15.6.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 169/1

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Vista la Directiva 2004/39/CE relativa a los mercados de instrumentos financieros (en lo sucesivo, la MiFID) (1),

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Vista la Directiva 2003/6/CE sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso del mercado) (2),

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Vistas las declaraciones realizadas por el G-20 el 2 de abril de 2009 en Londres, el 25 de septiembre de 2009 en Pittsburg y los días 26 y 27 de junio de 2010 en Toronto,

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Visto el dictamen técnico del Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores (CERV) destinado a la Comisión Europea en el marco de la revisión de la MiFID - Mercados de valores (ref. CESR/10-394),

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Visto el dictamen técnico del CERV destinado a la Comisión Europea en el marco de la revisión de la MiFID - Información acerca de las operaciones (ref. CESR/10-292),

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Visto el dictamen técnico del CERV destinado a la Comisión Europea en el marco de la revisión de la MiFID - Intermediarios y protección de inversores (ref. CESR/10-417),

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Vista la consulta pública del CERV sobre cuestiones microestructurales de los mercados de acciones europeos (ref. CESR/10-142),

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Visto el informe remitido a la Ministra francesa de Economía, Industria y Empleo sobre la revisión de la MiFID, de febrero de 2010,

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Visto el informe de consulta de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) sobre las políticas en materia de acceso electrónico directo, de febrero de 2009,

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Vistas las recomendaciones del Comité sobre los sistemas de pago y de liquidación (CSPL) y de la OICV a favor de las contrapartes centrales, de noviembre de 2004,

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Visto el cuestionario (concept release) de la Securities and Exchanges Commission de los Estados Unidos, sobre la estructura del mercado de valores (no 34-61358; informe no S7-02-10),

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Vistos el dictamen técnico del CERV destinado a la Comisión Europea en el marco de la revisión de la MiFID y las respuestas otorgadas a la solicitud de información suplementaria formulada por la Comisión Europea (ref. CESR/10-802, ref. CESR/10-799, ref. CESR/10-808, ref. CESR/10-859, ref. CESR/10-860),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0326/2010),

A.

Considerando que el G-20 estableció que ninguna entidad financiera, ningún producto financiero y ningún territorio deben quedar fuera del alcance de una regulación inteligente y una supervisión eficaz y acordó que todos los contratos normalizados de derivados de los mercados paralelos no regulados se negocien en mercados organizados o, en su caso, en plataformas de negociación electrónica,

B.

Considerando que la falta de transparencia y la subsiguiente opacidad de los modelos de riesgo en el sistema financiero fueron un factor agravante de la crisis financiera al facilitar la expansión de la desconfianza general y contribuir así a un espectacular descenso de la liquidez,

C.

Considerando que, cuando la MiFID entró en vigor, los objetivos clave eran la protección de los consumidores, la transparencia -en particular en lo que al proceso de formación de precios se refiere-, unos mercados eficientes y con liquidez, y la competencia en igualdad de condiciones, objetivos que aún no se han alcanzado y deben por tanto seguir siendo prioritarios; que, tras la crisis financiera, la limitación del riesgo sistémico también debe considerarse un objetivo prioritario en la revisión de la MiFID,

D.

Considerando que en la revisión de la MiFID conviene tener muy presente su importancia para la regulación de los flujos de capital hacia la economía real y, por consiguiente, su impacto potencial en el empleo, las inversiones y las pensiones,

E.

Considerando que hasta un 40 % del volumen de operaciones se realiza en mercados paralelos no regulados; que conviene animar a los participantes en el mercado a que efectúen más operaciones en centros de negociación organizados,

F.

Considerando que la inclusión en la MiFID de exenciones a los requisitos de transparencia prenegociación y el establecimiento de sistemas multilaterales de negociación (SMN) y plataformas de negociación anónima (dark pools) tenían por objeto facilitar la transición hacia unos centros de negociación más regulados y transparentes,

G.

Considerando que en la MiFID se definen las operaciones del mercado paralelo por su carácter ad hoc e irregular y por el hecho de que se realizan con contrapartes al por mayor, y que son parte de una relación comercial que se caracteriza por transacciones que exceden del volumen habitual del mercado y en la que las transacciones se realizan fuera de los sistemas que normalmente utiliza la empresa de que se trate para sus actividades como internalizador sistemático,

H.

Considerando que, a pesar de la existencia de exenciones en la MiFID para permitir la negociación anónima en los mercados regulados, del establecimiento de SMN e internalizadores sistemáticos y de la definición de los mercados paralelos no regulados como irregulares y ad hoc, las operaciones de estos mercados paralelos no regulados sin intervención de internalizadores sistemáticos siguen representando una gran proporción de las operaciones con acciones, pues suponen el 38 % de todas las operaciones notificadas de conformidad con el CESR/10-394, y que esa proporción no ha descendido desde la aplicación de la MiFID; considerando que conviene velar por una aplicación más estricta y efectiva de las normas y exenciones de la MiFID,

I.

Considerando que la fragmentación de los mercados de negociación de acciones ha tenido un impacto no deseado en la liquidez y la eficiencia de los mismos, debido a la disminución de la transparencia derivada del incremento de las plataformas anónimas y las redes de cruce de valores, y ha dado lugar a un número creciente de centros de negociación tanto bursátiles como extrabursátiles y a una progresión constante de la negociación tecnológica, así como a una disminución significativa del valor medio de las transacciones, que ha pasado de 22 266 euros en 2006 a 9 923 euros en 2009, aumentando así el coste total de las operaciones para algunos usuarios,

J.

Considerando que la disminución del tamaño de las transacciones ha reducido la capacidad de los participantes en el mercado para ejecutar de forma inmediata órdenes de gran magnitud en un mercado determinado y que el deseo de prevenir el impacto en el mercado de las órdenes de gran volumen ha fomentado la expansión de las operaciones en plataformas de negociación anónimas; que sólo se recurre a las exenciones de los requisitos de transparencia prenegociación previstas en la MiFID para menos del 10 % del total de las acciones negociadas en los mercados organizados del EEE (CESR/10-394), y que esas exenciones de los requisitos de transparencia permiten que la negociación en plataformas anónimas se realice de manera más transparente y mejor regulada que cuando esta negociación anónima se da en un mercado paralelo no regulado, pero considerando asimismo que la falta de una regulación suficiente de las operaciones realizadas en mercados paralelos no regulados, incluyendo las redes de cruce de valores entre operadores (broker crossing networks o BCN), otorga una ventaja competitiva a los mercados no regulados y fomenta el aumento de las operaciones opacas, socavando la transparencia del mercado en su conjunto; que, en total, cerca de la mitad de las operaciones no están sujetas actualmente a los requisitos de transparencia prenegociación, pero que la mitad de las transacciones de los mercados paralelos no regulados se encuentran por debajo del volumen normal del mercado y no exigen por tanto protección contra su impacto en el mismo,

K.

Considerando que, para garantizar una igualdad de condiciones, los modelos comerciales de las BCN deberían someterse a un análisis exhaustivo, con objeto de asegurar que, cuando estas ofrezcan servicios, es decir, cuando funcionen esencialmente como mercados regulados, SMN o internalizadores sistemáticos, estén reguladas como tales,

L.

Considerando que las ventajas de la competencia, en términos de unas infraestructuras de negociación más competitivas e innovadoras, no han quedado demostradas, pues no se han reducido los costes totales de las operaciones y ha aumentado la opacidad, al tiempo que resulta evidente que no se garantizan adecuadamente unas normas de calidad e integridad para todos los participantes en un mercado cada vez más fragmentado,

M.

Considerando que, dado que la negociación de alta frecuencia afirma proporcionar liquidez a los mercados, convendría elucidar si hay riesgos asociados a los sistemas electrónicos de órdenes y al importante volumen de operaciones atribuible a las estrategias de negociación de alta frecuencia, estimado en un 70 % en los Estados Unidos, en particular con vistas a las conclusiones de la Securities and Exchange Commission sobre el «colapso relámpago» acontecido el 6 de mayo de 2010, cuando los proveedores de liquidez que actúan conforme a estrategias de negociación de alta frecuencia se retiraron del mercado,

N.

Considerando que las estrategias de negociación de alta frecuencia son un fenómeno relativamente nuevo en Europa y que se calcula que actualmente representan el 35 % del volumen del mercado,

O.

Considerando que convendría prever una mayor transparencia mediante la información prenegociación y postnegociación de las operaciones para todas las clases de activos a fin de mejorar el sistema de alerta precoz para detectar posibles problemas y evaluar su magnitud, y de mejorar asimismo la eficiencia del proceso de formación de precios y fomentar la confianza entre los actores del mercado,

P.

Considerando que en las conclusiones del G-20 de los días 24y 25 de septiembre de 2009 en Pittsburg se indicó que «todos los contratos de derivados normalizados de los mercados paralelos no regulados deben negociarse en mercados organizados o, en su caso, en plataformas de negociación electrónica»,

Q.

Considerando que las divergencias de transposición entre los Estados miembros han conducido a una aplicación incorrecta del marco de la MiFID,

1.

Reconoce que las infraestructuras del mercado se han mostrado sólidas durante la crisis y pide a la Comisión, no obstante, que refuerce las infraestructuras del mercado en todos los centros de negociación y sistemas de compensación para permitirles superar los riesgos futuros gracias a una mayor transparencia, a una solidez reforzada y a la supervisión reguladora de todas las operaciones agregadas;

2.

Se congratula de la propuesta de regulación de la Comisión para los derivados de los mercados paralelos no regulados, las contrapartes centrales y los registros de operaciones como condición previa para incrementar la transparencia y la seguridad en los mercados de instrumentos financieros y considera que se trata del primer paso para trasladar una importante porción de las operaciones de los mercados paralelos no regulados a los centros de negociación sujetos a las disposiciones de la MiFID;

3.

Propone que, en aras de un tratamiento equitativo, los SMN estén sujetos al mismo nivel de supervisión que la competencia entre dichos sistemas, y se hallen, por tanto, regulados de modo comparable, y considera que los mercados regulados deberían operar en igualdad de condiciones, al tiempo que destaca el importante cometido de los SMN para el acceso al mercado;

4.

Pide que la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEMV) analice el funcionamiento y propósito del régimen de internalizadores sistemáticos, así como posibles mejoras a la regulación de esta categoría de plataformas con el fin de garantizar que se recurra a este régimen para la ejecución de órdenes de carácter bilateral con la contraparte financiera;

5.

Pide que las empresas de inversión que ofrezcan servicios de gestión de carteras y operen en el ámbito de la gestión de carteras cuenten con unas condiciones de ejecución óptimas por parte de las empresas de inversión en las que colocan órdenes, y ello incluso cuando el gestor de carteras entre dentro de la categoría de contraparte elegible de acuerdo con la MiFID;

6.

Pide a la AEMV que revise si la ejecución óptima sobre la base de orden por orden debe regularse mejor por lo que se refiere a la disponibilidad de los datos, tanto en los aspectos relativos a la prenegociación como a la calidad de la ejecución, así como por lo que se refiere a la tecnología de funcionamiento de los mercados, como los direccionadores de órdenes y las conexiones entre los centros;

7.

Aboga por la plena aplicación de las disposiciones de la MiFID para velar por que las BCN que lleven a cabo actividades equivalentes a las de un mercado regulado, un SMN o un internalizador sistemático estén reguladas como tales, e insiste en que, para facilitar tal aplicación, debería exigirse a todas las BCN que faciliten toda la información necesaria a las autoridades competentes, incluida información sobre:

8.

Pide que se analicen las operaciones con acciones de los mercados paralelos no regulados y reclama mejoras en la regulación de las operaciones extrabursátiles para velar por el incremento del recurso a los mercados regulados y a los SMN en la ejecución de órdenes de carácter multilateral, así como a los internalizadores sistemáticos en la ejecución de órdenes de carácter bilateral, y por un importante descenso de la proporción de las operaciones con acciones de los mercados paralelos no regulados;

9.

Pide que la Comisión estudie los efectos del establecimiento de un volumen mínimo de orden para todas las operaciones «oscuras», así como la posible aplicación rigurosa de esta regla, para mantener un flujo adecuado de operaciones a través de centros que operen de manera transparente en aras de la determinación de los precios;

10.

Pide a la Comisión que revise las exenciones de los requisitos de transparencia prenegociación que prevé actualmente la MiFID, para:

11.

Aboga por una aplicación uniforme en todos los Estados miembros de las exenciones de los requisitos de prenegociación para limitar las diferencias de aplicación que pueden dar lugar a situaciones de inseguridad, a un arbitraje regulatorio y a unas condiciones de competencia desiguales; considera que una forma adecuada de lograr dicha aplicación uniforme sería a través de normas técnicas definidas por la AEMV, acogiéndose a la teoría de un código normativo único para los servicios financieros;

12.

Se congratula del reciente anuncio de los participantes en el mercado de ofrecer por separado su información prenegociación y post-negociación y aboga por redoblar los esfuerzos por lograr normas comunes de información y una mejor disponibilidad de ésta;

13.

Pide a la Comisión que cree un grupo de trabajo para superar las dificultades que impiden la consolidación de la información de mercado en Europa y, en particular, la mala calidad de la información facilitada para todas las operaciones;

14.

Pide a la AEMV que elabore normas y formatos comunes de notificación para la comunicación de todos los datos posnegociación, tanto de los centros de negociación organizados como de los mercados paralelos no regulados, con objeto de contribuir a obtener datos consolidados;

15.

Pide que se exija a todos los centros de notificación de operaciones que ofrezcan los datos prenegociación y posnegociación de forma desglosada para que puedan ponerse a disposición de todos los participantes en el mercado a un coste comercialmente razonable y comparable; pide, además, a la Comisión que estudie la posible introducción de formas de publicación aprobadas con vistas a establecer normas de calidad para la publicación de las operaciones y reducir el número de centros a los que estas puedan notificarse así como el uso de páginas web, que son un obstáculo a la consolidación;

16.

Aboga por la reducción del plazo previsto para la publicación aplazada de los datos, de modo que las operaciones se comuniquen a las autoridades de regulación en las veinticuatro horas siguientes a su realización; opina que, en lo que respecta a la publicación de las operaciones y en circunstancias normales, todo plazo superior a un minuto debería considerarse inaceptable;

17.

Considera esencial analizar la estructura y los modelos comerciales de las operaciones de los mercados paralelos no regulados y reclama, por consiguiente, la introducción de distintivos específicos en la transparencia prenegociación y posnegociación de las operaciones de los mercados paralelos no regulados para comprender mejor las características de tales operaciones y elucidar qué tipos de transacciones pueden realizarse legítimamente en centros paralelos no regulados en función de sus características especiales;

18.

Insiste en que, después del «colapso relámpago» en los Estados Unidos, todas las plataformas de negociación deben poder demostrar a las autoridades nacionales de supervisión que su tecnología y sistemas de control pueden superar el tipo de aluvión de órdenes sucedido el 6 de mayo de 2010 para garantizar que pueden llevar a cabo adecuadamente la actividad asociada con la negociación de alta frecuencia y la negociación algorítmica en circunstancias extremas, y demostrar que pueden recomponer sus registros de órdenes al final de la jornada, de manera que puedan señalarse las causas de una actividad inusual de los mercados e identificarse todo presunto abuso de mercado;

19.

Pide a la AEMV que examine los costes y beneficios de la negociación algorítmica y de alta frecuencia en los mercados y su repercusión en otros usuarios de los mercados, en particular los inversores institucionales, para determinar si el importante flujo de negociación que se genera automáticamente ofrece una auténtica liquidez al mercado y de qué manera afecta esto a la determinación global de los precios, así como los riesgos de abusos por manipulación del mercado que den lugar a una desigualdad de condiciones para los participantes en el mismo, y su impacto en la estabilidad general de los mercados;

20.

Reclama que se definan explícitamente como abuso de mercado la superposición (layering) y el envío de órdenes masivas de unos equipos a otros equipos (quote stuffing);

21.

Pide que se examine la posible regulación de las empresas que llevan a cabo estrategias de negociación de alta frecuencia para garantizar que disponen de sistemas y controles sólidos con revisiones periódicas de los algoritmos que utilizan y de una capacidad de supervisión intradiaria, y que pueden conocer en tiempo real las órdenes pendientes y el apalancamiento, y para que se pueda demostrar que cuentan con procedimientos de gestión firmes para hacer frente a acontecimientos excepcionales;

22.

Reclama que se examinen los desafíos que plantea la negociación de alta frecuencia en materia de supervisión del mercado; reconoce la necesidad de que los organismos de regulación dispongan de los medios adecuados para detectar y supervisar eventuales conductas abusivas; pide, en este contexto, que se informe a las autoridades competentes de todas las órdenes recibidas por lo mercados regulados y los SMN, así como sobre las operaciones ejecutadas en esas plataformas;

23.

Aboga por que todos los centros de negociación que permitan la ubicación compartida de servidores informáticos, ya sea directamente o a través de terceros proveedores de datos, garanticen la igualdad de acceso a todos los clientes afectados por la misma ubicación compartida y, en la medida de lo posible, con las mismas condiciones de tiempo de latencia de las infraestructuras, a fin de respetar las prácticas no discriminatorias en las que hace hincapié la MiFID;

24.

Pide a los organismos reguladores que regulen el acceso patrocinado y, a la Comisión, que estudie medidas adicionales, incluidas las siguientes:

25.

Insta a la AEMV a que, sin perjuicio de la necesaria aplicación de salvaguardias, investigue más a fondo si el acceso patrocinado rebasa los límites del acceso no discriminatorio;

26.

