22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/1

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Protección de los consumidores en materia de crédito y finanzas

P6_TA(2008)0539

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre la protección del consumidor: mejora de la educación y la sensibilización del consumidor en materia de crédito y finanzas (2007/2288(INI))

(2010/C 16 E/01)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la Comunicación de la Comisión de 18 de diciembre de 2007 sobre la educación financiera (COM(2007) 0808),

—	Visto el Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor en el mercado único (COM(2007) 0226),

—	Vista su Resolución legislativa, de 16 de enero de 2008, con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (1),

—	Vista su Resolución de 11 de julio de 2007 sobre la política de los servicios financieros (2005-2010) — Libro Blanco (2),

—	Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—	Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0393/2008),

A.

Considerando, por una parte, que los mercados financieros evolucionan rápidamente, se han vuelto extremadamente dinámicos y cada vez son más complejos y, por otra parte, que los cambios de la sociedad y del estilo de vida requieren una gestión sana de las finanzas personales y una adaptación periódica de las mismas a las nuevas circunstancias laborales y familiares,

B.

Considerando que los responsables políticos, tanto en los Estados miembros como a escala europea, deben fijar como prioridad el incremento del nivel de cultura financiera de los consumidores, no sólo en beneficio de los ciudadanos, sino también de la sociedad y de la economía, que podría redundar en una disminución del endeudamiento, un mayor nivel de ahorro, un aumento de la competencia, un uso acertado de los productos de seguros y unos recursos adecuados para la jubilación,

C.	Considerando que, según señalan algunos estudios, los consumidores tienden a sobreestimar sus conocimientos en materia de servicios financieros y necesitan ser informados de que su cultura financiera no es tanta como creen, y de las consecuencias de este hecho,

D.

Considerando que unos programas de educación financiera de alta calidad, ceñidos a objetivos concretos y, cuando proceda, lo más personalizados posible, pueden contribuir a aumentar la cultura financiera, permitiendo así a los consumidores elegir con mayor conocimiento de causa y, por consiguiente, contribuir a un funcionamiento eficaz de los mercados financieros,

E.	Considerando que los servicios financieros transfronterizos adquieren cada vez mayor importancia y que la Comisión debe emprender iniciativas a escala de la UE para promover la información transfronteriza y, en caso necesario, comparable sobre la educación financiera,

F.	Considerando que debe prestarse especial atención a las necesidades educativas de los consumidores más vulnerables y de los consumidores jóvenes que se enfrentan a decisiones que afectarán a sus perspectivas económicas durante toda la vida,

G.

Considerando que algunas investigaciones han demostrado que las personas que han estudiado los aspectos fundamentales de las finanzas personales a una edad temprana tienen mayor cultura financiera; que la educación financiera está estrechamente relacionada con la enseñanza de competencias básicas (matemáticas y lectura),

1.   Expresa su satisfacción por las iniciativas de la Comisión sobre la educación financiera de los consumidores y, en particular, por la reciente creación del grupo de expertos en educación financiera y su intención de publicar una base de datos en línea de planes de educación financiera e investigación efectuada en la Unión Europea; opina que este grupo de expertos debería tener unas responsabilidades y competencias claramente definidas; sugiere que se encargue a este grupo de expertos, en particular, que examine el valor añadido y las mejores prácticas en materia de educación financiera en la UE y de los servicios financieros transfronterizos;

2.   Subraya que el objetivo de la educación y la mayor sensibilización de los consumidores en materia de finanzas y créditos es mejorar sus conocimientos de las realidades económicas y financieras para poder comprender los compromisos económicos y evitar riesgos innecesarios, el endeudamiento excesivo y la exclusión financiera; considera que acciones de formación e información deben permitir a los consumidores adquirir una visión independiente, basada en sus propios criterios, de los productos financieros que se les ofrecen o a los que tienen previsto recurrir;

3.   Constata que la crisis de las «hipotecas de alto riesgo» constituye un ejemplo no sólo de los peligros que supone la información inadecuada para los prestatarios, sino también que la falta de comprensión y conocimiento de dicha información origina que los consumidores no tengan debidamente en cuenta los riesgos de insolvencia y endeudamiento excesivo;

4.   Subraya que los consumidores conscientes e informados contribuyen a fomentar la competencia, la calidad y la innovación de los servicios financieros y bancarios, y recuerda que los inversores informados y confiados pueden proporcionar liquidez adicional a los mercados de capitales por lo que se refiere a las inversiones y al crecimiento;

5.   Señala la importancia de establecer el nivel de cultura financiera de los Estados miembros y la comprensión del valor añadido que puede ofrecer la UE, así como definir las necesidades educativas de grupos de destinatarios específicos, con arreglo a una serie de criterios como la edad, el nivel de ingresos y el nivel de educación;

6.   Reconoce el papel de las iniciativas privadas, el sector de los servicios financieros y las asociaciones de consumidores, tanto a nivel nacional como comunitario, a la hora de definir las necesidades específicas de los grupos de destinatarios en materia de educación financiera, de identificar las insuficiencias y carencias de los actuales programas educativos y de facilitar información financiera a los consumidores, incluyendo el uso de campañas de educación y comunicación basadas en herramientas disponibles en Internet para la planificación financiera;

7.   Opina que los programas de educación financiera son más eficaces si se ciñen a las necesidades de grupos de destinatarios específicos y, en su caso, si se personalizan lo más posible; también opina que todos los programas de educación financiera deben contribuir a la mejora de una gestión consciente y realista de las posibilidades financieras de cada persona; debe examinarse la posibilidad de elaborar programas que mejoren las capacidades financieras de los adultos;

8.   Pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, desarrolle a escala de la UE programas de educación sobre finanzas personales basados en normas y principios comunes que puedan adaptarse a las necesidades de todos los Estados miembros y aplicarse en cada uno de ellos, estableciendo criterios de referencia y fomentando el intercambio de las mejores prácticas;

9.   Hace hincapié en que la educación financiera puede completar, pero no sustituir, disposiciones coherentes relativas a la protección del consumidor en la legislación sobre servicios financieros y la regulación, y estricta supervisión, de las entidades financieras;

10.   Reconoce el importante papel del sector privado y, en particular, de las entidades financieras, a la hora de proporcionar a los consumidores información sobre servicios financieros; insiste, no obstante, en que la educación financiera debe ofrecerse de forma justa, imparcial y transparente para que responda a los intereses de los consumidores y diferenciarse claramente de un asesoramiento o publicidad de carácter comercial; para alcanzar este objetivo, anima a las entidades financieras a que establezcan códigos de conducta para su personal;

11.   Reconoce que debe lograrse el difícil equilibrio entre aportar a los consumidores los conocimientos necesarios para que puedan tomar decisiones fundadas en materia de finanzas y sobrecargarlos de información; aboga por la calidad por encima de la cantidad, como por ejemplo, una información de calidad que sea accesible, concreta, fácil de comprender y destinada a capacitar a los consumidores para elegir con conocimiento de causa y responsabilidad;

12.   Considera que es necesaria una información efectiva, clara y comprensible, principalmente en los mensajes publicitarios sobre los productos financieros, y que las entidades financieras deben proporcionar información suficiente antes de la conclusión de los contratos y, en particular, aplicar estrictamente las normas contempladas en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (3) y en la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo (4); pide a la Comisión que presente propuestas legislativas coherentes y específicas con vistas a un sistema armonizado de información y protección de los consumidores, en particular en materia de créditos hipotecarios (por ejemplo, en forma de hoja informativa europea, estandarizada, armonizada, sencilla y comparable que incluya indicaciones comunes sobre el interés anual efectivo, etc.).

13.   Recomienda que los planes de educación financiera se centren en importantes aspectos de la planificación vital, como los ahorros básicos, las deudas, los seguros y las pensiones;

14.   Pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos por promover el diálogo entre las partes interesadas;

15.   Sugiere el incremento de la línea presupuestaria 17 02 02 para financiar actividades a escala de la UE destinadas a mejorar la educación y la cultura financieras de los consumidores; pide a la Comisión que contribuya a aumentar esta sensibilización en la Unión Europea apoyando la organización de conferencias, seminarios y campañas de comunicación y concienciación a nivel nacional y regional, así como programas educativos con participación transfronteriza, especialmente en el ámbito de los servicios financieros al por menor y de la gestión doméstica de ingresos y deudas;

16.   Pide a la Comisión que siga desarrollando y mejorando la herramienta en línea Dolceta y que facilite este servicio en todas las lenguas oficiales; propone que la Comisión incluya en el sitio web Dolceta un enlace con la base de datos en línea que piensa crear sobre los planes de educación financiera existentes a escala regional y nacional; propone que en el sitio web de Dolceta se inserten, de acuerdo con una subdivisión nacional, los enlaces de las entidades públicas y privadas activas en temas de educación financiera;

17.   Pide a la Comisión que incluya indicadores sobre la disponibilidad y calidad de la educación financiera en el Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo;

18.   Pide a la Comisión que lleve a cabo campañas de información para sensibilizar en mayor medida a los consumidores sobre sus derechos en virtud de la legislación de la UE por lo que respecta a la prestación de servicios financieros;

19.   Subraya la necesidad de que los Estados miembros realicen, con el apoyo de la Comisión, encuestas periódicas, en colaboración con los distintos grupos sociales y de la población, sobre el nivel existente de cultura financiera entre el público, con el fin de identificar las cuestiones prioritarias y asegurar así la realización oportuna, rápida y eficaz de programas de apoyo a la educación financiera de los ciudadanos;

20.   Alienta a los Estados miembros a que incluyan la educación financiera en los planes de estudio generales de la enseñanza primaria y secundaria establecidos por las instituciones competentes, con objeto de desarrollar las competencias necesarias para la vida cotidiana y a que organicen una formación sistemática de los docentes en esta materia:

21.   Subraya que es necesaria una educación permanente de ambas partes, asesores financieros y consumidores, para lograr una información de calidad compatible con la evolución más reciente del sector de los servicios financieros;

22.   Opina que no se aprovechan suficientemente los efectos de sinergia entre las distintas organizaciones educativas; pide por tanto a los Estados miembros que creen una red sobre educación financiera en la que participen el sector público y el privado, y favorezcan la cooperación y el diálogo entre todos los agentes;

23.   Anima a los Estados miembros a que presten especial atención a las necesidades educativas de los jubilados y de las personas al final de su vida profesional, expuestas al riesgo de exclusión financiera, así como a los jóvenes que inician su carrera profesional y se enfrentan al reto de cómo utilizar adecuadamente sus nuevos ingresos;

24.   Pide a los Estados miembros que establezcan programas de formación sobre economía y servicios financieros para los trabajadores sociales, ya que éstos están en contacto con personas enfrentadas a un riesgo de pobreza o endeudamiento excesivo;

25.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de los Estados miembros.

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(1)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0011.

(2)  DO C 175 E de 10.7.2008, p. 392.

(3)  DO L 145 de 30.4.2004, p. 1.

(4)  DO L 133 de 22.5.2008, p. 66.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/5

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Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo

P6_TA(2008)0540

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre el Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo (2008/2057(INI))

(2010/C 16 E/02)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de enero de 2008, titulada «Seguimiento de los resultados del mercado único para los consumidores: Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo» (COM(2008) 0031),

—	Visto el Cuadro de indicadores del mercado interior no 16 bis, de 14 de febrero de 2008 (SEC(2008) 0076),

—	Vista su Resolución, de 6 de septiembre de 2007, sobre el Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo (1),

—	Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2008, sobre la estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007-2013 (2),

—	Vista su Resolución, de 23 de septiembre de 2008, sobre el Cuadro de Indicadores del Mercado Interior (3),

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 2007, titulada «Un mercado único para la Europa del siglo XXI» (COM(2007) 0724),

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 2007, titulada «Servicios de interés general, incluidos los sociales: un nuevo compromiso europeo» (COM(2007) 0725), que acompaña a la Comunicación «Un mercado único para la Europa del siglo veintiuno»,

—

Visto el documento de trabajo de de los servicios de la Comisión sobre la aplicación de la nueva metodología para la supervisión de los mercados de productos y de los sectores, con los resultados sobre una primera selección de sectores (SEC(2007) 1517), que acompaña a la Comunicación «Un mercado único para la Europa del siglo veintiuno»

—	Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—	Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A6-0392/2008),

A.	Considerando que acoge favorablemente la publicación del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo (en lo sucesivo, «Cuadro de Indicadores»), cuyo objeto es que el mercado interior pueda responder mejor a las expectativas y preocupaciones de los ciudadanos,

B.	Considerando que unos mercados de consumo más eficaces y competitivos son fundamentales para garantizar la confianza de los ciudadanos en el mercado interior,

C.	Considerando que el Cuadro de Indicadores necesita complementarse con otros medios de seguimiento,

D.	Considerando que los indicadores del Cuadro de Indicadores pretenden contribuir a la identificación de sectores para que se analicen con mayor detenimiento,

E.	Considerando que el Cuadro de Indicadores debería fomentar el debate sobre cuestiones de política de consumo,

F.	Considerando que la realización de estudios y análisis por parte de las autoridades nacionales competentes en materia de consumo y de competencia podría ser relevante para desarrollar el Cuadro de Indicadores,

Introducción

1.   Destaca la importancia de hacer posible que los ciudadanos se beneficien plenamente de las ventajas del mercado interior y considera que el Cuadro de Indicadores es un instrumento importante para dicho fin;

2.   Acoge con satisfacción los cinco indicadores principales del Cuadro de Indicadores relativos a reclamaciones, niveles de precios, satisfacción, cambio de elección y seguridad;

3.   Destaca que el Cuadro de Indicadores está en sus albores y necesita ser desarrollado con datos más completos, estadísticas más precisas y análisis más detallados basados en los distintos indicadores;

4.   Subraya que una vez alcanzado un nivel de desarrollo satisfactorio de los cinco indicadores básicos del Cuadro de Indicadores deberán elaborarse nuevos indicadores para que el mercado interior responda mejor a las expectativas y preocupaciones de los ciudadanos;

5.   Pide a la Comisión que garantice una financiación y una dotación de personal adecuadas para los fines mencionados en los apartados 3 y 4;

6.   Alienta a la Comisión a garantizar un enfoque coherente y coordinado por parte de sus servicios para evitar la duplicación de tareas y unos resultados contradictorios del análisis de datos;

7.   Pide a la Comisión que incluya en los futuros Cuadros de Indicadores un resumen de fácil comprensión así como conclusiones y recomendaciones claras, traducidos a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea;

Desarrollo de los indicadores

8.   Considera que debería limitarse el número total de indicadores para garantizar un Cuadro de Indicadores preciso;

9.   Considera que un indicador sobre reclamaciones resulta esencial para comprender la satisfacción de los consumidores y pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen para conseguir una armonización de los sistemas de clasificación de reclamaciones utilizados por las autoridades competentes y los servicios pertinentes de asistencia al consumidor en los Estados miembros y en el ámbito comunitario y que establezcan una base de datos a escala de la UE sobre las reclamaciones de los consumidores; pide a los Estados miembros que promuevan entre los consumidores un mejor conocimiento de los sistemas para la introducción de reclamaciones y que mejoren la tramitación de las mismas con objeto de que los operadores económicos puedan ofrecer más servicios y de mejor calidad;

10.   Pide a la Comisión que desarrolle indicadores relativos a los procedimientos judiciales transfronterizos y las indemnizaciones por pérdidas sufridas por los consumidores a través de métodos judiciales y extrajudiciales de reparación, así como mediante los mecanismos nacionales de reparación existentes;

11.   Considera que podrían incluirse en el Cuadro de Indicadores los indicadores relativos al grado de alfabetización, calificaciones y edad de los consumidores (por ejemplo, nivel de educación, conocimientos de informática y de lenguas extranjeras); destaca, no obstante, la importancia de encontrar un equilibrio entre los indicadores basados en datos «subjetivos» procedentes de encuestas a los consumidores y los datos «objetivos» basados en otras fuentes;

12.   Admite que el desarrollo de indicadores precisos y adecuados sobre los precios es una cuestión muy compleja, puesto que las diferencias de los niveles de precios pueden deberse a diversas causas y su existencia no constituye prueba alguna del funcionamiento incorrecto del mercado; opina, no obstante, que el Cuadro de Indicadores debería incluir indicadores de precios, ya que éstos constituyen una preocupación fundamental para los consumidores y los indicadores son importantes para estimular el debate y garantizar la sensibilización de los medios de comunicación en lo concerniente a las deficiencias en el funcionamiento de los mercados; pide a la Comisión que tenga en cuenta el entorno macroeconómico y el poder adquisitivo de los consumidores y los precios antes de la aplicación de las tasas en los Estados miembros;

13.   Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados para desarrollar indicadores de precios más sofisticados, pero pide también el uso de otros indicadores relativos al funcionamiento efectivo de los mercados antes de realizar recomendaciones sobre políticas específicas;

14.   Recuerda que las preocupaciones éticas y medioambientales tienen cada vez mayor importancia para los consumidores; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de evaluar la disponibilidad de información relativa a dichas preocupaciones en diferentes mercados;

Mejora de la base de información

15.   Destaca la importancia de una estrecha cooperación entre las oficinas de estadística de los Estados miembros, Eurostat y otros servicios de la Comisión a la hora de garantizar la calidad y el carácter exhaustivo de los datos; pide a los Estados miembros que adopten medidas para facilitar dicha cooperación;

16.   Recuerda que las autoridades nacionales competentes en materia de consumo y de competencia a menudo inician estudios de casos o disponen de otros datos relativos al funcionamiento de diferentes mercados, por lo que pide a la Comisión que haga uso de la información nacional disponible y que consulte activamente a los expertos nacionales al desarrollar el Cuadro de Indicadores;

17.   Alienta a los Estados miembros a que examinen las ventajas de instituir un Defensor del Consumidor especial; observa que varios Estados miembros disponen, en varios sectores, de defensores del consumidor que ayudan a los consumidores a tratar con los operadores económicos;

18.   Pide a la Comisión que, en colaboración con los Estados miembros, se asegure de que se concedan mayores recursos a los centros europeos de información al consumidor y que se les dote del personal adecuado con el fin de poder solucionar de forma eficaz el creciente número de reclamaciones transfronterizas de los consumidores y de reducir los plazos necesarios para gestionar dichas reclamaciones;

Mejor conocimiento del Cuadro de Indicadores

19.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que contribuyan a mejorar el conocimiento del Cuadro de Indicadores, entre otras cosas garantizando que sea fácilmente accesible y visible en los sitios Internet pertinentes, y que incrementen los esfuerzos destinados a promover el Cuadro de Indicadores entre los medios de comunicación, las autoridades públicas y las organizaciones de consumidores;

Relación con el Cuadro de Indicadores del mercado interior

20.   Opina que tanto el Cuadro de Indicadores del mercado interior como el Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo sirven para promover un mercado interior mejor en beneficio de los ciudadanos y de los consumidores;

21.   Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de garantizar un mercado interior en el que exista una mejor comunicación y considera que los dos cuadros de indicadores constituyen pasos importantes en dicha dirección;

22.   Destaca que, aunque los dos Cuadros de Indicadores están interrelacionados y es importante promover su desarrollo coherente, se dirigen a audiencias distintas y, por tanto, se deberían mantener separados y con distintos conjuntos de indicadores;

23.   Considera que debería llevarse a cabo con regularidad una revisión de los indicadores empleados así como de la relación entre ambos indicadores, con el fin de adaptarlos a la evolución del mercado interior;

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* *

24.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

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(1)  DO C 187 E de 24.7.2008, p. 231.

(2)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0211.

(3)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0421.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/8

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UEM@10: Los diez primeros años de la Unión Económica y Monetaria y los retos del futuro

P6_TA(2008)0543

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre la UEM@10: Los diez primeros años de la Unión Económica y Monetaria y los retos del futuro (2008/2156(INI))

(2010/C 16 E/03)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de mayo de 2008, sobre la UEM@10 — Logros y retos tras diez años de Unión Económica y Monetaria (COM(2008) 0238) (Comunicación sobre la UEM@10),

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de junio de 2008, sobre las Finanzas Públicas en la UEM — 2008 (COM(2008) 0387),

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de octubre de 2008, titulada «De la crisis financiera a la recuperación: Un marco europeo de acción» (COM(2008) 0706),

—	Vistas las previsiones económicas de la Comisión de otoño de 2008, de 3 de noviembre de 2008,

—	Vista la reunión del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre de 2008,

—	Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2008, sobre el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre de 2008 (1),

—	Vista la Cumbre extraordinaria del Eurogrupo, de 12 de octubre de 2008, sobre las garantías del Estado en relación con los préstamos interbancarios,

—	Vistas las conclusiones de la reunión del Consejo de 4 de noviembre de 2008,

—	Visto el resultado de la Cumbre informal de Jefes de Estado y de Gobierno de 7 de noviembre de 2008,

—	Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2006, sobre el Informe anual sobre la zona del euro 2006 (2),

—	Vista su Resolución, de 12 de julio de 2007, sobre el Informe anual 2007 sobre la zona del euro (3),

—	Vista su Resolución, de 20 de febrero de 2008, sobre la contribución al Consejo Europeo de primavera de 2008 en relación con la Estrategia de Lisboa (4),

—	Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2007, sobre el interés europeo: Triunfar en la era de la mundialización (5),

—	Vista su Resolución, de 15 de febrero de 2007, sobre la situación de la economía europea: Informe preparatorio sobre las orientaciones generales de las políticas económicas para 2007 (6),

—	Vista su Resolución, de 22 de febrero de 2005, sobre las Finanzas Públicas en la UEM — 2004 (7),

—	Vista su Resolución, de 26 de abril de 2007, sobre las Finanzas Públicas en la UEM — 2006 (8),

—	Vista su Resolución, de 9 de julio de 2008, sobre el Informe anual del BCE para 2007 (9),

—	Vista su Resolución, de 1 de junio de 2006, sobre la ampliación de la zona del euro (10),

—	Vista su Resolución, de 20 de junio de 2007, sobre la mejora del método de consulta al Parlamento en los procedimientos relativos a la ampliación de la zona del euro (11),

—	Vista su Posición, de 17 de junio de 2008, sobre la propuesta de Decisión del Consejo de conformidad con el artículo 122, apartado 2, del Tratado para la adopción por Eslovaquia de la moneda única el 1 de enero de 2009 (12),

—	Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2006, sobre la revisión estratégica del Fondo Monetario Internacional (13),

—	Vista su Resolución, de 5 de julio de 2005, sobre la aplicación de una estrategia de información y comunicación sobre el euro y la Unión Económica y Monetaria (14),

—	Vista su Resolución, de 23 de septiembre de 2008, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión (15),

—	Vista la Resolución del Consejo Europeo, de 13 de diciembre de 1997, sobre la coordinación de las políticas económicas en la tercera fase de la UEM y sobre los artículos 109 y 109 B del Tratado CE (16),

—	Vista la contribución del Consejo de Economía y Finanzas, de 12 de febrero de 2008, a las conclusiones del Consejo Europeo de primavera,

—	Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de octubre de 2008, sobre una respuesta coordinada de la Unión Europea a la ralentización de la economía,

—	Visto el Memorando de Acuerdo, de 1 de junio de 2008, sobre cooperación entre las autoridades de supervisión financiera, los Bancos Centrales y los Ministerios de Hacienda de la Unión Europea en materia de estabilidad financiera transfronteriza,

—	Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—	Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Comercio Internacional (A6-0420/2008),

A.	Considerando que el 1 de enero de 1999 once Estados miembros —Bélgica, Alemania, Irlanda, España, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia— adoptaron la moneda única de la Unión Europea,

B.	Considerando que otros cuatro Estados miembros se han adherido a la zona del euro desde su entrada en vigor: Grecia, en 2001, Eslovenia, en 2007 y Chipre y Malta, en 2008,

C.	Considerando que la zona del euro seguirá ampliándose, ya que la mayoría de los Estados miembros que actualmente no pertenecen a la zona del euro se están preparando para adherirse en el futuro, y que Eslovaquia formará parte de la zona del euro a partir del 1 de enero de 2009,

D.	Considerando que la Unión Económica y Monetaria (UEM) ha sido un éxito en muchos sentidos, al haber incrementado la moneda única la estabilidad económica de los Estados miembros, teniendo en cuenta, en particular, la crisis financiera que se registra en la actualidad,

E.

Considerando que la pertenencia a la zona del euro implica un alto grado de interdependencia económica entre los Estados miembros involucrados y, por tanto, requiere una mayor coordinación de las políticas económicas y obliga a la zona del euro a desempeñar un papel eficaz en la gobernanza económica y financiera global, con el fin de sacar el mayor provecho de la moneda única y afrontar futuros retos, como una mayor competencia en torno a los recursos naturales, los desequilibrios económicos mundiales, la creciente importancia económica de los mercados emergentes, el cambio climático y el envejecimiento de la población europea,

F.

Considerando que la inflación media durante los diez primeros años de la zona del euro se ajustó en líneas generales al objetivo del Banco Central Europeo (BCE) de estabilizar los precios en una tasa cercana, pero inferior, al 2 %; y que, últimamente, la inflación se ha elevado muy por encima de este nivel debido a los cambios estructurales mundiales, sobre todo los relacionados con el aumento de los precios de la energía y los alimentos y la relajación de la política monetaria en los Estados Unidos, así como con la falta de vigilancia por parte de una serie de bancos centrales de terceros países,

G.

Considerando que el rápido aumento de la demanda de energía y de otras materias primas escasas, en las economías emergentes ha empujado progresivamente la oferta hasta su capacidad máxima; y que la presión al alza de los precios se ha exacerbado, dado que las materias primas se consideran cada vez más como activos financieros, hasta el punto de que pueden utilizarse como salvaguarda de valor,

H.

Considerando que cabe celebrar la apertura de la zona del euro, y que se estima que la actual apreciación del euro puede tener efectos negativos, sobre todo en la medida en que pueda afectar a las exportaciones y favorecer las importaciones en el mercado interior, así como efectos positivos, al ayudar a la economía de la Unión Europea a hacer frente al drástico aumento de los precios del petróleo y a la crisis financiera que se registra en la actualidad,

I.

Considerando que el entorno económico mundial ha sido favorable a la creación de empleo durante los diez primeros años del euro, al provocar la creación de casi 16 millones de puestos de trabajo —sin tener en cuenta la calidad de los puestos de trabajo creados— y un descenso de la tasa de paro del 9 % en 1999 al 7,3 % o más estimado en 2008,

J.

Considerando que la Unión Europea está entrando en una fase de ralentización económica y que las tasas de crecimiento han descendido del 3,1 % en 2006 hasta una previsión revisada que oscila entre el 2 y el 1,4 % para 2008 y el 0,2 % para 2009, y que el desempleo y la exclusión social seguirán aumentando,

K.	Considerando que el crecimiento de la economía y de la productividad ha sido decepcionante, al haber disminuido el aumento de la producción por trabajador del 1,5 % en el período de 1989 a 1998 al 0,75 % estimado en el período de 1999 a 2008,

L.

Considerando que el euro se ha impuesto rápidamente como la segunda moneda internacional más importante, junto con el dólar estadounidense, y que desempeña una función esencial como moneda de referencia para muchos países de todo el mundo; considerando, no obstante, que el potencial del euro se aprovecha insuficientemente a nivel global, dado que la zona del euro carece de una estrategia internacional adecuadamente definida y de una representación internacional eficaz,

Los diez primeros años del euro

1.   Comparte la idea de que la moneda única se ha convertido en un símbolo de Europa y ha demostrado que Europa es capaz de tomar decisiones de gran alcance para lograr un futuro común y próspero;

2.   Acoge con satisfacción el hecho de que el euro haya traído estabilidad y una mayor integración económica a la zona del euro; celebra los efectos estabilizadores del euro en los mercados mundiales de divisas, especialmente en tiempos de crisis; indica que las diferencias económicas internas aún no han disminuido lo esperado y que la productividad no se ha desarrollado de forma satisfactoria en todas las partes de la zona del euro;

3.   Observa con satisfacción que en distintas partes del mundo se está contemplando la creación de otras uniones monetarias;

4.   Señala, tal y como demuestran numerosos estudios, el vínculo esencial que existe entre la política monetaria y la política comercial en el mundo y subraya, en este sentido, el papel positivo que desempeña la estabilidad de la cotización de las monedas para garantizar un crecimiento sostenible del comercio internacional;

5.   Señala que la creciente utilización del euro como moneda comercial internacional beneficia especialmente a los Estados miembros de la zona del euro, ya que reduce los riesgos de cambio para sus empresas y, por tanto, los costes del comercio internacional;

6.   Recuerda que durante los diez primeros años de la UEM, el Parlamento ha desempeñado una función activa, tanto en el aspecto económico como en el monetario, y ha hecho todo lo posible por garantizar una mayor transparencia y responsabilidad democrática;

7.   Subraya que es preciso realizar mayores esfuerzos por sacar el máximo provecho de la UEM, como lograr la recuperación de los Estados miembros y de las regiones con un producto nacional bruto (PNB) inferior a la media, y fortalecer la comprensión y el compromiso de los ciudadanos con respecto a la moneda única;

8.   Propone los siguientes elementos y medidas concretas con el fin de marcar el rumbo deseable para la UEM:

Divergencia económica, reformas estructurales y finanzas públicas

9.   Considera que unas reformas económicas más racionales y coherentes y encaminadas a prestar múltiples apoyos, oportunamente coordinadas sobre la base de las Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo (Directrices Integradas) y un enfoque basado en la combinación de políticas de la Estrategia de Lisboa podrían reducir las divergencias económicas y convertirse en una gran ayuda para la recuperación económica y superar la crisis financiera que se registra en la actualidad; resalta la necesidad de mejorar y simplificar los procedimientos y metodologías de revisión y evaluación de la ejecución de estas directrices al final de cada año;

10.   Reconoce que, en lo que respecta a los esfuerzos de modernización y al rendimiento económico, los países que han logrado mayores éxitos son aquellos que combinan reformas estructurales bien equilibradas y orientadas al futuro con una inversión superior a la media en investigación, desarrollo e innovación, educación, formación permanente y guarderías infantiles, así como en la renovación de redes sociales sólidas; afirma que, en su mayoría, dichos Estados miembros cuentan con una administración muy eficaz y transparente, con superávit presupuestarios, niveles de endeudamiento inferiores a la media y un gasto público de alta calidad, eficaz y focalizado, a la vez que muestran signos de una contribución del progreso técnico al crecimiento nacional que casi duplica la media de la Unión Europea; afirma, además, que estos Estados miembros «de referencia», gracias a sus altas tasas de empleo, incluido el empleo de mujeres y de trabajadores de mayor edad, y a sus tasas de natalidad especialmente altas, son los que están mejor preparados para una sociedad en proceso de envejecimiento y garantizar un alto nivel de competitividad;

11.   Recalca la necesidad de que las políticas macroeconómicas de estabilidad y orientadas al crecimiento se refuercen mutuamente, haciendo de una política equilibrada y de la inversión una cuestión de interés común; recalca igualmente la necesidad de seguir de cerca los equilibrios públicos a través de la gestión eficaz de la política fiscal y de los gastos y su impacto en la demanda y, paralelamente, de acordar la creación de un entorno favorable para las operaciones transfronterizas de las empresas;

12.   Señala que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) revisado ha demostrado su utilidad y que es necesario respetar el compromiso de una fuerte consolidación presupuestaria, ya que los cambios demográficos y el posible declive del crecimiento económico podrían provocar problemas presupuestarios en Estados miembros de la zona del euro, lo que a su vez podría afectar negativamente a la estabilidad de la zona del euro en su conjunto; critica en este contexto la falta de disciplina a la hora de combatir los déficit presupuestarios en tiempos de crecimiento económico y pone de relieve que los Estados miembros deben esforzarse por lograr una política fiscal anticíclica, especialmente con el fin de estar mejor preparados para resistir los embates del exterior; subraya, por tanto, la necesidad de una estrategia a corto plazo con vistas a reducir las deudas nacionales y unas estrategias de crecimiento sanas y sostenibles que permitan una reducción de las deudas nacionales a un máximo del 60 % a largo plazo;

13.   Señala que también es necesario seguir cumpliendo a rajatabla en el futuro los principales elementos del PEC, puesto que los límites del 3 % de déficit del Estado y del 60 % de deuda nacional en relación con el producto interior bruto se especificaron sobre la base de las condiciones económicas de los años noventa; opina que los Estados miembros deben ajustarse estrictamente al PEC bajo la supervisón de la Comisión; opina que ambos objetivos de deudas deberían tratarse como límites máximos que han de evitarse; señala que una coordinación efectiva de la política económica y financiera es una condición previa para el éxito económico de la UEM, aunque dicha coordinación debe respetar el principio de subsidiariedad; pide a la Comisión que contemple todos los medios de que disponga para fortalecer el aspecto preventivo del PEC; pone de relieve que la Comisión debe hacer un mejor uso de los actuales instrumentos de supervisión y que es preciso reforzar la evaluación intermedia de los presupuestos nacionales por el Eurogrupo;

