han adquirido platos cocinados preparados, al tiempo que niños y padres han tomado una comida en el exterior, las familias han necesitado servicios y estructuras de alojamiento para los enfermos, las personas con discapacidad y de edad avanzada de las que antes se ocupaban las mujeres en el hogar, así como para la asistencia a la infancia fuera del horario escolar. Con dos salarios, las parejas han podido adquirir una vivienda y disfrutar de actividades culturales. Así se ha creado empleo en la industria (electrodomésticos, automóviles, sector agroalimentario), en la restauración colectiva, en los sectores sanitarios y sociales y paraescolares, en la infancia y la educación, en la construcción, el turismo, el ocio, la cultura, el transporte de viajeros, etc.

3.1.4

Desde hace cuarenta años, este movimiento de transformación del trabajo doméstico en puestos de trabajo constituye un motor del crecimiento. Pero ¿se trata de crecimiento real o sólo de la forma en que se calcula el crecimiento? La economía no conoce el trabajo doméstico y familiar, tan necesario, sin embargo, para el funcionamiento de la sociedad, lo que lleva a preguntarse sobre el modo de calcular el crecimiento.

3.2.1

Según un análisis de la UE (5), la aportación de la igualdad de género a la economía no debe medirse solamente desde el punto de vista de una mejor rentabilidad de las empresas. Se trata de una inversión productiva en el progreso económico global, en el crecimiento y el empleo. La igualdad de género puede contribuir al desarrollo: 1) mediante una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, con el consiguiente mejor uso de su inversión en educación y formación, 2) mediante una mayor independencia económica, 3) mediante una mejor integración de las mujeres en el sistema fiscal, participando así en el bienestar colectivo.

3.2.2

Si bien se considera que la contribución a la economía es superior al enfoque empresarial y a la gestión de la diversidad en las empresas, existen ciertas pruebas de unos resultados económicos positivos derivados del enfoque empresarial. Las empresas que tienen más mujeres en la dirección son más rentables.

3.2.3

Las políticas de igualdad pueden verse como una inversión eficaz en recursos humanos, incluso si los objetivos del desarrollo económico se limitan al crecimiento económico. Desde la perspectiva de la inversión, las políticas de igualdad pueden repercutir positivamente en las personas, las empresas, las regiones y los países. Un mejor aprovechamiento de las mujeres con educación superior también encierra posibles beneficios económicos.

3.2.4

Una mayor independencia económica de la mujer resulta beneficiosa por la contribución de ésta al consumo de bienes y servicios en la economía y al poder adquisitivo de la familia. La contribución económica de las mujeres debería tener un mayor reconocimiento en las políticas económicas de ámbito nacional, regional y local.

3.3.1

En el momento en que las crisis económica y ecológica imponen decantarse por el tipo de desarrollo más deseable, algunos cuestionan el PIB como único indicador del crecimiento. Habría que tomar en consideración otros indicadores (6).

3.3.2

Independientemente de los indicadores, la situación de las mujeres sigue sin ser igual a la de los hombres, lo que representa un coste para la sociedad. Si bien los Estados invierten tanto en la educación de los niños como de las niñas –sin embargo, el 60 % de los licenciados de las universidades europeas son chicas-, no es lógico que no apoyen más a las mujeres en el mercado de trabajo. La igualdad de gasto público en educación para hombres y mujeres debería permitir a las mujeres alcanzar las mismas responsabilidades y remuneración que los hombres. Las mujeres deben aprovechar las transformaciones actuales para adquirir las nuevas competencias necesarias para los nuevos empleos. Sin embargo, la contribución de las mujeres, su elevado nivel de educación y su potencial para responder a las futuras necesidades del mercado laboral siguen sin reconocerse y sin valorarse como es debido.

3.3.3

Luchar contra la desigualdad de género no sólo es una cuestión ética, sino que supone una mejor gestión de los recursos humanos. Un mayor número de mujeres empleadas creará más riqueza, supondrá un mayor consumo de bienes y servicios y contribuirá a un aumento de los ingresos fiscales. Los equipos de trabajo mixtos constituyen un importante potencial de innovación. Dar a las parejas los medios necesarios para llevar a efecto su deseo de tener hijos, permitiendo a los padres mantener su empleo, es luchar contra el déficit demográfico. Si Europa quiere invertir en el aspecto humano, debe afrontar ante todo las desventajas de las mujeres (7).

3.3.4

El potencial de evolución de las mujeres se ve frenado, en particular, por:

3.3.5

Centrarse en las condiciones de acceso y mantenimiento de las mujeres en el mercado de trabajo, así como superar la diferencia salarial entre hombres y mujeres promete más crecimiento y mejor empleo, una prevención contra la pobreza y un menor coste de la «reparación social». La pobreza en Europa se concentra en la categoría de las mujeres solas con hijos (9).

3.3.6

En el anterior reparto de funciones, el hombre percibía unos ingresos que financiaban el trabajo familiar, social y doméstico de su esposa. Cuando las parejas tienen dos salarios, no dedican uno de los dos a la financiación de los servicios para efectuar las labores que realizaba la mujer en el hogar, sino que se decantan por el consumo de bienes materiales.

3.3.7

El trabajo gratuito de la mujer en el hogar no tenía precio, pero al transformarse en trabajo asalariado, tiene un coste que los usuarios no están dispuestos a pagar o no pueden pagar. Niñeras, ayudas familiares y asistentas domésticas reciben los salarios más bajos, a tiempo parcial, con múltiples empleadores (son los particulares los que actúan como empleadores durante algunas horas por semana) y, en la mayoría de los casos, forman parte de la economía informal. El trabajo doméstico es el sector más importante de trabajo no declarado en Europa.

3.3.8

Los padres confían su bien más preciado, su bebé, a personas mucho menos remuneradas que la media, si bien desean que su nivel de competencia sea elevado. Del mismo modo, a una asistenta doméstica se le entrega la llave de casa, sin abonarle por ello el salario de la confianza. La cualificación es difícil de reconocer, porque las familias juzgan «fácil» una tarea que pueden hacer ellas mismas. Sin embargo, si ocuparse de sus hijos no es un oficio, ocuparse de los hijos de otros sí lo es (conocimientos en psicología, dietética e higiene, así como concentración, escucha, atención, vigilancia permanente, etc.); las competencias requeridas, consideradas frecuentemente como «naturalmente» femeninas y, por ello, ignoradas en el ámbito profesional, suelen transmitirse de manera informal en la familia en lugar de enseñarse en la escuela.

—

la tasa de empleo de las mujeres puede aumentar, lo que creará necesidades suplementarias de servicios;

—

los salarios femeninos pueden verse revalorizados, lo que creará poder adquisitivo, capacidad suplementaria de consumo e ingresos fiscales;

—

las mujeres podrán ocupar más puestos políticos y decisorios, lo que tendrá un efecto positivo en los resultados de las empresas e instituciones;

—

más mujeres emprendedoras aportarán más valor añadido y contribuciones financieras a la economía a través de la innovación y la creación de empleo.

4.2.1.1

El principal obstáculo a la igualdad de género es actualmente la segregación de empleo. Hay profesiones masculinas y profesiones femeninas. Los salarios de las ramas profesionales femeninas suelen ser más bajos. Y también están más difundidos el trabajo a tiempo parcial no elegido y la precariedad.

4.2.1.2

Mientras una profesión esté reservada a un sexo, se mantendrán los estereotipos. Ya se ha demostrado que hombres y mujeres pueden ejercer todos los oficios. Algunas profesiones que durante mucho tiempo han estado dominadas por los hombres (la docencia, la judicatura y la medicina general) son hoy patrimonio de las mujeres. ¿Por qué es tan difícil instalar un equilibrio de género en el empleo? Hay que aumentar los conocimientos a este respecto para combatir la segregación laboral y promover el carácter mixto del empleo. Ello permitirá también evitar la escasez de mano de obra de la que son víctimas algunos sectores.

4.2.1.3

Los obstáculos al carácter mixto de los puestos de trabajo y de las funciones se han impuesto inconscientemente y están vinculados a la representación de los papeles de hombres y mujeres. Están arraigados en el sistema educativo, con la elección de profesiones diferentes para niños y niñas. Los padres y el personal docente deben tener más en cuenta las consecuencias de las decisiones de los jóvenes a la hora de decantarse por una profesión. Los representantes de la patronal y los sindicatos que participan en las negociaciones para establecer los sistemas de clasificación e imponer una jerarquía de las cualificaciones en las negociaciones salariales desempeñan un papel esencial y deben conocer el valor de las competencias adquiridas en la esfera doméstica y familiar. Las funciones directivas tampoco son mixtas. Habrá que adoptar medidas en las grandes empresas y las altas esferas de la administración para fomentar una mayor composición mixta.

4.2.2.1

Las labores de asistencia a las personas deben constituir verdaderas profesiones, con una cualificación reconocida, una adecuada formación, un diploma y una carrera propiamente dicha. A fin de salir de la relación individual entre el particular y la ayuda familiar, hay que crear empresas y servicios públicos de asistencia a las personas. Las familias ya no deben ser empresarias, sino clientes o usuarias que compran o reciben algunas horas de ayuda doméstica, de asistencia a las personas de edad avanzada o cuidados a niños, de apoyo escolar, etc. Habría que generalizar un sistema ya implantado en algunos países europeos, en virtud del cual la empresa o el servicio público que proporciona el empleo es responsable de la seguridad de los bienes y de las personas y debe comprobar la cualificación de los asalariados que trabajan a domicilio. Así éstos sólo tienen un empleador, son remunerados por el tiempo de transporte entre dos domicilios y tienen acceso a la formación profesional y a todas las garantías colectivas. Hay que elaborar un marco europeo de referencias para los empleos de asistencia a domicilio, en el que tengan cabida las dimensiones psicológicas de estas funciones (confianza, empatía, atención, escucha, vigilancia, etc.), así como los conocimientos indispensables (dietética, repercusión de los productos utilizados en la salud y el medio ambiente, etc.), y no sólo la dimensión material y técnica de los trabajos domésticos.

4.2.2.2

El reconocimiento de la cualificación encarece el coste de los servicios, que ya actualmente la mayoría de las familias no pueden asumir, por lo que una financiación pública y de las empresas –siempre que forme parte de los acuerdos empresariales– podría hacer estos servicios más accesibles para todos.

4.2.2.3

La profesionalización de los empleos de asistencia a las personas y el cobro de mejores salarios permitirán desarrollar el carácter mixto de los mismos. Cuando los hombres quieran ejercer labores de asistencia doméstica, cuidado de niños y asistencia familiar, se habrá dado un gran paso hacia la igualdad de género.

4.2.3.1

Los padres dedican menos tiempo que las madres a las labores familiares y domésticas. Sensibilizar a los padres respecto de la importancia de su papel con sus hijos, incitar a los hombres a asumir su responsabilidad con sus padres de edad avanzada y los enfermos de la familia es una de las condiciones para la igualdad.

4.2.4.1

Desarrollar la asistencia a la infancia no debe considerarse como un coste, sino como una inversión. Según Gösta Esping-Andersen (10), a largo plazo, las madres que trabajan restituyen la subvención gracias al aumento de sus ganancias a lo largo de su vida y a los impuestos que pagan. Esta aportación reembolsa la ayuda pública inicial y tiene efectos benéficos para la infancia. Esta inversión permitirá así atajar el declive demográfico de Europa.

4.2.5.1

El desarrollo de estos servicios pasa por una financiación mutualizada (Estado, empresas y clientes) (11). Recientes acuerdos entre las empresas proponen asistencia a las personas como alternativa a los aumentos de sueldo. Proponer servicios que permitan conciliar mejor la vida personal y la vida profesional forma parte de la responsabilidad social de las empresas.

4.2.6.1

Los servicios no pueden ser suficientes para conciliar la vida profesional y familiar. Criar y educar niños requiere tiempo durante una parte de la vida. Si bien el trabajo a tiempo parcial, como decisión voluntaria, puede ayudar a las personas encargadas de una familia a conciliar mejor su vida profesional, familiar y privada, no debe fragilizar la posición de las mujeres en el empleo, y en la vida, sobre todo cuando son cabeza de familia, ni disuadir a los padres de invertir tiempo en la vida familiar. Los dos progenitores deben poder ocuparse de sus hijos.

4.2.6.2

Otros miembros de la familia necesitan tiempo: personas que están viviendo sus últimos días, enfermos y padres de edad avanzada. En un momento en que se están reformando todos los sistemas de jubilación, hay que abandonar una visión de la vida dividida en tres períodos: los estudios, el trabajo y la jubilación. Todos deben poder estudiar a lo largo de su vida y disponer de un crédito de tiempo suficiente para sus actividades familiares, sociales, asociativas, políticas y ciudadanas. Debería brindarse la posibilidad de optar por retrasar la edad de jubilación si se prefiere tomarse algún tiempo libre (pagado como en el caso de la jubilación) durante su vida activa.

4.2.7.1

Las mujeres están subrepresentadas en todos los puestos directivos, las responsabilidades políticas, las altas esferas de la administración y en la dirección de las grandes empresas, mientras que las empresas que tienen una mayor proporción de mujeres en su comité de dirección son también las que tienen mejores resultados financieros. Las mujeres crean menos empresas y no suelen ser jefas de empresa. Los hombres están subrepresentados en la esfera familiar y utilizan menos su permiso parental.

