26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/1

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/2

1)

¿Deben interpretarse los artículos 1, apartado 2, y 8, apartados 2 y 4 de la Directiva 91/439/CEE (1) –especialmente en relación con los artículos 2, apartado 1, y 3, apartado 1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea– en el sentido de que permiten que un Estado miembro (el «Estado miembro de acogida») no reconozca un permiso de conducción de la clase B, expedido por otro Estado miembro (el «Estado miembro de expedición») con infracción, evidente en el propio permiso de conducción, del requisito de residencia del artículo 7, apartado 1, letra b), de la Directiva 91/439/CEE, a una persona, frente a la que el Estado miembro de acogida adoptó, con anterioridad, medidas en el sentido del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/430/CEE, cuando esta persona obtiene, con posterioridad, en el Estado miembro de expedición un permiso de conducción de la clase C sin infringir manifiestamente el requisito de residencia?

2)

En caso de respuesta afirmativa a esta cuestión, ¿puede el Estado miembro de acogida, negarse también a reconocer el permiso de conducción de la clase C expedido a esa persona?

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/2

1)

¿Es contrario al Derecho comunitario, en especial respecto al Derecho de los consumidores y usuarios, que un órgano judicial nacional eluda pronunciarse de oficio y ab limine litis y en cualquier fase del proceso, sobre la nulidad o no y la integración o no de una cláusula de intereses moratorios (en este caso del 29 %), en un contrato de préstamo al consumo? ¿Puede el tribunal optar, sin alterar los Derechos del consumidor de la legislación comunitaria, por deferir el posible análisis de tal cláusula a la iniciativa de la parte deudora (mediante la oportuna oposición procesal)?

2)

A la luz del artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE (1) y artículo 2 de la Directiva 2009/22/CE (2), ¿cómo debe interpretarse de manera conforme el artículo 83 del Real Decreto Legislativo número 1/2007 (anterior artículo 8 de la Ley General n. 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios a tales efectos? ¿Qué alcance tiene, a estos efectos, el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE cuando establece que las cláusulas abusivas «no vincularán al consumidor»?

3)

¿Puede excluirse el control judicial de oficio y ab limine litis cuando la parte actora determine con claridad en la demanda el tipo de interés moratorio, el importe de la deuda, incluido el principal y los intereses, las penalizaciones contractuales y las costas, el tipo de interés y el período respecto del cual se reclaman dichos intereses (o la referencia a añadir de oficio un interés legal al principal en virtud del Derecho del Estado miembro de origen), la causa de pedir, incluida una descripción de las circunstancias invocadas como fundamento de la deuda y los intereses reclamados y se concrete si se trata de interés legal, contractual, capitalización de intereses o tipo de interés del préstamo, si se ha calculado por el demandante y el tato por ciento por encima del tipo de base del Banco Central, como sucede en el Reglamento comunitario sobre el proceso monitorio europeo? (3)

4)

En defecto de trasposición, los artículos 5.1, l y m, y 6 — cuando habla de «procedimientos para su ajuste» — y en el artículo 10.2, l — al referir «modalidades de adaptación» — de la Directiva 2008/48/CE (4), ¿obligan a la entidad financiera a recoger de manera especial y significada en el contrato (no en el cuerpo del texto, de forma nada discriminada) como «información precontractual» las referencias al tipo de interés de demora, para caso de impago, con claridad y en lugar destacado y los elementos tenidos en cuenta para su determinación (gastos financieros, de recobro …) y a incluir una advertencia sobre las consecuencias en relación con los elementos de coste?

5)

¿El artículo 6.2 de la Directiva 2008/48/CE incluye la obligación de comunicar el vencimiento anticipado del crédito o préstamo, que abre la aplicación del interés moratorio? ¿Es aplicable el principio de interdicción del enriquecimiento injusto del artículo 7 de la Directiva 2008/48/CE cuando la entidad crediticia no pretende sólo la recuperación del bien (el capital del préstamo), sino la aplicación de intereses de demora especialmente elevados?

6)

A falta de norma de trasposición y a la luz del artículo 11.2 de la Directiva 2005/29/CE (5), ¿puede el tribunal analizar de oficio como desleal la práctica de introducir en el texto del contrato una cláusula de intereses moratorios?