14.   Apoya el punto de vista de la Comisión en el sentido de que el PEC ofrece un marco político importante en un momento en el que la coyuntura económica es especialmente tensa y hace hincapié en que la aplicación del PEC debería garantizar que todo deterioro de las finanzas públicas esté acompañado de medidas adecuadas para afrontar la situación, velando al mismo tiempo por el restablecimiento de unas condiciones sostenibles; considera, asimismo, que las políticas presupuestarias deberían beneficiarse plenamente del grado de flexibilidad que permite el PEC revisado y pide a la Comisión que dé orientaciones claras a los Estados miembros sobre cómo servirse de esta flexibilidad;

15.   Considera que un entorno macroeconómico estable y sostenible requiere una mejora de la calidad de las finanzas públicas, incluida una mayor consolidación presupuestaria, una elevada eficacia del gasto público, mayores inversiones en educación, capital humano, investigación y desarrollo y una infraestructura que sea favorable al crecimiento y capaz de estimular el empleo y que aborde las principales inquietudes sociales, como el cambio climático, en el sentido de los objetivos del paquete sobre el cambio climático y la energía y la recuperación económica en el contexto de la crisis financiera que se registra en la actualidad;

16.   Opina que las reformas estructurales deben centrarse en el incremento de la productividad mediante una mejor combinación de la política económica y social, garantizando al mismo tiempo un nivel adecuado de diálogo social, como se define en la estrategia de Lisboa;

17.   Indica que la política de competencia debería ser complementaria de las políticas estructurales, y apoya la reestructuración de la economía;

18.   Advierte de los riesgos de lograr la estabilidad de precios esencialmente a costa de la moderación salarial; recuerda, en este sentido, que la mayor competencia derivada de la globalización ya ha presionado los salarios a la baja, mientras que la inflación importada derivada del aumento del precio del petróleo y de otras materias primas ya ha mermado la capacidad de compra de los consumidores; manifiesta de nuevo su convicción de que este problema debería abordarse en concreto mediante una distribución más justa de la riqueza;

19.   Considera que las políticas salarial y tributaria son instrumentos eficaces tanto para la estabilización económica como para el crecimiento; opina que es preciso garantizar verdaderos aumentos salariales acordes con los niveles de inflación y productividad, y que la política tributaria debe utilizarse selectivamente para lograr los objetivos económicos; considera que la lucha contra el fraude fiscal, por lo que se refiere tanto a los impuestos directos como indirectos, es especialmente importante y que debe intensificarse; subraya que existe una necesidad urgente de fortalecer una cultura de estímulo y participación como parte integrante de los conceptos de gobernanza corporativa y responsabilidad social de las empresas;

20.   Subraya la necesidad de unas normas equitativas para el mercado interior; considera, por lo tanto, que la búsqueda de los tipos más bajos del impuesto de sociedades es contraproducente;

21.   Solicita que los Estados miembros de la zona del euro fortalezcan la coordinación efectiva de la política económica y financiera, en particular mediante la elaboración de una estrategia común coherente dentro del Eurogrupo; apoya la propuesta de la Comisión de exigir a los Estados miembros que establezcan programas marco a medio plazo para sus políticas económicas y financieras y de controlar su ejecución; subraya que cada Estado miembro debe aceptar la responsabilidad de abordar estas reformas estructurales y mejorar su competitividad de forma cooperativa, de manera que se mantenga la confianza y aceptación del euro;

22.   Indica que los diferentes modelos de reformas estructurales y los distintos grados de apertura han contribuido a los divergentes resultados entre los miembros de la zona del euro; apoya las conclusiones de la Comisión en su Comunicación sobre la UEM@10 por lo que respecta a la insuficiente recuperación de varias economías de la zona del euro y a las crecientes divergencias entre los Estados miembros de la zona del euro; aboga por intercambios periódicos de puntos de vista y por una cooperación en el seno del Eurogrupo con miras a lograr el objetivo común de acelerar el proceso de convergencia;

23.   Solicita a la Comisión que aplique de modo uniforme los criterios comunes al evaluar los datos económicos y fiscales; recuerda la responsabilidad de la Comisión y de los Estados miembros en relación con la fiabilidad de los datos estadísticos y pide que, en el futuro, sólo se tomen decisiones cuando no haya ninguna duda sobre la validez y veracidad de los datos disponibles; solicita también la posibilidad de llevar a cabo investigaciones cuando haya discrepancias sobre el número de años transcurridos entre la fecha acordada para los programas de estabilidad y convergencia y la fecha que pueda preverse de modo realista;

Política monetaria

24.   Recuerda su firme defensa de la independencia del BCE;

25.   Señala que los informes periódicos del BCE al Parlamento, y en particular a su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, contribuyen a la transparencia de la política monetaria y acoge con agrado la posibilidad de que los diputados al Parlamento Europeo formulen preguntas escritas al BCE sobre política monetaria, mejorando así la rendición de cuentas del BCE ante los ciudadanos de la Unión; apoya la demanda de un debate público más intenso sobre las futuras políticas comunes en materia monetaria y de tipos de cambio en la zona del euro;

26.   Considera que el diálogo sobre política monetaria entre el Parlamento y el BCE ha sido un éxito, sobre cuya base es preciso seguir avanzando; espera una mejora del diálogo monetario en varios aspectos, como la coordinación de las fechas de las comparecencias periódicas del Presidente del BCE con el calendario del BCE relativo a las decisiones sobre política monetaria, de manera que se pueda mejorar el análisis de las decisiones conservando la posibilidad de invitar al Presidente del BCE con el fin de debatir asuntos de actualidad cuando sea necesario;

27.   Señala que el objetivo principal de la política monetaria del BCE consiste en mantener la estabilidad de los precios y que el BCE aspira a una tasa de inflación inferior, pero cercana, al 2 % a medio plazo; destaca que el objetivo de la estabilidad de los precios sólo podrá conseguirse si se abordan adecuadamente las principales causas de la inflación; recuerda que el Tratado CE también asigna al BCE el cometido de apoyar las políticas económicas generales de la Comunidad;

28.   Opina que el BCE debería adoptar un régimen de objetivos de inflación directa en el que una inflación deseable puntual vaya acompañada de una gama de fluctuaciones permitidas en torno a la inflación deseable; pide al BCE que publique sus previsiones en materia de inflación; dicho cambio a un régimen de objetivos de inflación directa no debe impedir que el foco se sitúe en la dinámica de los agregados monetarios, a fin de evitar nuevas burbujas de activos;

29.   Considera que la inflación es una realidad mundial y que en una economía abierta no se puede luchar contra este fenómeno global únicamente a través de la política monetaria de la Unión Europea;

30.   Pone de relieve su voluntad de explorar posibles mejoras del procedimiento para designar a los miembros del Comité Ejecutivo del BCE antes de 2010; estima importante que los miembros del Comité Ejecutivo posean experiencia y méritos académicos o profesionales y representen distintas procedencias en el sector económico, monetario y financiero; llama la atención sobre sus peticiones de crear un Comité Ejecutivo del BCE compuesto por nueve miembros con competencias exclusivas para fijar los tipos de interés sustituyendo así al sistema actual y evitando la solución aún más compleja que se ha decidido para el futuro; insta a que se adopten las modificaciones correspondientes al Tratado;

Integración y supervisión de los mercados financieros

31.   Opina que la integración financiera debería comportar un mayor crecimiento económico y más competitividad, además de una mayor estabilidad y liquidez en el mercado interior;

32.   Señala que el principal centro financiero de la Unión Europea se encuentra fuera de la zona del euro; recuerda que, a pesar de ello, la legislación comunitaria engloba a todos los Estados miembros y agentes activos en el mercado interior; considera que la Unión Europea necesita urgentemente mejorar su estructura de supervisión, tomando en consideración el papel específico del BCE;

33.   Opina que aún queda mucho por hacer en lo referente a la compensación y liquidación de transacciones transfronterizas de títulos, en las que no existe ninguna integración real hasta la fecha;

34.   Subraya que, con respecto a los servicios al por menor, es necesaria una mayor integración, sin que esta integración vaya en detrimento de la protección de los consumidores; considera que es necesario mejorar la movilidad de los clientes, el conocimiento financiero, el acceso a los servicios básicos y la comparabilidad de los productos;

35.   Estima necesarias a medio plazo la europeización de la estructura de supervisión financiera, la transparencia del mercado financiero, unas normas eficaces de competencia y una regulación adecuada, con el fin de mejorar la gestión de crisis y la cooperación entre el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), las autoridades de supervisión, los gobiernos y los partícipes del mercado; defiende que un marco de supervisión integrado, global (que abarque todos los sectores financieros), sólido y coherente, que empiece por un enfoque equilibrado en la regulación de la ampliación transfronteriza del riesgo financiero sobre la base de una legislación armonizada, reduciría los costes de conformidad en el caso de las actividades multijurisdiccionales; señala que es preciso evitar tanto la «sobrerregulación» (regular más allá de los requisitos mínimos de la legislación de la CE) como el arbitraje normativo; pide a la Comisión que presente propuestas para revisar la actual estructura de supervisión con arreglo a estos principios; opina que la función supervisora del BCE debe ampliarse más allá de los límites de la zona del euro a través del SEBC;

36.   Acoge con agrado el Memorando de Acuerdo sobre cooperación entre las autoridades de supervisión financiera, los Bancos Centrales y los Ministerios de Hacienda de la Unión Europea en materia de estabilidad financiera transfronteriza, acordado en la primavera de 2008; subraya, no obstante, que el Memorando de Acuerdo no es más que un derecho indicativo y depende de la voluntad de los Estados miembros de cooperar entre sí; opina que por mucho que las normas de reparto de cargas sean difíciles de definir de antemano, es necesario que prosiga el trabajo relacionado con la gestión de crisis;

37.   Pone de relieve que la Unión Europea, en tanto que mayor zona económica del mundo con los principales mercados financieros, debe asumir el liderazgo a escala internacional en el impulso de la reforma del marco normativo de los servicios financieros en beneficio de todos los países implicados y de la estabilidad global; opina que la estabilidad financiera debe convertirse en uno de los objetivos fundamentales de las políticas en un mundo de mercados financieros cada vez más integrados y de innovación financiera, que a veces pueden tener efectos desestabilizadores en la economía real y acarrear riesgos sistémicos; está convencido de que todas las decisiones ambiciosas que se adopten en la Unión Europea animarán a otros países a hacer lo mismo y, a este respecto, destaca la responsabilidad de enfrentarse también a problemas globales o «extraterritoriales»; opina que es preciso abordar la responsabilidad política de los órganos reguladores internacionales en paralelo con dicho trabajo regulador;

38.   Solicita que la Comisión examine la creación de bonos europeos y elabore una estrategia a largo plazo que permita la emisión de dichos bonos dentro de la zona del euro, además de los bonos nacionales de los Estados miembros; destaca la necesidad de evaluar sus consecuencias tanto para los mercados financieros internacionales como para la UEM;

Ampliación de la zona del euro

39.   Solicita que todos los Estados miembros no integrados en la zona del euro respeten los criterios de Maastricht y el PEC reformado y generalmente flexible; considera que la Comisión debe garantizar la interpretación estricta del PEC y la aplicación de los criterios de exclusión antes de cualquier posible adhesión; considera que es preciso garantizar la igualdad de trato entre los Estados miembros integrados en la zona del euro y los Estados miembros que deseen adherirse; indica, en este contexto, que la estabilidad a largo plazo de la zona del euro debe considerarse un objetivo de interés común y que ampliación y estabilidad deben ir de la mano; estima que es esencial que los Estados miembros de la zona del euro y los que ostentan un estatuto especial cumplan estrictamente sus obligaciones y no dejen lugar a dudas en torno a las metas comunes de estabilidad de precios, independencia del BCE y disciplina presupuestaria o su voluntad de impulsar el crecimiento, el empleo y la competitividad;

40.   Considera que los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro, que cumplen los criterios de Maastricht y no son objeto de excepción en el Tratado, deben adoptar la moneda común lo antes posible;

41.   Destaca que la adhesión a la zona del euro requiere el pleno cumplimiento de los criterios de Maastricht, tal como se especifican en el Tratado y en el Protocolo relativo al artículo 121 del Tratado, a saber: un alto grado de estabilidad mesurada de precios, así como la sostenibilidad de dicha estabilidad de precios, unas finanzas públicas que no presenten un déficit excesivo, la participación durante un mínimo de dos años en el mecanismo de tipos de cambio (MTC II), el respeto de los márgenes normales de fluctuación, la convergencia de los tipos de interés a largo plazo, la compatibilidad del sistema de regulación con las disposiciones del Tratado de Maastricht relativas a la UEM y un banco central independiente;

42.   Opina que uno de los retos principales que supone adherirse a la zona del euro es garantizar la sostenibilidad de los criterios de Maastricht; subraya, no obstante, que, al mismo tiempo, los criterios de Maastricht también son un primer paso hacia la realización de procesos de reforma, inclusive ulteriores compromisos y esfuerzos por lo que se refiere a reformas estructurales, inversiones y coordinación económica;

43.   Acoge con satisfacción la supervisión más estricta y eficiente de los Estados miembros que participan en el MTC II y desean adherirse a la zona del euro, así como su desarrollo económico; señala que una participación con éxito en el MTC II debe seguir siendo una verdadera condición previa y no meramente un requisito secundario para la pertenencia a la zona del euro; y que deben aplicarse los mismos requisitos de adhesión a todos los Estados miembros que se adhieran a la zona del euro;

44.   Considera que la expansión duradera y efectiva de la zona del euro supone un reto importante para los próximos años y que deben adaptarse a este cambio tanto las normas institucionales del BCE como el proceso de toma de decisiones del mismo, y que el modelo de rotación debe tener en cuenta el peso económico de los diferentes Estados miembros;

45.   Subraya, en relación con la ampliación de la zona del euro, la conveniencia de un alto nivel de convergencia en la economía real con objeto de limitar las tensiones que puedan sufrir tanto la zona del euro como los Estados miembros que deseen adherirse; considera, en este contexto, que deberían establecerse medidas en favor de aquellos Estados miembros que, integrados en la zona del euro, puedan sufrir una especial contracción como consecuencia de la política monetaria única;

46.   Hace hincapié en la importancia que reviste, en el contexto de las futuras ampliaciones, el establecimiento de intervenciones específicas de apoyo a los Estados miembros que no pertenecen a la zona del euro que se han visto especialmente afectados por la crisis financiera que se registra en la actualidad;

Comunicación

47.   Pone de relieve que, aunque hasta la fecha se ha mantenido en la zona del euro un alto grado de estabilidad de precios, la «inflación percibida» ha diferido sustancialmente de las tasas de inflación reales de los Estados miembros en los diez últimos años, que son más bajas; reclama, por tanto, una mejor información y clarificación de los hechos de cara a la población en torno a la necesidad y al funcionamiento de la UEM, en particular con respecto a la estabilidad de precios, los mercados financieros internacionales y las ventajas de la estabilidad dentro de la zona del euro en situaciones de crisis financieras internacionales;

48.   Considera que la información sobre la moneda única sigue siendo una prioridad para la Unión Europea; manifiesta su convencimiento de que las ventajas del euro y de la UEM, a saber, estabilidad de precios, bajos intereses hipotecarios, mayores facilidades para viajar, protección contra las fluctuaciones de los tipos de cambio y las convulsiones externas, deben seguir presentándose y explicándose al público en detalle; está convencido de que es preciso prestar especial atención a que se mantenga informados a los ciudadanos y consumidores europeos y a las pequeñas y medianas empresas (PYME) que no tengan suficiente capacidad para ajustarse inmediatamente a los avances y los retos para el euro, y a que se les mantenga al día de la evolución de los acontecimientos;

49.   Pide al BCE que en su informe anual o en un informe especial realice un análisis cuantitativo anual de los beneficios que supone el euro para el ciudadano normal, con ejemplos concretos de cómo el uso del euro ha tenido efectos positivos en la vida diaria de la gente;

50.   Considera que la comunicación reviste la máxima importancia para preparar la introducción del euro en los Estados miembros que tienen previsto adherirse a la zona del euro; señala que la comunicación sobre la ampliación de la zona del euro también es importante para todos los Estados miembros de la zona del euro;

51.   Opina que la Comisión debe concentrar sus esfuerzos en ayudar a los nuevos Estados miembros a preparar a sus ciudadanos a la adopción del euro mediante una intensa campaña de información; a supervisar su puesta en práctica cuando dicha campaña se esté llevando a cabo y a informar regularmente sobre mejores prácticas relativas a la ejecución de los planes de acción nacionales para la adopción del euro; opina asimismo que las mejores prácticas y los conocimientos adquiridos en anteriores transiciones pueden ser útiles para la transición en los nuevos Estados miembros y para la próxima ampliación y preparación de los nuevos países candidatos;

Función internacional del euro y representación externa

52.   Acoge con agrado el rápido desarrollo del euro como la segunda moneda de reserva y transacción más importante después del dólar estadounidense, con una cuota del 25 % de las reservas mundiales de divisas; señala que especialmente en los países vecinos de la zona del euro, éste desempeña una función importante como moneda de financiación y que los respectivos tipos de cambio de esos países se encuentran alineados con el euro; aprueba expresamente la opinión del BCE de que la introducción del euro constituye el último paso hacia un proceso de convergencia estructurado dentro de la Unión Europea y que, por lo tanto, la introducción del euro sólo posible en el marco del Tratado CE;

53.   Opina que la agenda política de la UEM para la próxima década se caracterizará, entre otras cosas, por los retos que suponen las economías emergentes en Asia y la crisis financiera mundial que se registra en la actualidad; lamenta que, pese al creciente papel que desempeña el euro en el mundo, los intentos por mejorar la importancia externa de la zona del euro en asuntos financieros y monetarios apenas hayan conseguido resultados positivos; subraya que la zona del euro debe crear una estrategia internacional proporcional al estatuto internacional de su moneda;

54.   Recuerda que la forma más eficaz para la zona del euro de alinear su influencia con su peso económico es establecer posiciones comunes y consolidar su representación, obteniendo finalmente un escaño único en las instituciones y foros financieros internacionales pertinentes; urge a los Estados miembros de la zona del euro, entre otras cosas, a hablar con una sola voz en relación con las políticas de tipos de cambio;

55.   Subraya que el euro se usa como moneda nacional fuera de la zona del euro; opina que es necesario analizar las implicaciones que supone dicho uso;

56.   Destaca que la importante función del euro en los mercados financieros internacionales acarrea obligaciones, y que el efecto de la política monetaria, así como de la política de crecimiento, en la zona del euro tiene un impacto global; pone de relieve la mayor importancia del euro en los servicios y el comercio internacional como elemento estabilizador en el entorno mundial, como motor de integración de los mercados financieros y como base para el aumento de las inversiones directas y las fusiones empresariales transfronterizas, ya que ha permitido reducir sustancialmente los costes de transacción; pide un estudio sobre los desequilibrios globales y la función del euro, así como los posibles escenarios de ajuste para preparar mejor a la Unión Europea para hacer frente a importantes embates del exterior;

57.   Sugiere una mayor cooperación y un diálogo internacional mejorado entre las autoridades responsables de los bloques monetarios más importantes, a fin de mejorar la gestión de las crisis internacionales y contribuir a abordar las consecuencias de los movimientos de divisas en la economía real; recuerda el éxito de la gestión común al inicio de la reciente «crisis de las hipotecas de alto riesgo» en los Estados Unidos, así como de la crisis inmediatamente posterior a los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, que contribuyó a evitar el hundimiento instantáneo del dólar estadounidense;

58.   Respalda la intención de la Comisión de fortalecer la influencia de la UEM en las instituciones financieras internacionales mediante la posición común de la Unión Europea canalizada por representantes seleccionados, como el Presidente del Eurogrupo, la Comisión y el Presidente del BCE; señala que en la práctica ya se les permite participar como observadores en las principales instituciones financieras internacionales; reclama, no obstante, una mejor coordinación de las posiciones europeas para que la política monetaria común europea esté representada en el futuro por sus representantes legítimos; espera que se pueda expresar la posición de la zona del euro sobre las políticas de tipos de cambio de sus socios principales; pide al Presidente del Eurogrupo que represente a la zona del euro en el Foro sobre Estabilidad Financiera (FSF); propone modificar los estatutos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para permitir la representación de bloques económicos y organizaciones;

59.   Subraya que es necesario un planteamiento común de la Unión Europea sobre la reforma de las instituciones financieras internacionales, la cual deberá tener en cuenta los retos de una economía global, incluida la emergencia de nuevas potencias económicas;

60.   Lamenta que la Comisión no haya efectuado un análisis más detallado y preciso sobre el papel internacional del euro en su Comunicación sobre la UEM@10; pide a la Comisión que elabore un informe detallado sobre la dimensión exterior de la política monetaria común y sobre sus repercusiones en la actuación económica y comercial de la zona del euro;

61.   Subraya que ciertos socios de la Unión Europea aplican políticas monetarias con el objetivo de infravalorar su moneda, que esta práctica perjudica de manera desleal los intercambios comerciales y que podría ser considerada como una barrera no arancelaria al comercio internacional;

Instrumentos económicos y gobernanza de la UEM

62.   Considera que todas las partes relevantes —el Parlamento, el Consejo, la Comisión, el Eurogrupo y los interlocutores sociales a escala de la Unión Europea y nacional— deben trabajar conjuntamente para fortalecer el trabajo futuro de la UEM en lo que respecta a la gobernanza económica sobre la base de las siguientes sugerencias:

a)	Como componente esencial de la Estrategia de Lisboa e instrumento económico central, las directrices integradas deben impulsar, con vistas a un «enfoque de combinación de políticas» equilibrado, reformas mutuamente estimulantes en materia de empleo, medio ambiente y seguridad social;

b)

Las directrices integradas deben establecer un amplio marco para una coordinación más estrecha de las políticas económicas con el fin de alinear los programas nacionales de reforma (PNR), teniendo en cuenta, no obstante, la diversidad económica y las distintas tradiciones nacionales. Conviene establecer una consulta de los Parlamentos nacionales en relación con los programas de estabilidad y convergencia y los PNR;

c)

Es preciso establecer un vínculo más fuerte entre las directrices integradas, en particular las Orientaciones generales de política económica (OGPE), y los programas de estabilidad y convergencia. Estos últimos y los PNR podrían presentarse al mismo tiempo (anualmente, al comienzo del otoño) tras un debate en el Parlamento nacional. Las OGPE podrían contener objetivos presupuestarios comunes acordes con el brazo preventivo del PEC;

d)

Al decidir sus presupuestos nacionales, los Gobiernos de los Estados miembros deben tener en cuenta las directrices integradas y las recomendaciones específicas para cada país, así como la situación presupuestaria global en la zona del euro. Los distintos calendarios fiscales nacionales y los supuestos principales en que se basan las previsiones subyacentes deben armonizarse para evitar disparidades causadas por distintas previsiones macroeconómicas (crecimiento mundial, crecimiento de la UE, precio del barril de petróleo y tipos de interés) y otros parámetros; pide a la Comisión, a Eurostat y a los Estados miembros que adopten medidas para definir los instrumentos para reforzar la comparabilidad de los presupuestos nacionales en lo que al gasto en las distintas categorías se refiere;

e)

Siempre que sea posible, conviene formular recomendaciones más formales para los Estados miembros de la zona del euro, como la definición de objetivos de gasto a medio plazo, reformas estructurales específicas, inversiones y calidad de las finanzas públicas; asimismo hay que crear una estructura de presentación de informes más normalizada en el contexto de los PNR, sin obstaculizar las prioridades de las reformas nacionales; todos los compromisos, objetivos y referencias comparativas deben quedar plenamente incorporados en las directrices integradas y los PNR, con el fin de mejorar la coherencia y eficacia de la gobernanza económica;

f)	En el marco de la gobernanza económica debe incluirse, en los períodos favorables, una estrategia a largo plazo con vistas a reducir las deudas nacionales a un máximo del 60 % del PNB, ya que esto reduciría el coste del servicio de la deuda y el coste del capital para inversiones privadas;

g)

Debe establecerse un marco vinculante dentro del cual los Estados miembros de la zona del euro se consulten entre sí y a la Comisión antes de adoptar decisiones importantes de política económica, como en el caso de las medidas destinadas a abordar el aumento de los precios de la energía y de los alimentos;

h)

La coordinación económica debe adoptar la forma de una «estrategia europea económica y de empleo» integrada, sobre la base de los actuales instrumentos de política económica, en particular la Estrategia de Lisboa, las directrices integradas, la estrategia de desarrollo sostenible y los programas de estabilidad y convergencia; pide a los Gobiernos de los Estados miembros, bajo el liderazgo del Presidente del Eurogrupo, que respalden la actividad económica de forma coherente, simultáneamente y en la misma dirección;

i)	Esta estrategia europea económica y de empleo a que se hace referencia en la letra h) debe reconocer el potencial de la tecnología nueva y ecológica como piedra angular del crecimiento económico, unido a una combinación de políticas macroeconómicas;

j)	La financiación de empresas innovadoras, en particular las PYME, debe ser facilitada, entre otras cosas mediante el establecimiento por parte del Banco Europeo de Inversiones de un «Fondo Europeo de Crecimiento Inteligente»;

k)	El informe anual sobre la zona del euro debe proveer una serie más práctica de instrumentos y evaluaciones para poder mantener un diálogo más detallado entre los distintos organismos de la Unión Europea involucrados en la gobernanza económica;

l)

Es necesario establecer como instrumento económico clave un código de conducta entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo que garantice una cooperación adecuada y la plena participación de las tres instituciones de la Unión Europea interesadas en la adecuada aplicación posterior de las directrices integradas;

m)

Es preciso fortalecer el dispositivo institucional para la coordinación de las políticas económicas como sigue: — deben también crearse «formaciones del Eurogrupo» en materia de competitividad/industria, medio ambiente, empleo y educación; — hay que dotar al Eurogrupo de un dispositivo institucional más fuerte y de más recursos humanos; — el mandato del Presidente del Eurogrupo debe ser acorde con los ciclos económicos de las directrices integradas; — el Comité de Política Económica debe ser absorbido por el Comité Económico y Financiero, a fin de constituir un organismo preparatorio único y coherente para el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros y el Eurogrupo; — hay que otorgar a un representante del Parlamento el estatuto de observador dentro del Eurogrupo y en las reuniones informales del Consejo; — deben organizarse reuniones entre la troika, el Parlamento y la Comisión cuatro veces al año, y si procede, con el Eurogrupo;

n)

Es preciso establecer un diálogo más estructurado y periódico sobre los asuntos macroeconómicos entre el Parlamento, la Comisión y el Eurogrupo, similar al diálogo monetario entre el Parlamento y el BCE, que tenga lugar al menos una vez por trimestre, con el fin de profundizar en los contextos actuales y debatir los retos que debe afrontar la economía de la zona del euro; y

o)	Es necesario establecer un diálogo activo entre el Parlamento, el Eurogrupo, el BCE y el Comité Económico y Social Europeo, con objeto de determinar la combinación adecuada de políticas;

63.   Opina que la agenda política de la UEM para la próxima década se caracterizará, en particular, por los retos que suponen las recientes turbulencias en los mercados financieros y sus repercusiones para la economía real; observa positivamente, en este contexto, que los Estados miembros dentro de la zona del euro están mejor equipados que en el pasado para hacer frente a grandes convulsiones gracias a una política monetaria común y a las reformas llevadas a cabo en los últimos años; no obstante, con vistas a luchar contra la desaceleración económica y la alta inflación, aboga a favor de:

a)	una respuesta coordinada a nivel de la Unión Europea, sobre la base de un entendimiento común de los problemas y de unas medidas de seguimiento comunes, si bien aceptando algunas especificidades nacionales incluida la coordinación de los PNR;

b)

unos PNR ambiciosos y concertados y un compromiso con la aplicación de los mismos, incluida una revisión de los presupuestos nacionales para reaccionar ante las últimas previsiones económicas, contrarrestar la recesión económica e impulsar el crecimiento, al mismo tiempo que se establece un diálogo firme con los interlocutores sociales;

c)	la adopción de medidas de apoyo a las PYME, en particular, que sirvan de complemento a las acciones emprendidas recientemente por el Banco Europeo de Inversiones y para velar por que el sistema bancario garantice el mantenimiento de unas líneas de crédito en favor de las PYME;

d)	la definición de medidas concretas para proteger a los grupos vulnerables de los efectos de la crisis financiera que se registra en la actualidad;

e)	una aplicación plena y oportuna de la hoja de ruta de los servicios financieros, incluidas las acciones de seguimiento, y un aumento de la eficacia de la supervisión en lo que respecta a las actuales perturbaciones financieras;

f)

la mejora de los dispositivos para la resolución de crisis mediante la mejora de las normas de la Unión Europea en materia de liquidación de empresas y la creación de regímenes claramente definidos y unánimemente aceptados para el reparto de la carga entre los Estados miembros en casos de insolvencia de grupos financieros transfronterizos;

g)

finalización de los instrumentos utilizados para el diseño de la política monetaria mediante el análisis detallado de los factores que influencian la estabilidad y el funcionamiento del sistema financiero, entre otras cosas, por lo que respecta a la transferencia de la política monetaria, el desarrollo del crédito y de los activos financieros, las características de los nuevos productos y la concentración de los riesgos y de la liquidez;

h)	una reacción europea dinámica en los foros internacionales, en particular el Foro sobre Estabilidad Financiera y el FMI y un aumento de los procesos de toma de decisiones políticas comunes;

i)	la formulación de una voz de la Unión Europea en el G8 y el reflejo del papel de la Unión Europea como un organismo global y más eficaz de toma de decisiones económicas, si bien adaptando dicho papel a las consecuencias de la globalización y a los mercados financieros mundiales más dominantes;

j)	una coordinación mejor y más eficaz entre la Organización Mundial del Comercio y las llamadas instituciones de «Bretton Woods» (el FMI y el Grupo del Banco Mundial) para luchar contra la especulación y afrontar los retos provocados por la grave crisis monetaria; y

k)

la organización, a la vista de los graves desórdenes monetarios actuales, de una conferencia monetaria mundial bajo los auspicios del FMI a fin de celebrar consultas mundiales sobre cuestiones monetarias. También debería estudiarse la viabilidad de crear un mecanismo de solución de diferencias en el marco del FMI.

*

* *

64.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Presidente del Eurogrupo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

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(1)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0506.

(2)  DO C 314 E de 21.12.2006, p. 125.

(3)  DO C 175 E de 10.7.2008, p. 569.

(4)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0057.

(5)  DO C 282 E de 6.11.2008, p. 422.

(6)  DO C 287 E de 29.1.2007, p. 535.

(7)  DO C 304 E de 1.12.2005, p. 132.

(8)  DO C 74 E de 20.3.2008, p. 780.

(9)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0357.

(10)  DO C 298 E de 8.12.2006, p. 249.

(11)  DO C 146 E de 12.6.2008, p. 251.

(12)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0287.

(13)  DO C 291 E de 30.11.2006, p. 118.

(14)  DO C 157 E de 6.7.2006, p. 73.

(15)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0425.

(16)  DO C 35 de 2.2.1998, p. 1.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/21

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Aplicación del principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres

P6_TA(2008)0544

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres (2008/2012(INI))

(2010/C 16 E/04)

El Parlamento Europeo,

—	Visto el artículo 192, párrafo segundo, del Tratado CE,

—	Vistos el artículo 2 y el artículo 141, apartado 3, del Tratado CE,

—	Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de julio de 2007, titulada «Actuar contra la diferencia de retribución entre mujeres y hombres» (COM(2007) 0424),

—	Visto el Informe de la red de expertos jurídicos de la Comisión en los ámbitos del empleo, los asuntos sociales y la igualdad entre hombres y mujeres de febrero de 2007 titulado Legal Aspects of the Gender Pay Gap,

—	Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género, adoptado por el Consejo Europeo de Bruselas de los días 23 y 24 de marzo de 2006,

—	Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas basada en el artículo 141 del Tratado CE,

—	Vistas las disposiciones del Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial de la Organización Mundial del Trabajo, de 1994, que obliga a los Estados a incluir en sus contratos públicos una cláusula relativa al trabajo, que contempla entre otros aspectos la igualdad de retribución,

—	Visto el artículo 11, apartado 1, letra d), de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979,

—	Visto el Marco de acciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres aprobado por los interlocutores sociales europeos, de 1 de marzo de 2005 y sus informes de seguimiento,

—	Vistas sus Resoluciones, de 13 de marzo de 2007, sobre el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (1), y de 3 de septiembre de 2008, sobre la igualdad entre mujeres y hombres — 2008 (2),

—	Vistos los artículos 39 y 45 de su Reglamento,

—	Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0389/2008),

A.

