1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/1

A.

Considerando que el desmantelamiento de los controles en las fronteras interiores de la Unión Europea es uno de los mayores logros de la integración europea,

B.

Considerando que un espacio sin fronteras interiores no puede funcionar sin una responsabilidad compartida y solidaridad en la gestión de sus fronteras exteriores,

C.

Considerando que debe prestarse atención a la cooperación con las autoridades de los terceros países responsables de la seguridad en las fronteras, en consonancia con la política exterior general de la Unión Europea,

D.

Considerando que todos los años cruzan la frontera exterior de la UE 160 millones de ciudadanos de la Unión Europea, 60 millones de nacionales de terceros países que no están sujetos a la obligación de visado y 80 millones que sí lo están,

E.

Considerando que las medidas destinadas a reforzar la seguridad en las fronteras deben venir acompañadas por la facilitación de los flujos de pasajeros y el fomento de la movilidad en un mundo cada vez más globalizado,

F.

Considerando que, en el marco de la gestión integrada de las fronteras de la Unión Europea, varios instrumentos y programas ya se han iniciado, están en proceso de elaboración o en la fase de desarrollo político,

G.

Considerando que la Comisión ha declarado que tiene la intención de presentar en 2009-2010 propuestas legislativas para la introducción de un sistema de registro de entradas y salidas, un programa de viajero registrado y un sistema electrónico de autorización de viaje,

H.

Considerando que en Australia existen sistemas similares y que también se están aplicando en los Estados Unidos como parte del programa US-VISIT,

I.

Considerando que es necesario un plan global en el que se establezca la estrategia general en materia de la Unión Europea, así como una evaluación exhaustiva de los sistemas existentes y de los que están en fase de elaboración,

1.

Es consciente de que las personas que rebasan la duración de la estancia autorizada («overstayers»), a las que está principalmente destinado el sistema de registro de entradas y salidas, representan supuestamente la mayor categoría de inmigrantes ilegales en la Unión Europea; pide, sin embargo, más información sobre los datos recogidos por un contratista externo y que permiten estimar que «hay hasta 8 millones de inmigrantes ilegales en los 25 Estados miembros de la UE en 2006» (6); además, insiste en la necesidad de una definición clara del concepto de «overstayer», incluidas las posibles excepciones en determinadas condiciones, y en un análisis cualitativo y cuantitativo más riguroso sobre las amenazas, riesgos o costes que representan para la sociedad europea;

2.

Señala que, aunque el sistema de información y de alerta propuesto podría ayudar a disuadir a los nacionales de terceros países de prolongar su estancia más allá de la duración de estancia autorizada, así como proporcionar datos e información sobre los casos más corrientes, sigue siendo necesario el contacto con las autoridades policiales para que se pueda detener a las personas que rebasan la duración de estancia autorizada y, por esta razón, no cree que el sistema propuesto pueda acabar con este fenómeno;

3.

Carece de información suficiente sobre cómo se integrará este sistema y cómo interactuará con el marco existente, sobre los posibles cambios que podrían ser necesarios en los sistemas existentes y sobre los costes reales que podrían generar; por lo tanto, duda de que sea necesario aplicar un sistema de este tipo;

4.

Recuerda que el correcto funcionamiento del registro de entradas y salidas dependerá, tanto en el aspecto material como en el operativo, del éxito del VIS y del SIS II; señala que estos instrumentos no están todavía en pleno funcionamiento y que por esta razón no ha sido posible evaluarlos adecuadamente; subraya que en la actualidad hay voces que ponen en duda la operatividad y la fiabilidad del SIS II;

5.

Señala que, sin lugar a dudas, y tras la experiencia adquirida en los Estados Unidos, es más difícil aplicar las normas para la salida que para la entrada, en particular para las salidas por mar y tierra; tiene, además, y a la luz de dicha experiencia, serias dudas sobre la relación coste-eficacia de un sistema de este tipo; pide a la Comisión, por consiguiente, que facilite información adicional sobre las inversiones efectivamente generadas por tales sistemas;

6.

Es favorable, en principio, a la idea de un sistema de registro de viajeros para los nacionales de terceros países, estén o no sujetos a la obligación de visado, ya que permitiría acelerar los flujos de viajeros y evitar fenómenos de congestión en los puntos de entrada y salida del territorio, y al posible uso de barreras automatizadas por los ciudadanos de la UE, ya que el Derecho comunitario, en su forma actual, no permite simplificar los controles en las fronteras, salvo en el caso de nacionales de terceros países que residan en las zonas fronterizas;

7.

Critica, no obstante, la terminología utilizada en la Comunicación titulada «Preparación de los próximos pasos en la gestión de fronteras en la Unión Europea» (viajeros «de bajo riesgo/de buena fe»), ya que implicaría que un gran número de viajeros se consideran a priori como de «alto riesgo» o de «mala fe», y recomienda el término «viajeros frecuentes»;

8.

Señala que varios Estados miembros ya han creado o están preparando un programa de viajero registrado para los nacionales de terceros países, y pone de relieve el riesgo de acabar con un mosaico de veintisiete sistemas basados en diferentes criterios, incluidos los relativos a la protección de datos y los aranceles; es consciente de que los Países Bajos, junto con Alemania, el Reino Unido y FRONTEX, están tratando de promover un Programa Acelerado del Viajero Internacional como un posible modelo para otros Estados miembros;

9.

Aboga por un enfoque armonizado y, por tanto, insta a la Comisión a que acelere el proceso, sobre la base de las mejores prácticas de los Estados miembros y a que se asegure de que los Estados miembros seguirán actuando de conformidad con el Derecho comunitario;

10.

Señala que, de hecho, un programa de viajero registrado para los nacionales de terceros países es diferente de un programa de viajero registrado para nacionales de la UE; hace hincapié, por lo tanto, en que debe hacerse siempre una clara distinción entre ambos;

11.

Reconoce que no sería prudente centrar la atención, con respecto a las medidas de seguridad, sólo en los nacionales de terceros países que viajan a la Unión Europea procedentes de países con obligación de visado; no obstante, se pregunta si el sistema propuesto es absolutamente necesario y quisiera una explicación exhaustiva de las razones que lo justifican; está convencido de que el camino correcto es una estrecha cooperación entre los servicios de inteligencia, y no una recogida masiva de datos en general;

12.

Desea que se le informe sobre el calendario exacto y los detalles del estudio previsto por la Comisión;

13.

Considera inaceptable que la Comisión no haya consultado ni al Supervisor Europeo de Protección de Datos, quien, sin embargo, ya ha puesto de manifiesto su preocupación, ni al Grupo de Trabajo sobre el artículo 29 antes de la aprobación de la Comunicación titulada «Preparación de los próximos pasos en la gestión de fronteras en la Unión Europea»; pide a la Comisión, por lo tanto, que consulte a ambos en relación con cualquier acción que deba llevarse a cabo en virtud de esta Comunicación, a la vista de que los bloques de construcción propuestos implicarán el tratamiento de enormes cantidades de datos personales;

14.

Es consciente de que los datos biométricos son, en teoría, unos identificadores personales eficaces, dado que las características que se han de registrar se consideran únicas para cada persona; subraya, sin embargo, que la fiabilidad de la biometría no es nunca absoluta y que los datos biométricos no son precisos en todos los casos; señala, en consecuencia, que se deben establecer procedimientos de recurso y deben elaborarse mejor los perfiles de riesgo;

15.

Insiste en un protocolo estándar para la utilización y el intercambio de información biométrica y acuerdos sobre el control de la interfaz para describir la forma en que se utilizará el protocolo; opina, además, que el uso de datos biométricos debe estar sujeto a una norma de calidad, a fin de evitar divergencias entre los diferentes sistemas utilizados por los Estados miembros;

16.

Considera que el enfoque basado en el respeto de la vida privada es un elemento esencial a la hora de elaborar cualquier iniciativa que pueda poner en peligro la información personal de los individuos y la confianza del público en aquellos que se encuentran en posesión de la información;

17.

Considera que una gestión verdaderamente integrada de las fronteras es un objetivo legítimo de la Unión Europea y está de acuerdo en que es importante desarrollar y fortalecer la política común en materia de gestión de las fronteras de la Unión Europea;

18.

Opina, no obstante, que en el marco la gestión de las fronteras y la inmigración, las propuestas de largo alcance se acumulan a un ritmo asombroso; solicita, por lo tanto, a la Comisión que pondere la cuestión de la logística de las fronteras teniendo en cuenta las necesidades y los costes;

19.

Lamenta, además, la noción de que la política de gestión de fronteras de la Unión Europea deba basarse en la idea de que todos los viajeros son potencialmente sospechosos y tienen que probar su buena fe;

20.

Critica la falta de un plan global en el que se establezcan los objetivos generales y el planteamiento de la estrategia de gestión de fronteras de la Unión Europea, así como la falta de detalles que muestren cómo se supone que todos los programas y planes (ya adoptados, en curso de preparación o en la fase de elaboración) han de funcionar juntos y cómo pueden optimizarse las relaciones entre ellos; considera que, cuando examine la arquitectura de la estrategia de la UE en materia de gestión de fronteras, la Comisión debe analizar ante todo la eficacia de los actuales sistemas de gestión de fronteras de los Estados miembros, para hacer aparecer sinergias óptimas entre los mismos;

21.

Destaca la necesidad de una evaluación, en primer lugar, de los sistemas existentes y de los que están en la fase de elaboración, y hace hincapié en que la capacidad de la Unión Europea para alcanzar sus objetivos estratégicos depende en gran medida de su éxito en la gestión de la interdependencia de los programas relacionados, dado que la duplicidad y la incoherencia entre ellos tendrán un impacto negativo en el rendimiento y en los resultados; considera que no deben ser lanzados nuevos instrumentos ni sistemas hasta que no sean totalmente operativas, seguras y fiables las herramientas existentes;

22.

Opina que, antes de que se hagan inversiones, es de suma importancia tener claramente definido un contexto operativo en el que alinear todas las medidas y las nuevas iniciativas; señala, además, que debe quedar perfectamente claro qué modificaciones son necesarias para asegurar el funcionamiento armonioso de la tecnología y los procesos, y subraya que todas las inversiones deben estar debidamente justificadas;

23.

Manifiesta sus dudas en cuanto a la necesidad y proporcionalidad de las medidas propuestas, dada la magnitud de sus costes y los riesgos potenciales que representan para la protección de los datos personales; considera, por ello, que deben evaluarse a la luz de estos criterios antes de examinarse ninguna propuesta formal;

24.

Reconoce que lograr un equilibrio entre garantizar la libre circulación de un número creciente de personas a través de las fronteras y garantizar una mayor seguridad para los ciudadanos de Europa es un ejercicio complejo, y no niega que la utilización de los datos ofrece ventajas claras pero, al mismo tiempo, opina que la confianza del público en la acción del Gobierno sólo puede mantenerse si se prevén garantías suficientes en materia de protección de datos, supervisión y mecanismos de recurso;

25.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y a la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (FRONTEX).

1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/5

A.

Considerando que, con arreglo a lo previsto en el Tratado CE y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las empresas deberían gozar de libertad de establecimiento en el mercado interior,

B.

Considerando que la migración transfronteriza de empresas es un elemento crucial de la realización del mercado interior,

C.

Considerando que el traslado transfronterizo de la sede social de una empresa no debería dar lugar a su disolución ni a la pérdida de su personalidad jurídica,

D.

Considerando que el traslado transfronterizo de la sede social de una empresa no debería eludir las condiciones jurídicas, sociales y fiscales,

E.

Considerando que es necesario proteger los derechos de otros accionistas afectados por el traslado, como los accionistas minoritarios, los trabajadores, los acreedores, etc.,

F.

Considerando que es necesario preservar plenamente el acervo comunitario relativo a los derechos transfronterizos de información, consulta y participación de los trabajadores, así como salvaguardar los derechos preexistentes de la participación de los trabajadores (Directivas 94/45/CE (10) y 2005/56/CE (11)); considerando que, en consecuencia, el traslado de una sede social no debería provocar la pérdida de los derechos existentes,

G.

Considerando que una norma que exige que una empresa mantenga su administración central y su sede social en el mismo Estado miembro sería contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la libertad de establecimiento y, por tanto, violaría el Derecho comunitario,

1.

Pide a la Comisión que, basándose en el artículo 44 del Tratado CE, le presente antes del 31 de marzo de 2009 una propuesta legislativa de Directiva por la que se establezcan las medidas para coordinar la legislación nacional de los Estados miembros con el fin de facilitar el traslado transfronterizo en el interior de la Comunidad de la sede social de una empresa constituida conforme a la legislación de un Estado miembro («decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades»); pide que dicha propuesta se elabore en el marco de las deliberaciones interinstitucionales y con arreglo a las recomendaciones que se detallan en el anexo;

2.

Constata que, en la actualidad, las empresas sólo pueden trasladar su sede bien mediante la disolución de la sociedad y la creación de una nueva persona jurídica en el Estado miembro de destino, bien mediante la creación de una nueva persona jurídica en el Estado miembro de destino para, a continuación, proceder a la fusión de ambas empresas; constata, además, que este procedimiento lleva aparejados problemas administrativos, costes y repercusiones sociales y no ofrece seguridad jurídica alguna;

3.

Llama la atención sobre la libertad de establecimiento que está garantizada a las sociedades en virtud del artículo 48 del Tratado CE, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia (12);

4.

Señala que el traslado de la sede de una empresa implica el traslado de las funciones de supervisión; destaca que, en el marco de la elaboración de la decimocuarta directiva sobre Derecho de sociedades en lo que se refiere al traslado transfronterizo de la sede social, debe garantizarse la salvaguardia de los derechos existentes de los accionistas, los acreedores y los trabajadores y preservarse el equilibrio existente en la gestión empresarial («gobernanza empresarial»);

5.

Propone que, en la nueva directiva, se haga referencia a las disposiciones de la Directiva 94/45/CE y de la Directiva 2005/56/CE a fin de preservar la coherencia y la naturaleza sustantiva de los procedimientos de participación de los trabajadores en la aplicación de las directivas de la UE relativas al Derecho de sociedades;

6.

Considera que el traslado de la sede de una empresa debe realizarse previa elaboración de un proyecto de traslado y de un informe en que se aclaren y justifiquen los aspectos jurídicos y económicos, así como cualquier repercusión del traslado para los accionistas y los trabajadores; señala que conviene poner tanto el proyecto de traslado como el informe a disposición del conjunto de todas las partes implicadas a su debido tiempo;

7.

Pone de relieve, en el contexto de la Estrategia de Lisboa, los efectos positivos de la competencia fiscal en el crecimiento económico;

8.

Señala que el traslado de la sede de una empresa debería revestir un carácter fiscalmente neutro;

9.

Sugiere que se mejore el intercambio de información y la cooperación entre las distintas autoridades fiscales;

10.

Pide transparencia en lo que respecta a la aplicación de la nueva Directiva en los Estados miembros, por lo que propone la introducción de una obligación de notificación de los Estados miembros a la Comisión, conforme a la cual las empresas que trasladen su sede social de acuerdo con las disposiciones de la Directiva queden consignadas en un registro europeo de sociedades; señala que, a la luz del objetivo de legislar mejor, se ha de evitar todo exceso de información («overkill»), al transponer la obligación de notificación en la legislación nacional, siempre y cuando quede garantizada una información suficiente;

11.

Confirma que estas recomendaciones respetan el principio de subsidiariedad y los derechos fundamentales de los ciudadanos;

12.

Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras;

13.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que se detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/10

A.

Considerando que los instrumentos legislativos de la primera fase de instauración del sistema europeo común de asilo han permitido el establecimiento de normas mínimas comunes, pero no el establecimiento de condiciones iguales de acceso a esa protección en el conjunto del territorio de la Unión, por lo que perviven fenómenos como los movimientos secundarios y las solicitudes múltiples,

B.

Considerando que el criterio del primer país de entrada inscrito en el sistema de Dublín puede hacer que algunos Estados miembros, especialmente los situados en la frontera exterior de la UE, soporten una carga desproporcionada debido, sencillamente, a su ubicación geográfica más expuesta y que este fenómeno tiene consecuencias nefastas tanto para los Estados miembros como para los solicitantes de asilo,

C.

Considerando que la evaluación del sistema de Dublín efectuada por la Comisión revela que en 2005 los trece Estados miembros situados en las fronteras exteriores debieron afrontar las dificultades cada vez mayores que plantea el sistema de Dublín,

D.

Recordando que, en su mencionado informe de evaluación sobre la Directiva «acogida», la Comisión expone los graves problemas de aplicación de la directiva, en particular en los centros cerrados y zonas de tránsito, algo que las delegaciones parlamentarias han podido constatar con ocasión de sus numerosas visitas,

1.

Observa que durante el último año el número de refugiados en el mundo ha aumentado y se sitúa ahora en más de 12 millones de refugiados y 26 millones de personas internamente desplazadas; apoya a este respecto el establecimiento de un sistema europeo común de asilo y acoge con satisfacción el plan de política de asilo de la Comisión que constituye la hoja de ruta para la plena introducción del mismo;

2.

Deplora que, debido a la modificación del fundamento jurídico por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, se proyecte posponer a 2012 el plazo de realización de la segunda fase del sistema europeo común de asilo, que debería servir para poner fin a la nefasta disparidad existente entre los diferentes sistemas de asilo de los Estados miembros;

3.

Señala que, para algunos nacionales de terceros países que solicitan el estatuto de refugiado, el porcentaje de aceptación varía entre el 0 % y el 90 % en distintos Estados miembros;

4.

Insiste en que la armonización de las normas para la consecución de un procedimiento común y un estatuto uniforme en materia de asilo debe desembocar en un nivel elevado de protección en el conjunto de la Unión y no en una nivelación a la baja, pues ello privaría el sistema europeo común de asilo de su valor añadido;

5.

Lamenta que el concepto de institución del asilo, parte consustancial de la democracia y de la protección de los derechos humanos, ha sufrido en los últimos años una grave erosión; reitera la necesidad de respetar plenamente los derechos y necesidades de los solicitantes de asilo, así como el principio de no devolución;

6.

Recuerda que la Unión debe prever mecanismos en las fronteras exteriores para identificar a los solicitantes de asilo y garantizar el acceso a su territorio de las personas con derecho a protección internacional también en el marco de las operaciones de control de sus fronteras exteriores;

7.

Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión haya definido el acceso de las personas que buscan protección como uno de los objetivos primordiales del sistema europeo común de asilo;

8.

Solicita que la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex) facilite datos exactos sobre el número de solicitantes de asilo identificados como tales en el marco de sus operaciones y sobre el destino de las personas interceptadas y devueltas a un país de tránsito o de origen en el marco de esas operaciones; pide a la Comisión que presente una propuesta de revisión del mandato de Frontex con el fin de precisar explícitamente que las preocupaciones en materia de protección y derechos humanos forman parte integrante de la gestión de las fronteras exteriores de la UE;

9.

Se felicita de que la Comisión reconozca la necesidad de garantizar la debida coherencia entre el derecho de asilo y otras políticas que repercuten en la protección internacional; pide a la Comisión que apoye y promueva iniciativas tendentes a revisar y adaptar el conjunto de sistemas y prácticas que se aplican en la gestión de fronteras, tales como Frontex y el Sistema europeo de vigilancia de fronteras (EUROSUR), a fin de garantizar a los refugiados la posibilidad de acogerse a la protección de la UE, y velar por el pleno respeto del principio de no devolución en las fronteras exteriores de la UE; hace hincapié, asimismo, en que el deber de prestar asistencia, inscrito en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), es jurídicamente vinculante para los Estados miembros, la UE y Frontex;

10.

Se congratula de que en la citada sentencia en el caso C-133/06, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas haya anulado el artículo 29, apartado 1 y 2, y el artículo 36, apartado 3, de la Directiva «asilo» relativos a la adopción o modificación de una lista mínima común de países de origen seguros y a una lista común de terceros países seguros;

11.

Se complace de las experiencias positivas adquiridas en algunos Estados miembros con la acogida de solicitantes de asilo —desde la presentación de la solicitud de protección internacional— en el marco de estructuras abiertas y en plena integración con las comunidades locales;

12.

Considera que los solicitantes de asilo son personas vulnerables que deben beneficiarse de condiciones adecuadas de acogida; recuerda que de ningún modo el entorno carcelario puede ayudarles a superar los traumas vividos en sus países de origen o durante su viaje hacia Europa;

13.

Acoge con satisfacción las disposiciones mencionadas en las últimas propuestas de la Comisión, según las cuales los Estados miembros no pueden mantener retenida a una persona por el único motivo de que solicita protección internacional; considera que, por principio y debido a su situación especialmente vulnerable, los solicitantes de asilo no deberían encontrarse en detención;

14.

Deplora que en numerosos Estados miembros la detención de los solicitantes de asilo siga siendo una realidad tras su entrada irregular en el territorio y celebra la inserción en la Directiva «acogida» de garantías de procedimiento en materia de detención; estima, al respecto, que la detención de los solicitantes de asilo sólo debería producirse en circunstancias excepcionales claramente definidas y con arreglo al principio de necesidad y proporcionalidad en cuanto a la forma y la finalidad de la detención; opina asimismo que cuando un solicitante de asilo está detenido debe tener derecho a recurrir ante un tribunal nacional;

15.