4.2.7.2

Las mujeres que se han impuesto en un medio masculino podrían orientar a las mujeres que aspiren a la misma carrera (tutoría). Puede que sea necesario imponer medidas vinculantes: las grandes instituciones públicas y grandes empresas privadas deberían adoptar medidas para garantizar un número significativo de mujeres entre sus directivos.

—

24.3.2009 acerca de la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma, y por la que se deroga la Directiva 86/613/CEE», ponente: Sra. SHARMA (DO C 228 de 22.9.2009),

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13.5.2009 sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia», ponente: Sra. HERCZOG, CESE 882/2009, (DO C 277 de 17.11.2009),

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22.4.2008 sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Actuar contra la diferencia de retribución entre mujeres y hombres», ponente: Sra. KÖSSLER (DO C 211 de 19.8.2008),

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11.7.2007 sobre «Empleabilidad y espíritu de empresa – El papel de la sociedad civil, los interlocutores sociales y los organismos regionales y locales desde el punto de vista del género», ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS (DO C 256 de 27.10.2007),

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11.7.2007 sobre «El papel de los interlocutores sociales en la conciliación de la vida profesional, familiar y privada», ponente: Sr. CLEVER (DO C 256 de 27.10.2007),

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12.7.2007 sobre el tema «Empleo para las categorías prioritarias (Estrategia de Lisboa)», ponente: Sr. GREIF (DO C 256 de 27.10.2007),

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13.9.2006 sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010», ponente: Sra. ATTTARD (DO C 318 de 23.12.2006),

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14.2.2006 sobre la «Representación de la mujer en los órganos decisorios de los grupos de interés económico y social de la Unión Europea», ponente: Sr. ETTY (DO C 88 de 11.4.2006),

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14.2.2005 sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) – Hacia una sociedad justa», ponente: Sra. HERCZOG (DO C 65 de 17.3.2006),

—

29.9.2005 sobre «Las mujeres y la pobreza en la Unión Europea», ponente: Sra. KING (DO C 24 de 31.1.2006),

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28.9.2005 sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género», ponente: Sra. ŠTECHOVÁ (DO C 24 de 31.1.2006),

—

15.12.2004 sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación», ponente: Sra. SHARMA (DO C 157 de 28.6.2005)

—

3.6.2004 sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres al acceso a bienes y servicios y su suministro», ponente: Sra. CAROLL (DO C 241 de 28.9.2004),

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25.1.2001 sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo», ponente: Sra. WAHROLIN (DO C 123 de 25.4.2001).

23.12.2009   

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C 318/22

1.10.1

Por ello, el CESE pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la creación de registros estadísticos de las empresas anteriormente mencionadas. En particular, la elaboración de sus cuentas satélite, según los criterios armonizados por el Sistema Europeo de Cuentas (SEC-1995) en el «Manual for drawing up the satellite accounts of Companies in the Social Economy: Cooperatives and Mutual Societies» (1) y en el «Informe del CESE sobre la Economía Social en la Unión Europea» (2).

2.4.1

También puede ocurrir que algunas grandes empresas no tengan socios accionistas y sus beneficios financieros se destinen a la reinversión o al cumplimiento de fines sociales de interés general, como ocurre en las cajas de ahorros de algunos países europeos (7).

2.4.2

Además, en algunas PYME y microempresas enraizadas en el ámbito local, la generación de valor no se traduce únicamente en beneficios económicos sino en un propósito social, como las condiciones de trabajo, la autogestión, etc.

2.9.1

En general, debería haber apoyo a las PYME, que no se consigue sólo a través del Small Business Act  (11). Las PYME constituyen frecuentemente una vía para el mantenimiento del empleo ya que los grupos de interés que promueven y controlan estas empresas son ciudadanos vinculados al territorio en el que actúan, habiendo demostrado una gran capacidad para crear y mantener empleo. Las PYME «constituyen las incubadoras naturales de la cultura empresarial», escuelas permanentes de formación de directivos y jefes de empresa.

3.2.1

Sean grandes o pequeñas, estas empresas se localizan en aquellos territorios y/o ámbitos sociales en los que existen problemas y desafíos que amenazan el mercado interior y la cohesión social, internalizando costes sociales y generando externalidades positivas.

3.2.2

Por su enraizamiento en las comunidades locales y por la prioridad dada en sus objetivos de satisfacer las necesidades de las personas, estas empresas no se deslocalizan, combatiendo de forma eficaz la despoblación de zonas rurales y contribuyendo al desarrollo de las regiones y municipios desfavorecidos (23).

3.6.1

Algunos de los sectores citados ya han participado en el diálogo sectorial, como por ejemplo la Asociación de Cooperativas de Seguros y Mutualidades Europeas (AMICE) en el sector de seguros, y algunos miembros de Cooperatives Europe  (26), como la Asociación Europea de Bancos Cooperativos (EACB) y la Agrupación Europea de Cajas de Ahorro (ESBG), en el sector bancario (27).

4.1.1

La configuración y el desarrollo del mercado interior no pueden subordinar los fines a los medios, por lo que deberá establecerse un marco jurídico y reglamentario adaptado a las características de los diferente agentes económicos que actúan en el mercado, a fin de que se logre la igualdad de condiciones entre todas las diferentes formas de empresa teniendo en cuenta las características de cada una de ellas. En la actualidad, este marco está destinado por lo general a grandes empresas que cotizan en bolsa, y su aplicación a todos los tipos de empresas crea obstáculos para las empresas más pequeñas. Este marco debería alentar de forma efectiva a los operadores a comportarse de manera eficiente, lo que contribuirá a hacer el sistema más justo. Este marco tiene su expresión en los ámbitos del derecho de sociedades, derecho contable, de la competencia, fiscal, armonización estadística y política de empresa.

4.2.1

Las sociedades anónimas europeas y las cooperativas tienen sus propios estatutos jurídicos, pero otras modalidades de empresa se enfrentan a diversas barreras en el mercado interior debido a la inexistencia de estatutos jurídicos europeos. Las PYME europeas están necesitadas de una legislación europea ágil y flexible que les facilite el desarrollo de sus actividades transfronterizas. Asimismo, las cooperativas requieren una simplificación del reglamento de la Sociedad Cooperativa Europea (SCE), cuya complejidad ralentiza su desarrollo.

4.2.2

La ausencia de cobertura jurídica impide a las fundaciones que operan a nivel europeo actuar en condiciones de igualdad con otras formas jurídicas de empresa. Por ello, el CESE se felicita por los resultados del estudio de viabilidad para un Estatuto de la Fundación Europea y solicita a la Comisión que concluya la evaluación de impacto a comienzos de 2010 presentando una propuesta de reglamento que permita a las fundaciones de ámbito europeo operar en pie de igualdad en el mercado interior (28).

4.2.3

Por similares razones, el CESE solicita a la Comisión que inicie los trabajos para aprobar sendos estatutos europeos de las asociaciones y de las mutualidades.

4.3.1

Las normas contables deben adaptarse a las distintas formas de empresa. Otro ejemplo de limitaciones ligadas al derecho contable son los obstáculos que está planteando la introducción del nuevo sistema contable internacional (International Accounting System, IAS) en las empresas que cotizan en bolsa. El proceso de armonización contable europea no puede hacerse a costa de eliminar las características esenciales de alguna de las diferentes clases de empresas existentes en la Unión Europea.

4.3.2

En el caso concreto de las cooperativas se hace patente la dificultad de articular un concepto de fondo propio de aplicación general e indiscriminada, que podría tener consecuencias negativas y destructoras de la diversidad empresarial. El CESE exhorta a la Comisión a respetar la identidad de las cooperativas en materia contable de modo que el capital social de los socios sea considerado como fondo propio de las cooperativas y no como deuda mientras que el socio no se convierta en acreedor al darse de baja (29).

4.3.3

El Comité está de acuerdo con la recomendación del «Grupo de Larosière» (30) que sostiene que las normas no debería estar sesgadas según los modelos de negocio, promover el comportamiento procíclico o desalentar la inversión a largo plazo y la estabilidad de las empresas.

4.4.1

Cada forma jurídica de empresa debe poder desarrollar sus actividades conservando sus peculiaridades operativas. Así, el derecho de la competencia no puede basarse en un modelo único y uniforme de espíritu emprendedor, y debe evitar comportamientos discriminatorios y valorizar las buenas prácticas a nivel nacional. No se trata de establecer privilegios sino de promover un derecho de la competencia equitativo, por lo que el CESE, de conformidad con anteriores dictámenes (31), propugna que las normas de la competencia y las de carácter tributario regulen compensatoriamente los costes diferenciales de las empresas que no estén vinculados a procesos productivos ineficientes, sino a la internalización de costes sociales.

4.4.2

Algunos instrumentos de las políticas de competencia no son neutrales respecto a las diversas formas de empresa por lo que, como ha señalado el CESE, «el sector de la economía social requiere soluciones a la medida en lo referente a la fiscalidad, contratación y normas de la competencia» (32). Así, por ejemplo, el apoyo público a actividades privadas de inversión en I+D+i para aumentar la competitividad del sistema productivo favorece principalmente a las empresas de gran dimensión, que son las que más desarrollan estas actividades. También la mayor libertad de elección de las grandes empresas en la localización de las plantas productivas les permite aprovechar mejor las inversiones públicas en infraestructuras de apoyo al sector productivo. En ocasiones, esto genera desventajas competitivas a las empresas de pequeño tamaño, con pocas posibilidades reales de elegir entre diferentes alternativas de localización empresarial.

4.4.3

Las normas de la competencia también deben contemplar la singularidad de las empresas sociales, que producen y distribuyen bienes y servicios de no-mercado a personas excluidas o en riesgo de exclusión social, y que incorporan a sus procesos productivos importantes recursos de carácter altruista.

4.5.1

Con frecuencia, en algunos Estados miembros, algunas empresas se ven sometidas a situaciones de desigualdad competitiva por causas ajenas a los procesos productivos propiamente dichos y que se derivan de fallos de asignación del mercado (33), es decir, de situaciones en las que el propio mercado es ineficiente, asignando los recursos de manera no óptima. El CESE apoya el proyecto de directiva sobre tasas reducidas de IVA para los servicios suministrados a nivel local que conciernen fundamentalmente a las PYME y reitera su conformidad con el principio formulado por la Comisión según el cual las ventajas fiscales concedidas a un tipo de sociedad deben ser proporcionales a las limitaciones jurídicas o al valor social añadido inherente a dicha fórmula (34). En consecuencia, el CESE pide a la Comisión que anime a los Estados miembros a que estudien la posibilidad de conceder medidas compensatorias a las empresas sobre la base de su utilidad pública comprobada o de su contribución constatada al desarrollo regional (35). En especial, se deberían buscar soluciones para el problema que se genera a las organizaciones no lucrativas ante la imposibilidad de que recuperen el IVA pagado en la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de sus actividades ligadas al interés general, en aquellos países en que esta situación suponga un problema. Igualmente cabe mencionar los regímenes fiscales que se aplican a las ONG que realizan actividades económicas no vinculadas a fines de interés general.

4.5.2

En la actualidad, las PYME tienen pocas oportunidades reales para invertir en I+D+i, que es un elemento importante para la eficiencia en la producción y para mantener la competitividad empresarial. Esto crea una situación de desventaja competitiva que debe ser equilibrada mediante ventajas fiscales que premien la inversión de las PYME en este campo. Las recomendaciones incluyen una rica gama de medidas compensatorias, entre las que podrían mencionarse, según cada Estado, desgravaciones fiscales extraordinarias para inversiones múltiples en I+D, reembolsos en caso de ausencia de beneficios y reducciones de las cargas sociales. Habida cuenta del papel estratégico que desempeñan las PYME en la economía comunitaria, el CESE recomienda que cada Estado miembro utilice una combinación óptima de medidas compensatorias para facilitar la supervivencia y el crecimiento de las PYME en su economía. Con diferencia, el impacto más importante que tienen estos programas es la manera en que pueden respaldar el desarrollo de PYME especializadas en I+D durante los primeros años de su existencia

4.6.1

Las magnitudes agregadas de las diferentes modalidades de empresa son elaboradas en los Estados miembros y en la UE siguiendo criterios homologados por el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-1995). Sin embargo, las estadísticas económicas sobre las cooperativas, mutualidades, asociaciones, fundaciones y otras empresas similares son muy limitadas y están elaboradas con criterios heterogéneos, lo que dificulta la realización de análisis y la evaluación de su contribución a los grandes objetivos macroeconómicos. Por esta razón, y por encargo de la Comisión, se ha redactado un «Manual» (36) que permitirá construir registros estadísticos nacionales de estas empresas sobre la base de criterios homogéneos en términos de contabilidad nacional. El CESE solicita que se utilicen estos nuevos instrumentos de análisis para elaborar estadísticas armonizadas de las empresas citadas en todos los países de la Unión Europea y para implementar políticas más eficaces respecto de las mismas.

También es aconsejable establecer la metodología que permita impulsar en el ámbito europeo un observatorio de las microempresas.

23.12.2009   

ES

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C 318/29

—

establezcan un proceso de desarrollo económico (estructuración de los sectores de producción, organización de ramas de actividad, etc.);

—

constituyan un proceso de desarrollo social (creación de estructuras sanitarias, educativas, etc.);

—

se adapten a la gestión del medio ambiente (defensa de la biodiversidad, gestión de las emisiones de CO2, etc.).