Pide a la Comisión que adopte los principios que está desarrollando el Comité Técnico de la OICV sobre el acceso electrónico directo, incluido el acceso patrocinado, y en los que se abordarán los criterios para la selección de los clientes con derecho de acceso patrocinado y la relación contractual entre la plataforma, el miembro y el cliente, concretando sus respectivas responsabilidades de uso y estableciendo unos controles y filtros adecuados;

27.

Opina que, para cumplir el principio de igualdad de trato de todos los inversores, debe descartarse expresamente la práctica de las órdenes relámpago;

28.

Aboga por que la AEMV investigue las estructuras de las comisiones para garantizar que las comisiones por ejecución de operaciones, las comisiones por servicios accesorios y otros incentivos conexos sean transparentes, no discriminatorios y coherentes con un proceso fiable de formación de precios, y que su diseño y aplicación sea tal que no fomente la negociación con fines inadecuados, y por que evalúe si los usuarios que emiten órdenes deberían abonar una comisión mínima, independientemente de que esas órdenes se ejecuten o no, ya que la infraestructura del mercado debe en todo caso tramitarlas;

29.

Propone a la AEMV que realice un estudio sobre un modelo de comisiones maker/taker (proveedor de liquidez/comprador de liquidez) para determinar si los beneficiarios de una estructura de comisiones más favorable como la del modelo maker deberían también estar sometidos a las obligaciones formales y a la supervisión impuestas a los creadores de mercado;

30.

Solicita que la AEMV supervise y defina medidas de desarrollo que permitan aplicar un sistema sólido de interrupción y cortocircuito de las operaciones para frenar la volatilidad, que actúe de forma simultánea en toda la UE, con objeto de evitar un «colapso relámpago» similar al que se produjo en los Estados Unidos;

31.

Solicita que ningún participante de un mercado no regulado pueda tener acceso directo o patrocinado sin filtros a los centros de negociación oficiales, y que se exija a los participantes del mercado importantes que negocien por cuenta propia que se registren ante el organismo regulador y acepten que su actividad negociadora se someta a un nivel adecuado de supervisión y control con fines de estabilidad;

32.

Solicita que las actividades de negociación por cuenta propia llevadas a cabo por medio de estrategias de negociación algorítmica por entidades no reguladas puedan realizarse únicamente a través de una contraparte financiera regulada;

33.

Aboga por la extensión del ámbito de aplicación del régimen de transparencia de la MiFID a todos los instrumentos asimilables a las acciones, incluidos los certificados de depósito, los fondos cotizados (exchange traded funds), las materias primas cotizadas (exchange traded commodities) y los certificados;

34.

Pide a la Comisión y a la AEMC que estudien la introducción, para todos los instrumentos financieros distintos de las acciones, incluidos los mercados de obligaciones estatales y empresariales y los instrumentos derivados que puedan compensarse a través de contrapartes centrales, de un requisito de transparencia prenegociación y post-negociación que deberá aplicarse de manera diferenciada a cada tipo de activo, en su caso, y que se combinará al mismo tiempo con medidas destinadas a asegurar una mayor normalización de los productos derivados negociados en mercados no regulados, con objeto de permitir la aplicación de una mayor transparencia;

35.

Considera, a la luz de las experiencias adquiridas con la calidad de los datos y la consolidación de los datos posnegociación de las acciones europeas, que la Comisión debería velar por que los datos relativos a los productos distintos de las acciones se ofrezcan en un formato ya consolidado;

36.

Respalda la intención de la Comisión de aplicar a los instrumentos derivados una amplia gama de las disposiciones de la MiFID, ya que la negociación de dichos productos se realiza cada vez más en centros de negociación organizados y está sometida a una normalización creciente y a unas obligaciones de compensación central;

37.

Reclama una propuesta de la Comisión para velar por que todos los contratos de derivados de los mercados paralelos no regulados que puedan normalizarse se negocien en plataformas bursátiles o electrónicas, en su caso, para garantizar que el precio de esos contratos se forme transparente, equitativa y eficientemente, sin que se produzcan conflictos de intereses;

38.

Solicita la revisión de la normativa de la OICV para las cámaras de compensación, los sistemas de liquidación de valores y los sistemas de pago de importancia sistémica, con objeto de incrementar la transparencia del mercado;

39.

Considera necesario que los organismos de regulación tengan acceso en todos los diferentes mercados físicos y financieros de materias primas a la misma información para percibir las tendencias e interrelaciones, y pide a la Comisión que coordine los esfuerzos al respecto tanto en el seno de la UE como a escala mundial;

40.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Banco Central Europeo.

15.6.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 169/8

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Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 2, apartado 5, 67, 74, 196 y 222 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Visto el Programa del Consejo y de la Comisión, de 20 de diciembre de 2002, de mejora de la cooperación en la Unión Europea para prevenir y limitar las consecuencias de amenazas terroristas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares (Programa QBRN 2002) (1),

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Vista la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (2), modificada por la Decisión Marco 2008/919/JAI del Consejo (3),

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Vista la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores,

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Vista la Estrategia Europea de Seguridad 2003 «Una Europa segura en un mundo mejor», aprobada por el Consejo Europeo celebrado en Bruselas el 12 de diciembre de 2003, así como la Estrategia de Seguridad Interior de la UE (4) para 2010 y la Comunicación de la Comisión sobre la misma (COM(2010)0673),

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Visto el Programa de solidaridad de la UE, de 2004, sobre las consecuencias de las amenazas y ataques terroristas (5),

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Vistos la Estrategia de la Unión Europea en la Lucha contra el Terrorismo 2005, aprobada por el Consejo Europeo de Bruselas el 1 de diciembre de 2005 (6), y el Plan de Acción para su aplicación (7),

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Visto el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 (8), tal como se aprobó en la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres, celebrada del 18 al 22 de enero de 2005 en Japón,

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Visto el Séptimo Programa Marco para acciones de investigación y desarrollo tecnológico (9), en especial la financiación del proyecto QBRN Emap (10),

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Vista la Decisión 2007/162/CE, Euratom, del Consejo, de 5 de marzo de 2007, por la que se establece un Instrumento de Financiación de la Protección Civil (11),

—

Vista la Decisión 2007/779/CE, Euratom del Consejo, de 8 de noviembre de 2007, por la que se establece un Mecanismo Comunitario de Protección Civil (refundición) (12),

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Visto el Reglamento (CE) no 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso (13),

—

Vista la Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (14), específicamente en el caso de acciones con repercusiones transfronterizas, en la que, entre otras cosas, se establecen orientaciones para un enfoque integrado al aumento de capacidades para la protección de infraestructuras críticas a escala de la UE, incluida la necesidad de una Red de información sobre alertas en infraestructuras críticas (CIWIN), y se asigna a la Comisión la función de presentar propuestas y garantizar la coordinación en relación con la mejora de la protección de dichas infraestructuras críticas,

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Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear en la Unión Europea – un Plan de Acción QBRN comunitario (COM(2009)0273),

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Vistas las conclusiones del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre el refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear (QBRN) en la Unión Europea - Plan de Acción QBRN de la UE (15),

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Visto el Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (16),

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Vista la Comunicación de la Comisión sobre la política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros (COM(2010)0386),

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Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos – Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo» (COM(2010)0171),

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Vistas sus anteriores resoluciones sobre cuestiones de QBRN y sobre prevención y respuesta ante catástrofes, y, en este sentido, su reciente Resolución, de 10 de febrero de 2010, sobre el terremoto de Haití (17), que pide la creación de una fuerza de Protección Civil de la UE,

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Vista su Resolución, de 21 de septiembre de 2010, sobre la Comunicación de la Comisión: «Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano» (18),

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Vista la propuesta revisada de la Presidencia del Consejo, de 25 de octubre de 2010, sobre el proyecto de conclusiones del Consejo sobre la preparación y la respuesta en caso de que se produzca un ataque de tipo QBRN, elaborado sobre la base de los objetivos definidos en la acción H.29 del Plan de Acción QBRN de la UE (19), tal como fue aprobada por el Consejo el 8 de noviembre de 2010,

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Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Una mejor reacción europea en caso de catástrofe: el papel de la protección civil y de la ayuda humanitaria» COM(2010)0600),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0349/2010),

A.

Considerando que la UE cuenta en su haber una larga participación en los programas QBRN, después de las conclusiones del Consejo Europeo de Gante de 19 de octubre de 2001 y del Consejo Europeo de Laeken de 13-14 de diciembre de 2001; que en 2002 se adoptó un programa QBRN, que fue sustituido en 2004 por el Programa de Solidaridad de la UE, y que el Consejo aprobó el 12 de noviembre de 2009 un nuevo Plan de Acción QBRN de la UE,

B.

Considerando que una catástrofe QBRN, sea accidental o provocada por un atentado terrorista, supondría una grave amenaza para la seguridad y la salud de las personas que viven en la UE y afectaría a sus vidas, el medio ambiente y sus bienes, incluido el patrimonio cultural, y en el funcionamiento de la sociedad en uno o varios Estados miembros de la Unión, debido a las perturbaciones que ocasionaría en las infraestructuras críticas y en las capacidades de gobierno fundamentales,

C.

Considerando que tanto el Consejo como la Comisión están de acuerdo en que el número de incidentes relacionados con material QBRN, incluidas las acciones terroristas, es relativamente bajo hasta hoy, y que la mayoría de catástrofes relacionadas con sustancias QBRN se deben a accidentes industriales o al aumento y a la difusión mundial de patógenos peligrosos,

D.

Considerando que el riesgo existente y continuado de catástrofes de tipo QBRN en territorio de la Unión Europea, sea accidental o intencionado, pone gravemente en peligro el pleno disfrute de todos los derechos y libertades fundamentales, y contradice la promesa de establecer y desarrollar un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia,

E.

Considerando que uno de los mayores riesgos QBRN deriva de la proliferación de material QBRN por parte de organizaciones terroristas, y que, por consiguiente, una medida importante se refiere al fortalecimiento del régimen de no proliferación y desarme mediante la aplicación universal y completa de todos los tratados y acuerdos internacionales pertinentes —esto es, el Tratado de No Proliferación Nuclear, la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) y la Convención sobre Armas Biológicas (CAB)—, así como a la conclusión de un acuerdo sobre un tratado que prohíba la producción de materiales fisibles destinados a la fabricación de armas nucleares (Tratado de cesación de la producción de materiales fisibles),

F.

Considerando que la fabricación, la posesión, la adquisición, el transporte, el suministro y la utilización de armas y explosivos o de armas nucleares, biológicas o químicas, así como la investigación y el desarrollo de armas biológicas o químicas y la formación en la fabricación o la utilización de explosivos, armas de fuego u otras armas para fines ilegales forma parte de la definición por parte de la UE de los conceptos de terrorismo y adiestramiento de terroristas a que se refieren las Decisiones marco del Consejo 2002/475/JAI y 2008/919/JAI,

G.

Considerando que las medidas relativas a las sustancias QBRN constituyen una de las piedras angulares de la estrategia de la UE contra el terrorismo, y que, por consiguiente, el 30 de noviembre de 2009 el Consejo aprobó un Plan de Acción QBRN de la UE,

H.

considerando que el problema de la mala utilización de determinados productos químicos, disponibles en el mercado para el público en general, como precursores de explosivos caseros, puede dar lugar a una serie de ataques terroristas y otros incidentes delictivos en la UE; considerando que ello requiere una supervisión y un control fuertes de la aplicación de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos (COM(2010)0473),

I.

Considerando que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa requiere un nuevo equilibrio de responsabilidades entre las diferentes instituciones de la UE, por un lado, y la UE y sus Estados miembros, incluidos los conocimientos en el ámbito de la defensa, por otra, y que la construcción de este nuevo marco es un proceso continuo que presupone una noción de valores y objetivos comunes,

J.

Considerando que, en principio, los Estados miembros son responsables de la política QBRN) pero que, no obstante, son necesarias una cooperación y una coordinación estrechas en el ámbito de la UE,

K.

Considerando que la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ofrece oportunidades para mejorar la respuesta global de la UE a las crisis mediante acciones efectuadas con arreglo al Instrumento de Estabilidad,

L.

Considerando que la finalidad del Plan de Acción QBRN de la UE es garantizar una interacción eficaz entre las iniciativas nacionales y la UE para afrontar los riesgos QBRN y preparar las respuestas necesarias, de forma que se haga hincapié tanto en la coordinación «horizontal» entre la Comisión y los Estados miembros como en la coordinación «vertical» entre los instrumentos de la UE y los de los Estados miembros, con el fin de aumentar la eficacia y la rapidez en lo que se refiere al intercambio de información y de mejores prácticas, la elaboración de informes de evaluación en todas las fases, la planificación conjunta, el desarrollo de procedimientos y ejercicios operativos y la puesta en común eficiente de los recursos existentes,

M.

Considerando que varios organismos coercitivos en el ámbito penal de la UE participan en las medidas QBRN —por ejemplo, Europol— por medio de la creación de una base de datos sobre explosivos y del sistema de alerta rápida para explosivos y sustancias QBRN, y que esta situación reclama el establecimiento de procedimientos adecuados para el ejercicio del control que incumbe al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales, tal como contempla por ejemplo el artículo 88 del TFUE,

N.

Considerando que los riesgos para la salud y la prevalencia de agentes patógenos peligrosos son cada vez mayores en la UE y a nivel mundial, como quedó demostrado con el reciente brote de gripe A (H1N1),

O.

Considerando que los problemas de contaminación del medio ambiente, incluidos los de carácter transfronterizo, pueden deberse a incidentes QBRN, lo que hace necesario incluir estrategias de recuperación y descontaminación en la política QBRN de la UE,

P.

Considerando que el objetivo general de la nueva política QBRN de la UE es «reducir la amenaza y el daño de los incidentes QBRN a los ciudadanos de la Unión Europea» y que esto debe lograrse «minimizando la probabilidad de que se produzcan incidentes QBRN y limitando sus consecuencias en caso de que se materialicen»,

Q.

Considerando que la Comisión, en su Comunicación sobre el papel de la UE en la salud mundial (20), reconoce la necesidad de coordinar medidas en el ámbito de la UE y a nivel mundial para responder rápidamente a las amenazas a la salud y se compromete a mejorar la preparación y los mecanismos de respuesta a las epidemias o los brotes de enfermedades, incluidos actos deliberados como los de bioterrorismo,

R.

Considerando que, en comparación con la tecnología nuclear y sus precursores, los materiales biológicos como el carbunco (o ántrax) son más baratos y mucho más fáciles de adquirir y de difundir, lo que ofrece la posibilidad de ataques terroristas no convencionales que constituyan amenazas graves a largo plazo para la salud y el medio ambiente, incluyendo el suministro de alimentos y la agricultura,

S.

Considerando que el personal de primera intervención, incluida la policía y los servicios de bomberos y ambulancias, no pueden atender a las víctimas en el lugar donde se ha producido un incidente QBRN sin poner en riesgo su seguridad personal a menos que hayan recibido una protección previa a la exposición en forma de contramedidas médicas y formación adecuada,

T.

Considerando que las reservas regionales de contramedidas médicas ofrecen una protección adecuada para los ciudadanos al ofrecer un equilibrio entre la protección de la salud pública y las cuestiones económicas, y aseguran al mismo tiempo la responsabilidad y solidaridad del Estado miembro,

U.

Considerando que la Organización Mundial de la Salud, con su programa Alerta y Respuesta Mundiales (21), trata de reforzar la seguridad biológica y la preparación para hacer frente a brotes de agentes patógenos peligrosos y emergentes,

V.

Considerando que la UE participa activamente, a través de sus Estados miembros y de la Comisión Europea, en los debates de la Iniciativa Global para la Seguridad Sanitaria, que tiene por objeto lograr una acción mundial concertada para reforzar la preparación en materia de salud pública y dar respuesta a la amenaza del terrorismo internacional biológico, químico y radionuclear,

W.

Considerando que la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear no sólo se ve amenazada por ataques terroristas o por negligencia sino, también, por las zonas que están contaminadas en la actualidad por armas químicas que datan de la Segunda Guerra Mundial y que fueron depositadas en los fondos marinos o en depósitos de residuos nucleares de la UE,

X.

Considerando que el nivel adecuado de seguridad química, biológica, radiológica y nuclear de la UE depende, asimismo, del nivel de seguridad aplicado en los terceros países,

Y.

Considerando que la utilización de nuevas tecnologías en la planificación de nuevos actos terroristas puede dar lugar a nuevas amenazas para la seguridad, mientras que las normas de seguridad no se adaptan al progreso tecnológico con la suficiente rapidez,

Z.

Considerando que es necesario un examen minucioso de algunas normas aplicables en la actualidad para establecer requisitos de seguridad necesarios y suficientes,

AA.

Considerando que el Plan de Acción QBRN de la UE se divide en tres partes principales —esto es, prevención, detección y preparación y respuesta— y que incluye un cuarto capítulo dedicado a las acciones aplicables a la prevención, la detección y la respuesta QBRN, y que el reconocimiento de la importancia de cada una de las fases es un elemento crucial para garantizar la correcta aplicación de los estudios de evaluación de riesgos, las respuestas y las medidas de reacción, adoptando un enfoque transversal y transfronterizo en lo que se refiere a las sustancias QBRN, esto es, mediante una asignación adecuada de objetivos y acciones cuantificables en cada fase,

AB.

Considerando que las modificaciones introducidas por el Consejo en el actual Plan de Acción QBRN de la UE propuesto por la Comisión debilitan dicho plan, en la medida en que confieren un carácter no vinculante al compromiso de los Estados miembros y atenúan las medidas previstas, muchas de las cuales se mantienen a nivel nacional en lugar de adquirir una dimensión europea, al tiempo que socavan el cometido de supervisión y control de su aplicación por la Comisión, que en algunos casos ni siquiera ve reconocida su condición de parte interesada junto con los Estados miembros,

1.