Considera esencial aclarar el ámbito de aplicación de la Directiva «acogida» para cubrir los centros de retención, las zonas de tránsito, los procedimientos en la frontera y los solicitantes de asilo trasladados en virtud del Reglamento Dublín;

16.

Acoge con satisfacción el establecimiento, en el marco de la Directiva «acogida», de un sistema formal de identificación inmediata de las personas vulnerables, en particular menores no acompañados, personas mayores dependientes, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, familias monoparentales con niños y personas que hayan sufrido traumas (tortura, violación, violencia psicológica, física y sexual);

17.

Considera que convendría establecer un procedimiento único de solicitud de asilo y normas únicas relativas a las condiciones que deben reunirse para optar al estatuto de refugiado o de solicitante de protección internacional que cubran todas las solicitudes de «protección internacional» (estatuto de refugiado, protección subsidiaria, protección temporal);

18.

Se congratula de que la Comisión proyecte clarificar las condiciones de obtención de protección subsidiaria y, sobre todo, de que se proponga revisar el nivel de derechos y prestaciones que conviene conceder a los beneficiarios de ese tipo de protección; estas medidas deberían garantizar un tratamiento más paritario y de mejor nivel;

19.

Acoge con satisfacción la intención de la Comisión de modificar la Directiva «asilo», y subraya que el procedimiento común de asilo debe fijar plazos claros, uniformes y razonables dentro de los cuales las autoridades han de decidir sobre una solicitud de asilo, a fin de evitar prolongados períodos de espera carentes de garantías reales, que pueden repercutir negativamente en la salud y bienestar de los solicitantes de asilo; subraya que la concesión del estatuto de refugiado o de otras formas alternativas de protección debe estar sujeta a una evaluación individual y no debe limitarse a una evaluación general (basada, por ejemplo, en la nacionalidad) o condicionalidad (en función, por ejemplo, de la situación de los derechos humanos en el país de origen);

20.

Considera conveniente compartir la información sobre los países de origen en poder de los diferentes Estados miembros y anima a la Comisión a redoblar sus esfuerzos para la creación de una base de datos común; destaca que la recopilación y la presentación de información sobre los países de origen, así como la gestión de un portal, deberían garantizar que se incluyen los informes sobre los países elaborados por distintos expertos reconocidos, que la información es accesible al público y se conserva separadamente de la utilizada por los responsables (de modo que el procedimiento sigue siendo imparcial y al margen de cualquier influencia política) y que se alcanza un justo equilibrio entre las fuentes gubernamentales, no gubernamentales e internacionales en la recopilación de información sobre los países de origen;

21.

Acoge con satisfacción la refundición del Reglamento Dublín y las disposiciones propuestas relativas a un mecanismo de suspensión de las transferencias en caso de que exista la preocupación de que los solicitantes no se beneficien de normas adecuadas de protección en los Estados miembros responsables, en particular por lo que concierne a las condiciones de acogida y de acceso a los procedimientos de asilo, así como en los casos en que dichas transferencias se añadan a la carga que pesa sobre los Estados miembros que tienen que hacer frente a una presión desproporcionada debido, en particular, a sus particularidades geográficas o demográficas; subraya, no obstante, que estas disposiciones se reducirían a una mera declaración política en lugar de ser un instrumento eficaz que realmente apoye a los Estados miembros si no se introduce un doble instrumento vinculante para todos los Estados miembros en los siguientes términos:

22.

Considera que, en virtud del Reglamento de Dublín revisado, los solicitantes de asilo deben tener derecho a interponer recurso contra una decisión de transferencia; ese recurso impone la obligación a los tribunales de examinar de oficio la necesidad de suspender temporalmente la aplicación de una decisión de transferencia;

23.

Apoya firmemente la creación de una oficina europea de apoyo al asilo que trabaje en estrecha cooperación con el ACNUR y con las ONG especializadas en materia de asilo;

24.

Considera que una de las tareas de la oficina europea de apoyo al asilo debería consistir en analizar con precisión las divergencias subsistentes entre los sistemas nacionales de asilo para contribuir a su mejora;

25.

Considera que la oficina europea de apoyo al asilo también debe encargarse de elaborar directrices con el fin de facilitar una evaluación más precisa de las solicitudes de asilo, de promover el intercambio de buenas prácticas y de controlar la aplicación de la legislación europea correspondiente (en apoyo del papel de guardiana de los Tratados de la Comisión);

26.

Considera que conviene prever de manera práctica el seguimiento del tratamiento de las personas que han vuelto a su país de origen o de partida como consecuencia de la denegación de su solicitud de protección;

27.

Anima encarecidamente a la Comisión a no cejar en su empeño de establecer un programa europeo común de formación en materia de asilo, pues la calidad de las decisiones adoptadas en ese ámbito está íntimamente relacionada con la calidad de la formación e información de las instancias de decisión a nivel nacional; considera que sería una muestra de eficacia consultar a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia para la elaboración de los programas de formación;

28.

Considera que todos los responsables deben tener un acceso igual a la información sobre los países de origen, recopilada de manera profesional y objetiva, una herramienta fundamental para las autoridades responsables en materia de asilo y para las instancias de recurso, así como para los solicitantes de asilo que recurren a esta información para verificar su solicitud de protección internacional;

29.

Hace hincapié en que, durante los períodos de espera, las autoridades deben tener en cuenta las diferentes necesidades de los solicitantes de asilo que se encuentran en una situación más delicada, como por ejemplo los niños, los discapacitados y las mujeres, y deben facilitarles las infraestructuras necesarias;

30.

Reconoce la importancia de la integración de los beneficiarios de la protección internacional por lo que se refiere a la democracia, la seguridad y los aspectos económicos;

31.

Deplora que en las reglas previstas por el Reglamento Dublín para determinar el Estado competente para examinar la solicitud de asilo no se tenga en cuenta el deseo de los solicitantes, y considera que convendría tener más presentes determinados criterios de carácter familiar, cultural y lingüístico en el marco de esa determinación para favorecer la integración de los solicitantes de asilo;

32.

Insta al Consejo a que llegue a un acuerdo para incluir a los refugiados y a los beneficiarios de protección subsidiaria en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (10);

33.

Se congratula de la propuesta presentada por la Comisión en la Directiva «acogida» para conceder a los solicitantes un acceso simplificado al mercado de trabajo, pues su inserción en el mundo laboral es una condición indispensable para su integración en el Estado miembro de acogida y contribuye también al desarrollo de competencias que son útiles durante su estancia en el Estado miembro de acogida y, en la eventualidad de un regreso, en su país de origen;

34.

Considera que al determinar el Estado miembro responsable, el sistema de asilo facilitará la integración teniendo en cuenta, entre otros factores, los antecedentes sociales, culturales y lingüísticos, el reconocimiento de los estudios, las cualificaciones profesionales y las competencias del solicitante de asilo que corresponden a las necesidades económicas en el Estado miembro de acogida;

35.

Recomienda que no se haga ninguna diferencia entre los derechos garantizados a los refugiados y a los beneficiarios de una protección subsidiaria; hace hincapié, en particular, en la necesidad de mejorar el acceso de los beneficiarios de protección subsidiaria a los derechos sociales y económicos, pues ello resulta esencial para su integración;

36.

Considera que uno de los objetivos del sistema europeo común de asilo debe ser el establecimiento de mecanismos eficaces de solidaridad, a fin de mejorar la situación de los países que reciben la mayor afluencia de solicitantes de asilo y tienen problemas para asegurar unas condiciones adecuadas de acogida, examinar las solicitudes en los plazos y condiciones exigidos o integrar a los solicitantes de asilo que hayan obtenido la condición de refugiados;

37.

Considera que la solidaridad no debe limitarse a la concesión de recursos financieros y pide la aplicación efectiva de mecanismos de reasentamiento interno y realojamiento, de carácter voluntario, como prevé el Pacto Europeo sobre la Inmigración y el Asilo; estima que ello permitiría a los beneficiarios de protección internacional ser acogidos por un Estado miembro distinto de aquél que les concedió el beneficio de esa protección;

38.

Considera que se debería examinar la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva del 2001/55/CE (11) para permitir, en particular, la acogida de categorías específicas de personas necesitadas de protección internacional durante un periodo provisional, sin que se produzca, no obstante, una afluencia masiva;

39.

Propone la creación, bajo la égida de la futura oficina europea de apoyo al asilo, de equipos de expertos en materia de asilo que puedan ofrecer su ayuda a los Estados miembros en los que se produzcan fenómenos de afluencia masiva y repentina de solicitantes de asilo que no puedan gestionar;

40.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de establecer un mecanismo europeo de transferencia de la protección internacional, bajo el control de la futura oficina europea de apoyo al asilo, con el fin de permitir la circulación de los refugiados en Europa, a petición propia, y de este modo reducir la carga que soportan algunos Estados miembros;

41.

Se felicita de que la Comisión se proponga elaborar un estudio para examinar la manera de mejorar la solidaridad financiera en el seno de la Unión y espera con interés las propuestas que le formulará al respecto;

42.

Apoya los acuerdos sobre vigilancia de las fronteras celebrados entre las autoridades nacionales, el ACNUR y las ONG de la UE, así como la asignación de recursos a tal efecto con cargo al Fondo para las Fronteras Exteriores de la UE;

43.

Subraya que el futuro sistema europeo común de asilo debe ser plenamente acorde con los objetivos y las actividades de protección de los refugiados que se llevan a cabo mediante los instrumentos de cooperación con los países en desarrollo, tales como el Fondo Europeo de Desarrollo, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación y el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, así como los acuerdos y asociaciones entre la UE y los países en desarrollo (entre ellos, el Acuerdo de Cotonú y la Asociación Estratégica África-UE);

44.

Comparte la opinión de la Comisión de que el asilo es una parte integrante de la cooperación para el desarrollo con terceros países y no un mero instrumento de gestión de crisis; reitera su parecer de que la cooperación para el desarrollo, en particular de cara a la prevención de crisis, la vigilancia de los derechos humanos, la reconducción de conflictos y el restablecimiento de la paz, puede ser un instrumento de prevención de los desplazamientos; destaca, por consiguiente, que el sistema europeo común de asilo debe quedar estrechamente asociado a las políticas europeas humanitarias y para el desarrollo;

45.

Espera con impaciencia la evaluación de los programas regionales de protección prevista para 2009; subraya que el desarrollo de dichos programas debe ser plenamente coherente con los planes de acción nacionales y regionales, así como con el Programa Temático de Migración y Asilo del IDC y que, de forma más genérica, no deben servir para eximir de responsabilidad a los Estados miembros y a la UE; pide a la Comisión que coordine mejor las medidas aplicadas por sus diferentes servicios en este contexto, a fin de optimizar la sinergia entre ellos, y que le informe de los esfuerzos desplegados a tal efecto;

46.

Reconoce la importancia de reforzar la capacidad de acogida de los países de primer asilo y de establecer, a escala europea y en estrecha cooperación con el ACNUR un programa de reasentamiento en el que se definan los criterios comunes y los mecanismos de coordinación;

47.

Pide también que se proceda a una evaluación de la adecuación de los fondos disponibles para medidas relativas a los terceros países (por ejemplo, protección en una región), en particular, a la luz del dictamen del Parlamento según el cual estas medidas requieren fondos adicionales y no una reasignación de los fondos de desarrollo;

48.

Pide a la Comisión que fomente una mayor participación de los Estados miembros en los esfuerzos que se realizan en el mundo por promover el reasentamiento de refugiados;

49.

Toma nota con gran interés de la idea de prever «procedimientos de entrada protegida» y anima encarecidamente a la Comisión a examinar las modalidades concretas y las implicaciones prácticas de ese tipo de medidas;

50.

Espera con interés los resultados del estudio sobre el tratamiento común de las solicitudes de asilo en el exterior del territorio de la Unión Europea que se propone realizar la Comisión en 2009 y advierte contra toda tentativa de trasladar a terceros países o al ACNUR la carga de la acogida de los solicitantes de asilo y el tratamiento de sus solicitudes;

51.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros, a Frontex y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/16

A.

Considerando que, según el artículo 274 del Tratado CE, la Comisión ejecuta su presupuesto bajo su propia responsabilidad, sobre la base de los principios de la buena gestión financiera, en cooperación con los Estados miembros,

B.

Considerando que el principio de un control interno eficaz es uno de los principios presupuestarios que establece el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (Reglamento financiero) (4), tras su modificación por el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006, de 13 de diciembre de 2006 (5), tal como propuso la Comisión en el Plan de acción para un marco de control interno integrado («Plan de acción»),

C.

Considerando que el medio más eficaz para la Comisión de demostrar su verdadero compromiso en favor de la transparencia y de la buena gestión financiera es hacer todo lo posible por apoyar medidas encaminadas a fomentar la calidad de la gestión financiera, con vistas a obtener una declaración de fiabilidad positiva (DAS (6)) del Tribunal de Cuentas Europeo,

D.

Considerando que, en el apartado 5 de sus conclusiones, el Consejo Ecofin de 8 de noviembre de 2005 consideró de fundamental importancia la puesta en práctica de un control interno integrado, así como la claridad y la simplificación de la legislación aplicable a los controles, y solicitó que la Comisión evaluase «el coste de los controles por sector de gastos»,

E.

Considerando que, para apoyar el objetivo estratégico de recibir una DAS por parte del Tribunal de Cuentas, la Comisión adoptó en enero de 2006 el Plan de acción, basándose en las recomendaciones del Tribunal de Cuentas (7), en la Decisión del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2005, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003 (8) y en las conclusiones del Consejo Ecofin de 8 de noviembre de 2005,

F.

Considerando que el plan de acción aborda las «lagunas» existentes en las estructuras de control de la Comisión en aquel momento e identifica 16 ámbitos de acción para finales de 2007, teniendo en cuenta que la mejora de la gestión financiera en la Unión debe estar apoyada por una vigilancia más estrecha de los controles en el seno de la Comisión y de los Estados miembros,

G.

Considerando que en el apartado 2.29 del capítulo 2 (Sistema de control interno de la Comisión) de su Informe Anual relativo al ejercicio 2007, el Tribunal de Cuentas señala que «el informe de síntesis relativo a 2007 ofrece una valoración positiva de los progresos realizados hasta la fecha en la ejecución de las acciones, si bien indica que habrá que esperar un cierto tiempo hasta obtener pruebas de su eficacia en lo que se refiere a la reducción del nivel de error en las operaciones subyacentes»,

H.

Considerando que, de conformidad con la respuesta de la Comisión al apartado 2.30 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2007, «la ejecución de las acciones es un proceso continuo y se está llevando a cabo con determinación. El impacto de las acciones se producirá necesariamente después de su ejecución en 2006 y 2007. Se efectuará un primer informe de impacto a principios de 2009»,

1.

Celebra los progresos globales realizados en la ejecución del plan de acción y el hecho de que la mayor parte de las acciones se haya ejecutado y que una mayoría de las lagunas identificadas en el plan de acción se hayan cubierto;

2.

Hace hincapié en que un control interno integrado efectivo, tal y como plantea la Comisión en el Plan de acción, permitirá a la Comisión y a los Estados miembros adaptar mejor la ejecución del presupuesto de la UE a los objetivos políticos y a las prioridades del Parlamento;

3.

Lamenta la falta de claridad en el lenguaje y pide a la Comisión que indique en qué fase del proceso para lograr un marco de control interno integrado se encuentra, y cuándo espera que las medidas adoptadas repercutan visible y positivamente sobre la legalidad y la regularidad de las transacciones;

4.

Toma nota del Informe de impacto adoptado por la Comisión el 4 de febrero de 2009 (COM(2009)0043) y lo tendrá en cuenta en la resolución relativa a la aprobación de la gestión para el ejercicio 2007;

5.

Toma nota de los esfuerzos que ha hecho la Comisión, pero lamenta que, por el momento, ésta no haya podido presentar cifras globales y fiables sobre recuperaciones y correcciones financieras, debido a problemas de notificación por parte de los Estados miembros; pide a la Comisión que resuelva estos problemas, y espera que presente un calendario detallado para el desarrollo y la aplicación de un nuevo sistema de notificación;

6.

Señala que será el impacto de las acciones el que sirva de base para la evaluación del éxito del plan de acción a través de la disminución de los índices de error y la mejora de las evaluaciones de los sistemas de control confirmados por el Tribunal de Cuentas;

7.

Espera firmemente que esas mejoras tengan un verdadero impacto en el informe anual del Tribunal de Cuentas para 2008;

8.

Anima a la Comisión a que aumente la transparencia en su evaluación del impacto del plan de acción y a que supervise plenamente su aplicación;

9.

Lamenta que dos de las acciones más importantes para el Parlamento vayan con cierto retraso con respecto al calendario previsto;

10.

Lamenta sobre todo el hecho de que la acción 4 del plan de acción relativa al lanzamiento de una iniciativa interinstitucional sobre los principios básicos que deben considerarse en relación con los riesgos admisibles en las operaciones subyacentes no se haya aplicado todavía; está de acuerdo con las declaraciones del Tribunal de Cuentas en su Dictamen no 4/2006 (9), según las cuales, pese a tratarse de un concepto fundamental del marco de control interno, no existen indicaciones sobre cómo debe definirse el «grado admisible de riesgo»;

11.

Señala que en los apartados 2.9 y 2.10 de su Informe Anual para 2005 (10), el Tribunal de Cuentas ya subrayaba, en relación con el establecimiento de un marco de control interno integrado, que «uno de los objetivos más importantes aprobados por la Comisión es el representado por la proporcionalidad y la relación coste-eficacia de los controles»;

12.

Recuerda igualmente las conclusiones arriba mencionadas del Consejo Ecofin de 8 de noviembre de 2005, en las que se afirma que «el Consejo considera, de conformidad con el Dictamen no 2/2004 del Tribunal, que debería llegar a un entendimiento común con el Parlamento Europeo en relación con los riesgos que deben tolerarse en las operaciones correspondientes, habida cuenta de los costes y de los beneficios de los controles para las distintas áreas y el valor de los gastos de que se trata»;

13.

Señala que, en el apartado 2.42, letra c), de su Informe Anual para 2007, el Tribunal de Cuentas recomienda avanzar en la elaboración del concepto de riesgo admisible, y en el apartado 1.52, letra c), del capítulo 1 (Declaración de fiabilidad e información de apoyo) del mismo Informe afirma que «debido a la gran importancia del equilibrio entre los costes y el riesgo residual en cada ámbito de gasto este debería ser aprobado por las autoridades políticas (es decir, por las autoridades encargadas de la aprobación de la gestión o por las autoridades presupuestarias) en nombre de los ciudadanos de la Unión»;

14.

Insta a la Comisión a que adopte cuanto antes la comunicación anunciada sobre esta cuestión, con el fin de reiniciar el diálogo interinstitucional sobre los riesgos admisibles como ya lo solicitó el Parlamento en su resolución de 24 de abril de 2007, sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2005 (11), y su resolución de 22 de abril de 2008, sobre la aprobación de la gestión para el ejercicio 2006 (12); pide a la Comisión que divulgue íntegra y públicamente los métodos que se utilizan para determinar los índice de error;

15.

Considera, por lo tanto, que la Comisión, de acuerdo con los principios de proporcionalidad y rentabilidad económica de los sistemas de control, debería evaluar la relación entre, por una parte, los recursos disponibles para cada política particular, y, por la otra, la parte de los recursos dedicada a los sistemas de control desglosada por ámbito de gasto, tal como solicitó el Parlamento en la resolución relativa a la aprobación de la gestión para el ejercicio 2005;

16.

Recuerda a la Comisión la importancia de realizar un análisis comparativo que permitirá por sí mismo establecer un nivel admisible de riesgo de error, y de presentarlo al Parlamento, al Consejo y al Tribunal de Cuentas;

17.

Opina que la relación coste-beneficio que existe entre los recursos dedicados a controlar las actividades y los resultados obtenidos por los controles deben ser un elemento clave que el Tribunal de Cuentas ha de tomar en consideración;

18.

Subraya la importantísima observación formulada por el Tribunal de Cuentas en el apartado 1.52, letra d), de su Informe Anual para 2007 de que «cuando un régimen no pueda aplicarse satisfactoriamente con un nivel aceptable de coste y con un riesgo tolerable debería ser reconsiderado»;

19.

Pide a la Comisión, en relación con las acciones 10 y 10N, que aporte información fiable sobre los costes de los sistemas de control y sobre posibles instrumentos de simplificación, con el objetivo de lograr un mayor equilibrio entre la necesidad de controles y el propósito de reducción de cargas administrativas de los solicitantes y beneficiarios de fondos de la UE;

20.

Recuerda su propia opinión y la del Tribunal de Cuentas sobre las consecuencias negativas que tienen las normas poco claras o complicadas y los requisitos legales complejos, sobre la legalidad y la regularidad del gasto comunitario; considera necesario dar importancia a la cuestión de la simplificación en la próxima reforma del Reglamento financiero y en el futuro fundamento jurídico de los programas de gasto de la Unión Europea;

21.