1.4.1

Estas certificaciones pretenden respetar el carácter pluridimensional del comercio justo:

1.4.2

A pesar de los avances constatados en la autorregulación, el CESE quiere llamar la atención sobre la necesidad de basar el modelo en el esquema de certificación europeo que, entre otros principios, parte de la necesidad de someter el cumplimiento de las especificaciones técnicas a un control externo, realizado por un organismo independiente y acreditado a tales fines. Todo ello, evidentemente, sin menoscabo del obligado cumplimiento de las disposiciones legales generales para la puesta en el mercado de los productos alimenticios.

2.1

El presente Dictamen se refiere de manera específica al comercio justo propiamente dicho, es decir, la asociación comercial alternativa que establece un vínculo entre el productor y el consumidor, tal como ha sido constituido en las últimas décadas por el movimiento del comercio justo. Hay otros programas de garantía del carácter más o menos sostenible de las actividades comerciales, pero no se tratan aquí, porque estos programas no responden a todos los criterios del comercio justo enumerados en el punto 1.4.1.

2.2

El comercio justo se ha desarrollado con la aspiración de establecer relaciones económicas con los productores de los países en desarrollo marginados en los intercambios comerciales internacionales. Dado que el comercio justo se inscribe en una perspectiva de desarrollo sostenible, plantea importantes retos de sociedad en los países del Sur. Quiere contribuir a reducir la pobreza, especialmente mediante su apoyo a las organizaciones de productores. En los países del Norte, intenta fomentar un modelo de consumo más sostenible.

2.3

Este sector, que todavía es joven y en plena evolución, registra un crecimiento importante y es objeto de una atención cada vez mayor por parte de los consumidores europeos.

2.4

No obstante, todavía falta por consolidar la confianza de los consumidores, dado que, incluso si están a favor del concepto de comercio justo, muchos de ellos afirman que carecen de información y pueden pensar que son posibles abusos por parte de las grandes empresas o de la gran distribución.

2.5

Sin embargo, los circuitos especializados siguen siendo mercados importantes para los productos del comercio justo. Estas estructuras son numerosas, tienen un tamaño pequeño y son apreciadas por los consumidores.

3.1

En el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se afirma: «Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana».

3.2

Las actividades del comercio justo comenzaron en los años cincuenta en los Estados Unidos, a continuación en el Reino Unido y, más tarde, en el resto de Europa. El comercio justo es el resultado de una toma de conciencia de los daños sociales y medioambientales que causan los sectores de importación de los países industrializados.

3.3

En 1964, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) denunció la desigualdad de las condiciones de los intercambios y alertó a la comunidad internacional sobre el carácter insoportable desde un punto de vista humano y social de las normas que regulan el comercio internacional. Los países del Sur insisten en la necesidad de intercambios justos («Trade, not aid» (Comercio, no ayuda)).

3.4

Algunas fechas clave para el comercio justo:

3.5

Las normas de la Organización Mundial del Comercio no tienen en cuenta a la persona, los aspectos sociales ni el medio ambiente. Esta necesidad de rechazo impulsa a las personas a apoyar una forma humana de intercambios comerciales. Para ellos, el comercio justo es la prueba que de otro mundo es posible. El comercio justo promueve la transparencia, la buena gobernanza y la responsabilidad y, de esta forma, contribuye al desarrollo sostenible.

4.1

El reto del comercio justo y, de forma más general, del consumo ético, responsable y cívico es determinar los medios que permitan mantener el éxito que tiene entre la población y seguir:

4.2

El CESE toma nota de que el derecho fundamental de los trabajadores (OIT), el cumplimiento de las normas medioambientales y de la biodiversidad y una mejor remuneración de los productores en las relaciones comerciales internacionales se han tenido en cuenta al formular las normas de comercio justo.

4.3

Para algunas personas, la expresión «comercio justo» puede parecer paradójica, ya que las leyes del mercado carecen de valores humanos. No obstante, el reto de unir el comercio al diálogo social con vistas a una mayor equidad en el comercio mundial será un imperativo del siglo XXI al que el CESE desea contribuir. Ello puede permitir un desarrollo sostenible que ofrezca mejores condiciones comerciales y garantice los derechos de los productores y trabajadores marginados en la Ronda de Doha.

4.4

La introducción de nuevas etiquetas y códigos de conducta creados por agentes nuevos que dicen defender prácticas justas genera, a su vez, confusión en los consumidores. Con el riesgo añadido de diluir el concepto, sus principios y los criterios que lo definen, la multiplicidad de sistemas de referencia y de garantías permite posturas económicas oportunistas a partir de sistemas de garantía menos costosos para los que asumen la carga a menudo en la fase posterior de la cadena, así como un menor compromiso en el apoyo a la consolidación de los países en desarrollo. El Comité es partidario de una certificación internacional expedida por las organizaciones de comercio justo (véanse las propuestas anteriores sobre terminología), respetando siempre la necesidad de un controlador independiente y acreditado y, evidentemente, el cumplimiento de la legislación alimentaria en vigor.

4.5

El CESE pide que todos los productos de comercio justo ofrezcan una garantía de acuerdo con idénticos criterios en todos los Estados miembros de la Unión Europea. En la actualidad, no hay una definición oficial europea jurídicamente vinculante. El CESE desea apoyar la definición conjunta adoptada por FINE (red constituida por FLO, IFAT, NEWS! y EFTA) y usada recientemente por la Comisión Europea en una Comunicación sobre el comercio justo (1):

«El Comercio Justo es una relación de intercambio comercial basada en el diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los pequeños productores y trabajadores marginados, especialmente del Sur. Las organizaciones de Comercio Justo, apoyadas por los consumidores, están activamente comprometidas en apoyar a los productores, sensibilizar y desarrollar campañas para conseguir cambios en las reglas y prácticas del comercio internacional convencional.»

5.1

El comercio justo vela por remunerar lo mejor posible a los productores, de manera estable y con rentas suficientes para vivir de forma digna, determinadas por las organizaciones de productores y los sindicatos de la región y el país correspondiente.

5.2

El precio debe estar determinado por un coste de producción medio en función de:

5.3

El comercio justo debe aplicar requisitos como el rechazo de la explotación laboral, especialmente la de los niños, así como el cumplimiento de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aunque las leyes sociales del país no lo exijan.

5.4

El comercio justo garantiza un pago parcial por adelantado de los productos alimenticios para que los productores puedan financiar la compra de materias primas.

5.5

Los procesos de fabricación de los productos alimenticios deben respetar imperativamente el medio ambiente, los recursos naturales y las disposiciones legales en vigor aplicables en la Unión Europea.

5.6

El comercio justo permite la creación de empleos útiles socialmente tanto en las fases previas como en las posteriores (y permitir que las personas en situación más precaria recuperen su dignidad en el trabajo).

5.7

El comercio justo garantiza una verdadera trazabilidad y una transparencia total, permanente y pública de las actividades en todas las fases de la cadena (contexto, precio, margen, etc.).

5.8

El comercio justo debe permitir que surja una economía solidaria con vistas a un desarrollo sostenible.

5.9

El comercio justo debe valorarse únicamente en función de actos y compromisos precisos y no por una simple enumeración de buenas resoluciones.

5.10

El comercio justo es una solución consolidada para poner en marcha una nueva política alimentaria mundial que respete a las personas.

6.1

Los productos alimenticios constituyen la parte esencial del volumen de negocios del comercio justo. El café es el primero de estos productos, entre los que también figuran el té, chocolate, frutos secos, especias, arroz, cereales, azúcar, miel y mermelada. Los productos frescos han aparecido recientemente y tienen una posición marginal en los circuitos de comercio justo debido a la lentitud de la rotación de los productos. Pero se registra un aumento considerable de su venta tras la introducción de los productos de comercio justo en las cooperativas de consumidores y otros minoristas privados.

6.2

El comercio justo, para contribuir a mejorar la situación de los pequeños productores de los países en desarrollo, debería permitir la constitución de sectores de producción de alimentos elaborados con el fin de crear empleos socialmente sostenibles.

6.3

El comercio justo debe destacar la necesidad de actuar en sectores más importantes para dar más peso político a este proceso, sin dejar de respetar el interés de los productores.

7.1

Todos los países interesados en la producción agrícola destinada al comercio justo son países del Sur. Gracias a la relativa transparencia de su proceso comercial, el comercio justo ha puesto de relieve la escasa proporción del precio de compra pagado por el consumidor que beneficia al productor (por cada 100 euros gastados, sólo 20 se reinvierten en la economía local) y la cuantía del valor añadido (creado, por ejemplo, por la transformación y la venta al por menor) que se queda en el mundo desarrollado. La verdadera cuestión es la capacidad del comercio justo para modificar de forma duradera las normas del comercio internacional.

8.1

El Comité considera que la certificación es la mejor garantía para los consumidores. La certificación es un proceso de verificación por una tercera parte acreditada (tras un proceso de acreditación) e imparcial para certificar que un servicio, producto o proceso es conforme a las especificaciones establecidas en un pliego de condiciones (que puede ser o no una norma). Por lo tanto, la certificación y la acreditación son dos procesos de verificación: la acreditación verifica las competencias mientras que la certificación verifica la conformidad con un pliego de condiciones. El reto del comercio justo y, de forma más general, del consumo ético, responsable y cívico es determinar los medios que permitan mantener el éxito alcanzado y:

8.2

En consecuencia, el comercio justo ha establecido sistemas de garantía, pero su legitimidad procede de su carácter negociado y de la participación de las distintas partes interesadas.

8.3

FLO y WFTO intentan desarrollar la complementariedad entre sus sistemas de garantía. Se trata de determinar los puntos de convergencia y de coherencia existentes entre sus planteamientos. En la actualidad, se limita en esta fase a una descripción de la situación.

8.4

Estos sistemas de verificación son indispensables. Un nivel elevado de garantía es primordial para evitar una proliferación de legislaciones diferentes en los países del Norte y para los propios intereses de los consumidores. Los organismos de comercio justo han establecido ya una serie de condiciones a nivel internacional y han acordado la adopción de una Carta de principios del comercio justo; deben seguir cooperando para elaborar un sistema compartido de certificación destinado a los productores.

9.1

El comercio justo contribuye a reducir la pobreza y, a la vez, preserva las bases del desarrollo sostenible.

9.2

La política exterior de la Unión Europea interviene para favorecer el impulso de la agricultura en los países en desarrollo. El apoyo destinado a fomentar que los pequeños productores agrícolas opten por el comercio justo podría ser un criterio para conceder estos subsidios, con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible en estos países.

10.1

El comercio justo reside indudablemente en el dinamismo comercial, social, educativo y político que anima a los agentes locales e internacionales.

10.2

El comercio justo es una innovación socioeconómica que aplica la sociedad civil para cambiar las prácticas comerciales internacionales a fin de tener más en cuenta a las personas. A este respecto, debería:

11.1

Todos los productos agrícolas procedentes del comercio justo provienen de países en desarrollo. Ahora bien, determinados productos como el azúcar, el vino y el plátano también se producen en los Estados miembros con normas sociales muy superiores, lo que puede generar cierto coste adicional respecto de un producto certificado justo.

11.2

Con el fin de evitar esta delicada situación, habría que crear una organización internacional de productores de estos sectores con el objeto de alcanzar compromisos favorables para todos.

12.1

Muchas organizaciones de derechos humanos denuncian los planteamientos del comercio internacional (OMC).

12.2

Los diferentes agentes y partes interesadas del comercio justo se distinguen a nivel mundial tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Por lo demás, su capacidad para cubrir los diversos campos del comercio justo es lo que motiva su planteamiento y la posibilidad de tener un impacto significativo.

23.12.2009   

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C 318/35

1.1

Los objetivos fundamentales de la política agrícola común y, en particular, la seguridad alimentaria, siguen estando de actualidad en todo el territorio de la Unión Europea, y en particular, también en las regiones septentrionales, lo que implica que la agricultura debe preservarse.

1.2

El presente dictamen se centra en las particularidades y los problemas de carácter natural, climático y geográfico de las regiones septentrionales de la UE, en las que la producción agrícola está condicionada por una serie de limitaciones derivadas del clima frío, que hacen necesario que los productores incurran en gastos suplementarios a los que no tienen que hacer frente los agricultores de las zonas con condiciones agroclimáticas más favorables.

1.3

La producción agrícola de las regiones septentrionales implica costes más elevados y su productividad es considerablemente menor que la de las regiones productoras que cuentan con una situación geográfica más favorable. La disminución continua de la rentabilidad y la subsiguiente falta de motivación de los productores ponen en cuestión la continuidad de la utilización de las superficies de cultivo en las regiones septentrionales de Europa. Este peligro puede evitarse mediante la aplicación de instrumentos de política agrícola adecuados.

1.4

En las regiones septentrionales con desventajas naturales es necesario seguir garantizando la explotación de los suelos para preservar los paisajes tradicionales y las zonas con un enorme valor para la protección de la naturaleza. Los pagos compensatorios para las regiones desfavorecidas son un instrumento que permite alcanzar este objetivo, siempre y cuando, no obstante, la ayuda se oriente de manera más sistemática que hasta ahora hacia las regiones en que existe el mayor riesgo de que se abandone la explotación de las tierras de cultivo.