Señala que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el Plan de Acción QBRN de la UE reclama una nueva distribución de competencias entre los Estados miembros y la UE, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 del TFUE en relación con los principios de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad, y que el Plan de Acción QBRN de la UE abarca el ámbito de competencias internas compartidas (artículo 4 del TFUE) en relación con el espacio de libertad, seguridad y justicia, las consideraciones de seguridad común y el transporte, así como las medidas relativas a la protección civil (artículo 196 del TFUE) y las acciones exteriores de la Unión (artículos 21 y 22 del TFUE);

2.

Señala, no obstante, que la aplicación del sistema común de seguridad QBRN no debería reducir las competencias de los Estados miembros en este ámbito;

3.

Considera que el Plan de Acción será una herramienta esencial para garantizar la buena coordinación de las iniciativas nacionales y europeas en la lucha contra las amenazas QBRN;

4.

Reconoce que es fundamental aprovechar los conocimientos pertinentes y evitar la duplicación, la fragmentación y la falta de coherencia en los esfuerzos desplegados por las instituciones de la UE y/o los Estados miembros en las zonas de seguridad y de defensa en las que el derecho fundamental a la vida corre riesgos, y en las que la negligencia y el laxismo pueden tener consecuencias incalculables;

5.

Destaca que la UE debería reforzar su enfoque común en materia de prevención, detección y respuesta en el ámbito de las sustancias QBRN por medio de la creación de mecanismos específicos (instrumentos normativos, legislativos o no legislativos) que confieran un carácter obligatorio a la cooperación y la puesta a disposición de medios de asistencia en caso de una catástrofe QBRN causada por un accidente o por un ataque terrorista; recuerda que el objetivo principal de las instituciones de la UE debería consistir en garantizar la eficacia de una respuesta nacional o transnacional a un accidente o un ataque terrorista QBRN sobre la base de la solidaridad de la UE, de forma coordinada bajo los auspicios de la Comisión y con una dimensión paneuropea;

6.

Recuerda que el Plan de Acción QBRN de la UE ofrece una oportunidad para que la UE y sus Estados miembros encuentren los medios legislativos para aplicar efectivamente la cláusula de solidaridad a que se refiere el artículo 222 del TFUE, y que los Estados miembros deben estar informados de sus planes y mejores prácticas respectivos para hacer frente a las catástrofes QBRN, sean accidentales o provocadas, de tal manera que puedan prestarse asistencia mutua de forma coordinada y eficaz;

7.

Destaca que es esencial fortalecer el alcance de la intervención normativa y reguladora de la Comisión, a la que se concede en la versión actual del Plan de Acción QBRN de la UE un cometido excesivamente ambiguo con respecto a muchos de los objetivos y acciones previstos; insiste, por tanto, en que se invite a la Comisión a presentar propuestas legislativas, en la medida de lo posible, en todos los ámbitos cubiertos por el Plan de Acción, al tiempo que reitera que sólo será posible colmar las lagunas en los esfuerzos desplegados por cada uno de los Estados miembros si se confía a la Comisión un cometido regulador importante;

8.

Reitera que el compromiso de los Estados miembros en el ámbito del control de las sustancias QBRN debe rebasar el simple intercambio de información y de mejores prácticas, y que también deberían compartirse/ponerse en común las tecnologías y las infraestructuras, con el fin de impedir los solapamientos y la malversación de de recursos, creando sinergias valiosas y rentables en el plano de la UE; pide a los Estados miembros que se pongan de acuerdo sobre los métodos de detección y prevención de catástrofes QBRN, sobre el transporte de sustancias QBRN en el seno de la UE y sobre las medidas de respuesta, incluidos el intercambio de información del ámbito QBRN y la asistencia transfronteriza;

9.

Invita, por tanto, a los Estados miembros más avanzados en el ámbito de la seguridad interior, a pesar de que sea una cuestión delicada y eminentemente nacional, a compartir sus datos, tecnologías e infraestructuras y a poner en marcha proyectos estratégicos conjuntos, como se ha indicado más arriba; pide a la Comisión y el Consejo que creen y pongan al día regularmente una base de datos de las contramedidas médicas disponibles en los Estados miembros para responder a los incidentes QBRN, favorecer el reparto de las capacidades existentes y coordinar una política de compra rentable de dichas contramedidas;

10.

Pide que se elaboren normas europeas de calidad y seguridad y que se desarrollen un sistema y una red de laboratorios europeos para la certificación de equipos y tecnologías de seguridad QBRN; destaca que es necesario aplicar procedimientos de contratación y normas de seguridad estrictos al personal que trabaja en las instalaciones con acceso a agentes nocivos; solicita que se intercambien y se utilicen los conocimientos y la experiencia tanto en el ámbito civil como en el militar; destaca que, también bajo la dirección de la Comisión, debe preverse la financiación indispensable de la investigación y el desarrollo, con el fin de garantizar que se lleven a cabo programas de investigación aplicada y demostración con una dimensión europea; hace hincapié, asimismo, habida cuenta de la fragmentación de este mercado, en la necesidad de desarrollar una política industrial de la UE en el ámbito de la seguridad civil, de forma que se aliente la cooperación empresarial en la UE y se apoye específicamente a las pequeñas y medianas empresas y a las pequeñas y medianas industrias (PYME/PYMI), que crean una importante cuota de innovación bajo el programa PM7/Seguridad, y de llevar a cabo esfuerzos para estimular la cooperación (en especial la transfronteriza) entre las empresas europeas; espera que se cree una capacidad global de gestión de proyectos para gestionar todos los aspectos de los proyectos de seguridad QBRN, que cubra todo el ciclo de vida de la amenaza QBRN: prevención, detección y reacción; pide a la Comisión que proponga una estrategia para desarrollar la industria de la biodefensa en Europa;

11.

Celebra que se aborde la protección QBRN como una cuestión del Marco Europeo de Cooperación para la investigación en materia de seguridad y defensa entre la Comisión, la Agencia espacial Europea (AEE) y la Agencia Europea de Defensa (AED); Destaca que la complementariedad, la coordinación y la sinergia entre la inversión en investigación y tecnología de defensa y la inversión en investigación en el ámbito de la seguridad civil de la Comisión, en el marco del Séptimo Programa Marco, requieren una mejora efectiva de las condiciones jurídicas pertinentes que establecen el intercambio de información dentro del Marco Europeo de Cooperación y entre las actividades a escala nacional y de la UE, tal como se prevé en la Decisión del Consejo 2006/971/CE, de 19 de diciembre de 2006, relativa al programa específico Cooperación por el que se ejecuta el séptimo programa marco de la Comunidad Europea de acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013) (22); invita a llevar a cabo una investigación aplicada a nivel europeo en materia de seguridad de las instalaciones, con el fin de preservar las poblaciones y el medio ambiente, y a impulsar grandes programas de demostración; alienta la creación de centros que reúnan los conocimientos especializados en las amenazas QBRN y la movilidad de los investigadores;

12.

Insiste en que se apliquen garantías y medidas de seguridad apropiadas en el marco del tratamiento de las bases de datos comunes de los Estados miembros y de los datos de investigación sensibles, ya que un enfoque orientado hacia la seguridad de los datos favorecerá el refuerzo de la cooperación y la puesta en común de la información entre las autoridades y los órganos de los Estados miembros;

13.

Destaca la importancia de una mejor preparación, y pide que se complete regularmente un inventario de las capacidades y activos nacionales, además de ejercicios conjuntos entre los Estados miembros;

14.

Pide la creación urgente de un mecanismo europeo de respuesta a las crisis basado en los servicios de la Comisión y encargado de coordinar los medios civiles y militares, con el fin de garantizar que la UE disponga de una capacidad de respuesta rápida que le permita afrontar una catástrofe QBRN, al tiempo que reitera su llamamiento en favor de la creación de una fuerza europea de protección civil, basada en el actual mecanismo de protección civil de la UE, que permita a la Unión reunir los recursos necesarios para prestar ayuda de emergencia, incluida ayuda humanitaria, en el plazo de 24 horas después del desencadenamiento de una catástrofe QBRN dentro o fuera del territorio de la UE; Destaca que también deberían tenderse puentes y anudarse relaciones de asociación adecuadas entre organismos como Europol, Interpol y las autoridades coercitivas de los Estados miembros, con el fin de crear una red apropiada, eficaz y proactiva de anticipación/seguimiento en tiempo real de las situaciones de emergencia y adoptar las medidas de intervención y coordinación operativa oportunas para hacer frente a las catástrofes QBRN; subraya la necesidad de informar a la Comisión; recuerda el informe Barnier titulado «Por una fuerza de protección civil europea: Europe Aid» (23), que el Parlamento apoyó decididamente y, en este contexto, acoge favorablemente la buena disposición de la Comisión para crear una Capacidad Europea de Reacción Urgente, tal como se menciona en la Comunicación de la Comisión titulada «Una mejor reacción europea en caso de catástrofe: el papel de la protección civil y de la ayuda humanitaria» (COM(2010)0600);

15.

Aboga por servirse de la dualidad civil-militar de las tecnologías como fuente de sinergias; aconseja, en el marco de unos ejes de colaboración estratégica bien definidos, la cooperación con la (AED), con países de la OTAN, como los Estados Unidos y Canadá, y países terceros pioneros en el ámbito de la seguridad QBRN, mediante los intercambios de buenas prácticas, los diálogos estructurados entre expertos y el desarrollo común de capacidades; subraya que es importante que los Estados miembros de la Unión Europea realicen ejercicios comunes de prevención y lucha contra los incidentes vinculados a la seguridad QBRN, ejercicios en los que deberán participar las fuerzas armadas, las fuerzas de protección civil de los Estados miembros y el mecanismo de protección civil de la UE;

16.

Constata que el actual mecanismo de protección civil de la UE, tal como se define en la Decisión del Consejo 2007/779/CE, es actualmente el dispositivo adecuado para hacer frente a las catástrofes QBRN, y destaca que dicha estructura debería ser el foro en el que deberían tomarse las decisiones de emergencia relativas a los preparativos y las respuestas relacionados con las catástrofes QBRN; señala sin embargo que, con el fin de alcanzar este objetivo y garantizar de forma adecuada la prevención y la detección, debe establecerse una relación de cooperación con los organismos de protección civil, los servicios de información y las autoridades coercitivas, así como con los servicios de seguridad, los centros militares de información y respuesta en cada uno de los Estados miembros y en el plano de la UE, por ejemplo la infraestructura de planificación y gestión civil (CPCC) del Comité Político y de Seguridad (PSC) y el centro común de crisis SitCen; recuerda asimismo la función del comité permanente de cooperación operativa en materia de seguridad interior (COSI), que está encargado de facilitar, promover y reforzar la cooperación operativa entre las autoridades nacionales pertinentes de los Estados miembros de la UE en el ámbito de la seguridad interna;

17.

Recuerda que el Centro de Situación Común (SitCen) ha sido encuadrado en el nuevo Servicio de Acción Exterior y que su personal procede principalmente de los servicios de inteligencia y de policía de los Estados miembros; subraya que su función es sumamente importante para facilitar apoyo a los centros nacionales de gestión de crisis;

18.

Pide a los Estados miembros que coordinen sus esfuerzos, bajo la supervisión de la Comisión, con el fin de mejorar la interoperabilidad de los equipos, las capacidades y las tecnologías en el ámbito de la protección civil de manera que pueda ponerse en práctica eficazmente la nueva cláusula de solidaridad en caso de una catástrofe de tipo QRBN;

19.

Destaca que el fortalecimiento de las capacidades de la UE en materia de protección civil debe incluir, además, la exploración de las tecnologías, las capacidades y las infraestructuras de doble uso, así como la cooperación estratégica con la Agencia Europea de Defensa (AED) en las condiciones mencionadas más arriba, la Agencia Espacial Europea (AEE), el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y los demás centros o programas internacionales de excelencia en el ámbito de las sustancias QBRN;

20.

Insta a los Estados miembros a designar o crear una autoridad nacional que, en caso de un ataque o catástrofe QBRN, asumiría la responsabilidad de actuar como coordinador principal de todos los organismos nacionales y locales implicados, y de todas las contramedidas adoptadas para responder en tal situación;

21.

Comparte la apreciación de que los ataques con materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares (QBRN) son una grave amenaza para la seguridad de las personas que viven en UE, y apoya en consecuencia todas las medidas que ofrecen una mayor protección contra tales ataques;

22.

Subraya que las actividades de lucha contra el terrorismo deben llevarse a cabo dentro del pleno respeto del Derecho internacional de los derechos humanos y de los principios y valores en materia de los derechos fundamentales europeos, incluido el principio del Estado de Derecho; pone de relieve la necesidad de respetar los principios de la Convención de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente;

23.

Recuerda que impedir el acceso de los terroristas a las sustancias QBRN constituye una prioridad fundamental de la Estrategia de la Unión Europea en la Lucha contra el Terrorismo, del año 2005, de la futura estrategia en este ámbito y de la Estrategia de la UE contra la proliferación de armas de destrucción masiva y sus vectores, del año 2003; pide, por consiguiente, que el coordinador de la lucha antiterrorista de la UE informe regularmente al Parlamento, a través de los expertos y de las agencias de la UE adecuados y pertinentes, sobre el nivel de riesgo y amenazas potenciales relacionados con sustancias QBRN en el interior de la Unión o que afecten a los ciudadanos o a los intereses de la UE en cualquier otro lugar del mundo; reitera que es necesario aclarar en mayor medida los cometidos apropiados de los diferentes organismos de la UE y nacionales que participan en la lucha contra el terrorismo; reconoce, en este mismo contexto, la función de coordinación del COSI y del SitCen; pide que el Parlamento, como único órgano de la UE elegido por sufragio directo y en el marco de sus prerrogativas, ejerza el control democrático de estos dos organismos, para lo cual debe ser informado puntual y completamente sobe sus actividades en una forma que permita mantener la seguridad de su funcionamiento;

24.

Insta a las instituciones de la UE a que mantengan el control democrático y la transparencia en lo relativo al desarrollo y la aplicación de todas las partes del Plan de Acción QBRN de la UE, respetando el derecho de acceso público a toda la información y a la documentación relevante que tenga relación con la seguridad pública y con los riesgos diarios asociados con las catástrofes de carácter QBRN;

25.

Pide que se integren las medidas previstas en el Plan de Acción QBRN en todos los instrumentos de relaciones exteriores de la Unión en el ámbito de la cooperación económica y el diálogo político con terceros países (incluidas las cláusulas de no proliferación de la UE); insta a la Comisión y al Consejo a que se sirvan, en su diálogo político y económico con terceros países, de todos los medios disponibles (incluidos la política exterior y de seguridad común y los instrumentos de relaciones exteriores) para promover normas de detección, prevención, incluido el intercambio de información, y respuesta con respecto a los incidentes QBRN que tengan lugar en terceros países, tal como se indica en el Plan de Acción;

26.

Insiste en el estrecho vínculo y en el efecto espejo entre la seguridad en el interior y la seguridad en el exterior de la Unión Europea; acoge las acciones llevadas a cabo por los centros regionales de excelencia QBRN en las zonas de tensión fuera de la Unión Europea con vistas a favorecer un trabajo de peritaje en red, a mejorar las capacidades de control de las exportaciones y de prevención de los tráficos ilícitos de sustancias QBRN, y a reforzar el arsenal reglamentario de esos Estados y la cooperación regional en ese ámbito; aboga por formar en Europa a expertos internacionales de los países en riesgo, respetando las reglas de seguridad y de confidencialidad pertinentes;

27.

Insta a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a que no cedan a las presiones que cabe esperar del sector empresarial y de otras partes interesadas con el fin de eludir las obligaciones que comporta una mayor regulación (como se desprende claramente de la comparación entre las versiones de la Comisión y del Consejo del Plan de Acción QBRN de la UE); considera que deberían tenerse debidamente en cuenta las preocupaciones del sector empresarial sobre la calidad y el impacto de las medidas reguladoras propuestas, sin perder de vista lo que está realmente en juego, que no es otra cosa que el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de toda la población y las sociedades de Europa; hace hincapié en la prioridad de garantizar el control y la protección de las sustancias QBRN en toda la UE, así como la eficacia de la respuesta de la UE a una eventual catástrofe, sea accidental o provocada, y en la importancia de esforzarse por la eliminación de estas amenazas;

28.

Pide a los Estados miembros que participen plenamente en las fases de ejecución del Plan de Acción QBRN de la UE y que cooperen a este respecto con los organismos de la Unión que transponen actualmente los objetivos y acciones del Plan de Acción en medidas concretas, de forma que la seguridad QBRN esté garantizada en todos los Estados miembros de la UE;

29.

Pide a la Comisión que asuma la función de facilitador y supervisor principal en la elaboración y la actualización periódica de las listas de la UE relativas a los agentes QBRN, por lo que debería incumbir a la Comisión la fijación de un calendario razonable; insiste en que las listas mencionadas incluyan también posibles medidas de prevención y respuesta para cada agente QBRN, en función del nivel de peligrosidad, el potencial de utilización para fines nocivos y la vulnerabilidad;

30.

Considera que el Plan de Acción QBRN de la UE debe establecer normas más rigurosas basadas en el riesgo en lo que se refiere a los criterios de evaluación de la seguridad de las infraestructuras QBRN de alto riesgo, y hace hincapié en la función y la responsabilidad de las autoridades nacionales a la hora de efectuar controles regulares de dichas infraestructuras, dado que el desarrollo de los «criterios» tal como se indica en el actual Plan de Acción modificado y aprobado por el Consejo no es en sí mismo suficiente y establece una serie de normas sorprendentemente poco rigurosas, a lo que se añaden los bajos niveles de responsabilidad asignados a las organizaciones que tratan con sustancias QBRN, las autoridades pertinentes de los Estados miembros y los órganos de la UE; señala también que todas las medidas adoptadas deben ser proporcionadas a los riesgos probables;

31.