Destaca que, en relación con la aplicación de las acciones 1, 3, 3N, 5, 10, 10bis, 11N, 13 y 15, la Comisión también depende de la cooperación con los Estados miembros; subraya su pleno apoyo a esas acciones e insta, por consiguiente, a la Comisión a que haga uso de todos los medios a su alcance para poderlas realizar plenamente lo antes posible;

22.

Recuerda que, en su mencionada Comunicación de 2008 (COM(2008)0110), la Comisión afirma que ha concluido la realización de las acciones 1, 3, 3N, 5, 8 y 13;

23.

Señala, no obstante, que hasta la fecha no ha tenido conocimiento de documentos de apoyo o declaraciones que justifiquen dicha afirmación; se ve obligado, por lo tanto, a cuestionarse seriamente que estas medidas hayan concluido y se hayan realizado o hayan tenido algún impacto sobre el progreso de la aplicación del plan de acción;

24.

Pide al Tribunal de Cuentas que aporte información más detallada sobre la cooperación con sus homólogos nacionales y que informe de los resultados positivos de esta cooperación cuando se produzcan;

25.

Acoge con satisfacción los resúmenes anuales de las auditorías y las declaraciones disponibles a escala nacional presentadas por vez primera el 15 de febrero de 2008, que constituyen pasos importantes hacia el objetivo de una mejora de la gestión de los fondos de la UE; lamenta, no obstante, la falta de transparencia relativa a esos resúmenes anuales, que la Comisión no ha enviado al Parlamento;

26.

Acoge con satisfacción la disposición vigente desde 2008 de resúmenes anuales y la evaluación y las declaraciones previstas en los informes anuales de actividad para 2006 y 2007 de las direcciones generales que tratan con los Fondos Estructurales, pero no puede dar por concluidas las acciones 5 y 13 debido a la falta de información al Parlamento;

27.

Lamenta que, hasta la fecha, el Parlamento no haya recibido información completa de la Comisión relativa a la evaluación y el análisis comparativo de los primeros resúmenes anuales presentados;

28.

Señala, además, que, en su Informe Anual para 2007, el Tribunal de Cuentas afirma que, debido a las disparidades observadas en su presentación, los resúmenes anuales no ofrecen todavía una evaluación fiable del funcionamiento y la eficacia del sistema;

29.

Lamenta el hecho de que, pese a los esfuerzos considerables realizados por la Comisión, según el Tribunal de Cuentas, la Comisión no haya podido presentar cifras completas ni demostrar que las cifras presentadas sean claramente conciliables con las fichas financieras publicadas;

30.

Anima a la Comisión a completar la aplicación de esta acción tan importante con vistas a obtener un nivel mayor de cumplimiento de los requisitos de información y que mejore la exactitud de los datos facilitados por los Estados miembros;

31.

Señala que, pese a no formar parte del marco interno de control, las instituciones superiores de auditoría, en su calidad de auditorías externas del gasto público nacional, podrían desempeñar un papel clave en la auditoría de los fondos públicos;

32.

Apoya plenamente la cooperación iniciada por la Comisión con algunas instituciones superiores de auditoría y la anima a continuar los contactos con dichas instituciones con el fin de determinar la manera en que su trabajo pueda utilizarse para aumentar la garantía en lo que respecta a la ejecución de los programas en los Estados miembros;

33.

Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de desarrollar un enfoque estructural para apoyar los contactos con las instituciones superiores de auditoría nacionales y anima, además, a la Comisión a que complete la realización de esta acción en estrecha colaboración con el Tribunal de Cuentas;

34.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/21

A.

Considerando que el Reglamento (CE) no 1206/2001 no se ha aplicado con la eficacia que cabía esperar, por lo que ha sido necesario tomar otras medidas para mejorar la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros con vistas a mejorar la obtención de pruebas y aumentar la eficacia del Reglamento,

B.

Considerando que el Reglamento (CE) no 1206/2001 tiene por objeto mejorar, simplificar y agilizar la cooperación entre los órganos jurisdiccionales en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil,

C.

Considerando que, si bien la Comisión dispuso la distribución a los Estados miembros de un total de 50 000 ejemplares de la guía práctica a finales de 2006 y principios de 2007, ello se hizo demasiado tarde, por lo que hay que tomar más medidas para informar mejor sobre el Reglamento a las personas que tengan algún papel en los procedimientos judiciales, en particular a los órganos jurisdiccionales y profesionales del Derecho,

D.

Considerando que, no obstante, la Comisión opina que «son muchos los casos » en los que se rebasa el plazo límite de 90 días para dar respuesta a la solicitud de obtención de pruebas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento, y que, «en ocasiones la solicitud ha tardado en ejecutarse más de 6 meses»,

E.

Considerando que solamente unos pocos Estados miembros disponen ya de instalaciones para videoconferencia, por lo que se recurre en escasa medida a esta tecnología, y que ni los Estados miembros fomentan suficientemente las modernas tecnologías de comunicación, ni la Comisión hace propuestas concretas para mejorar esta situación,

1.

Censura la demora en la presentación del mencionado informe de la Comisión, que, según el artículo 23 del Reglamento (CE) no 1206/2001, debería haberse producido antes del 1 de enero de 2007, pero no tuvo lugar hasta el 5 de diciembre de 2007;

2.

Coincide con la Comisión en que es necesario que los Estados miembros realicen mayores esfuerzos para dar al Reglamento suficiente difusión entre jueces y profesionales del Derecho en los Estados miembros, con objeto de fomentar la comunicación directa entre los órganos jurisdiccionales, habida cuenta de que la obtención directa de pruebas, prevista en el artículo 17 del Reglamento, ha demostrado su potencial y simplifica y agiliza la obtención de pruebas sin plantear especiales problemas;

3.

Considera esencial que se tenga en cuenta que los organismos centrales previstos en el Reglamento desempeñan aún un papel importante en la verificación de la labor de los órganos jurisdiccionales responsables de tratar las solicitudes en el ámbito del Reglamento y en la resolución de problemas cuando se plantean; destaca que la Red Judicial Europea puede contribuir a solucionar problemas que no hayan resuelto los organismos centrales y que el recurso a dichos organismos podría disminuir si los órganos jurisdiccionales solicitantes conocieran mejor el Reglamento; opina que la ayuda proporcionada por los organismos centrales podría resultar esencial para los pequeños órganos jurisdiccionales locales, enfrentados por primera vez a un problema relativo a la obtención de pruebas en un contexto transfronterizo;

4.

Propugna un uso generalizado de las tecnologías de la información y de la videoconferencia, junto con un sistema seguro de envío y recepción de correos electrónicos que, a su debido tiempo, debiera ser el medio normal de transmisión de solicitudes de obtención de pruebas; observa que, en sus respuestas al cuestionario establecido por el Convenio de La Haya, algunos Estados miembros mencionan problemas relacionados con la compatibilidad de conexiones de vídeo, y considera que esta cuestión debe ser debatida en el marco de la estrategia europea de e-Justicia (Justicia en línea);

5.

Considera que el hecho de que en muchos Estados miembros no se disponga aún de equipos de videoconferencia y la constatación de la Comisión de que los modernos medios de comunicación «aún se utilizan con escasa frecuencia», confirma lo oportuno de los proyectos relativos a la estrategia europea en materia de e-Justicia, recomendados recientemente por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo; insta a los Estados miembros a destinar más recursos a la instalación de equipos modernos de comunicación en los órganos jurisdiccionales y a cursos de formación para que los jueces los utilicen, y pide a la Comisión que presente propuestas concretas para mejorar esta situación; considera que hay que garantizar apoyo y asistencia financiera de la Unión Europea lo antes posible y a un nivel adecuado;

6.

Opina que deben realizarse esfuerzos en el contexto de la estrategia en materia de e-Justicia para ayudar a los órganos jurisdiccionales a satisfacer las demandas relativas a la traducción e interpretación que plantea la obtención de pruebas transfronterizas en una Unión Europea ampliada;

7.

Observa con notable preocupación la conclusión de la Comisión en el sentido de que el plazo de 90 días previsto en el artículo 10, apartado 1, del Reglamento para las solicitudes de obtención de pruebas no se respeta en un gran número de casos y que «en ocasiones la solicitud ha tardado en ejecutarse más de 6 meses»; pide a la Comisión que presente lo antes posible propuestas concretas para resolver este problema, tomando en consideración, entre otras posibilidades, la de establecer un órgano de reclamación o un interlocutor en la Red Judicial Europea;

8.

Critica que el informe de la Comisión ofrezca una imagen falsa de la situación, al llegar a la conclusión de que, mediante el Reglamento (CE) no 1206/2001, ha mejorado en todos los aspectos la obtención de pruebas; pide, por consiguiente, a la Comisión que redoble sus esfuerzos por ofrecer apoyo concreto, entre otros en el contexto de la estrategia en materia de e-Justicia, a fin de desplegar todo el potencial que tiene el Reglamento para mejorar el funcionamiento de la justicia civil en beneficio de los ciudadanos, las empresas, los profesionales del Derecho y la judicatura;

9.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/23

A.

Considerando que el Parlamento ha declarado en varias ocasiones que la legislación de la UE sólo tiene sentido si se cumple en los Estados miembros y que, por ello, el control de la transposición y aplicación por los Estados miembros se ha de reforzar; que el Parlamento ha propuesto que el ponente responsable, al cabo del plazo de transposición, informe al Parlamento sobre el estado de cosas,

B.

Considerando que la Directiva 2006/43/CE («la Directiva») fue aprobada por el Parlamento y el Consejo el 17 de mayo de 2006 y que el plazo de transposición por los Estados miembros venció el 29 de junio de 2008, por lo que se ha de averiguar si la transposición se ha efectuado debidamente,

C.

Considerando que el marcador publicado por la Comisión, aunque indica los artículos transpuestos y los ordenamientos jurídicos nacionales a los que se han transpuesto, no proporciona ninguna información sobre las modalidades de la transposición ni tampoco si la normativa nacional cumple el estándar mínimo de la Directiva,

D.

Considerando que el objetivo de la Directiva es, en primer lugar, optimizar la calidad de las auditorías de las cuentas anuales en el conjunto de la UE y aumentar así la confianza en estos informes a favor de la situación en los mercados financieros, y, en segundo lugar, establecer unas condiciones de competencia equitativas para el sector de la contabilidad en el mercado interior,

E.

Considerando que la aplicación de la Directiva en los Estados miembros debe comprobarse a la luz de este doble objetivo,

1.

Toma nota de que la Directiva se adoptó como respuesta a la crisis que fue la consecuencia de la quiebra de Enron; subraya que la actual crisis financiera pone de relieve la importancia de las prácticas de contabilidad y auditoria de calidad; lamenta el hecho de que sólo 12 Estados miembros hayan transpuesto íntegramente la Directiva; insta a la Comisión a que garantice su transposición y aplicación inmediatas;

2.

Constata con preocupación que la transposición de las nociones cruciales de «entidad de interés público» (6) (EIP) y de «red» (7) está llevando a interpretaciones diferentes entre los Estados miembros; subraya a este respecto que la Directiva crea varias obligaciones de considerable alcance para toda empresa considerada como EIP, así como para el contable que audita a la empresa en cuestión; observa, además, que la Directiva también introduce diversas obligaciones adicionales para las sociedades de auditoría a las que se aplica la definición de «red»; constata que se ha de examinar más detenidamente el impacto de la definición de «red» y la falta de claridad jurídica en cuanto a la responsabilidad de las empresas por los actos de otras empresas pertenecientes a la misma red; teme en general que una variedad de definiciones genere inseguridad jurídica y elevados costes para cumplir las obligaciones y que, en definitiva, afecte negativamente al logro del objetivo de la Directiva; hace, por lo tanto, un llamamiento a la Comisión para que proceda a una revisión exhaustiva de la transposición de las definiciones y los efectos notables de su introducción, y que propugne la claridad por lo que se refiere a las prioridades políticas de la UE a largo plazo en este ámbito y a las modalidades más eficaces para lograr dichos objetivos, en cooperación con los Estados miembros;

3.

Observa que muchos Estados miembros todavía no han aplicado el artículo 41 de la Directiva, conforme a la cual los Estados miembros deben obligar a las EIP a que creen un comité de auditoría o un órgano comparable; opina que este requisito es un medio importante para garantizar la independencia de los controles legales de las cuentas anuales de las EIP;

4.

Subraya que las recientes experiencias muestran la necesidad de una interacción frecuente y de alta calidad en los órganos de auditoría y entre los administradores, los órganos de dirección y auditores independientes, y que los administradores no ejecutivos deberían considerar la cuidadosamente la posibilidad de celebrar reuniones sin la presencia de miembros del comité ejecutivo;

5.

Concluye que ciertos Estados miembros han cumplido el requisito de la Directiva de la rotación de auditores en un plazo máximo de siete años mediante un período muy corto de rotación de tan sólo dos o tres años; duda de que tales períodos cortos de rotación aumenten la calidad y continuidad de las auditorías legales de las EIP y señala que obstaculizan la debida comprensión de la entidad auditada por parte de los auditores y de las sociedades de auditoría;

6.

Lamenta que no todos los Estados miembros hayan introducido el sistema de supervisión pública requerido por la Directiva; observa, además, que, entre los Estados miembros en que se han introducido formas de supervisión pública, hay considerables diferencias; observa que la supervisión pública conforme a la Directiva debe organizarse de tal manera que se eviten los conflictos de intereses; se pregunta, en este contexto, si los supervisores directamente relacionados con los Gobiernos nacionales cumplen este requisito;

7.

Considera muy importante que la cooperación requerida conforme a la Directiva entre las autoridades públicas de supervisión se materialice, puesto que la cooperación intensiva entre autoridades de supervisión estimula la convergencia entre los Estados miembros y puede evitar cargas administrativas adicionales resultantes de los diversos procedimientos y requisitos nacionales;

8.

Subraya que las filiales están sujetas a auditorías legales; recomienda que la legislación nacional exija que las empresas matrices de esas filiales estén sujetas a auditorías legales realizadas por auditores aprobados de conformidad con la Directiva;

9.

Considera que se acusa una significativa falta de claridad en relación con la aplicación del artículo 47 de la Directiva, que se refiere a los documentos de trabajo de auditoría; destaca que, si bien los Estados miembros pueden autorizar la transferencia a las autoridades competentes de un tercer país de documentos de trabajo de auditoría que obren en poder de los auditores o sociedades auditoras autorizadas por ellos, hay aspectos legales y aspectos que atañen a la protección de datos que necesitan ser aclarados para garantizar que la información que los auditores de la UE reciben de sus clientes se maneje con confidencialidad y no se divulgue en terceros países en que estas empresas estén registradas o donde la empresa matriz tenga su sede;

10.

Invita a la Comisión a que evalúe cuidadosamente toda legislación nacional destinada a transponer la Directiva, a que aborde con decisión los problemas mencionados en los apartados 1 a 9 y a que informe al Parlamento sobre el particular en un plazo de dos años; duda de que el método elegido de armonización mínima sea realmente la manera correcta de conseguir los objetivos de esta y otras directivas sobre el mercado interior, puesto que las muchas derogaciones permitidas por la Directiva llevarán a una fragmentación suplementaria del mercado de la auditoría; pide a la Comisión que haga uso de conceptos claros en el marco de la armonización;

11.

Señala que todo retraso injustificado en la aprobación de normas internacionales de auditoría (NIA) podría surtir un efecto nocivo en el entorno reglamentario, dando lugar a más fragmentación, lo cual es contrario al objetivo general de la Directiva; pide a la Comisión, por lo tanto, que evite todo retraso innecesario en la adopción de NIA y ponga en marcha una amplia consulta pública sobre su adopción;

12.

Considera que la supervisión y la verificación cuidadosas de la aplicación correcta y oportuna de la legislación de la UE es un medio esencial de lograr una mejor aplicación de la normativa de la UE y de evitar prácticas de sobrerregulación que pueden darse sobre la base, por ejemplo, del artículo 40 de la Directiva, que establece una lista no exhaustiva de requisitos para la información de transparencia;

13.

Apoya la orientación de la Comisión y su estrecha colaboración con los Estados miembros, con el fin de asegurar una transposición correcta y oportuna, por ejemplo haciendo uso de talleres de transposición como foros para establecer un consenso sobre la aplicación de las disposiciones particulares de la legislación comunitaria; apoya el uso de tablas de correlación en el proceso de aplicación como medio para realizar una convergencia máxima; opina, sin embargo, que aún hay que hacer más para proporcionar una orientación clara a los Estados miembros en el curso de la aplicación y para dirigir a los Estados miembros hacia una aplicación inequívoca de la legislación comunitaria;

14.

Destaca enérgicamente que cualquier medida quasi legislativa en el ámbito de la Directiva sólo puede adoptarse aplicando el procedimiento de reglamentación con control, acompañada, en su caso, de una evaluación de su impacto;

15.

Acoge con satisfacción la Recomendación 2008/362/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2008, relativa al control de calidad externo de los auditores legales y las sociedades de auditoría que verifican las cuentas de las entidades de interés público (8); comparte la opinión establecida de que es importante disponer de estudios exteriores independientes de control de calidad conforme al objetivo de la Directiva de aumentar la calidad de las auditorías y la credibilidad de la información financiera publicada; aprueba, por otra parte, la opinión establecida de que la independencia e imparcialidad totales de las inspecciones y de los inspectores son primordiales;

16.

Exhorta a la Comisión a que promueva, en estrecha colaboración con los Estados miembros, estructuras nacionales de garantía de la calidad destinadas a asegurar una garantía externa e independiente de la calidad de las sociedades de auditoría; subraya que, a este respecto, la autoridad legislativa europea debe atenerse al marco de disposiciones generales de la Directiva y la Recomendación y que se debe dejar que el propio sector profesional desarrolle estas normas;

17.

Toma nota de la Decisión 2008/627/CE de la Comisión, de 29 de julio de 2008, por la que se establece un período transitorio para las actividades de los auditores y las sociedades de auditoría de algunos países terceros (9); pide a la Comisión que comunique al Parlamento su seguimiento de la cuestión del registro de auditores de terceros países;

18.

Constata que las divergencias entre los regímenes de responsabilidad de los Estados miembros puede conducir a arbitrajes reglamentarios y perjudicar al mercado interior, pero es consciente de que esto no afecta en la misma medida a todas las empresas de auditoría dependiendo de su dimensión y la de las empresas con las que tratan; subraya que las reclamaciones de responsabilidad proceden con frecuencia de países terceros, en los que este tipo de litigios están motivados básicamente por las disposiciones relativas a los honorarios por imprevistos; se muestra reticente a acoger esta cultura de litigios en la Unión Europea y pide una resolución más fundamental ante los efectos perversos de estas prácticas movidas por los honorarios;

19.

Toma nota de la Recomendación 2008/473/CE de la Comisión, de 5 de junio de 2008, sobre la limitación de la responsabilidad civil de los auditores legales y las sociedades de auditoría (10), que pide a los Estados miembros que limiten la responsabilidad de los auditores, dentro del respeto de su propia legislación y de sus circunstancias nacionales; constata también el objetivo de la Recomendación de reforzar la igualdad de condiciones de competencia para las empresas y las sociedades de auditoría a través de una mayor convergencia entre los Estados miembros en este campo; destaca que el objetivo de limitar la responsabilidad de los auditores y de las sociedades de auditoría, propuesta en la Recomendación de la Comisión, no ha de violar los principios legales que rigen la responsabilidad civil en determinados Estados miembros, como el derecho a indemnización para las víctimas; subraya que, en el contexto de la actual crisis económica y financiera, la Recomendación no debería cuestionar la calidad de la auditoría legal ni la confianza depositada en la función de las auditorías legales; pide a la Comisión que informe al Parlamento, a más tardar en 2010, sobre el impacto y el seguimiento de la Recomendación, especialmente si, de conformidad con el objetivo de la Directiva, la Recomendación está llevando a una mayor convergencia entre los Estados miembros, y hasta qué punto se ha logrado dicho objetivo; destaca que, en caso de que resulten necesarias nuevas medidas, la Comisión ha de efectuar un estudio de impacto a fin de evaluar los posibles efectos de la limitación de la responsabilidad civil de los auditores y de las sociedades de auditoría en la calidad de las auditorías, la seguridad financiera y la concentración en el mercado de las auditorías;

20.

Manifiesta su satisfacción por la consulta iniciada por la Comisión e relación con los derechos de propiedad en las empresas de auditoría y aguarda con interés el parecer de las partes interesadas;

21.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/27

A.

Considerando que las desigualdades en las posibilidades de empleo y en las oportunidades entre mujeres y hombres se dan de forma acusada y persistente en las artes del espectáculo,

B.

Considerando que es preciso analizar con seriedad los mecanismos que provocan estas desigualdades entre hombres y mujeres,

C.

Considerando que el principio de igualdad entre hombres y mujeres debe aplicarse al conjunto de actores del sector de las artes del espectáculo, en todas las disciplinas, todos los tipos de estructuras (producción, difusión y enseñanza) y todos los sectores de actividad (artística, técnica y administrativa),

D.

Considerando que los hombres y las mujeres no ejercen en las mismas proporciones los distintos oficios de las artes del espectáculo y que a esta primera forma de desigualdad se añaden la disparidad de las condiciones de trabajo y de empleo y la de los ingresos,

E.