Considerando que, por término medio, el salario de las mujeres en la Unión Europea es inferior en un 15 % al de los hombres y hasta en un 25 % en el sector privado; que la diferencia de retribución entre hombres y mujeres oscila entre el 4 % y más del 25 % en los Estados miembros y no parece dar signos de reducirse significativamente,

B.	Considerando que una mujer tiene que trabajar hasta el 22 de febrero (es decir, 418 días) para cobrar lo mismo que un hombre durante un año,

C.	Considerando que la aplicación del principio de la igualdad de retribución para un mismo trabajo y para un trabajo de igual valor es esencial para lograr la igualdad de género,

D.

Considerando que persiste la diferencia de retribución entre hombres y mujeres, demostrada por los datos existentes, que indican progresos muy lentos (reducción de la diferencia de retribución del 17 % en 1995 al 15 % en 2005), y ello pese al importante cuerpo de leyes en vigor desde hace más de treinta años y a las acciones emprendidas y los recursos empleados para intentar reducirla, lo que hace necesario analizar las causas y presentar enfoques destinados a superar esta diferencia y a poner fin a la segregación del mercado de trabajo femenino que ello conlleva,

E.	Considerando que las mujeres obtienen en los estudios un mayor porcentaje de aprobados que los hombres en todos los Estados miembros y constituyen el mayor número de licenciados, sin que la diferencia de retribución disminuya de forma comparable,

F.

Considerando que la diferencia de retribución se debe a la discriminación directa e indirecta y a factores sociales y económicos, a la segregación en el mercado laboral y a la estructura salarial general, y está vinculada además a una serie de factores jurídicos, sociales y económicos que sobrepasan la cuestión misma de la igualdad de retribución para un mismo trabajo,

G.

Considerando que la diferencia de retribución no debe determinarse únicamente en función de la diferencia de retribución horaria bruta, sino que también se deben tener en cuenta factores como los complementos salariales individuales, la clasificación profesional, la organización del trabajo, la experiencia profesional y la productividad, factores que deben evaluarse desde el punto de vista no sólo cuantitativo (horas de presencia física en el lugar de trabajo) sino también cualitativo, y teniendo en cuenta el impacto de la reducción del horario laboral, las vacaciones y licencias y las ausencias por tratamientos médicos en los automatismos de los sistemas de retribución;

H.	Considerando que la reducción de la diferencia de retribución fue uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, pero que la mayoría de los Estados miembros no se han ocupado suficientemente de él,

I.	Considerando que la mejora del marco jurídico de la Unión Europea debe permitir a los Estados miembros y a los interlocutores sociales determinar mejor las causas subyacentes de la persistencia de la diferencia de retribución entre hombres y mujeres,

J.	Considerando que se tiende a infravalorar las profesiones y los empleos en los que predominan las mujeres, en comparación con aquellos en los que predominan los hombres, sin que ello esté necesariamente justificado por criterios objetivos,

K.	Considerando que existe una brecha digital por razones de género que tiene claras repercusiones en el ámbito salarial,

L.

Considerando que el sistema salarial, que tiene en cuenta la antigüedad en el cálculo de la retribución, perjudica a las mujeres que deben interrumpir (en repetidas ocasiones) su carrera profesional debido a factores externos, como las interrupciones del trabajo por motivos relacionados con los hijos, una elección profesional diferente o un tiempo de trabajo reducido, y las coloca en una situación de desventaja permanente y estructural,

M.

Considerando que los datos disponibles indican que las cualificaciones y la experiencia adquiridas por las mujeres están menos recompensadas económicamente que las adquiridas por los hombres; que, además de aplicar el concepto de igualdad de retribución para un trabajo de igual valor, que no debe ser sesgado por un enfoque estereotipado en materia de género, es necesario acabar con la asignación tradicional de las funciones sociales, que hasta la fecha ha influido considerablemente en la elección de la formación y la profesión; considerando asimismo que el permiso de maternidad y el permiso parental no deben provocar la discriminación de las mujeres en el mercado laboral,

N.

Considerando que la diferencia de retribución influye considerablemente en el estatus económico y social de las mujeres a lo largo de toda su carrera profesional y más allá; que, como consecuencia de su contribución a la sociedad por medios distintos del trabajo, como el cuidado de los hijos y de familiares de edad avanzada, muchas mujeres corren un mayor riesgo de encontrarse en una situación de pobreza y son menos independientes desde el punto de vista económico,

O.	Considerando que la diferencia de retribución es aún más acusada entre las mujeres inmigrantes, las mujeres con discapacidad, las mujeres pertenecientes a minorías y las mujeres sin cualificaciones,

P.	Considerando que es fundamental disponer de datos segregados por género y de un marco legal actualizado que contemple la perspectiva de género y que permita incidir en las causas de esta discriminación,

Q.	Considerando que desde el ámbito educativo es posible y necesario incidir en la eliminación de los estereotipos sociales de género,

R.	Considerando que el Parlamento ha solicitado reiteradamente a la Comisión que adopte iniciativas, incluida una revisión de la legislación vigente, para contrarrestar la diferencia de retribución, eliminar el riesgo de pobreza de los jubilados y asegurarles un nivel de vida digno,

S.

Considerando que, en la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) (3), se afirma que el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor es una parte esencial e indispensable del acervo comunitario, incluida la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en lo que se refiere a la discriminación y al sexo, por lo que es necesario adoptar disposiciones complementarias para su aplicación,

T.

Considerando que la aplicación, por parte de los Estados miembros, los interlocutores sociales y los organismos de igualdad de oportunidades, de medidas como las contempladas en el mencionado «Marco de acción para la igualdad entre hombres y mujeres», de 1 de marzo de 2005, permitiría superar realmente las diferencias de retribución mediante un recurso eficaz al diálogo social,

U.

Considerando que si se quiere encontrar una estrategia para superar la diferencia de retribución, la segregación horizontal y vertical y los estereotipos sobre las funciones y los sectores típicamente femeninos, es necesario establecer un marco de acciones, tanto legislativas como no legislativas, a distintos niveles y diferenciar entre las discriminaciones salariales y las diferencias de retribución basadas en factores ajenos a la discriminación directa e indirecta, ya que las primeras están contempladas directamente en la legislación, mientras que las segundas deben abordarse mediante políticas concretas y medidas específicas;

V.

Considerando que la Comisión, tal como anunció en su Comunicación arriba mencionada de 18 de julio de 2007, está llevando a cabo en 2008 un análisis del marco jurídico de la Unión Europea sobre la igualdad de retribución en el que deben participar todas las partes interesadas; considerando asimismo que se debería dar la adecuada publicidad a los resultados de dicho análisis,

W.	Considerando que se ha establecido como objetivo la igualdad entre las pensiones de hombres y mujeres, también por lo que respecta a la edad de jubilación,

X.

Considerando que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género puede desempeñar un papel fundamental en el seguimiento del desarrollo de la diferencia de retribución entre hombres y mujeres y en el análisis de las causas de esta diferencia, así como en la evaluación de los efectos de la legislación,

1.   Pide a la Comisión que le presente, basándose en el artículo 141 del Tratado CE, y antes del 31 de diciembre de 2009, una propuesta legislativa sobre la revisión de la legislación existente en relación con la aplicación del principio de la igualdad de retribución entre hombres y mujeres (4), siguiendo las recomendaciones que se detallan en el anexo;

2.   Constata que estas recomendaciones respetan el principio de subsidiariedad y los derechos fundamentales de los ciudadanos;

3.   Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras;

4.   Está convencido de la necesidad de una aplicación temprana y más eficaz de las disposiciones de la Directiva 2006/54/CE, relativas a los organismos de igualdad y al diálogo social, para superar las diferencias salariales; para ello deberá garantizarse la aplicación, por parte de los Estados miembros, los interlocutores sociales y los organismos de igualdad de oportunidades, de las medidas contempladas en el «Marco de acciones sobre la igualdad de género», firmado por los interlocutores sociales el 1 de marzo de 2005, y se deberá difundir información y guías sobre los instrumentos prácticos, en particular destinadas a las PYME, sobre la manera de superar la brecha salarial, incluso en los convenios colectivos nacionales o sectoriales;

5.   Subraya la importancia que revisten la negociación y los convenios colectivos para la lucha contra la discriminación de las mujeres, en particular por lo que se refiere al acceso al empleo, salarios, condiciones de trabajo, progresión en la carrera y formación profesional;

6.   Pide a las Instituciones europeas que organicen un Día Europeo por la Igualdad Salarial, tomando para ello el día en que, por término medio, las mujeres de Europa hayan obtenido la retribución que los hombres ganan de media en un año, y que servirá para concienciar al público sobre la diferencia de retribución existente e impulsar a todos los agentes implicados a tomar iniciativas adicionales para eliminar esa diferencia de retribución;

7.   Pide a las organizaciones sindicales y patronales que, a fin de reducir las diferencias de retribución entre hombres y mujeres, elaboren conjuntamente instrumentos objetivos de evaluación del trabajo;

8.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que se detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

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(1)  DO C 301 E de 13.12.2007, p. 56.

(2)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0399.

(3)  DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.

(4)  La Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos (DO L 45 de 19.2.1975, p. 19) ha sido incorporada a la Directiva 2006/54/CE. Con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2006/54/CE, la Directiva 75/117/CEE quedará derogada con efecto a partir del 15 de agosto de 2009, que es también la fecha en que se deberá dar cumplimiento, a más tardar, a aquella directiva.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/28

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Producción sostenible de electricidad a partir de combustibles fósiles

P6_TA(2008)0545

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre «Apoyar la demostración temprana de la producción sostenible de electricidad a partir de combustibles fósiles» (2008/2140(INI))

(2010/C 16 E/05)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la Comunicación de la Comisión de 23 de enero de 2008 titulada «Apoyar la demostración temprana de la producción sostenible de electricidad a partir de combustibles fósiles» (COM(2008) 0013), y el documento de trabajo de la Comisión sobre la evaluación de impacto adjunto (SEC(2008) 0047),

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el Régimen Comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (COM(2008) 0016), y el documento de trabajo de la Comisión sobre la evaluación de impacto adjunto (SEC(2008) 0052),

—

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican las Directivas del Consejo 85/337/CEE y 96/61/CE, y las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE y el Reglamento (CE) no 1013/2006 (COM(2008) 0018), y el documento de trabajo de la Comisión sobre la evaluación de impacto adjunto (SEC(2008) 0054),

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 22 de noviembre de 2007 titulada «Plan estratégico europeo de tecnología energética (plan EETE) — Hacia un futuro con baja emisión de carbono» (COM(2007) 0723), y los documentos de trabajo de la Comisión adjuntos («Technology Map», SEC(2007) 1510) y «Capacities Map», SEC(2007) 1511),

—	Vista la Comunicación de la Comisión de 23 de enero de 2008 titulada «Dos veces 20 para el 2020 — El cambio climático, una oportunidad para Europa» (COM(2008) 0030),

—	Vista la Comunicación de la Comisión de 10 de enero de 2007 titulada «Una política energética para Europa» (COM(2007) 0001),

—	Vista la Decisión no 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013) (1),

—	Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—	Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0418/2008),

A.

Considerando que, de acuerdo con los últimos descubrimientos científicos y tecnológicos, sin una inversión masiva en investigación y desarrollo de otras tecnologías, el uso de combustibles fósiles en la UE seguirá siendo necesario durante muchas décadas para garantizar la seguridad del suministro energético,

B.	Considerando que el carbón es la única fuente de energía fósil disponible en la UE capaz de limitar la creciente dependencia de las importaciones de petróleo y gas de terceros países inseguros y que, por tanto, reviste una importancia estratégica,

C.	Considerando que, aunque en muchos Estados miembros el carbón desempeña un papel fundamental en la mezcla energética, es necesario modernizar las centrales térmicas de carbón y realizar considerables inversiones para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero,

D.	Considerando que muchos Estados miembros disponen de importantes recursos carboníferos, que se calcula se podrán utilizar hasta bien entrado el próximo siglo,

E.

Considerando que la amplia implantación de las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono (CAC) (en las centrales eléctricas y también, a largo plazo, en sectores industriales con importantes emisiones de CO2) podría contribuir a alcanzar para 2020 y más allá los ambiciosos objetivos de la UE en relación con el cambio climático; que la implantación de estas tecnologías complementa los esfuerzos de eficiencia energética en el ámbito de la oferta y la demanda, así como en el ámbito de las energías renovables,

F.	Considerando que en muchas economías emergentes del mundo la producción de energía depende del uso de carbón, y que el éxito de la política climática en estas regiones depende estrechamente de la posibilidad de un uso del carbón con menos emisiones,

G.

Considerando que sólo será posible la implantación de las tecnologías CAC en las centrales eléctricas a partir de 2020 si los proyectos de demostración aportan nuevos y necesarios avances tecnológicos, así como mejoras en su eficiencia y viabilidad económica, asegurando al mismo tiempo el respeto del medio ambiente,

H.	Considerando que los retrasos en la construcción de instalaciones de demostración ponen en tela de juicio la implantación de las tecnologías CAC en las centrales eléctricas, y con ello la consecución de los objetivos de la política climática,

I.	Considerando que hasta ahora no existe el necesario marco legislativo que sea adecuado para la implantación de las tecnologías CAC,

J.	Considerando que la legislación comunitaria existente en este ámbito debe incorporarse lo antes posible a la legislación nacional o regional, y que debe completarse con nuevas propuestas legislativas, en particular en lo que se refiere a la creación de infraestructuras de transporte,

K.	Considerando que la ausencia de legislación dificulta a las empresas tomar decisiones en materia de inversión, y a los posibles inversores actuar en los mercados financieros,

L.

Considerando que debe apoyarse la construcción de al menos 12 instalaciones de demostración, y que los proyectos de demostración a escala de la UE deben seleccionarse en función de si pueden aportar los hallazgos necesarios en lo que se refiere a cada una de las tecnologías y a las diversas opciones de transporte y almacenamiento,

1.   Hace hincapié en que el objetivo de las políticas climáticas de la UE debería ser la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo;

2.   Recuerda el informe especial sobre la CAC elaborado en 2005 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que definía la CAC como una tecnología prometedora para una reducción rápida de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, con un potencial de reducción de hasta un 55 % en 2100;

3.   Reconoce que el uso de tecnologías CAC puede contribuir a conseguir los objetivos climáticos declarados de la UE después de 2020; sin embargo, señala que el apoyo al uso de tecnologías CAC completa los esfuerzos realizados para mejorar la eficiencia energética y aumentar el uso de las energías renovables,

4.   Recuerda el compromiso del Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007 de estimular la construcción y el funcionamiento, a más tardar en 2015, de hasta doce instalaciones de demostración de tecnologías sostenibles que utilicen combustibles fósiles para la producción de electricidad con carácter comercial;

5.   Insiste en la necesidad de organizar debates nacionales e implicar a todos los expertos en la materia para subrayar la importancia que reviste la demostración temprana de la producción sostenible de energía a partir de combustibles fósiles;

6.   Comparte el punto de vista de que es necesaria la construcción de al menos doce instalaciones de demostración en la UE con el fin de conseguir la implantación deseada de las tecnologías CAC en las centrales eléctricas y asegurar el almacenamiento de CO2 a partir de 2020; en este contexto, opina que, cuando sea posible, se debe también apoyar la demostración de las tecnologías CAC en otras instalaciones industriales antes de 2020; señala que la demostración de los procesos CAC en las fases de captura, transporte y almacenamiento debe poder determinar si las tecnologías CAC se pueden utilizar de forma segura y si son una solución rentable para el problema del cambio climático;

7.   Considera el futuro desarrollo y el uso de las tecnologías CAC como un medio para avanzar, al mismo tiempo, en la consecución de los objetivos de seguridad del suministro, protección del clima y competitividad;

8.   Opina, a la vista de la función de los combustibles fósiles en la mezcla energética de muchos países del mundo, que las tecnologías CAC en la UE podrían contribuir, junto con los esfuerzos que se realizan para aumentar la eficiencia energética y el uso de energías renovables, a conseguir la seguridad del suministro y la protección del clima;

9.   Subraya que deberían fijarse criterios vinculantes y estrictos en lo que se refiere a la seguridad a largo plazo y la permanencia de los emplazamientos de almacenamiento;

10.   Considera que el almacenamiento bajo el fondo marino puede, en caso de accidente, poner en peligro los ecosistemas marinos;

11.   Opina que las medidas anunciadas por la Comisión no bastan para crear los incentivos deseados para la construcción de al menos 12 instalaciones de demostración para 2015;

12.   Pide a la Comisión que presente una evaluación precisa del coste de cada una de las 12 instalaciones de demostración y del reparto de la financiación entre el sector público y el privado;

13.   Considera que es necesario un compromiso financiero directo para asegurar la construcción de las 12 instalaciones de demostración;

14.   Señala que las decisiones relativas a la inversión y a la adquisición de capital en los mercados financieros para las instalaciones de demostración se ven obstaculizadas por la falta de un marco legislativo, especialmente a nivel nacional y regional, y por la incertidumbre en relación con los futuros movimientos de los precios en el comercio de derechos de emisión;

15.   Opina que la brecha temporal entre el posible apoyo que ofrece el comercio de derechos de emisión a partir de 2013, y la necesaria fase de planificación y construcción de las instalaciones de demostración se puede superar mediante la aportación de recursos financieros;

16.   Propone, a este respecto, que los recursos del Instrumento de Financiación del Riesgo Compartido consignados tras la adopción del Séptimo Programa Marco de Investigación hasta la revisión a medio camino deben asignarse a las instalaciones de demostración CAC, de forma que se disponga rápidamente de recursos para apoyar estos proyectos, y, si es posible, complementarlos con otros fondos, en cooperación con el Banco Europeo de Inversiones, tal y como prevé la Comisión;

17.   Considera, asimismo, en relación con el régimen de comercio de los derechos de emisión (régimen ETS) de la UE, que deben aumentar los incentivos para la producción a través de tecnologías CAC, asignando en el régimen ETS de la UE derechos anticipados para la producción con tecnologías CAC, con un aumento de al menos el 25 % a partir de 2013; también considera que estos derechos deberían asignarse, sin embargo, al menos dos años antes de la construcción, a fin de que se puedan intercambiar; considera, de forma alternativa, que cabría plantearse una asignación de 500 millones de derechos de emisión para apoyar los proyectos en la UE; también alienta a los Estados miembros a que, en el contexto del régimen ETS de la UE, utilicen los ingresos resultantes de las subastas de los derechos de emisión para apoyar las tecnologías CAC y las infraestructuras necesarias;

18.   Considera imperativo que al menos las 12 instalaciones de demostración que deben recibir ayudas abarquen todas las combinaciones posibles de las tres tecnologías CAC con las diferentes fuentes de energía y las distintas posibilidades de almacenamiento y que se ubiquen procurando la máxima diversificación geográfica dentro de la UE;

19.   Recomienda encarecidamente que se incluyan en la selección los proyectos de centrales eléctricas con una producción mínima propuesta de 180 MW;

20.   Opina que debe crearse de inmediato, a nivel nacional y regional, la base necesaria para los procedimientos de autorización para el transporte y el almacenamiento;

21.   Considera necesario un compromiso adicional de la UE para facilitar el desarrollo de la necesaria infraestructura de transporte; a este respecto, señala que los procedimientos de autorización en los Estados miembros para otras infraestructuras de transporte pueden durar años, por lo que subraya la importancia de abreviar estos procedimientos con el fin de asegurar la construcción para 2020;

22.   Considera que el uso de los Fondos estructurales para las instalaciones de demostración CAC es sólo una opción si las distintas regiones no han comprometido hasta ahora los créditos en otros proyectos a largo plazo o no han presentado propuestas en ese sentido; señala que la aceptación de los esfuerzos en materia de protección del clima disminuirá si los créditos destinados a ello tienen que competir con los destinados a aumentar la cohesión económica y social;

23.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

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(1)  DO L 412 de 30.12.2006, p. 1.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/33

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Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo a raíz del proyecto de recomendación al Consejo de la Unión Europea sobre la Reclamación 1487/2005/GG

P6_TA(2008)0555

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo publicado después del proyecto de recomendación al Consejo de la Unión Europea sobre la Reclamación 1487/2005/GG (2008/2072(INI))

(2010/C 16 E/06)

El Parlamento Europeo,

—	Visto el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo,

—	Visto el artículo 195, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado CE,

—	Vista su Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones (1), en particular, su artículo 3, apartado 7,

—	Vistos los estudios elaborados por la Comisión, tal como fueron publicados en los Eurobarómetros especiales números 237 y 243, sobre la extensión de las diferentes lenguas en la Unión Europea,

—

Visto el artículo 3, apartado 5, del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo que establece que, en la medida de lo posible, el Defensor del Pueblo debe buscar con la institución u órgano afectado una solución que permita eliminar los casos de mala administración y satisfacer la reclamación del demandante,

—	Visto el artículo 195, apartado 2, frase primera, de su Reglamento,

—	Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A6-0395/2008),

A.	Considerando que la mejora de la transparencia, la promoción del multilingüismo y el hecho de facilitar información precisa a la opinión pública son objetivos de máxima prioridad para la Unión Europea y sus instituciones,

B.	Considerando que ofrecer al mayor número posible de ciudadanos de la Unión Europea un fácil acceso a la información es un requisito importante y un componente esencial de los principios generales de legitimidad democrática y transparencia,

C.	Deseando brindar al mayor número posible de ciudadanos un acceso directo a la información sobre las actividades de las instituciones de la Unión Europea y de sus órganos,

D.	Considerando que este deseo debe conciliarse con los problemas logísticos que plantea el importante número de lenguas oficiales de la Unión Europea,

E.	Considerando que Internet es un medio de información cada vez más importante que la Unión Europea debe aprovechar en sus esfuerzos por mejorar la transparencia y la información al público,

1.   Se adhiere a las conclusiones del Defensor del Pueblo Europeo, de acuerdo con las cuales:

a)	el Consejo, al igual que las otras instituciones de la Unión Europea, es responsable de los sitios web de su Presidencia y de las versiones lingüísticas que se ofrecen,

b)	las prácticas seguidas por el Consejo no pueden entenderse desligadas de los estándares comunes aplicados por las instituciones comunitarias y sus órganos;

c)	las informaciones facilitadas a través de estos sitios web deberían estar disponibles a tiempo, en la medida de lo posible, en todas las lenguas oficiales de la Comunidad;

d)	si debe limitarse el número de lenguas, la elección de las lenguas debe basarse en criterios de objetividad, racionalidad, transparencia y capacidad de gestión;

e)	la negativa del Consejo a abordar el fondo de la petición del demandante constituye un caso de mala administración;

2.   Manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Consejo declare no estar facultado para debatir el fondo de la cuestión, teniendo en cuenta que el asunto afecta a todos los Estados miembros por igual, y que el Consejo podría formular orientaciones para las futuras Presidencias;

3.   Lamenta que hasta ahora, a diferencia de otras instituciones como la Comisión y el Parlamento que han mejorado notablemente la pluralidad lingüística de su comunicación con los ciudadanos, el Consejo haya eludido ocuparse de la cuestión de las versiones lingüísticas en los sitios web de sus Presidencias;

4.   Insta al Consejo a estudiar en profundidad la cuestión de la ampliación de las lenguas en los sitios web de sus Presidencias, independientemente de la cuestión de la responsabilidad o la autoridad sobre estos sitios web, a fin de garantizar que la mayor parte posible de la población de la Unión Europea tenga un acceso fácil y directo a la información sobre sus actividades; insta al Consejo a informar al Parlamento de los resultados de sus deliberaciones;

5.   Subraya que toda restricción del número de versiones lingüísticas que pudiera resultar necesaria deberá basarse en criterios objetivos y suficientemente justificados que deberán anunciarse públicamente, y que la única lengua privilegiada podrá ser la de la Presidencia de turno;

6.   Apoya la recomendación del Defensor del Pueblo Europeo al Consejo para que éste examine la petición del reclamante de que los sitios web de las Presidencias del Consejo estén disponibles también en alemán;

7.   Celebra que, frente a la práctica seguida hasta ahora por las Presidencias de que los sitios web estén disponibles en inglés, en francés y en la lengua de la Presidencia de turno, la Presidencia francesa haya decidido que su sitio web oficial esté en las lenguas oficiales más habladas de la Unión Europea, es decir, inglés, alemán, francés, italiano y español;

8.   Hace un llamamiento a todas las futuras Presidencias para que sus sitios de Internet estén en el mayor número de lenguas posible, y que, en caso de aplicar restricciones, utilicen las lenguas oficiales más habladas, según un orden de prioridades;

9.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

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(1)  DO L 113 de 4.5.1994, p. 15.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/35

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Futuro de los sistemas de seguridad social y de pensiones

P6_TA(2008)0556

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre el futuro de los sistemas de seguridad social y de pensiones: financiación y tendencia a la individualización (2007/2290(INI))

(2010/C 16 E/07)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la Comunicación de la Comisión de 12 de octubre de 2006 titulada «Sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas en la UE» (COM(2006) 0574),

—	Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 99 y 141,

—	Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en particular la sentencia dictada por el Tribunal el 17 de mayo de 1990 en el asunto Douglas Harvey Barber contra Guardian Royal Exchange Assurance Group  (1),

—	Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), jurídicamente vinculante, adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en especial su artículo 11, apartado 1, letras d) y e), y apartado 2, letra c),

—	Vista la Comunicación de la Comisión de 1 de marzo de 2006 titulada «Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010)» (COM(2006) 0092),

—	Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 13 y 14 de marzo de 2008,

—	Vista la Comunicación de la Comisión de 17 de octubre de 2007 titulada «Modernizar la protección social en aras de una mayor justicia social y una cohesión económica reforzada: promover la inclusión activa de las personas más alejadas del mercado laboral» (COM(2007) 0620),

—	Visto el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la seguridad social (norma mínima), de 1952,

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 11 de abril de 2008, sobre la aplicación del artículo 8 y disposiciones afines de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, en relación con regímenes complementarios de previsión profesionales o interprofesionales que existan independientemente de los regímenes legales nacionales de seguridad social (SEC(2008) 0475),

—	Vistas las recomendaciones de los interlocutores sociales europeos en el informe de 18 de octubre de 2007 titulado «Principales retos de los mercados de trabajo europeos: un análisis conjunto de los interlocutores sociales europeos»,

—	Visto el Libro Verde de la Comisión titulado «Modernizar el Derecho laboral para afrontar los retos del siglo XXI» (COM(2006) 0708) y la Resolución del Parlamento de 11 de julio de 2007 sobre el mismo tema (2),

—	Vista la Comunicación de la Comisión de 26 de febrero de 2007 titulada «Evaluación de la realidad social — Informe provisional al Consejo Europeo de Primavera de 2007» (COM(2007) 0063) y la Resolución del Parlamento, de 15 de noviembre de 2007, sobre la evaluación de la realidad social (3),

—	Vista la Comunicación de la Comisión de 10 de mayo de 2007 titulada «Promover la solidaridad entre las generaciones» (COM(2007) 0244) y la Resolución del Parlamento de 21 de febrero de 2008 sobre el futuro demográfico de Europa (4),

—	Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—	Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0409/2008),

A.

Considerando que la seguridad social: — ha sido creada y está regulada, administrada y financiada (por regla general en parte) por el Estado, y también colectivamente mediante impuestos o cotizaciones a cargo de los asegurados, teniendo el Estado la responsabilidad pública de satisfacer las necesidades de seguridad social de sus ciudadanos; — se caracteriza por su obligatoriedad y por garantizar a todos una seguridad básica adecuada; — se basa en el principio de solidaridad; — cubre nueve ámbitos del mencionado Convenio de la OIT, — pretende garantizar la seguridad fundamental en el ámbito del empleo (seguro de desempleo), los ingresos (pago de pensiones) y la capacidad de obtener ingresos (seguro sanitario),

B.	Considerando que se espera que la población total de la Unión Europea aumente ligeramente hasta 2025 y que disminuya ligeramente a partir de 2025, convirtiéndose en 2050 en una población ligeramente más reducida y considerablemente más vieja,

C.

Considerando que, si la inmigración se mantiene en los niveles actuales, la población activa pasará de 227 millones de personas en 2005 a 183 millones en 2050, la tasa de empleo se elevará al 70 % en 2020, debido principalmente al aumento de la tasa de empleo femenino, el número total de personas empleadas se incrementará en 20 millones en 2017, pero después se reducirá en 30 millones en 2050 y la proporción prevista de personas mayores de 65 años respecto de las personas en edad de trabajar aumentará de 1:4 en 2005 a 1:2 en 2050,

D.

Considerando que un aumento general de la edad de jubilación, sobre la base de la tendencia general de aumento de la esperanza de vida, no tiene suficientemente en cuenta el hecho de que todavía hay numerosos sectores industriales en los que la esperanza de vida de los trabajadores es considerablemente más baja,

E.

Considerando que los interlocutores sociales en general, y los sectores de la industria con los trabajadores con el promedio más bajo de esperanza de vida en particular, tienen una grave responsabilidad con respecto a la entrada y la salida de los trabajadores del mercado laboral y pueden ser de gran ayuda para la aplicación de una política de personal eficaz que tenga en cuenta la edad,

F.	Considerando que, debido a la menor proporción de personas desempleadas, las prestaciones de desempleo reducirán el gasto en alrededor de 0,6 puntos porcentuales del PIB para el año 2050, una disminución muy modesta que no compensará mayores gastos en otros sectores,

G.	Considerando que la Unión Europea gasta el 27,2 % del PIB en protección social (2008), y que la mayor parte se gasta en prestaciones para la vejez y pensiones (46 %),

H.

Considerando que el concepto de seguridad social no consiste en la relación entre ingresos y gastos, sino en un contrato social, una relación constituida por derechos y obligaciones para los ciudadanos y para el Estado, y que hay que considerarlo de este modo; que, sin embargo, en ningún caso debe descuidarse el carácter presupuestario de la seguridad social,

I.

Considerando que, si se mantienen las políticas actuales, en 2050 el envejecimiento de la población llevará, en buen número de Estados miembros, a un aumento del gasto público, la mayor parte en concepto de pensiones, asistencia sanitaria y cuidados de larga duración, y que el mayor incremento se producirá entre 2020 y 2040,

J.	Considerando que los objetivos de la Estrategia de Lisboa en materia de empleo de las mujeres, de los jóvenes y de las personas mayores, así como los objetivos de Barcelona en materia de servicios de cuidado de niños, resultan esenciales para la viabilidad de los sistemas de pensiones,

K.	Considerando que los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas de 2000, en especial el Objetivo 3, proponen el principio de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,

L.