Destaca que los dispositivos y requisitos de seguridad en las instalaciones QBRN de alto riesgo en toda la Unión deben ser objeto de disposiciones reglamentarias de la UE en lugar de limitarse a simples «documentos de buenas prácticas», lo cual requiere un proceso de consultas bien establecido entre los organismos de la UE, las autoridades de los Estados miembros y las organizaciones que se ocupan de los agentes QBRN de alto riesgo; pide con carácter de urgencia que, con carácter sustitutivo, se refuercen las competencias de la Comisión en materia de control e inspección a la espera de que se adopten las disposiciones reglamentarias mencionadas;

32.

Acoge favorablemente las iniciativas del Centro Común de Investigación (CCI) que sirven de apoyo a los programas del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y a las inspecciones nucleares; recomienda que se actúe hacia la puesta en común de sus bases de datos y los resultados de sus investigaciones con los datos obtenidos por los Estados miembros;

33.

Apoya la elaboración de estrategias para sensibilizar a las empresas, a la comunidad científica y universitaria y a los establecimientos financieros sobre los riesgos vinculados con la proliferación y el tráfico de materias QBRN en el marco de sus trabajos y actividades; considera, en términos más generales, que la confidencialidad es un componente esencial de la eficacia de algunas medidas de seguridad del plan de acción y que conviene prevenir todo riesgo de divulgación que pudiera hacerlas ineficaces;

34.

Considera que la Comisión y las autoridades de los Estados miembros deben supervisar las actividades realizadas por las organizaciones que tratan con sustancias QBRN de alto riesgo y velar por que dichas organizaciones cumplan con normas de seguridad basadas en el riesgo y de seguridad pública, lo que implica la necesidad de efectuar regularmente inspecciones adecuadas de los emplazamientos de alto riesgo;

35.

Considera que el capítulo relativo a la «Prevención» en el Plan de Acción QBRN de la UE debe modificarse, para asegurar que la industria química sustituya la utilización de productos químicos de alto riesgo por productos alternativos apropiados de bajo riesgo, cuando tal sustitución sea posible en términos científicos, tecnológicos y medioambientales y se produzca una clara mejora en la seguridad; reconoce el coste económico que puede derivarse de esta sustitución y su impacto sobre las industrias en cuestión, pero insta a la UE, los Estados miembros y el sector privado a que antepongan la seguridad de los ciudadanos de la UE a todo lo demás; recomienda, a este respecto, que se establezca una relación específica con el vigente Reglamento REACH (24), cosa que la versión del Plan de Acción propuesto por la Comisión intentaba hacer, justificadamente; pide a la Comisión que elabore un estudio sobre la aplicación del programa REACH en este ámbito;

36.

Destaca que los mayores riesgos relacionados con materiales QBRN resultan de la proliferación de dichos material por la acción de los terroristas; subraya, por tanto, la importancia de hacer más eficaces los regímenes internacionales de control y de mejorar los controles en las fronteras y la vigilancia de las exportaciones;

37.

Pide al Consejo y a la Comisión que insten a todos los Estados miembros a firmar la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) y la Convención sobre Armas Biológicas (CAB) y a cumplir los compromisos que les incumben en el marco de las mismas, así como a hacer todo cuanto puedan para promover el protocolo de verificación adicional a la CAB, que incluye listas de agentes biológicos y patógenos peligrosos y disposiciones relativas a las declaraciones de transparencia y las inspecciones de control; insta asimismo a los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión y a la comunidad internacional a que elaboren, como parte del anexo relativo al control de la CAQ, una lista de todas las sustancias químicas potencialmente peligrosas, incluido el fósforo blanco;

38.

Pide. asimismo, a la Comisión y al Consejo que sigan intensificando las actividades en apoyo del sistema de tratados, en especial las convenciones sobre armas químicas y sobre armas biológicas, por lo que pide a los Estados miembros que impongan una estricta prohibición a la producción y uso de armas biológicas y químicas y que procedan al desarme de sus arsenales;

39.

Alienta a la UE, consciente de que la proliferación incrementa la amenaza de un uso indebido por parte de grupos terroristas, a proseguir sus esfuerzos para universalizar el marco jurídico de lucha contra el terrorismo nuclear y a asegurar el cumplimiento de la normativa en vigor; apoya los proyectos de cooperación con terceros países, en la cuenca mediterránea, por ejemplo, para luchar contra el tráfico de materias nucleares y radiológicas; pide a la UE que universalice la CAQ y la CAB con vistas a la Conferencia de examen de la Convención sobre la prohibición de las armas biológicas y tóxicas (CPAB) en 2011;

40.

Pide a la Comisión que presente datos comparativos y una evaluación global de la situación del sector empresarial en Europa cuando se trate de asegurar y reforzar el control sobre las sustancias QBRN de alto riesgo, incluyendo un análisis general de todas las disposiciones legislativas nacionales relativas a la aplicación de la CAQ, la CAB y otros instrumentos internacionales relacionados con las sustancias QBRN; dicho análisis debería incluir información sobre el grado de cumplimiento por los Estados miembros y las empresas de las obligaciones internacionales que les incumben; reconoce, no obstante, que la aplicación de medidas como la CAB y la CAQ podría resultar insuficiente para hacer frente a los riesgos derivados del uso de QBRN por parte de actores no estatales, en especial, de redes terroristas;

41.

Pide al Consejo y a la Comisión que promuevan el proyecto existente de Convenio sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento, la transferencia y el uso de armas de uranio y sobre su destrucción, y que presenten este convenio a los países miembros de las Naciones Unidas para que sea firmado y ratificado; pide a todos los Estados miembros de la UE y de las Naciones Unidas que impongan una moratoria sobre el uso de armas de uranio empobrecido hasta que se acuerde una prohibición mundial de dichas armas;

42.

Alienta el establecimiento de medidas de lucha contra la financiación de la proliferación inspirándose en los mecanismos establecidos en materia de lucha contra la financiación del terrorismo;

43.

Acoge con satisfacción las actividades de la Comisión a título del Instrumento de Estabilidad para abordar las actividades previstas en materia de QBRN; considera que estas actividades son complementarias al Plan de Acción y pide a la Comisión que extienda los proyectos a regiones que no formaban parte de la antigua Unión Soviética (SEDE); pide a la Comisión que, sobre la base de las experiencias en el marco del Instrumento de Estabilidad, lance una convocatoria para la presentación de propuestas destinadas a reforzar la seguridad y el nivel de protección de los laboratorios civiles con el fin de evitar la proliferación en el futuro;

44.

Considera que el Plan de Acción QBRN de la UE debería prever de forma inequívoca la elaboración de directrices de la UE relativas a la formación en materia de seguridad, así como de disposiciones normativas destinadas a la aplicación de las mismas en los 27 Estados miembros, y velar por que se organicen programas de formación específicos dirigidos al personal de seguridad que manipule sustancias QBRN de alto riesgo, incluido el personal de las empresas y los centros de investigación en los que se encuentren este tipo de sustancias, y por que se establezca la normativa correspondiente dirigida al personal responsable de las mismas (funciones, competencias y formación); hace hincapié en que debe proporcionarse seguridad y sensibilización al personal de primera intervención;

45.

Destaca que una futura revisión a corto plazo del Plan de Acción QBRN de la UE no debería limitarse a promover la autorregulación entre las empresas afectadas, alentándolas a adoptar códigos de conducta, sino que debería instar efectivamente a la Comisión a que elabore directrices y disposiciones normativas paneuropeas aplicables a todos los sectores relacionados con los agentes QBRN de alto riesgo;

46.

Considera que es extremadamente importante asegurar un estrecho seguimiento de todas las operaciones relacionadas con sustancias QBRN de alto riesgo en la UE, y que, en lugar de simplemente «insistir» en que las empresas notifiquen las operaciones, la Comisión y los Estados miembros deberían esforzarse por elaborar un marco jurídico adecuado que permita regular y supervisar las operaciones, mejorando así el nivel de seguridad, de modo que se notifiquen con rapidez y de forma adecuada todas las transacciones sospechosas, así como la desaparición o la sustracción de sustancias QBRN; destaca que estas disposiciones deberían sentar una base adecuada para la total transparencia en todos los sectores que manipulen agentes QBRN, de tal manera que las empresas asuman la responsabilidad de las operaciones; considera que debe tenerse en cuenta la capacidad del sector privado para aplicar la legislación y normas relevantes en relación con el control de sus obligaciones de información a fin de supervisarlas correctamente;

47.

Destaca que garantizar la seguridad del transporte y el almacenamiento de los materiales QBRN es una parte innegable e inevitable del proceso para hacer lo más difícil posible el acceso a tales materiales, haciendo frente por lo tanto a los problemas de seguridad relacionados con los mismos;

48.

Subraya que los riesgos vinculados al comercio de sustancias químicas a través de Internet requieren más investigaciones y actuaciones específicas;

49.

Reclama que se aclaren los aspectos relacionados con el refuerzo del régimen de importación/exportación con respecto a las funciones de los Estados miembros y de la Comisión, al tiempo que pide a los Estados miembros que apliquen y garanticen el respeto de las normas internacionales en vigor, y a la Comisión que asuma su cometido de control, evaluación e información en lo que se refiere al cumplimiento de dichas normas; señala que es importante, teniendo en cuenta la evolución de la tecnología, proceder al examen y la revisión de las disposiciones jurídicas y normativas relativas a la adquisición, importación, venta, almacenamiento seguro y transporte de materiales QBRN;

50.

Destaca la necesidad de reforzar, cuando existan, y de crear, cuando no, mecanismos de control y de seguridad en todas las administraciones de correos que se encargan del transporte de correspondencia, habida cuenta de las acciones terroristas que han tenido lugar en países europeos mediante la colocación de sustancias explosivas en paquetes postales;

51.

Pide a la Comisión que emprenda, en cooperación con las autoridades de los Estados miembros, un estudio dirigido a evaluar la situación sobre el terreno en lo que respecta a la detección de sustancias QBRN y sobre la seguridad de las centrales nucleares situadas en la UE y en su vecindad, en caso de accidente o de ataque terrorista; alienta a la Comisión a que se base en los resultados de dicha evaluación para elaborar una serie de directrices comunes de la UE sobre la forma de afrontar los accidentes o los atentados, en particular en lo que se refiere a la determinación de los medios necesarios para garantizar que los Estados miembros asignan los recursos humanos y materiales suficientes para lograr este objetivo;

52.

Reclama el refuerzo de la función del Centro de Control e Información (CCI) que ya se ha creado con arreglo al Mecanismo de Protección Civil de la UE con el fin de garantizar el intercambio adecuado de información y de buenas prácticas entre los Estados miembros y desemboque en la elaboración de normas paneuropeas para la detección de actividades QBRN;

53.

Pide a la Comisión que controle, evalúe e informe al Parlamento anualmente sobre el cumplimiento por los Estados miembros de las obligaciones que les incumben, y a las autoridades nacionales que velen por que las empresas y las organizaciones que manipulan sustancias QBRN de alto riesgo apliquen y respeten las normas y directrices correspondientes;

54.

Considera esencial llevar a cabo estudios adecuados dirigidos a lograr la participación con carácter obligatorio de todos los organismos nacionales y de la UE pertinentes, así como de todas las partes interesadas, en particular en lo que se refiere a la determinación de los medios adecuados para facilitar y agilizar los intercambios y la cooperación, con el fin de aumentar la eficacia de la respuesta a una eventual amenaza para la seguridad pública;

55.

Pide al Consejo que confíe a la Comisión un cometido de coordinación en lo que se refiere a la planificación en caso de emergencia, de forma que pueda desempeñar una función de control, garantizando así la existencia de planes de emergencia locales y nacionales; destaca que la Comisión debería asumir la función de depositaria de dichos planes, lo que le permitiría detectar las eventuales lagunas y adoptar las medidas oportunas con mayor rapidez que las autoridades competentes;

56.

Acoge con satisfacción la intención de fortalecer la capacidad de protección civil de la UE, observa sin embargo que en muchos Estados miembros los departamentos de defensa militares han adquirido una notable competencia a través de la experiencia práctica en la gestión de desastres QBRN; pide, a este respecto, a los Estados miembros y a la Comisión que compartan las mejores prácticas y que inviertan más en la coordinación exhaustiva entre las competencias técnicas civiles y militares;

57.

Insta a la Comisión a que siga identificando las necesidades a las que hay que hacer frente a fin de mejorar las capacidades de protección civil, con miras a proyectos de adquisición comunes; pide, a este respecto, que se preste especial atención a la definición de las necesidades de la UE en términos de preparación y de capacidad de respuesta en materia de QBRN, incluyendo contramedidas de carácter médico, de modo que la disponibilidad de estas contramedidas en caso de un incidente QBRN se evalúa tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros;

58.

Pide que se organicen ejercicios conjuntos entre los Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países, para prevenir situaciones de peligro en lo que concierne ala seguridad química, biológica, radiológica y nuclear;

59.

Acoge con satisfacción la planificación en la UE de ejercicios de simulación de incidentes o atentados con sustancias QBRN, al tiempo que destaca que un Plan de Acción QBRN de la UE debería prever que los resultados y la evaluación de dichos ejercicios alimenten un debate permanente sobre la elaboración de normas paneuropeas;

60.

Señala que la Comisión debería liderar el establecimiento de normas basadas en las necesidades relativas a las capacidades de reacción; destaca que ésta es la única forma de lograr el más alto nivel posible de seguridad en todo el territorio de la UE, dado que representa la única forma posible de garantizar que todos los Estados miembros sigan las mismas directrices y apliquen los mismos principios en la creación de capacidades y en la preparación de los recursos humanos y materiales adecuados para responder a una catástrofe, sea accidental o provocada;

61.

Destaca la necesidad de crear reservas a escala regional y de la UE de medios de respuesta, cuya magnitud debe, en la medida de lo posible, reflejar el nivel vigente de amenaza, tanto si se trata de equipamientos médicos como de otros equipamientos pertinentes, bajo la coordinación del Mecanismo de Protección Civil de la UE, financiado por la UE y de acuerdo con directrices conjuntamente acordadas a nivel de la UE; hace hincapié en la importancia de mantener reservas bien gestionadas para garantizar que los recursos de respuesta, los equipos médicos o de otro tipo pertinente, sean perfectamente operativos, actuales y al día; pide con urgencia que, en tanto la puesta en común de los recursos no haya entrado en vigor, el Plan de Acción QBRN de la UE determine de qué forma los Estados miembros podrían compartir los recursos y las medidas de reacción en caso de accidente o ataque terrorista QBRN, con el fin de aplicar la nueva cláusula de solidaridad; subraya que todo acto de asistencia a un Estado miembro concreto de la UE debe ser consecuencia de la petición de las autoridades correspondientes de los países afectados, y que no debe interferir con la capacidad del Estado miembro de que se trate de proteger a sus propios ciudadanos;

62.

Pide la revisión del Fondo Europeo de Solidaridad para hacerlo más accesible tras las catástrofes naturales y más disponible ante catástrofes industriales o de origen humano, y pide a los Estados miembros que utilicen los recursos disponibles en los Fondos Estructurales para mejorar la prevención y la preparación;

63.

Pide a la Comisión que, con el fin de prepararse a la desafortunada eventualidad de un accidente o una utilización deliberada para fines nocivos de sustancias QBRN, establezca mecanismos de información que aseguren el enlace entre las tareas del Mecanismo de Protección Civil de la UE y otros sistemas de alerta temprana de la UE en las áreas pertinentes de la sanidad, el medio ambiente, la producción alimentaria y el bienestar animal; pide, asimismo, a la Comisión que establezca mecanismos de intercambio de información y de análisis con organismos internacionales como la OMS, la OMM y la FAO;

64.

Pide la creación de equipos especializados de respuesta europeos y regionales que incluyan personal médico, personal policial y personal militar, y señala que, si se crea este tipo de equipos, será necesario programar con regularidad actividades de formación y ejercicios operativos especializados;

65.

Pide a la Comisión que proporcione la financiación suficiente a fin de desarrollar mejores equipos para la detección e identificación de agentes biológicos en caso de ataque o accidente; lamenta que los equipos de detección existentes presenten limitaciones de capacidad y de velocidad que provocan la pérdida de un tiempo valioso en caso de emergencia; subraya que el personal de emergencia debe estar debidamente equipado y protegido médicamente con antelación a fin de trabajar con la máxima seguridad personal en una zona de desastre en la que podrían encontrarse patógenos dañinos; hace hincapié en que también son necesarios equipos mejores para la identificación de agentes y el diagnóstico en los hospitales y otras instalaciones que acogen a las víctimas de un incidente;

66.

Pide a los distintos organismos nacionales y de la UE implicados en la recogida de información que revisen sus estructuras organizativas y que, donde falten, nombren a las personas adecuadas con la experiencia y la comprensión a la hora de identificar y evaluar las amenazas y los riesgos de carácter QBRN;

67.

Pide a la Comisión que informe regularmente al Parlamento Europeo sobre las evaluaciones de los riesgos y amenazas QBRN;

68.

Invita a iniciar programas de formación y sensibilización a escala europea, considerando las posibilidades que ofrece Internet como recursos clave para informar a los ciudadanos sobre las cuestiones QBRN; subraya la importancia que se atribuye a la coordinación de los mecanismos de alerta e información rápidas de los ciudadanos de la UE por lo que se refiere a los incidentes QBRN; observa con interés el estudio de viabilidad de un centro europeo de formación en materia de seguridad nuclear en el seno del CCI;

69.