Considerando que cabe constatar, en distintas medidas, las desigualdades de acceso a las funciones decisorias, a los medios de producción y a las redes de difusión, en todas las disciplinas de las artes del espectáculo,

F.

Considerando que, para alcanzar el objetivo igualitario en los oficios de las artes del espectáculo, ha de instaurarse sistemáticamente el equilibrio entre los géneros,

G.

Considerando que el talento no explica por sí solo la calidad artística de una realización o el éxito de una trayectoria profesional y que una mayor atención a la representación equilibrada de hombres y mujeres en los oficios de las artes del espectáculo contribuirá a dar un nuevo dinamismo al conjunto del sector,

H.

Considerando, por tanto, que es preciso modificar las situaciones existentes de segregación que siguen persistiendo en las artes del espectáculo, no sólo mediante la modernización y la democratización del sector, sino igualmente mediante el establecimiento de objetivos igualitarios realistas que promuevan la justicia social,

I.

Considerando que las desigualdades constatadas dejan desaprovechados talentos y competencias y son perjudiciales para la dinámica artística, la proyección y el desarrollo económico de este sector de actividad,

J.

Considerando que los prejuicios persistentes dan lugar, con harta frecuencia, a conductas discriminatorias para con las mujeres en los procesos de selección y nombramiento así como en las relaciones laborales, y que las mujeres, a pesar de un nivel superior de formación, interés en el perfeccionamiento profesional y mejores interconexiones, perciben con frecuencia una retribución inferior a la de los hombres,

K.

Considerando que, en este sector de actividad, los obstáculos a la igualdad entre mujeres y hombres son particularmente tenaces y justifican la adopción de una iniciativa específica en pro de la reducción de las desigualdades constatadas, teniendo en cuenta igualmente el efecto de palanca que ello puede tener para la sociedad en su conjunto,

L.

Considerando que existen grandes lagunas en la protección social de los artistas de ambos sexos, pero que, sobre todo en el caso de las mujeres, ello da lugar a una situación desfavorable en materia de retribución,

1.

Subraya el alcance y la persistencia de las desigualdades entre hombres y mujeres en las artes del espectáculo y la incidencia que el modo de organización no igualitario de este sector puede tener en el conjunto de la sociedad, habida cuenta de la particular naturaleza de sus actividades;

2.

Insiste en la necesidad absoluta de fomentar y alentar el acceso de las mujeres a todas las profesiones artísticas donde su presencia aún es minoritaria;

3.

Recuerda que la proporción de mujeres que trabajan en profesiones artísticas y en el sector cultural oficial es muy reducida y que las mujeres están infrarrepresentadas en puestos de responsabilidad de las instituciones culturales así como de las academias y universidades;

4.

Reconoce la necesidad de emprender una iniciativa específica para este sector de actividad para explicar los mecanismos y comportamientos que provocan estas desigualdades;

5.

Recuerda que únicamente el equilibrio entre los géneros transforma los comportamientos en relación a una complementariedad de puntos de vista, de sensibilidades, de métodos y de intereses;

6.

Insiste en la necesidad de fomentar el acceso de las mujeres a todas las profesiones artísticas y todos los oficios del espectáculo donde su presencia es minoritaria, y alienta a los Estados miembros a que supriman cualquier traba al acceso de las mujeres a la dirección de las instituciones culturales así como de las academias y universidades;

7.

Subraya que la discriminación de las mujeres es perjudicial para el desarrollo del sector cultural al privarlo de talentos y competencias y señala que los talentos necesitan encontrarse con el público para ser reconocidos;

8.

Solicita la instauración de medidas tendentes a mejorar la presencia de las mujeres en la dirección de instituciones, en particular fomentando la igualdad en las empresas y establecimientos culturales y en las organizaciones profesionales;

9.

Pide a los actores del ámbito cultural que mejoren la presencia de las creadoras y de sus obras en las programaciones, las colecciones, las ediciones o las consultas;

10.

Observa que los avances logrados en materia de igualdad entre mujeres y hombres permitirán la instauración progresiva del equilibrio entre los géneros en los equipos de trabajo, las programaciones y las reuniones profesionales, que en la actualidad se rigen a menudo por un sistema de separación de sexos poco compatible con las exigencias de nuestra sociedad;

11.

Subraya la importancia de que se garantice, siempre que sea posible, el anonimato de las candidaturas e insiste en la necesidad de mantener la costumbre de la audición tras un biombo para la contratación de los músicos de orquesta, gracias a la cual las mujeres han podido integrarse en estos conjuntos;

12.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prevean inmediatamente una primera etapa realista en la lucha contra las desigualdades en las artes del espectáculo, consistente en asegurar la presencia de al menos un tercio de personas del sexo minoritario en todas las ramas del sector;

13.

Alienta a los Estados miembros a que:

14.

Recuerda a las instituciones culturales la necesidad absoluta de llevar a la práctica la noción democrática según la cual a un mismo trabajo para un hombre y una mujer debe corresponder un salario igualmente idéntico, noción que no siempre se aplica en el ámbito artístico, al igual que en numerosos otros sectores;

15.

Alienta, por último, a los Estados miembros a que lleven a cabo análisis comparativos de la situación real en los distintos países de la Unión para facilitar la concepción y aplicación de políticas comunes, elaborar estadísticas y hacer que los progresos realizados resulten comparables y mensurables;

16.

Insta a los Estados miembros a mejorar la situación social de los que trabajan en el sector de las artes y de la cultura, teniendo en cuenta, en este contexto, las diferencias existentes en las relaciones laborales, y a garantizar una mejor protección social;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Parlamentos de los Estados miembros.

1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/30

A.

Considerando que los juegos de azar en línea, que generaron unos ingresos brutos del orden de entre dos y tres mil millones de euros en 2004, representan en este momento cerca de un 5 % del total del mercado de juegos de azar de la UE, como se recoge en el estudio realizado por el ISDC previamente mencionado, y que parece inevitable que experimenten un crecimiento rápido,

B.

Considerando que los ingresos generados por los juegos de azar organizados por los gobiernos y autorizados por éstos son, con diferencia, la fuente de ingresos más importante de las organizaciones deportivas en numerosos Estados miembros,

C.

Considerando que los juegos de azar, incluidos los juegos de azar en línea, han sido tradicionalmente regulados en todos los Estados miembros sobre la base del principio de subsidiariedad, con objeto de proteger a los consumidores contra la adicción y el fraude y evitar el blanqueo de capitales y otros delitos financieros, así como los juegos amañados, y mantener el orden público; que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas acepta restricciones a la libertad de establecimiento y a la libertad de prestación de servicios en virtud de tales objetivos de interés general, cuando esas restricciones son proporcionadas y no discriminatorias,

D.

Considerando que la totalidad de los Estados miembros han establecido una diferenciación entre estas restricciones según el tipo de servicios de juegos de azar al que se refieran, como juegos de casino, apuestas deportivas, loterías o apuestas sobre carreras de caballos; que la mayoría de los Estados miembros prohíben la explotación (también por parte de operadores locales) de los juegos de casino en línea y que un número significativo prohíben, asimismo, la explotación de las apuestas deportivas en línea y de las loterías en línea,

E.

Considerando que los juegos de azar fueron excluidos del ámbito de aplicación de las Directivas 2006/123/CE, 2007/65/CE y 2000/31/CE y que el Parlamento expresó su preocupación por la posible liberalización de los juegos de azar en su mencionada Resolución sobre el Libro Blanco sobre el deporte,

F.

Considerando que los Estados miembros han regulado sus mercados tradicionales de los juegos de azar para proteger a los consumidores contra la adición, el fraude, el blanqueo de capitales y el amaño de los resultados de las competiciones deportivas; que estos objetivos políticos son más difíciles de alcanzar en el sector de los juegos de azar en línea,

G.

Considerando que la Comisión ha iniciado procedimientos de infracción contra diez Estados miembros para verificar si las medidas nacionales que limitan la prestación transfronteriza de juegos de azar en línea, en particular las apuestas deportivas, son compatibles con el Derecho comunitario; que, tal y como ha puesto de relieve la Comisión, estos procedimientos no tienen repercusiones sobre la existencia de monopolios o de loterías nacionales, ni sobre la liberalización de los mercados de los juegos de azar en general,

H.

Considerando que se están remitiendo al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas cada vez más cuestiones preliminares relacionadas con asuntos relativos a juegos de azar, lo que demuestra claramente la ausencia de claridad sobre cómo interpretar y aplicar el Derecho comunitario en materia de juegos de azar,

I.

Considerando que la integridad, en el contexto de la presente Resolución sobre los juegos de azar en línea, no solo implica un compromiso con la prevención del fraude y del delito, sino también de la adición al juego y del acceso de los menores al juego de azar, velando por la observancia de las disposiciones en materia de protección del consumidor y Derecho penal y protegiendo las competiciones deportivas contra toda influencia indebida relacionada con las apuestas deportivas,

J.

Considerando que los juegos de azar en línea combinan muchos factores de riesgo relativos a la problemática del juego, por ejemplo, entre otros, la facilidad para acceder a ellos, la disponibilidad de una gran variedad de juegos y las menores restricciones sociales (7),

K.

Considerando que las actividades relacionadas con las apuestas deportivas y otros juegos de azar en línea se han desarrollado rápida y descontroladamente (en particular a nivel transfronterizo a través de Internet) y que la amenaza omnipresente de amaño de las competiciones deportivas y el fenómeno de las apuestas sobre aspectos concretos de las competiciones deportivas hacen que el deporte sea particularmente vulnerable a actividades ilegales en materia de apuestas,

1.

Destaca que, de conformidad con el principio de subsidiariedad y la jurisprudencia del Tribual de Justicia de las Comunidades Europeas, los Estados miembros tienen el interés y el derecho de regular y supervisar los mercados de juegos de azar, con arreglo a sus respectivas tradiciones y culturas, con el fin de proteger a los consumidores contra la adicción, el fraude, el blanqueo de capitales y los juegos amañados en el deporte, así como las estructuras socioculturales que financian actividades deportivas y sociales en los Estados miembros; destaca que todas las otras partes implicadas también están interesadas en la existencia de un mercado de juegos de azar bien supervisado y regulado; destaca que los operadores de juegos de azar en línea deben cumplir con la legislación del Estado miembro en el que ofrecen sus servicios y en el que reside el consumidor;

2.

Hace hincapié en que los servicios de juegos de azar deben considerarse una actividad económica de naturaleza muy especial debido a los aspectos sociales, de orden público y de salud asociados a éstos, para los que la competencia no conllevará una mejor asignación de recursos, razón por la que los juegos de azar exigen un enfoque basado en distintos pilares; subraya que un enfoque basado meramente en el mercado interior no resulta adecuado en este ámbito tan sensible y solicita a la Comisión que preste una atención especial a los puntos de vista del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación con este asunto;

3.

Expresa su apoyo a los trabajos iniciados bajo la Presidencia francesa del Consejo para abordar las cuestiones relativas a los juegos de azar en línea y las apuestas tradicionales; pide al Consejo que siga manteniendo debates formales sobre una posible solución política a la definición y tratamiento de los problemas derivados de los juegos de azar en línea y pide a la Comisión que apoye esos trabajos, realice estudios y formule las propuestas que el Consejo considere apropiadas para la consecución de objetivos comunes en el ámbito de los juegos de azar en línea;

4.

Pide a los Estados miembros que cooperen estrechamente con el fin de resolver los problemas sociales y de orden público derivados de los juegos de azar en línea con carácter transfronterizo, como la adicción al juego o el uso fraudulento de datos personales o tarjetas de crédito; pide a las instituciones de la UE que cooperen estrechamente con los Estados miembros en la lucha contra todos los servicios ilegales o no autorizados de juegos de azar ofrecidos en línea para proteger a los consumidores y evitar el fraude; destaca la necesidad de una posición común sobre la manera de conseguirlo;

5.

Destaca que las entidades reguladoras y los operadores deberían cooperar con otras partes implicadas que intervienen en el ámbito de los juegos de azar en línea, por ejemplo, los operadores de juegos de azar, los reguladores, las organizaciones de consumidores, las organizaciones deportivas, las asociaciones industriales y los medios de comunicación, que comparten la responsabilidad conjunta de garantizar la integridad de los juegos de azar en línea y de informar a los consumidores acerca de las posibles consecuencias negativas de este tipo de juegos;

6.

Toma nota de que actividades delictivas como el blanqueo de capitales y la economía sumergida pueden asociarse a las actividades relacionadas con los juegos de azar y de que afectan la integridad de las competiciones deportivas; considera que la amenaza sobre la integridad del deporte y de las competiciones deportivas repercute de manera importante en la participación de los aficionados, un factor capital en relación con la salud pública y la integración social; expresa su parecer de que si el deporte se percibe como un instrumento de manipulación para que jugadores, federativos y terceros consigan beneficios económicos en vez de realizarse de conformidad con sus valores, normas y para el disfrute de los aficionados, ello podría desembocar en la pérdida de confianza pública en el deporte;

7.

Opina que el crecimiento de los juegos de azar en línea proporciona mayores oportunidades de prácticas delictivas como el fraude, el amaño de juegos, organizaciones ilícitas de apuestas y blanqueo de capitales, ya que los juegos en línea se pueden establecer y desmantelar muy rápidamente y, por ello, los operadores proliferan en el extranjero; pide a la Comisión, a Europol y a las demás instituciones nacionales e internacionales que supervisen estrechamente ese sector y que informen sobre sus hallazgos en ese ámbito;

8.

Considera que la protección de la integridad de los eventos y competiciones deportivas requiere la cooperación entre los dueños de los derechos deportivos, los operadores de apuestas en línea y las autoridades públicas a escala nacional, de la UE e internacional;

9.

Pide a los Estados miembros que velen por que los organizadores de las competiciones deportivas, los operadores de apuestas y los reguladores cooperen en relación con las medidas de lucha contra los riesgos derivados de las apuestas ilegales y el amaño de los resultados en el deporte, así como que examinen el establecimiento de un marco regulador viable, justo y sostenible para financiar las medidas de protección de la integridad del deporte;

10.

Hace hincapié en que las apuestas deportivas son una forma de explotación comercial de las competiciones deportivas y recomienda que los Estados miembros protejan a las competiciones deportivas contra toda explotación comercial no autorizada, en particular mediante el reconocimiento de un derecho al organizador deportivo, y que velen por una redistribución financiera justa en beneficio de todos los niveles de deporte profesional y aficionado; pide a la Comisión que examine si sería posible otorgar a los organizadores deportivos un derecho de propiedad intelectual (alguna forma de derecho de imagen (8)) sobre sus competiciones;

11.

Considera que la oportunidad omnipresente virtual que ofrece Internet para apostar en línea en privado, con resultados inmediatos y la posibilidad de jugar grandes cantidades de dinero, generan un potencial creciente de adicción al juego; toma nota, sin embargo, de que no se conoce aún exactamente, por lo que conviene explorarlo a fondo, el pleno impacto en los consumidores de las formas específicas de los servicios de juegos de azar ofrecidos en línea;

12.

Llama la atención sobre la preocupación creciente en relación con la posibilidad de que los jóvenes tengan la posibilidad de acceder a los juegos de azar en línea, tanto legal como ilegalmente, y subraya la necesidad de introducir unos controles de edad más eficaces y de impedir que los jugadores menores de edad puedan participar en juegos de demostración gratuita en sitios web;

13.

Subraya que los jóvenes, en particular, pueden tener problemas para diferenciar conceptos como «suerte», «destino», «azar» y «probabilidad»; insta a los Estados miembros a que estudien los factores de riesgo que pudieran aumentar las posibilidades de que una persona (joven) pueda desarrollar un problema relacionado con el juego y a encontrar las herramientas para abordar esos factores;

14.

Muestra su preocupación por la creciente interacción entre televisión, teléfonos móviles y sitios de Internet en la oferta remota o en línea de juegos de azar, en particular los destinados a los menores; considera que esa evolución planteará nuevos retos en materia de regulación y protección social;

15.

Opina que es posible que los juegos de azar en línea puedan exponer a los consumidores a riesgos y que, por tanto, los Estados miembros pueden restringir la libertad para suministrar servicios de juegos en línea con el fin de proteger a los consumidores;

16.

Hace hincapié en que los padres tienen la responsabilidad de impedir que los menores participen en los juegos de azar así como de prevenir la adicción de éstos al juego;

17.

Pide, al mismo tiempo, a los Estados miembros que distribuyan los fondos adecuados para la investigación, la prevención y el tratamiento de los problemas relacionados con los juegos de azar en línea;

18.

Considera que los beneficios obtenidos sobre la base de los juegos de azar deberían utilizarse en beneficio de la sociedad, incluidos fondos de renovación para la educación, la salud, el deporte profesional y de aficionados y la cultura;

19.

Respalda el desarrollo de normas para los juegos de azar en línea en función de la edad, la prohibición del crédito y los sistemas de primas para proteger a los jugadores vulnerables, la información sobre las posibles consecuencias del juego, la información sobre dónde obtener ayuda en caso de adicción, el poder adictivo de ciertos juegos, etc.;

20.

Pide a todas las partes interesadas que aborden el riesgo de exclusión social provocado por la adicción a los juegos de azar en línea;

21.

Considera que la autoregulación en materia de publicidad, promoción y oferta de juegos en línea no es suficientemente efectiva y, por lo tanto, destaca la necesidad tanto de regulación como de cooperación entre el sector y las autoridades;

22.

Insta a los Estados miembros a que cooperen a escala de la UE con el fin de adoptar medidas contra la publicidad agresiva o la comercialización por parte de todo operador público o privado de juegos de azar en línea, incluidas las demostraciones gratuitas, con vistas a proteger, en particular, a los jugadores y a los consumidores vulnerables como niños y jóvenes;

23.

Sugiere que se examine la posibilidad de fijar una cantidad máxima que cada persona pudiera utilizar en actividades relacionadas con los juegos de azar cada mes o de obligar a los operadores de juegos de azar en línea a que utilicen tarjetas de prepago para los juegos de azar en línea, que se venderían en las tiendas;

24.

Señala que un Código de conducta podría ser asimismo un instrumento adicional útil para lograr algunos objetivos públicos (y privados) y para tener en cuenta los desarrollos tecnológicos, los cambios en las preferencias de los consumidores y el desarrollo de las estructuras de mercado;

25.

Destaca que un Código de conducta implica en última instancia un enfoque autorregulador que otorga autonomía al sector y que sólo puede servir para complementar la legislación y no para sustituirla;

26.

Destaca asimismo que la eficacia de un Código de conducta dependerá en gran parte de su reconocimiento por las autoridades reguladoras nacionales y los consumidores, así como de su aplicación;

27.

Pide a los Estados miembros que documenten el alcance y el crecimiento del mercado de los juegos de azar en línea, así como los desafíos que plantea este sector;

28.

Pide a la Comisión que inicie un estudio sobre los juegos de azar en línea y sobre el riesgo de desarrollar una adicción a estos juegos, analizando, por ejemplo, cómo influye la publicidad en la adicción a los juegos de azar, si es posible crear una clasificación europea común de juegos, de acuerdo a su potencial adictivo y las posibles medidas preventivas y curativas;

29.

Pide a la Comisión que examine, en particular, el papel que desempeñan la publicidad y la comercialización (incluidas las demostraciones gratuitas de juegos en línea) en el estímulo directo o implícito del juego entre los menores;

30.

Pide a la Comisión, a Europol y a las autoridades nacionales que recojan y compartan información sobre el alcance del fraude y otros comportamientos delictivos en el sector de los juegos de azar en línea, por ejemplo, entre los actores implicados;

31.

Pide a la Comisión que estudie, en estrecha cooperación con los gobiernos nacionales, los efectos económicos y de otra índole de la prestación transfronteriza de servicios de juegos de azar en materia de integridad, responsabilidad social, protección del consumidor y cuestiones fiscales;

32.

Subraya la importancia que reviste para el Estado miembro de residencia del consumidor poder controlar, limitar y supervisar realmente los servicios de juegos de azar existentes en su territorio;

33.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que clarifiquen el lugar de imposición de las actividades relacionadas con los juegos de azar en línea;

34.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/35

A.

Considerando que las normas de seguridad y de calidad alimentaría de la Unión Europea son las más exigentes del mundo,

B.

Considerando que estas exigentes normas responden a la demanda de los consumidores de la UE y representan un modo de realizar un importante valor añadido,

C.

Considerando que los consumidores tienen un enorme interés no solo en la seguridad de los alimentos, sino también en el origen y en los métodos de producción de los productos alimentarios; considerando que la Unión Europea ya ha respondido a esta tendencia introduciendo cuatro símbolos de calidad y origen de los alimentos, como las denominaciones de origen protegidas (DOP), las indicaciones geográficas protegidas (IGP), las especialidades tradicionales garantizadas (ETG) y la agricultura ecológica,

D.

Considerando que los productos europeos de calidad representan un patrimonio cultural y gastronómico «vivo» de la Unión Europea y que constituyen un ingrediente importante de la vida económica y social de muchas regiones de la UE, puesto que permiten actividades caracterizadas por su estrecha vinculación regional, sobre todo en zonas rurales,

E.