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/3

1)

El artículo 18, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, (1) relativo a los traslados de residuos, ¿es también aplicable a las partes intervinientes en la operación de traslado?

2)

En caso de respuesta negativa: El artículo 18, apartado 1, del citado Reglamento, ¿está limitado por el Derecho primario de la Unión para proteger los secretos comerciales?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: El artículo 18, apartado 4, del citado Reglamento, ¿limita el alcance de la obligación de la persona que organice el traslado con arreglo al artículo 18, apartado 1, de comunicar también al destinatario de los residuos la identidad del productor o recogedor de residuos mediante el documento previsto en el anexo VII a fin de proteger los secretos comerciales?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión: ¿Depende el grado de limitación de una ponderación de los bienes jurídicos en el caso concreto (por una parte, los intereses comerciales afectados y por otra, la protección del medio ambiente)?

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/3

1)

¿El artículo 3, apartado 2, primera frase, del Reglamento Dublín II (1) (correspondiente a la denominada «asunción de responsabilidad»), en virtud del cual un Estado miembro está facultado para examinar una solicitud de asilo que le sea presentada, aun cuando la decisión incumba, según el artículo 3, apartado 1, del Reglamento, a otro Estado miembro (en lo sucesivo, «Estado miembro responsable»), debe interpretarse en el sentido de que el deber del Estado miembro de hacer uso de la facultad que dicha disposición le confiere a favor del solicitante de asilo, también puede deducirse de motivos que no se basen en la persona del solicitante de asilo o resulten de otras circunstancias particulares del caso, sino que se desprendan de una situación en el Estado miembro responsable que pone en peligro los derechos fundamentales de los solicitantes de asilo conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «CDFUE»)?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

¿Se desprenden motivos relevantes para que un Estado miembro deba asumir la responsabilidad por razón de la situación en el Estado miembro responsable respecto a la garantía de los derechos fundamentales del artículo 3, apartado 1, artículo 4, artículo 18, artículo 19, apartado 2, y artículo 47 de la CDFUE, del hecho de que el Estado miembro responsable incumpla de forma sustancial y durante un periodo de tiempo indeterminado uno o, de forma simultánea, varios de los requisitos establecidos por la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (DO L 31, p. 18) y por las disposiciones de la Directiva 2005/85/CE del Consejo, de 1 de diciembre de 2005, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar la condición de refugiado (DO L 326, p. 13)?

3)

En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión:

¿Existe en cualquier caso un deber del Estado miembro de ejercer la facultad conferida por el artículo 3, apartado 1, primera frase, del Reglamento Dublín II en relación con las mencionadas garantías de la CDFUE, cuando en el Estado miembro responsable se den irregularidades especialmente graves, que comprometan fundamentalmente las garantías procesales para solicitantes de asilo, o la vida o la integridad física de los solicitantes de asilo trasladados?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda o a la tercera cuestión:

¿Se desprende del deber del Estado miembro de ejercer la facultad conferida por el artículo 3, apartado 2, primera frase, del Reglamento Dublín II un derecho subjetivo reclamable por el solicitante de asilo frente a ese Estado miembro a que éste ejerza la asunción de responsabilidad?

26.3.2011   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/4

1)

¿Se opone el artículo 49 CE a la aplicación de una disposición nacional como el artículo 29, párrafo primero, punto 2, letra d), de la Ley de 11 de abril de 1983, en la medida en que, por una parte, esta disposición permite conceder un crédito fiscal, concretamente una retención ficticia en origen del impuesto sobre las rentas del capital, a los beneficiarios de rentas procedentes de créditos o de préstamos concedidos a un centro de coordinación en el sentido del Real Decreto no 187, de 30 de diciembre de 1982, relativo a la creación de centros de coordinación, cuando la sociedad que utiliza los fondos tomados en préstamo por el centro de coordinación o a través del mismo, para adquirir un bien material que utiliza en Bélgica en el ejercicio de su actividad profesional, cede el derecho de uso sobre éste a una sociedad que forma parte del mismo grupo de sociedades y que es residente en Bélgica, mientras que, por otra parte, dicha disposición no permite conceder un crédito fiscal cuando la misma sociedad cede un derecho de uso sobre el mismo bien material a una sociedad que también forma parte del mismo grupo de sociedades, pero que es residente en un Estado miembro distinto de Bélgica?