Toma nota de la sobreinversión descoordinada en vacunas durante la pandemia de gripe A (H1N1); acoge con satisfacción el proyecto de Conclusiones del Consejo titulado «Enseñanzas extraídas de la pandemia de gripe A (H1N1) - La seguridad sanitaria en la Unión Europea» (12665/2010), que prevé el desarrollo de un mecanismo de adquisición conjunta de vacunas y medicación antiviral cuya aplicación en los Estados miembros se hará con carácter voluntario, y anima a los Estados miembros a que desarrollen conjuntamente soluciones de respuesta regional, incluido el uso compartido de la capacidad existente y la coordinación de una adquisición racional de contramedidas médicas, al tiempo que se aseguran unos niveles elevados de preparación en materia QBRN en toda la UE;

70.

Señala que la legislación de la UE (Decisión del Consejo 90/424/CEE modificada por la Decisión del Consejo 2006/965/CE) ofrece un enfoque en el ámbito de la UE para la erradicación, el control y la vigilancia de las enfermedades de los animales y las zoonosis, incluida la adquisición y el almacenamiento de contramedidas médicas veterinarias para proteger a los animales contra las infecciones; lamenta que no exista un enfoque similar en el ámbito de la UE para coordinar la adquisición y el almacenamiento de contramedidas médicas destinadas a proteger a la población humana de la UE contra las infecciones por agentes patógenos biológicos peligrosos;

71.

Señala que un incidente o ataque con agentes patógenos biológicos –por ejemplo, pero no solo, carbunco (o ántrax)– contaminará el área afectada durante décadas, dañando gravemente la vida y la salud vegetal, animal y humana, con costes económicos a largo plazo; pide a la Comisión que incluya estrategias de recuperación y descontaminación en la política en materia QBRN;

72.

Subraya que un incidente con la presencia de materiales QBRN y que afecte al estado del suelo y/o al suministro de agua potable puede tener efectos devastadores y de gran alcance para la salud y el bienestar de toda la población de la zona afectada; pide a la Comisión que tenga esto en cuenta cuando elabore el Plan de Acción QBRN de la UE;

73.

Subraya la importancia de garantizar que se lleve a cabo un control efectivo de los incidentes de contaminación del agua que conlleven contaminación del medio ambiente, contaminación del suelo, vertidos de residuos y/o liberación de sustancias radiactivas;

74.

Lamenta la insuficiente atención que se presta a la preparación y la respuesta en la Comunicación de la Comisión y en las Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción QBRN de la UE, centradas fundamentalmente en la detección y la prevención; pide a la Comisión y al Consejo que otorguen mayor importancia al desarrollo de los mecanismos de preparación y respuesta necesarios para proteger la salud pública y el medio ambiente en caso de que se produzca realmente un incidente QBRN en el territorio de la UE;

75.

Lamenta que el Plan de Acción QBRN carezca de medidas para garantizar la seguridad de las instalaciones y materiales radiológicos y nucleares, y para mejorar los planes de respuesta relativos a los distintos tipos de emergencias radiológicas y sus consecuencias para la población y el medio ambiente;

76.

Pone de manifiesto su preocupación por los casos en que tanto particulares como activistas han conseguido adquirir residuos nucleares procedentes de distintas plantas de reprocesamiento en Europa y solicita la adopción urgente de una acción concertada para fortalecer la seguridad de los materiales e instalaciones radiactivos y nucleares;

77.

Lamenta la escasa consideración que se otorga, en la Comunicación de la Comisión y en las Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción QBRN de la UE, a la adecuada protección de las redes de transporte público y a la salud de sus usuarios, habida cuenta de los numerosos ataques terroristas llevados a cabo en años recientes y del riesgo mayor, en términos generales, de incidentes QBRN durante el transporte de materiales QBRN; pide a los Estados miembros que garanticen una protección previa a la exposición del personal de primera intervención en incidentes QBRN y un tratamiento posterior a la exposición de las víctimas, en particular, contra agentes patógenos biológicos;

78.

Señala que un incidente QBRN podría tener efectos duraderos en el crecimiento de cultivos destinados a la alimentación y, por lo tanto, el potencial de afectar adversamente a la seguridad alimentaria y a la seguridad del suministro de alimentos de la UE; pide a la Comisión que tenga esto en cuenta cuando elabore el Plan de Acción QBRN de la UE;

79.

Alienta la cooperación y el intercambio de mejores prácticas con países que hayan desarrollado conocimientos especializados en el ámbito de la evaluación de riesgos, la prevención, la detención, la comunicación y la respuesta en materia QBRN, como los Estados Unidos, Australia y la India;

80.

Alienta la puesta en común de políticas para la recuperación de los suelos afectados por la contaminación química, biológica, radiológica o nuclear a fin de restablecer lo antes posible el uso del suelo y de los terrenos reduciendo de este modo los riesgos para la salud y para el medio ambiente;

81.

Pide a la Comisión y al Consejo que consideren el desarrollo de modelos de reacción que ofrezcan una solución ideal en caso de incidentes QBRN, y en los que se preste especial atención a los centros de formación, centros sanitarios e instituciones geriátricas;

82.

Pide a los Estados miembros que, cuando elaboren planes de evacuación en caso de un incidente QBRN, presten especial atención a las necesidades de las personas mayores, los niños, las personas bajo atención médica, las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables;

83.

Pide a los Estados miembros que concedan especial atención a la construcción, tanto dentro de centros públicos y administrativos como a escala local y regional, de refugios de protección civil en los que puedan refugiarse los ciudadanos de la Unión en caso de desastre;

84.

Insta a la Comisión a que busque un acuerdo sobre normas mínimas comunes en materia de seguridad con los terceros países limítrofes en cuyo territorio se encuentran objetos que puedan suponer una amenaza importante para la seguridad humana y el medio ambiente en la Unión Europea y, en caso de un incidente;

85.

Pide a la Comisión que incluya en su Plan de Acción una adaptación más flexible de las medidas de seguridad al desarrollo tecnológico;

86.

Insta a la Comisión a que evalúe de manera exhaustiva el impacto de las medidas de seguridad existentes en el medio ambiente y la salud, y a que garantice la introducción de nuevas medidas basadas únicamente en los resultados de dicha evaluación, que debería llevarse a cabo periódicamente;

87.

Pide a la Comisión que elabore una hoja de ruta QBRN de la UE para el periodo que va desde ahora hasta 2013, cuando se revisará el Plan de Acción QBRN de la UE, en la que se fijen los retos y las respuestas a nivel político y sobre la que la Comisión informará periódicamente al Parlamento Europeo por lo que a la evolución en curso y a los progresos logrados hasta la fecha se refiere;

88.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que revisen y apliquen con rapidez el Plan de Acción QBRN de la UE de conformidad con sus recomendaciones; insta asimismo a la Comisión y al Consejo a que remitan el siguiente Plan de Acción QBRN de la UE al Parlamento al menos un año antes de entrar en la fase de aplicación para que el Parlamento pueda emitir su opinión oportunamente;

89.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

15.6.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 169/23

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, los artículos 174 a 178 del mismo,

—

Vista la propuesta de la Comisión relativa a la revisión del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de la Unión Europea, de 28 de mayo de 2010 (COM(2010)0260),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (1),

—

Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2008, sobre gobernanza y asociación a nivel nacional y regional, y una base para proyectos en el ámbito de la política regional (2),

—

Vista su Resolución, de 15 de junio de 2010, sobre la transparencia de la política regional y de su financiación (3),

—

Visto el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la gobernanza multinivel, de 17-18 de junio de 2009, y el informe de consulta,

—

Vistas las conclusiones de la reunión ministerial informal que tuvo lugar los días 16 y 17 de marzo de 2010 en Málaga,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de septiembre de 2004, titulada «Responsabilidades respectivas de los Estados miembros y de la Comisión en la gestión compartida de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión - Situación actual y perspectivas para el nuevo período de programación después de 2006» (COM(2004)0580),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de mayo de 2008, titulada «Los resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política de cohesión del período de programación 2007-2013» (COM(2008)0301),

—

Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria de los ejercicios 2006 y 2008,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2008, titulada «Plan de Acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales» (COM(2008)0097),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2009, titulada «Informe sobre la aplicación del Plan de Acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales» (COM(2009)0042),

—

Vista la Comunicación, de 28 de octubre de 2009, dirigida por los Comisarios Samecki y Špidla a la Comisión, en la que se presentaba un informe provisional sobre el seguimiento del plan de acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales (SEC(2009)1463),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de febrero de 2010, sobre el impacto del plan de acción para reforzar la función supervisora de la Comisión en el marco de la gestión compartida de las acciones estructurales (COM(2010)0052),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0280/2010),

A.

Considerando que la aplicación de la política de cohesión está en gran medida descentralizada y se basa en la responsabilidad de las autoridades subnacionales,

B.

Considerando que la política de cohesión desempeña un cometido precursor en la aplicación de la gobernanza multinivel, como un instrumento para mejorar la calidad del proceso de toma de decisiones mediante la participación activa de las autoridades de nivel subnacional desde la fase prelegislativa de los debates,

C.

Considerando que la gobernanza multinivel se entiende como la acción coordinada de la Unión, de los Estados miembros y de las entidades regionales y locales, así como de los actores socioeconómicos y de las ONG, basada en los principios de asociación y cofinanciación, y que su finalidad es elaborar y aplicar las políticas de la Unión Europea, y que esta definición presupone la responsabilidad compartida de los diversos niveles administrativos,

D.

Considerando que el informe del Tribunal de Cuentas de 2006 demostró que los sistemas de control establecidos para la política de cohesión no eran suficientemente eficaces, con un índice de error del 12 % en el reembolso de gastos, y que el informe de 2008 confirmó estos datos con un reembolso indebido de los fondos del orden del 11 %,

E.

Considerando que es necesario que la Comisión refuerce su función supervisora con objeto de reducir los índices de error, mejorar el sistema de control y reforzar la asistencia a las autoridades subnacionales y a los beneficiarios, todo lo cual ha de conducir a largo plazo a la aplicación de una política orientada en mayor medida en los resultados y más accesible para los interesados,

F.

Considerando que unos procedimientos de solicitud de financiación demasiado complejos y unos controles redundantes podrían desanimar a los potenciales beneficiarios de la política de cohesión,

G.

Considerando que las soluciones prácticas que esperan los ciudadanos en materia de servicios públicos (como transporte público, agua potable, sanidad pública, viviendas sociales y educación pública) sólo pueden lograrse con una buena gobernanza que incluya dos sistemas complementarios, a saber, por una parte, el sistema institucional, que prevé el reparto de competencias y recursos presupuestarios entre el Estado y las entidades regionales y locales, y, por otra, el sistema asociativo, que agrupa a diferentes actores públicos y privados interesados por la misma temática en un territorio determinado,

H.

Considerando que la asociación debe tener en cuenta a todas las comunidades y grupos relevantes, puede aportar beneficios y un valor añadido a la ejecución de la política de cohesión por medio de una mayor legitimidad, una transparencia garantizada y una mejor absorción de los fondos, y que también debe evaluarse con arreglo al valor social y cívico que representa,

I.

Considerando que un enfoque integrado debe prestar atención a las características especiales de los territorios (desventajas geográficas y naturales, despoblación, situación ultraperiférica, etc.), para poder responder a los retos locales y regionales,

1.

Acoge favorablemente el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la gobernanza multinivel, así como el reconocimiento en el Tratado de Lisboa de la subsidiariedad a nivel subnacional; destaca que el enfoque de varios niveles no sólo debería aplicarse verticalmente, sino también horizontalmente, entre los agentes del mismo nivel, en todas las políticas de la Unión de competencias compartidas, incluida la política de cohesión;

2.

Acoge con satisfacción las conclusiones de la reunión ministerial informal que tuvo lugar en Málaga en marzo de 2010, y considera que la gobernanza multinivel constituye una condición previa para alcanzar la cohesión territorial en Europa; pide que este principio sea obligatorio para los Estados miembros en aquellos ámbitos políticos con un fuerte impacto territorial, a fin de garantizar un desarrollo territorial equilibrado en consonancia con el principio de subsidiariedad; señala que esta medida en ningún caso debería redundar en un aumento de los procedimientos burocráticos;

3.

Considera que una gobernanza multinivel satisfactoria debe sustentarse en un enfoque ascendente que tenga en cuenta la variedad de mecanismos administrativos existentes en el otro Estado miembro; insta a los Estados miembros a que identifiquen las vías más eficientes de aplicar la gobernanza a los diferentes niveles y a que mejoren su cooperación tanto con las entidades regionales y locales como con la administración de la Comunidad, por ejemplo invitando a los funcionarios de todos los niveles administrativos a las reuniones periódicas organizadas con la Comisión o estableciendo Pactos Territoriales Europeos que vinculen de forma voluntaria a los diferentes niveles de administrativos implicados;

4.

Recomienda que se sistematice el análisis del impacto territorial mediante la implicación, desde la fase inicial de la decisión política, de los distintos agentes interesados, de forma que englobe las repercusiones económicas, sociales y ambientales de las propuestas legislativas y no legislativas comunitarias relativas a los diferentes territorios;

5.

Destaca que la gobernanza multinivel permite aprovechar mejor el potencial de la cooperación territorial gracias a las relaciones que se establecen a través de fronteras entre las entidades públicas y privadas; insta a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho a que adopten cuanto antes las disposiciones necesarias para crear agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT); recomienda que la Comisión promueva el intercambio de información entre las AECT ya creadas y aquéllas que se encuentran en proceso de creación en el marco de los actuales programas; felicita al Comité de las Regiones por la calidad de su trabajo sobre las AECT y pide que sus instrumentos disponibles, en particular la Plataforma de Seguimiento de Lisboa y su Red de Control de la Subsidiariedad, se utilicen para estimular el intercambio de mejores prácticas entre las regiones y los Estados miembros con vistas a la identificación y fijación común de objetivos, las actividades subsiguientes de planificación y, finalmente, la evaluación comparada de los resultados de la política de cohesión;

6.

Pide a las entidades nacionales, regionales y locales que durante el actual período de programación intensifiquen la utilización del enfoque integrado; propone que este enfoque sea obligatorio en el contexto de la futura política de cohesión; considera que un enfoque integrado y flexible no sólo debe tener en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales del desarrollo del territorio, sino permitir asimismo la articulación de los intereses de las diferentes partes interesadas en la perspectiva de las especificidades territoriales, con miras a afrontar los desafíos locales y regionales;

7.

Insta a la Comisión a que elabore una guía para los agentes públicos y privados sobre la forma de aplicar en la práctica los principios de gobernanza multinivel y el enfoque integrado; recomienda que las acciones destinadas a promover estos dos enfoques se financien con cargo a la asistencia técnica del FEDER;

8.

Recomienda que el Comité de las Regiones aproveche las jornadas de puertas abiertas Open Days 2011 y, en la medida en sea todavía posible, las jornadas de puertas abiertas Open Days 2010 como una ocasión para promover y profundizar en el debate sobre la identificación de las vías más adecuadas para impulsar la gobernanza multinivel; propone que se ponga en marcha la iniciativa de crear a partir de 2011 un sello europeo de la gobernanza multinivel en todas las regiones de la UE;

9.

Señala que los mecanismos descentralizados constituyen un elemento clave de la gobernanza multinivel; pide a los Estados miembros y a las regiones que, cuando proceda y teniendo en cuenta la necesidad de simplificación, deleguen la ejecución de una parte de los programas operativos, al tiempo que les insta, en particular, a utilizar mejor, en su caso, las subvenciones globales; pide asimismo a los Estados miembros y las regiones que adopten las medidas de descentralización necesarias, tanto a nivel legislativo como presupuestario, de manera que el sistema de gobernanza multinivel pueda funcionar efectivamente y conformarse a los principios de asociación y subsidiariedad; destaca que las entidades regionales y locales, en particular las que poseen competencias legislativas, deberían estar más íntimamente involucradas, pues son quienes mejor conocen el potencial y las necesidades de sus respectivas regiones y pueden contribuir, por ello, a una mejor aplicación de la política de cohesión;

10.

Insta a los Estados miembros a que inviten a las entidades regionales y locales pertinentes y a los actores de la sociedad civil a participar ya desde las primeras fases en las negociaciones sobre la legislación de la UE y los programas que se benefician de los Fondos Estructurales, a fin de facilitar el diálogo a su debido tiempo entre los diferentes niveles de la administración; pide que dichas entidades participen en los órganos responsables de la toma de decisiones en pie de igualdad con los representantes nacionales;

11.

Destaca que la absorción eficaz de los fondos y la garantía del máximo impacto posible requieren capacidades administrativas suficientes tanto a nivel de la UE como a nivel regional y local; pide, por consiguiente, a la Comisión que mejore su capacidad administrativa, con vistas a incrementar el valor añadido de la política de cohesión y asegurar la sostenibilidad de las acciones, y a los Estados miembros que velen por unas estructuras administrativas y unos recursos humanos adecuados en materia de contratación, remuneración, formación, recursos, procedimientos, transparencia y accesibilidad;

12.

Insta asimismo a los Estados miembros a que, en su caso, refuercen el cometido de las entidades regionales y locales en la preparación, gestión y ejecución de los programas y potencien los medios a su disposición; recomienda la adopción en la política de cohesión de la metodología de desarrollo local basada en asociaciones locales, en particular para los proyectos relacionados con cuestiones urbanas, rurales y transfronterizas; pide a la Comisión que fomente la asociación entre las regiones con un potencial similar de desarrollo específico y que vele por la existencia de una marco adecuado a escala de la UE para la coordinación de la cooperación macrorregional;

13.

Considera que los principios de asociación y cofinanciación promueven la asunción de responsabilidad por parte de las autoridades subnacionales en la aplicación de la política de cohesión; reafirma su adhesión a estos principios de buena gestión, y pide que se respeten a pesar de la reducción del gasto público como consecuencia de la crisis económica;

14.