Teniendo en cuenta que los sistemas de certificación arrancan de la concienciación del consumidor acerca de la garantía de una calidad superior,

F.

Considerando que los sistemas específicos de calidad de la Unión Europea ofrecen una ventaja competitiva significativa para los productos de la UE,

G.

Considerando que los grandes distribuidores han llegado a dominar los mercados de la alimentación de la UE e imponen cargas de referenciación, bonificaciones comerciales de acceso y contribuciones considerables injustificadas a los gastos de promoción, elementos todos ellos que merman las posibilidades de que los pequeños productores lleguen al gran público,

H.

Considerando que las nuevas tecnologías pueden utilizarse para proporcionar información detallada sobre la procedencia y las características de los distintos productos agrícolas y alimentarios,

I.

Considerando que las falsificaciones ocasionan perjuicios tanto a los productores como a los consumidores finales,

1.

Acoge con satisfacción el proceso de reflexión iniciado por la Comisión sobre el Libro Verde y apoya el propósito de promover la calidad de los productos agrícolas de la UE sin ocasionar costes ni cargas adicionales para los productores;

2.

Considera que garantizar la competencia leal en cuanto a productos estratégicos como cabe considerar a los productos agrícolas y alimentarios es un objetivo importante y de interés público de la UE; considera esencial que haya una competencia correcta en relación con los productos importados, que en general no responden a unas normas similares a las comunitarias; considera que las medidas europeas de calidad deben estar reguladas también en el marco de la Organización Mundial del Comercio, por cuanto atañe a los productos extranjeros que acceden al mercado interior;

3.

Considera necesario aumentar el control y la coordinación entre las distintas administraciones para asegurar que los productos alimenticios importados cumplen con las normas medioambientales, de seguridad alimentaria y de bienestar del ganado de la UE; toma nota de las conclusiones del Consejo de Agricultura del 19 de diciembre de 2008 sobre la seguridad de los productos agroalimentarios importados y sobre el respeto de las normas comunitarias; no obstante, echa en falta en esas conclusiones una voluntad política decidida para reforzar los controles comunitarios en países terceros;

4.

Afirma que la política de calidad no puede disociarse de la futura Política Agrícola Común ni de desafíos como los cambios climáticos, la conservación de la biodiversidad, el abastecimiento energético y la gestión de los recursos hídricos;

5.

Considera que, en el contexto de un nivel general de precios elevados de las materias primas, el estímulo del incremento de los volúmenes de producción no debe tomarse como pretexto para reducir el nivel de exigencia de las normas;

6.

Reitera que el objetivo de imponer el máximo nivel de seguridad de los alimentos, del bienestar de los animales y de la protección del medio ambiente debe suponer también que se alcance un nivel de calidad de los productos que ofrezca una ventaja comparativa significativa de los productos agrícolas; opina que los agricultores deberían poder recuperar los costes relacionados con el cumplimiento de las normas de la UE en materia de seguridad alimentaria, bienestar de los animales y protección del medio ambiente; considera que si la posición competitiva de los agricultores no fuera suficiente para compensar el coste de los requisitos de la UE, el apoyo prestado por la PAC deberá desempeñar un papel esencial en este contexto, pues debe permitir que los agricultores europeos garanticen la seguridad alimentaria, así como el bienestar de los animales y de la protección del medio ambiente, en el ámbito agrícola;

7.

Considera que la política europea de calidad debe estar estrechamente vinculada a la reforma de la Política Agrícola Común después de 2013; opina que, en el marco de esta política, el papel de la Unión Europea debe consistir en fomentar, incluso económicamente, la calidad de los productos agroalimentarios europeos; subraya que debe prestarse más apoyo a las organizaciones de productores a fin de evitar desventajas para los pequeños productores;

8.

Recuerda que en el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, la Unión Europea se ha comprometido a aplicar medidas para la conservación de los recursos genéticos; pide en este contexto a la Comisión que cree programas especiales de comercialización para la promoción de especies de plantas amenazadas por la erosión genética; destaca que la intención es fomentar el interés de los agricultores y horticultores por cultivar especies catalogadas como recursos fitogenéticos, así como la puesta en práctica de programas de comercialización para animales domésticos en peligro de extinción;

9.

Recuerda que en la perspectiva del proceso continuo de liberalización de los mercados agrícolas mundiales, los productores de la UE están en competencia internacional directa y que cualquier medida adicional a la que tengan que plegarse puede presentar desventajas competitivas, si bien pueden también favorecer a los agricultores si éstos son efectivamente capaces de diferenciar sus productos en el mercado y obtener beneficios a cambio; recuerda asimismo que los agricultores de la UE pueden orientar las demandas de los consumidores a su favor ofreciéndoles productos de calidad producidos a nivel local, con normas más estrictas en materia de bienestar de los animales y protección del medio ambiente, entre otras;

10.

Destaca en particular que los factores de interés no comercial («non trade concerns») deben ser negociados por la Comisión en el marco de la OMC de tal modo que se garantice que numerosos productos importados satisfacen los mismos requisitos que deben cumplir los agricultores de la UE, de modo que la calidad de los productos agrarios que cumplen los requisitos de la UE en materia de seguridad alimentaria, bienestar de los animales y protección del medio ambiente proporcionen a los agricultores ventajas competitivas reales;

11.

Expresa su preocupación ante la influencia de las grandes cadenas de distribución en la calidad general de los productos alimentarios de la UE; expresa asimismo su preocupación ante el hecho de que, en los mercados con un alto grado de concentración de la distribución, se observa una tendencia a la uniformización y a la reducción de la variedad de productos agroalimentarios y, en consecuencia, a la disminución de la presencia de productos tradicionales y con un grado mayor de elaboración; propone a la Comisión que tome nota de la necesidad de adoptar disposiciones sobre las subastas a la baja, implantadas por algunas centrales de compras, puesto que tienen un impacto nefasto sobre los productos de calidad;

12.

Expresa su preocupación ante la complejidad del sistema de normas mínimas de la UE y las numerosas disposiciones a que deben atenerse los agricultores de la UE; es favorable a una simplificación, y considera que cualesquiera nuevas disposiciones deberán ser examinados con arreglo a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad;

13.

Solicita una mayor simplificación de las normas de comercialización por medio de una definición más clara de los principales criterios aplicables; solicita que se elaboren directrices de la UE sobre el uso de los términos especializados generales, como «bajo contenido de azúcar», «bajas emisiones de CO2», «dietético» y «natural», con el fin de evitar prácticas engañosas;

14.

Expresa su preocupación ante el hecho de que la mayoría de los consumidores de la UE no estén suficientemente bien informados sobre la cadena alimentaria, en particular en lo relativo al origen de los productos y las materias primas; se declara favorable a la introducción obligatoria de indicaciones sobre el lugar de producción de las materias primas mediante un etiquetado del país de origen que refleje así el deseo de los consumidores de disponer de más información sobre el origen de los productos que adquieren; se declara asimismo de acuerdo con la extensión de este sistema también a los productos alimentarios transformados y considera que este sistema debe tener en cuenta el origen de los principales ingredientes y materias primas y debe precisar su lugar de origen y el lugar de la última transformación del producto;

15.

Considera que el modelo australiano es un buen ejemplo de sistema de etiquetado del país de origen, siempre teniendo en cuenta las especificidades de los distintos sectores productivos de la UE, pues cuenta con diferentes niveles, como «producto de», para los alimentos con ingredientes y procesos de fabricación nacionales, o «fabricado en», para alimentos transformados de modo sustancial en el país de que se trate, o mediante una mención como «elaborado en el Estado X con ingredientes locales o importados»; recuerda asimismo que también otros socios comerciales importantes, como los Estados Unidos de América o Nueva Zelanda, tienen también sistemas de etiquetado de este tipo;

16.

Considera que mientras se cumplan los requisitos de seguridad alimentaria, las normas de comercialización no deberán impedir el acceso de productos al mercado por razones estéticas, su forma o sus dimensiones;

17.

Considera que el marchamo de calidad UE, acompañado en su caso por la referencia «elaborado en la Unión Europea», deberá tener el efecto, en última instancia, de que los productos de la UE puedan distinguirse en el mercado por las elevadas normas de calidad que cumplen;

18.

Considera que deberían fomentarse las menciones reservadas facultativas en lugar de las normas de comercialización obligatorias; considera, sin embargo, que la introducción de tales menciones normalizadas que satisfacen a todas las partes interesadas, puede acarrear problemas desde el punto de vista de las diferencias en los hábitos y tradiciones alimentarias, a medida que aumenta la cantidad de la información proporcionada al consumidor y se revela la necesidad de instaurar sistemas de inspección para verificar la veracidad de las indicaciones;

19.

Se declara favorable a las medidas conducentes a la simplificación de la regulación de la UE, sin que ello se traduzca en un desmantelamiento de la misma y a la limitación de los ámbitos en los que se practica la autorregulación; considera que son necesarias normas de comercialización comunes y que pueden establecerse de un modo más eficiente; considera, en este contexto, que hay que promover el proceso de corregulación como modalidad usual de adopción de legislación europea en la materia; pide que se procure que participen en este proceso las autoridades nacionales y representantes de la industria alimentaria y de los productores agrícolas;

20.

Pone de manifiesto que los sistemas de calidad alimentaria deberían proporcionar información y ofrecer a los consumidores una garantía sobre la autenticidad de los ingredientes locales y de las técnicas de producción; por lo tanto, considera que dichos sistemas han de ser aplicados y explotados con controles reforzados y sistemas de trazabilidad;

21.

Considera necesarios sistemas de etiquetado más transparentes y que gocen de un reconocimiento amplio entre los consumidores y que, en interés de una denominación de origen transparente tanto de productos de la UE como de importaciones de terceros países, deberá indicarse el origen de los principales ingredientes agroalimentarios del producto;

22.

Considera que solo debe garantizarse el uso exclusivo de los auténticos productos con DOP como materias primas cuando se mencione la DOP en el etiquetado y en la publicidad de un producto transformado; subraya que, de esta manera, se evitará, por una parte, el engaño del consumidor y, por otra, se favorecerá la demanda de productos con DOP;

23.

Considera conveniente adoptar normas relativas a la utilización de los términos «de montaña» e «insular» porque aportan un importante valor añadido a los productos agrícolas y alimenticios de estas regiones desfavorecidas; considera que la utilización de los términos «de montaña» e «insular» debe ir acompañada de la mención obligatoria del país de origen del producto;

24.

Considera que la diferencia que hay para el consumidor medio entre las DOP y las IGP no es muy clara, y que sería conveniente difundir información para aclarar esta diferencia;

25.

Se declara en contra de la adopción de criterios de evaluación más estrictos, como los criterios de exportabilidad y sostenibilidad; señala que existen ejemplos de productos que no logran exportarse pero desempeñan una importante función en la organización de las economías locales y en el mantenimiento de la cohesión social;

26.

Afirma que las indicaciones geográficas representan un patrimonio europeo importante que debe conservarse tanto por su dinamismo económico fundamental como por su impacto socioeconómico determinante para numerosas regiones de la UE; considera que estas indicaciones ofrecen una garantía de calidad que debe reforzarse, concretamente mediante un mayor control de la gestión de las indicaciones geográficas por parte de las agrupaciones solicitantes que las representan; considera que estas indicaciones hacen más fácil a los consumidores apreciar las diferencias en las gamas de productos;

27.

Considera que es necesario explicar mejor las diferencias entre marcas comerciales e indicaciones geográficas y adoptar medidas que permitan la aplicación concreta de normas comunitarias existentes sobre la imposibilidad de registro de una marca que contiene o menciona DOP, IGP por operadores que no representan a las organizaciones de productores de estos productos DOP e IGP; considera de vital importancia poner en marcha de campañas promocionales, dotadas con presupuesto específico, para informar al consumidor de las ventajas de estos sistemas públicos de certificación;

28.

Considera que los productores de productos provistos de indicaciones geográficas deben disponer de los recursos que les permitan gestionar adecuadamente el volumen de mercancías producidas a fin de no comprometer la calidad y el prestigio de sus indicaciones geográficas;

29.

Considera que, en el caso de que un producto protegido por una indicación geográfica sea utilizado en un producto cocinado compuesto, con modificación de las características del producto con IGP, las entidades protectoras o la autoridad competente deben tener la posibilidad de realizar controles específicos con el fin de verificar que las características del producto con IGP no se han alterado excesivamente;

30.

Pide que se refuerce la protección de las denominaciones registradas, en particular en determinadas fases del envasado y la comercialización de estos productos fuera del lugar de producción, cuando exista el riesgo de un uso abusivo de estas denominaciones; pide que se aplique la reglamentación comunitaria que impide el registro de marcas con una denominación similar a una denominación DOP o IGP ya registrada;

31.

Aboga por la elaboración de disposiciones comunes para productores y productos con indicaciones geográficas que fijen los criterios por los que se rijan las obligaciones vinculadas a la misma, así como la mención de estas obligaciones en la designación de los productos elaborados,

32.

Se declara favorable a que se simplifiquen los procedimientos de registro de indicaciones geográficas y a que se reduzcan los plazos necesarios para ello;

33.

Llama la atención sobre el hecho de que el nivel de protección de las indicaciones geográficas es distinto en los distintos Estados miembros; considera conveniente en este contexto una armonización legislativa; sobre todo con miras a las normas sobre las medidas de protección de oficio;

34.

Considera que debe reforzarse la protección internacional de las indicaciones geográficas; solicita a la Comisión que intensifique sus esfuerzos, concretamente a nivel político, para lograr una mejor protección de las IGP en el marco de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya sea extendiendo la protección del artículo 23 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) a todos los productos, ya sea estableciendo un registro multilateral de las indicaciones geográficas, pero también en el marco de las negociaciones de adhesión de nuevos Estados a la OMC y de los acuerdos bilaterales en fase de negociación;

35.

Opina que tanto los productos que se exportan como los que no se exportan deberían poder beneficiarse de esta protección internacional por parte de la UE, que podrá eventualmente variar en función del riesgo de usurpación efectiva de los productos, de manera que los productos de alto riesgo de usurpación y que se exporten puedan disfrutar de una protección internacional en la OMC, mientras que para los productos en situación de riesgo de usurpación más moderado, en mercados a escala local, podría proponerse un procedimiento simplificado y, una vez reconocido por el Estado miembro, notificarse a la Comisión (comparable al nivel de la protección transitoria actual) y tendría una protección jurídica comunitaria;

36.

Recuerda que algunas denominaciones sufren una usurpación sistemática en el territorio de países terceros, engañando al consumidor y poniendo en entredicho la reputación de los productos auténticos; señala que la garantía de protección de una denominación en un país tercero es un procedimiento particularmente largo y difícil de lograr para las asociaciones de productores aisladas, ya que cada país dispone de sistemas y procedimientos específicos de protección; pide a la Comisión que desempeñe una función consultiva, ofreciendo a las asociaciones de productores los conocimientos técnicos y la cobertura jurídica necesarios para alcanzar acuerdos con países terceros;

37.

Considera esencial el control comunitario y nacional del uso de las DOP y de las IGP y el establecimiento de sanciones severas que disuadan del uso no autorizado de estos instrumentos, de forma que los Estados miembros tengan la obligación de actuar de oficio en caso de usurpación o de imitación de denominaciones protegidas; propone una disposición específica en el artículo 13 del Reglamento (CE) no 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (3) en este sentido; está a favor de la simplificación de los trámites de obtención de una DOP y de que las autoridades de los Estados miembros ejerzan un control riguroso para certificar todas las etapas del proceso de producción en la zona geográfica de que se trate;

38.

Considera que el control del mercado de cara al cumplimiento de todas las prescripciones relativas a las DOP e IGP ocasiona para los Estados miembros un importante coste administrativo, pero contribuye significativamente a una protección eficaz de las mismas; se declara favorable a que se preste asistencia técnica comunitaria para la realización de controles por parte de los Estados miembros con el fin de garantizar una armonización lo más uniforme posible de la protección de las DOP y las IGP en el territorio comunitario;

39.

Considera necesario impulsar las actividades de información y divulgación sobre estos sistemas mediante apoyo financiero comunitario, tanto en el interior del mercado interior como en terceros países; considera que debe incrementarse el porcentaje de cofinanciación comunitaria de programas de información y promoción sobre productos de calidad de la UE; espera que la Comisión siga promoviendo el concepto de las IGP en países terceros, por ejemplo aumentando el número de proyectos de asistencia técnica en conexión con las agrupaciones de productores de IGP;

40.

Recomienda la creación de una Agencia Europea de Calidad de los Productos que colabore estrechamente con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y con los servicios de la Comisión Europea competentes para la protección de la calidad de los alimentos; esta Agencia conocerá también de las cada vez más numerosas demandas de DOP, IGP y especialidades tradicionales garantizadas de países terceros;

41.

Subraya la importancia del Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre de 2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (4) desde el punto de vista de la libertad de elección del consumidor; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa asimismo en materia de indicaciones obligatorias para productos animales como la leche, la carne y los huevos en cuya producción se utilicen piensos genéticamente modificados;

42.

Se declara favorable a que se mantenga y se simplifique el sistema ETG; manifiesta su decepción ante el rendimiento de este instrumento, que hasta ahora solamente ha dado lugar al registro de un número muy reducido de ETG (veinte, con treinta solicitudes en curso); constata que debería suprimirse la lista de indicación de especialidades tradicionales garantizadas mencionada en segunda posición en el artículo 3, apartado 2 del Reglamento (CE) no 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006 (5), sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios, en la que se enumeran los casos en que la utilización de la denominación del producto alimenticio no puede depender del criterio discrecional del productor, en la medida en que supondría rebajar los niveles de protección de que gozan esas especialidades; recuerda que la reglamentación sobre las especialidades tradicionales garantizadas sigue asegurando una protección válida para numerosas fórmulas de elaboración, y que ofrece un considerable margen de desarrollo, en la medida en que se cumplan determinadas condiciones;

43.

Considera que la definición de producto «tradicional», tal como figura en el Reglamento (CE) no 509/2006, es inadecuada; opina que la conexión entre los productos tradicionales y el país donde existe esa particular tradición o el uso exclusivo de las denominaciones por parte de los productores que respetan las prescripciones tradicionales, mejorará el atractivo del régimen de ETG;

44.

Considera que la producción ecológica ofrece una de las mayores oportunidades de crecimiento para los agricultores de la UE y que debe ponerse en marcha un programa de promoción para aumentar la fiabilidad del logotipo de la UE; constata, no obstante, que si bien el Reglamento comunitario adoptado en la materia contiene normas únicas, los Estados miembros aplican de forma muy desigual el procedimiento de certificación, en la medida en que encomiendan las complejas tareas de control a las autoridades de control y otras tareas a organismos autorizados; señala que el procedimiento de certificación varía de un Estado miembro a otro y es oneroso; pide que se armonice la legislación sobre los límites máximos de detección de productos fitosanitarios prohibidos en los productos de la agricultura ecológica; apoya en principio la propuesta de una etiqueta ecológica de la UE;

45.

Opina que es necesaria una mayor homogeneidad en la tipología de los organismos y procedimientos de control y certificación de productos ecológicos, de forma que se pueda proporcionar la seguridad y confianza a los consumidores a través de un nuevo logotipo de la UE para la agricultura ecológica, que garantice los mismos criterios de producción, control y certificación a nivel de toda la UE y contribuya a resolver problemas y a promover aún más el mercado interior de productos ecológicos;

46.

Considera que la presentación de productos no ecológicos bajo la apariencia de que constituyen productos de una agricultura ecológica puede frenar el desarrollo del mercado interior de productos ecológicos en la UE; expresa en este contexto su preocupación por la extensión del marchamo ecológico (Ecolabel) a productos alimenticios no conformes a los principios de la agricultura ecológica;

47.

Se declara favorable a la mención obligatoria del país de origen de los productos ecológicos, tanto frescos como transformados, importados de países terceros, independientemente del uso de la etiqueta de la UE para productos ecológicos;

48.

Considera que para mejorar el funcionamiento del mercado interior de productos ecológicos, será preciso:

49.

Acoge con satisfacción la creación al nivel de los Estados miembros de oficinas de los productos tradicionales y ecológicos; considera necesario que todos los Estados miembros dispongan de entidades, públicas o privadas, reconocidas unánimemente por productores y consumidores, encargadas de la promoción y la supervisión de la producción local ecológica y de calidad;

50.

Reconoce que los consumidores son cada vez más exigentes en cuanto a la calidad de los alimentos y productos alimentarios, no solo en términos de seguridad, sino también en términos de consideraciones de índole ética, tales como la sostenibilidad medioambiental, la protección del bienestar animal y las tecnologías relacionadas con los organismos modificados genéticamente (OMG); pide a la Comisión que defina criterios para las iniciativas en materia de calidad, como los sistemas de etiquetado voluntario sin OMG, que ofrecerán a los consumidores opciones más claras;

51.

Considera necesario fomentar los sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente; lamenta, por ello, la ausencia de una normativa comunitaria sobre Producción Integrada que permita poner en evidencia los esfuerzos realizados por los productores de la UE, mediante adecuadas campañas de promoción y marketing orientadas a divulgar el valor añadido de esas producciones;

52.