Considerando que, en términos generales, la tendencia en las mujeres es una vida laboral poco homogénea y caracterizada por una evolución salarial lenta, mientras que la tendencia en los hombres es una vida laboral continua y una evolución salarial más sostenida, lo que implica diferencias en términos de cotización al sistema de pensiones y un mayor riesgo de pobreza para las mujeres, que existe, además, durante un período más largo, dada la mayor esperanza de vida de la mujer,

Cuestiones generales

1.   Insta a los Estados miembros, a la luz de la Estrategia de Lisboa y de la necesidad de adoptar medidas para cubrir los riesgos sociales, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social y de pensiones y mantener el núcleo de los modelos sociales europeos, que realicen mayores progresos para equilibrar el gasto social y la activación social y, además, para atraer y retener a más personas en empleos de calidad, seguros y de cotización obligatoria a la seguridad social, promoviendo el crecimiento, la creación de empleo y el acceso al mismo mediante una mayor transparencia del mercado, modernizar los sistemas de protección social (por ejemplo mediante una mayor diferenciación en las fórmulas de beneficio y mecanismos de financiación) y aumentar la inversión en capital humano promoviendo la investigación y el desarrollo, así como la innovación, y mejorando la educación y la formación profesional en el contexto del aprendizaje permanente para todos;

2.   Pide a la Comisión que siga de cerca las reformas de los sistemas de seguridad social y de pensión en los Estados miembros, comparando su impacto hasta ahora en la situación del empleo de las mujeres y centrándose en las buenas prácticas que hayan surgido, particularmente en la reducción de las diferencias salariales entre los dos sexos y en la conciliación de responsabilidades profesionales y familiares;

3.   Hace hincapié en que las fuentes de crecimiento económico se modificarán como resultado del cambio demográfico y que el aumento de la productividad del trabajo y la innovación tecnológica se convertirán en fuentes de crecimiento económico; reconoce que, para mantener un mayor nivel de productividad, será fundamental invertir más en investigación y desarrollo y en mejores métodos de gestión, atribuyéndose máxima prioridad a las sinergias entre la innovación tecnológica y la social;

4.   Señala, en el contexto de las actuales tendencias demográficas, económicas y sociales y con el fin de prevenir conflictos generacionales y sociales, la importancia de encontrar nuevos métodos para la distribución eficiente y equitativa de los costes y los beneficios entre una menor población económicamente activa y una mayor población económicamente inactiva: a escala europea y nacional el objetivo debería ser mantener el equilibrio entre la viabilidad económica de los sistemas de seguridad social y las pensiones, por una parte, y la cobertura de los riesgos sociales, por otra;

5.   Reitera su convencimiento de que, para promover un sistema económicamente viable de protección social, la legislación laboral de la Comunidad debería reforzar los contratos de trabajo de duración indefinida como la forma dominante de empleo, mediante la cual se garantiza una protección social y de la salud adecuada y el respeto de los derechos fundamentales; reconoce, sin embargo, que también se deben proteger los derechos de los trabajadores con otras pautas laborales, incluido el derecho a una pensión que permita a los jubilados vivir con dignidad;

6.   Recuerda que el núcleo del modelo social europeo es el principio de solidaridad entre las generaciones y los grupos sociales y que éste se financia principalmente por medio de los ingresos producidos por el empleo, tales como las cotizaciones de trabajadores y empleadores o la fiscalidad del trabajo; no obstante, señala que el envejecimiento de la población presionará enormemente sobre la población activa y que las soluciones al cambio demográfico deben constituir una prioridad política; subraya que, de otro modo, el cambio demográfico podría poner en peligro el principio de solidaridad y, en consecuencia, los modelos sociales europeos; subraya también que, en consecuencia, es sumamente importante reforzar el principio de solidaridad, incluida una compensación financiera equitativa;

7.   Recuerda que, en virtud del artículo 141 del Tratado CE, pueden adoptarse acciones positivas para realizar la igualdad salarial, y el hecho de que la jurisprudencia de la Comunidad considera las cotizaciones sociales como un factor salarial;

8.   Señala que, como resultado de los cambios demográficos, se calcula que en 2030 la proporción de personas activas con respecto a las inactivas será de 2 a 1; pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren políticas destinadas a garantizar que las personas que se vean obligadas a retirarse del mercado laboral para hacer frente a sus responsabilidades como cuidadores no resulten afectadas por la inseguridad respecto de sus pensiones;

9.   Señala que la tendencia hacia la individualización contribuye a la modernización del segundo y tercer pilares sin poner en tela de juicio el primer pilar de los sistemas de seguridad social; ello permite a las personas, y especialmente a las mujeres y otros grupos vulnerables, disponer de mayor libertad de elección y ser más independientes y poder generar sus propios derechos de pensión adicionales;

10.   Pide a la Comisión que lleve a cabo estudios y trabajos más detallados sobre el impacto de la individualización de los derechos sociales sobre la igualdad de trato de hombres y mujeres;

11.   Considera que la igualdad entre hombres y mujeres debe figurar entre los objetivos de las reformas de los sistemas de seguridad social y de pensiones, pero destaca que las desigualdades constatadas a nivel de estos últimos son esencialmente desigualdades indirectas, resultantes de las disparidades persistentes en el mercado laboral, en términos salariales y de perspectivas de carrera y de reparto desigual de las responsabilidades familiares y domésticas y que, por lo tanto, sólo se pueden corregir verdaderamente mediante medidas más globales;

12.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sensibilicen a los (jóvenes) adultos sobre la importancia de generar derechos de pensión en una fase temprana;

Población activa

13.   Considera que, en caso de que continúe la situación actual, la disminución de la población activa dará lugar a una disminución del número total de horas trabajadas; considera que, con el fin de invertir esta tendencia, podrían adoptarse medidas para reducir la tasa de desempleo y aumentar la contratación (en combinación con la formación y el reciclado profesional), incluidas las personas con un elevado potencial laboral, tales como las personas con discapacidad, las mujeres y las personas mayores; subraya la necesidad de hacer posible la jubilación flexible sobre una base voluntaria, el cambio de la organización de las prácticas laborales y la utilización inteligente de las nuevas tecnologías; subraya que es también necesario que se mejoren los servicios de apoyo y los servicios relativos al cuidado de los niños y familiares dependientes, con vistas a reducir el número de personas que trabajan a tiempo parcial de modo voluntario;

14.   Recuerda que el aumento de las tasas de empleo depende en gran medida de la necesidad de mantener todos los grupos activos, especialmente los que están excluidos del mercado laboral; hace hincapié, por tanto, en la necesidad de luchar contra la discriminación en el mercado laboral y ofrecer puestos de trabajo a las personas desempleadas entre la población activa; subraya, además, la necesidad de facilitar las instalaciones adecuadas para facilitar el empleo de personas con discapacidad y de aquéllas con graves problemas de salud, y garantizar el acceso al empleo de las personas con discapacidad y con enfermedades mentales;

15.   Insiste a este respecto en la necesidad de establecer políticas activas de empleo para las mujeres, los jóvenes y las personas mayores a fin de valorizar adecuadamente la mano de obra y las posibilidades de crear empresas, para, tomando como referencia, entre otros factores, las cotizaciones a los sistemas de pensiones, garantizar los derechos a una jubilación digna;

16.   Destaca la necesidad de debatir a escala nacional la cuestión de la prolongación de la edad legal de jubilación; estima necesario que, al margen de las disparidades entre los Estados miembros en lo que se refiere a la edad legal de jubilación, se aliente a los trabajadores a seguir en su empleo, sobre una base voluntaria y mientras las circunstancias lo permitan, hasta alcanzar dicha edad e incluso más allá de la misma;

17.   Insta a los interlocutores sociales, sobre la base, entre otras cosas, de la experiencia adquirida en diversos sectores, a que negocien medidas sectoriales específicas en relación con los trabajadores mayores en general y una política de personal que tenga en cuenta la edad en particular;

18.   Insta a los Estados miembros a que creen incentivos económicos y sociales que alienten a los trabajadores a mantenerse activos en el mercado laboral, sobre una base voluntaria, después de la edad legal de jubilación;

19.   Insta a los Estados miembros a que emprendan una política activa de mejora de las condiciones de seguridad laboral, con el fin de reducir los riesgos inherentes a determinadas profesiones y evitar la jubilación anticipada de una parte considerable de los trabajadores especializados;

20.   Recuerda que toda política de migración económica pro-activa que tenga en cuenta especialmente a los posibles inmigrantes en edad de trabajar y ofrezca una vía rápida a los solicitantes altamente cualificados, debe ir acompañada de una mejor integración de los inmigrantes en el mercado laboral y en la sociedad en su conjunto; subraya que la intensificación de esfuerzos para aumentar la inmigración podría dar lugar a una fuga de cerebros en los países de origen, lo que podría tener un efecto negativo en el desarrollo económico y social de estos países y provocar nuevas oleadas de migración incontrolada;

21.   Reconoce que el «desperdicio de cerebros» también puede ser un problema, tanto para la economía en su conjunto como para las personas interesadas, cuando se utiliza a los trabajadores migrantes cualificados para cubrir el déficit en los trabajos menos cualificados; subraya la necesidad de que los trabajadores migrantes puedan beneficiarse de sus contribuciones a planes de pensiones;

22.   Pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para garantizar que los ciudadanos de la Unión que trabajan y residen en otro Estado miembro no pierdan todos o algunos de sus derechos de seguridad social;

23.   Considera que el impacto a largo plazo de la inmigración en el envejecimiento de la población es incierto, ya que depende del comportamiento de los flujos migratorios, la reagrupación familiar y la tasa de nacimientos de los migrantes; considera que los inmigrantes con un empleo legal pueden dar lugar a un mejor equilibrio de los sistemas de seguridad social y, por tanto, contribuir a su financiación;

Pensiones

24.   Señala a la atención la discriminación que existe contra todos los grupos vulnerables en términos de acceso al mercado laboral y condiciones del mismo, en particular aquellos grupos con empleos cuyas cotizaciones a la seguridad social no son obligatorias, lo que conlleva una reducción de las tasas de empleo y salarios más bajos y, por lo tanto, menos oportunidades para aquellos grupos que pueden sostener un sistema adecuado de pensiones; insiste en la necesidad de facilitar la igualdad de oportunidades para todos, garantizando así tasas de empleo más elevadas, igualdad de retribución y derechos de pensión adecuados;

25.   Reconoce que los sistemas públicos de pensiones refuerzan la solidaridad social y son responsabilidad de los Estados miembros, y que la salvaguarda de dichos sistemas debe constituir una prioridad política; considera que una mayor utilización de alternativas a las pensiones financiadas por el Estado, como los planes de pensión complementarios, podrían constituir una alternativa viable; señala que las pensiones privadas podrían incluir planes profesionales complementarios de pensión, de los empresarios o de otras organizaciones o asociaciones colectivas, y pensiones complementarias individuales basadas en el ahorro; hace hincapié en que la existencia de pensiones privadas aumentaría la necesidad de una regulación adecuada de los fondos privados de pensiones, la posibilidad de transferir dichas pensiones y la promoción y modernización continuada (incluida una mayor flexibilidad) de esas alternativas; en este marco, cree que debe tenerse en cuenta el riesgo de que las mujeres, en el contexto del sistema público de pensiones existente, puedan perder la cobertura del seguro si dicho sistema se sustituye por regímenes privados, pero que se puede reducir ese riesgo reconociendo derechos de pensión a título de licencia por maternidad, licencia parental y excedencia voluntaria por interés personal;

26.   Pide a los Estados miembros que tomen seriamente en cuenta la necesidad de rediseñar los sistemas de pensiones tradicionales basados en evaluaciones del riesgo sistemático y en un estilo de vida típico y normalizado y adapten el sistema de seguridad social a las reformas del sistema de pensiones, dado que los estilos de vida están cambiando rápidamente y las denominadas «biografías mosaico» serán cada vez más comunes; considera que esto podría dar lugar a nuevos riesgos sociales imprevisibles para muchas personas y en particular para los grupos vulnerables, especialmente los inmigrantes, los trabajadores poco cualificados, las familias monoparentales y las personas con otras responsabilidades de prestar cuidados; subraya que esto podría dar lugar a una salida temprana del mercado de trabajo o a una participación reducida en el mismo; señala que la transformación de los sistemas de pensiones es necesaria también para lograr la flexibilización del mercado laboral;

27.   Subraya que un sistema de pensiones sostenible necesita adaptarse a los retos demográficos y económicos y subraya que — siempre que exista una amplia disponibilidad al respecto — una estructura de tres pilares es una opción equilibrada; sugiere que los sistemas obligatorios de pensiones (primer pilar) se complementen con unos sistemas profesionales de pensiones colectivos (segundo pilar) y con los productos adicionales individuales del tercer pilar; subraya el valor de unos sistemas de pensiones que combinan la solidaridad con unos rendimientos frecuentemente elevados gracias a su volumen y a importantes estrategias de inversión a largo plazo, caracterizadas por su prudencia pero también por su rentabilidad; pide a la Comisión que inicie la preparación de un marco adecuado y viable para la regulación y supervisión de los productos de pensión paneuropeos; subraya que un mercado interior para las pensiones profesionales y las correspondientes al tercer pilar permitiría a los individuos disfrutar de dispositivos transferibles de pensiones profesionales, estimular la competencia y reducir el coste del ahorro para la jubilación;

28.   Señala que, por lo general, las mujeres son las encargadas de cuidar de los niños así como de los miembros de la familia mayores, enfermos o con discapacidad, voluntaria o involuntariamente, bajo la presión de las actitudes culturales y de las normas sociales o de la mala calidad o escasez de guarderías y de otros centros de cuidados (estructuras de cuidados a largo plazo), lo que da lugar a más interrupciones en su carrera profesional; hace hincapié en la necesidad de compensar a las mujeres y a los cuidadores y permitir a aquellas optar por la maternidad y a estos hacer frente a sus responsabilidades de dispensar cuidados, sin temor a las posibles desventajas financieras o a los perjuicios para su carrera profesional; acoge con satisfacción la adopción de medidas por parte de los Estados miembros para evitar y compensar esta situación, por ejemplo contabilizando los períodos de cuidados a los hijos y a la familia en el fondo de pensiones de afiliación obligatoria;

29.   Pide a los Estados miembros, a los interlocutores sociales y a los representantes de organizaciones femeninas que presten una atención continuada a los efectos potenciales o reales de las reformas de los sistemas de pensiones en la igualdad entre hombres y mujeres, y que velen para prever posibles modificaciones que garanticen esta igualdad de trato;

30.   Pide que la Comisión y los Estados miembros tomen urgentemente medidas que prohíban la discriminación directa en los sistemas profesionales de pensión, incluida la práctica de basar el nivel de los pagos y de las contribuciones en factores actuariales relacionados con el sexo;

31.   Recuerda su Resolución de 21 de febrero de 1997 sobre la situación de los cónyuges colaboradores de los trabajadores autónomos (5), en la que se pide, entre otras cosas, garantizar la afiliación obligatoria individual del cónyuge colaborador del trabajador autónomo al seguro de jubilación;

32.   Recuerda su Resolución de 12 de marzo de 2008 sobre la situación de la mujer en las zonas rurales de la Unión Europea (6), en la que se pide una vez más a la Comisión que presente una propuesta de modificación de la Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad (7), antes de finales de 2008, que ofrezca derechos sociales y de pensión independientes para las mujeres colaboradoras en explotaciones agrícolas;

33.   Recuerda su Resolución de 11 de julio de 2007 sobre la política de los servicios financieros (2005-2010) (8) y subraya la importancia de desarrollar un mercado de pensiones y de seguridad social europeo flexible y transparente mediante la reducción de las barreras fiscales y de los otros obstáculos que frenan el carácter transferible de los derechos de pensión de un Estado miembro a otro; opina que la creación de un mercado interior para las pensiones requiere un marco europeo que regule los productos relativos a las pensiones;

34.   Insta a la Comisión a revisar urgentemente la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (9) con el fin de establecer un sólido régimen de solvencia adecuado para las instituciones de jubilación profesional, basado en las recomendaciones del Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación, así como una exhaustiva evaluación de impacto, examinando las cuestiones relativas a la igualdad de condiciones mediante diferencias en el cálculo y en los criterios para calcular las prestaciones; subraya que dicho régimen podría basarse en una ampliación a los fondos de pensiones de algunos aspectos de la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2008, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (COM(2008) 0119), teniendo en cuenta las especificidades de las instituciones de previsión profesional de pensión, tales como la naturaleza a largo plazo de los sistemas de pensiones que gestionan y el tipo de cobertura de riesgo o garantías ofrecidas por los fondos de pensiones; considera que dicho régimen especial de solvencia sustentaría la estabilidad financiera y evitaría el arbitraje reglamentario;

35.   Recuerda que el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en contra de los obstáculos a las exenciones fiscales por las cotizaciones a sistemas de pensiones transfronterizos; hace hincapié en que la desgravación fiscal constituye el mejor incentivo para el ahorro a largo plazo y que podría ser necesaria una futura armonización con el fin de eliminar todos los obstáculos que sufren las cotizaciones transfronterizas a sistemas de pensiones;

36.   Observa la tendencia actual a pasar de sistemas de pensiones con prestaciones establecidas a sistemas de pensiones con cotizaciones definidas, y le preocupa el descenso de las aportaciones de los empleadores que evidentemente acompaña a esta tendencia; subraya la necesidad de una participación reforzada de los empleados y de sus niveles de contribución en los actuales sistemas de pensiones para asegurar unas pensiones adecuadas a las personas, y subraya la necesidad de que los empleadores sigan contribuyendo adecuadamente a los sistemas de pensiones, especialmente a aquellos con cotizaciones definidas; le preocupa que la revisión prevista de la norma NIC 19 de las Normas Internacionales de Contabilidad, relativa a las retribuciones a los empleados, como en el caso por ejemplo de la posible supresión del llamado «enfoque de la banda de fluctuación», produzca cambios importantes en los sistemas de pensiones, cambios que deben evaluarse cuidadosamente, especialmente en lo que respecta a posibles efectos adversos para el interés de suscribir planes con prestaciones establecidas;

37.   Señala que para asegurar condiciones de vida dignas a las personas con discapacidad y evitar la «trampa de las ayudas», es necesario compensar el coste adicional que supone vivir con una discapacidad y adaptarlo a los sistemas de pensiones y a las políticas de integración social;

Sostenibilidad financiera

38.   Destaca la necesidad de que los Estados miembros mantengan niveles adecuados de financiación de la seguridad social y de los sistemas de pensiones, así como la necesidad de encontrar alternativas y bases fiscales sólidas en medio de la creciente competencia, consecuencia de la globalización; subraya la importancia de reducir la dependencia con respecto a la fiscalidad del trabajo con el fin de aumentar la competitividad de las economías de los Estados miembros y proporcionar más incentivos laborales; reconoce la complejidad que implica el cambio hacia una imposición basada en mayor medida en el capital, dada la menor base imponible y la mayor movilidad de los capitales; sugiere que se podría considerar el cambio hacia nuevos métodos de imposición u otras alternativas con el fin de mejorar la sostenibilidad financiera del gasto social, que reduciría la carga impositiva de las personas con ingresos más bajos; sostiene que las contribuciones de los empleadores a la seguridad social constituyen inversiones, ya que redundan en un aumento de la productividad, siendo esta una de las razones por la que los países con un elevado gasto social son también los más competitivos;

39.   Hace hincapié en que los Estados miembros deben centrarse en los objetivos a medio y largo plazo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y garantizar unas finanzas públicas sostenibles con el fin de hacer frente a la creciente presión que supone el envejecimiento de la población; toma nota de que el Consejo Informal de Ministros de Economía y Finanzas, celebrado en Brdo el 5 de abril de 2008, acordó que, en materia de gasto social, el centro de atención debe pasar del volumen de gastos a los logros y los resultados; recomienda que el Consejo reflexione sobre futuras mejoras del PEC, como por ejemplo permitir que las inversiones a más largo plazo se contabilicen durante un período más largo;

40.   Hace hincapié en que los Estados miembros deberían definir sus respectivas políticas financieras de manera sostenible, repartiendo la carga impositiva de forma equitativa entre trabajadores, consumidores, empresas y rentas del capital, así como entre generaciones;

41.   Considera que la regulación debe tender a garantizar la solvencia y la protección de los sistemas de pensión, entre otros, en caso de fusión u otro cambio significativo en la propiedad o gestión;

42.   Pide a los Estados miembros que cada año consignen en sus presupuestos un fondo para el pago de las futuras pensiones;

43.   Señala que es necesario estudiar la posibilidad de un paso gradual de un sistema de seguridad social de participación hacia un sistema de seguridad social de capitalización;

Asistencia sanitaria y cuidados de larga duración

44.   Expresa su convicción de que «medidas para mejorar la sanidad» significan la necesidad de invertir, lo que contribuirá a reducir los costes a la luz del envejecimiento de la población y a mejorar la solidez de las finanzas públicas; insiste en la importancia de preservar los valores y principios en los que se sustentan todos los sistemas de asistencia sanitaria de la Unión Europea, que incluyen la cobertura universal, la solidaridad en la financiación, la equidad en el acceso y la prestación de una asistencia sanitaria de calidad, a pesar de la necesidad de un consumo racional de los escasos recursos; subraya que a la hora de mejorar la organización y prestación de servicios de acuerdo con el principio de subsidiariedad existe potencial para mejorar tanto la calidad como la eficiencia económica de los servicios sanitarios;

45.   Considera que, a la vista del aumento previsto de los costes de la asistencia sanitaria y los cuidados de larga duración, los Estados miembros deberían reflexionar sobre su financiación y tener en cuenta que, dada la posibilidad de que se cuente con menos ayuda no profesional debido a la tendencia hacia familias más pequeñas y a la mayor participación de la mujer en el mercado laboral, el aumento de la atención a largo plazo podría ser superior al previsto;

46.   Subraya que es necesario prestar especial atención a las personas que necesitan una asistencia sanitaria costosa o de larga duración, a las personas y grupos con especiales dificultades de acceso, como las minorías étnicas o las personas con bajos ingresos, al cuidado de las personas que padecen enfermedades crónicas, así como al desarrollo de estructuras abiertas de apoyo a la rehabilitación, la integración social y el apoyo a las personas con discapacidad física o psíquica y a las personas mayores, con el fin de evitar el internamiento y fomentar su vida autónoma;

47.   Señala que la financiación pública de la asistencia sanitaria ayuda a protegerse contra el riesgo económico, independientemente de los riesgos sanitarios personales, y apoya de este modo la igualdad y la seguridad social, mientras que, por el contrario, los mecanismos de contribución privada implican poca o ninguna asunción de riesgos y, por lo general, vinculan los pagos al riesgo de mala salud y a la capacidad de pago, al tiempo que garantizan una financiación sostenible independientemente del cambio demográfico;

48.   Reconoce la importancia de la financiación pública para la consecución del objetivo de solidaridad, y la gran diversidad en los niveles de la financiación pública y privada de la asistencia sanitaria en los Estados miembros; recomienda que la Comisión lleve a cabo una investigación para determinar el nivel y/o el rango de la financiación pública que cumple el objetivo de la solidaridad, tanto para el sistema en su conjunto como para las áreas de servicio específicas;

49.   Reconoce la creciente popularidad de las soluciones basadas en el mercado y de la privatización en la financiación de la asistencia sanitaria como una panacea ante la explosión de los costes, la ineficiencia y los problemas de calidad de la asistencia, sobre todo en los nuevos Estados miembros; reconoce que existen pruebas suficientes de que la privatización funcional de los sistemas sociales de seguro médico, el lucro y la competencia entre los intermediarios financieros encarecen la administración de los sistemas sanitarios, mientras que sus efectos beneficiosos en términos de contención, eficiencia y calidad de la asistencia son dudosos; por esta razón, recomienda a los Estados miembros que tienen un modelo de pagador único que sigan con este modelo;

50.   Señala que los sistemas de asistencia sanitaria financiados principalmente a través de las cotizaciones al seguro social basadas en el empleo pueden beneficiarse de la ampliación de la base imponible a fin de incluir los ingresos no relacionados con el empleo;

51.   Señala que es inaceptable, a la luz de la libre prestación de servicios y del derecho de los asegurados a escoger libremente el médico o el establecimiento sanitario, que los Estados miembros se nieguen a reembolsar a sus ciudadanos los costes de tratamientos dispensados en el extranjero; no obstante, los Estados miembros pueden imponer límites globales individualizados (fijos) a los costes incurridos y no están obligados a reembolsar los costes de un tratamiento que sus nacionales no habrían recibido en su propio Estado;

52.   Pide a los Estados miembros que eviten utilizar un enfoque puramente financiero a la hora de adoptar las políticas encaminadas a la reforma del marco jurídico que constituye la base de sus respectivos sistemas sanitarios nacionales;

53.   Está profundamente convencido de que el punto de partida de cualquier reforma debe ser un análisis cuidadoso del sistema de financiación de la asistencia sanitaria para identificar las debilidades y problemas, combinado con la comprensión de los factores contextuales que pueden contribuir o impedir que la reforma tenga éxito; espera que los Estados miembros sean plenamente conscientes del considerable impacto de la reforma de la asistencia sanitaria sobre el funcionamiento, la capacidad y la eficiencia de sus respectivos sistemas de asistencia sanitaria, y de las consecuencias que una reforma poco o mal preparada pueden tener en la calidad y la disponibilidad de los servicios sanitarios, en el estado de salud de los ciudadanos, y en su capacidad de inserción profesional;

54.   Pide a los Estados miembros que tengan en consideración toda la gama de funciones y políticas de financiación de la sanidad, en lugar de centrarse únicamente en los mecanismos de contribución; está convencido de que elevar el nivel de las contribuciones sobre la base del empleo o aumentar la contribución privada de los pacientes en función del costo de los servicios sanitarios son políticas erróneas que pueden tener consecuencias desastrosas, ya que limitan de manera inaceptable el acceso de los ciudadanos con bajos ingresos a toda la gama de servicios de salud;

55.   Está convencido de que el acceso de los ciudadanos con bajos ingresos a los servicios sanitarios de calidad debe ser claramente prioritario y estar estrechamente vinculado a los valores europeos de solidaridad e igualdad de derechos, condición previa para la consecución de los objetivos de Lisboa de pleno empleo;

56.   Pide a la Comisión que tenga en cuenta que todos los ciudadanos de la Unión tienen el mismo derecho a contar con un sistema de asistencia sanitaria de alta calidad, y que en la revisión de la legislación europea contra la discriminación, o en cualquier nuevo instrumento legislativo relativo al acceso a los servicios sanitarios, incluya las garantías necesarias para evitar la discriminación de los ciudadanos en relación con la financiación;

57.   Recomienda que los Estados miembros contribuyan a la eficiencia y a la equidad en sus respectivos sistemas de asistencia sanitaria mediante la reducción del número de fondos de riesgo o, mejor aún, la creación de un único fondo nacional que facilite la dirección estratégica y la coordinación de todo el sistema sanitario;

*

* *

58.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Comité de Empleo, al Comité de Protección Social y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos.

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(1)  Asunto C-262/88, Rec. p. I-1889.

(2)  DO C 175 E de 10.7.2008, p. 401.

(3)  DO C 282 E de 6.11.2008, p. 463.

(4)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0066.

(5)  DO C 85 de 17.3.1997, p. 186.

(6)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0094.

(7)  DO L 359 de 19.12.1986, p. 56.

(8)  DO C 175 E de 10.7.2008, p. 392.

(9)  DO L 235 de 23.9.2003, p. 10.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/44

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Unión Europea y datos PNR

P6_TA(2008)0561

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo sobre utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (Passenger Name Record — PNR) con fines represivos

(2010/C 16 E/08)

El Parlamento Europeo,

—

Vista la declaración de la Comisión durante el debate de 21 de octubre de 2008, tras la pregunta oral (B6-0476/2008), sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo sobre utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (Passenger Name Record — PNR) con fines represivos (COM(2007) 0654),

—	Vistos los debates actuales en el seno del Consejo, a nivel ministerial y de grupos de trabajo, sobre la propuesta de referencia,

—	Vistos los dictámenes emitidos por la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Grupo del artículo 29 y el Grupo «Policía y Justicia»,

—	Vistas sus anteriores Resoluciones (1) sobre el Acuerdo UE-EE. UU. sobre el PNR (2), el Acuerdo UE-Canadá sobre el PNR (3) y el Acuerdo UE-Australia sobre el PNR (4),

—	Visto el apartado 5 del artículo 108 de su Reglamento,

A.

Recordando que los principios de protección de datos que deben respetar las instituciones y los Estados miembros de la UE se recogen en el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH), en los artículos 7 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta de los Derechos Fundamentales), en el artículo 286 del Tratado CE y en el artículo 5 del Convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas en lo que respecta al tratamiento automatizado de los datos personales (Convenio 108), y, a nivel de Derecho derivado, en la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (5) y en el proyecto de Decisión marco del Consejo relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal,

B.	Recordando que todo nuevo acto legislativo comunitario debe respetar los criterios de proporcionalidad y subsidiariedad contemplados en el artículo 5 del Tratado CE y en su Protocolo no 30,

Sobre aspectos de procedimiento

1.   Reconoce la necesidad de reforzar la cooperación a escala europea e internacional en la lucha contra el terrorismo y las formas graves de delincuencia; reconoce que la recopilación y el tratamiento de datos puede constituir una herramienta útil con fines represivos;

2.   Opina que las autoridades policiales han de disponer de todos los instrumentos que necesiten para llevar a cabo debidamente sus cometidos, incluido el acceso a los datos; subraya, no obstante, que, puesto que esas medidas repercuten considerablemente en la intimidad de los ciudadanos de la Unión, debe motivarse de forma convincente su justificación por motivos de necesidad, proporcionalidad y utilidad para alcanzar los objetivos fijados, y destaca que deben establecerse garantías efectivas para la protección de la intimidad y para la protección jurídica; considera que lo anterior es una condición previa para lograr la legitimidad política necesaria para una medida que los ciudadanos pueden considerar como una intrusión inadecuada en su intimidad;

3.   Lamenta que la formulación y la justificación de la propuesta de la Comisión no hayan despejado la inseguridad jurídica con respecto a la compatibilidad con el CEDH y con la Carta de los Derechos Fundamentales, ni con respecto a su fundamento jurídico, que ha planteado interrogantes sobre el papel adecuado en el procedimiento legislativo del Parlamento Europeo; observa que las mismas preocupaciones acerca de la seguridad jurídica de la propuesta:

—	se plantean en los dictámenes emitidos por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el Grupo del artículo 29 y el Grupo «Policía y Justicia»,

—	exigen del Consejo que emprenda una revisión importante del posible ámbito de aplicación y del impacto de una futura iniciativa de la Unión Europea en este ámbito, así como a recopilar e incorporar importantes cantidades de información adicional, incluidos los dictámenes ya mencionados;

4.   Considera que, en estas condiciones, el Parlamento Europeo debe reservarse su dictamen oficial, conforme al procedimiento oficial de consulta, hasta que se hayan abordado debidamente las inquietudes formuladas en la presente Resolución y hasta que haya recibido la información mínima necesaria;

5.   Mantiene sus firmes reservas en cuanto a la necesidad y el valor añadido de la propuesta de creación de un PNR de la UE y en cuanto a las garantías que contiene, no obstante las explicaciones y aclaraciones aportadas hasta la fecha por la Comisión y por el Consejo, tanto orales como por escrito; observa, por otra parte, que no se ha dado respuesta satisfactoria a muchos de los interrogantes planteados por el Parlamento Europeo, por el Grupo del artículo 29 y el Grupo «Policía y Justicia», el Supervisor Europeo de Protección de Datos y la FRA;

6.   Comparte la opinión de la FRA en el sentido de que la mera disponibilidad de bases de datos comerciales no justifica automáticamente su utilización con fines represivos; además, se pueden lograr resultados idénticos o incluso superiores gracias a la mejora de la asistencia jurídica recíproca entre las autoridades policiales;

7.   Pide al Consejo que, si se propone proseguir con el examen del texto de la Comisión, tenga en cuenta las recomendaciones formuladas en la presente Resolución y justifique debidamente las condiciones de una necesidad social imperiosa que podrían hacer que esta nueva intervención de la UE sea «necesaria», tal como exige el artículo 8 del CEDH; considera que se trata de las condiciones mínimas para apoyar la introducción de un sistema PNR de la UE; manifiesta su disposición a contribuir y participar en este trabajo a todos los niveles;

8.   Reitera su solicitud de que se aclare la relación entre el uso del PNR y otras medidas como la Directiva 2004/82/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas (6), el régimen propuesto de entradas y salidas, el sistema electrónico de autorización de viaje, los datos biométricos en pasaportes y visados, los sistemas SIS y VIS, el Reglamento (CE) no 2320/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil (7), y los sistemas nacionales de protección de fronteras; lamenta constatar que la aplicación de algunas de estas medidas ha sufrido considerables retrasos, y considera que una evaluación completa y sistemática de los mecanismos e instrumentos existentes actualmente en el marco de la UE y de Schengen para la cooperación en materia de seguridad con miras a garantizar la seguridad aérea, proteger las fronteras exteriores y luchar contra el terrorismo podría contribuir a determinar el valor añadido del sistema de PNR de la UE propuesto;

9.   Recuerda que sigue pendiente el debate sobre el fundamento jurídico apropiado de la propuesta y reitera que, de conformidad con el artículo 47 del Tratado UE, una medida legislativa en el marco de la cooperación policial y judicial debe ir acompañada de las necesarias medidas de acompañamiento comunitarias que deben adoptarse en codecisión con el Parlamento Europeo sobre todos los aspectos del primer pilar, en particular los que definen el ámbito de aplicación de las obligaciones que deben satisfacer los agentes económicos (8);

10.   Recuerda que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ya ha cuestionado el Acuerdo UE-EE. UU. sobre el PNR por considerar erróneo su fundamento jurídico; pide por tanto a la Comisión que examine detenidamente cuál es el fundamento jurídico apropiado;