Recomienda que se mejore la práctica de la asociación e insta a la Comisión a que elabore una definición concertada del principio de asociación como una condición previa para la creación de verdaderas asociaciones con las entidades locales y regionales y los actores de la sociedad civil; pide a la Comisión que compruebe rigurosamente la aplicación de este principio mediante el desarrollo de instrumentos específicos de evaluación y difunda las mejores prácticas en este ámbito sirviéndose de herramientas propias de las TIC; destaca que la asociación puede contribuir a la eficacia, la eficiencia, la legitimidad y la transparencia en todas las fases de programación y ejecución de los Fondos Estructurales e incrementar el compromiso con los resultados de los programas y la identificación con éstos; destaca el importante papel desempeñado por el voluntariado en el proceso de asociación;

15.

Recuerda la obligación de consulta pública a los ciudadanos mediante las organizaciones representativas de la sociedad civil y las ONG para tener en cuenta sus propuestas, y destaca que la participación de la sociedad civil contribuye a legitimar el proceso de toma de decisiones; constata que los esfuerzos por asegurar la participación pública en la fase preparatoria de los programas operativos 2007-2013 no tuvieron el éxito esperado; pide a la Comisión que identifique las buenas prácticas y facilite su aplicación, a fin de mejorar la participación ciudadana en el próximo período de programación;

16.

Pide que el principio de gobernanza multinivel se integre en todas las fases de elaboración y aplicación de la Estrategia UE 2020, con el fin de garantizar la asunción real de sus resultados por parte de las entidades regionales y locales, que son quienes tienen que hacerla efectiva; recuerda, en este mismo contexto, la propuesta relativa a un pacto territorial de las entidades locales y regionales acerca de la estrategia Europa 2020, con miras a alentar a las regiones y municipios a que contribuyan a la consecución de los objetivos de dicha estrategia;

17.

Recomienda que la Comisión reanalice las posibilidades de ejecutar el proyecto piloto iniciado por el Parlamento Europeo titulado «Erasmus para representantes electos locales y regionales» y pide a la Comisión, con vistas a mejorar el nivel de los proyectos propuestos y cumplir el objetivo de eficiencia, que ejecute, en el marco de la línea presupuestaria de asistencia técnica operativa del FEDER, un sistema de formación y movilidad destinado a los agentes locales y regionales que participan en la gestión de los programas relativos a la política de cohesión, así como a los socios especializados en la aplicación de los conceptos de enfoque integrado y gobernanza multinivel; insta a la Comisión, por consiguiente, a que asigne efectivamente financiación a esas iniciativas y a que refuerce las redes con las entidades regionales y locales, sirviéndose asimismo del Comité de las Regiones;

18.

Opina que las redes europeas de las regiones deberían ampliar sus acciones en materia de buenas prácticas en la gobernanza y la asociación, hacer mayor hincapié en las enseñanzas políticas y estratégicas adquiridas en anteriores ciclos de programación y garantizar el acceso de los ciudadanos a la información clave sobre las mejores prácticas en todas las lenguas de la Unión Europea, contribuyendo así a velar por que se apliquen efectivamente buenas prácticas;

19.

Opina que el refuerzo del papel de las entidades a nivel regional y local debe corresponderse con un fortalecimiento del cometido de supervisión de la Comisión, que, más que en los proyectos individuales, debe centrarse en el control de los sistemas de auditoría; reclama, en este contexto, un sistema europeo de certificación de los servicios nacionales; insta a la Comisión a que complete la aprobación de los informes de evaluación del cumplimiento, con objeto de evitar retrasos en los pagos y la pérdida de fondos como consecuencia de la liberación automática de compromisos, y a que antes de 2012 presente una propuesta sobre el riesgo de error aceptable;

20.

Acoge con satisfacción las conclusiones del informe de la Comisión sobre el Plan de Acción de febrero 2010 y las medidas correctivas y preventivas adoptadas hasta la fecha; pide a la DG REGIO que prosiga este ejercicio durante todo el período de aplicación con el fin de mantener el impulso generado por el Plan de Acción;

21.

Destaca que deben coordinarse mejor las iniciativas europeas en materia de política de cohesión y de política estructural, con el fin de no poner en tela de juicio la coherencia de la política regional; reclama, por consiguiente, una mayor coordinación en el seno de la Comisión entre la DG REGIO, competente para la política estructural y de cohesión, y las DG competentes para las iniciativas sectoriales específicas pertinentes; solicita, teniendo en cuenta la consolidación de los derechos de las entidades regionales y locales en el Tratado de Lisboa, que estas últimas participen de forma más activa en la elaboración de las políticas correspondientes en el seno de la Comisión, con objeto de aumentar las responsabilidades a nivel de los responsables de los proyectos: reclama asimismo un control más estricto de los resultados por parte de la Comisión sobre el terreno, a fin de evaluar mejor la eficacia de las estructuras de los proyectos, así como de las acciones con respecto a los objetivos;

22.

Pide a la Comisión que refuerce la iniciativa de «formación de formadores» dirigida a las autoridades de certificación; destaca que debería llevarse a cabo una supervisión permanente que garantizara la transferencia efectiva y equilibrada de los contenidos de formación a los niveles inferiores, sin descuidar a los agentes locales;

23.

Insta a la Comisión a que ponga en marcha rápidamente el nuevo portal en la base de datos SFC 2007, de forma que todos los agentes que participan en la gestión de los Fondos Estructurales tengan acceso directo a la información pertinente; recomienda que los Estados miembros promuevan y difundan la información relativa a este instrumento entre las entidades regionales y locales y los beneficiarios finales;

24.

Pide a la Comisión que establezca mecanismos adicionales de asistencia técnica para promover el conocimiento a nivel regional y local de los problemas relativos a la aplicación, especialmente en aquellos Estados miembros en los que, a juzgar por la evaluación «ex post» de los programas de la política de cohesión 2000-2006 por parte de la Comisión Europea, se perciben problemas persistentes con las capacidades administrativas en lo que respecta a la aplicación de dichos programas;

25.

Solicita una aplicación armonizada del modelo de información única y del modelo de auditoría única (SISA) en todos los niveles de fiscalización, a fin de evitar la duplicación de auditorías y un control excesivo; insta a la Comisión a que elabore un manual de auditoría única que incluya todas las notas de orientación elaboradas hasta la fecha;

26.

Pide a los Estados miembros que aprovechen mejor los instrumentos de ingeniería financiera para aumentar la calidad de los proyectos y la participación de los agentes privados, especialmente las PYME, en los proyectos europeos; insta a la Comisión a que simplifique las normas de funcionamiento de estos instrumentos, pues la complejidad actual limita su uso;

27.

Expresa su convencimiento de que no pueden cumplirse los procedimientos a expensas de la calidad de las intervenciones; pide a la Comisión que aplique en el futuro una política orientada en mayor medida en los resultados y más centrada en las prestaciones de calidad y el desarrollo de proyectos estratégicos, que en los controles; insta, a tal fin, a la Comisión a que desarrolle indicadores objetivos y mensurables que puedan compararse a escala de la Unión, a fin de disponer de mejores mecanismos de control y evaluación y a que prosiga la reflexión sobre la necesidad de flexibilizar las normas en caso de crisis económicas;

28.

Destaca que la aplicación de procedimientos claros y transparentes forma parte de la buena gobernanza; se congratula, por consiguiente, de la simplificación en curso del Reglamento Financiero y de los Fondos Estructurales y pide a los Estados miembros que respeten plenamente los requisitos del Reglamento Financiero revisado y den a conocer los beneficiarios finales de los Fondos Estructurales; insta a la Comisión a que proponga normas comprensibles que no requieran frecuentes modificaciones; reclama que se prevea una arquitectura más sencilla para los Fondos después de 2013, lo que no debe entenderse como consecuencia de la crisis económica sino como principio general de la futura política de cohesión, a fin de facilitar la absorción de los fondos, y recomienda una mayor transparencia y flexibilidad en la utilización de los Fondos de la UE para evitar el surgimiento de cargas administrativas adicionales que pudieran disuadir a eventuales socios de participar en los proyectos;

29.

Acoge con satisfacción el informe estratégico de la Comisión sobre la ejecución de los programas de política de cohesión, que constituye una importante fuente de información para el proceso de formulación de las políticas; considera que las conclusiones de este informe deberían tenerse en cuenta también en el proceso de elaboración de propuestas dirigidas a mejorar la ejecución de los programas de la política de cohesión;

30.

Reitera su compromiso con una política de cohesión fuerte y convenientemente financiada que garantice el desarrollo armónico de todas las regiones de la Unión Europea; pide que se mantengan los recursos destinados a la financiación de esta política más allá del año 2013, y que se rechace cualquier tentativa de renacionalización;

31.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta los principios de diferenciación y proporcionalidad en la futura normativa, y que adapte los requisitos al tamaño de los programas y a la naturaleza de los socios, especialmente cuando participen administraciones públicas de pequeño tamaño; pide que se recurra en mayor medida a las cantidades globales y las tarifas planas para todos los fondos, especialmente en lo que se refiere a los gastos generales y la asistencia técnica; propone que se contemplen criterios de evaluación más flexibles para los proyectos innovadores, con el fin de estimularlos, así como requisitos de control menos estrictos para los proyectos piloto; alienta a la Comisión a que desarrolle el principio del «contrato de confianza» con los Estados miembros que se comprometan a garantizar con éxito la correcta utilización de los Fondos;

32.

Pide, con miras a establecer una política más accesible en el futuro, que se armonicen e integren en mayor medida las normas que regulan los Fondos Estructurales, de forma que se evite el desglose de un proyecto determinado en diferentes partes para solicitar la asistencia de fondos distintos; recomienda que no se ponga el acento exclusivamente en la regularidad de los gastos, pues también conviene tener presente la calidad de las intervenciones, así como que los recursos se centren en la potenciación de la asistencia en la vertiente de la gestión;

33.

Pide a la Comisión que presente lo antes posible propuestas relativas a las disposiciones que regularán el próximo período de programación, adopte el reglamento de aplicación, elabore las directrices correspondientes y ofrezca formación sobre ellas y que agilice la negociación y aprobación de los programas operativos, a fin de evitar todo retraso en la aplicación de la política de cohesión y en la absorción de los fondos después de 2013;

34.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

15.6.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 169/29

—

Visto el Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus títulos I y XVIII,

—

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de 25 y 26 de marzo de 2010,

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una Europa global: competir en el mundo – Una contribución a la Estrategia de crecimiento y empleo de la UE» (COM(2006)0567),

—

Visto el Informe anual de la OCDE de 2009,

—

Vista la publicación «Successful partnerships: a guide», del Foro OCDE-LEED sobre asociación y gobernanza local, 2006,

—

Visto el «Global Competitiveness Report 2009-2010» (Informe sobre la competitividad mundial 2009-2010) del Foro económico mundial, Ginebra (Suiza), 2009,

—

Visto el informe independiente «Una agenda para una política de cohesión reformada - Un enfoque de base local para superar los retos y las expectativas de la Unión Europea», de abril de 2009, preparado por Fabrizio Barca a petición de Danuta Hübner, Comisaria de Política Regional,

—

Visto el documento político del Consejo de Municipios y Regiones de Europa titulado «El futuro de la política de cohesión», Bruselas, diciembre de 2009,

—

Vista la Resolución de la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) sobre la política regional después de 2013, aprobada por la Asamblea General de la ARE el 8 de noviembre de 2007 en Udine (Italia),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre los resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política de cohesión del periodo de programación 2007-2013 (COM(2008)0301),

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre la aplicación del Reglamento de los Fondos Estructurales para el periodo 2007-2013: resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política de cohesión (1),

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre las mejores prácticas en el ámbito de la política regional y los obstáculos a la utilización de los Fondos Estructurales (2),

—

Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2008, sobre gobernanza y asociación a nivel nacional y regional, y una base para proyectos en el ámbito de la política regional (3),

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el Libro Verde sobre la cohesión territorial y el estado del debate sobre la futura reforma de la política de cohesión (4),

—

Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia UE 2020 (5),

—

Visto el Cuarto informe sobre la cohesión económica y social (COM(2007)0273),

—

Visto el Vigésimo Informe anual de la Comisión sobre la aplicación de los Fondos Estructurales (2008) (COM(2009)0617),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Movilizar las inversiones públicas y privadas con vistas a la recuperación y el cambio estructural a largo plazo: desarrollo de la colaboración público-privada (CPP)» (COM(2009)0615),

—

Visto el apartado 37 de su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la reforma de las ayudas estatales 2005-2009 (6),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0309/2010),

A.

Considerando que la promoción de la cohesión económica, social y territorial, así como de la solidaridad entre los Estados miembros, es uno de los objetivos de la Unión Europea, según se dispone en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

B.

Considerando que la Unión podrá ser competitiva a nivel global solamente en la medida en que sus políticas interiores apoyen su capacidad para responder a los desafíos mundiales, llevando a cabo una economía sostenible con un bajo nivel de emisiones de carbono y que proteja la biodiversidad, dado que los periodos de recesión han puesto de manifiesto que las regiones menos desarrolladas tienen una capacidad de recuperación menor,

C.

Considerando que competitividad y cohesión no son contradictorias ni incompatibles, sino que tienen elementos de complementariedad,

D.

Considerando que, a pesar de los importantes avances conseguidos en el ámbito de la convergencia dentro de la Unión, se observa una tendencia hacia la agudización de las disparidades territoriales entre las regiones de la UE, por ejemplo en materia de accesibilidad, en particular en las regiones estructuralmente desfavorecidas, así como a escala intrarregional y en el interior de los territorios de la UE, lo que podría degenerar en fenómenos de segregación espacial y profundizar las diferencias entre los niveles de prosperidad de las regiones de la UE y mermar la competitividad global de la UE,

E.

Considerando que, en su Informe anual de 2009, la OCDE formuló una recomendación relativa al crecimiento a largo plazo que se centraba en la importancia de la fiscalidad, la inversión en infraestructura, educación y fuerza de trabajo, y la regulación de los mercados de producción, destacando así su función,

F.

Considerando que el Foro Económico Mundial señaló en su Informe sobre la competitividad mundial 2009-2010, así como en otros informes, el papel decisivo que corresponde a la infraestructura como segundo pilar de los doce en los que se basa el análisis de la competitividad global, y precisó que una infraestructura de calidad es una condición esencial para acortar distancias, atraer inversión extranjera y garantizar las posibilidades de desarrollo económico,

G.

Considerando que, a largo plazo, la competitividad sólo puede lograrse con un crecimiento económico verdaderamente sostenible en toda la UE,

H.

Considerando que el informe del grupo de expertos independientes sobre I+D e innovación creado a raíz de la cumbre de Hampton Court y presidido por Esko Aho, que lleva por título «Crear una Europa innovadora», identifica los ámbitos clave, a saber, sanidad electrónica, productos farmacéuticos, transporte y logística, medio ambiente, contenido digital, energía y seguridad, en los que puede funcionar un mercado de la innovación y las políticas públicas pueden desempeñar un importante papel,

I.

Considerando que para alcanzar los objetivos de la UE 2020 es necesario aceptar que existen diferencias en el nivel de desarrollo y límites, así como fijar objetivos conformes con la situación real e identificar las necesidades existentes mediante consultas con todos los actores de los diferentes niveles de gobierno,

J.

Considerando que el Consejo Europeo de marzo de 2010 reconoció la importancia de promover la cohesión económica, social y territorial, también mediante el desarrollo de la infraestructura, para contribuir al éxito de la Estrategia UE 2020 en un contexto en el que esta nueva estrategia tendrá que hacer frente a situaciones de bloqueo del desarrollo económico,

K.

Considerando que la política de cohesión ha resultado ser un instrumento eficaz para responder de manera flexible a los desafíos socioeconómicos derivados de la crisis financiera,

L.

Considerando que, además de una buena infraestructura, los requisitos previos clave para la competitividad son el fomento en los ámbitos de la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, así como la correspondiente formación de calidad de las personas en las regiones,

M.

Considerando que las regiones tendrán un papel crucial para limitar el impacto de los efectos de la crisis sobre los ciudadanos y que deberían por tanto acogerse al principio de asociación y desarrollar instrumentos adecuados para la evaluación ex ante del impacto territorial de los diferentes tipos de políticas, con vistas a afrontar desafíos de envergadura, como la adaptación a la globalización, los cambios demográficos y la consiguiente despoblación de las regiones, el cambio climático, los problemas relacionados con la energía y la protección de la biodiversidad, así como los nuevos retos que se deriven de la crisis,

N.

Considerando que, como han demostrado los resultados de los debates sobre las estrategias y los programas de la política de cohesión para el periodo de programación 2007-2013, han aumentado la calidad de los programas y la implicación de las partes interesadas en todos los niveles de gobierno, lo que representa un paso adelante hacia la consecución de los objetivos de Lisboa en materia de competitividad económica y empleo,

O.

Considerando que la reforma de la política de cohesión debe conducir a su mejora mediante una mejor correlación y una mejor coordinación y sinergia de las políticas europeas, sin llegar a subordinar unas políticas a otras, de conformidad con las necesidades y los objetivos de desarrollo sostenible de la Unión,

P.

Considerando que la implicación de los actores locales y regionales en la política de cohesión se refleja en sus estrategias regionales y locales de desarrollo económico e inclusión social,

Q.

Considerando que la competitividad económica de las regiones retrasadas se ve apoyada por el desarrollo de sus capacidades, incluido el desarrollo de todo tipo de infraestructuras, y hace posible el acceso a la educación, la investigación y la innovación,

R.