1.5

Además de la fijación de nuevos criterios para clasificar las regiones con desventajas naturales, y con el fin de lograr repercusiones positivas concretas, es necesario revisar al mismo tiempo los principios de financiación de estas iniciativas. Cabría considerar la posibilidad de integrar los pagos compensatorios destinados a las regiones desfavorecidas en los pagos del primer pilar. El sistema vigente hasta la fecha en el que los niveles de ayuda directa dependen de los rendimientos históricos favorece a los agricultores de las regiones situadas en zonas más favorecidas. Las indemnizaciones compensatorias pagadas a las regiones desfavorecidas no compensan en medida suficiente las condiciones de producción desfavorables que se dan en estas regiones desde el punto de vista natural.

1.6

Para calcular los niveles de ayuda para las regiones desfavorecidas sería necesario, con vistas al futuro, tener en cuenta el importe total de los gastos en que se ha incurrido para superar las dificultades naturales y las condiciones de producción desfavorables que existen en cada región: cuanto peores sean las condiciones naturales, más elevadas deberían ser las ayudas. Sin embargo, sería conveniente fijar también los topes inferiores y superiores para los pagos.

1.7

Para determinar las dificultades naturales se debería tener en cuenta no sólo el total de los días de temperaturas positivas durante el período de vegetación, sino también el total de los días de temperaturas negativas durante el invierno en la región de que se trate.

1.8

Las regiones septentrionales están situadas muy lejos de los grandes mercados europeos, sus áreas rurales están muy escasamente pobladas y las tierras de cultivo se hallan muy fragmentadas, lo que aumenta los costes para las explotaciones agrarias. Para evitar el despoblamiento de estas regiones y mantener la producción agrícola es necesario prever pagos compensatorios procedentes de los recursos destinados a las regiones desfavorecidas. Por esta razón, el CESE recomienda que, cuando se fijen los criterios para clasificar las regiones desfavorecidas, se tenga en cuenta también la baja densidad de población y se elaboren criterios suplementarios que permitan apoyar la producción agrícola en zonas boscosas.

1.9

En la elaboración y definición de criterios para una nueva clasificación de las regiones desfavorecidas (regiones que presentan desventajas naturales), el CESE recomienda que se tengan en cuenta las particularidades naturales, climáticas y socioeconómicas de las zonas septentrionales que se abordan en el presente dictamen. Una posibilidad sería definir estas regiones como regiones especiales, por analogía con las zonas de montaña.

2.1

El Comité Económico y Social Europeo ha tratado el tema de las regiones desfavorecidas en dictámenes de iniciativa previos (1).

2.2

En la Comunicación COM(2009) 161 final, publicada el 21 de abril de 2009, la Comisión Europea propone modificar los principios de clasificación de las zonas desfavorecidas y establecer nuevos criterios a tal efecto. Entre otras cosas, la Comisión sugiere también una nueva denominación para las regiones desfavorecidas y recomienda llamarlas en el futuro «zonas con dificultades naturales». El CESE se congratula de este nuevo enfoque.

2.3

Dado que el mercado interior de la UE garantiza la libre circulación de bienes y servicios, en las regiones septentrionales de la UE -en las que los costes unitarios son más elevados- no será posible mantener a largo plazo la producción agrícola sin ayudas especiales. Este hecho tendrá a su vez consecuencias negativas para la sostenibilidad social y medioambiental de estas regiones, así como para la biodiversidad de la zona.

2.4

Las normativas en vigor sobre regiones desfavorecidas y sus repercusiones en los diferentes Estados miembros no son comparables entre sí. Debido a la multiplicidad de los criterios aplicados, los regímenes actuales de ayudas a las regiones desfavorecidas no tienen en cuenta en grado suficiente las condiciones específicas que imponen a la producción sus particularidades naturales y climáticas, de modo que éstas no se compensan de forma adecuada ni proporcionada.

2.5

Desde la perspectiva de la garantía de la seguridad alimentaria a largo plazo en Europa y en el mundo, es preciso mantener también la producción agrícola en las regiones septentrionales de la Unión Europea, en las que, según las previsiones, las condiciones agroclimáticas podrán mejorar de aquí a cincuenta o cien años debido a los efectos del calentamiento global. Como consecuencia, las regiones meridionales sufrirán problemas de sequía, con lo que la producción agrícola de Europa podría desplazarse hacia el norte.

3.1

Lo que distingue la producción agrícola de las regiones septentrionales de la Unión Europea de la de Europa meridional y central es un período vegetativo sensiblemente más corto, una cifra considerablemente menor del total de días con temperaturas positivas necesarias para el crecimiento de las plantas y un exceso de humedad durante la mayor parte del año. Las precipitaciones se distribuyen de manera desigual a lo largo del año: en la primavera y el verano, cuando las plantas germinan, brotan y crecen, el volumen de precipitaciones es insuficiente, mientras que las frecuentes lluvias del otoño impiden que las cosechas se lleven a cabo oportunamente, lo que deteriora su calidad.

3.2

La agricultura de las regiones septentrionales sufre también de manera importante los efectos de los largos inviernos, durante los que se hiela el suelo. Las temperaturas pueden llegar a descender hasta incluso -40 °C. La profundidad de penetración de la helada depende tanto del total de los días de temperaturas negativas como del grosor de la capa de nieve, que puede alcanzar desde un metro en Letonia y Estonia hasta dos metros en el norte de Finlandia y de Suecia. La fusión de la nieve y el deshielo del suelo son procesos de larga duración, cuya consecuencia es retrasar el inicio de las siembras de primavera y el crecimiento de la vegetación. En función de la latitud y la distancia al mar, en las regiones septentrionales las siembras de primavera se llevan a cabo entre finales de abril y mediados de junio. Por esta razón, cuando se elaboren los criterios de clasificación de las regiones desfavorecidas, sería necesario tener también en cuenta el total de días con temperaturas negativas en las regiones en cuestión.

3.3

La construcción de edificaciones entraña costes más elevados, puesto que es necesario construir los cimientos a prueba de hielo e instalar las tuberías de agua y las canalizaciones a una profundidad superior a la profundidad de penetración de la helada; además, hay que aislar los muros exteriores de los edificios. Los gastos derivados de la calefacción de los edificios y la limpieza de la nieve durante el invierno son también considerables.

3.4

Debido a la brevedad del proceso de constitución de los suelos que siguió a la era glaciar, el grosor de las capas de tierra cultivable es menor en las regiones septentrionales y la calidad y la textura de los suelos son muy desiguales: los suelos son por lo general húmedos, parcialmente rocosos, demasiado arcillosos, arenosos o turbosos. Por consiguiente, para la mejora de los suelos deben invertirse grandes cantidades de dinero, sobre todo en la instalación y el mantenimiento de los sistemas de drenaje, pero también para la enmienda cálcica del suelo.

3.5

Las regiones septentrionales se caracterizan por formas del terreno glaciares accidentadas y fragmentadas en las que existen bosques áridos, humedales y otros espacios naturales. Por esta razón, las tierras de labor son pequeñas y dispersas. Existen zonas en las que el tamaño medio de las superficies de cultivo de una explotación agraria es inferior a una hectárea y además éstas están bastante alejadas de la sede principal de la explotación, dispersas en los bosques de los alrededores. De ahí que la utilización de maquinaria de mayores dimensiones y más eficiente sea imposible, y al mismo tiempo se encarecen los costes de producción y de transporte dentro de la explotación. Las desventajas naturales de este tipo tampoco pueden compensarse recurriendo a cultivos alternativos o racionalizando la producción agrícola de manera distinta. Por consiguiente, se deben aplicar criterios suplementarios que permitan tener en cuenta las dificultades naturales de las regiones muy boscosas. Un criterio podría ser la proporción de superficies de cultivo por hectárea. Una de las medidas en favor de las regiones desfavorecidas debería ser también la compensación de los costes de transporte suplementarios en los que incurren las explotaciones.

3.6

Las zonas rurales de las regiones septentrionales están muy escasamente pobladas. Fuera de las grandes ciudades, la densidad de población es de menos de diez habitantes por kilómetro cuadrado e incluso menos de tres habitantes por kilómetro cuadrado en las regiones periféricas, lo que implica costes de transporte y desplazamiento considerables, tanto para la producción agraria como para garantizar el acceso a instalaciones privadas y públicas. En el siglo XX, con la mecanización, el norte de Europa registró un aumento considerable de la productividad del trabajo, al tiempo que se reducía el número de empleos en el campo. Por ello, la baja densidad de población y la poca disponibilidad de servicios se han convertido, a su vez, en factores del éxodo rural: muchos agricultores renuncian a la actividad agrícola porque sus hijos no quieren seguir gestionando la explotación. No obstante, la agricultura, junto con la silvicultura y el turismo, sigue siendo la base económica de la vida rural de las regiones septentrionales. Las comunidades rurales son en lo fundamental pequeñas, por lo que el gasto por habitante en servicios públicos, por ejemplo en educación escolar e informal, sigue siendo considerablemente elevado. En las regiones rurales escasamente pobladas la vida es más cara, ya que los escasos habitantes sólo constituyen una clientela de pequeño tamaño para el consumo de bienes y servicios. Las áreas periféricas de las regiones septentrionales están demasiado alejadas de los grandes centros como para que sus habitantes puedan desplazarse diariamente allí para trabajar o utilizar sus servicios. Una de las medidas en favor de las regiones desfavorecidas debería ser también la compensación de los costes de transporte y desplazamiento desde los centros (el mercado) hasta las explotaciones agrarias periféricas.

3.7

Cuantas menos personas vivan en las áreas rurales del norte de Europa, más cara les resultará la vida, ya que deberán desplazarse a mayores distancias para tener acceso a mercancías, servicios, atención sanitaria, educación escolar, etc. Por ello, en las regiones escasamente pobladas del norte de Europa reviste una importancia fundamental mantener y crear puestos de trabajo en la agricultura y otros sectores. Tanto la política agrícola común como la política regional deberían orientarse en este sentido. De la aplicación con éxito de estas políticas dependerá que se logre contrarrestar la emigración del campo a la ciudad, frenar el abandono de las tierras de cultivo y poner coto a la decadencia social y económica de las regiones periféricas. Finalmente, por razones de política de seguridad es también importante para toda la Unión Europea evitar el despoblamiento de estas zonas fronterizas de la UE.

3.8

Las zonas de bosque y los humedales de las regiones septentrionales constituyen, junto con una agricultura extensiva y los ecosistemas seminaturales, los fundamentos de la diversidad natural y la riqueza de especies. Además, el norte de Europa es una zona de reproducción para millones de aves migratorias que acuden a los campos y los prados naturales en busca de alimento.

3.9

Debido a las dificultades naturales y a los costes de transporte derivados de la fragmentación de las superficies de cultivo agrícolas y de la escasa densidad de población, la rentabilidad de las explotaciones agrarias de las regiones septentrionales es baja y los ingresos obtenidos son cada vez menores. Esto, a su vez, ha sido un factor determinante, de conformidad con los principios de la PAC aplicados hasta la fecha, del bajo nivel de las ayudas directas (primer pilar). Si se quiere garantizar la explotación de las superficies de cultivo, una producción sostenible de alimentos y la conservación del paisaje en las regiones septentrionales desfavorecidas, es preciso garantizar a los productores agrarios una renta comparable a la de los agricultores de las regiones que gozan de condiciones más favorables de producción. De no ser así, los habitantes abandonarán los pueblos y dejarán de cultivar las tierras, se degradarán los paisajes tradicionalmente mantenidos por los agricultores y los terrenos perderán su fertilidad. Como posibilidad, el CESE recomienda a la Comisión Europea que estudie en profundidad las particularidades de las regiones septentrionales y, en su caso, las clasifique como regiones especiales, por analogía con las zonas de montaña.

3.10

El tipo y la extensión de las desventajas naturales pueden variar en gran medida de una región a otra. Por ello, cuando se calculen los niveles de ayuda para las regiones desfavorecidas sería necesario, con miras al futuro, tener en cuenta la suma total de los gastos en que se ha incurrido para superar las dificultades naturales y las condiciones de producción desfavorables que existen en cada región: cuanto peores sean las condiciones naturales, más elevadas deberían ser las ayudas. Con todo, deberían fijarse también los topes inferiores y superiores para los pagos

4.1

En las zonas septentrionales, los cultivos sufren los efectos de los inviernos fríos, de la brevedad del período vegetativo, de la escasez de temperaturas eficaces para el crecimiento de las plantas, así como del exceso de humedad, que requiere inversiones considerables para la construcción de sistemas de drenaje. La vida útil de los sistemas de drenaje depende de los materiales utilizados y oscila entre los treinta y los cincuenta años; después, estos sistemas deben sustituirse por otros. Por otra parte, los costes suplementarios anuales que requieren el mantenimiento y la reparación de los sistemas de drenaje son considerables. La instalación y el mantenimiento de sistemas de drenaje son indispensables para la explotación de suelos con una humedad excesiva.

4.2

Debido a la presencia de una roca madre cristalina o de piedra arenisca, los suelos de las zonas septentrionales son en su mayoría ácidos. Para hacerlos cultivables, los suelos deben someterse regularmente a una enmienda cálcica cada seis u ocho años, lo que implica costes adicionales que no son necesarios en zonas cuyos suelos tienen un PH neutro. No obstante, la enmienda cálcica del suelo no sirve para aumentar la fertilidad de las tierras de labor, sino que se trata de una condición necesaria para poder cultivar suelos ácidos y compensar las dificultades naturales constantes. A juicio del CESE, cuando se clasifiquen las regiones desfavorecidas y se fijen los nuevos criterios, debería prestarse más atención que hasta ahora al problema de los suelos ácidos.