11.   Considera que, al presentarse la nueva legislación, los Parlamentos nacionales deben estar plenamente asociados al procedimiento legislativo, habida cuenta del impacto de la propuesta tanto para los ciudadanos como para el ordenamiento jurídico nacional de los Estados miembros;

12.   Destaca que un posible acto legislativo por el que se cree en el futuro un sistema PNR de la UE, como nuevo marco de cooperación policial en la Unión Europea, debería incluir disposiciones de evaluación periódica en cuanto a su aplicación, utilidad e infracción de las garantías; considera que se debería invitar a los Parlamentos nacionales, al Supervisor Europeo de Protección de Datos, al Grupo del artículo 29 y a la FRA a que desempeñaran un papel tanto en la revisión como en la evaluación; considera, por tanto, que el nuevo acto legislativo debe incluir una cláusula de suspensión;

13.   Subraya, en este contexto, que cada Estado miembro es responsable inicialmente de la recopilación de los datos PNR y de la protección de los mismos; destaca que las salvaguardias son obligatorias en caso de que los datos PNR sean transmitidos, intercambiados o transferidos a otros Estados miembros o entre Estados miembros; considera, por consiguiente, que el acceso a los datos PNR intercambiados entre los Estados miembros debería limitarse estrictamente a las autoridades responsables de la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada; observa que se podrá otorgar acceso a otras fuerzas de orden público, previa autorización judicial;

Subsidiariedad

14.   Observa con preocupación que no se ha demostrado suficientemente la necesidad de una acción comunitaria; cuestiona, en este contexto, la afirmación de la Comisión en el sentido de que el objetivo declarado de la propuesta es la armonización de los sistemas nacionales, cuando tan solo unos pocos Estados miembros disponen de un sistema para el uso de los datos PNR con fines represivos y de otro tipo o proyectan crear dicho sistema; considera, por consiguiente, que la propuesta de la Comisión no armoniza los sistemas nacionales (puesto que no existen), sino que simplemente crea la obligación de que todos los Estados miembros establezcan tal sistema;

15.   Observa que la Comisión propone un sistema «descentralizado», lo cual supone que el valor añadido europeo es aún menos evidente;

Proporcionalidad

16.   Recuerda que el artículo 8 del CEDH y el artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales exigen que una infracción del derecho a la protección de los datos personales de tal magnitud sea legítima y esté justificada por una necesidad social imperiosa, sea establecida por ley y sea proporcional al fin perseguido, así como necesaria y legítima en una sociedad democrática; lamenta, en este contexto, que no se prevea una limitación de los fines para esta medida de cooperación policial prevista en cuestiones como la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada;

17.   Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en esencia, la propuesta permita a las autoridades policiales acceder sin una orden judicial a todos los datos; destaca que la Comisión no demuestra la necesidad de establecer nuevas competencias represivas ni que este objetivo no pueda alcanzarse mediante medidas de mucho menor alcance; critica que no se informe sobre la medida en que las competencias represivas actuales son insuficientes ni sobre el lugar y el momento en que las autoridades resultaron carecer de las competencias necesarias para lograr el objetivo declarado; pide que se revisen las medidas existentes, mencionadas más adelante, antes de continuar desarrollando un sistema de PNR de la UE;

18.   Toma nota de la afirmación de la Comisión, según la cual la UE ha podido «valorar los datos PNR y explotar su potencial con fines represivos», pero subraya que hasta la fecha no existen pruebas que justifiquen tal afirmación:

—	toda la información aportada hasta la fecha por los EE. UU. es anecdótica, y los EE. UU. no han demostrado nunca de forma concluyente que el uso a gran escala y sistemático de los datos PNR sea necesario en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia grave;

—	sólo ha habido una revisión conjunta del Acuerdo UE-EE. UU. sobre el PNR, en la que únicamente se evaluó la aplicación y no los resultados;

—

las conclusiones preliminares del sistema del Reino Unido para el uso de los datos PNR se refieren a fines represivos distintos de la lucha contra el terrorismo, que están fuera del ámbito de aplicación de la propuesta de la Comisión, y al uso del PNR en casos concretos, en el contexto de investigaciones en curso, sobre la base de una orden judicial y debidamente motivado; hasta la fecha, no aportan prueba alguna de la utilidad de la recopilación a gran escala y el uso de los datos PNR para la lucha contra el terrorismo;

Limitación de los fines

19.   Subraya que el principio de limitación de los fines es uno de los principios básicos de la protección de datos; observa, en particular, que el Convenio 108 establece que los datos de carácter personal «se registrarán para finalidades determinadas y legítimas, y no se utilizarán de una forma incompatible con dichas finalidades» (artículo 5, letra b)); señala que sólo se permiten excepciones a este principio en la medida en que las establezca la ley y constituyan una medida necesaria en una sociedad democrática para, entre otras cosas, «la represión de infracciones penales» (artículo 9); la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha enunciado claramente que tales excepciones han de ser proporcionadas, precisas y predecibles, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, del CEDH;

20.   Lamenta que no se prevea una limitación precisa de los fines, aspecto que constituye una garantía esencial a la hora de imponer medidas restrictivas, y considera que esa protección es incluso más importante por lo que respecta a las medidas secretas de control, dados los mayores riesgos de arbitrariedad que se presentan en esas circunstancias; considera que, dado que los objetivos declarados y las definiciones son ambiguos y abiertos, deben especificarse rigurosamente con objeto de impedir que el sistema PNR de la UE sea objeto de recurso judicial;

21.   Considera que los datos PNR pueden ser muy útiles como elementos de prueba adicionales y de apoyo en una investigación específica sobre sospechosos y cómplices conocidos en materia de terrorismo; observa, no obstante, que no está demostrado que los datos PNR sean útiles para las búsquedas y los análisis automatizados a gran escala sobre la base de criterios o modelos de riesgo (por ejemplo, elaboración de perfiles delictivos o extracción de datos) con miras a detectar terroristas potenciales (9);

22.   Subraya, por otra parte, que las normas de la Unión Europea en materia de protección de datos restringen la elaboración de perfiles delictivos sobre la base de datos personales (articulo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el CEDH); comparte, por consiguiente, la opinión de la FRA de que la elaboración de perfiles delictivos basada en datos PNR sólo debe realizarse con miras a los servicios de información y debe basarse en casos individuales y en parámetros reales;

23.   Reitera sus preocupaciones en relación con las medidas que prevén un uso indiscriminado de los datos PNR para la elaboración de perfiles delictivos y para la definición de parámetros de evaluación del riesgo; recuerda que toda elaboración de perfiles delictivos basada en la etnia, la nacionalidad, la religión, la orientación sexual, el sexo, la edad o el estado médico debe estar expresamente prohibida porque es contraria a la prohibición de toda discriminación en este sentido, prevista por los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales;

24.   Señala que, si la Comisión y el Consejo se proponen ampliar el ámbito de aplicación de la propuesta, han de aclarar detalladamente, para cada objetivo declarado, el uso que se hará de los datos PNR y por qué no son suficientes las competencias coercitivas existentes; considera que debe establecerse un fundamento jurídico apropiado para cada objetivo específico;

Protección de datos personales

25.   Destaca que la adopción de un marco adecuado de protección de datos en el tercer pilar es una condición previa absolutamente necesaria para cualquier sistema PNR de la UE, al igual que la introducción de normas específicas para la transmisión y el uso de los datos PNR que no estén cubiertos por el marco de protección de datos de la UE para los pilares primero y tercero; hace hincapié en la necesidad de precisar qué normas de protección de los datos se imponen a las Unidades de Información sobre Pasajeros (UIP) y de garantizar la trazabilidad de todo acceso, transferencia o uso de datos PNR;

26.   Destaca que los datos sensibles sólo pueden ser utilizados en cada caso particular, en el marco de una investigación o de una instrucción regularmente diligenciadas, obtenidos mediante mandato judicial; toma nota de que las líneas aéreas temen no poder separar los datos sensibles de las observaciones generales; aboga por lo tanto por la definición de condiciones estrictas para el tratamiento de estos datos por las UIP, tal como lo ha hecho la FRA en su dictamen;

Modalidades de ejecución

27.   Destaca que, por lo que respecta a los períodos de almacenamiento, la Comisión no justifica el período de conservación propuesto; considera sin embargo, que, para el desarrollo de indicadores de riesgos y el establecimiento de esquemas de desplazamiento y comportamiento, los datos anónimos debieran bastar; considera también que, si se amplía el ámbito de aplicación del sistema PNR, deben justificarse los períodos de conservación para cada fin específico;

28.   Reitera que las transmisiones de datos deberían efectuarse únicamente usando la modalidad PUSH y que los terceros países no deben tener acceso directo a los datos PNR en los sistemas de reserva de la Unión Europea;

29.   Celebra que, por lo que respecta al acceso a los datos PNR, la propuesta prevea que todas las entidades con acceso a los datos PNR deben ser incluidas en una lista exhaustiva;

30.   Subraya que no debe permitirse la transmisión ulterior de datos a terceros países a menos que esos terceros países puedan garantizar un nivel adecuado de protección (tal como se especifica en la Directiva 95/46/CE y en los instrumentos jurídicos por los que se establecen Europol y Eurojust) o salvaguardias apropiadas (de conformidad con el Convenio 108), y que las transmisiones sólo deben realizarse en casos particulares;

31.   Reitera que los pasajeros deben recibir una información completa y accesible sobre los detalles del sistema y sobre sus derechos, y que las autoridades de los Estados miembros son responsables de facilitar esta información; propone que se utilice el ejemplo de la información «sobre denegación de embarque» utilizada en los aeropuertos; considera esencial definir un derecho de acceso, rectificación y recurso para los pasajeros;

32.   Pide que se establezcan normas detalladas y armonizadas sobre la seguridad de los datos PNR por lo que respecta tanto a las soluciones informáticas como a las normas en materia de autorización y acceso;

Consecuencias para las compañías aéreas

33.   Observa que las compañías aéreas recopilan datos PNR con fines comerciales y que no se recopilan sistemáticamente datos para completar todos los campos del PNR; insiste en que no debería exigirse a las compañías aéreas que recopilen datos adicionales a los que recopilan con fines comerciales; considera que no debe responsabilizarse a las compañías aéreas de verificar si los registros son completos y exactos y que es inadmisible que se impongan sanciones por datos incompletos o incorrectos; pide una clara evaluación de los costes que implicaría el establecimiento de un sistema de PNR de la UE; opina que todos los costes adicionales deben ser sufragados por las partes solicitantes;

Intermediarios/Unidades de Información sobre Pasajeros (UIP)

34.   Solicita una clara definición de la función y las competencias de las UIP, en particular por lo que se refiere a la transparencia y la responsabilidad democrática, y con objeto de establecer unas normas adecuadas en materia de protección de datos; solicita que la función de las UIP se limite a la transmisión de datos a las autoridades competentes con objeto de garantizar que las evaluaciones del riesgo sólo puedan ser realizadas por las autoridades competentes y en el contexto de una investigación; solicita que se precise qué Derecho regirá la evaluación del riesgo llevada a cabo por la UIP, así como la responsabilidad de las autoridades de protección de datos cuando varios Estados miembros cooperen para crear una UIP conjunta;

*

* *

35.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Supervisor Europeo de Protección de Datos, a la Agencia de Derechos Fundamentales, al Grupo del Artículo 29 y al Grupo «Policía y Justicia».

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(1)  DO C 61 E de 10.3.2004, p. 381; DO C 81 E de 31.3.2004, p. 105; DO C 103 E de 29.4.2004, p. 665; DO C 157 E de 6.7.2006, p. 464; DO C 305 E de 14.12.2006, p. 250; DO C 287 E de 29.11.2007, p. 349; DO C 175 E de 10.7.2008, p. 564; «Textos Aprobados» de 22.10.2008, P6_TA(2008)0512.

(2)  DO L 204 de 4.8.2007, p. 18.

(3)  DO L 82 de 21.3.2006, p. 15.

(4)  DO L 213 de 8.8.2008, p. 49.

(5)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(6)  DO L 261 de 6.8.2004, p. 24.

(7)  DO L 355 de 30.12.2002, p. 1.

(8)  Véase, en particular, el dictamen del Servicio Jurídico del Consejo sobre este asunto, así como las conclusiones del Abogado General, de 14 de octubre de 2008, en el asunto C-301/06, Irlanda/Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea, sobre la Directiva 2006/24/CE sobre la conservación de datos.

(9)  Informe CRS para el Congreso de los Estados Unidos: «Data Mining and Homeland Security: An Overview», de Jeffrey Seifert; «Effective Counter-terrorism and the Limited Role of Predicative Data Mining», del CATO Institute; «Protecting Individual Privacy in the Struggle Against Terrorists: A Framework for Program Assessment»; «No dream ticket to security», de Frank Kuipers, Clingendael Institute, agosto de 2008.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/49

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Mecanismo de ayuda financiera a las balanzas de pagos de los Estados miembros

P6_TA(2008)0562

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre el establecimiento de un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros

(2010/C 16 E/09)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la propuesta de la Comisión, de 31 de octubre de 2008, de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 332/2002 por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (COM(2008) 0717),

—	Vistas la Recomendación de la Comisión, de 31 de octubre de 2008, sobre una Decisión del Consejo relativa a la concesión de asistencia mutua a Hungría, y la propuesta de Decisión del Consejo por la que se ofrece a Hungría ayuda comunitaria a medio plazo (COM(2008) 0716),

—

Vistos el Reglamento (CE) no 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (1), y la Resolución del Parlamento, de 6 de septiembre de 2001, sobre la ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (2),

—	Vistos los artículos 100 y 119 del Tratado CE,

—	Visto el artículo 103, apartado 2, de su Reglamento,

A.	Considerando que la Comisión recomienda que se conceda a Hungría, sobre la base del artículo 119 del Tratado, una ayuda financiera a medio plazo de hasta 6 500 millones de euros, conjuntamente con una ayuda del Fondo Monetario Internacional,

B.	Considerando que es preferible adoptar un enfoque de conjunto en materia de ayuda financiera a medio plazo para todos los Estados miembros,

C.	Considerando que debe tenerse en cuenta el impacto de la actual crisis financiera y económica mundial,

D.	Considerando que las economías de los Estados miembros que se han adherido más recientemente a la Unión Europea no se benefician de las ventajas de disponer de una reserva de moneda propia,

E.	Considerando que las monedas de dichos Estados miembros han sufrido últimamente fuertes acciones especulativas, y habida cuenta de que la magnitud de los actuales desequilibrios exteriores se debe principalmente a la fuerte expansión del crédito no gubernamental,

F.	Considerando la necesidad de medidas políticas que aborden los problemas específicos que padecen las economías de esos Estados miembros en el contexto de la crisis financiera mundial y de la recesión que se extiende por toda Europa,

G.	Considerando que el margen de maniobra de que dispone la política presupuestaria para abordar unos amplios desequilibrios exteriores y evitar la inestabilidad financiera puede ser muy limitado en el contexto de la actual recesión económica que se extiende por la Unión Europea,

1.   Opina que se debe alentar a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro a que recurran, para hacer frente a su déficit en la balanza de pagos, a una posible ayuda financiera a medio plazo dentro de la Comunidad antes de buscar ayuda a nivel internacional;

2.   Considera que la situación actual es una prueba más de la importancia del euro a la hora de proteger a los Estados miembros que pertenecen a su zona, y pide a los Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro que entren en ella tan pronto cumplan los criterios de Maastricht;

3.   Pide a la Comisión que analice exhaustivamente el impacto que ha supuesto para la balanza de pagos de Hungría el que determinados bancos hayan sacado sus activos de ese país a raíz de los planes de rescate adoptados por otros Estados miembros;

4.   Pide a la Comisión que examine detalladamente las acciones especulativas (short-selling) sufridas por las monedas de los Estados miembros que se han adherido recientemente, y las medidas que puedan tomarse para evitar una drástica pérdida de confianza en sus monedas y en sus sistemas bancarios locales;

5.   Pide a la Comisión que comunique los resultados de estos análisis al Grupo de Larosière y a la comisión competente del Parlamento Europeo;

6.   Reconoce que es necesario incrementar de forma significativa el importe máximo del principal de los préstamos que pueden concederse a los Estados miembros en virtud del Reglamento (CE) no 332/2002, dado que, desde que éste se adoptó, el número de Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro ha aumentado considerablemente; subraya que dicho incremento reforzará asimismo la flexibilidad de la Comunidad para responder a futuras solicitudes de ayuda financiera a medio plazo en el contexto, por ejemplo, de la actual crisis financiera mundial;

7.   Observa que el incremento del límite máximo de los préstamos no tendría ningún impacto presupuestario, porque sería la Comisión quien concertaría empréstitos en los mercados de capitales, y los Estados miembros beneficiarios quienes los reembolsarían; subraya que sólo podrá producirse un impacto presupuestario en caso de que un Estado miembro no reembolse su deuda;

8.   Recuerda que, desde su adopción en 2002, se trata de la primera vez que, dadas las dificultades financieras de Hungría, se aplica el Reglamento (CE) no 332/2002, y que el Reglamento vigente anteriormente en la materia, a saber, el Reglamento (CEE) no 1969/88 (3), que regulaba el mecanismo previsto en el artículo 119 del Tratado, sólo se aplicó en dos ocasiones: en 1991 en Grecia y en 1993 en Italia, y que ambos países respetaron plenamente sus compromisos con la Comisión;

9.   Recuerda que el Parlamento solicitó que el Consejo examinara, cada dos años, sobre la base de un informe de la Comisión, previa consulta al Parlamento y previo dictamen del Comité Económico y Financiero, si el mecanismo seguía satisfaciendo las necesidades que llevaron a su creación; pregunta si se han elaborado dichos informes desde que se adoptó el Reglamento (CE) no 332/2002;

10.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Banco Central Europeo, al Eurogrupo y a los Gobiernos de los Estados miembros.

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(1)  DO L 53 de 23.2.2002, p. 1.

(2)  DO C 72 E de 21.3.2002, p. 312.

(3)  DO L 178 de 8.7.1988, p. 1.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/51

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Respuesta de la Unión Europea a la deteriorada situación en la región oriental de la República Demócrática del Congo

P6_TA(2008)0563

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre la respuesta de la UE a la deteriorada situación en la región oriental de la República Democrática del Congo

(2010/C 16 E/10)

El Parlamento Europeo,

—	Vistas las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la situación en la República Democrática del Congo (RDC), de 11 de noviembre de 2008,

—	Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2008, sobre la República Democrática del Congo: conflictos en las zonas fronterizas del Este de la RDC (1),

—	Vista su Resolución, de 21 de febrero de 2008, sobre Kivu Norte (2),

—	Vistas su Resolución, de 17 de enero de 2008, sobre la situación en la República Democrática del Congo y la violación como crimen de guerra (3), así como sus anteriores Resoluciones sobre las violaciones de los derechos humanos en la RDC,

—	Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2007, sobre la respuesta de la UE ante situaciones de fragilidad en los países en desarrollo (4),

—	Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 22 de noviembre de 2007, sobre la situación en la RDC, en particular en el este del país, y su impacto en la región,

—

Vistos la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2007, titulada «Hacia una respuesta de la UE ante situaciones de fragilidad: Intervención en entornos difíciles para lograr el desarrollo sostenible, la estabilidad y la paz» (COM(2007) 0643), así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto a la misma (SEC(2007) 1417),

—	Vista la Resolución 60/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 24 de octubre de 2005, sobre el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 y, en particular, sus apartados 138 a 140 sobre la responsabilidad de proteger a las poblaciones,

—	Vistas las conclusiones de la Cumbre de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral (SADC), en las que se declaraba dispuesta a enviar tropas de mantenimiento de la paz a Kivu Norte «en caso de necesidad»,

—	Vista la Declaración del Consejo, de 10 de octubre de 2008, sobre la situación en el Este de la RDC,

—	Visto el informe sobre la misión realizada por su Comisión de Desarrollo a Kivu Norte en 2008,

—	Visto el Consenso europeo sobre ayuda humanitaria, firmado el 18 de diciembre de 2007,

—	Visto el apartado 4 del artículo 103 de su Reglamento,

A.

Considerando que se ha producido una escalada en los combates entre el ejército de la RDC, la milicia Mai Mai, las tropas rebeldes del general depuesto Laurent Nkunda (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP)) y los combatientes de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), así como las tropas del Ejército de Resistencia del Señor de Uganda, y que dichos combates siguen generando una situación de enormes dificultades para las poblaciones civiles de Kivu Norte,

B.

Considerando el domingo 16 de noviembre de 2008 el enviado de las Naciones Unidas, el antiguo Presidente de Nigeria Olusegun Obasanjo, mantuvo una reunión con el líder rebelde Laurent Nkunda y se llegó a un acuerdo sobre la creación de un comité tripartito para el control de un alto el fuego entre el ejército y los rebeldes, considerando que existe una urgente necesidad de que las potencias que sean socios de los países implicados presten su ayuda a fin de asegurar una solución,

C.

Considerando que se están realizando importantes esfuerzos diplomáticos a escala internacional, en los que participan negociadores regionales y europeos, con objeto de evitar que los combates en Kivu Norte degeneren en una repetición de la guerra más amplia del Congo (1998-2003), en la que estuvieron involucrados seis Estados vecinos; que el 7 de noviembre de 2008 se celebró en Nairobi una cumbre regional sobre la crisis actual en el este de la RDC,

D.

Considerando que, desde el inicio de la violencia, millones de personas han sido asesinadas y desplazadas, y que se estima que 250 000 personas han sido desplazadas desde la reanudación en agosto de 2008 de los combates en la RDC por el General Laurent Nkunda, causando una catástrofe humanitaria en el este del país,

E.

Considerando que, pese al mandato que le ha sido otorgado en virtud del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que autoriza la utilización de todos los medios necesarios para disuadir de cualquier intento de uso de la fuerza y para garantizar la protección de la población civil, la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC): — no ha contado con los medios necesarios para proteger a la población civil desde la reciente reanudación de los combates en la región oriental de la RDC, así como para desarmar y repatriar a los combatientes hutu de Ruanda que se encuentran en territorio de la RDC, — ha sido obligada a esperar el visto bueno de la India y de Pakistán antes de enviar al combate a los soldados indios y pakistaníes, lo cual es contrario a las disposiciones previstas en el mandato, que es la razón de ser del despliegue de la MONUC en la RDC, — no intervino para poner fin a la masacre de más de 200 personas que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2008 en Kiwandja, a pesar de tener allí una de sus bases militares,

F.	Considerando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatió de nuevo la situación en la región oriental de la RDC el 11 de noviembre de 2008 sin aprobar el refuerzo de la MONUC con 3 000 soldados, como había solicitado esta última,

G.	Considerando que tan solo 6 000 hombres de la MONUC, de un total de 17 000 soldados destacados en el territorio de la RDC, están desplegados en Kivu Norte,

H.

Considerando que los Estados miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas — entre los que figuran Bélgica, Francia, Italia y el Reino Unido — siempre se han opuesto a dotar a la MONUC de medios adicionales para que pueda desempeñar su misión, que el Consejo de la Unión Europea ha hecho un llamamiento a favor de una cooperación reforzada entre la UE, sus Estados miembros y la MONUC,

I.

Considerando que, a raíz de la iniciativa del Comisario Louis Michel, se ha celebrado en Nairobi una cumbre regional en la que los Presidentes de la RDC, Joseph Kabila, y de Ruanda, Paul Kagame, han acordado aplicar inmediatamente todos los acuerdos celebrados anteriormente con vistas a garantizar la paz y una estabilidad política duradera,

J.	Considerando, no obstante, que esa reunión no fue seguida de un alto el fuego inmediato en el este de la RDC, y que las partes en conflicto han proseguido sus violentos combates, que han afectado gravemente a la población civil,

K.

Considerando que la MONUC ha demostrado claramente que los combatientes de Laurent Nkunda reciben apoyo de Ruanda, y que Ban Ki Moon, Secretario General de las Naciones Unidas, ha pedido a los dirigentes africanos que asuman su responsabilidad histórica en este momento crucial para la región, para África y para el mundo,

L.

Considerando que actualmente las organizaciones humanitarias han de hacerse cargo de 200 000 refugiados en los campos situados alrededor de la ciudad de Goma y calculan que puede haber hasta un millón de civiles ocultos en la selva para huir de la violencia; que la situación en los campos de refugiados se deteriora cada día más y que el Alto Comisionado para los Refugiados teme que pueda producirse una militarización de los campos,

M.	Considerando que el reclutamiento de niños soldado en el este de la RDC ha aumentado considerablemente desde la escalada del conflicto,

N.	Considerando que, al parecer, tanto las tropas de la RDC como los combatientes de las FDLR están implicados en la explotación y la comercialización de minerales en la región oriental de la RDC,

O.	Considerando que el plan para poner fin a la crisis en la región oriental del país elaborado por parlamentarios de la RDC exige una movilización general a favor del diálogo militar, político y diplomático entre las partes implicadas en el conflicto,

P.

Considerando que los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y el Reino Unido, Bernard Kouchner y David Miliband, recomendaron que se reforzara la MONUC en lugar del envío de una fuerza europea a Kivu Norte, pero afirmaron al mismo tiempo que no se excluía la posibilidad de enviar una fuerza europea en caso de que fuera necesario,

Q.	Considerando que las epidemias en Kivu Norte se han agravado, con la constante progresión del cólera, el sarampión y la tos ferina como resultado de los desplazamientos masivos de la población y de su establecimiento en instalaciones precarias,

1.   Manifiesta su honda preocupación por los crecientes enfrentamientos en Kivu Norte y por las consecuencias para la población de la zona oriental de la RDC y de la región en su conjunto, y muy especialmente por las repercusiones humanitarias de la reciente ofensiva del CNDP, que ha provocado el desplazamiento y la muerte de numerosas personas en Kivu Norte;

2.   Se declara profundamente escandalizado por las masacres, los crímenes contra la humanidad y los actos de violencia sexual contra mujeres y niñas en las provincias orientales de la RDC, e insta a todas las autoridades nacionales e internacionales pertinentes a que lleven de forma sistemática a los autores de los crímenes ante los tribunales; pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adopte urgentemente todas las medidas oportunas para prevenir de manera efectiva todo nuevo ataque contra las poblaciones civiles de las provincias orientales de la RDC;

3.   Acoge favorablemente la decisión de la Comisión y de los Estados miembros de incrementar la ayuda humanitaria a la población civil afectada por la crisis; destaca las dificultades que deben afrontar las organizaciones humanitarias en la entrega de la ayuda, como consecuencia de la situación de inseguridad en Kivu Norte; insta a todas las partes a que garanticen el acceso a las comunidades vulnerables y la seguridad de los cooperantes, de modo que se garantice la presencia humanitaria en la región; recuerda que es esencial que los medios y las capacidades militares sólo se utilicen para respaldar las operaciones de ayuda humanitaria en circunstancias muy excepcionales y como último recurso;

4.   Reitera su firme convencimiento de que los procesos de Amani y Nairobi siguen siendo el marco adecuado para estabilizar a largo plazo la situación en la región oriental de la RDC;

5.   Insta a Laurent Nkunda a que respete su propia declaración en apoyo del proceso de paz para el este de la RDC, hecha a raíz de las conversaciones con Olusegun Obasanjo, Enviado Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y antiguo Presidente de Nigeria; pide, en este contexto, al CNDP que se una sin demora al proceso de paz de Amani; reitera su apoyo a las autoridades de la RDC en la búsqueda de una solución política de la crisis; acoge con satisfacción el plan presentado por los parlamentarios de la RDC, en el que se solicita una movilización general a favor del diálogo militar, político y diplomático;

6.   Considera que debe convocarse una conferencia internacional sobre los Grandes Lagos para encontrar una solución política viable al conflicto y promover una sana integración económica regional que beneficie a todos los países de la región,

7.   Destaca la necesidad de continuar los esfuerzos dirigidos a poner fin a la actividad de los grupos armados extranjeros en la región oriental de la RDC, en particular las FDLR; insta a los Gobiernos de la RDC y de otros países de la región a que adopten las medidas necesarias a este fin; celebra el acuerdo entre la RDC y Ruanda, anunciado por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, de autorizar la entrada en la RDC de equipos de inteligencia de Ruanda para cooperar con el ejército de la RDC en los esfuerzos dirigidos a suprimir la presencia de las FDLR en la región;

8.   Pide a la Unión Africana, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a los principales actores internacionales, incluida la UE, Estados Unidos y China, que incrementen la presión sobre todas las partes para impulsar el proceso de paz, con objeto de encontrar una solución al problema del control de los recursos mineros y de lograr un amplio acuerdo de paz, en lugar de un mero alto el fuego, al tiempo que pide a estos actores que presionen a Ruanda y Uganda para que se comprometan a poner fin a la libre circulación y a las operaciones de las tropas de Nkunda en sus territorios respectivos;

9.   Insta a todas las partes interesadas a que restablezcan el Estado de Derecho y a que luchen contra la impunidad, especialmente teniendo en cuenta las violaciones masivas de mujeres y niñas y el reclutamiento de niños soldado;

10.   Pide al Gobierno de la RDC que desarrolle un plan con Ruanda y la MONUC para aislar y capturar a los líderes del genocidio en las FDLR y para ofrecer reasentamiento en la RDC o reintegración en Ruanda a quienes no participaron en el genocidio y estén dispuestos a desmovilizarse;

11.   Pide a las autoridades de la RDC que pongan fin de inmediato a los actos de pillaje y violencia perpetrados por tropas gubernamentales y de las que es testigo la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios;

12.   Pide a los Estados miembros de la UE que apliquen la recomendación del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre la explotación ilegal de los recursos naturales de la RDC, incluidas sanciones contra las personas y empresas cuya participación en el saqueo se haya probado, con el fin de contribuir a la estabilización del país;

13.   Señala que la explotación ilegal de los recursos naturales en el este de la RDC constituye una fuente de financiación para los grupos rebeldes y, por ende, de inestabilidad en la región; reitera la importancia de luchar contra esa explotación ilegal por parte de grupos rebeldes y los gobiernos de la región; pide, en este sentido, a las autoridades de la RDC que, en colaboración con la MONUC, clausuren las bases económicas de los grupos rebeldes, impidiéndoles el acceso a los suministros de minerales (en particular, diamantes, coltán y oro) y a las redes comerciales;

14.   Pide al Consejo y a la Comisión que insistan en las conversaciones con los Gobiernos de la RDC y sus países vecinos en la necesidad de establecer sistemas eficaces de trazabilidad y prueba del origen de los recursos naturales, a saber, oro, casiterita (mineral de estaño), coltán, cobalto, diamantes, pirocloro y madera, incluida la aceptación del despliegue en su territorio de observadores con mandato de las Naciones Unidas para vigilar las importaciones de recursos naturales procedentes de la RDC, garantizándose la protección de dichos observadores;

15.   Reitera su solicitud de que se apliquen mecanismos eficaces de control, de manera similar al proceso de Kimberley, para la certificación de origen de los recursos naturales importados al mercado de la UE desde la RDC;

16.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que las empresas europeas no comercian, gestionan ni importan productos derivados de minerales extraídos de forma que beneficien a los grupos armados de la RDC, y que responsabilicen a aquellas empresas que persistan en tales prácticas;

17.   Pide al Consejo y a la Comisión que hagan todo lo posible por encontrar una solución política, que constituye la única forma posible de poner fin a los conflictos en la RDC; celebra, en este contexto, la iniciativa del Comisario Michel de organizar una reunión entre el Presidente de la RDC y el Presidente de la República de Ruanda en Nairobi; pide a la Comisión que se comprometa con las autoridades de la RDC con miras a aplicar el acuerdo relativo al retorno de los combatientes de las FDLR a Ruanda; insta a las autoridades de la RDC y de la República de Ruanda a que intensifiquen su cooperación con objeto de aplicar los compromisos asumidos en Nairobi, y a que den prioridad al diálogo y a la consulta con el fin de lograr una paz duradera en la región oriental de la RDC y la estabilidad en la región;

18.   Hace un llamamiento en favor de la tolerancia cero hacia la violencia sexual contra las niñas y las mujeres, que se utiliza como un arma de guerra, y pide que se apliquen sanciones penales severas a los autores de estos crímenes; llama la atención sobre la importancia del acceso a cuidados sanitarios en las zonas de conflicto y los campos de refugiados, especialmente en vista de los recientes brotes de cólera, tos ferina y sarampión;

19.   Reafirma su apoyo a la MONUC en las actuales circunstancias dramáticas en que, a pesar de sus deficiencias, su presencia sigue siendo imprescindible, al tiempo que pide que se hagan todos los esfuerzos necesarios para que la MONUC pueda llevar a cabo su mandato usando plenamente la fuerza de las armas para proteger a las personas amenazadas; insta, a este respecto, al Consejo y, en particular, a Bélgica, Francia, Italia y el Reino Unido a que asuman el liderazgo a la hora de garantizar que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz respaldan a la MONUC reforzando sus capacidades operativas y dotándola de equipos y personal adecuados;

20.   Pide al Consejo que inste al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que otorgue a la MONUC el mandato y los medios necesarios para hacer frente a la explotación de minerales por parte de grupos armados, incluyendo la vigilancia y el control de los puestos fronterizos clave, las pistas de aterrizaje, determinadas zonas mineras y las rutas de abastecimiento;

21.   Insiste en que, en el caso de que se desplieguen contingentes militares adicionales, su mandato se centre en la protección de la población civil y en el apoyo y el respeto de los nuevos acuerdos de paz que puedan celebrarse en el futuro;

22.   Pide al Consejo y a la Comisión que, en colaboración con el Gobierno de la RDC, las Naciones Unidas y otros donantes importantes, elabore un nuevo plan con miras al desarme, la desmovilización y la reintegración (DDR) a gran escala en la RDC, basado en la idea de la UE de apoyo al DDR, así como una ambiciosa estrategia de reforma del sector de la seguridad para el país, basada en el marco político de la UE para la reforma del sector de la seguridad, contando ambas iniciativas con una financiación apropiada con cargo a fondos de la Comunidad y de la PESC;

23.   Pide al Gobierno de la RDC que haga cuanto obre en su poder para identificar a los responsables de los crímenes de guerra perpetrados en la región y para llevarlos ante la justicia;

24.   Pide al Consejo y a la Comisión que pongan en práctica, con efecto inmediato, programas a gran escala de ayuda médica y humanitaria y de reintegración destinados a las poblaciones civiles en las zonas orientales de la RDC, con especial énfasis en la ayuda a las mujeres y las niñas víctimas de los crímenes de violencia sexual, para cubrir las necesidades inmediatas y anticipándose a la necesaria reconstrucción; destaca la función clave que desempeñan las mujeres en la reconstrucción de las comunidades destrozadas;

25.   Toma nota con interés del nombramiento de un equipo de negociadores, incluidos Olusegun Obasanjo, antiguo Presidente de la República de Nigeria, y Benjamin Mkapa, antiguo Presidente de la República Unida de Tanzania; insta al Consejo a que coopere con la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos y con la Unión Africana para estabilizar la situación en la región oriental de la RDC;

26.   Pide al Consejo que colabore con los mediadores internacionales y regionales para abordar de forma explícita los programas económicos de las partes en conflicto en el contexto del actual proceso de mediación;

27.   Pide al Consejo y a la Comisión que sigan de cerca la evolución de la situación humanitaria y de seguridad en la región oriental de la RDC, con miras a determinar de forma más detallada las diferentes líneas de actuación que pudieran considerarse a la luz de las circunstancias;

28.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Presidente de la Comisión de la Unión Africana al Presidente del Parlamento Panafricano y a los Gobiernos y Parlamentos de la República Democrática del Congo y de los otros Estados miembros de la Comunidad para el Desarrollo del África Austral.