Considera que no se requieren orientaciones de la UE en materia de armonización de normas; considera que no es necesario crear nuevos sistemas de certificación para diferenciar alimentos a escala comunitaria, ya que redundarían en detrimento de los sistemas existentes y desorientarían al consumidor;

53.

Destaca que el desarrollo de marchamos de calidad así como las actividades de comunicación relacionadas con ellos no deben convertirse en un lastre administrativo para los productores; expresa su deseo de que los productores dispongan en lo relativo al uso de marchamos un derecho de iniciativa, y que las intervenciones de los órganos comunitarios se limiten a la protección de los marchamos, para garantizar que los productores reciban la adecuada compensación por el trabajo adicional en este terreno, y se proteja a los consumidores contra las falsificaciones y cualquier otra forma de fraude;

54.

Subraya que los sistemas de certificación existentes, gracias al estrecho control que permiten realizar, deben garantizar no solo el cumplimiento de las disposiciones legales, sino también otros elementos tocantes a la seguridad alimentaria, como la trazabilidad; subraya que las normas sobre certificación deben reflejar reivindicaciones sociales y que, por consiguiente, es preciso subvencionar los costes que conllevan para los agricultores; se pronuncia en este contexto a favor de fomentar una cooperación más estrecha con las organizaciones de productores, puesto que algunos agricultores no están en condiciones de oponer bazas a las ambiciosas normas de certificación manejadas por el comercio;

55.

Señala que, en su situación actual, los sistemas de certificación privados no cumplen con el objetivo de ayudar a los productores a comunicar las características de sus productos a los consumidores, sino que se están convirtiendo en un medio exclusivo para el acceso al mercado, aumentando la burocracia para los agricultores y convirtiéndose en un negocio para muchas empresas de distribución alimentaria; considera necesario no fomentar la proliferación de estos sistemas que limitan el acceso al mercado de una parte del sector productor;

56.

Destaca que la actual proliferación de los sistemas de certificación privados está obstaculizando el acceso de una parte del sector al mercado y que dichos sistemas no están contribuyendo a mejorar la comunicación de las características de los productos a los consumidores; pide a la Comisión que fomente el reconocimiento mutuo de los sistemas de certificación privados para limitar dicha proliferación y la exclusión del mercado de productos de calidad; considera necesaria la elaboración de unas directrices comunitarias que contengan aspectos que dichos sistemas no podrían regular, tales como términos y menciones «valorizantes» que sería preciso definir mediante escalas y realidades objetivas;

57.

Llama la atención sobre el hecho de que los productos regionales tienen gran importancia para las empresas y los consorcios locales, razón por la cual hay que oponerse a toda propuesta de recortar el número de denominaciones geográficas registradas;

58.

Considera que no deberían elaborarse nuevas iniciativas para el fomento de productos tradicionales, en la medida en que puedan perjudicar al sistema de ETG;

59.

Solicita la colaboración más estrecha posible con la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la aplicación más extensa posible de sistemas alternativos, como el análisis de peligros y puntos de control crítico (APPCC);

60.

Señala, por lo que se refiere a la dimensión internacional, la existencia de algunos problemas de competitividad en relación con los principales socios comerciales de la UE; expresa su preocupación ante las presiones ejercidas por los productos de países emergentes, que no alcanzan el mismo nivel de seguridad y calidad y que a menudo están sometidos a controles dudosos; reitera, en este contexto, la necesidad de aplicar el concepto de «acceso cualificado al mercado», que ha defendido en numerosas resoluciones;

61.

Solicita que se celebren acuerdos bilaterales con el mayor número posible de mercados clave así como acuerdos contra las falsificaciones; considera que la Comisión Europea debe contribuir a resolver los problemas de protección internacional de las marcas y de las IGP, DOP y ETG;

62.

Considera necesario que se dé una mayor difusión a la información sobre los beneficios de las políticas de la Unión Europea en materia de garantía de la calidad y de la seguridad alimentaria; lamenta que los ciudadanos de la UE no dispongan de información completa y de fácil acceso sobre las aportaciones de la Unión Europea a este ámbito; recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que agilicen sus esfuerzos por preparar las informaciones relativas al fomento de las normas de calidad y seguridad alimentaria que rigen para los productos de la UE;

63.

Hace hincapié en el papel que puede tener la financiación europea en este ámbito; señala que, en los Estados de convergencia, la participación comunitaria en los programas de aumento de la calidad alcanza el 75 %; llama la atención sobre el endurecimiento de las condiciones crediticias ofrecidas a los pequeños productores en el contexto de la crisis financiera mundial, que limita drásticamente el acceso a la cofinanciación;

64.

Considera que la experiencia de los mercados de campesinos, puntos de venta de productos de la tierra y de temporada directamente gestionados por empresas agrícolas, debe favorecerse ya que garantiza un precio razonable para productos de calidad, refuerza el vínculo entre el producto y el territorio y sensibiliza al consumidor acerca de una elección consciente que tiene en cuenta los aspectos cualitativos; considera que los Estados miembros deberían fomentar la habilitación de locales de venta donde los productores puedan ofrecer sus productos directamente al consumidor;

65.

Pide la instauración de programas de fomento de la comercialización en los mercados locales, a fin de apoyar las iniciativas de transformación y comercialización locales y regionales; considera que una vía para hacerlo pueden ser las cooperativas de consumo, que incrementan el valor añadido en el ámbito rural, y, al evitar prolongados transportes, son un buen ejemplo de cómo se puede evitar agravar el problema del cambio climático;

66.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/43

1.

Acoge con satisfacción la publicación de los informes de la Comisión sobre la política de competencia en 2006 y 2007;

2.

Expone que sigue defendiendo un papel más activo del Parlamento en el desarrollo de la política de competencia mediante la introducción del procedimiento de codecisión;

3.

Felicita a la Comisión por su eficacia en la lucha contra el funcionamiento de cárteles ilegales especialmente peligrosos y por las multas impuestas a los infractores, que no tienen parangón;

4.

Pide a la Comisión y al Consejo que, en el marco de la revisión por la Comisión del funcionamiento del Reglamento (CE) no 1/2003 (19), incorporen en dicho Reglamento los principios que se han de observar en la imposición de multas y que continúen mejorándolos y concretándolos para cumplir con lo exigido por los principios generales del Derecho;

5.

Apoya la aplicación de la comunicación revisada sobre la clemencia y de este procedimiento, para alentar el suministro de información sobre las prácticas de los cárteles ilegales peligrosos;

6.

Acoge con satisfacción la publicación del Libro Blanco sobre las «Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia», pero insta a que la reforma se lleve a cabo de tal manera que garantice que los efectos negativos del sistema de los EE.UU. no se repitan en la Unión Europea;

7.

Solicita que la Comisión proporcione mejor información en sus futuros informes sobre el papel y la participación de la Oficina de Enlace de los Consumidores de la Comisión en los asuntos de competencia;

8.

Expresa su preocupación por evitar el abuso de posición dominante en el mercado por las grandes empresas y pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis de los efectos sobre la competencia de las relaciones desiguales entre los proveedores, es decir los productores de alimentos y los minoristas, teniendo en cuenta posibles abusos de posición dominante; espera con impaciencia el informe del grupo de trabajo de la Comisión sobre el poder de los compradores;

9.

Pide a la Comisión que examine la posibilidad de revisar la existencia de prácticas abusivas en el sector de los servicios, que pueden impedir la participación de las pequeñas empresas en las licitaciones; toma nota del problema de los trabajadores autónomos e independientes, que a veces se ven privados de la posibilidad de aplicar tarifas estándar en casos en los que dependen económicamente y de manera casi exclusiva de uno o de varios grandes usuarios de sus recursos, y pide a la Comisión que estudie la manera en que dichos trabajadores podrían organizar, negociar y concluir acuerdos colectivos coherentes con los principios de la normativa sobre competencia;

10.

Pide a la Comisión que revise sus procedimientos internos relativos a la elección de los temas objeto de investigaciones sectoriales;

11.

Pide a la comisión que considere llevar a cabo una investigación sectorial sobre la publicidad en línea;

12.

Pide a la Comisión que analice las diferencias nacionales en la aplicación de la normativa sobre contratación pública y las distorsiones de la competencia que de ellas se pueden derivar;

13.

Toma nota de que la Comisión registra una actividad sin parangón en los tres sectores siguientes: las sanciones impuestas a los cárteles por prácticas restrictivas, el número de casos de fusiones notificados a la Comisión y el número de notificaciones de ayudas estatales transmitidas a la Comisión; insta a la Comisión, por lo tanto, a que lleve a cabo una revisión urgente de los recursos humanos a fin de garantizar que su Dirección General de Competencia disponga de efectivos suficientes para hacer frente a una carga de trabajo en aumento;

14.

Subraya que la aplicación de las normas de competencia relativas a las fusiones y las adquisiciones debe evaluarse desde la perspectiva del mercado interior en su totalidad y no únicamente de partes del mismo;

15.

Acoge con satisfacción las pruebas, recogidas en los informes de la Comisión sobre la política de competencia de 2006 y 2007, de la eficaz reestructuración de la unidad de control de las concentraciones de la Dirección General de Competencia, conforme a criterios sectoriales, con refuerzo del análisis económico y de la revisión interna independiente;

16.

Acoge con satisfacción el anuncio de una próxima revisión del Reglamento comunitario de concentraciones (20); reitera que considera insuficientes las disposiciones vigentes, teniendo en cuenta la creciente integración y complejidad de los mercados de la Unión Europea, y que se debería llevar a cabo una revisión en aras de un enfoque coherente en la evaluación de operaciones de concentración comparables;

17.

Toma nota del nivel récord de notificaciones de ayudas estatales y acoge con satisfacción la publicación del Reglamento general de exención por categorías, que cubre a las pequeñas y medianas empresas (PYME), las ayudas a la investigación y al desarrollo en favor de las PYME, las ayudas para el empleo, las ayudas a la formación y las ayudas regionales;

18.

Acoge con satisfacción, en particular, la posibilidad de prestar ayuda financiera a los empresarios en relación con los costes en que incurren sus empleados por el cuidado de sus hijos y padres;

19.

Expresa su preocupación por el incremento del grado de concentración del mercado y por la agudización de los conflictos de intereses en el sector de la banca comercial; alerta sobre los posibles riesgos sistemáticos a nivel mundial que podrían surgir como consecuencia de estos conflictos de intereses y del fenómeno de concentración;

20.

Acoge con satisfacción la revisión del cuadro de indicadores sobre las ayudas estatales, pero insta a la Comisión a que analice la eficacia de las ayudas estatales y pide que se lleve a cabo una revisión del cuadro de indicadores que permita identificar a los Estados Miembros que no han actuado adecuadamente para recuperar las ayudas estatales ilegales;

21.

Acoge con satisfacción la publicación de las Directrices comunitarias revisadas sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, que garantizan que los Estados miembros puedan apoyar la producción de energía renovable y una cogeneración de energía eficaz mediante la concesión de ayudas de funcionamiento que cubren en su totalidad la diferencia entre los costes de producción y el precio de mercado;

22.

Renueva su llamamiento en favor de mayores progresos en relación tanto con la aclaración de las normas vigentes en materia de competencia como con su aplicación práctica en relación con los servicios de interés económico general, dadas las diferencias importantes que se registran en las políticas adoptadas por los distintos Estados miembros;

23.

Lamenta que los consumidores de energía de la Unión Europea continúen sufriendo aumentos desproporcionados de los precios y un mercado de la energía distorsionado, que, tal y como demostró la investigación sectorial de la Comisión, no funciona correctamente; hace hincapié de nuevo en la importancia de un mercado interior de la energía completo y que funcione adecuadamente;

24.

Apoya a la Comisión en sus esfuerzos por seguir desarrollando los mercados comunitarios del gas y de la electricidad, uno de cuyos elementos fundamentales es la separación de las redes de transmisión, por una parte, y de las actividades de producción y de suministro, por otra, (disociación);

25.

Expresa su preocupación por la falta de transparencia en la formación de los precios del combustible en los mercados de la Unión Europea; pide a la Comisión que asegure una vigilancia adecuada sobre el comportamiento competitivo en estos mercados;

26.

Pide que se establezcan mecanismos para garantizar que la adopción del régimen de comercio de los derechos de emisión no genere distorsiones a la competencia a nivel interno ni en lo que a los competidores externos se refiere;

27.

Señala que el 9 de octubre de 2007 ya pidió el Consejo a la Comisión que examinase la posibilidad de simplificar los procedimientos para centrarse en la forma en que podrían tratarse con rapidez las investigaciones en el ámbito de las ayudas estatales en circunstancias críticas;

28.

Acoge favorablemente las rápidas respuestas y aclaraciones ofrecidas por la Comisión con respecto a la gestión de la crisis económica y financiera, y la utilización de ayudas públicas; toma nota del aumento del volumen de dichas ayudas, al tiempo que acoge favorablemente la elaboración de directrices detalladas con el objetivo de orientar mejor las ayudas;

29.

Reconoce la aplicabilidad de la letra b) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado a las circunstancias a las que se enfrentan en la actualidad las economías de los Estados miembros como consecuencia de las turbulencias en los mercados financieros; considera necesario, no obstante, que la Comisión mantenga una estrecha vigilancia sobre los paquetes de ayuda financiera para asegurar la compatibilidad de las acciones de emergencia con los principios de la libre competencia;

30.

Alerta sobre la suspensión efectiva de las normas de competencia; hace hincapié en la necesidad de evaluar de forma pormenorizada las operaciones de rescate, y de garantizar que se ajusten a las disposiciones del Tratado; pide a la Comisión que presente al Parlamento y a los Parlamentos de los Estados miembros un informe ex post completo sobre la aplicación de las normas de competencia en cada caso particular, en su próximo informe anual sobre la política de competencia;

31.

Expresa su preocupación por la contracción que está registrando la actividad económica en la Unión Europea, que, según las previsiones, continuará en 2009; considera adecuado que, en el marco de las normas de competencia, se adopten mecanismos adecuados de respuesta, como las ayudas de reestructuración o el Fondo de Adaptación a la Globalización, para combatir las repercusiones de la crisis crediticia sobre el empleo y el crecimiento;

32.

Insta a la Comisión a reconocer la necesidad de poner en marcha mecanismos que reduzcan al mínimo las distorsiones de la competencia y el posible abuso de las posiciones privilegiadas de las que disfrutan los beneficiarios de las garantías estatales;

33.

Insta a la Comisión a imponer restricciones en la actuación de las instituciones financieras beneficiarias de ayudas estatales, con el fin de garantizar que dichas instituciones no se lancen a una política de expansión agresiva gracias a las garantías, en detrimento de sus competidores;

34.

Acoge con satisfacción la reducción significativa de las disparidades de los precios de los automóviles nuevos en toda la Unión Europea, constatada desde la aplicación del Reglamento de exención por categorías en el sector de los vehículos de motor, y espera con impaciencia la evaluación de la Comisión de la eficacia de dicho Reglamento;

35.

Acoge con satisfacción la acción de la Comisión para reducir las tarifas de itinerancia en el campo de las telecomunicaciones; observa, no obstante, que los precios continúan estando justo por debajo del precio límite regulado; pide que se adopten medidas en apoyo de la competencia en materia de precios, en lugar de regular los precios al por menor;

36.

Acoge con satisfacción la contribución de la Dirección General de Competencia de la Comisión al Libro Blanco sobre el deporte, que, entre otras cosas, llama la atención hacia la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y la práctica decisoria de la Comisión en lo que concierne a la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE al sector del deporte;

37.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta en mayor medida la dimensión internacional de sus políticas en lo que concierne a la competitividad de la Unión Europea a nivel mundial y que pida que se respete y aplique el principio de reciprocidad en las negociaciones comerciales;

38.

Considera fundamental que la política de competencia se aborde adecuadamente en el marco de las negociaciones de los acuerdos comerciales bilaterales; pide a la Dirección General de la Competencia que participe activamente en dichas negociaciones para asegurar el reconocimiento mutuo de las prácticas de competencia, en particular en los ámbitos de las ayudas estatales, la contratación pública, los servicios, las inversiones y la facilitación del comercio;

39.

Insta a la Comisión a revisar la estructura de su participación en la Red Internacional de Competencia y en el Día Europeo de la Competencia, con el fin de garantizar que la opinión pública esté más y mejor informada acerca de la importancia fundamental de la política de competencia como sustento del crecimiento económico y del empleo;

40.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/48

A.

Considerando que en la Unión Europea 23 millones de pequeñas y medianas empresas (PYME), que constituyen el 99 % de las empresas existentes y representan más de 100 millones de puestos de trabajo, desempeñan un papel fundamental en la contribución al crecimiento económico, a la cohesión social y a la creación de empleo, son una importante fuente de innovación y son cruciales para sostener y aumentar el empleo,

B.

Considerando que debe colocarse a las PYME en el centro de todas las políticas comunitarias, para que puedan desarrollarse y adaptarse a las demandas de la globalización, participar en el triángulo del conocimiento y adaptarse a los cambios medioambientales y energéticos,

C.

Considerando que, a pesar de algunas iniciativas anteriores de la Unión Europea, apenas se ha producido una mejora tangible en el entorno empresarial de las PYME desde el año 2000,

D.

Considerando que la inmensa mayoría de las PYME son microempresas, empresas artesanales, empresas familiares o cooperativas, que son incubadoras naturales de la cultura empresarial y por ello son un importante factor de inclusión social y empleo autónomo,

E.

Considerando que no se facilita a las PYME el apoyo suficiente para que puedan defenderse por sí mismas frente a prácticas comerciales injustas desarrolladas en el ámbito transfronterizo, tales como las de las empresas que elaboran directorios profesionales de manera engañosa,

F.

Considerando que, a pesar de sus diferencias, las PYME europeas se encuentran ante los mismos numerosos retos para desarrollar todo su potencial en ámbitos como la existencia de costes administrativos y de cumplimiento relativamente más elevados que para las empresas más grandes, el acceso a la financiación y a los mercados, la innovación y el medio ambiente,

G.

Considerando que, como contribución clave para lograr un marco favorable a las PYME, debe cambiar la percepción del papel de los empresarios y de la asunción de riesgos: el espíritu empresarial y la voluntad conexa de asumir riesgos deben ser aplaudidos por los líderes políticos y los medios de comunicación y apoyados por las administraciones,

H.

Considerando que las PYME tienen que hacer frente a problemas específicos para iniciar sus procesos de internacionalización, como la falta de experiencia internacional, la escasez de recursos humanos experimentados, un marco normativo internacional muy complejo y la necesidad de introducir cambios de organización y de cultura empresarial,

I.

Considerando que el Parlamento ha lamentado siempre la falta de fuerza jurídica vinculante de la Carta Europea de la Pequeña Empresa que ha contrarrestado su aplicación genuina y que, por esta razón, la mayor parte de sus diez recomendaciones no son más que letra muerta; considerando que en su Resolución de 19 de enero de 2006 pidió al Consejo que se ocupase de esta cuestión,

1.

Manifiesta su satisfacción por la mencionada Comunicación de la Comisión de 25 de junio de 2008, cuyo objetivo es establecer una agenda política ambiciosa para fomentar el crecimiento de las PYME a través de los diez principios rectores y fijar el principio de «pensar primero a pequeña escala» (Think Small First) en la formulación de las políticas a todos los niveles;

2.

Lamenta que la Ley de la Pequeña Empresa no sea un instrumento jurídico obligatorio; considera que su aspecto verdaderamente innovador es su intención de situar el principio de «pensar primero a pequeña escala» en el centro de las políticas comunitarias; pide al Consejo y a la Comisión que se unan al Parlamento en su esfuerzo por establecer este principio como norma vinculante, con arreglo a una forma por determinar, para garantizar su aplicación correcta en toda la futura legislación comunitaria;

3.

Insiste en la imperiosa necesidad de aplicar los diez principios a escala europea, nacional y regional; insta, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros a que cooperen estrechamente con todas las partes interesadas pertinentes para definir las prioridades y aplicar con urgencia, en particular a nivel nacional, el Plan de acción «Small Business Act» (SBA) adoptado por el Consejo de Competitividad el 1 de diciembre de 2008, velando por que todas las partes implicadas se responsabilicen realmente de los principios rectores;

4.

Pide a la Comisión que continúe mejorando la visibilidad y la sensibilización respecto de las acciones en favor de las PYME mediante la agrupación de los instrumentos y recursos comunitarios existentes en una línea específica del presupuesto comunitario;

5.

Manifiesta su firme convicción de que es fundamental establecer un mecanismo de seguimiento para controlar la correcta y rápida aplicación de las iniciativas emprendidas; pide al Consejo que inserte las acciones que deban tomarse a escala de los Estados miembros en el proceso de Lisboa y que informe cada año al Parlamento sobre los progresos realizados;

6.

Pide a la Comisión el establecimiento de un sistema de seguimiento de los progresos realizados a raíz de la aplicación de los diez principios rectores por parte de la Comisión y de los Estados miembros; pide a la Comisión que elabore criterios normalizados de evaluación para medir los progresos realizados; pide a los Estados miembros que incorporen sus primeros informes sobre los progresos realizados a sus próximos informes anuales sobre los programas nacionales de reforma;

7.