4.3

En las regiones septentrionales, es necesario secar todos los cereales en secaderos de grano especiales, ya que algunos años su contenido de humedad puede ser de hasta el 30 %. Para su almacenamiento, sin embargo, los cereales deben secarse hasta no conservar sino entre un 12 % y un 14 % de contenido de humedad. La construcción de secaderos de grano requiere inversiones importantes y la energía consumida en el secado representa un coste suplementario considerable. El coste de los secaderos y su equipamiento puede ascender hasta 300 000 euros por secadero y la duración de la vida útil de la instalación es de diez a quince años, en función de la intensidad de uso. Según datos proporcionados por las explotaciones agrarias, los costes de secado de los cereales son por término medio de 20 a 25 euros por tonelada, aunque el contenido de humedad del grano y la cantidad de energía necesaria para el secado varían cada año. Si se considera que la cosecha media, en las regiones septentrionales, es de tres a cuatro toneladas por hectárea, los costes de producción representan entre 60 y 100 euros por hectárea.

4.4

Las especies vegetales cultivadas han de ser resistentes al frío y poder soportar las heladas nocturnas, que con frecuencia se producen incluso en el mes de junio. De ahí que el rendimiento de la cosecha sea también más bajo. Dada la brevedad del ciclo vegetativo, no es posible cultivar variedades que necesitan un largo período vegetativo y temperaturas más elevadas durante el día y la noche -como, por ejemplo, el maíz forrajero-, que permitirían reducir notablemente los costes de la cría de ganado. Por esta razón, la alimentación animal se basa en hierba para ensilado, cuyo precio unitario es superior al del maíz forrajero.

4.5

El peligro de las heladas nocturnas amenaza sobre todo a los cultivos de frutales, bayas y verduras. Al menos una vez cada diez años se producen durante el período de floración heladas nocturnas tan intensas que destruyen la totalidad de la cosecha. Aunque existen diferentes posibilidades para luchar contra las heladas nocturnas, como el riego por aspersión contra heladas, pantallas de humo, recubrimiento con lonas, etc., su utilización representa siempre costes financieros y de mano de obra suplementarios.

4.6

En razón de la brevedad del periodo vegetativo, todas las labores del campo deben realizarse en un periodo muy corto de tiempo. Para ello es indispensable disponer de un parque de maquinaria comparativamente mayor, lo que lleva a un aumento de la inversión media por hectárea.

5.1

En las regiones septentrionales el período de pasturaje para el ganado es más corto (de mediados de mayo hasta finales de septiembre), y, por consiguiente, la cantidad de alimentos para animales que debe almacenarse para el invierno es más importante, lo que incrementa los costes de producción. Además, para conservar los alimentos destinados a los animales para el invierno, es necesario construir almacenes especiales. A menudo, debido a las condiciones meteorológicas, no es posible comenzar en el momento apropiado la siega de la hierba, lo que repercute negativamente en su valor nutritivo. Los chubascos frecuentes en período de henificación o ensilaje pueden reducir el nivel de calidad del forraje.

5.2

Los costes de las edificaciones e instalaciones necesarias para alojar al ganado son más elevados que en las regiones con un clima más cálido, puesto que es necesario construir los cimientos a prueba de hielo e instalar las tuberías de agua y las canalizaciones a una profundidad superior a la profundidad de penetración de la helada (por ejemplo, en Estonia a 1,2 metros como mínimo).

5.3

Las labores de limpieza de la nieve y el hielo de las explotaciones agrarias y las vías de comunicación entrañan también costes suplementarios. Debido a los daños provocados por el hielo, el revestimiento de las carreteras debe renovarse cada cinco o diez años. A causa de la baja densidad de población, en los países nórdicos existen muchos caminos vecinales y pistas de grava. Para su mantenimiento y mejora es necesario destinar recursos financieros suplementarios, sobre todo para reparar los deterioros sufridos en primavera y evitar la formación de polvo en verano.

5.4

Los costes de producción de un litro de leche son más elevados en las zonas escasamente pobladas que en las zonas de agricultura intensiva con mucha población, ya que para recoger la leche es necesario recorrer distancias más largas. Por ejemplo, en muchas regiones insulares e islas interiores, la producción lechera se ha abandonado, ya que no era rentable debido a los costes de transporte. El coste del transporte de los suministros de otros insumos agrícolas necesarios para las explotaciones es también más elevado.

—

asegurar a los habitantes de estas regiones una alimentación basada en productos locales y garantizar la seguridad alimentaria de la UE en caso de calentamiento global,

—

mantener los puestos de trabajo y evitar el despoblamiento de las zonas rurales,

—

preservar y, en muchos casos, incluso aumentar la biodiversidad,

—

conservar el paisaje y mantener su atractivo para la industria del turismo y del ocio,

—

garantizar la seguridad de las zonas fronterizas de la UE.

23.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/39

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se ha ocupado durante el último mandato de los diversos temas de las políticas europeas sobre eficiencia energética en sus diferentes dimensiones (dimensión externa, retos energéticos a corto y a largo plazo, políticas de aprovisionamiento y de seguridad) dentro del ámbito de una política energética determinada por criterios de ahorro y sostenibilidad, y destaca la importancia de fomentar y valorizar los resultados de las jornadas sobre eficiencia energética promovidas por el CESE con la colaboración de todos los agentes interesados, usuarios finales y Estados miembros. De acuerdo con ello, recomienda a la Comisión Europea y al nuevo Parlamento Europeo que utilicen con decisión las indicaciones ya recogidas en sus dictámenes anteriores (1).

1.2

El CESE considera, además, que la aplicación de una política energética para el fomento de la eficiencia energética y de las nuevas tecnologías «limpias» puede ser una solución no sólo para el problema medioambiental, sino también para reducir la dependencia en el aprovisionamiento energético, así como para afrontar los elevados costes de las materias primas y las repercusiones correspondientes en los usuarios finales.

El CESE recomienda intensificar los esfuerzos destinados a lograr la participación sistemática de los usuarios finales (especialmente los consumidores y las pequeñas empresas) respecto de las nuevas obligaciones impuestas por el Consejo Europeo en marzo de 2007 y de la superación de la actual crisis económica.

1.3

El Comité considera que los interlocutores sociales europeos y nacionales pueden fomentar una mayor participación de los consumidores finales de energía, especialmente las pequeñas empresas, sus asociaciones, las fórmulas asociativas públicas y privadas a nivel local y las cooperativas, con el fin de contribuir de forma más precisa a conseguir los objetivos europeos de eficiencia energética y de la economía ecológica. Este compromiso, si se incluye en el marco más adecuado posible, como la agenda sobre el diálogo social europeo, también a nivel sectorial, puede contribuir de manera eficaz al aumento del empleo y a la creación de nuevas profesiones cualificadas vinculadas al sector energético y a la difusión de nuevos servicios.

1.4

El CESE considera que la decisión de reforzar la dimensión europea de las políticas energéticas debería impulsar también el refuerzo, en el mercado interior y en los mercados nacionales, de una estrategia de desarrollo sostenible y una mayor cooperación científica y tecnológica capaz de reactivar las inversiones públicas y privadas, incluidas formas de «cooperación reforzada» entre los Estados miembros.

1.5

El CESE expresa su decepción y preocupación por la falta de información y datos homogéneos y detallados sobre la eficiencia energética del uso final de la energía, que dificulta la elaboración de indicadores de la eficiencia energética estadísticamente sólidos y armonizados, como la escasez de las series históricas disponibles a nivel europeo y accesibles para los usuarios finales.

El CESE reitera su preocupación por la situación de los Estados miembros al comprobar que no han elaborado a tiempo los planes nacionales de acción para la eficiencia energética (PNAEE), tal como se establece en la Directiva mencionada

1.6

Para permitir una aplicación completa, homogénea y más precisa a nivel nacional de las políticas europeas sobre la eficiencia energética, el CESE considera necesario y urgente adoptar, en colaboración con la Comisión Europea y los Estados miembros y previa consulta sistemática a los representantes de los usuarios finales, un sistema de supervisión europeo compartido y capaz de combinar la equidad, la transparencia y la comparación de las facturas energéticas.

1.7

Además, el Comité considera que, para mejorar la aplicación de las políticas europeas de eficiencia energética, debe reforzarse su vertiente sectorial en aras de una mayor actividad de supervisión y de valoración del impacto. En efecto, las políticas energéticas repercuten de forma diferente en los distintos tipos de actividad económica, ya sean empresas consumidoras de energía (que tienen problemas diversos en función del volumen de consumo, la tipología de los procesos, etc.) o empresas que operan en los distintos ramos del sector energético (por ejemplo, productores e instaladores de equipos, proveedores de servicios energéticos, empresas de la construcción, etc.), con un enorme potencial de ahorro energético que todavía no se ha aprovechado.

1.8

Asimismo, el CESE se muestra convencido de que los programas europeos (el Programa Marco para la Innovación y la Competitividad (PIC), el programa Energía inteligente — Europa (EIE) y demás) necesitan una simplificación inaplazable y urgente, una mayor participación de los usuarios finales y un marco de intervención menos disperso y más integrado (como ocurre, por ejemplo, con el programa ECAP). Por lo tanto, se propone elaborar un nuevo programa integrado que permita coordinar mejor las actividades en favor de los usuarios finales.

El CESE insta a la UE, los Estados miembros y las empresas a destinar recursos suficientes a la investigación aplicada y a su transferencia a los usuarios finales, al ahorro por la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las profesiones técnicas y avanzadas, así como al desarrollo y la innovación en el sector de la energía, y reclama una cooperación más integradora a nivel mundial en esta materia.

1.9

El CESE considera urgente que la UE cuente con instrumentos y políticas fiscales y un acceso a la financiación más adecuados para apoyar el ahorro energético, concediendo facilidades a todos los usuarios finales, especialmente las PYME y las asociaciones entre los sectores público y privado que, de forma individual o agrupada, tienen modelos de producción más eficientes y sostenibles.

El Comité Económico y Social Europeo, consciente del papel esencial de la educación y la formación para difundir una cultura de la eficiencia energética a nivel europeo, propone iniciar una consulta extraordinaria con los interlocutores sociales y todas las partes interesadas a escala europea y nacional con el fin de reorientar los recursos financieros de la UE disponibles, reforzando las cualificaciones y las profesiones vinculadas a la eficiencia energética, y de apoyar la información y la sensibilización de la opinión pública.

2.1

La Directiva comunitaria 2006/32/CE tenía la finalidad de:

Para lograrlo, la Directiva establecía algunos objetivos generales como:

—

medidas a veces poco precisas y fáciles de eludir en los procesos de transposición a nivel nacional;

—

planes de acción nacionales y procedimientos nacionales de transposición poco coherentes y precisos respecto de las disposiciones de la Directiva;

—

programas y medidas de acompañamiento poco coordinados y fragmentarios;

—

falta de información y datos homogéneos indispensables para realizar una actividad de control y evaluación del impacto de la Directiva respecto de los usuarios finales, por lo que la iniciativa resulta totalmente inadecuada e incapaz de facilitar datos útiles con vistas a un desarrollo coherente y duradero de la eficiencia energética en la UE.

—

valorizar un grupo europeo de expertos y una red de organismos independientes en favor de la eficiencia energética, destinada a los usuarios finales y especialmente a las empresas (sobre todo, las PYME y la artesanía);

—

elaborar informes periódicos sobre las políticas de la UE y su impacto en los usuarios finales (especialmente las PYME);

—

disponer de una plataforma informativa en varias lenguas de uso fácil y accesible, así como lograr la consolidación y profundización de las relaciones entre las organizaciones de representación a nivel europeo y nacional y las principales partes interesadas.

4.1.1

Siguen existiendo importantes problemas y fallos en la fase de transposición de la Directiva respecto de los usuarios finales, como:

Por lo tanto, conviene reforzar la labor de vigilancia, control y sanción de los organismos competentes de los Estados miembros de la UE y llevar a cabo una supervisión más eficaz y precisa de los operadores del sector energético con arreglo a los artículos 11 y 13 de la Directiva.

4.1.2

La eficacia del acceso a los «Instrumentos financieros para el ahorro de energía» y el funcionamiento de los «mecanismos» correspondientes deberían reforzarse y analizarse a fondo desde el punto de vista técnico y político en favor de los usuarios finales, con especial atención a la fiscalidad energética. Debería realizarse una supervisión específica de estos instrumentos y de sus resultados en estrecha colaboración con las asociaciones europeas y nacionales de usuarios finales y teniendo en cuenta, sobre todo, la manera de atenuar el «efecto de rebote». Este efecto, que se puso de relieve en la audiencia que el CESE organizó el 9 de julio de 2009 en la sede del CNEL sobre el tema «Mejora de las políticas y programas sobre eficiencia energética por parte de los usuarios finales», se refiere al hecho de que, a veces, las intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia energética generan un aumento del consumo de energía en vez de su disminución.

4.1.3

Las auditorías energéticas y los «certificados blancos» (artículo 12) son especialmente importantes para el desarrollo de los servicios energéticos y, por lo tanto, deberían reforzarse más por parte de los Estados miembros.

A este respecto, es aconsejable que el diálogo social europeo, incluso a nivel sectorial, pueda contribuir de manera útil a la aplicación de la política de eficiencia energética con el fin de fomentar nuevos empleos y una mayor competitividad del sistema productivo.