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(1)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0526.

(2)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0072.

(3)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0022.

(4)  DO C 282 E de 6.11.2008, p. 460.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/57

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Política Espacial Europea: Cómo aproximar el espacio a la Tierra

P6_TA(2008)0564

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre la Política Espacial Europea: Cómo aproximar el espacio a la Tierra

(2010/C 16 E/11)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la Resolución del Consejo, de 26 de septiembre de 2008, titulada «Hacer avanzar la política espacial europea» (1),

—	Visto el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes de las Naciones Unidas (Resolución 2222 (XXI) — Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre),

—

Vistas sus Resoluciones de 10 de julio de 2008 sobre espacio y seguridad (2), y de 29 de enero de 2004 sobre el plan de acción para la aplicación de una política espacial europea (3), así como las deliberaciones de la audiencia pública organizada por la Comisión de Industria, Investigación y Energía el 16 de julio de 2007,

—	Vista la Resolución del Consejo, de 21 de mayo de 2007, sobre la política espacial europea (4),

—	Visto el documento de la Comisión, de 11 de septiembre de 2008, titulado «Informe sobre la marcha de la política espacial europea» (COM(2008) 0561),

—	Vista la Decisión del Consejo, de 7 de octubre de 2003, sobre la firma del acuerdo marco entre la CE y la Agencia Espacial Europea,

—	Vistos el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el Tratado de la Unión Europea (TUE), en sus versiones modificadas por el Tratado de Lisboa, así como las disposiciones pertinentes sobre política espacial europea (artículo 189 del TFUE),

—	Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.	Considerando que el espacio es una baza estratégica de importancia fundamental para la independencia, la seguridad y la prosperidad de Europa, y que el Consejo debe liderar, junto con el Parlamento Europeo, el desarrollo político en este ámbito,

B.

Considerando que la Unión Europea y algunos de sus Estados miembros han participado en la financiación y el desarrollo de la tecnología y la ciencia espaciales desde hace más de treinta años, lo que ha dado lugar a la concepción de la política espacial europea, y reconociendo la fructífera cooperación con la Agencia Espacial Europea,

C.	Considerando el creciente interés por que la Unión Europea desempeñe un papel firme y destacado en la política espacial europea para promover soluciones en el ámbito del medio ambiente, el transporte, la investigación, la defensa y la seguridad,

D.

Considerando que una política espacial europea sólida, en particular en términos de aplicaciones, servicios e infraestructuras conexas, permitirá que la Unión Europea influya en la sociedad, la cultura, la economía y la ciencia, le ayudará a desarrollar su base industrial y científica, contribuirá a su crecimiento y empleo, y le garantizará una autonomía política y tecnológica de un modo realista y coherente,

E.

Considerando que todas las actividades espaciales europeas respetan plenamente el principio de que la exploración y la utilización del espacio exterior deben hacerse en provecho y en interés de todos los países, y considerando el espacio exterior como un bien de toda la humanidad que se ha de utilizar con fines exclusivamente pacíficos,

F.	Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a promover la cooperación internacional en la exploración y la utilización del espacio exterior; coincidiendo con el Consejo en que toda acción europea relacionada con la exploración espacial debería enmarcarse en un programa mundial,

G.

Considerando la importancia que para el desarrollo de la política espacial europea supone reforzar la comprensión y el apoyo del público al desarrollo de las tecnologías espaciales, al tiempo que se garantiza la complementariedad de las acciones y se maximizan las sinergias con los avances registrados en los ámbitos distintos del espacial,

H.	Considerando la necesidad estratégica de que Europa garantice de forma permanente un acceso autónomo, fiable, sostenible y rentable al espacio, basado en la disponibilidad de unas plataformas de lanzamiento adecuadas a nivel mundial y un puerto espacial europeo operativo,

I.

Considerando la necesidad de encontrar instrumentos y esquemas de financiación comunitarios adecuados para la política espacial europea, a fin de completar la asignación de créditos del Séptimo Programa Marco para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013), de manera que los distintos agentes económicos puedan planificar sus acciones a medio y largo plazo,

J.

Considerando que, para garantizar que la política espacial europea dé los resultados esperados y esté a la altura de los objetivos de la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea y los Estados miembros correspondientes, resulta fundamental que exista una estructura de gobierno adecuada en el ámbito de la política y las actividades espaciales, así como un marco regulador apropiado que facilite la rápida emergencia de servicios derivados innovadores y competitivos, con el fin en particular de asegurar un acceso sostenible al espectro para todas las aplicaciones espaciales,

K.

Considerando la necesidad de establecer un calendario preciso para cumplir los objetivos de los programas Galileo y EGNOS y del Programa para una vigilancia mundial del medio ambiente y la seguridad (GMES), ahora llamado Copérnico, así como la necesidad de elaborar una hoja de ruta para los distintos órganos que desempeñan un papel en la realización de estos programas,

L.

Considerando que el espacio representa actualmente una herramienta única en nuestra sociedad actual para la recogida instantánea y la difusión mundial de un gran volumen de datos, así como un instrumento fundamental para comprender y controlar el cambio climático — ámbito éste en el que Europa va a la vanguardia —, y pidiendo a los demás actores internacionales que tengan una actitud más responsable para con las generaciones venideras,

M.	Considerando que se pueden lograr progresos importantes en relación con la seguridad espacial, principalmente en el ámbito de las telecomunicaciones, la vigilancia y la observación de la Tierra,

N.

Considerando que la Resolución aprobada durante la cuarta reunión del «Consejo Espacio» (reunión conjunta del Consejo de la Unión Europea y del Consejo de la Agencia Espacial Europea) el 22 de mayo de 2007 pide una optimización del proceso de toma de decisiones en el ámbito del espacio tanto en el Consejo de la Unión Europea como en otras instituciones de la Unión,

O.

Considerando que el próximo marco financiero debe contemplar instrumentos y planes de financiación de la Unión adecuados para permitir una inversión comunitaria a largo plazo destinada a la investigación en materia espacial y a la puesta en funcionamiento de aplicaciones espaciales sostenibles en beneficio de Europa y de sus ciudadanos,

P.	Considerando que la Unión Europea debe reforzar su cooperación con los países en desarrollo,

1.   Acoge con satisfacción las conclusiones del Consejo de 26 de septiembre de 2008 como un compromiso político útil en pro del desarrollo de una política espacial europea que contribuya a reforzar la identidad europea, y reitera su intención de adoptar un papel constructivo y de participar plenamente en su aplicación, como si el Tratado de Lisboa hubiera entrado en vigor;

2.   Coincide con el Consejo en que las prioridades actuales son la aplicación a tiempo de los programas Galileo y EGNOS y GMES/Copérnico;

3.   Acoge con satisfacción en particular la creación de la Comisión Interinstitucional de Galileo, que puede servir como modelo para el desarrollo de la política espacial europea;

4.   Pide a la Comisión y al Consejo que fijen un calendario preciso para la creación de una estructura de gobierno eficiente para el programa GMES/Copérnico, y que establezcan de forma clara una hoja de ruta para este programa a fin de conseguir que sea más eficaz y de concretar su asignación presupuestaria específica;

5.   Insiste en el papel decisivo del programa GMES/Copérnico como iniciativa impulsada por los usuarios y puesta en práctica gracias a la contribución fundamental de las infraestructuras in situ de observación terrestre y espacial; subraya que es imprescindible que se dé una continuidad en los datos y servicios; opina, más concretamente, que la Comisión debería empezar por encargar una evaluación de impacto sobre las ventajas potenciales, los costes previsibles y la evolución a largo plazo del programa GMES/Copérnico, y presentar después un plan de acción al Parlamento y al Consejo que abarque, entre otras, las cuestiones siguientes:

—	el marco jurídico del programa GMES/Copérnico,

—	la gobernanza del programa GMES/Copérnico, incluido el papel de la Unión Europea y de los organismos extracomunitarios,

—	la financiación del programa GMES/Copérnico,

—	el plan de aplicación,

—	el papel de iniciativas similares y complementarias, tanto intergubernamentales como multilaterales,

—	los aspectos internacionales del programa GMES/Copérnico y, por ende, la cooperación necesaria;

6.   Lamenta que, a pesar de las recomendaciones claras de la comunidad de usuarios, no se garantice la continuidad de los datos altimétricos de baja inclinación una vez que deje de funcionar el satélite Jasón-2, ya en órbita, y pide a la Comisión que solucione los problemas de financiación de Jasón-3, que pueden poner en peligro la sostenibilidad a corto plazo de los servicios de Copérnico, y que informe al Parlamento de las decisiones adoptadas al respecto;

7.   Anima a que se establezca un diálogo estructurado entre los actores institucionales europeos y los actores intergubernamentales, velando por que todos los Estados miembros puedan acceder de manera abierta y equitativa a los beneficios de la política espacial europea;

8.   Pide al Consejo y a la Comisión que fomenten las sinergias entre los avances en cuestiones civiles y de seguridad en el ámbito espacial; señala que las capacidades europeas en materia de seguridad y defensa dependen, entre otras cuestiones, de la disponibilidad de sistemas basados en satélites y que el acceso a los mismos es crucial para la Unión Europea;

9.   Pide al Consejo y a la Comisión que progresen en el ámbito de las relaciones internacionales, principalmente en lo que a competencia en los mercados comerciales y gubernamentales internacionales se refiere, con el objetivo de garantizar que Europa habla con una sola voz y sigue una estrategia acordada;

10.   Está de acuerdo con el Consejo en que la cooperación internacional en materia espacial debe servir a los intereses de Europa y, con tal propósito, debe contribuir a las iniciativas mundiales; subraya la importancia de garantizar la autonomía política, tecnológica y operativa de Europa;

11.   Recuerda al Consejo y a la Comisión sus respectivas declaraciones de intenciones de presentar al Parlamento, en el marco del plan de aplicación de la política espacial europea, recomendaciones o propuestas específicas, teniendo en cuenta la naturaleza de los cuatro ámbitos prioritarios, sobre:

—	el espacio y cambio climático,

—	la contribución de la política espacial europea a la estrategia de Lisboa,

—	el espacio y la seguridad, sobre la base de su Resolución de 10 de julio de 2008,

—	la exploración espacial, incluidos la presencia humana y los vuelos espaciales tripulados;

12.   Subraya la importancia de desarrollar una política industrial relacionada con el espacio, entre cuyos elementos esenciales figuran el marco reglamentario en materia espacial y el programa de normalización que contribuirá a la aparición de nuevos mercados derivados europeos, y recuerda que el Reglamento Galileo constituye una referencia para la participación de las pequeñas y medianas empresas en la política industrial relacionada con el espacio;

13.   Reconoce la contribución excepcional de los programas espaciales que, al permitir una cobertura mundial y a largo plazo, proporcionan datos importantes para la investigación sobre el cambio climático así como la base factual para las decisiones clave que han de adoptarse en materia de política medioambiental;

14.   Reconoce que el espacio puede contribuir a alcanzar los objetivos de Lisboa así como a colmar las ambiciones económicas, educativas, sociales y medioambientales de la Unión Europea y las expectativas de sus ciudadanos;

15.   Reconoce la necesidad de que la Unión Europea adopte medidas prácticas para lograr reducir la dependencia de Europa en lo que respecta a determinadas tecnologías, componentes y operaciones espaciales fundamentales;

16.   Considera que Europa debe desarrollar una visión común y una planificación estratégica a largo plazo en materia de exploración del espacio a fin de participar en los programas internacionales (como la Estrategia Global de Exploración) destinados a la exploración humana y robótica del espacio, incluida la posibilidad de una expedición humana a Marte;

17.   Insta a que se examine la posible introducción en el presupuesto de la Unión Europea de un nuevo capítulo específico para la política espacial europea, a fin de reflejar el firme compromiso de la Unión Europea para con esta política y de aumentar su claridad y transparencia, en previsión de la posible entrada en vigor de las disposiciones del Tratado de Lisboa relativas a la política espacial;

18.   Pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten las inversiones en las ciencias y las tecnologías relacionadas con el espacio;

19.   Pide a la Comisión que tome las iniciativas oportunas para desarrollar la utilización del espacio para la recogida y difusión de información, e insiste en la necesidad de fomentar el desarrollo tecnológico en el ámbito de la vigilancia y la observación espaciales;

20.   Pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para evitar la contaminación del espacio exterior;

21.   Pide a la Comisión que elabore un estudio sobre el impacto del turismo espacial y sobre el consiguiente marco regulador, de protección y de seguridad necesario;

22.   Pide al Consejo y a la Comisión que encabecen el gran esfuerzo de reflexión que debe hacerse sobre la exploración espacial, donde se determine cuál debería ser la posición europea frente a los futuros proyectos de exploración mundiales y de qué recursos se dispone para ello; desea, en este sentido, que se le asocie de forma estrecha a la conferencia de alto nivel en materia de exploración propuesta por la Comisión, que tendrá lugar en breve;

23.   Subraya el valor de la exploración espacial para animar a los jóvenes europeos a elegir una carrera en el ámbito de la ciencia o la tecnología y para reforzar la capacidad de investigación en Europa;

24.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Agencia Espacial Europea, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Secretario General de las Naciones Unidas.

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(1)  DO C 268 de 23.10.2008, p. 1.

(2)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0365.

(3)  DO C 96 E de 21.4.2004, p. 136.

(4)  DO C 136 de 20.6.2007, p. 1.

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22.1.2010

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Convenio relativo a las municiones de racimo

P6_TA(2008)0565

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre el Convenio relativo a las municiones de racimo

(2010/C 16 E/12)

El Parlamento Europeo,

—	Visto el Convenio relativo a las municiones de racimo (CMR), aprobado por 107 países en la conferencia diplomática celebrada en Dublín del 19 al 30 de mayo de 2008,

—	Visto el mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, de 30 de mayo de 2008, en el que alienta a los Estados a firmar y ratificar sin demora este importante acuerdo y en el que expresa su deseo de que el Convenio entre en vigor rápidamente,

—	Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2007, «Tratado universal de prohibición de las bombas de racimo» (1),

—	Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.	Visto que el CMR se abrirá a la firma el 3 de diciembre de 2008 en Oslo, y seguidamente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y que entrará en vigor el primer día del sexto mes siguiente al depósito del trigésimo instrumento de ratificación,

B.	Considerando que el Convenio relativo a las municiones de racimo (CMR) prohibirá el uso, la producción, el almacenamiento y la transferencia de toda la categoría formada por este tipo de municiones,

C.	Considerando que el CMR obligará a los Estados parte del Convenio a destruir las reservas de este tipo de municiones,

D.	Considerando que el CMR establecerá una nueva norma humanitaria para la ayuda a las víctimas y obligará a los Estados a destruir, después de los conflictos, las municiones de racimo que no hayan explosionado,

1.   Acoge con agrado el trabajo realizado por la sociedad civil, y especialmente por la Coalición contra las municiones de racimo, para poner fin al sufrimiento humano causado por este tipo de municiones;

2.   Insta a los Estados a que firmen, ratifiquen y apliquen cuanto antes el CMR,

3.   Insta a los Estados a que adopten medidas a nivel nacional para iniciar la aplicación del CMR incluso antes de su firma y ratificación;

4.   Insta a los Estados a que no usen, almacenen, fabriquen, transfieran o exporten municiones de racimo, y a que no efectúen ninguna inversión en este tipo de municiones en el período anterior a la entrada en vigor del CMR;

5.   Insta a todos aquellos Estados miembros de la Unión Europea que hayan usado municiones de racimo a que ofrezcan ayuda a las poblaciones afectadas, y a la Comisión a que incremente la ayuda financiera a las comunidades y los individuos afectados por las municiones de racimo sin explotar, y recurra para ello a todos los instrumentos disponibles;

6.   Insta a todos aquellos Estados miembros de la Unión Europea que hayan usado municiones de racimo a que ofrezcan ayuda técnica y financiera para retirar y destruir este tipo de municiones después de los conflictos, y a la Comisión a que aumente la ayuda financiera con el mismo objetivo y recurra para ello a todos los instrumentos disponibles;

7.   Insta a los Estados miembros de la Unión Europea a que no emprendan ninguna actuación dirigida a eludir o socavar de alguna forma el CMR o sus disposiciones; pide, en especial, a todos los Estados miembros que no adopten, aprueben o ratifiquen a posteriori ningún eventual Protocolo al Convenio sobre armas convencionales que autorice el uso de municiones de racimo, lo cual sería incompatible con la prohibición de este tipo de municiones conforme a los artículos 1 y 2 del CMR;

8.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea, al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Coalición contra las municiones de racimo.

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(1)  DO C 263 E de 16.10.2008, p. 648.

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22.1.2010

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VIH/sida: Diagnóstico y tratamiento precoces

P6_TA(2008)0566

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre el VIH/sida: Diagnóstico y tratamiento precoces

(2010/C 16 E/13)

El Parlamento Europeo,

—	Vista su Resolución, de 24 de abril de 2007, sobre la lucha contra el VIH/sida en la Unión Europea y los países vecinos, 2006-2009 (1),

—	Vista la Declaración de Bremen de 13 de marzo de 2007 sobre «Responsabilidad y Asociación — Juntos Contra el VIH/sida»,

—	Vista su Resolución, de 6 de julio de 2006, sobre el VIH/sida: es hora de reaccionar (2),

—	Vista su Resolución, de 30 de noviembre de 2006, sobre el sida (3),

—	Vistas las Conclusiones del Consejo de 6 de junio de 2005 sobre la lucha contra el VIH/sida,

—	Vista la Comunicación de la Comisión de 15 de diciembre de 2005 sobre la lucha contra el VIH/sida en la Unión Europea y los países de su entorno, 2006-2009 (COM(2005) 0654),

—

Vista la «Declaración de Dublín» sobre la cooperación para combatir el VIH/sida en Europa y Asia central, adoptada en la Conferencia Ministerial titulada «Romper las barreras — Colaboración para luchar contra el VIH/sida en Europa y Asia Central», celebrada los días 23 y 24 de febrero de 2004 en el marco de la Presidencia irlandesa de la Unión Europea,

—

Visto el informe de Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida) y la Organización Mundial de la Salud para Europa (OMS Europa) de 2008 titulado «Progresos en la aplicación de la Declaración de Dublín sobre la cooperación para luchar contra el VIH/Sida en Europa y Asia Central»,

—

Vista la «Declaración de Vilna» sobre medidas para reforzar la respuesta al VIH/sida en la Unión Europea y los países de su entorno, adoptada por los ministros y representantes de los Gobiernos de la Unión Europea y los países de su entorno en la Conferencia Ministerial titulada «Europa y el VIH/sida: nuevos desafíos, nuevas oportunidades», celebrada en Vilna, Lituania, los días 16 y 17 de septiembre de 2004,

—	Visto el Programa sobre el VIH/sida de la OMS de 2006 «Hacia un acceso universal para 2010»,

—	Visto el sondeo del Eurobarómetro sobre la prevención del sida de febrero de 2006,

—	Visto el artículo 103, apartado 4, de su Reglamento,

A.	Considerando que el informe de EuroHIV de finales de año de 2006 muestra que en el período 1999-2006 se diagnosticaron 269 152 nuevos casos de infección por el VIH en la Unión Europea y 806 258 nuevos casos en la región europea de la OMS,

B.	Considerando que, según el informe de EuroHIV de finales de 2006, en la Unión Europea el 11 % de todos los nuevos contagios por el VIH afectan a jóvenes menores de 25 años,

C.

Considerando que los informes de EuroHIV y de Onusida confirman que el número de nuevos contagios por el VIH sigue aumentando a un ritmo alarmante en la Unión Europea y en los países de su entorno, y que en algunos países el número estimado de personas infectadas por el VIH es casi tres veces superior a la cifra oficial,

D.

Considerando que, según el informe de EuroHIV de finales de 2006, pese al aumento del número de contagios por el VIH, la disminución constante del número de casos de sida diagnosticados en los últimos años continuó en 2006, con un 40 % menos de casos diagnosticados en 2006 respecto a 1999 en la Unión Europea,

E.	Considerando que sigue sin diagnosticarse un elevado porcentaje de infecciones de VIH; considerando que gran parte de las personas infectadas por el VIH no sabe si está infectada o no y no lo descubrirá probablemente hasta que contraiga alguna enfermedad relacionada con el VIH/sida,

F.	Considerando que la posibilidad de infectarse con el VIH aumenta significativamente en presencia de otras enfermedades de transmisión sexual (como la gonorrea, la clamidia, el herpes y la sífilis),

G.	Considerando que la epidemia entre los consumidores de droga por vía intravenosa es la razón de la rápida propagación de la infección por el VIH en muchos países de la Europa del Este,

H.	Considerando que el VIH/sida es una enfermedad transmisible, y que existe el riesgo de contagiarse incluso de personas cuya infección no ha sido detectada,

I.

Considerando que el informe de Onusida y de OMS Europa, «Progresos en la aplicación de la Declaración de Dublín sobre la cooperación para luchar contra el VIH/sida en Europa y Asia Central», concluyó que pocos de los 53 países de la región europea han adoptado un enfoque sobre estigmatización, discriminación, y derechos humanos conforme con sus compromisos en virtud de la Declaración de Dublín,

J.	Considerando que una protección plena de los derechos humanos es esencial para todos los aspectos de la respuesta al VIH,

K.	Considerando que existe una necesidad urgente de cooperación transfronteriza para hacer frente a la epidemia,

L.	Considerando que deben adoptarse medidas eficaces de salud pública para facilitar el diagnóstico precoz del VIH,

1.   Pide al Consejo y a la Comisión que formulen una estrategia sobre el VIH con el fin de:

—	promover el diagnóstico precoz y reducir los obstáculos a las pruebas;

—	garantizar el tratamiento precoz y la información sobre los beneficios de un tratamiento de esta índole;

2.   Pide a la Comisión que asegure un control y una vigilancia más precisos por parte del Centro europeo para la prevención y el control de las enfermedades, incluidas estimaciones más precisas (volumen, características, etc.) de la población sin diagnosticar, que respete la confidencialidad y la protección de los datos personales;

3.   Pide a la Comisión que comprometa recursos políticos, financieros y humanos para apoyar la aplicación de la mencionada estrategia;

4.   4 Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen el acceso a las pruebas, que debe ser gratis y anónimas;

5.   Pide a la Comisión que elabore una estrategia de reducción del riesgo de VIH/sida centrada en los grupos vulnerables y en los grupos conocidos como de alto riesgo;

6.   Pide al Consejo que encargue a la Comisión la elaboración de recomendaciones del Consejo sobre la aplicación de orientaciones relativas a pruebas y tratamientos basadas en elementos probados en cada Estado miembro.

7.   Pide al Consejo que encargue a la Comisión que garantice que el control futuro de los progresos realizados en la lucha contra el VIH/sida en Europa y los países vecinos incorpore indicadores que traten y midan directamente las cuestiones relativas a los derechos humanos con respecto al VIH/sida;

8.   Pide a los Estados miembros que garanticen una prohibición efectiva y legal de la discriminación de las personas que viven con el VIH/sida, incluidas las restricciones que producen efectos sobre su libertad de circulación en su jurisdicción;

9.   Pide a los Estados miembros que aumenten las campañas de información y educación sobre prevención, pruebas y tratamiento del VIH/sida;

10.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida y a la Organización Mundial de la Salud.

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(1)  DO C 74 E de 20.3.2008, p. 348.

(2)  DO C 303 E de 13.12.2006, p. 871.

(3)  DO C 316 E de 20.12.2006, p. 366.

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22.1.2010

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Situación en el sector de la apicultura

P6_TA(2008)0567

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre la situación en el sector de la apicultura

(2010/C 16 E/14)

El Parlamento Europeo,

—	Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.	Considerando que la apicultura mundial en general y la europea en particular se enfrentan a dificultades muy serias,

B.	Considerando los efectos beneficiosos de la apicultura para todo el ecosistema y en particular su importancia esencial para el ecosistema agrícola,

C.	Considerando la necesidad de preservar la biodiversidad, a la que la apicultura contribuye de manera significativa mediante la actividad de polinización cruzada,

D.	Considerando que la actividad apícola europea se ha practicado durante milenios y forma parte plenamente del patrimonio cultural agrícola,

E.	Considerando los beneficios nutricionales y médicos de los productos de la apicultura,

F.	Considerando la variabilidad y la alta calidad de la miel y otros productos apícolas como la jalea real, los propóleos, el veneno de abeja y la cera, producidos por el sector de la apicultura europea se deben a su experiencia y a la riqueza de su medio climático,

G.	Considerando que el sector sufre la competencia desleal de productos procedentes de terceros países e importados en el mercado de la Unión Europea,

H.	Considerando que la miel se puede importar de diversas regiones del mundo, pero que sólo las abejas, presentes en número suficiente, permiten asegurar la polinización,

I.	Considerando la seria amenaza de disminución de las colonias de abejas a raíz de la fuerte reducción de los recursos de polen y néctar,

J.	Considerando el espectacular descenso del número de colonias de abejas en el mundo,

K.	Considerando que la continua presencia en las colmenas de parásitos de las abejas, el ácaro Varroa, el síndrome de despoblación de la colmena y la propagación del Nosema ceranae, se encuentran entre las causas de la crisis sanitaria en la apicultura,

L.	Considerando que el 76 % de la producción de alimentos destinados al uso humano depende de la actividad apícola,

M.	Considerando que el 84 % de las especies vegetales cultivadas en Europa depende de la polinización,

N.	Considerando que a menudo se hace caso omiso de los requisitos y de las mejores prácticas en la aplicación de biocidas,

O.	Considerando que aún no existen métodos para erradicar determinadas enfermedades de las abejas, que reducen su resistencia y provocan una pérdida de colmenas,

1.   Considera que es esencial reaccionar de inmediato ante la crisis sanitaria en la apicultura, de manera adecuada y con tecnologías eficaces;

2.   Considera que debe ponerse remedio a la competencia desleal de los productos de la apicultura procedentes de países terceros como consecuencia, entre otras cosas, de costes de producción inferiores, en particular en lo que respecta a los precios del azúcar y de la mano de obra;

3.   Insta a la Comisión a que intensifique sin demora la investigación sobre los parásitos, las enfermedades y otras posibles causas, como la erosión de la diversidad genética y el cultivo de plantas modificadas genéticamente, que diezman a las abejas y proporcione más recursos presupuestarios a tal efecto;

4.   Considera indispensable que se establezca la obligación de mencionar en la etiqueta el país de origen de la miel de abeja;

5.   Pide a la Comisión que adopte, en el marco del chequeo de la PAC, medidas destinadas a fomentar la creación de áreas de compensación ecológica (como los barbechos apícolas), en particular en las grandes regiones de cultivos herbáceos; pide que tales áreas se sitúen en las partes más difíciles de cultivar, donde podrían desarrollarse plantas como la facelia, la borraja, la mostaza silvestre o el trébol blanco y constituir importantes fuentes de néctar en las zonas de recolección de las abejas;

6.   Pide al Consejo y a la Comisión que presten la debida consideración a las salud de las abejas, a las posibilidades de comercialización de los productos de la apicultura y al impacto económico en el sector apícola en todos los debates y futuros trámites legislativos en relación con el cultivo de plantas modificadas genéticamente en la Unión Europea;

7.   Pide a la Comisión que fomente las medidas necesarias para limitar los riesgos de una polinización insuficiente tanto para los apicultores como para los agricultores, cuya producción podría aumentar considerablemente;

8.   Pide a la Comisión que garantice el control y la vigilancia de la calidad de las aguas superficiales, ya que las abejas son muy sensibles a cualquier degradación del medio ambiente;

9.   Pide a la Comisión que investigue la relación entre la mortalidad de las abejas y la utilización de plaguicidas tales como tiametoxam, imidacloprid, clotianidina y fipronil, para poder adoptar las medidas apropiadas por lo que se refiere a la autorización de tales productos;

10.   Pide a la Comisión que coordine toda la información sobre esta situación que actualmente obre en poder de los Estados miembros; cree que la Comisión debe cooperar con los organismos reconocidos para un intercambio de información científica disponible en cuanto a los efectos de los plaguicidas en las abejas;

11.   Considera indispensable establecer la obligación de analizar la miel importada para detectar la eventual presencia de bacilos de la loque americana;

12.   Insta a la Comisión a proponer un mecanismo de ayuda financiera para las explotaciones en crisis como consecuencia de la muerte de sus abejas;

13.   Pide a la Comisión que integre en su política veterinaria la investigación y las medidas de lucha contra las enfermedades de las abejas;

14.   Insta a la Comisión a que anime a todos los Estados miembros a facilitar una ayuda inmediata al sector apícola;

15.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

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22.1.2010

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Inspecciones medioambientales en los Estados miembros

P6_TA(2008)0568

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre la revisión de la Recomendación 2001/331/CE sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros

(2010/C 16 E/15)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la Recomendación 2001/331/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros (1),

—	Vista la Comunicación de la Comisión de 14 de noviembre de 2007 relativa a la revisión de la Recomendación 2001/331/CE sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros (COM(2007) 0707),

—	Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.