2)

¿Debe entenderse que el artículo 10 CE, en relación con el artículo 49 CE, prohíbe una interpretación de una disposición como el artículo 29, párrafo primero, punto 2, letra d), de la Ley de 11 de abril de 1983 que supedite la concesión de un crédito fiscal, concretamente una retención ficticia en origen del impuesto sobre las rentas del capital, a los beneficiarios de rentas procedentes de créditos o de préstamos concedidos a un centro de coordinación en el sentido del Real Decreto no 187, de 30 de diciembre de 1982, relativo a la creación de centros de coordinación, al requisito de que ninguna sociedad del grupo, y no sólo la sociedad que adquiere el bien material gracias a dicha financiación y lo utiliza en Bélgica para el ejercicio de su actividad profesional, ceda a un miembro del grupo establecido en otro Estado miembro ningún derecho de uso sobre el bien material financiado por medio de dichos créditos o préstamos?

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/5

1)

Con arreglo al Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91, (1) ¿tiene el pasajero aéreo derecho a compensación en el sentido del artículo 7 del Reglamento (CE) no 261/2004 cuando el retraso de la salida no excede los límites establecidos en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento, pero la llegada al último destino tiene lugar como mínimo tres horas después de la hora de llegada prevista?

En caso de que se responda negativamente a la primera cuestión:

2)

Para determinar si existe un retraso en el sentido del artículo 6, apartado 1, del Reglamento no 261/2004 cuando el vuelo se compone de varias etapas, ¿debe tomarse como referencia cada una de estas etapas de vuelo o la distancia hasta el último destino?

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/5

1)

En relación con un accidente de tráfico en el que intervengan un vehículo automóvil y un peatón, que atraviesa la calzada, y del que resulten daños corporales y materiales para este último, ¿debe considerarse que la exclusión de la indemnización de tales daños cuando el suceso dañoso sea imputable a la conducta del peatón, conforme a la interpretación que reciben los artículos 505 y 570 del Código Civil portugués, es contraria al Derecho comunitario y, en concreto, al artículo 3, apartado 1, de la Primera Directiva (72/166/CEE), (1) al artículo 2, apartado 1, de la Segunda Directiva (84/5/CEE) (2) y al artículo 1 bis de la Tercera Directiva (90/232/CEE), (3) introducido por el artículo 4 de la Quinta Directiva (2005/14/CE) (4) (todas ellas relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de automóviles), habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre las circunstancias en las que puede excluirse la indemnización en virtud del seguro obligatorio del automóvil?

2)

En caso afirmativo, es decir, si esa exclusión de la indemnización resulta contraria al Derecho comunitario, ¿es conforme con dichas Directivas la interpretación de las citadas disposiciones de la normativa civil portuguesa según la cual procede reducir o limitar la indemnización en atención a la concurrencia de la culpa del peatón, por un lado, y del riesgo inherente al vehículo automóvil, por otro, en la producción del siniestro?

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/6

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/6

—

Que se estime el recurso de casación y se anule la sentencia del Tribunal General de 12 de noviembre de 2010, dictada en el asunto T-113/08, Reino de España contra Comisión Europea

—

Que se anule la totalidad de las correcciones financieras relativas a las ayudas a la producción de aceite de oliva acordadas en la Decisión 2008/68/CE (1), de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007; o, subsidiariamente, anule las correcciones financieras en el sector de la producción de aceite de oliva que afecten a gastos cuyos anticipos fueron abonados antes del 24 de noviembre de 2002; o, subsidiariamente, anule las correcciones financieras en el sector de la producción de aceite de oliva que afecten a gastos cuyos anticipos fueron abonados antes del 15 de julio de 2000.