4.1.4

La previsión de métodos de cálculo para evaluar el ahorro energético. Estos métodos todavía están poco desarrollados y sin armonizar. Por lo tanto, deben determinarse y seleccionarse mejor métodos de cálculo compartidos por los usuarios finales que se utilizarán de manera armonizada en los Estados miembros.

Para concluir, se pone de relieve que la Comisión Europea ha iniciado la tramitación de los numerosos procedimientos de infracción por la nula o parcial transposición de la Directiva, con las consecuencias correspondientes de costes y cargas burocráticas para los usuarios finales.

23.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/43

—

medidas para aumentar la cooperación entre empresas y trabajadores,

—

políticas comunes y más coordinadas,

—

sistemas decisorios más rápidos, y

—

legislaciones más simples y transparentes.

1.5.1

El CESE es consciente de que diversos países que formaron parte del primer núcleo que dio lugar a la Comunidad Europea están dando muestras, sobre todo en este momento de crisis, de una gran intolerancia respecto de las normas del mercado único: competencia y ayudas estatales. Se trata de un craso error (1).

1.5.2

En una situación como la actual, el Consejo, ayudado por el PE y la Comisión, debería dar vida a un «Pacto estratégico» que prevea:

—

una estrategia de resistencia y supervivencia, que pueda brindar la posibilidad de operar en mercados maduros, gracias a una mejor especialización en el propio mercado, con reducción de los costes y con una gran diversificación en sectores contiguos o con nuevas fórmulas;

—

una estrategia de innovación de procesos, productos y servicios, con cambio de mercado y de tecnología, con nuevos materiales, que lleven a nuevos productos;

—

nuevas iniciativas, con el lanzamiento de nuevas formas de empresa, o de nuevos sectores, o de nuevas iniciativas, es necesario concebir, mediante un ejercicio de previsión, nuevos productos en expansión (como los lead markets o mercados líderes) hacia los que confluyan nuevas inversiones;

—

mercadotecnia territorial, que apunte hacia la excelencia, a través de convenios con centros de investigación, a fin de aumentar la difusión de las nuevas tecnologías;

—

apoyo financiero, a través de instituciones financieras de desarrollo y la utilización de la garantía fiduciaria del FEI (4);

—

capitalización del fondo de riesgo de los consorcios de garantía, mediante un acuerdo entre administraciones y sistema bancario, para que permitan retrasar los pagos de las microempresas y pequeñas empresas, sobre todo para salvaguardar el empleo;

—

consolidación de las deudas a corto plazo, para permitir que las microempresas y pequeñas empresas puedan centrarse en la producción, comercialización y servicios postventa de sus propios productos;

—

apoyo a un sector terciario innovador (economía verde) , recurriendo a la posibilidad de formación innovadora brindada por el Fondo Social Europeo;

—

desarrollo de un servicio de alto nivel a las personas, a través de la valorización y el desarrollo del sistema de atención social y sanitaria (5);

—

aplicación de políticas en materia de infraestructuras, contribuyendo a la aparición de opciones más innovadoras para una economía de baja emisión de carbono y creando las condiciones para que residir en el territorio resulte ventajoso;

—

potenciación de los criterios medioambientales y de eficiencia energética en los contratos públicos;

—

fomento, mediante la financiación, de nuevos productos más eficientes en sustitución de los viejos;

—

mejora del acceso a la información;

—

más facilidades para el uso de las materias primas.

—

que tales ayudas no reforzarán el proteccionismo y no interpondrán obstáculos a la libre competencia;

—

que las empresas que reciben fondos se comprometan, sobre todo, a mantener el nivel de empleo;

—

que se respeten los convenios colectivos y se mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores;

—

que durante los períodos de producción reducida, los trabajadores puedan seguir una formación para conseguir nuevas cualificaciones con el consiguiente apoyo en este sentido;

—

que el apoyo financiero público no constituya una forma de renta para los accionistas, mediante dividendos u otras formas de recompra de acciones;

—

que, en la medida de lo posible, el apoyo promueva el desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios, de conformidad con criterios de protección medioambiental;

—

que las ayudas no falseen la competencia y sean temporales y degresivas;

—

que haya mecanismos adecuados de control para la protección de los contribuyentes.

2.1

Los sectores industriales y de servicios constituyen la columna vertebral de la economía de nuestro continente. La realización del mercado único ha permitido su fuerte desarrollo, de conformidad con normas y estándares comunes.

2.2

Los sectores industriales y de servicios deben hacer frente a desafíos excepcionales como:

2.3

La actual recesión mundial podría dificultar los esfuerzos que están desplegando los sectores para:

2.4

Las crisis actuales no sólo representan un desafío para la supervivencia de las empresas, sino que también brindan grandes oportunidades de desarrollo e innovación. Sin embargo, no hay que abandonar a las empresas, sino que se debe fomentar el espíritu emprendedor y la creación de puestos de trabajo, emprendiendo reformas lo más rápidamente posible, para mejorar el entorno en el que operan las empresas, reduciendo las cargas administrativas inútiles, preservando y mejorando el mercado interior, fomentando el capital riesgo, estimulando la innovación y las medidas de «flexiguridad», legislando menos y mejor e invirtiendo en las relaciones entre el mundo académico y científico y el empresarial, así como en la educación y formación de los recursos humanos, sobre todo en las disciplinas técnicas y científicas y en el desarrollo de los lead markets.

2.5

El CESE quiere subrayar la importancia de poner de manifiesto la situación actual y las posibles perspectivas futuras de los principales sectores industriales, de servicios y del turismo, en particular, teniendo en cuenta varios aspectos fundamentales estrechamente correlacionados:

3.1

En Estados Unidos el PIB disminuyó un 1 % en el cuarto trimestre de 2008, tras una disminución del 0,1 % en el trimestre anterior. El PIB de Japón se redujo un 3,3 % tras una disminución del 0,6 % en el trimestre anterior. Y el PIB de la zona del euro se redujo un 1,5 % tras una disminución del 0,2 % en el trimestre anterior (15).

3.2

La tasa de desempleo está aumentando rápidamente y, según la OCDE, tiende a situarse en un valor próximo al 12 % a finales de 2010. Al mismo tiempo, los salarios están aumentando más lentamente o se mantienen sin variación.

3.3

Como subraya la Comisión (16), «mientras la actividad crediticia siga siendo débil, los esfuerzos para impulsar la demanda y la confianza de los consumidores se verán frenados. Nos hallamos ante una crisis global y la recuperación no concluirá hasta que los principales protagonistas de la economía mundial vuelvan a crecer y a comerciar entre sí».

3.4

De la misma opinión es la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que afirma que la situación económica probablemente se deteriore y sólo mejore si cambia radicalmente la manera de pensar, pues lejos de la noción reconfortante pero irrealista del retorno al «business as usual», necesitamos una nueva realidad económica basada en las personas, la innovación y el desarrollo sostenible, así como una revalorización del papel de los gobiernos:

3.5

Con motivo de la reunión del G-20 celebrada en Londres el 18 de marzo de 2009, la Federación Europea de Empresarios (BUSINESSEUROPE) subrayó que la crisis financiera está teniendo un impacto devastador en las empresas, ya que los principales motores del crecimiento se han visto afectados por restricciones en el acceso a la financiación, por lo que es necesario un estímulo económico para evitar el colapso económico global (18).

4.1

Se está desarrollando un consenso cada vez más amplio y una convergencia de fuerzas cada vez mayor para adoptar medidas excepcionales y dar respuestas políticas de emergencia, más allá de las normas vigentes en la actualidad, a fin de preservar, a toda costa, empresas, sectores industriales, actividades productivas y de servicios, el empleo, la renta y el consumo de las familias.

4.2

La política consistente en limitar las consecuencias económicas, laborales y sociales de la crisis, descargando sobre sus propios vecinos las tensiones acumuladas a nivel interno, no sólo representa una falsa solución del problema, sino que también corre el riesgo de precipitar la economía en nacionalismos y proteccionismos que destruirían los marcos de cooperación internacional e integración regional tan laboriosamente establecidos en los últimos años en Europa y en todo el mundo.

4.3

En cualquier intervención para hacer frente a la crisis, el CESE considera que es fundamental e irrenunciable:

4.4

El CESE está convencido de que la crisis actual debe conducir a un salto institucional de mayor integración económica, centrada en el desarrollo de la economía de calidad, así como en un mayor y mejor nivel de empleo.

4.5

Sin embargo, el CESE considera más necesario un salto cualitativo hacia una mayor integración política del continente, por considerar que ésta es la única forma de llegar a un compromiso entre la renuncia a los egoísmos y a las prioridades nacionales, por un lado, y un futuro común, por otro.

4.6

El CESE cree que, sobre la base de la reactivación de la construcción europea -en el espíritu que guió a Jean Monnet en el momento del lanzamiento y puesta en práctica del Tratado de París, que dio origen a la CECA-, será posible volver a sentar las bases para la recuperación de la economía europea.

4.7

Hay que concluir rápidamente el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa, para asegurar una arquitectura de la construcción europea que pueda responder con políticas más coordinadas.

5.1

En los últimos meses se ha asistido a un drástico aumento de las reestructuraciones de empresas. Muchas empresas han presentado expedientes de regulación de empleo, con considerables consecuencias sociales, incluso para el futuro de los jóvenes (20). Otras se han declarado en quiebra.

5.2

El CESE considera que los recursos humanos serán la clave de la recuperación competitiva de la UE, tanto por lo que respecta a la capacidad y las cualificaciones de la mano de obra, como en lo que concierne al nuevo modelo de gobernanza empresarial.

5.3

Para el CESE, la inversión en mano de obra y el mantenimiento del empleo son necesarios para promover la competitividad industrial europea, en términos tanto de cualificaciones y nuevas competencias de la mano de obra, como de nuevo modelo de responsabilidad social de las empresas (21).

5.4

Habida cuenta la gravedad de la crisis, los planes de formación y empleo para los sectores en crecimiento, como las energías renovables, deberían ponerse rápidamente a disposición de los trabajadores afectados por la recesión.

5.5

Habría que considerar la adopción de medidas de apoyo al consumo familiar, también con objeto de imprimir un nuevo impulso a la demanda (22).

6.1

La desindustrialización. Quizá, en los últimos años, sobre todo al cambiar de siglo, la Comisión y muchos Estados miembros han concedido menos importancia a la política industrial y manufacturera y han privilegiado la riqueza ofrecida por el desarrollo de complejos sistemas financieros, apoyados en modelos sobre todo norteamericanos.

6.2

En 2005, la UE adoptó diversos elementos de una política industrial integrada europea basada en una combinación de iniciativas sectoriales y horizontales, con una revisión intermedia en 2007, como contribución a la Estrategia de la UE para el Crecimiento y el Empleo (23). En 2008, la UE adoptó un plan de acción sobre la política industrial sostenible (24), sobre el que el CESE ya se ha pronunciado (25).

6.3

El papel fundamental de las empresas socialmente responsables y competitivas, de las empresas de la economía social y del trabajo cada vez más cualificado y participativo debe constituir el punto de referencia para las políticas de recuperación de los sectores industriales y de servicios.

6.4

La Estrategia de Lisboa debe mantener su credibilidad. Los Estados miembros y las instituciones comunitarias deben demostrar su capacidad para adaptar las políticas al nuevo contexto, identificando prioridades claras y nuevos métodos a fin de definir en los próximos meses la estrategia que cabrá seguir después de Lisboa. Hay que acelerar las reformas, identificando prioridades claras y concretas con hojas de ruta viables y verificables.

6.5

A juicio del CESE, el desarrollo de los sectores industriales y de servicios europeos debería producirse mediante una mejora de los procesos y productos. El CESE pide a la UE que actúe vigorosamente en este ámbito.

6.6

Para el CESE, tal estrategia industrial debería incluir:

6.7

Hay que afrontar la situación específica de las PYME, especialmente por lo que respecta a la falta de acceso al crédito y a los préstamos. Actualmente, los fondos dedicados a las PYME no son suficientes para conseguir los objetivos.

6.8

La «Small Business Act», sobre la que el Comité ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse (29), «no está a la altura del desafío, especialmente en el contexto de las dificultades económicas y financieras actuales», ya que no está dotada de los medios financieros adecuados. No obstante, es importante asegurar una aplicación plena, puntual y sistemática de la estrategia de la SBA en los Estados miembros.

6.9

De capital importancia, y todavía más en la situación actual, además del acceso al crédito, como ya ha afirmado el Comité en reiteradas ocasiones, es:

6.10

En cuanto a los sectores específicos, la Comisión ya había identificado, tras una amplia consulta pública, una serie de sectores industriales en los que concentrar una intervención de estímulo y revitalización. Para la fase inicial de «Iniciativa en favor de los mercados líderes de Europa» (31) se identificaron seis mercados:

6.11

El método usado por la Comisión debería hacerse extensivo a otros sectores. Por consiguiente, habría que identificar los sectores en los que una acción concertada, mediante instrumentos políticos fundamentales y condiciones marco, así como una mayor cooperación entre las principales partes interesadas, puede acelerar el desarrollo de los mercados sin interferir con la dinámica de la competencia (32). Y lo mismo puede decirse respecto al desarrollo de la industria europea de la defensa, que debería ser objeto de una política europea más coordinada, tras la creación de la Agencia Europea de Defensa (AED) y los avances registrados en materia de seguridad común (33).