Considerando que el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en 2001 la Recomendación 2001/331/CE, que contiene criterios no vinculantes para la planificación, la realización, el seguimiento y la elaboración de informes de las inspecciones medioambientales, y en la que se reconoce que existe una gran disparidad entre los sistemas de inspección de los Estados miembros,

B.	Considerando que el objetivo de la Recomendación era reforzar el cumplimiento del derecho medioambiental comunitario y contribuir a su aplicación más coherente y a su cumplimiento en todos los Estados miembros,

C.	Considerando que la Comunicación antes mencionada expone el punto de vista de la Comisión sobre el futuro desarrollo de la Recomendación, basándose, entre otros elementos, en los informes que los Estados miembros han presentado sobre la aplicación de la misma,

D.	Considerando que la Comunicación señala que la información presentada por los Estados miembros sobre cómo están aplicando la Recomendación es «incompleta o difícil de comparar»,

E.	Considerando que la información presentada por los Estados miembros demuestra que «sólo unos pocos han aplicado la Recomendación plenamente» y que «sigue habiendo grandes diferencias en la forma de llevar a cabo las inspecciones medioambientales en la Comunidad»,

F.	Considerando que, de acuerdo con la Comisión, las carencias en la aplicación se deben, en parte, a que los Estados miembros interpretan de modo distinto las definiciones y los criterios de la Recomendación y los requisitos en materia de presentación de informes,

G.

Considerando que la Comisión reconoce que el ámbito de aplicación de la Recomendación es insuficiente y que no incluye muchas actividades importantes, como Natura 2000, el control de traslados ilegales de residuos, el registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en los productos (como la Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos — la Directiva RoSH), el comercio de especies amenazadas, las actividades relacionadas con organismos modificados genéticamente o los sistemas de responsabilidad del productor,

1.   Observa con preocupación la conclusión de la Comisión de que no puede garantizarse la plena aplicación de la legislación medioambiental en la Comunidad, puesto que ello no sólo conduce a una continua degradación del medio ambiente, sino también a una distorsión de la competencia;

2.   Destaca que el cumplimiento correcto y constante del derecho medioambiental comunitario es esencial y que las carencias en dicho cumplimiento defraudan las expectativas de los ciudadanos y perjudican la reputación de la Comunidad como guardiana eficaz del medio ambiente;

3.   Se opone a la pretensión de la Comisión de limitar el tratamiento del problema a una recomendación no vinculante y a la inclusión de requisitos específicos jurídicamente vinculantes en la legislación sectorial;

4.   Insta a la Comisión a que presente antes de finales de 2009 una propuesta de Directiva sobre inspecciones ambientales que aclare las definiciones y criterios establecidos en la Recomendación 2001/331/CE y amplíe su ámbito de aplicación;

5.   Considera esencial reforzar la Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente (IMPEL) e insta a la Comisión a que informe, antes de finales de 2009, sobre los modos posibles de hacerlo, incluyendo la creación de un instrumento comunitario de inspección medioambiental;

6.   Propone centrarse en mayor medida en el apoyo a medidas de información y educación en materia de protección medioambiental, cuyo contenido exacto debería determinarse en los planos local, regional o nacional en función de las necesidades y los problemas propios del territorio de que se trate;

7.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

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(1)  DO L 118 de 27.4.2001, p. 41.

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22.1.2010

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Somalia

P6_TA(2008)0569

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre Somalia

(2010/C 16 E/16)

El Parlamento Europeo,

—	Vistas, entre otras, sus Resoluciones sobre la situación en Somalia, en particular, de 15 de noviembre de 2007 sobre Somalia (1) y de 19 de junio de 2008 sobre el asesinato rutinario de civiles en Somalia (2),

—	Visto el Informe de Amnistía Internacional de 1 de noviembre de 2008 titulado «El estado de los derechos humanos en el mundo»,

—	Vista la declaración realizada el 8 de noviembre de 2008 por Radhika Coomaraswamy, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los niños y los conflictos armados, condenando la lapidación de la niña de 13 años Aisha Ibrahim Duhulow,

—	Vistos los diversos instrumentos regionales relativos a los derechos humanos, en especial la Carta africana sobre derechos humanos y de los pueblos de 1981 y el Protocolo de los derechos de la mujer en África de 2003,

—	Visto el apartado 5 del artículo 115 de su Reglamento,

A.	Considerando que la niña de 13 años, Aisha Ibrahim Duhulow, fue lapidada en Somalia el 27 de octubre de 2008,

B.	Considerando que un grupo de 50 hombres llevó a cabo la lapidación en un estadio del puerto meridional de Kismayo, en presencia de unos 1 000 espectadores,

C.	Considerando que fue acusada y declarada culpable de adulterio en violación de la ley islámica, pero que en realidad fue violada por tres hombres,

D.	Considerando que la milicia al-Shabab, que controla Kismayo, detuvo y ordenó la lapidación de Aisha Ibrahim Duhulow, pero no detuvo a los acusados de su violación,

E.	Considerando que, en el interior del estadio, miembros de las milicias abrieron fuego cuando algunas personas que estaban en él intentaron salvar la vida de Aisha Ibrahim Duholow, y mataron a tiros a un muchacho que presenciaba la escena,

F.	Considerando que existen informaciones fidedignas de que los activistas de derechos humanos en Kismayo han recibido amenazas de muerte por parte de la milicia al-Shabab, que les acusa de difundir información falsa sobre el suceso,

G.

Considerando que, debido a la dramática situación que existe en Somalia y a la violencia generalizada perpetrada por algunas facciones de la Alianza para la Re-Liberación de Somalia (los llamados «Tribunales Islámicos»), que están tratando de derrocar al Gobierno legítimo de Somalia, todos los días se registran en Somalia graves violaciones de los derechos humanos,

H.

Considerando que estas violaciones de los derechos humanos incluyen el reciente secuestro de dos monjas católicas italianas procedentes de Kenia, transportadas a Somalia, y el aumento de ataques suicidas, que han acabado con la vida de al menos 30 personas en el norte del país durante las últimas semanas,

I.

Considerando que miembros del personal de organizaciones internacionales presentes en el país han sido recientemente objeto de violencias y asesinatos, y que la mayoría de estos actos se han atribuido a miembros de grupos armados de la oposición, incluidas las milicias al-Shabab y determinadas facciones de los «Tribunales Islámicos»,

J.	Considerando que los insurgentes islamistas han llevado a cabo flagelaciones públicas en la capital, Mogadiscio, tratando de demostrar su creciente fuerza,

K.	Considerando que estos actos brutales son una muestra de los métodos empleados por esas milicias y, en términos más generales, de los riesgos que amenazan a los derechos humanos en caso de que amplíen su control a todo el país,

L.

Considerando que el Gobierno Federal Transitorio de Somalia y la Alianza para la Re-Liberación de Somalia, firmaron el 26 de octubre de 2008 en Yibuti un acuerdo de cese de las hostilidades, y que los dirigentes regionales de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) reunida en la Cumbre Especial de Nairobi los días 28 y 29 de octubre de 2008 presentaron un plan de paz para Somalia,

M.	Considerando que es esencial apoyar al Gobierno Federal Transitorio de Somalia y a su Presidente, Abdullahi Yusuf,

1.   Condena enérgicamente la lapidación de Aisha Ibrahim Duhulow, y expresa su horror ante tal acto de barbarie sufrido por la víctima de una violación de 13 años de edad;

2.   Pide al Gobierno somalí que condene esta ejecución, y que adopte medidas para evitar que sucedan tales ejecuciones brutales en el futuro;

3.   Pide al Gobierno somalí que publique documentos y realice declaraciones para restaurar póstumamente el honor de Aisha Ibrahim Duhulow;

4.   Apoya los esfuerzos del Gobierno legítimo somalí por asegurar el control del puerto de Kismayo, y pide que los acusados de violar a Aisha Ibrahim Duhulow sean llevados a juicio con las garantías procesales debidas;

5.   Pide a la UE que brinde todo el apoyo necesario para crear un Gobierno democrático duradero en Somalia y que ayude, además, al Gobierno de Somalia a asegurar su control sobre todo el país y a establecer el Estado de Derecho de manera compatible con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, con lo que se evitarán ese tipo de ejecuciones en el futuro;

6.   Insta encarecidamente a la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) a que utilice plenamente su mandato para proteger a los civiles, con especial atención a las mujeres y los niños, y pide que se le encargue controlar, investigar y denunciar los casos de violación de los derechos humanos;

7.   Pide a las autoridades de Somalia y de Kenia que hagan todos los esfuerzos posibles y tomen todas las iniciativas políticas y diplomáticas necesarias para lograr la liberación de las dos monjas católicas italianas;

8.   Apoya firmemente el acuerdo de Yibuti concluido entre el Gobierno Federal Transitorio de Somalia y la Alianza para la Re-Liberación de Somalia, dirigido a poner fin a numerosos años de hostilidades en Somalia, y a alcanzar una solución duradera para restaurar la paz y evitar las tropelías mencionadas en la presente Resolución;

9.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a los Secretarios Generales de Naciones Unidas y de la Unión Africana, a los Gobiernos de la IGAD, a la Amisom y al Gobierno de Somalia.

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(1)  DO C 282 E de 6.11.2008, p. 479.

(2)  «Textos Aprobados», P6_TA(2008)0313.

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22.1.2010

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CE 16/71

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Pena de muerte en Nigeria

P6_TA(2008)0570

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre la pena de muerte en Nigeria

(2010/C 16 E/17)

El Parlamento Europeo,

—	Vistas sus anteriores Resoluciones sobre las violaciones de los derechos humanos en Nigeria,

—	Vista la actual moratoria de la pena de muerte por parte del Gobierno Federal de Nigeria,

—	Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos,

—	Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Nigeria el 29 de octubre de 1993,

—	Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, ratificada por Nigeria el 22 de junio de 1983,

—	Vista la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño de 1990, ratificada por Nigeria el 23 de julio de 2001,

—	Vista la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, ratificada por Nigeria el 28 de julio de 2001,

—	Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, ratificada por Nigeria el 13 de junio de 1985, y su Protocolo facultativo, de 1999, ratificado por Nigeria el 22 de noviembre de 2004,

—	Vista la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por Nigeria el 19 de abril de 1991,

—	Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A.	Considerando que en las cárceles de Nigeria se encuentran más de 720 hombres y 11 mujeres condenados a la pena capital,

B.	Considerando que el Grupo nacional de estudio sobre la pena de muerte de Nigeria y la Comisión presidencial para la reforma de la administración de justicia han constatado que los internados en el corredor de la muerte son casi exclusivamente pobres y carecen de asistencia letrada,

C.	Considerando que, aunque el Derecho internacional prohíbe condenar a muerte a menores delincuentes, al menos 40 de los presos del corredor de la muerte tenían entre 13 y 17 años en el momento de su presunto delito,

D.	Considerando que los Tribunales de Apelación islámicos tienen jurisdicción sobre los asuntos penales en 12 de los 36 Estados de Nigeria; considerando que estos tribunales siguen imponiendo penas de muerte, así como penas de flagelación y amputación,

E.

Considerando que el 47 % de los condenados a muerte están a la espera de que se resuelva su recurso de casación, que una cuarta parte de los recursos de los presos han durado cinco años, que el 6 % de los presos con recursos pendientes han esperado más de 20 años y que un preso ha pasado 24 años en el corredor de la muerte,

F.	Considerando que el sistema de justicia penal de Nigeria está plagado de corrupción y negligencia y adolece de una considerable falta de recursos,

G.	Considerando que la tortura, aunque prohibida en Nigeria, se practica diariamente, y casi el 80 % de los reclusos en las cárceles de Nigeria afirman haber sido golpeados, amenazados con armas o torturados en las celdas policiales,

H.	Considerando que muchos reclusos en espera de juicio y en el corredor de la muerte están siendo sometidos a extorsión por agentes de la policía, que piden dinero para ponerlos en libertad,

I.	Considerando que más de la mitad de los 40 000 reclusos del país no han sido juzgados o condenados,

J.	Considerando que también están presentes en las cárceles enfermedades crónicas aunque de posible prevención, como el VIH, la malaria, la tuberculosis, la gripe y la neumonía,

K.

Considerando que las autoridades nigerianas han hecho algunos intentos por corregir los fallos de su sistema judicial; que el Grupo nacional de estudio sobre la pena de muerte de Nigeria (2004) y la Comisión presidencial para la reforma de la administración de justicia (2007) han expresado sus dudas en cuanto a si la pena de muerte contribuye a reducir el nivel y la amplitud de la delincuencia en Nigeria; que, sin embargo, ni el Gobierno Federal ni los gobiernos de los Estados federados han adoptado medidas para solucionar los graves problemas señalados por ambos grupos de estudio,

L.	Considerando que Nigeria no ha notificado oficialmente ninguna ejecución desde 2002,

M.	Considerando que se tiene constancia de que sólo siete de los 53 Estados miembros de la Unión Africana han llevado a cabo ejecuciones en 2007, mientras que 13 países africanos han abolido la pena de muerte mediante ley y otros 22 lo han hecho en la práctica,

N.	Considerando que en 1977 sólo 16 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos y que actualmente 137 de las 192 Estados miembros de las Naciones Unidas han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica,

1.   Insta al Gobierno Federal de Nigeria y a los Gobiernos de los Estados federados a que procedan a la abolición de la pena de muerte;

2.   Pide al Gobierno Federal de Nigeria y a los Gobiernos de los Estados federados que, a la espera de la abolición de la pena de muerte, declaren una moratoria inmediata de todas las ejecuciones, tal como se estableció en la Resolución 62/149 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 26 de febrero de 2008, y conmuten sin demora todas las sentencias capitales por penas de prisión;

3.   Pide al Gobierno Federal de Nigeria y a los Gobiernos de los Estados federados que desarrollen un enfoque global en relación con la delincuencia y expliquen cómo piensan abordar esta cuestión;

4.   Insta al Gobierno Federal de Nigeria y a los Gobiernos de los Estados federados a que supriman todas las disposiciones, tanto en la legislación federal como en la de los Estados federados, que prevean la pena de muerte para las personas menores de 18 años en el momento del presunto crimen;

5.   Pide al Gobierno Federal de Nigeria y a los Gobiernos de los Estados federados que garanticen que, en los casos en que esté en juego la pena capital, se respeten las más rigurosas normas constitucionales e internacionalmente reconocidas de un juicio justo, especialmente en lo que se refiere a la asistencia letrada inadecuada a los presos más pobres, las confesiones o pruebas obtenidas por medio de la violencia, la coacción o la tortura, los períodos de juicio o apelación excesivamente largos y la condena de menores;

6.   Pide al Gobierno Federal de Nigeria que ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1989 y el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 2002;

7.   Insta a los Gobiernos de los Estados federados de Nigeria a que supriman todas las disposiciones que obligan a imponer penas de muerte;

8.   Pide al Gobierno Federal de Nigeria y a los Gobiernos de los Estados federados que apliquen las recomendaciones del Grupo nacional de estudio sobre la pena de muerte de Nigeria (2004) y de la Comisión presidencial para la reforma de la Administración de justicia (2007), y que procedan en particular a una moratoria de las ejecuciones y a la conmutación de todas las penas de muerte;

9.   Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que presten apoyo técnico a las autoridades nigerianas con el fin de revisar la legislación que prevé la pena de muerte, abolir la pena de muerte y mejorar los procedimientos de investigación de la policía nigeriana;

10.   Pide apoyo para las actividades del Grupo de trabajo sobre la pena de muerte de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos dirigidas a elaborar un protocolo de la Carta Africana que prohíba la pena de muerte y haga imposible su restablecimiento;

11.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros, a la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, al Gobierno Federal y al Parlamento de Nigeria, a la Unión Africana y al Parlamento Panafricano.

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22.1.2010

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CE 16/73

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El caso de la familia al-Kurd

P6_TA(2008)0571

Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2008, sobre la familia al-Kurd

(2010/C 16 E/18)

El Parlamento Europeo,

—	Vistas sus resoluciones anteriores sobre Oriente Próximo,

—	Vistos el informe elaborado por su Delegación ad hoc a Israel y los Territorios Palestinos (30 de mayo a 2 de junio de 2008) y sus conclusiones,

—	Visto el Cuarto Convenio de Ginebra,

—	Vistas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas,

—	Visto el Acuerdo de Asociación UE-Israel y, en particular, su artículo 2,

—	Vista la Declaración realizada por la Presidencia en nombre de la Unión Europea el 10 de noviembre de 2008 sobre la destrucción de viviendas en Jerusalén Este,

—	Visto el artículo 115, apartado 5 de su Reglamento,

A.

Considerando que, en la noche del domingo 9 de noviembre de 2008, miembros de la policía y de las fuerzas armadas israelíes expulsaron de su vivienda a la familia al-Kurd en el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este en el que llevaban viviendo desde hacía más de 50 años; que, inmediatamente después, permitieron que unos colonos ocuparan la vivienda de la familia y, a continuación, cerraron la zona,

B.	Considerando que esta evicción se llevó a cabo sobre la base de una orden emitida por el Tribunal Supremo de Israel el 16 de julio de 2008 tras unos procedimientos legales relacionados con disputas sobre propiedad largos y polémicos ante tribunales y autoridades israelíes,

C.	Considerando que el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) ha declarado que continuará ofreciendo ayuda a la familia,

D.

Considerando el hecho de que la expulsión se llevó a cabo a pesar de las protestas formuladas a escala internacional; considerando que los Estados Unidos han suscitado la cuestión ante las autoridades israelíes; considerando que esta decisión podrá preparar el camino para la ocupación de otras 26 viviendas en el barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén Este, con otras 26 familias amenazadas por la evicción; considerando las implicaciones políticas de este asunto para el futuro estatuto de Jerusalén Este,

E.	Destacando las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el hecho de que la comunidad internacional no ha reconocido la soberanía de Israel en Jerusalén Este,

F.	Considerando que una delegación del Parlamento Europeo visitó el barrio de Sheikh Jarrah el 3 de noviembre de 2008 y tuvo la oportunidad de conocer a la familia al-Kurd,

1.   Manifiesta su profunda preocupación por la evicción de la familia al-Kurd, la reciente destrucción de viviendas de familias palestinas por las autoridades israelíes en diversos barrios de Jerusalén Este y las posibles graves consecuencias que puedan acarrear estos actos;

2.   Señala que estas operaciones, que afectan gravemente a la vida de los residentes de estas áreas, infringen el derecho internacional, y pide a las autoridades de Israel que pongan fin a las mismas lo antes posible;

3.   Destaca, si bien reconoce la independencia de la judicatura israelí dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas del Estado de Israel, que, conforme al Derecho internacional, Jerusalén Este no está sujeta a la jurisdicción de los tribunales israelíes;

4.   Pide al Consejo, a la Comisión y a la comunidad internacional, incluido el Cuarteto, que realicen todos los esfuerzos posibles para proteger a los residentes palestinos en el barrio de Sheikh Jarrah y otras zonas de Jerusalén Este, y pide al Cuarteto que desempeñe un papel más activo en este sentido;

5.   Reitera su llamamiento a las autoridades israelíes para que paralicen inmediatamente cualquier expansión de los asentamientos y la construcción del muro de seguridad más allá de las fronteras de Israel de 1967, actos que son contrarios al Derecho internacional y que socavan los esfuerzos por lograr la paz;

6.   Afirma que tales actos no pueden sino dañar las posibilidades de lograr un acuerdo de paz entre palestinos e israelíes; insta a Israel a que se abstenga de adoptar cualquier medida unilateral con que pueda adelantarse al resultado de las negociaciones sobre el estatus final, en particular en Jerusalén;

7.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al enviado especial del Cuarteto para Oriente Próximo, al Gobierno de Israel, a la Knesset, al Presidente de la Autoridad Palestina y al Consejo Legislativo Palestino.

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22.1.2010

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CE 16/76

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Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Frank Vanhecke

P6_TA(2008)0537

Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Frank Vanhecke (2008/2092(IMM))

(2010/C 16 E/19)

El Parlamento Europeo,

—	Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Frank Vanhecke transmitido por el Ministerio de Justicia del Reino de Bélgica, a petición del Fiscal de Dendermonde, y comunicado en el Pleno del 10 de abril de 2008,

—	Tras haber oído a Frank Vanhecke, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, de su Reglamento,

—

Vistos los artículos 9 y 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

—	Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de 10 de julio de 1986 (1),

—	Vistos los artículos 58 y 59 de la Constitución del Reino de Bélgica,

—	Vistos el artículo 6, apartado 2, y el artículo 7 de su Reglamento,

—	Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0421/2008),

1.   Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Frank Vanhecke;

2.   Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a la autoridad competente del Reino de Bélgica.

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(1)  Asunto 101/63, Wagner/Fohrmann y Krier, Rec. Ed. Esp. 1964-1966, p. 47, y Asunto 149/85, Wybot/Faure y otros, Rec. 1986, p. 2391.

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22.1.2010

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CE 16/77

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Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Massimo D'Alema

P6_TA(2008)0538

Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Massimo D'Alema (2008/2298(IMM))

(2010/C 16 E/20)

El Parlamento Europeo,

—	Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Massimo D'Alema, transmitido por el Fiscal del Tribunal de Milán, con fecha de 30 de mayo de 2008, y comunicado en el Pleno del 16 de junio de 2008,

—

Vistos el artículo 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los representantes en el Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

—	Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de 10 de julio de 1986 (1),

—	Vistos el artículo 6 y el artículo 7 de su Reglamento,

—	Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0422/2008),

1.   Decide no autorizar la utilización de las escuchas telefónicas en cuestión y no suspender la inmunidad parlamentaria de Massimo D'Alema;

2.   Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a las autoridades italianas correspondientes.

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(1)  Asunto 101/63, Wagner/Fohrmann y Krier, Rec. Ed. Esp. 1964-1966, p. 47, y Asunto 149/85, Wybot/Faure y otros, Rec. 1986, p. 2391.

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22.1.2010

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CE 16/78

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Protocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación CE/Kazajstán para tener en cuenta la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la UE *

P6_TA(2008)0528

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración de un Protocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Kazajstán, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Bulgaria y de Rumanía a la Unión Europea (COM(2007) 0105 — C6-0328/2008 — 2007/0039(CNS))

(2010/C 16 E/21)

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión (COM(2007) 0105),

—	Visto el Acuerdo de colaboración y cooperación con la República de Kazajstán,

—	Vistos el artículo 44, apartado 2, el artículo 47, apartado 2, última frase, el artículo 55, el artículo 57, apartado 2, el artículo 71, el artículo 80, apartado 2, los artículos 93, 94, 133, 181 bis y el artículo 300, apartado 2, párrafo primero, segunda frase, del Tratado CE,

—	Visto el artículo 101 del Tratado CE,

—	Visto el artículo 6, apartado 2, del Acta de adhesión de Bulgaria y Rumanía

—	Visto el artículo 300, apartado 3, párrafo primero, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0328/2008),

—	Vistos el artículo 51, el artículo 83, apartado 7, y el artículo 43, apartado 1 de su Reglamento,

—	Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0416/2008),

1.   Aprueba la celebración del protocolo;

2.   Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Kazajstán.

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22.1.2010

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CE 16/79

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Sistema europeo de nueva generación para la gestión del tránsito aéreo (SESAR) *

P6_TA(2008)0529

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 219/2007 del Consejo relativo a la constitución de una empresa común para la realización del sistema europeo de nueva generación para la gestión del tránsito aéreo (SESAR) (COM(2008) 0483 — C6-0305/2008 — 2008/0159(CNS))

(2010/C 16 E/22)

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2008) 0483),

—	Vistos los artículos 171 y 172 del Tratado CE, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C6-0305/2008),

—	Vistos el artículo 51 y el artículo 43, apartado 1, de su Reglamento,

—	Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A6-0439/2008),

1.   Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.   Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.   Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

4.   Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

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22.1.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/79

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Inscripciones reglamentarias de los vehículos de motor de dos o tres ruedas (versión codificada) ***I

P6_TA(2008)0530

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las inscripciones reglamentarias de los vehículos de motor de dos o tres ruedas (versión codificada) (COM(2008) 0318 — C6-0205/2008 — 2008/0099(COD))

(2010/C 16 E/23)

(Procedimiento de codecisión — codificación)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008) 0318),

—	Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0205/2008),

—	Visto el Acuerdo interinstitucional, de 20 de diciembre de 1994, sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos (1),

—	Vistos los artículos 80 y 51 de su Reglamento,

—	Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0382/2008),

A.	Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos,

1.   Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.   Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

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(1)  DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.

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22.1.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/80

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Sociedades de responsabilidad limitada de socio único (versión codificada) ***I

P6_TA(2008)0531

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de derecho de sociedades, relativa a las sociedades de responsabilidad limitada de socio único (versión codificada) (COM(2008) 0344 — C6-0217/2008 — 2008/0109(COD))

(2010/C 16 E/24)

(Procedimiento de codecisión — codificación)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008) 0344),

—	Vistos el artículo 251, apartado 2 y el artículo 44 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0217/2008),

—	Visto el Acuerdo interinstitucional, de 20 de diciembre de 1994, sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos (1),

—	Vistos los artículos 80 y 51 de su Reglamento,

—	Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0383/2008),

A.	Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos,

1.   Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.   Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

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(1)  DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.

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22.1.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/81

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Asiento del conductor de los tractores, agrícolas o forestales, de ruedas (versión codificada) ***I

P6_TA(2008)0532

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al asiento del conductor de los tractores, agrícolas o forestales, de ruedas (versión codificada) (COM(2008) 0351 — C6-0243/2008 — 2008/0115(COD))

(2010/C 16 E/25)

(Procedimiento de codecisión — codificación)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008) 0351),

—	Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0243/2008),

—	Visto el Acuerdo interinstitucional, de 20 de diciembre de 1994, sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos (1),

—	Vistos los artículos 80 y 51 de su Reglamento,

—	Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0384/2008),

A.	Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, la propuesta en cuestión contiene una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos,

1.   Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.   Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

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(1)  DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.

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22.1.2010

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Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/82

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Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores (versión codificada) *

P6_TA(2008)0533

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea un Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores (versión codificada) (COM(2008) 0365 — C6-0273/2008 — 2008/0117(CNS))

(2010/C 16 E/26)

(Procedimiento de consulta — codificación)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2008) 0365),

—	Visto el artículo 308 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0273/2008),

—	Visto el Acuerdo interinstitucional de 20 de diciembre de 1994 sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos (1),

—	Vistos los artículos 80 y 51 de su Reglamento,

—	Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0387/2008),

A.	Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de los mismos,

1.   Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión adaptada a las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.   Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

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(1)  DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/82

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Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ***

P6_TA(2008)0534

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (9196/2008 — C6-0215/2008 — 2008/0048(AVC))

(2010/C 16 E/27)

(Procedimiento de dictamen conforme)

El Parlamento Europeo,

—	Visto el proyecto de Decisión del Consejo (9196/2008),

—	Vista la solicitud de dictamen conforme presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 300, apartado 3, segundo párrafo, en conexión con el artículo 61, letra c) del Tratado CE (C6-0215/2008),

—	Vistos el artículo 75 y el artículo 83, apartado 7, de su Reglamento,

—	Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0428/2008),

1.   Emite dictamen conforme sobre la celebración del Convenio;

2.   Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/83

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Sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad ***I

P6_TA(2008)0535

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2223/96 del Consejo, relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, en lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (COM(2007) 0776 — C6-0452/2007 — 2007/0272(COD))

(2010/C 16 E/28)

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2007) 0776),

—	Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 285, apartado 1, del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0452/2007),

—	Visto el artículo 51 de su Reglamento,

—	Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0376/2008),

1.   Aprueba la propuesta de la Comisión;

2.   Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.   Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/84

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Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

P6_TA(2008)0536

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el punto 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (COM(2008) 0609 — C6-0345/2008 — 2008/2286(ACI))

(2010/C 16 E/29)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008) 0609 — C6-0345/2008),

—	Visto el Acuerdo Interinstitucional (AI), de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (1) y, en particular, el punto 28 del mismo,

—	Visto el Reglamento (CE) no 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2),

—	Visto el informe de la Comisión de Presupuestos y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0430/2008),

A.

Considerando que la Unión Europea ha establecido la legislación y los instrumentos presupuestarios adecuados para proporcionar apoyo adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial y para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral,

B.

Considerando que la ayuda financiera de la Unión Europea a los trabajadores despedidos debería ser dinámica y tramitarse con la mayor rapidez y eficiencia posibles, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión adoptada durante la reunión de conciliación de 17 de julio de 2008,

C.	Considerando que Italia ha solicitado ayuda en relación con cuatro casos de despido en el sector textil en Cerdeña, Piamonte, Lombardía y Toscana (3),

1.   Pide a las instituciones interesadas que hagan todo lo necesario para agilizar la movilización del Fondo, de conformidad con la Declaración conjunta arriba mencionada mediante la cual el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión confirmaron la importancia de garantizar un procedimiento rápido, dentro del pleno respeto del AI, de 17 de mayo de 2006, para la adopción de decisiones sobre la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización;

2.   Aprueba la Decisión aneja a la presente resolución;

3.   Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

4.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

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(1)  DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

(2)  DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.

(3)  FEAG/2007/005 IT/Cerdeña, FEAG/2007/006 IT/Piamonte, FEAG/2007/007 IT/Lombardía y FEAG/2008/001 IT/Toscana.