1)

Contradicción interna en el razonamiento seguido por el Tribunal General e infracción del artículo 8 del Reglamento 1663/95 (2) por aceptar que la Comisión base su corrección financiera en irregularidades que no se contenían en el escrito AGR 16844 por el que se comunicaron los resultados de la investigación HO/2002/91/ES.

2)

Infracción de los artículos 36 y 53 del Estatuto del Tribunal de Justicia derivada de la insuficiencia de la motivación de la sentencia por no mencionar en absoluto, ni por tanto resolver, una alegación esencial formulada por el Reino de España en el acto de la vista oral relativa a la determinación de dies ad quem del plazo de veinticuatro meses previsto en los artículos 5, apartado 2, letra c) del Reglamento 729/70 (3), y 7 del Reglamento 1258/1999 (4).

3)

Infracción del plazo de veinticuatro meses establecido en los artículos 5, apartado 2, letra c), del Reglamento 729/70, y 7 del Reglamento 1258/1999:

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/7

1)

Desestimar el recurso.

2)

Condenar en costas a Yorma’s AG.

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/7

—

Que se anule parcialmente la decisión no 3.241.011.280 de la Comisión, que contiene un requerimiento de pago, en la medida en que, en relación con la República de Hungría, se califican de no subvencionables, con cargo al dispositivo de Schengen, determinados gastos relacionados con las medidas 1, 3, 4, 5 y 6 del objetivo III/A, con el objetivo aduanero III/B y, dentro del objetivo I/C, con el establecimiento del control fronterizo fluvial de Mohács y la estación ferroviaria de mercancías de Eperjeske.

—

Con carácter subsidiario, que se anule parcialmente la decisión no 3.241.011.280 de la Comisión, que contiene un requerimiento de pago, en la medida en que, en relación con la República de Hungría, se califican de no subvencionables o de sólo parcialmente subvencionables, con cargo al dispositivo de Schengen, determinados gastos relacionados con las medidas 1, 3, 4, 5 y 6 del objetivo III/A y con el objetivo aduanero III/B.

—

Que se condene en costas a la Comisión.

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/8

—

Que, basándose en el artículo 263 TFUE, se anule íntegramente la decisión de la Comisión Europea no C(2010) 7694 final, de 9 de noviembre de 2010, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo, Asunto COMP/39.258 — Flete aéreo en lo relativo a Air France — KLM y a los motivos en los que se basa su parte dispositiva.

—

Que se anule, al menos, el artículo 5, letras b) y d), de la decisión no C(2010) 7694 final, de 9 de noviembre de 2010, que impone dos multas a Air France — KLM y los motivos en los que se basa o que se reduzcan, basándose en el artículo 261 TFUE, estas multas a un importe apropiado.

—

En todo caso, que se condene a la Comisión Europea a la totalidad de las costas.

1)

Primer motivo basado en la imputación errónea a la demandante de la responsabilidad de las prácticas de Société Air France y de KLM, vulnerando la obligación de motivación, las normas que rigen la imputación a las sociedades matrices de las prácticas de sus filiales y las que rigen la sucesión de empresas dentro de los grupos, así como los principios de responsabilidad personal y de individualidad de las penas.

2)

Segundo motivo basado en la vulneración del derecho a un tribunal independiente e imparcial que resulta de que la decisión impugnada haya sido adoptada por una autoridad que acumula las competencias de instrucción y de sanción, incumpliendo los artículos 47, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y 6, apartado 1, de la Convención Europea de Protección de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales.

3)

Tercer motivo basado en la infracción de la Comunicación de la Comisión sobre clemencia adoptada en 2002 (1) y de los principios de igualdad de trato y de confianza legítima que resultan de la aplicación de esta Comunicación en favor de Lufthansa/Swiss, que no cumplía los requisitos de la Comunicación sobre clemencia.

4)

Cuarto motivo basado en la infracción de la obligación de motivación que resulta de la contradicción entre la parte dispositiva y los motivos de la decisión impugnada en lo relativo a la definición de la infracción imputada a la demandante.

5)

Quinto motivo basado en la falta de motivación y en la vulneración de los principios de igualdad de trato y de no discriminación que resultan del archivo de las actuaciones contra once compañías aéreas.