6.12

Para que la política industrial europea sea eficaz, hay que tener en cuenta el contexto específico de los diferentes sectores: desde el sector de los vehículos de motor (automóviles, camiones y motos (34) al sector químico, el sector naval, el del carbón y la siderurgia, la construcción, vidrio y cerámica, cemento, textil y confección, agroalimentario, metalurgia y electromecánica, sector aeroespacial, sector informático y de las telecomunicaciones, sector energético, servicios sanitarios, etc.

6.13

También para apoyar la introducción de innovaciones, el CESE considera esencial el ulterior desarrollo de los nuevos instrumentos de política industrial, como las iniciativas tecnológicas conjuntas, los contratos públicos innovadores y el plan de acción para la producción y el consumo sostenibles.

6.14

El CESE considera que también en el sector de los servicios se debe acelerar la liberalización, sobre todo por lo que respecta a las prestaciones de los profesionales liberales a las restricciones aún existentes en términos de tarifas y numerus clausus.

6.15

El CESE aboga por una acción comunitaria en apoyo al sector de los servicios a las empresas, desarrollando servicios y contenidos innovadores en beneficio de los ciudadanos, consumidores y empresas, acelerando la transición a los servicios digitales y la difusión de la banda ancha, y eliminando las barreras a la administración electrónica y a la interoperatividad de los sistemas.

6.16

A juicio del CESE, habría que reforzar y hacer más firme la política exterior común en las relaciones con el resto del mundo.

7.1

El CESE siempre ha apoyado (35) y sigue apoyando las iniciativas para el desarrollo de políticas de extracción, producción y consumo sostenibles, plenamente integradas con las otras políticas comunitarias, a fin de transformar los potenciales desafíos en oportunidades competitivas.

7.2

El CESE está convencido de que la acción de la UE debe seguir orientándose hacia objetivos ambiciosos, pero apoyados por instrumentos legislativos y financieros que no penalicen la competitividad de Europa con mayores gastos para empresas y ciudadanos, sino que, por el contrario, apoyen las buenas prácticas, así como los procesos de innovación y de mejora tecnológica.

7.3

El CESE insiste en la importancia de emprender las oportunas iniciativas para asumir el liderazgo internacional a favor de la eficiencia energética, el aumento de la capacidad de generar energía a partir de fuentes renovables y el desarrollo de tecnologías de captura del CO2.

23.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/52

1.1

Situar en el núcleo del proyecto europeo el objetivo del empleo de calidad para todos.

1.2

Convertir la cuestión de los trabajadores pobres en un tema que se aborde de manera regular en el marco del diálogo social europeo.

1.3

Conseguir poner a punto rápidamente las herramientas de investigación destinadas a analizar con precisión cada vez mayor estas situaciones, sus divergencias, e igualmente sus convergencias europeas.

1.4

Estudiar y establecer nuevas combinaciones entre protección social y empleo que permitan, en particular, garantizar unos ingresos decentes para cualquier trabajador y crear así las condiciones para cubrir sus necesidades básicas (vivienda, asistencia sanitaria, enseñanza para él mismo y para sus hijos, etc.).

1.5

Garantizar una formación inicial y continua eficiente para empleos de calidad. Adoptar medidas a distintos niveles (nacional, regional) con el objetivo de crear un entorno que evite el abandono escolar por parte de los jóvenes.

1.6

Proseguir los esfuerzos y debates en torno a la flexiguridad, a fin de establecer un nuevo equilibrio entre flexibilidad (que es necesaria para las empresas) y medios reales para una mayor seguridad (protección para los trabajadores) que impidan el crecimiento de la «pobreza activa» y se encaminen hacia su erradicación.

1.7

Prever, en el marco del año 2010, proclamado por la Comisión Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, una comunicación de información y movilización sobre estas cuestiones, tanto a escala de la Unión Europea como de los Estados miembros.

2.1

En la UE se han efectuado numerosos estudios académicos y se han formulado propuestas e ideas innovadoras que, con referencia a los «trabajadores pobres», demuestran que la actividad no es necesariamente una protección contra la pobreza, particularmente en el contexto socioeconómico actual.

2.2

En su «Propuesta de informe conjunto sobre protección social e inclusión social (2009)» (1), basada en los nuevos Informes Estratégicos Nacionales de los Estados miembros, la Comisión ha precisado la importancia que debe asignarse a temas como los trabajadores pobres y el empleo de calidad. El asunto y los problemas concretos que se ponen en evidencia son parte integrante de las preocupaciones y las medidas puestas en marcha a escala comunitaria en materia de «inclusión activa». En este ámbito existe un doble interés: combatir la pobreza extrema y apoyar la creación de empleos de calidad para todos.

2.3

El tema adquiere aun mayor importancia en el contexto de la crisis: aumento considerable del desempleo y mayores tensiones sobre las finanzas públicas. No obstante, es importante hacer abstracción de la coyuntura inmediata para considerar que se trata de una cuestión que sin duda debe abordarse en circunstancias extraordinarias como las actuales, pero que también constituye un problema estructural, al que ha de darse prioridad dentro de las mejoras que deberían introducirse en materia de protección social y política de empleo, tanto a medio como a largo plazo.

2.4

La Comisión, que trabaja en la elaboración de un documento sobre el trabajo y la pobreza, ha declarado 2010 Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. En efecto, cerca de 80 millones de personas en la UE, es decir, un 16 % de sus habitantes, se hallan directamente en una situación de pobreza. Entre ellas, un número elevado sufre una situación de «pobreza activa». Un 8 % de los trabajadores vive por debajo del umbral de pobreza (2).

2.5

En su dictamen sobre el «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (2010)» (3), el Comité precisó que, como complemento del indicador habitual de la pobreza monetaria relativa, son necesarias otras medidas de evaluación de la pobreza que reflejen la envergadura de la privación efectiva, a fin de disponer de una imagen completa del fenómeno. Por encima de las sutilezas técnicas, son las comparaciones –que de ahora en adelante se verán facilitadas por un acuerdo europeo sobre una definición– las que trazan una imagen clara de las tendencias.

3.1

Hablar de «trabajador pobre” requiere en primer lugar que se clarifiquen simultáneamente los dos términos, esto es, «trabajador» y «pobre». La «pobreza» de un trabajador depende, por un lado, de los ingresos personales que ha obtenido durante su contrato (la remuneración del trabajo) y, por otro, de los recursos materiales globales de su familia. El trabajo nos remite a la actividad profesional individual. La pobreza nos remite a la insuficiencia de recursos en el hogar considerado en su conjunto. En algunos casos se puede pasar rápidamente de una situación –o de una impresión– de no pobreza a una situación de pobreza.

3.2

La pobreza se define en el nivel del hogar, pero el trabajo se define en el nivel de los individuos. Por lo tanto, se combinan dos niveles de análisis. La «pobreza activa» depende, en primer lugar, de la situación laboral y de las características del empleo de los individuos y, en segundo lugar, del nivel de vida del hogar del que forman parte. Esta doble valoración es fuente de dificultades. Se puede tener una remuneración baja, pero no estar incluido en la categoría de pobre (porque se dispone de otros recursos familiares más sólidos). Por el contrario, se puede tener la consideración de pobre pese a contar con un nivel de remuneración próximo al salario medio mensual del país y considerado como suficiente en la sociedad a la que se pertenece. Se puede ser un activo desocupado (en situación de desempleo) y recibir un subsidio que esté muy por encima del umbral de pobreza. Por otra parte, se puede ser un activo muy ocupado, pero con una remuneración muy baja, con numerosas personas a cargo y, por consiguiente, estar viviendo por debajo del umbral de pobreza.

3.3

Por lo tanto, la consideración política de los trabajadores pobres corresponde tanto a las políticas de empleo como a las políticas sociales de asistencia y de seguro y a las políticas en pro de las familias.

3.4

En el marco de la estrategia europea para el empleo, que forma parte de la Estrategia de Lisboa, la disminución del número de trabajadores pobres ha pasado a convertirse en una prioridad de la Unión. Por consiguiente, a partir de 2003 se hizo necesario contar con un indicador que permitiera la evaluación y comparación. En julio de 2003, en el marco de los trabajos relativos al proceso comunitario de inclusión social, el Comité de Protección Social de la Unión Europea adoptó un indicador común destinado a evaluar la proporción de «trabajadores pobres» en la Unión Europea, así como algunas de sus principales características sociodemográficas.

3.5

De conformidad con esta definición del Comité de Protección Social, el «trabajador pobre» es una persona que, durante el año de referencia, está «básicamente trabajando» (como asalariado o independiente) y vive en un hogar cuya renta total es inferior al 60 % de la renta media nacional. Debe haber estado desempeñando un empleo más de la mitad del año. Más exactamente, el indicador de «riesgo de pobreza en el trabajo» identifica como trabajador a toda persona que haya estado empleada durante al menos siete de los doce meses del período de referencia (4).

4.1

A finales de 2008 la Comisión publicó su informe anual sobre las tendencias sociales en los Estados miembros en el marco de los objetivos comunes de la estrategia de la Unión en materia de protección social e inclusión social (véase anexo) (5). En él se señalaba que a finales de 2006 un 16 % de los ciudadanos de la UE estaban expuestos al riesgo de pobreza. En la UE hay un 8 % de trabajadores que viven por debajo del umbral de pobreza. Los porcentajes oscilan entre un 4 % o menos (República Checa, Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y Finlandia) y el 13 % o el 14 % (en Polonia y Grecia, respectivamente) (6). La pobreza de los trabajadores se asocia con salarios bajos (definidos como salarios inferiores al 60 % del salario medio), un bajo nivel de cualificación, empleos precarios, la escasa remuneración de determinados autónomos y el trabajo a tiempo parcial, que a menudo es una opción impuesta. Esta forma de pobreza está también relacionada con el estatus económico de los demás miembros del hogar. En los hogares con niños, indica la Comisión, el modelo familiar con un único ingreso ya no es suficiente para poner a la familia al abrigo de la pobreza.

4.2

El indicador de pobreza monetaria relativa es criticado a menudo porque no tiene verdaderamente en cuenta la diversidad de situaciones de carencia. La escasez de ingresos no es sino un elemento más de la pobreza. En la Unión se están desarrollando otros indicadores, que proporcionarán una imagen diferente y complementaria de las realidades de la pobreza.

4.3

Así, por ejemplo, en paralelo con la medición de la pobreza monetaria se están desarrollando métodos de medida de la pobreza en términos de «condiciones de vida». Por ejemplo, a escala europea se mide la «privación material» (véase anexo). El indicador da cuenta de la proporción de personas que viven en hogares que no disponen de al menos tres de los nueve elementos siguientes: 1) capacidad para hacer frente a gastos imprevistos, 2) una semana de vacaciones al año, 3) capacidad de pagar sus créditos, 4) una comida con carne, pollo o pescado al menos cada dos días, 5) alojamiento con una calefacción adecuada, 6) lavadora 7) televisión en color, 8) teléfono, 9) vehículo propio. Es obvio que se puede discutir la pertinencia de todos estos elementos materiales como indicadores. Es su agregación la que da una imagen interesante. El porcentaje de privación registra amplias divergencias, del 3 % en Luxemburgo al 50 % en Letonia. Estas divergencias son bastante más importantes que las divergencias de pobreza monetaria (del 10 % al 21 %).

4.4

El enfoque de la privación material modifica radicalmente la clasificación de los Estados miembros cuando se trata de medir la pobreza. En efecto, se mide la pobreza general y no sólo la de los trabajadores pobres. En un futuro próximo será necesario poder proporcionar información sobre la situación de los trabajadores pobres en cada uno de los países, en términos de privación material. En efecto, básicamente, la pobreza activa no es sólo un problema de bajo nivel de ingresos, sino también una cuestión de calidad de vida (profesional, familiar, social).

5.1

Uno de los primeros factores que conducen a la pobreza activa es la precariedad del estatus de trabajador. Numerosas instancias, entre ellas la Confederación Europea de Sindicatos y los sindicatos europeos, muestran su inquietud ante el aumento de la precarización del trabajo. Con más de 19,1 millones de contratos de duración determinada (7) y alrededor de 29 millones de “falsos autónomos” (principalmente en el sector de la construcción y las obras públicas), se trata de cerca de 48,1 millones de trabajadores cuyo estatus se caracteriza por un determinado nivel de inestabilidad. No cabe duda de que esta población es muy heterogénea –dentro de cada país o incluso con más razón entre los distintos países–, pero el orden de magnitud es el de decenas de millones de trabajadores confrontados a determinadas formas de precariedad que pueden llevarlos a una situación de «pobreza activa».

5.2

Los empresarios destacan la complejidad de la cuestión de la pobreza activa y ponen de manifiesto en primer lugar el vínculo entre el riesgo de pobreza y el nivel de educación. Los sistemas de educación y de formación deben ser más eficaces y equitativos. Además es esencial «hacer que trabajar sea rentable» (8), es decir, garantizar un equilibrio eficaz entre los regímenes fiscales y los sistemas de seguridad social.

5.3

La pobreza activa tiene su origen en el escaso nivel de remuneración del trabajo (que con frecuencia resulta inadecuada con respecto a las tareas realizadas) y en las transformaciones del modelo familiar. La evolución del núcleo familiar, que afecta en grado diferente a los distintos Estados miembros, se caracteriza en todas partes por una mayor inestabilidad, más separaciones y el aumento del número de familias monoparentales, familias con un único miembro activo y más expuestas al riesgo de pobreza. El Informe conjunto sobre la protección social y la inclusión social de 2007  (9) de la Comisión ya indicaba que, aunque el empleo es la mejor defensa contra la pobreza, no puede constituir la única protección. De ahí que sea necesario adoptar o reforzar las medidas de solidaridad en favor de las familias, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes y las personas con discapacidad y de edad avanzada, los emigrantes, que son las categorías más vulnerables. Además, debe destacarse en qué medida la pobreza activa es un factor determinante de la pobreza de los niños.