Considerando que, pese a que algunos aspectos estructurales de dichos instrumentos -como es tener la misma duración y armonización que la Agenda de Lisboa- favorecen las sinergias, siguen detectándose diferencias, como pueden ser los distintos fundamentos jurídicos, los intereses temáticos frente a los intereses territoriales y una gestión compartida frente a una gestión centralizada,

1.

Hace hincapié en los logros de la política de cohesión de la Unión Europea y subraya que su aplicación resulta indispensable para que la Estrategia UE 2020 sea un éxito, utilizándola como medio para eliminar las diferencias entre las regiones, aumentar su competitividad, facilitar la puesta en marcha de reformas estructurales y aumentar la capacidad de adaptación de las regiones al entorno económico global;

2.

Valora que, para el período 2007-2013, todos los Estados miembros hayan dedicado un porcentaje considerable de la totalidad de las asignaciones financieras al ámbito de I+D, la innovación y el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, generando 246 programas operativos nacionales o regionales con cerca de 86000 millones de euros asignados a la investigación y la innovación, de los que ya se han asignado 50000 millones de euros para actividades básicas de I+D e innovación; subraya que la investigación y la innovación son instrumentos esenciales para mejorar la competitividad de la UE ante los retos mundiales, por lo que es necesario que se mantenga una inversión regular en estos ámbitos y se realice una evaluación periódica de los avances logrados sobre la base de los resultados obtenidos; recomienda por tanto, con vistas al próximo período de programación, que los Estados miembros y la Comisión asignen recursos suficientes de los Fondos Estructurales para investigación e innovación, en particular para innovaciones sostenibles, y que refuercen las capacidades de investigación; subraya la necesidad de fomentar y aplicar los modelos satisfactorios relativos al triángulo del conocimiento para garantizar el desarrollo sostenible de la investigación regional y de los marcos estratégicos de innovación en colaboración con las empresas, los centros de investigación, las universidades y las autoridades públicas; destaca el potencial de las agrupaciones innovadoras regionales de conocimiento intensivo a la hora de movilizar la competitividad regional y aboga por una mejor coordinación entre los Fondos Estructurales y el Séptimo Programa Marco para acciones de investigación y desarrollo tecnológico;

3.

Subraya que la mejora de la concentración de los recursos de la política de cohesión puede garantizar una contribución significativa de esta política al fomento de la competitividad, la innovación y el empleo en la UE;

4.

Destaca el papel clave desempeñado tanto por el sector público en todos sus niveles de gobierno como por el sector privado en la aplicación de la política de cohesión y en el restablecimiento de la confianza y la solidaridad en tiempos de recesión y después de la recesión, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a las inversiones públicas, en especial en infraestructuras, nuevas tecnologías y capital humano, y el desarrollo sostenible;

5.

Subraya que la competitividad económica de las regiones de la UE está estrechamente vinculada a la existencia de unos niveles adecuados de empleo, mano de obra formada y capacitada, seguridad social y acceso a los servicios públicos; constata, en este sentido, que el apoyo de la política de cohesión a la cohesión social aumenta la importancia de esta política en términos de competitividad regional a escala mundial;

6.

Opina que, de acuerdo con el espíritu de los Tratados, una política de cohesión que vaya dirigida a reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las regiones y las prepare para afrontar los desafíos a corto y medio plazo (como la globalización, el cambio demográfico, la despoblación de las zonas rurales, el cambio climático y la protección de la biodiversidad), teniendo en cuenta sus puntos fuertes y débiles específicos, ha demostrado ser un elemento fundamental en el proceso de integración europea;

7.

Señala que, mediante un aumento de las sinergias creadas entre las políticas de investigación, desarrollo e innovación, y la política de cohesión, podría responderse mejor a los desafíos de la Estrategia UE 2020; subraya que la política de cohesión debe desempeñar un papel importante en la aplicación de Estrategia UE 2020, ya que esta política estimula el cambio estructural en toda Europa y apoya prioridades de inversiones clave en todos los niveles, local, regional, nacional y transfronterizo, garantizando la cohesión social, económica y territorial; señala, no obstante, que aunque las prioridades de la política de cohesión deben ajustarse a los objetivos de la UE 2020, esta debe seguir siendo una política independiente capaz de dar cabida a las peculiaridades regionales y de apoyar a las regiones más débiles y necesitadas para que superen sus deficiencias socioeconómicas y sus dificultades naturales, y reduzcan las desigualdades; considera que asegurar la continuidad de las directrices de la política de cohesión ya en funcionamiento salvaguardará la dimensión regional de la I+D+i y generará empleo en los sectores innovadores;

8.

Apoya los puntos de vista expuestos en el Libro Verde sobre la cohesión territorial relativos a la competitividad, que «depende asimismo de los vínculos que se establecen con otros territorios para garantizar la utilización de activos comunes de manera coordinada y sostenible» con el fin de liberar el potencial de la diversidad territorial de la Unión Europea; subraya, en este sentido, que un funcionamiento adecuado y coordinado de los transportes, un acceso suficiente a las telecomunicaciones y la puesta en común, si procede, de las infraestructuras de energía, asistencia sanitaria, investigación, educación y protección medioambiental son condiciones básicas para un mayor refuerzo de la competitividad; insta a la Comisión Europea a que presente propuestas concretas sobre la definición y la aplicación coherente de los objetivos de cohesión territorial;

9.

Opina que los Estados miembros deben impulsar un enfoque de base local para elaborar y aplicar la política de cohesión; reconoce que la función de las regiones difiere de un Estado miembro a otro en función de su estructura político-administrativa; pide que el principio de subsidiariedad, en el sentido reforzado y ampliado que le da el TFUE, se aplique debidamente y que se persiga la introducción de mejoras, en relación con el actual período de programación, mediante el fomento del principio de descentralización a nivel de las entidades locales, con vistas a mejorar la absorción de los fondos; considera contraproducente, en este sentido, que las regiones gestionen solamente una media del 30,5 % del presupuesto total asignado a la política de cohesión, quedando el resto en manos de los gobiernos centrales; opina por ello que el principio de asociación debe reforzarse considerablemente en el futuro;

10.

Opina que los territorios fronterizos en particular revelan las dificultades que la Unión Europea afronta en relación con los retos que plantean la apertura de las fronteras, la realización del mercado único y la mundialización; subraya que la competitividad de esos territorios puede verse minada por la necesidad de hacer frente a las competencias fiscales y sociales, a las complejidades administrativas y a los flujos migratorios interregionales e interestatales; insiste en la importancia de desarrollar las herramientas necesarias para la cooperación transfronteriza y la gobernanza multinivel y pide a la Comisión que fomente los intercambios de información y las mejores prácticas;

11.

Señala que la cohesión territorial tiene carácter horizontal y multisectorial, por lo que las políticas de la Unión deben contribuir a la consecución de sus objetivos; reitera que este concepto no se limita al impacto de la política regional, sino que supone también la coordinación con otras políticas de la Unión que persiguen un desarrollo sostenible y ofrecen resultados perceptibles a escala regional, con vistas a desarrollar y aprovechar plenamente las formas específicas del potencial regional e incrementar su impacto sobre el terreno, reforzar la competitividad y la capacidad de atracción de las regiones y alcanzar la cohesión territorial; opina que «concentración, cooperación y conexión» son las coordenadas fundamentales de la cohesión territorial para alcanzar un desarrollo territorial más equilibrado en la UE;

12.

Subraya que la gobernanza multinivel implica la delegación de responsabilidades para los programas, lo que permite un mejor aprovechamiento del potencial de la cooperación territorial y que, por consiguiente, para que la Unión esté en condiciones de perseguir objetivos comunes recurriendo a medidas coherentes y orientadas en función de los resultados, estableciendo al mismo tiempo prioridades regionales y locales específicas, deberían aplicarse los principios de la gobernanza multinivel;

13.

Celebra los resultados de las iniciativas URBAN y LEADER, y subraya la necesidad de hacer uso de la experiencia adquirida y de los ejemplos conexos de mejores prácticas para establecer un marco para un desarrollo rural-urbano integrado y equilibrado, conforme a las necesidades de cada región; pide a la Comisión que examine y proponga metodologías de trabajo para promover asociaciones urbano-rurales, luchar contra la despoblación de las zonas rurales y, al mismo tiempo, estimular un desarrollo urbano sostenible, dado que casi el 80 % de la población de la UE vive en zonas urbanas; señala que tanto las zonas urbanas como las rurales desempeñan un papel dinámico en el desarrollo económico regional y subraya la necesidad, con miras al próximo período de programación, de que se invierta en proyectos urbanos y suburbanos, y se mejore la coordinación con los programas de desarrollo rural;

14.

Considera que el principio de asociación es fundamental para dotar de contenido a la política de cohesión, potenciando la capacidad administrativa y la calidad de los procesos de programación a través de un enfoque ascendente (bottom-up); opina que todos los niveles de gobierno deben intervenir de manera coherente, complementaria y productiva para estimular la competitividad económica de la UE; pide a la Comisión que proporcione una definición más clara del principio de asociación para asegurar la creación de verdaderas asociaciones con las entidades regionales y locales y facilitar el intercambio de mejores prácticas entre las regiones;

15.

Recuerda que la cofinanciación es un principio fundamental de la buena gestión de la política de cohesión; pide su aplicación continuada a pesar de la limitación del gasto público debida a la crisis económica;

16.

Destaca la necesidad de promover el espíritu empresarial y de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYME), reconociendo su papel clave a la hora de estimular la competitividad económica y crear empleo; subraya la necesidad de revisar y consolidar el papel de los instrumentos de la UE que apoyan la competitividad europea con vistas a racionalizar los procedimientos administrativos, facilitar el acceso a la financiación, en particular para las PYME, introducir mecanismos innovadores de incentivos basados en el logro de los objetivos vinculados a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y promover una cooperación más estrecha con el Banco Europeo de Inversiones y otras entidades financieras; aprecia, en este sentido, el valor añadido que ofrecen los instrumentos de ingeniería financiera y anima a que se utilicen, junto con los fondos rotatorios y las subvenciones globales, a una escala lo más amplia posible, para lograr sinergias positivas y optimizar los resultados; aboga, además, por un acceso simplificado al capital de riesgo y a la microfinanciación;

17.

Hace asimismo hincapié en que una aplicación eficiente de la política de cohesión depende enormemente de cómo esté concebida y en que resulta por tanto fundamental que las entidades locales y regionales se impliquen en una fase temprana a la hora de configurar y aplicar la futura política de cohesión; destaca, igualmente, la necesidad de desarrollar asociaciones horizontales y verticales entre las autoridades públicas a todos los niveles con vistas a lograr una gobernanza lo más eficaz posible en determinados niveles; reitera que la gobernanza multinivel es uno de los principios clave de la política de cohesión y que resulta fundamental a la hora de garantizar la calidad del proceso de toma de decisiones; subraya también, en este sentido, la importancia de la asociación entre las autoridades regionales y el Comité de las Regiones;

18.

Acoge con satisfacción la modificación del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo que simplifica los procedimientos para la utilización de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, e invita a la Comisión a seguir avanzando en la simplificación de tales procedimientos para asegurar su flexibilidad y reducir la carga administrativa de los beneficiarios de la financiación, de manera que las autoridades puedan atender a los desafíos principales puntualmente y con los recursos adecuados; opina que la colaboración público-privada puede aportar un apoyo efectivo complementario de los esfuerzos realizados a nivel local y regional, y pide a la Comisión que presente propuestas concretas para consolidar las asociaciones público-privadas en el marco de la política de cohesión;

19.

Destaca la importancia, con vistas a eliminar diferencias, de continuar apoyando principalmente los proyectos destinados a las regiones atrasadas, de modo que el impacto esperado en este periodo de programación sea sostenible y guarde relación con las estimaciones iniciales; observa que la mejora de la accesibilidad y de las facilidades infraestructurales contribuirá a mejorar la competitividad de las regiones retrasadas en el mercado interior y, de este modo, a fomentar la competitividad exterior de la UE en su conjunto; opina que retirar estas ayudas disminuiría el impacto de los resultados positivos iniciales;

20.

Subraya que, aunque la política de cohesión se centra tradicionalmente en las regiones menos prósperas, afecta a todas las regiones europeas, independientemente de su nivel de desarrollo; subraya, por consiguiente, la necesidad de fomentar el objetivo de la competitividad regional y el empleo; reitera que una política de cohesión sólida y bien financiada, dotada de un presupuesto equivalente como mínimo al actual tanto en términos absolutos como relativos, es una condición indispensable para cumplir los objetivos de la Estrategia UE 2020 a fin de lograr una economía inteligente, sostenible e integradora, haciendo que la UE sea competitiva a nivel mundial, y de asegurar el desarrollo de todas las regiones de forma armoniosa, alcanzando el objetivo de cohesión social, económica y territorial;

21.

Considera que el PIB debe seguir siendo el criterio principal para determinar la elegibilidad de las regiones respecto de las ayudas de la política de cohesión, si bien se pueden añadir otros indicadores mensurables, a condición de que se haya demostrado su pertinencia, permitiendo así que las autoridades nacionales apliquen, en el nivel adecuado del proceso de toma de decisiones, otros indicadores que tengan en cuenta las características específicas de las regiones y ciudades;

22.

Destaca la importancia de que en la asignación de los fondos se tengan en cuenta las características específicas de, por ejemplo, las regiones costeras, montañosas y ultraperiféricas, las regiones con baja densidad de población, o las regiones y ciudades fronterizas; anima a las regiones a presentar iniciativas para aprovechar sus características regionales especificas; pide a la Comisión que adecue los distintos instrumentos financieros para obtener valor añadido a corto y medio plazo, teniendo en cuenta también los efectos de la crisis económica y financiera;

23.

Anima a la Comisión a que estudie nuevas posibilidades en el ámbito de la ingeniería financiera para mejorar la eficacia y el impacto de la política de cohesión y para conseguir los mejores resultados posibles con los proyectos seleccionados;

24.

Destaca el efecto positivo que la igualdad entre hombres y mujeres tiene en el crecimiento económico y en la cohesión social de la UE y, por ende, en su competitividad;

25.

Insiste en el papel decisivo que desempeñan el desarrollo regional y la cohesión territorial a lo largo de toda Europa, en virtud de su valor añadido europeo, para el aumento de la competitividad económica de la UE y para alcanzar los objetivos de la UE 2020, siendo el enfoque de base local uno de los principales modos de lograr el equilibrio económico;

26.

Subraya la necesidad de un enfoque integrado para el uso de los Fondos Estructurales como un instrumento importante para ayudar a las regiones a lograr un crecimiento, un nivel de empleo y una prosperidad sostenibles;

27.

Destaca que es necesario seguir manteniendo regímenes transitorios para consolidar y aumentar el nivel de desarrollo alcanzado, que se podría ver afectado negativamente si la financiación se reduce de forma drástica al superar un objetivo determinado; señala que de esta forma se garantiza un trato idéntico a las regiones que se encuentren en una situación similar, lo que también permitirá una organización eficaz de los programas;

28.

Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que las expectativas de la población europea guardan relación con sus necesidades, en especial con sus deseos de acceder a unas infraestructuras adecuadas y unos servicios públicos de calidad, que deben prestarse con equidad y a precios asequibles para todos los ciudadanos europeos, con independencia de su lugar de residencia y trabajo; insiste en que se debe respetar el principio de igualdad de oportunidades y subraya la necesidad de que todas las infraestructuras y proyectos financiados con cargo a los Fondos Estructurales sean accesibles a las personas con discapacidad;

29.

Señala que para consolidar el conocimiento y la innovación como impulsores del crecimiento económico futuro y de la competitividad europea es necesario mejorar la calidad de la educación, afianzar los resultados de la investigación, promover la innovación y la transferencia de conocimientos en toda la Unión, explotar al máximo las tecnologías de información y comunicación, asegurarse de que las ideas innovadoras puedan convertirse en nuevos productos y servicios que generen crecimiento y empleos de calidad y que ayuden a afrontar los retos derivados de los cambios sociales en Europa y en el mundo, fomentar el espíritu emprendedor, conceder una atención prioritaria a las necesidades de los usuarios y a las oportunidades del mercado, y garantizar una financiación accesible y suficiente en la que los Fondos Estructurales desempeñarán un papel fundamental;

30.

Destaca que la cohesión económica, social y territorial ofrece una oportunidad para aprovechar todo el potencial de investigación y desarrollo e innovación y para garantizar que la población europea tenga un nivel de vida mejor y confíe en la UE; considera que la inversión selectiva y combinada en investigación y desarrollo e innovación debe tener en cuenta las capacidades y el potencial existentes en las regiones y las ciudades y contribuir a desarrollar ámbitos clave como sanidad electrónica, productos farmacéuticos, transporte y logística, medio ambiente, contenido digital, energía y seguridad, mediante programas de desarrollo institucional y de formación de capacidades;

31.

Opina que parte de la financiación asignada a la investigación, el desarrollo y la innovación dentro de la política de cohesión debe utilizarse para lograr y mantener el papel de líder mundial en sectores en los que Europa ya goza de una ventaja competitiva, así como en aquellos en los que tiene una nueva oportunidad para convertirse en un líder mundial;

32.

Considera que, para consolidar el mercado interior, se necesitan medidas específicas para estimular la competencia a escala europea, sin por ello crear un desequilibrio entre los Estados miembros; opina que de este modo se puede lograr un nivel confortable de estabilidad y prosperidad económica a nivel europeo;

33.

Recomienda que los Estados miembros y la Comisión presten una mayor atención al apoyo de proyectos importantes que cubran dos o más programas operativos con gran impacto a escala europea, que generarán valor añadido, crearán empleo de calidad y salvaguardarán el desarrollo sostenible de las regiones;

34.