6)

Sexto motivo basado en la vulneración de los principios de irretroactividad de las penas más graves y de confianza legítima que resultan de la aplicación de las Directrices de la Comisión de 2006 sobre el cálculo de las multas (2) para el cálculo de las multas impuestas a la demandante, pese a que estas Directrices se adoptaron una vez iniciada la investigación; a juicio de la demandante, esta aplicación retroactiva de las Directrices de 2006 condujo a un incremento significativo del nivel de las multas, que no pudo ser previsto de forma razonable en el momento de los hechos.

7)

Séptimo motivo basado en la vulneración del derecho de la demandante a ser oída y del principio de igualdad de armas en cuanto al cálculo de las multas que se le impusieron, al no haber existido debate contradictorio alguno sobre los elementos esenciales del cálculo de las multas.

8)

Octavo motivo basado en errores que afectan al cálculo de las multas impuestas a la demandante al haber sido calculadas dichas multas sobre la base de valores de venta erróneos que, 1) sólo debían integrar los recargos contemplados y no las tarifas y 2) no podían incluir los importes correspondientes al 50 % de los ingresos inbound del Espacio Económico Europeo de Société Air France y de KLM.

9)

Noveno motivo basado en la apreciación errónea de la gravedad de las prácticas de Société Air France y de KLM que resultan de errores manifiestos de apreciación y de la vulneración del principio de igualdad de trato, por una parte, al negarse a tener en cuenta la menor gravedad de las infracciones sobre los recargos, la modesta cuota de mercado acumulada de las partes, los débiles márgenes obtenidos por Société Air France y KLM y el deterioro de la situación financiera de éstas como consecuencia de la crisis económica en el sector del flete aéreo y, por otra parte, al incluir en el perímetro de la infracción contactos relativos a prácticas ejecutadas fuera del Espacio Económico Europeo.

10)

Décimo motivo basado en la vulneración del principio de proporcionalidad de las penas y en un error manifiesto de apreciación que resultan de aplicar un importe adicional del 16 % a las multas impuestas a la demandante y de la falta de motivación en cuanto al tipo del 16 % fijado a estos efectos.

11)

Undécimo motivo basado en el cálculo erróneo de la duración de la infracción que se le imputa a Société Air France y que condujo a un incremento injustificado de la multa impuesta a la demandante por tal infracción.

12)

Duodécimo motivo basado en el carácter manifiestamente insuficiente de la reducción del 15 % de las multas impuestas a la demandante en virtud de los regímenes normativos que regulan el transporte aéreo de flete entre los Estados miembros y los Estados terceros.

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/9

—

Que, basándose en el artículo 263 TFUE, se anule íntegramente la Decisión de la Comisión Europea C(2010) 7694 final, de 9 de noviembre de 2010, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del artículo 53 del Acuerdo EEE y del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el transporte aéreo, Asunto COMP/39.258 — Flete aéreo en lo relativo a la Société Air France y a los motivos en los que se basa su parte dispositiva.

—

Que se anule, al menos, el artículo 5, letra b), de la Decisión C(2010) 7694 final, de 9 de noviembre de 2010, que impone una multa a Société Air France y los motivos en los que se basa o que se reduzca, basándose en el artículo 261 TFUE, esta multa a un importe apropiado.

—

En todo caso, que se condene a la Comisión Europea a la totalidad de las costas.

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/9

—

Que se anulen total o parcialmente los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la decisión.

—

Que se reduzcan las multas impuestas en virtud del artículo 5 de la decisión.

—

Que se condene a la Comisión con las costas del procedimiento.

1)

Primer motivo, en el que alega que:

2)

Segundo motivo, en el que alega que la Comisión incurrió en errores manifiestos de apreciación en el cálculo de la multa, vulnerando el Reglamento 1/2003, (1) las instrucciones para la imposición de multas e infringiendo los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y deber de motivación, en contra de los artículos 41 y 49 de la Carta de derechos humanos de la Unión Europea, el artículo 296 TFUE y otros principios generales del Derecho de la Unión. A este respecto, la demandante alega que:

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/10

—

Que se estime el presente recurso de anulación contra la Decisión de la Comisión, de 1 de diciembre de 2010, en el asunto COMP/39.784 — Omnis/Microsoft.