Destaca la necesidad de hacer hincapié de modo especial en las empresas de artesanía, las empresas familiares, las microempresas y las empresas individuales a los niveles de la Unión Europea, nacional y regional, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tomen medidas reglamentarias, administrativas, fiscales y de formación permanente dirigidas específicamente a estas empresas; pide también el reconocimiento de las características específicas de los profesionales liberales y de la necesidad de tratarlos del mismo modo que a otras PYME, excepto cuando ello sea incompatible con las leyes que regulan estas profesiones; subraya el importante papel de las asociaciones de PYME para comerciantes, empresas artesanales y otras profesiones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen en cooperación para mejorar el entorno empresarial de estos sectores y el marco jurídico de sus asociaciones profesionales y sectoriales;

8.

Considera que las propuestas de la Comisión carecen de una estrategia clara para que los trabajadores por cuenta propia mejoren su condición jurídica y sus derechos, sobre todo si su posición es comparable a la de los asalariados; pide a la Comisión que garantice a los trabajadores por cuenta propia el derecho a acordar tarifas estándar, a organizarse y a concluir convenios colectivos, si su entidad contratante es una gran empresa con una posición dominante en el mercado, siempre que ello no perjudique a clientes menos poderosos y que no cause distorsiones en el mercado;

9.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen la adopción de medidas de fomento con objetivos específicos y apoyo individualizado, como información, asesoramiento y oportunidades de acceso al capital de riesgo para la creación de empresas en el sector de las PYME;

10.

Subraya la necesidad de elaborar un modelo social y económico que cree una red de seguridad adecuada para las PYME del sector creativo, en el que a menudo son inestables las condiciones de trabajo;

11.

Constata con pesar que las mujeres se enfrentan a dificultades a la hora de crear y mantener empresas debido a factores como las lagunas en la información, la falta de contactos y de acceso a redes, la discriminación por razones de género y los estereotipos, la oferta escasa y carente de flexibilidad de infraestructuras para el cuidado de niños, las dificultades para conciliar las obligaciones empresariales y familiares, así como las diferencias en la forma en que mujeres y hombres enfocan la actividad empresarial;

12.

Se manifiesta a favor de la propuesta de establecer una red de empresarias-embajadoras y de crear sistemas de tutoría para alentar a las mujeres a crear su propia empresa y fomentar el espíritu empresarial entre las licenciadas universitarias; señala, no obstante, que muchas empresas todavía aplican la segregación por género, lo que constituye, y seguirá constituyendo durante mucho tiempo aún, un problema muy grave, ya que mientras las mujeres sigan estando discriminadas en el mercado laboral, la Unión Europea perderá trabajadoras y empresarias capaces y, por ende, dinero; considera, por consiguiente, que debería invertirse aún más dinero en proyectos destinados a apoyar a las empresarias;

13.

Subraya que el espíritu empresarial femenino contribuye a atraer a las mujeres al mercado de trabajo y a mejorar su situación económica y social; lamenta, no obstante, que persistan en este ámbito desfases —principalmente salariales— entre hombres y mujeres, a pesar del gran interés demostrado por las mujeres, y que el porcentaje de empresarias en la Unión Europea siga siendo bajo debido, en parte, a la contribución no reconocida (por ejemplo, no remunerada) pero fundamental de las mujeres a la gestión cotidiana de las PYME familiares;

14.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tengan en cuenta el sector creativo y cultural como motor del desarrollo económico y social en la Unión Europea —con una parte del 2,6 % del PIB y del 2,5 % de los empleos de la UE—; subraya la importancia de las PYME para estimular el sector de las TIC y la industria creativa;

15.

Subraya que el sector creativo está dominado por PYME y que esto resulta especialmente importante para garantizar un empleo regional sostenible;

16.

Manifiesta su satisfacción ante la prevista propuesta de la Comisión de directiva sobre el establecimiento de tipos reducidos de IVA para los servicios con gran intensidad de mano de obra prestados a escala local, ofrecidos principalmente por PYME; destaca, no obstante, que ello no debe dar lugar a distorsiones de la competencia y no debe haber ambigüedades en cuanto a los servicios cubiertos;

17.

Observa la necesidad de garantizar que las PYME sean capaces de comprar a pequeña escala, de forma ecológica y a nivel local, lo que las hará más respetuosas con el clima y más eficaces;

18.

Celebra la rápida adopción de la exención general por categorías con respecto a las ayudas estatales y de las medidas sobre el estatuto de las empresas privadas europeas y los tipos reducidos de IVA;

19.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de reducir los tipos de IVA aplicables a los servicios locales; pide a la Comisión que tome nuevas medidas para suavizar las normas en materia de ayudas estatales, a fin de promover la oferta de oportunidades de contratación pública a empresas locales, especialmente a PYME locales;

20.

Apoya la idea de ampliar hasta 2012 la exención actual de las normas de la CE sobre competencia aplicables a las ayudas estatales para la producción de películas, y considera que supone un gran apoyo a las PYME creativas;

21.

Apoya las nuevas normas en materia de ayudas estatales establecidas en el Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE (Reglamento general de exención por categorías) (3) para eximir, en ciertas condiciones, a las PYME de las normas en materia de notificación;

22.

Señala que, a pesar del claro compromiso asumido en la Carta Europea de la Pequeña Empresa, las PYME siguen sin tener voz en el contexto del diálogo social; insta a que se corrija formalmente este déficit mediante propuestas apropiadas en el contexto de la SBA;

23.

Considera que, en el marco de la SBA, debe hacerse mayor hincapié en el tema de la legislación laboral, en particular con vistas al concepto de la flexiguridad que permite, en especial a las PYME, reaccionar más rápidamente frente a cambios del mercado y garantizar con ello un nivel de empleo más elevado y la competitividad de la empresa, también a nivel internacional, sin dejar de tomar en consideración la necesaria protección social; remite a ese respecto a su Resolución, de 29 de noviembre de 2007, sobre los principios comunes de la flexiguridad (4);

24.

Subraya, además, la importancia de la legislación laboral, especialmente cómo puede optimizarse su aplicación a las PYME, por ejemplo, a través de un mejor asesoramiento o de la simplificación de los procedimientos administrativos, y pide a los Estados miembros que presten una atención especial a las PYME en relación con los enfoques específicos que adopten sobre la flexiguridad, por ejemplo, mediante políticas activas de mercado laboral, puesto que las PYME disponen de posibilidades de aumentar la flexibilidad interna y externa debido a sus bajos niveles de personal, pero también necesitan mayor seguridad para sí mismas y para sus trabajadores; considera esencial que la legislación laboral, como uno de los principales pilares de la flexiguridad, proporcione un fundamento jurídico fiable para las PYME, pues estas empresas a menudo no pueden permitirse un departamento jurídico o un departamento de gestión de los recursos humanos; señala que, de acuerdo con Eurostat, el 91,5 % de las empresas europeas empleaban a menos de 10 personas en 2003;

25.

Considera necesario establecer medidas de lucha contra el trabajo no declarado, que constituye una verdadera fuente de competencia desleal para las PYME con gran intensidad de mano de obra;

26.

Pide a los Estados miembros que aumenten en la economía general la inclusión de las PYME propiedad de minorías étnicas infrarrepresentadas desarrollando programas en materia de diversidad de proveedores que proporcionen las mismas oportunidades a las empresas infrarrepresentadas que compiten con empresas más grandes para obtener contratos;

27.

Subraya la importancia de un Estatuto de la Sociedad Privada Europea como una nueva forma jurídica complementaria, siempre que se centre en las PYME que tienen la intención de emprender actividades transfronterizas y no pueda ser utilizada abusivamente por grandes empresas para socavar y eludir disposiciones legales en los Estados miembros que fomenten un sistema de gobernanza empresarial que tenga en cuenta los intereses de todas las partes interesadas;

28.

Pide a las autoridades públicas, partiendo del principio de que el acceso a la información es un requisito previo a la obtención de la propia información, y vista la importancia del vector Internet a este respecto, que simplifiquen al máximo las páginas web institucionales con el fin de que los usuarios puedan localizar y comprender los mecanismos de apoyo que se ofrecen;

29.

Subraya la importancia de la innovación para las PYME y sus dificultades para aprovechar las oportunidades de investigación; considera que las academias científicas y los centros de investigación podrían desempeñar un papel para impulsar la innovación y reducir las barreras que obstaculizan la investigación por PYME; opina que no se debería centrar la atención únicamente en la innovación de alta tecnología, sino que también se debería tener en cuenta la innovación de bajo y medio nivel tecnológico e incluso la innovación informal; considera que el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología podría desempeñar un importante papel a la hora de impulsar la I+D y la innovación para las PYME; pide a los Estados miembros que multipliquen las iniciativas destinadas a bajar el umbral para que las PYME puedan acceder a la investigación; expresa su convicción de que todos los programas comunitarios de investigación y tecnología deben concebirse de un modo que facilite la participación transfronteriza de PYME;

30.

Apoya la iniciativa de la Comisión destinada a mejorar el acceso al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013) (5);

31.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan unas mejores condiciones marco para promover un entorno más favorable a la innovación por parte de las PYME, en particular mediante la adopción de medidas para mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual y luchar más eficazmente contra la falsificación en toda la Unión Europea; considera que unas normas bien equilibradas en materia de derechos de propiedad intelectual pueden ofrecer protección y garantizar a la vez el flujo y el intercambio de información e ideas; insiste en que las PYME necesitan apoyo para acceder a la protección de los derechos de propiedad intelectual, mantener estos derechos con la asistencia de las autoridades competentes en materia de derechos de propiedad intelectual y usarlos para atraer financiación;

32.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que exijan a sus socios comerciales una aplicación más estricta del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS), y que hagan cuantos esfuerzos sean necesarios para la adopción de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales para luchar contra la falsificación y la piratería, como el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA);

33.

Considera que todavía no se ha explotado plenamente todo el potencial del comercio electrónico para las PYME, y que aún queda mucho por hacer para realizar un mercado único europeo electrónico de productos y servicios en el que las PYME podrían desempeñar un papel de primer orden en la ulterior integración de los mercados de la UE;

34.

Considera que debe promoverse la participación de las PYME en agrupaciones de empresas con objeto de impulsar la innovación y aumentar la competitividad de la economía de la UE; pide, por consiguiente, a la Comisión que apoye la mejora de la gestión de las agrupaciones de empresas, especialmente mediante el intercambio de mejores prácticas y programas de formación, que diseñe y difunda herramientas destinadas a evaluar los resultados de las agrupaciones de empresas, que promueva la cooperación entre agrupaciones de empresas, y que continúe simplificando los procedimientos administrativos para la participación de las agrupaciones de empresas en los programas de la UE;

35.

Pide que la SBA tome en consideración los acuerdos de cooperación entre las PYME (asociaciones de compra y de comercialización), puesto que se ha demostrado que estos grupos corren menor riesgo de insolvencia que las empresas por sí solas;

36.

Manifiesta su firme convicción de que las patentes desempeñan un papel importante en la innovación y el rendimiento económico, puesto que permiten a los innovadores beneficiarse del producto de las inversiones en innovación y proporcionan la seguridad necesaria para las inversiones, el capital y los préstamos; considera, por tanto, que debería llegarse rápidamente a un acuerdo sobre una patente comunitaria que garantice una protección jurídica poco onerosa, eficaz, flexible y de gran calidad, adaptada a las necesidades de las PYME, así como sobre un sistema europeo armonizado para los litigios en materia de patentes;

37.

Subraya la necesidad de promocionar la contratación pública innovadora y precomercial, puesto que da lugar a valor añadido para las autoridades contratantes, los ciudadanos y las empresas participantes; pide a los Estados miembros que incrementen la cuota de contratación pública innovadora y la participación de PYME innovadoras en los procedimientos de contratación pública; pide a la Comisión que facilite la difusión de mejores prácticas en este ámbito, por ejemplo, en lo referente a los criterios y procedimientos para las licitaciones y las disposiciones de distribución de riesgos y puesta en común de conocimientos;

38.

Considera que, en el contexto de la contratación pública internacional, en el que las nuevas tecnologías hacen posible el comercio electrónico transfronterizo, las nuevas formas de, por ejemplo, subastas combinadas para consorcios de PYME y la publicación o convocatoria de licitaciones en línea permiten un aumento importante de la contratación pública no sólo dentro de la Unión Europea, sino también a escala global, lo que fomenta el comercio electrónico a escala transfronteriza;

39.

Señala la necesidad de personal técnico cualificado y en número suficiente; considera, por consiguiente, que se necesita más inversión en educación y que se deberían reforzar los vínculos entre los centros de enseñanza y las PYME, de forma que la promoción del empleo por cuenta propia, la cultura empresarial y la sensibilización de las empresas figure en los planes de estudios nacionales; se pronuncia a favor de la ampliación de iniciativas para la movilidad como «Erasmus para jóvenes empresarios» y «Erasmus para aprendices», en particular, por lo que se refiere a la participación de las mujeres; apoya la proyectada ampliación del ámbito del programa Leonardo da Vinci y la creación del Sistema Europeo de Créditos para la Educación y Formación Profesionales; insta a los Estados miembros a que, en colaboración con los interlocutores sociales y los proveedores de formación, creen programas, concebidos de forma específica para las necesidades de las PYME, de formación y reciclaje profesional en el trabajo y de aprendizaje permanente con cofinanciación del Fondo Social Europeo; pide a la Comisión que facilite el intercambio de mejores prácticas en los ámbitos de la formación innovadora y las medidas para conciliar la vida laboral y la vida familiar y para promover la igualdad entre mujeres y hombres;

40.

Subraya la importancia del estímulo del empresariado joven y femenino mediante, entre otras cosas, la introducción de programas de tutoría y tutoría de empresa («mentoring»); señala que un número creciente de mujeres empresarias y jóvenes empresarios trabajan en PYME, si bien siguen trabajando principalmente en empresas de pequeñísimas dimensiones (microempresas) y siguen sufriendo los efectos adversos de estereotipos y prejuicios en conexión con la transmisión y sucesión de empresas, sobre todo en el caso de empresas familiares; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que tomen en consideración el impacto del envejecimiento demográfico para aplicar políticas y dispositivos adecuados, utilizando en particular instrumentos de diagnóstico, información, asesoramiento y acompañamiento para la transmisión de empresas;

41.

Recuerda que el Séptimo Programa Marco incluye un mecanismo para distribuir el riego financiero con el fin de facilitar el acceso a los créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) destinados a los proyectos a gran escala; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de permitir el acceso de las PYME a este mecanismo y que presente las propuestas que resulten necesarias;

42.

Acoge favorablemente el lanzamiento de una red única europea que integre los servicios prestados actualmente por los Euro-Info Centros y los Centros de Enlace de la Innovación con objeto de apoyar a las PYME en todos sus esfuerzos de innovación y competitividad mediante una amplia gama de servicios;

43.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de permitir el acceso de las PYME al programa marco para la innovación y la competitividad (6) y que, en su caso, presente propuestas al respecto;

44.

Señala que para las PYME la principal fuente de financiación en Europa es su propia actividad, así como los préstamos y créditos que les conceden las instituciones financieras; constata que se percibe a las PYME como de riesgo más elevado, lo que obstaculiza su acceso a la financiación; pide un esfuerzo combinado de las entidades financieras, la Comisión y los Estados miembros para garantizar el acceso de las PYME a la financiación y ofrecerles la posibilidad de consolidar su capital reinvirtiendo los beneficios en la propia empresa; considera que no debe exigirse a las PYME el pago de gastos antes de que inicien sus actividades, con el fin de que puedan crear sus propios fondos y recursos; recuerda, a este respecto, que la situación financiera actual es apremiante y que es necesaria una acción inmediata;

45.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que multipliquen sus esfuerzos de promoción e información sobre la existencia de fondos europeos y ayudas estatales destinados a las PYME y que hagan ambos instrumentos más accesibles y comprensibles;

46.

Pide a los Estados miembros que creen unas condiciones mejores para que las PYME puedan invertir en la formación cualificada, entre otros medios, con desgravaciones fiscales directas y acuerdos de compensación entre las autoridades fiscales y la Unión Europea;

47.

Reconoce que los sistemas fiscales de los Estados miembros pueden tener efectos disuasorios para la transmisión de empresas, en particular de empresas familiares, lo que aumenta el riesgo de liquidación o cierre; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que examinen atentamente su marco jurídico y fiscal para mejorar las condiciones de transmisión de empresas, especialmente en caso de jubilación o enfermedad del propietario; expresa su convicción de que estas mejoras contribuirán al mantenimiento de las actividades de las empresas, especialmente de las familiares, y a la conservación de puestos de trabajo y la reinversión de beneficios;

48.

Manifiesta su gran satisfacción por el reciente alineamiento de la Estrategia de Lisboa y de la política de cohesión; estima que al dirigir los fondos regionales hacia el espíritu de empresa, la investigación y la innovación se podrían liberar considerables fondos a escala local para reforzar el potencial empresarial;

49.

Subraya que unos mercados financieros dinámicos son esenciales para la financiación de las PYME y subraya la necesidad de abrir mercados europeos de capital de riesgo mejorando la disponibilidad de capital de riesgo, de financiación «de entresuelo» y de microcréditos y el acceso a todos ellos; considera, por esta razón, que, en circunstancias normales, las PYME deben tener acceso a créditos proporcionados por actores de los mercados de capitales, que pueden evaluar sus posibilidades de éxito y cubrir sus necesidades más eficazmente;

50.

Apoya la decisión del Consejo y del BEI de adoptar una serie de reformas para ampliar los productos financieros de las PYME a través del grupo BEI y de ofrecer un desarrollo sustancial de sus préstamos globales a sus socios bancarios, en términos tanto cuantitativos como cualitativos;

51.

Subraya que la escasa capacidad de las PYME para acceder a la financiación es un impedimento grave a su creación y crecimiento; celebra, a este respecto, la decisión del BEI de estimular con 30 000 millones de euros adicionales la financiación disponible para garantías y otros instrumentos financieros para las PYME; pide al BEI que desarrolle nuevas modalidades de instrumentos financieros y nuevas soluciones tangibles para abordar los obstáculos que representan las garantías para acceder al crédito; pide asimismo a los Estados miembros, en vista de la crisis económica actual, que animen a los bancos a que garanticen el acceso de las PYME al crédito en condiciones razonables;

52.

Aplaude la reciente iniciativa de Acción común en apoyo de las instituciones de microfinanciación en Europa (JASMINE), que será beneficiosa para las empresas incipientes y promoverá en particular el espíritu de empresa entre jóvenes y mujeres; pide a los Estados miembros que, en cooperación con las organizaciones de PYME y con entidades crediticias, desempeñen una función proactiva facilitando información sobre el acceso y la solicitud de microcréditos y formas alternativas de financiación;

53.

Subraya el importante papel del BEI y del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) para mejorar el acceso de las PYME a la financiación, sobre todo teniendo en cuenta las actuales turbulencias financieras y sus repercusiones en el mercado del crédito; pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen más a fondo la forma de mejorar la normativa bancaria y otras regulaciones financieras vigentes, sin olvidar la transparencia de las calificaciones de solvencia crediticia, para facilitar el acceso de las PYME a la financiación; pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros y con el BEI, establezca las condiciones marco adecuadas para el desarrollo de un mercado paneuropeo de capital de riesgo;

54.

Señala que en uno de cada cuatro casos, la quiebra de las PYME se debe a la morosidad, en la mayoría de los casos, por parte de administraciones públicas; insiste en que la actual contracción del crédito puede afectar desproporcionadamente a las PYME, pues los clientes mayores presionan a los proveedores para que amplíen los plazos de pago; celebra, a este respecto, la propuesta de la Comisión de revisión de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (7) y pide a los Estados miembros que mejoren los usos de sus administraciones públicas en lo referente a los pagos; exhorta a que se establezca a nivel comunitario un plazo de pagos armonizado, que podría ser más breve para los pagos a PYME, con la posibilidad de imponer sanciones por rebasar el plazo establecido;

55.

Acoge con satisfacción las medidas propuestas en la SBA para mejorar la concesión de capital a las PYME; pide, en particular, que en vista de la crisis financiera, se amplíen o se continúen los programas estatales acreditados de apoyo a las PYME y que se extienda su apoyo a los intermediarios financieros;

56.

Observa el enorme potencial que ofrece el programa marco para la innovación y la competitividad de la UE para corregir las deficiencias del mercado en materia de financiación de las PYME, promover la ecoinnovación y apoyar la cultura empresarial;

57.

Señala que la normalización puede conducir a la innovación y a la competitividad al facilitar el acceso a los mercados y permitir la interoperabilidad; pide a la Comisión que mejore el acceso de las PYME a las normas, así como su participación en el proceso de normalización; insta a la Comisión a que continúe la promoción de las normas comunitarias a escala internacional;

58.

Subraya la importancia que reviste hacer participar en la mayor medida posible a la red Enterprise Europe, las autoridades nacionales de gestión de proyectos, las cámaras de comercio e industria y las autoridades públicas en la promoción a nivel local de las oportunidades ofrecidas por los programas de investigación, desarrollo e innovación de la UE y por los Fondos Estructurales de la UE, incluida la iniciativa comunitaria de recursos europeos conjuntos para las microempresas y las PYME (JEREMIE);

59.