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22.1.2010

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 16/86

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Régimen general de los impuestos especiales *

P6_TA(2008)0541

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 18 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa al régimen general de los impuestos especiales (COM(2008) 0078 — C6-0099/2008 — 2008/0051(CNS))

(2010/C 16 E/30)

(Procedimiento de consulta)

El Parlamento Europeo,

—	Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2008) 0078),

—	Visto el artículo 93 del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C6-0099/2008),

—	Visto el artículo 51 de su Reglamento,

—	Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A6-0417/2008),

1.   Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.   Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 250, apartado 2, del Tratado CE;

3.   Pide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.   Pide al Consejo que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.   Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

TEXTO DE LA COMISIÓN	ENMIENDA
Enmienda 1 Propuesta de directiva Considerando 2 bis (nuevo)
	(2 bis) Con el fin de fortalecer el funcionamiento del mercado interior, deben realizarse esfuerzos adicionales para llegar a una armonización gradual de los impuestos especiales dentro de la Unión Europea, teniendo en cuenta temas tales como la salud pública, la protección del medio ambiente y consideraciones presupuestarias.
Enmienda 2 Propuesta de directiva Considerando 4
(4) Los productos sujetos a impuestos especiales pueden estar gravados con otros impuestos indirectos que persigan una finalidad concreta. En tal caso, no obstante, y para no menoscabar la utilidad de las normas comunitarias en materia de impuestos indirectos, es indispensable que los Estados miembros se atengan a determinados elementos esenciales de esas normas.	(4) Los productos sujetos a impuestos especiales pueden estar gravados con otros impuestos indirectos que persigan una finalidad concreta. En tal caso, no obstante, y para no menoscabar la utilidad de las normas comunitarias en materia de impuestos indirectos, es indispensable que los Estados miembros se atengan a determinados elementos esenciales de esas normas, a saber, los relacionados con la base imponible y el cálculo y la exigibilidad y el control del impuesto .
Enmienda 3 Propuesta de directiva Considerando 4 bis (nuevo)
	(4 bis) Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros han de tener en cuenta la necesidad de asegurar un alto nivel de protección de la salud humana.
Enmienda 4 Propuesta de directiva Considerando 9
(9) Dado que los impuestos especiales representan un gravamen sobre consumos específicos, no pueden aplicarse respecto de productos que se hayan destruido o perdido irremediablemente, con independencia de las circunstancias de tal pérdida o destrucción.	(9) Dado que los impuestos especiales representan un gravamen sobre consumos específicos, no pueden aplicarse respecto de productos que se hayan destruido sin lugar a dudas o perdido irremediablemente, con independencia de las circunstancias de tal pérdida o destrucción.
Enmienda 57 Propuesta de directiva Considerando 14
(14) Deben precisarse con claridad los supuestos en los que se permiten las ventas libres de impuestos a viajeros que abandonen el territorio de la Comunidad.	(14) Deben seguir estando libres de impuestos las ventas a viajeros que abandonen el territorio de la Comunidad por vía terrestre, en la medida en que los establecimientos libres de impuestos situados en sus fronteras puedan garantizar a los Estados miembros que satisfacen todas las condiciones que permitan impedir cualquier posible fraude, evasión o abuso .
Enmienda 58 Propuesta de directiva Considerando 14 bis (nuevo)
	(14 bis) Los viajeros que se trasladen a un tercer país o territorio, por vía aérea o marítima, que estén en posesión de un título de transporte en el que figure como destino final un aeropuerto o puerto situado en un tercer país o territorio, deben poder beneficiarse de la exención del pago del impuesto especial sobre los productos sujetos a impuestos especiales expedidos por establecimientos de venta libre de impuestos.
Enmienda 59 Propuesta de directiva Considerando 19 bis (nuevo)
	(19 bis) Las normas aplicables a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo deben permitir, bajo determinadas condiciones, que se constituya una garantía global por un importe reducido de los derechos de los impuestos especiales o que no se constituya ninguna garantía.
Enmienda 5 Propuesta de directiva Considerando 21 bis (nuevo)
	(21 bis) Para garantizar un funcionamiento eficaz del sistema informático, los Estados miembros adoptarán, en el marco de sus aplicaciones nacionales, un conjunto y una estructura de datos uniformes, con el fin de dotar a los operadores económicos de una interfaz fiable.
Enmienda 6 Propuesta de directiva Considerando 24
(24) Es preciso establecer los procedimientos que habrán de seguirse en caso de indisponibilidad del sistema informatizado.	(24) Es preciso establecer los procedimientos que habrán de seguirse en caso de indisponibilidad del sistema informatizado por razones ajenas a la voluntad de los operadores vinculados al movimiento de los productos sometidos a impuestos especiales, o por razones fuera de su control .
Enmienda 7 Propuesta de directiva Considerando 28 bis (nuevo)
	(28 bis) En el caso de productos sujetos a impuestos especiales por haber sido adquiridos por particulares con fines privados y que son transportados por ellos mismos, se debe especificar la cantidad sujeta a impuestos especiales.
Enmienda 8 Propuesta de directiva Considerando 36
(36) A fin de permitir la adaptación al sistema electrónico de control de la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo, conviene conceder a los Estados miembros un período transitorio durante el cual dicha circulación pueda seguirse desarrollando con sujeción a lo dispuesto en la Directiva 92/12/CEE.	(36) A fin de permitir la adaptación al sistema electrónico de control de la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo, conviene conceder a los Estados miembros un período transitorio durante el cual dicha circulación pueda seguirse desarrollando con sujeción a lo dispuesto en la Directiva 92/12/CEE. La duración del período transitorio deberá tener en cuenta la capacidad para instalar de hecho el sistema informático en cada uno de los Estados miembros .
Enmienda 9 Propuesta de directiva Artículo 4 — punto 4 bis (nuevo)
	4 bis) «importación de productos sujetos a impuestos especiales», la entrada al territorio de la Comunidad de productos sujetos a impuestos especiales, a menos que los productos, en el momento de su entrada en la Comunidad, se hayan incluido en un procedimiento o régimen suspensivo, así como su despacho a consumo partiendo de un procedimiento o régimen suspensivo;
Enmienda 10 Propuesta de directiva Artículo 4 — punto 4 ter (nuevo)
	4 ter) «destinatario registrado», cualquier persona física o jurídica autorizada por las autoridades competentes del Estado miembro de destino, en las condiciones que fijen dichas autoridades, a recibir productos sujetos a impuestos especiales que circulen en régimen suspensivo y que hayan sido expedidos desde otro Estado miembro;
Enmienda 11 Propuesta de directiva Artículo 4 — punto 4 quáter (nuevo)
	4 quáter) «expedidor registrado», cualquier persona física o jurídica autorizada por las autoridades competentes del Estado miembro de destino, en las condiciones que fijen dichas autoridades, a expedir productos sujetos a impuestos especiales que sean objeto de un régimen de suspensión de derechos al ser expedidos para libre circulación, de conformidad con el Reglamento (CE) no 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado) (1);
Enmienda 12 Propuesta de directiva Artículo 4 — punto 4 quinquies (nuevo)
	4 quinquies) «depositario autorizado», toda persona física o jurídica que haya sido autorizada por las autoridades competentes de un Estado miembro a producir, transformar, almacenar, recibir o expedir, en el ejercicio de su profesión, productos objeto de impuestos especiales cuando la obligación de pagar dichos impuestos se suspenda en el marco de un régimen de suspensión de derechos;
Enmienda 13 Propuesta de directiva Artículo 4 — punto 4 sexies (nuevo)
	4 sexies) «depósito fiscal», todo lugar en el que un depositario autorizado produzca, transforme, almacene, reciba o envíe, en el ejercicio de su profesión, mercancías sujetas a impuestos especiales en régimen suspensivo, bajo determinadas condiciones fijadas por las autoridades competentes del Estado miembro en el que esté situado dicho depósito fiscal;
Enmienda 14 Propuesta de directiva Artículo 4 — punto 4 septies (nuevo)
	4 septies) «lugar de importación», el sitio en el que se hallen los productos en el momento de su despacho a libre práctica con arreglo al artículo 450 del Reglamento (CE) no 450/2008.
Enmienda 15 Propuesta de directiva Artículo 7 — apartado 2 — párrafo 1 — letra c
c) la importación de productos sujetos a impuestos especiales.	c) la importación, incluso irregular , de productos sujetos a impuestos especiales, a no ser que dichos productos se incluyan en un régimen suspensivo inmediatamente después de su importación .
Enmienda 16 Propuesta de directiva Artículo 7 — apartado 4
4. La destrucción total o pérdida irremediable de productos sujetos a impuestos especiales no se considerará despacho a consumo, incluso en caso de pérdidas inherentes a la naturaleza de los productos .	4. La destrucción total o pérdida irremediable de productos sujetos a impuestos especiales deberá demostrarse a satisfacción de las autoridades competentes del Estado miembro en que se haya producido la citada destrucción total o pérdida irremediable .
La pérdida o destrucción de los productos considerados deberá demostrarse a satisfacción de las autoridades competentes.	Cuando, en caso de circulación en régimen suspensivo, no sea posible demostrar dónde se produjo la destrucción total o pérdida irremediable, se considerará que se ha producido en el Estado miembro donde se haya descubierto.
A efectos del párrafo primero, los productos se considerarán perdidos irremediablemente cuando nadie pueda utilizarlos.	Los Estados miembros podrán supeditar la destrucción deliberada de productos en régimen suspensivo a la aprobación previa de las autoridades competentes.
Enmienda 17 Propuesta de directiva Artículo 9 — apartado 1
1. En caso de que, durante la circulación en régimen suspensivo, se registre una irregularidad que dé lugar al despacho a consumo de productos sujetos a impuestos especiales, y no sea posible determinar dónde se ha efectuado ese despacho a consumo, se considerará que ha tenido lugar en el Estado miembro de expedición .	1. En caso de que, durante la circulación en régimen suspensivo, se registre una irregularidad que dé lugar a un despacho a consumo de productos sujetos a impuestos especiales con arreglo al artículo 7 , apartado 2, letra a ), y no sea posible determinar dónde se ha efectuado ese despacho a consumo, se considerará que ha tenido lugar en el Estado miembro y en el momento en que se haya observado la irregularidad .
	En caso de que, los productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo no lleguen a su destino y no se haya detectado la irregularidad correspondiente que diese lugar a un despacho a consumo con arreglo al artículo 7, apartado 2, letra a), se considerará que el despacho a consumo ha tenido lugar en el Estado miembro y en el momento de la detección de dichos productos.
No obstante, si, antes de que expire un plazo de tres años a partir de la fecha de comienzo de la circulación según lo previsto en el artículo 19, apartado 1, llega a determinarse el Estado miembro en que realmente ha tenido lugar el despacho a consumo, dicho Estado miembro informará a las autoridades competentes del Estado miembro de expedición.	No obstante, si, antes de que expire un plazo de tres años a partir de la fecha de comienzo de la circulación según lo previsto en el artículo 19, apartado 1, llega a determinarse el Estado miembro en que realmente ha tenido lugar el despacho a consumo, se considerará que el despacho a consumo se ha producido en dicho Estado miembro, que informará a las autoridades competentes del Estado miembro de detección o de expedición.
Cuando el impuesto especial haya sido aplicado en el Estado miembro de expedición, será devuelto o condonado tan pronto como se aporten pruebas de su recaudación en el otro Estado miembro.	Cuando el impuesto especial haya sido aplicado en el Estado miembro de detección o de expedición, será devuelto o condonado tan pronto como se aporten pruebas del despacho a consumo en el otro Estado miembro.
Enmienda 18 Propuesta de directiva Artículo 9 — apartado 1 bis (nuevo)
	1 bis. Cuando, sobre la base de pruebas adecuadas, sea posible establecer más allá de toda duda razonable que se ha cometido una irregularidad durante la circulación en régimen suspensivo que dé lugar a un despacho a consumo de productos sujetos a impuestos especiales, dichos impuestos serán exigibles en el Estado miembro donde se ha cometido la irregularidad.
Enmienda 19 Propuesta de directiva Artículo 9 — apartado 2 bis (nuevo)
	2 bis. Cuando se pueda establecer que se ha producido una irregularidad en un Estado miembro que dé lugar al despacho a consumo de productos sujetos a impuestos especiales provistos de sellos fiscales para los derechos especiales del Estado miembro de destino, los impuestos especiales serán exigibles en el Estado miembro en el que se ha cometido la irregularidad sólo si el Estado miembro de destino reembolsa al operador económico los impuestos especiales.
Enmienda 20 Propuesta de directiva Artículo 9 — apartado 2 ter (nuevo)
	2 ter. En caso de irregularidad, cuando el Estado miembro de destino no recauda los impuestos especiales mediante sellos fiscales, los derechos especiales serán inmediatamente exigibles en el Estado miembro donde se ha cometido la irregularidad.
Enmienda 21 Propuesta de directiva Artículo 9 — apartado 3
3. A efectos del apartado 1, por irregularidad se entenderá aquella situación en la que la circulación no ha finalizado conforme a lo previsto en el artículo 19, apartado 2.	3. A efectos del apartado 1, por irregularidad se entenderá toda situación, excepto la mencionada en el artículo 7, apartado 4 , en la que una circulación, o parte de una circulación , no haya finalizado conforme a lo previsto en el artículo 19, apartado 2.
Enmienda 22 Propuesta de directiva Artículo 11 — apartado 1 — letra e bis (nuevo)
	e bis) para entrega a un centro de investigación y desarrollo aprobado, a un laboratorio o a un organismo gubernamental o a cualquier otra parte aprobada para fines de control de la calidad, de un examen y una verificación liminares previos a la comercialización respecto a posibles falsificaciones, a condición de que no se considere que los productos en cuestión sean cantidades comerciales, caso en el que los Estados miembros podrán:
	i) fijar las cantidades que constituyen «cantidades comerciales»; y
	ii) establecer procedimientos simplificados para facilitar la circulación de los productos conforme al presente punto.
Enmienda 23 Propuesta de directiva Artículo 11 — apartado 2
2. Las exenciones serán aplicables en las condiciones y con los límites que fije el Estado miembro de acogida. Los Estados miembros podrán conceder la exención mediante el procedimiento de devolución de los impuestos especiales.	2. Las exenciones serán aplicables en las condiciones y con los límites que fije el Estado miembro de acogida. Los Estados miembros podrán conceder la exención mediante el procedimiento de devolución de los impuestos especiales. Las condiciones de devolución establecidas por los Estados miembros no podrán tener como resultado procedimientos de exención innecesariamente gravosos .
Enmienda 54 Propuesta de directiva Artículo 11 — apartado 2 bis (nuevo)
	2 bis. Los impuestos especiales, incluidos los aplicados a aceites de petróleo, podrán devolverse o condonarse con arreglo al procedimiento que establezca cada Estado miembro. Los Estados miembros aplicarán los mismos procedimientos a los productos nacionales y a los procedentes de otros Estados miembros.
Enmienda 63/rev Propuesta de reglamento Artículo 13 — apartado 1
1. Los Estados miembros podrán eximir de impuestos especiales los productos entregados por establecimientos libres de impuestos y transportados en el equipaje personal de viajeros que se trasladen, por vía aérea o marítima, a un tercer país o territorio.	1. Los Estados miembros podrán eximir de impuestos especiales los productos entregados por establecimientos libres de impuestos y transportados en el equipaje personal de viajeros que se trasladen, por vía aérea, marítima o terrestre , a un tercer país o territorio.
Enmienda 65/rev Propuesta de reglamento Artículo 13 — apartado 4
4. A efectos de la aplicación del presente artículo, se entenderá por:	4. A efectos de la aplicación del presente artículo, se entenderá por:
a) «tercer territorio»: los territorios a que se refiere el artículo 5, apartados 2 y 3;	a) «tercer territorio»: los territorios a que se refiere el artículo 5, apartados 2 y 3;
b) «establecimiento libre de impuestos»: todo establecimiento situado en el recinto de un aeropuerto o de un puerto que cumpla los requisitos establecidos por las autoridades competentes, de conformidad, en particular, con lo dispuesto en el apartado 3;	b) «establecimiento libre de impuestos»: todo establecimiento situado en el recinto de un aeropuerto, de un puerto o en la zona fronteriza hacia un tercer país o territorio , que cumpla los requisitos establecidos por las autoridades competentes, de conformidad, en particular, con lo dispuesto en el apartado 3;
c) «viajero con destino a un tercer país o territorio»: todo pasajero en posesión de un título de transporte, por vía aérea o marítima, en el que figure como destino inmediato un aeropuerto o puerto situado en un tercer país o territorio.	c) «viajero con destino a un tercer país o territorio»: todo pasajero en posesión de un título de transporte, por vía aérea o marítima, en el que figure como destino final un aeropuerto o puerto situado en un tercer país o territorio, así como todo pasajero que abandone la Comunidad por vía terrestre .
Enmienda 25 Propuesta de directiva Artículo 14 — apartado 2
2. Sólo se considerará que la fabricación, transformación y tenencia de productos sujetos a impuestos especiales tienen lugar en régimen suspensivo si dichas actividades se desarrollan en locales autorizados con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 .	2. La fabricación, transformación y tenencia de productos sujetos a impuestos especiales, cuando los impuestos especiales no hayan sido pagados, se desarrollarán en un depósito fiscal .
Enmienda 26 Propuesta de directiva Artículo 14 — apartado 3
3. Las autoridades competentes de los Estados miembros autorizarán como «depósitos fiscales» aquellos locales que vayan a destinarse a la fabricación, transformación y tenencia de productos sujetos a impuestos especiales, así como a su recepción o expedición, en régimen suspensivo de impuestos.	Suprimido
Enmienda 27 Propuesta de directiva Artículo 15 — apartado 1 — párrafos 2 y 3
La autorización no podrá denegarse por el único motivo de que la persona física o jurídica esté establecida en otro Estado miembro y se proponga explotar el depósito fiscal a través de un representante o de una sucursal en el Estado miembro de autorización .	La autorización estará supeditada a los requisitos que determinen las autoridades a efectos de impedir cualquier posible evasión o abuso . La autorización, no obstante , no podrá denegarse por el único motivo de que la persona física o jurídica esté establecida en otro Estado miembro.
La autorización englobará las actividades a que se refiere el artículo 14, apartado 3.
Enmienda 28 Propuesta de directiva Artículo 16 — apartado 1 — parte introductoria
1. Los productos sujetos a impuestos especiales podrán circular en régimen suspensivo de impuestos dentro del territorio de la Comunidad:	1. Los productos sujetos a impuestos especiales podrán circular en régimen suspensivo de impuestos entre dos puntos dentro del territorio de la Comunidad, incluso a través de un país tercero o una región de un país tercero :
Enmienda 29 Propuesta de directiva Artículo 16 — apartado 1 — letra a — inciso ii
ii) toda persona física o jurídica autorizada por las autoridades competentes del Estado miembro de destino, en las condiciones que fijen dichas autoridades, a recibir productos sujetos a impuestos especiales que circulen en régimen suspensivo y que hayan sido expedidos desde otro Estado miembro (en lo sucesivo, el «destinatario registrado» ) ;	ii) los locales de un destinatario registrado;
Enmienda 30 Propuesta de directiva Artículo 16 — apartado 1 — letra b
b) desde el lugar de importación a cualquiera de los destinos mencionados en la letra a), si los citados productos han sido expedidos por una persona física o jurídica autorizada a tal efecto por las autoridades competentes del Estado miembro de importación, en las condiciones establecidas por dichas autoridades (en lo sucesivo, el «expedidor registrado» ) .	b) desde el lugar de importación a cualquiera de los destinos o destinatarios mencionados en la letra a), si los citados productos han sido expedidos por un expedidor registrado.
Enmienda 31 Propuesta de directiva Artículo 17 — apartado 1 — parte introductoria
1. Las autoridades competentes del Estado miembro de expedición exigirán, en las condiciones que establezcan, que los riesgos inherentes a la circulación en régimen suspensivo de impuestos especiales estén cubiertos por una garantía, que podrá ser prestada por una o más de las siguientes personas:	1. Las autoridades competentes del Estado miembro de expedición exigirán, en las condiciones que establezcan, que los riesgos inherentes a la circulación en régimen suspensivo de impuestos especiales estén cubiertos por una garantía, que podrá ser prestada por una o más de las siguientes personas o en nombre de las mismas :
Enmienda 32 Propuesta de directiva Artículo 17 — apartado 2 — párrafo 1
2. La garantía será válida en toda la Comunidad.	2. La garantía será válida en toda la Comunidad y podrá ser establecida :
	a) por un establecimiento autorizado a ejercer la actividad de una entidad de crédito de conformidad con las Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2006 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (2), o
	b) por una empresa autorizada a ejercer una actividad de seguros de conformidad con la Directiva 92/49/CEE del Consejo de 18 de junio de 1992 sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida (3).
Enmienda 33 Propuesta de directiva Artículo 17 bis (nuevo)
	Artículo 17 bis 1.     A instancias de la persona mencionada en el artículo 17, apartado 1, las autoridades competentes del Estado miembro de expedición podrán permitir, en las condiciones que establezcan, que se constituya una garantía global por un importe reducido de los derechos de los impuestos especiales o que no se constituya ninguna garantía, a condición de que, al mismo tiempo, la responsabilidad fiscal del transporte sea garantizada por quien asuma la responsabilidad del transporte. 2.     La autorización a que se refiere el apartado 1 sólo será concedida a personas que cumplan las siguientes condiciones: a) estar establecidas en el territorio aduanero de la Comunidad; b) poseer antecedentes satisfactorios respecto a la constitución de garantías relativas a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo; y c) ser proveedores regulares de garantías relativas a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo o ser considerados, por las autoridades aduaneras, como capaces de cumplir las obligaciones que les incumben en relación con estos procedimientos. 3.     Las medidas que rigen el procedimiento de concesión de autorizaciones en aplicación de los apartados 1 y 2 del presente artículo se aprobarán de conformidad con el procedimiento de reglamentación mencionado en el artículo 40, apartado 2.
Enmienda 34 Propuesta de directiva Artículo 18 — apartado 2 — párrafo 2 — parte introductoria
Los destinatarios registrados autorizados a efectos de lo dispuesto en el párrafo primero deberán cumplir con las siguientes obligaciones:	Los destinatarios temporales registrados autorizados a efectos de lo dispuesto en el párrafo primero deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
Enmienda 35 Propuesta de directiva Artículo 19 — apartado 1
1. Se considerará que la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo comienza en el momento de la salida de dichos productos del depósito fiscal de expedición o del lugar de importación.	1. Se considerará que la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo comienza en el momento de la salida de dichos productos del depósito fiscal de expedición o del lugar de importación. El momento en que los productos salgan del depósito fiscal o el lugar de importación estará determinado por el envío de un mensaje con información adicional a la autoridad competente por parte del depositario aprobado o por el expedidor registrado .
Enmienda 36 Propuesta de directiva Artículo 19 — apartado 2
2. Se considerará que la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo finaliza cuando se haga entrega de dichos productos al destinatario o, en el supuesto contemplado en el artículo 16, apartado 1, letra a), inciso iii), cuando los citados productos hayan dejado el territorio de la Comunidad.	2. La circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo finalizará :
	— cuando se haga entrega de dichos productos al destinatario. El momento en que el destinatario toma a su cargo los productos estará determinado por el envío de un mensaje con información suplementaria dirigido inmediatamente a la llegada de los productos a la autoridad competente por el destinatario .
	— o, en el supuesto contemplado en el artículo 16, apartado 1, letra a), inciso iii), cuando los citados productos hayan dejado el territorio de la Comunidad o se hayan situado bajo un procedimiento o régimen aduanero en suspensión .
Enmienda 37 Propuesta de directiva Artículo 19 bis (nuevo)
	Artículo 19 bis
	Las normas aplicables a la circulación de productos sujetos a impuestos especiales en régimen suspensivo permiten que, en las condiciones que establezcan las autoridades competentes del Estado miembro de expedición, se constituya una garantía global por un importe reducido de los derechos de los impuestos especiales o que no se constituya ninguna garantía, a condición de que, al mismo tiempo, la responsabilidad fiscal del transporte sea garantizada por quien asuma la responsabilidad del transporte.
Enmienda 38 Propuesta de directiva Artículo 20 — apartado 1
1. Se considerará que la circulación de productos sujetos a impuestos especiales se realiza en régimen suspensivo únicamente si tiene lugar al amparo de un documento administrativo electrónico tramitado con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3.	1. Se considerará que la circulación de productos sujetos a impuestos especiales se realiza en régimen suspensivo únicamente si tiene lugar al amparo de un documento administrativo electrónico tramitado con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3. Los Estados miembros y la Comisión adoptarán las medidas adecuadas para permitir la aplicación, a nivel nacional, de la infraestructura de claves públicas y garantizar la interoperabilidad de estas claves .
Enmienda 39 Propuesta de directiva Artículo 20 — apartado 6
6. El expedidor comunicará el código administrativo de referencia a la persona que acompañe los productos.	6. El envío irá acompañado de una información impresa que permita la identificación del envío en el curso de la circulación.
Deberá disponerse del código en todo momento durante la circulación en régimen suspensivo de impuestos especiales .
Enmienda 40 Propuesta de directiva Artículo 22
Las autoridades competentes del Estado miembro de expedición podrán permitir, en las condiciones que dicho Estado miembro establezca, que el expedidor, valiéndose del sistema informatizado, fraccione en dos o más los movimientos de productos energéticos en régimen suspensivo, siempre que la cantidad total de productos sujetos a impuestos especiales se mantenga invariable.	Las autoridades competentes del Estado miembro de expedición podrán permitir, en las condiciones que dicho Estado miembro establezca, que el expedidor, valiéndose del sistema informatizado, fraccione en dos o más los movimientos de productos energéticos en régimen suspensivo, siempre que:
	a) la cantidad total de productos sujetos a impuestos especiales se mantenga invariable y
	b) el fraccionamiento se efectúe en el territorio de un Estado miembro que permita dicho procedimiento.
Los Estados miembros podrán asimismo disponer que ese fraccionamiento no pueda efectuarse en su territorio.	Los Estados miembros comunicarán a la Comisión si, y bajo qué condiciones, autorizan el fraccionamiento de envíos en su territorio. La Comisión transmitirá esta información a los restantes Estados miembros .
Enmienda 41 Propuesta de directiva Artículo 23 — apartado 1 — párrafo 1
1. Tan pronto como reciba productos sujetos a impuestos especiales en cualquiera de los destinos contemplados en el artículo 16, apartado 1, letra a), incisos i), ii) ó iv), o en el artículo 16, apartado 2, el destinatario deberá presentar a las autoridades competentes del Estado miembro de destino, a través del sistema informatizado, una notificación de su recepción, (en lo sucesivo, la «notificación de recepción»).	1. Cuando reciba productos sujetos a impuestos especiales en cualquiera de los destinos contemplados en el artículo 16, apartado 1, letra a), incisos i), ii) ó iv), o en el artículo 16, apartado 2, y a más tardar el día hábil siguiente al de la recepción , el destinatario deberá presentar a las autoridades competentes del Estado miembro de destino, a través del sistema informatizado, una notificación de su recepción, (en lo sucesivo, la «notificación de recepción»).
Enmienda 42 Propuesta de directiva Artículo 24 — apartado 3
3. Las autoridades competentes del Estado miembro de expedición remitirán la notificación de exportación al expedidor.	3. Las autoridades competentes del Estado miembro de expedición remitirán la notificación de exportación al expedidor a más tardar el día hábil siguiente al de la recepción del certificado en el que se de fe de que los productos sujetos a impuestos especiales han abandonado el territorio de la Comunidad .
Enmienda 43 Propuesta de directiva Artículo 26 — apartado 1 — párrafos 2 y 3
Tan pronto como el sistema vuelva a estar disponible, el expedidor presentará un borrador de documento administrativo electrónico. Dicho documento sustituirá al documento en soporte papel a que se refiere el párrafo primero, letra a), una vez que haya sido tramitado conforme a lo previsto en el artículo 20, apartado 3, tras lo cual será de aplicación el procedimiento correspondiente al documento administrativo electrónico.	Dichos envíos seguirán circulando de conformidad con el procedimiento auxiliar, incluida la liquidación, incluso si el sistema electrónico está disponible en el curso de la circulación.
Hasta tanto no se haya tramitado el documento administrativo electrónico con arreglo a lo previsto en el artículo 20, apartado 3, se considerará que la circulación tiene lugar en régimen suspensivo de impuestos especiales al amparo del documento en soporte papel.
Enmienda 44 Propuesta de directiva Artículo 26 — apartado 2 — párrafo 1
2. En caso de indisponibilidad del sistema informatizado, todo depositario autorizado o expedidor registrado podrá comunicar la información a que aluden el artículo 20, apartado 8, o el artículo 22 a través de un sistema de comunicación alternativo. A tal fin, informará a las autoridades competentes del Estado miembro de expedición en el momento a partir del cual tenga lugar el cambio de destino o el fraccionamiento de los movimientos.	2. En caso de indisponibilidad del sistema informatizado, todo depositario autorizado o expedidor registrado podrá comunicar la información a que aluden el artículo 20, apartado 8, o el artículo 22 a través de un sistema de comunicación alternativo definido por los Estados miembros . A tal fin, informará a las autoridades competentes del Estado miembro de expedición en el momento a partir del cual tenga lugar el cambio de destino o el fraccionamiento de los movimientos.
Enmienda 45 Propuesta de directiva Artículo 28
Los Estados miembros podrán establecer procedimientos simplificados respecto de la circulación en régimen suspensivo de impuestos especiales que tenga lugar íntegramente en su territorio.	Los Estados miembros podrán establecer procedimientos simplificados respecto de la circulación en régimen suspensivo de impuestos especiales que tenga lugar íntegramente en su territorio, incluida la posibilidad de renunciar al requisito de supervisión electrónica de dicha circulación .
Enmienda 46 Propuesta de directiva Artículo 29 — punto 3 bis (nuevo)
	3 bis) circulación de productos de conformidad con el artículo 11, apartado 1, letra e) bis.
Enmienda 47 Propuesta de directiva Artículo 30 — apartado 1 — párrafo 2
Por lo que se refiere a productos sujetos a impuestos especiales, distintos de las labores del tabaco, adquiridos por particulares, el párrafo primero será asimismo de aplicación cuando dichos productos se transporten por cuenta del particular.	Suprimido
Enmienda 48 Propuesta de directiva Artículo 30 — apartado 2 bis (nuevo)
	2 bis. En lo que respecta a la aplicación del apartado 2, letra e), los Estados miembros podrán establecer niveles indicativos, exclusivamente a título de elemento de prueba. Dichos niveles indicativos no podrán ser inferiores a:
	a) Labores de tabaco
	— cigarrillos: 400 unidades,
	— cigarritos (cigarros con un peso máximo de 3 g/unidad): 200 unidades,
	— cigarros: 100 unidades,
	— tabaco para fumar: 0,5 kilogramo,
	b) Bebidas alcohólicas
	— bebidas espiritosas: 5 litros,
	— productos intermedios: 10 litros,
	— vino: 45 litros (de los cuales 30 litros como máximo de vinos espumosos),
	— cerveza: 55 litros.
Enmienda 49 Propuesta de directiva Artículo 30 — apartado 2 ter (nuevo)
	2 ter. Respecto a la adquisición de hidrocarburos que ya se hayan puesto a consumo en otro Estado miembro, los Estados miembros podrán asimismo disponer que el impuesto sea exigible en el Estado miembro donde se consuma siempre que el transporte de dichos productos se efectúe mediante formas de transporte atípicas realizadas por particulares o por cuenta de éstos. Se considerarán formas de transporte atípicas el transporte de combustibles de automoción que no se realice dentro del depósito de los vehículos ni en bidones de reserva adecuados, así como el transporte de combustibles de calefacción líquidos que no se realice en camiones cisterna utilizados por cuenta de operadores profesionales.
Enmienda 50 Propuesta de directiva Artículo 34 — apartado 4 — letra a
a) se identificará ante las autoridades fiscales del Estado miembro de expedición de los productos sujetos a impuestos especiales;	a) se identificará ante las autoridades fiscales del Estado miembro de expedición de los productos sujetos a impuestos especiales y obtendrá de dichas autoridades un documento de identificación ;
Enmiendas 51 y 52 Propuesta de directiva Artículo 37
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que, en el momento de despacho a consumo en su territorio o, en los casos previstos en el artículo 31, apartado 1, párrafo primero, y en el artículo 34, apartado 1, en el momento de entrada en el mismo, los productos sujetos a impuestos especiales vayan provistos de marcas fiscales o marcas de reconocimiento nacionales utilizadas con fines fiscales.	1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, los Estados miembros podrán exigir que, en el momento de despacho a consumo en su territorio o, en los casos previstos en el artículo 31, apartado 1, párrafo primero, y en el artículo 34, apartado 1, en el momento de entrada en el mismo, los productos sujetos a impuestos especiales vayan provistos de marcas fiscales, marcas de reconocimiento nacionales o cualquier otra forma de marca de serialización o de identificación utilizadas con fines fiscales.
2. Todo Estado miembro que establezca el uso de marcas fiscales o marcas de reconocimiento nacionales con arreglo al apartado 1, deberá ponerlas a disposición de los depositarios autorizados de los demás Estados miembros.	2. Todo Estado miembro que establezca el uso de marcas fiscales, marcas de reconocimiento nacionales o cualquier otra forma de marca de serialización o de identificación con arreglo al apartado 1, deberá ponerlas a disposición de los depositarios autorizados de los demás Estados miembros.
3. Sin perjuicio de las disposiciones que fijen para asegurar la correcta aplicación del presente artículo, y para evitar cualquier fraude, evasión o abuso, los Estados miembros velarán por que las marcas no creen obstáculo alguno a la libre circulación de los productos sujetos a impuestos especiales.	3. Sin perjuicio de las disposiciones que fijen para asegurar la correcta aplicación del presente artículo, y para evitar cualquier fraude, evasión o abuso, los Estados miembros velarán por que las marcas no creen obstáculo alguno a la libre circulación de los productos sujetos a impuestos especiales.
Cuando se apliquen tales marcas a los productos sujetos a impuestos especiales, todo importe pagado o garantizado para la obtención de las mismas será devuelto, condonado o liberado por el Estado miembro que las haya emitido, si los impuestos especiales se han devengado y recaudado en otro Estado miembro.	Cuando se apliquen tales marcas a los productos sujetos a impuestos especiales, todo importe pagado o garantizado para la obtención de las mismas será devuelto, condonado o liberado por el Estado miembro que las haya emitido, si los impuestos especiales se han devengado y recaudado en otro Estado miembro.
	El Estado miembro que haya expedido las marcas podrá, no obstante, exigir, para la devolución, condonación o liberación de la cantidad abonada o garantizada, la prueba de que dichas marcas han sido retiradas o destruidas.
4. Las marcas fiscales o de reconocimiento a que se refiere apartado 1 sólo serán válidas en el Estado miembro en que se hayan emitido. No obstante, los Estados miembros podrán reconocer recíprocamente dichas marcas.	4. Las marcas fiscales, las marcas de reconocimiento nacionales o cualquier otra forma de marca de serialización o de identificación a que se refiere el apartado 1 sólo serán válidas en el Estado miembro en que se hayan emitido. No obstante, los Estados miembros podrán reconocer recíprocamente dichas marcas.
Enmienda 53 Propuesta de directiva Artículo 39
Hasta tanto el Consejo no haya adoptado disposiciones comunitarias en relación con el abastecimiento de buques y aeronaves, los Estados miembros podrán mantener sus disposiciones nacionales al respecto.	Hasta tanto el Consejo no haya adoptado disposiciones comunitarias en relación con el abastecimiento de buques y aeronaves, los Estados miembros podrán mantener sus disposiciones nacionales al respecto. Estas disposiciones nacionales deberán ser comunicadas a los otros Estados miembros para que sus operadores económicos puedan beneficiarse de ellas .

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(1)   DO L 145 de 4.6.2008, p. 1.

(2)   DO L 177 de 30.6.2006, p. 1.

(3)   DO L 228 de 11.8.1992, p. 1.

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