5.4

La subida del coste de los transportes, del coste de la vivienda, de la asistencia sanitaria, etc., tiende también a debilitar a los trabajadores. Afecta sobre todo a trabajadores cuyos ingresos están próximos al salario mínimo y de las clases medias inferiores, puesto que, en general, están situadas en la periferia de las zonas de empleo.

5.5

La pobreza activa puede ser consecuencia del bajo nivel de competencias o de instrucción de una persona, de su falta de competencias necesarias para un trabajo con un salario adecuado o de condiciones de trabajo no adaptadas. Los grupos vulnerables son por lo general los trabajadores mayores, los jóvenes, las mujeres, las familias numerosas, las personas discapacitadas, los trabajadores que interrumpieron tempranamente su escolaridad y los emigrantes. Por consiguiente, es esencial garantizar a toda persona discapacitada condiciones de acogida apropiadas en el empleo y garantizar a cada niño un buen punto de partida en la vida gracias a una escolarización precoz, pero también combatiendo el problema del abandono escolar, cuya tasa –que en la actualidad es del 15 % en Europa–, sigue siendo aún demasiado elevada.

5.6

De manera más profunda y muy frecuentemente, la pobreza activa es un resultado del subempleo. La «pobreza activa» es una cuestión compleja, tanto para los trabajadores por cuenta ajena como para determinados trabajadores autónomos, en la que intervienen muchos criterios interrelacionados. Es preciso asumir un planteamiento global a fin de adoptar mecanismos eficaces que permitan superar los retos que plantea. Sin políticas globales de crecimiento y de adaptación a la globalización y, ahora, de recuperación ante la crisis, no puede haber programas eficaces de lucha contra la pobreza activa.

6.1

En primer lugar, para luchar contra el trabajo pobre, se debe reflexionar en términos macroeconómicos. En efecto, no se trata de medidas específicas que pueden servir mal que bien para frenar la dinámica, en particular en el contexto de crisis. El empleo –incluido el autónomo–, más concretamente, el empleo de calidad para todos debe ser una prioridad para todas las instituciones europeas.

6.2

Indicadores fiables. Deben proseguirse los esfuerzos para elaborar indicadores comunes y fiables por lo que se refiere a los trabajadores pobres. Se han realizado grandes progresos gracias a las inversiones europeas y al método abierto de coordinación. Es importante que, de ahora en adelante, se siga avanzando y enriqueciendo los conocimientos mediante conjuntos de datos más completos, que tengan en cuenta al mismo tiempo la proporción de trabajadores pobres, la intensidad de esta pobreza y la desigualdad de la distribución de las rentas entre los pobres (dentro de cada país y entre los distintos países).

6.3

Técnicamente, sobre estas cuestiones estadísticas es importante disponer de datos nacionales recopilados a partir de un umbral nacional, y también de datos de carácter plenamente europeo, considerados a partir de un umbral europeo. Esto permitiría otras clasificaciones y otras visiones distintas de las que hoy en día proporciona el único indicador que ha sido establecido.

6.4

Remuneraciones justas y decentes, apoyadas en un diálogo social reforzado. La lucha contra la pobreza activa debe apoyarse también en una política salarial ambiciosa. Es necesario multiplicar y apoyar todas las iniciativas que vayan en el sentido de la fórmula inflación + participación adecuada en el aumento de la productividad. A este respecto, las negociaciones salariales, clave del diálogo social, deben desempeñar un papel preponderante en la lucha contra la pobreza activa. A nivel sectorial, nacional o europeo no existe una incidencia económica real para las empresas cuando las negociaciones se desarrollan bien y, en consecuencia, no hay un «precio que pagar» por un verdadero diálogo social. Los progresos en torno al trabajo decente pasan por el diálogo social, el compromiso de los interlocutores sociales, la responsabilidad de las empresas, las medidas de incentivo y corrección de las administraciones públicas y, en la actualidad, el papel de los bancos respecto de las PYME. La lucha contra el trabajo no declarado constituye una herramienta determinante en la lucha contra el trabajo pobre. Por una parte, porque afecta a los grupos de población más vulnerables (emigrantes, trabajadores precarios), pero también porque puede conducir a situaciones de casi esclavitud contrarias a la Carta de los Derechos Fundamentales.

6.5

Mecanismos que favorezcan el espíritu empresarial y el trabajo por cuenta propia. Muchos empresarios y trabajadores autónomos sufren la pobreza activa, sobre todo en los inicios de su actividad empresarial. Es necesario crear mecanismos de apoyo, ya que muchas de estas PYME serán futuras generadoras de empleo. El 80 % del crecimiento de la economía procede del sector de las PYME y, sin embargo, muchos empresarios reciben una retribución económica escasa o nula cuando están en el proceso de crear la empresa, exponiendo a sus familias al riesgo de la pobreza.

6.6

Sistemas de formación adaptados. La formación permanente, en particular para los asalariados menos cualificados, es una condición fundamental desde el punto de vista de la mejora de las competencias y de acceso a un empleo con un salario justo y decente para estos trabajadores.

6.7

Una protección social adaptada. La lucha contra la pobreza activa pasa por una racionalización de las disposiciones en vigor. Las prestaciones de asistencia deben poder combinarse más eficazmente con los nuevos servicios de cuidado de los niños y ayuda a la movilidad (al igual que el trabajo, la movilidad también debe ser rentable), que permiten a los trabajadores pobres desempeñar una actividad mejor remunerada.

6.8

En materia de vivienda, mientras que en algunos países todo parece indicar que una parte no desdeñable de las personas sin hogar son profesionalmente activas, es importante movilizar los recursos de vivienda social a fin de dar prioridad a las personas integradas en el mundo laboral, pero que corren el riesgo de perder su empleo y su estabilidad relativa por la baja calidad, e incluso por la falta de alojamiento.

6.9

Tener en cuenta el entorno de trabajo y el trabajo. En concreto, puesto que la pobreza en el trabajo está en parte estrechamente vinculada a las condiciones de la actividad profesional, es fundamental actuar sobre los aspectos relacionados con el entorno de trabajo: las ayudas a la movilidad elegida, el acceso a comidas en condiciones financieras apropiadas, las condiciones de vivienda y las posibilidades de acogida para los niños. Además, la empresa que proporciona el trabajo debería estar en disposición de examinar mediante qué medidas puede dar a sus contratos laborales una mayor seguridad y cómo podrían sus trabajadores progresar y elevar su cualificación.

6.10

Informar y movilizar. Por último, en el marco del Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social se impone la movilización de la opinión pública y los medios de comunicación. Analizar el fenómeno de los trabajadores pobres, hablar de las situaciones humanas degradantes que genera y movilizar a los ciudadanos europeos son medidas que podrían romper la situación de desamparo en que se encuentra parte de la población activa y contribuir de este modo a devolverle su dignidad perdida. No se trata de hacer que los ciudadanos se compadezcan, sino de movilizarlos en favor de un empleo de calidad para todos, a fin de promover un modelo social europeo éticamente superior.

23.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/57

1.3.1

El Grupo De Larosière propone aplicar, con respecto a las reservas de capital de los bancos, requisitos más estrictos en los periodos de expansión y menos estrictos en los de contracción. La dificultad que encierran los pronósticos económicos, debido a las fluctuaciones de la coyuntura económica, hace que esta propuesta pueda resultar arriesgada. Al mismo tiempo, España constituye un ejemplo de que un sistema de requisitos variables en materia de reservas de capital puede funcionar. Por lo tanto, el CESE considera que, antes de su puesta en práctica, esta medida debe analizarse en lo referente a los periodos de aplicación.

1.3.2

El CESE considera que es absolutamente necesario incrementar los requisitos relativos a las reservas de capital y la transparencia de las operaciones fuera de balance. Las autoridades españolas tienen la normativa más estricta con respecto a las operaciones fuera de balance y los bancos españoles han sido los menos afectados por la crisis.

1.3.3

A veces se ha abusado de las operaciones «fuera de balance» y las sociedades instrumentales (special purpose vehicles). Los activos de riesgo se mantienen fuera del balance del banco para evitar tener que aumentar las reservas de capital y, en ocasiones, para eludir impuestos. Ante esta situación, el CESE considera que es necesario establecer una normativa más estricta.

1.3.4

Según el CESE, una de las principales medidas que se derivan del informe debería ser la obligación de los bancos de declarar más claramente los elementos de riesgo incluidos en sus activos. El CESE considera, al igual que el Informe, que los bancos y las entidades financieras deben asumir siempre una parte del riesgo cuando venden activos de riesgo. Deben declarar claramente los riesgos de los productos financieros. La transparencia de los productos financieros es esencial para devolver la confianza a los mercados financieros. En este contexto, el CESE vuelve a referirse a España. No deben poder utilizarse nuevos instrumentos en el sector financiero hasta que no hayan sido supervisados por las autoridades monetarias. La aplicación de este tipo de supervisión debe ser tema de debate. Hay que decidir si se aplica a escala nacional o si es necesario un sistema de control común para toda la Unión Europea. Dado el carácter transfronterizo de la actividad financiera, la mayoría se inclina por un sistema común.

1.3.5

El llamado «sistema bancario paralelo» está formado por diferentes formas de préstamo que no están reguladas. Estas nuevas formas de actividad financiera se han podido desarrollar sin ninguna clase de normativa y sin la obligación ni siquiera de mantener reservas. El CESE está de acuerdo en que es necesario regular también este tipo de actividad. Para los fondos de inversión, el Informe propone también una normativa común, definiciones de los diferentes tipos de activos y un control más estricto. Es fácil estar de acuerdo también con esto último.

1.3.6

Se necesitan también requisitos más estrictos en cuanto a la dirección de los bancos y las auditorías. El CESE considera que las soluciones del Grupo De Larosière no subrayan suficientemente el papel de los auditores. Con auditorías eficaces se habría podido reducir la propagación de los activos de riesgo. La dirección de una entidad financiera debe poder confiar en la valoración de los activos a través de auditorías. El papel de los auditores y los métodos de contabilidad deberían formar parte de la revisión del Acuerdo de Basilea II.

1.3.7

El Informe formula recomendaciones interesantes acerca del sistema de bonificaciones, que deberán abarcar varios años, basarse en resultados reales y no estar garantizadas de antemano. El CESE considera que es necesario pasar de un planteamiento a corto plazo a un enfoque a largo plazo, en el que las bonificaciones no se basen en la especulación. En este sentido, el CESE apoya la idea de una imposición sobre las transacciones financieras cuyo producto podría destinarse a la ayuda al desarrollo. Asimismo, una exigencia adicional debería ser que no estuvieran basadas en la evolución general, sino en si se ha conseguido un margen positivo con respecto a la tendencia general. Además, sería conveniente fijar límites máximos a las bonificaciones, a fin de evitar las exageraciones y la asunción de riesgos de manera irreflexiva. Una estrategia para la salida de la crisis financiera (la denominada Exit Strategy) debe incluir el reembolso de las enormes sumas procedentes del erario público que fueron transferidas a las entidades financieras, en vez de su utilización para volver a niveles elevados de ganancias y bonificaciones.

1.4.1

El Grupo De Larosière considera necesario crear un órgano europeo de supervisión del sistema financiero en general, que pueda advertir de posibles riesgos financieros. Se propone que sea responsabilidad del BCE/SEBC (Banco Central Europeo/Sistema Europeo de Bancos Centrales). Se asignará esta tarea a un consejo especial. Que el mencionado consejo esté administrativamente vinculado al BCE es adecuado, pero formalmente y a efectos de gestión de la supervisión, debe pertenecer al SEBC. La supervisión debe aplicarse a los sistemas financieros de todos los Estados miembros y los directivos de este nuevo consejo/junta directiva deben ser nombrados por el SEBC.

1.4.2

En el Informe se propone un nuevo sistema de supervisión microprudencial en dos fases, con autoridades especiales encargadas, respectivamente, de la supervisión de los bancos, los fondos de inversión y los mercados de valores. En la segunda fase se desarrollará la normativa básica común para la supervisión y se eliminarán las diferencias en su aplicación en los distintos Estados. En esta fase también se armonizarán las posibles sanciones. El CESE no ve ningún motivo para retrasar todo este proceso y, por lo tanto, acoge con satisfacción que la Comisión proponga ahora en su Comunicación que habría que preparar inmediatamente todo el sistema de supervisión microprudencial.

1.4.3

En opinión del CESE, los órganos colegiados formados por las autoridades nacionales de supervisión bancaria con actividades transfronterizas pueden tener problemas de funcionamiento si al mismo tiempo no se pone en marcha la necesaria armonización. De no ser así, las diferencias entre las normativas de los órganos de supervisión nacionales llevarían en la práctica a que las tres autoridades supervisoras asumieran una parte de la vigilancia.

1.4.4

Las juntas directivas de estas nuevas autoridades no deberían estar formadas sólo por representantes de los bancos. Los sindicatos, los consumidores de servicios bancarios e incluso el CESE, como representante de la sociedad civil, también deberían formar parte de dichas juntas directivas.