—

Que se remita el asunto a la demandada para que lo resuelva.

—

Subsidiariamente, que el Tribunal resuelva el asunto y admita la denuncia de la demandante.

1)

El primer motivo se basa en que la negativa de la demandada a investigar los abusos de la empresa Microsoft en el mercado EAS/ERP (Entreprise Application Software/Entreprise Resource Planning) carece de fundamento.

2)

El segundo motivo se basa en que la demandada apreció erróneamente la importancia del asunto, llegando a la conclusión infundada e ilegal de que el punto discutido por la demandante no presenta interés para la UE.

3)

El tercer motivo se basa en que la decisión de la demandada de no dar curso a la denuncia de la demandante es infundada e ilegal, violando los derechos de esta última.

4)

El cuarto motivo se basa en que la demandada adoptó su Decisión sin tener documentos que demostraran las alegaciones de Microsoft, de modo que, a través de esa Decisión, continúa el comportamiento contrario a la competencia denunciado y sigue bloqueándose el desarrollo de la demandante.

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/11

—

Que se anule la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 7 de noviembre de 2010 en el asunto R 923/2009-2.

—

Que se condene en costas a la demandada.

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/11

—

Que se declare la admisibilidad del recurso de la Señora Nadiany BAMBA.

—

Que se anule el Reglamento (UE) no 25/2011 del Consejo, de 14 de enero de 2011, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 560/2005 por el que se imponen algunas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Costa de Marfil en la medida en que afecta a la demandante.

—

Que se anule la Decisión 2011/18/PESC del Consejo, de 14 de enero de 2011, que modifica la Decisión 2010/656/PESC del Consejo por la que se renuevan las medidas restrictivas contra Costa de Marfil en la medida en que afecta a la demandante.

—

Que se condene al Consejo de la Unión Europea al pago de las costas con arreglo a los artículos 87 y 91 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.

1)

Primer motivo basado en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a un proceso equitativo establecido en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH), en tanto los actos impugnados:

2)

Segundo motivo basado en la vulneración del derecho fundamental al respeto de la propiedad, consagrado en el artículo 1 del protocolo adicional no 1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/13

1)

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2)

Condenar a AH al pago de todas las costas.

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/13

1)

Desestimar el recurso.

2)

La Comisión Europea cargará, además de con sus propias costas, con un cuarto de las costas del Sr. Marcuccio.

3)

El Sr. Marcuccio cargará con tres cuartos de sus costas.

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/13

1)

Anular la decisión de la Comisión Europea, de 4 de marzo de 2009, relativa a la negativa a incoar un expediente disciplinario en relación con determinados hechos supuestamente constitutivos de acoso moral realizados presuntamente por uno de los antiguos superiores jerárquicos de la Sra. Skareby.

2)

La Comisión Europea cargará con la totalidad de las costas.

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/14

—

Que se anule la decisión de la AFPN de 26 de octubre de 2010 de desestimar la reclamación del demandante por no haber sido promovido al grado AD12 en relación con el ejercicio de promoción 2010.

—

En la medida en que fuera necesario, que se anule la decisión de la AFPN de no conceder al demandante la promoción al grado AD12 en relación con el ejercicio de promoción 2010.

—

Que se condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

26.3.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 95/14

—

Que se anule la decisión de 11 de mayo de 2010 del tribunal de oposición por la que se excluía la candidatura de la Sra. Silvia Bojinova al concurso interno COM/INT/EU2/10/AD5 y la decisión confirmatoria de la AFPN de 26 de octubre de 2010, por la que se desestimó la reclamación correspondiente, presentada el 6 de agosto de 2010.

—

Que se anule la decisión de 10 de mayo de 2010 del tribunal de oposición por la que se excluía la candidatura de la Sra. Dorina Maria Ghiba al concurso interno COM/INT/EU2/AST3 y la decisión confirmatoria de la AFPN de 26 de octubre de 2010, por la que se desestimó la reclamación correspondiente, presentada el 4 de agosto de 2010.

—

Que se condene en costas a la Comisión Europea.