Observa que la contratación pública representa cerca de un 17 % del PIB de la UE; pide a la Comisión y a los Estados Miembros que refuercen el acceso y la participación de las PYME en la contratación pública recurriendo a las oportunidades presentadas en el mencionado código europeo de buenas prácticas facilitando el acceso de las PYME a la contratación pública mediante, entre otras cosas:

60.

Anima asimismo a los Estados miembros a tomar las medidas siguientes:

61.

Toma nota de la necesidad de crear un servicio de consultoría de sistemas que asista a las PYME en su actividad cotidiana a lo largo de su ciclo de vida, con el fin de optimizar sus inversiones;

62.

Considera que las aplicaciones de comercio electrónico avanzadas, basadas en la puesta en práctica de certificados de autenticación y medios de firma electrónicos interoperables, son un motor esencial para la competitividad de las PYME y deben ser objeto de fomento por la Comisión y los Estados miembros;

63.

Subraya la importancia que reviste el mercado interior para las PYME y destaca que el fomento de su acceso al mercado interior debería ser una prioridad;

64.

Reconoce que sigue habiendo determinadas restricciones respecto de la capacidad de las PYME para aprovechar plenamente las ventajas que ofrece el mercado interior; señala, en consecuencia, que se deberían mejorar los marcos tanto jurídico como político del mercado interior para facilitar la actividad transfronteriza de las PYME; señala asimismo que un entorno normativo claro ofrecería a las PYME más incentivos para desarrollar actividades comerciales dentro del mercado interior; considera que los Estados miembros deberían establecer puntos de contacto únicos y portales web;

65.

Subraya que es fundamental, a nivel tanto nacional como de la UE, mejorar la información sobre el acceso al mercado y las oportunidades de exportación dentro del mercado único; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen los servicios de información y asesoramiento, en particular la red de resolución de problemas SOLVIT;

66.

Apoya la creación de servicios consultivos por parte de los Estados miembros para ayudar a las PYME a defenderse por sí mismas contra las prácticas comerciales desleales, tales como las desarrolladas por las empresas que elaboran directorios profesionales de manera engañosa, lo que permitiría reforzar la confianza de las PYME para operar en el ámbito transfronterizo; subraya la importancia del papel de la Comisión tanto para facilitar la coordinación de dichos servicios como para cooperar con ellos con vistas a garantizar una tramitación adecuada y eficiente de las reclamaciones transfronterizas; insiste, no obstante, en que, si estas medidas indicativas no dan resultado, la Comisión debe prepararse para emprender los cambios legislativos apropiados que proporcionen a las PYME una protección similar a la establecida para los consumidores cuando sean la parte más débil en dichas transacciones;

67.

Señala que sólo el 8 % de las PYME tiene actividades transfronterizas, lo que limita las posibilidades de crecimiento; opina que es necesario desarrollar el mercado interior; considera que los Estados miembros deben cooperar en la armonización de los trámites administrativos que afectan a los intercambios intracomunitarios; pide a los Estados miembros que procedan rápidamente a transponer y aplicar la Directiva relativa a los servicios (8) prestando especial atención a los intereses de las PYME, y pide la rápida adopción del Estatuto de la Sociedad Privada Europea;

68.

Considera que debería existir una base consolidada común para el impuesto de sociedades; pide el establecimiento de una «ventanilla única» para el IVA de modo que los empresarios puedan cumplir con sus responsabilidades en el país de origen de la empresa;

69.

Pide a la Comisión que mejore continuamente los requisitos marco para el acceso de las PYME a los mercados exteriores y que apoye el suministro de información; aboga por la creación de centros de apoyo para las empresas europeas en China, India y todos los mercados emergentes, en estrecha cooperación con los centros nacionales de apoyo a las empresas que ya operan en estos países; subraya que, dado que la baja participación de las PYME en actividades transfronterizas también puede explicarse por la falta de conocimientos lingüísticos y competencias multiculturales, es necesario incrementar los medios de acción para alcanzar este objetivo; recuerda, no obstante, que las PYME necesitan un mejor acceso a la información y al asesoramiento cualificado en sus países de origen;

70.

Destaca la importancia de que se progrese en las negociaciones comerciales de modo que se reduzcan aún más los obstáculos reglamentarios al comercio, que afectan a las PYME de manera desproporcionada;

71.

Pide a la Comisión que incluya en su programa de trabajo la igualdad de trato de las PYME en las normas de la OMC relativas al acceso a la contratación pública; pide a la Comisión que preste especial atención a los problemas a los que se enfrentan las PYME en materia de formalidades aduaneras, facilitando la adaptación de sus sistemas informáticos a los que utilizan las autoridades aduaneras nacionales al menor costo posible, y simplificando las modalidades de acceso al estatuto de operador económico;

72.

Considera imprescindible reducir los trámites burocráticos por lo menos en un 25 % siempre que sea posible e instaurar una administración moderna adaptada a las necesidades de las PYME; anima, por consiguiente, a que se fomenten los conocimientos de TIC entre las PYME, en particular entre los jóvenes empresarios y las mujeres empresarias, y el mejor uso de la tecnología digital, para permitirles ahorrar tiempo y dinero y dedicar los recursos resultantes a su desarrollo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que emprendan iniciativas para intercambiar y promover las mejores prácticas, establecer criterios de referencia y elaborar y promover directrices y normas sobre prácticas administrativas favorables a las PYME; considera también indispensable la pronta aplicación de las propuestas del Grupo de Alto Nivel de Partes Implicadas Independientes sobre Cargas Administrativas para alcanzar los objetivos de reducción sin comprometer el acceso de las PYME a la financiación;

73.

Estima que las PYME y, en particular, las microempresas deben estar sujetas a una fiscalidad que reduzca lo más posible los esfuerzos administrativos, de manera que se facilite el inicio de su actividad y se fomente la innovación y la inversión durante toda su existencia;

74.

Subraya que es de importancia fundamental evaluar las repercusiones de las futuras iniciativas legislativas para las PYME; pide, por lo tanto, la realización obligatoria y sistemática de evaluaciones de impacto específicas para las PYME, que podrían denominarse «pruebas PYME», cuyos resultados estarían sujetos a una evaluación independiente que debería estar a la disposición de los órganos legislativos de la UE; considera que debe dedicarse una atención específica al impacto sobre las microempresas y las pequeñas empresas, incluida la carga administrativa; insta a la Comisión a que aplique la prueba PYME a todas las nuevas propuestas de legislación de la UE que afecten a las empresas, incluida la simplificación de la legislación vigente y la retirada de propuestas pendientes; anima a los Estados miembros a que introduzcan pruebas PYME análogas a nivel nacional;

75.

Opina que cualquier nueva legislación, por ejemplo, para evitar la morosidad, o en los ámbitos de los derechos de autor, el Derecho de sociedades o el Derecho de competencia (como las normas para facilitar la obtención de datos en litigios por conductas anticompetitivas o que se deriven del Reglamento general de exención de categorías para las ayudas estatales), debe formularse de tal forma que no discrimine a las PYME, sino que las apoye y apoye igualmente la prestación de sus servicios en todo el mercado interior;

76.

Destaca la necesidad de una participación adecuada y oportuna de las PYME en la concepción de políticas; opina, por consiguiente, que el período de consulta de la Comisión debería prolongarse hasta por lo menos 12 semanas a partir de la fecha en la que la consulta esté disponible en todas las lenguas comunitarias; reconoce el papel esencial y valioso de las organizaciones empresariales representativas y pide en consecuencia a la Comisión que, cuando resulte oportuno, también integre a las PYME y a sus organizaciones representativas directamente en sus comités consultivos de expertos y grupos de alto nivel;

77.

Pide a la Comisión que estimule la simplificación y la armonización del Derecho de sociedades y, en particular, las normas contables en el mercado interior, a fin de reducir la carga administrativa para las PYME y aumentar la transparencia para todas las partes interesadas; insta a la Comisión a que promueva firmemente el uso de las nuevas tecnologías, como el formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language), presentando una hoja de ruta para la transmisión de información a través del XBRL en la Unión Europea, con vistas a hacerla obligatorio en un plazo razonable y para promover y apoyar un uso generalizado de esta norma abierta;

78.

Aboga por el establecimiento de «vacaciones estadísticas» para microempresas, por que se les concedan exenciones temporales de la obligación de elaborar cuadros estadísticos, por una aplicación más general del principio de «una sola vez» en lo relativo al envío de información facilitada por las empresas a las autoridades públicas y por el ulterior desarrollo de la administración electrónica;

79.

Subraya la necesidad de fijar fechas comunes para la entrada en vigor de la nueva legislación comunitaria relativa a las PYME; alienta a los Estados miembros y a las asociaciones de PYME a informar a las PYME de manera sucinta y comprensible sobre los cambios de legislación que les afectan;

80.

Insta a los Estados miembros a que, en colaboración con organizaciones de PYME y partiendo de estructuras existentes, como la red Enterprise Europe o las oficinas Europe Direct, creen puntos nacionales de contacto e información específica en soporte material o electrónico, así como agencias de apoyo para las PYME, regidas por el principio de «ventanilla única», que ofrezcan acceso a distintas fuentes de información y servicios de apoyo estructurados con arreglo al ciclo de vida de la empresa;

81.

Reconoce la dificultad de crear una nueva empresa debido a la diversidad de sistemas establecidos en los diferentes Estados miembros; considera, por ello, necesario establecer un sistema unificado de creación de empresas en el que se lleve a cabo el proceso paso a paso y sea posible crear una empresa en 48 horas;

82.

Reitera que, con frecuencia, los reglamentos financieros que gobiernan los programas comunitarios dan lugar a trámites burocráticos innecesariamente largos y onerosos, particularmente para las PYME; pide a la Comisión que revitalice el Observatorio Europeo de las PYME, que publique datos sobre su participación en los diferentes programas comunitarios, junto con análisis de los beneficios, y que presente propuestas para el aumento de su participación; pide a la Comisión que mejore el papel y la visibilidad de los responsables para las PYME en los diferentes ámbitos políticos; apoya, por otra parte, todas las iniciativas que contribuyan a desarrollar un «espíritu PYME» en la elaboración de políticas por parte de las autoridades públicas, como el programa de la Comisión «Experiencia Empresarial», que permite a los funcionarios europeos familiarizarse con las PYME;

83.

Lamenta que los Estados miembros practiquen la «sobrerregulación», que perjudica particularmente a las PYME, y pide a la Comisión que investigue otras medidas que podrían tomarse para evitarla; pide «evaluaciones de impacto de seguimiento» para analizar cómo se transponen las decisiones en los Estados miembros y a escala local;

84.

Pide la creación de un sitio web especial de la UE para PYME que contenga información y formularios de solicitud de proyectos de la UE, números de teléfono nacionales, enlaces a otros socios, información comercial, información sobre proyectos de investigación, así como consultas por Internet, sesiones informativas e información sobre nuevas disposiciones normativas;

85.

Pide a la Comisión que, junto con los Estados miembros, inicie un trabajo de armonización de los formularios que se exigen a las empresas a la hora de presentar sus candidaturas y sus ofertas en los procedimientos de licitación;

86.

Acoge con satisfacción la creación del premio a la mejor idea para reducir los trámites administrativos (Best Idea for Red Tape Reduction Award), concedido a autoridades públicas que hayan adoptado medidas innovadoras a escala local, regional o nacional para reducir los trámites administrativos;

87.

Pide que el pago con cargo a los Fondos de Cohesión de la UE a los proyectos ya aprobados se realice en un plazo de 30 días, a fin de garantizar el progreso continuado, la supervivencia y el efecto de tales proyectos;

88.

Reconoce que los esfuerzos para mejorar la sostenibilidad podrían convertirse en una importante fuente de (eco)innovación y en un elemento clave para la competitividad de la industria; señala que, con frecuencia, las PYME no están lo suficientemente al corriente de nuevas soluciones energéticas eficientes y respetuosas del medio ambiente, o no disponen de los recursos financieros necesarios para adquirirlas; pide por lo tanto a la Comisión que examine la forma en que la Comunidad podría ayudar a las empresas a utilizar con mayor eficiencia los recursos y la energía;

89.

Recuerda la importancia concedida a la responsabilidad social de las pequeñas empresas, que requiere conexiones, redes y servicios horizontales; considera restrictivo referirse a la certificación del Sistema Europeo de Gestión y Auditoría Medioambientales, tanto porque así se resta importancia a las demás certificaciones existentes como porque el mismo se limita exclusivamente al reto medioambiental;

90.

Acoge con satisfacción recientes iniciativas para ayudar a las PYME a adaptarse a la legislación medioambiental, como la concesión de derechos de agencia reducidos, la garantía de acceso a la información sobre normas medioambientales o la introducción de exenciones específicas de la legislación comunitaria;

91.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

1.4.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 87/60

A.

Considerando que, a raíz de la reciente ampliación de la Unión Europea, la necesidad de integración social ha creado nuevos retos, a los que habrá que responder en el contexto de nuevas circunstancias demográficas y económicas, y considerando que, si bien esos retos deberán abordarse en todos los Estados miembros, los Estados miembros de Europa Central y Oriental se ven más afectados a causa de la transformación estructural, económica y social que han experimentado durante los últimos veinte años; constata, por consiguiente, que los grupos sociales vulnerables, como los romaníes, se encuentran en una de las situaciones más peligrosas,

B.

Considerando que en aquellos Estados miembros en los que se han derrumbado los sectores industriales, han decaído las perspectivas de desarrollo de las regiones y que, en consecuencia, muchos romaníes en particular se han visto sumidos en la marginación social debido a la rápida expansión de la pobreza; indicando y recordando que, a lo largo de ese proceso, ha perdido valor el derecho de los romaníes a poseer una ciudadanía nacional y la ciudadanía de la Unión y que los beneficios derivados de la ampliación no les ha alcanzado de forma adecuada, causando su marginación y empeorándola de muchas maneras y aumentando el riesgo de discriminación múltiple al que se enfrentan,

C.

Considerando que la estrategia política para la promoción de la igualdad de oportunidades para los romaníes debe abordar una situación social muy compleja, puesto que los romaníes, la mayor minoría étnica de Europa, comparte las desventajas de otros grupos, y que la manera más eficaz de resolver tal tarea es mediante una amplia estrategia para la población romaní, un conjunto coordinado de instrumentos que comprendan diferentes políticas sectoriales y la financiación necesaria a tal efecto,

D.

Considerando que la población nómada constituye un fenómeno étnico aparte t que existen razones fundadas de examinarlo como tema específico tanto desde el punto de vista de los derechos humanos como desde la perspectiva social y laboral,

E.

Considerando que el proceso de integración de la población romaní en la sociedad no es unilateral sino multilateral y que resulta necesario que la población romaní intervenga activamente en el proceso de toma de decisiones cuando se elaboren las políticas de inclusión social,

F.

Considerando que las condiciones de vida de los romaníes, su estado de salud y nivel de escolaridad determinan su situación social y laboral y, con frecuencia, sirven de pretexto para su exclusión de las sociedades mayoritarias y para el racismo, y considerando que ello dificulta que mejore su calidad de vida, lo que impide el ejercicio de los derechos civiles y humanos más fundamentales,

G.

Considerando que una infraestructura de transporte pobre, la escasez de órganos y servicios administrativos públicos, en particular de centros de enseñanza y sanitarios de calidad y la relocalización de empresas obligan a los jóvenes a abandonar sus hogares por motivos económicos, lo que agrava las disparidades regionales y la creación de guetos,

H.

Considerando que en numerosas ocasiones se ha llamado la atención sobre la necesidad deevaluar, antes de que finalice el segundo período del Proceso de Lisboa, la situación social y las perspectivas de empleo de los romaníes y decidir qué medidas tomar,

I.

Reconociendo la importancia de los Fondos Estructurales y de Cohesión para promover la integración y tomando nota de que, debido a la complejidad de los problemas sociales a los que se enfrentan los romaníes, es inimaginable que esos problemas puedan resolverse mediante el mero sistema de proyectos característico de los Fondos Estructurales y de Cohesión,

J.

Considerando que es de indudable importancia tener en cuenta las anteriores buenas prácticas, pero que su validez es limitada en el tiempo y en el espacio,

K.

Considerando que en la actualidad muchas comunidades romaníes tienden a mantenerse inmóviles en lugar de desplazarse a zonas con mayores oportunidades de empleo,

1.

Considera que para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población romaní se precisa un enfoque coordinado que persiga los tres objetivos siguientes:

2.

Indica que las políticas focalizadas para los romaníes en diferentes casos no han servido para mejorar su situación; reclama que, en todas las acciones de la UE y de los Estados miembros que afecten en particular a los romaníes, participen las partes interesadas romaníes como instancias de toma de decisiones, de modo que se respeten su capacidad y su responsabilidad de organizarse a sí mismos;

3.

Toma nota de que el desigual acceso a los servicios y las desventajas socioeconómicas que afrontan los niños romaníes en la práctica hacen que el desarrollo precoz y la educación de alta calidad estén fuera de su alcance; toma nota de que esas desventajas, a su vez, repercuten negativamente en su desarrollo personal, emocional, social, físico y en sus oportunidades futuras en el mercado de trabajo y, por consiguiente, su integración en la sociedad estructurada;

4.

Considera que los sistemas educativos son selectivos y que, pese a los esfuerzos realizados por los Estados miembros para superar la segregación, los muchos y variados sistemas aparentemente diseñados para hacer frente a la segregación con frecuencia sirven de hecho para acentuar las diferencias entre los grupos sociales y perjudican profundamente a los pobres, en particular a los romaníes, que se ven en una espiral de caída; destaca, por consiguiente, la necesidad de políticas educativas focalizadas para llegar a las familias romaníes y estimular su participación activa;

5.

Destaca que, aún cuando se ha incrementado en determinados Estados miembros el porcentaje de romaníes jóvenes en la educación secundaria y superior, su nivel de formación sigue siendo muy inferior a la media de la UE; destaca el abismo entre la falta de mano de obra por un lado y, por otro, la elevada tasa de desempleo ligada a los bajos niveles de formación de los romaníes; pide, por lo tanto, que los Estados miembros y la UE ayuden a los romaníes a aumentar sus cualificaciones como asunto prioritario; llama la atención sobre el hecho de que, a falta de cualificaciones formales, sería posible mejorar la situación de los romaníes en el mercado de trabajo diseñando un sistema de reconocimiento de pericias prácticas;

6.

Insta a los Estados miembros a que garanticen que las mujeres y las jóvenes romaníes tengan acceso en términos de igualdad a una educación de calidad superior y a que introduzcan incentivos (por ejemplo, oportunidades de desarrollo profesional) para atraer a profesores altamente cualificados hacia escuelas situadas en zonas social y económicamente más desfavorecidas y, en particular, en comunidades del medio rural con una proporción significativa de población romaní;

7.

Pide a los Estados miembros que mejoren el acceso de las mujeres romaníes a la formación profesional, y que ajusten ésta a las necesidades de los mercados de trabajo locales para proporcionar a las mujeres romaníes competencias comercializables;

8.

Observa que la gran mayoría de licenciados romaníes no vuelve a sus comunidades después de salir de la universidad y que algunos de ellos bien niegan sus orígenes bien dejan de ser aceptados en su comunidad cuando intentan regresar;

9.

Recomienda que se proyecte un paquete de programas global que fomente y motive el regreso de los romaníes con titulación a su comunidad, así como el empleo en su comunidad y en interés de la misma;

10.

Considera que los ciudadanos romaníes en algunos Estados miembros influyen en la pirámide de población de manera específica; toma nota, por ejemplo, de que la proporción de niños romaníes es alta en la población, en tanto que su esperanza de vida en el momento de nacer es 10 años inferior a la de las personas de la población mayoritaria;

11.

Considera que, si bien los Estados miembros han utilizado importantes recursos de la UE y de los Estados miembros para ayudar a los desempleados de larga duración a encontrar empleo, aún no se ha encontrado una solución coherente a escala de la UE, pues los Estados miembros están abordando la situación de maneras y en grados muy distintos y no han proporcionado oportunidades de volver a largo plazo al mercado laboral, mientras que sus medidas, como los programas públicos de empleo, han agravado más la estigmatización de los romaníes; pide, en consecuencia, que tanto la UE como los Estados miembros cambien su política orientándose hacia un planteamiento integrado que aborde todos los aspectos de sus privaciones;

12.

Invita a los Estados miembros a que ajusten los programas de formación profesional a las necesidades de los mercados laborales locales y a que proporcionen incentivos a los patronos que contratan a personal no cualificado (incluidos los romaníes) y les ofrecen formación y oportunidades para adquirir experiencia práctica directamente en el lugar de trabajo;

13.

Invita a las autoridades locales y de los Estados miembros a que entreguen evaluaciones anuales desglosadas por sexo sobre el índice de reempleo entre los parados de larga duración (incluidos los romaníes) que han acabado una formación laboral y, sobre la base de la experiencia adquirida, a que elaboren nuevas metodologías y pongan en marcha programas de formación adaptados a las capacidades y necesidades económicas locales;

14.

Pide a los Estados miembros que utilicen fondos de la UE para preservar y proteger las actividades tradicionales de los romaníes;