Opina que la política de cohesión debe seguir promoviendo medidas que generen el mayor número posible de puestos de trabajo, lo que permitirá aprovechar los recursos humanos locales y garantizar su desarrollo continuado a fin de garantizar una alta productividad;

35.

Afirma que la consecución de una cohesión económica, social y territorial es una condición necesaria pero no suficiente para garantizar la competitividad económica a escala mundial, que requiere inversiones considerables en ámbitos clave como la energía, el medio ambiente, la infraestructura, la educación, la investigación y el desarrollo, las industrias y los servicios creativos, la logística y el transporte;

36.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

15.6.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 169/37

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre su Programa de Trabajo para 2011 (COM(2010)0623),

—

Visto el último Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, y, en particular, su anexo 4,

—

Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que es de crucial importancia que el diálogo entre el Parlamento Europeo y la Comisión se lleve a cabo con la debida antelación, de tal modo que quepa centrar los esfuerzos en definir los objetivos estratégicos clave de la UE para el próximo año y los años venideros,

B.

Considerando que las prioridades políticas deben corresponderse con los recursos financieros disponibles,

C.

Considerando que la política y la acción europeas, conjuntamente con las de los Estados miembros y de conformidad con el principio de subsidiariedad, pueden y deben incidir de forma real a la hora de ayudar a los ciudadanos a anticiparse y reaccionar frente a una sociedad que cambia rápidamente,

D.

Considerando que el año 2011 tendrá una importancia crucial para el éxito futuro de la Unión y supondrá un reto significativo para la Comisión Europea y para la Unión en su conjunto,

E.

Considerando que la crisis financiera sigue afectando de modo considerable a las economías de los Estados miembros y que deben realizarse ajustes de gran calado tanto a escala nacional como de la Unión; considerando que para lograr una recuperación completa se necesita una estrategia europea común orientada al crecimiento sostenible y a la creación de empleo y respaldada por las competencias y los recursos necesarios,

1.

Observa que este Programa de Trabajo es el primero que se adopta en el marco del nuevo ciclo de programación, y subraya que conviene profundizar el diálogo establecido con la Comisión a fin de mejorar el vínculo obvio entre las prioridades políticas y el presupuesto que ha de financiarlas a escala de la UE;

2.

Insta a la Comisión a que se comprometa a llevar a cabo un ejercicio de programación realista y operativo, que sea eficaz y se lleve a la práctica y se ejecute mejor que en el pasado; pide un calendario más claro en cuanto a las propuestas importantes que han de presentarse;

3.

Insta a la Comisión a que adapte cuanto antes el acervo a las disposiciones de los artículos 290 y 291 del TFUE, con arreglo a un calendario claro;

4.

Pide a la Comisión que haga pleno uso de sus facultades jurídicas y su autoridad política; observa que la Unión Europea no puede funcionar de modo eficaz si no identifica, articula y promueve el interés general de la Unión y sus ciudadanos y lleva a cabo eficientemente su cometido de supervisar la aplicación de los Tratados y del Derecho de la UE;

5.

Observa que los esfuerzos realizados hasta el momento para resolver la crisis financiera y sustentar la recuperación de Europa han quedado muy por debajo de lo necesario; deplora que el programa de trabajo no incluya medidas adicionales orientadas a la creación de más puestos de trabajo; pide, por tanto, a la Comisión que explique de forma detallada en su respuesta cómo sus iniciativas y propuestas harán frente al reto;

6.

Expresa su convicción de que la UE debe llevar a cabo sin demora reformas estructurales si quiere mejorar su competitividad y volver a impulsar el crecimiento; opina asimismo que la modernización de las infraestructuras (incluida la banda ancha), unos mayores esfuerzos en los ámbitos de la investigación, el desarrollo y la innovación, una política que asegure una energía suficiente, económica y limpia, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y la calidad de la educación y formación son elementos centrales de la estrategia;

7.

Acoge con satisfacción la prioridad concedida a la reforma de la gobernanza económica europea; advierte que, a menos que la UE construya una gobernanza económica creíble, en particular en la eurozona, capaz de asegurar una política fiscal sólida y de restablecer el crecimiento, el futuro del euro estará en peligro; insiste en que esa reforma debe tener plenamente en cuenta la posición del Parlamento, reflejada en su Resolución de 20 de octubre de 2010, y ha de tener como objetivo el fomento de los objetivos económicos y sociales de la Unión, establecidos en el artículo 3 del Tratado de Lisboa;

8.

Recuerda que el Parlamento y el Consejo, como las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria que son, deben ser asociados por igual a cualquier movilización del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera; pide la rápida presentación de propuestas por las que se confiera carácter permanente al mecanismo de solución de crisis (por ejemplo, un fondo monetario europeo), se integre plenamente la Estrategia Europa 2020 en el marco macroeconómico a largo plazo, se adopten las medidas iniciales que conduzcan a la emisión conjunta de una parte de la deuda soberana y a la introducción de bonos con este fin, tal como se describe en anteriores informes del Parlamento, y se asegure una representación única de la zona del euro ante el exterior; aboga por una pequeña modificación del Tratado que facilite el fundamento jurídico para un mecanismo de estas características en lugar de recurrir a una modificación drástica del Tratado;

9.

Insiste en que la Comisión también debe presentar sin demora propuestas de revisión del marco financiero actual; señala que el marco financiero plurianual para después de 2013 debe reflejar el mayor alcance de dichas responsabilidades; pide a la Comisión que presente una propuesta ambiciosa de inversiones con objeto de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y crear puestos de trabajo, impulsar el crecimiento y garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos; considera esencial que este marco sea flexible y que el presupuesto de la UE permita el recurso a fuentes de financiación alternativas (afectación directa del producto de tributos, bonos para la financiación de proyectos concretos, etc.);

10.

Recuerda que la adopción del Reglamento sobre el marco financiero plurianual requiere la aprobación del Parlamento Europeo; pide a la Comisión que facilite la rápida adopción de un acuerdo interinstitucional sobre el papel del Parlamento en la preparación y negociación del próximo marco financiero plurianual;

11.

Insta enérgicamente a la Comisión a que presente en junio de 2011, tras la adopción de la posición del Parlamento sobre el nuevo marco financiero plurianual, unas propuestas audaces e innovadoras para una revisión de fondo del sistema de recursos propios, a fin de crear un sistema equitativo, claro, transparente y neutral en relación con la carga fiscal de los ciudadanos de la UE; cree firmemente que el marco financiero plurianual y la cuestión de los recursos propios están interrelacionados y deben decidirse en el mismo momento sobre la base de un debate interinstitucional abierto en el que participen intensamente los Parlamentos nacionales y que no puede seguir aplazándose;

12.

Subraya que la política de cohesión representa uno de los instrumentos más importantes de la UE a la hora de responder a la crisis económica, al fomentar las inversiones en la economía real; aplaude, en este contexto, la primera evaluación de la Comisión referente a la ejecución de las medidas relacionadas con la política de cohesión en el marco del Plan Europeo de Recuperación Económica, que subraya el papel clave que desempeña esta política en el proceso de atenuación de los efectos de la crisis; subraya el indudable nexo existente entre la política de cohesión y las tres prioridades principales de la Estrategia Europa 2020, mediante su contribución al logro de un crecimiento más inteligente, sostenible e inclusivo y su apoyo, al mismo tiempo, al desarrollo armonioso de las 271 regiones de la Unión;

13.

Toma nota del lanzamiento del «semestre europeo»; considera que las comisiones del Parlamento Europeo deben tener un papel más importante para aportar sus conocimientos especializados a través de «informes de fin de año» sobre los avances realizados en la consecución de objetivos importantes, seguidos de resoluciones (comunes) de los grupos políticos;

14.

Lamenta que las propuestas para el semestre europeo y el paquete sobre gobernanza no ofrezcan muchas oportunidades para el control democrático europeo, e insiste en que se ha de prever una sólida participación parlamentaria en ambas iniciativas;

15.

Pide a la Comisión que presente propuestas en relación con la refundición de la Directiva sobre abuso del mercado y la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros; señala que la Comisión debe tener en cuenta el posible efecto acumulado de las propuestas que está presentando, a fin de asegurar que refuercen la estabilidad, transparencia y responsabilidad del sector financiero y su capacidad para servir a la economía real por lo que se refiere al crecimiento y al empleo;

16.

Pide que la iniciativa legislativa sobre la resolución de las crisis en el sector bancario se coordine con normas en materia de política de competencia con objeto de establecer un marco global y vinculante para la gestión de crisis que incluya a los agentes tanto privados como públicos y proteja a los contribuyentes; opina que la revisión del Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia debe examinar la falta de competencia en el sector y pide a la Comisión que atienda al llamamiento reciente del Parlamento de examinar las opciones existentes para la creación de una agencia europea de calificación crediticia independiente y una mayor participación de las entidades públicas independientes en la emisión de calificaciones;

17.

Pide a la Comisión que presente un plan de acción global, acompañado de un calendario y de objetivos, que permita lograr un mercado único de contenidos y servicios en línea, en aras de una sociedad digital abierta y próspera, y superar la brecha digital;

18.

Subraya que la agenda digital y la inversión en las TIC son vitales para la competitividad de Europa a largo plazo, e insta a los Estados miembros y a la Comisión a que continúen implantando en el mercado redes de la próxima generación y faciliten el acceso a ellas, a través de la progresiva liberalización del mercado interior de las comunicaciones, a fin de impulsar la innovación en la UE;

19.

Encarece a la Comisión que fomente los conocimientos y la innovación en el 8° Programa Marco tras la revisión intermedia, y reitera la importancia de que el Parlamento Europeo tenga la oportunidad de formular sus propias prioridades antes de la aprobación del 8° Programa Marco en 2012;

20.

Acoge con satisfacción la ambición de la Comisión en lo que se refiere a la Unión por la innovación, que entrañará la revisión de las ayudas estatales a los marcos de I+D e innovación, reforzando el papel del BEI y del capital de riesgo; reconoce igualmente el papel que puede desempeñar la contratación pública para estimular la innovación;

21.

Insta a la Comisión a que en sus programas de I+D reduzca los trámites burocráticos y aumente la participación de empresas innovadoras en los proyectos; considera que la Comisión debe incrementar su apoyo a las asociaciones público-privadas para fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en Europa;

22.

Subraya la importancia que ha de darse a los nuevos programas plurianuales posteriores a 2013, cuya presentación está prevista para 2011, en los ámbitos de la educación, la cultura, el sector audiovisual, la juventud y la ciudadanía; considera que las acciones y medidas adoptadas en el marco de dichos programas han de responder a las necesidades de los ciudadanos europeos y basarse en un marco presupuestario adecuado y eficaz; considera que la iniciativa «Juventud en movimiento» subraya la importancia de estos programas;

23.

Destaca la importancia estratégica de la iniciativa insignia sobre eficiencia de los recursos e insta a la Comisión a trabajar sin dilación en una ambiciosa propuesta destinada a lograr objetivos vinculantes y valores de referencia concretos dentro del marco del semestre de coordinación para la coordinación de políticas UE 2020; pide a la Comisión que presente en breve propuestas legislativas para seguir reduciendo las emisiones de la UE;

24.

Considera que ha de privilegiarse la aplicación adecuada y eficaz de los instrumentos legislativos ya existentes, como el tercer paquete energético, y apoya plenamente las iniciativas de seguridad del suministro y redes inteligentes, así como la estrategia 2050;

25.

Subraya que, para que el crecimiento económico sea sostenible, la seguridad energética es vital para garantizar la continuidad del abastecimiento, el respeto de los compromisos contractuales y un precio de mercado equitativo y evitar la dependencia de un número de productores demasiado reducido;

26.

Opina que la Comunicación sobre una nueva política industrial para Europa debe ir seguida de medidas efectivas, sobre todo para lograr la deseada transición hacia una economía sostenible y de bajas emisiones de carbono y garantizar el cumplimiento del objetivo de la UE del 20 % en materia de eficiencia energética;

27.

Subraya que las medidas de atenuación y adaptación al cambio climático constituyen una prioridad de primer orden que también será beneficiosa para la competitividad de la industria y las PYME europeas;

28.

Acoge con satisfacción las prioridades clave de cara a la publicación del Libro Blanco e insta a la Comisión a que acelere la preparación de la revisión de las directrices RTE-T y sus mecanismos de financiación renovados en línea con la Estrategia Europa 2020 y la revisión del presupuesto de la UE;

29.

Insiste, desde un principio, en que el proceso de reforma de la PAC debe traducirse en una política sólida, justa, verdaderamente común y multifuncional que satisfaga las expectativas de los consumidores y los productores, ofrezca realmente «bienes públicos», en particular por lo que respecta a la seguridad alimentaria, y garantice la autosuficiencia alimentaria de la UE;

30.

Recuerda que en su Resolución, de 8 de julio de 2010, sobre el futuro de la PAC después de 2013, pidió que, como mínimo, los importes asignados a la PAC en el presupuesto de 2013 se mantuvieran durante el siguiente periodo de programación financiera;

31.

Exige que solo se autorice la importación en la UE de productos agrícolas de terceros países si en su producción se han respetado las normas europeas de protección del medio ambiente, bienestar animal y protección de los consumidores, así como normas sociales mínimas; insiste en que la conclusión de acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales no vaya en detrimento de los productores agrícolas de la UE;

32.

Insta a la Comisión a que, a la luz de las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas sobre la reforma del mercado del azúcar, revise sus procedimientos de evaluación de impacto para garantizar el uso de la información más adecuada y oportuna al elaborar todas las evaluaciones, lo que resultará fundamental a la hora de estudiar los efectos de los futuros acuerdos comerciales bilaterales sobre sectores clave de la economía de la UE;

33.

Acoge con satisfacción las próximas propuestas de la Comisión de cara a la ejecución de la Política Marítima Integrada (PMI), como la propuesta sobre la creación de un marco para la ordenación del espacio marítimo y la comunicación sobre el crecimiento sostenible en las regiones costeras y los sectores marítimos, así como la comunicación sobre la integración de la vigilancia marítima; insiste, sin embargo, en que la financiación de la ejecución de la PMI debe garantizarse en el presupuesto comunitario mediante una contribución proporcional de todos los sectores concernidos por esta política;

34.

Considera que el crecimiento integrador solo podrá construirse sobre la base de la igualdad de trato de todos los trabajadores en el lugar de trabajo y la igualdad de condiciones para todas las empresas; considera que la Comunicación debería incluir propuestas para garantizar estos principios, e insiste en que la propuesta legislativa relativa a la aplicación de las disposiciones sobre el desplazamiento de trabajadores, prevista en la Comunicación sobre el Acta del Mercado Único, debe aclarar el ejercicio de los derechos sociales fundamentales;

35.

Solicita la presentación de una propuesta de la Comisión relativa a la participación financiera de los trabajadores en los beneficios de las empresas;

36.

Pide a la Comisión que, en sus informes sobre «Nuevas cualificaciones y trabajos» y «Plataforma contra la pobreza», tenga en cuenta las dificultades específicas a que se enfrentan las mujeres y, en concreto, que promueva la igualdad en el lugar de trabajo como medio para luchar contra la pobreza y que aliente a las mujeres a convertirse en emprendedoras, a través de medidas que compartan las mejores prácticas;

37.

Cree firmemente que la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres sigue siendo uno de los desafíos que han de superarse y reitera la petición que hizo a la Comisión en su resolución de 2008 para que esta última le presente una propuesta legislativa sobre la revisión de la legislación vigente relativa a la aplicación del principio de igualdad de retribución para hombres y mujeres, teniendo en cuenta las recomendaciones que figuran en el anexo de dicha resolución;

38.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta las opiniones de los interlocutores sociales en lo referente a las pensiones y que garantice que el Libro Blanco refleje las expectativas de empleadores y trabajadores e incluya el refuerzo del primer pilar;

39.

Acoge favorablemente la reforma del portal de empleo EURES, que facilitará el acceso de los jóvenes trabajadores a información y asesoramiento en cuestiones laborales, pero lamenta que esta propuesta se haya aplazado hasta 2012, cuando los jóvenes la necesitan hoy mismo;

40.

Pide mayor eficacia y más resultados de las dos principales agencias de la UE dedicadas a la formación: el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), y la Fundación Europea de la Formación (FEF);

41.

Apoya decididamente una mayor integración de los mercados, dirigida específicamente a colmar las lagunas de importancia que aún persisten y que han sido identificadas por el Profesor Monti, y a aumentar la confianza de los ciudadanos, trabajadores, pequeñas empresas y consumidores europeos; considera, al tiempo que acoge favorablemente la publicación del Acta del Mercado Único, que las propuestas deben ser más ambiciosas y concretas; pide a la Comisión que presente cuanto antes unas prioridades y unas propuestas legislativas claras;

42.

Solicita la modernización del marco legislativo de la UE en materia de contratación pública, a través de la armonización de las directivas y del Acuerdo sobre Contratación Pública, y pide que se establezca un calendario más claro para el próximo año;

43.

Pide a la Comisión que garantice un enfoque coherente entre el instrumento jurídico relativo al Derecho contractual europeo y la Directiva sobre derechos de los consumidores; considera esencial que se aborde de forma urgente una estrategia política para los consumidores clara de la Comisión en 2011, y no en 2014, como se propone en estos momentos;

44.

Expresa su apoyo a la revisión de la Directiva relativa a los viajes combinados y de la Directiva sobre seguridad general de los productos, en la perspectiva de la supervisión del mercado;

45.

Hace hincapié en la necesidad de contar con un marco jurídico eficiente para la seguridad de los productos en la UE; apoya la revisión de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos, que requiere el establecimiento de un calendario más claro, en consonancia con la revisión del nuevo marco legislativo; pide a la Comisión que revise el sistema de marcado CE para garantizar que los consumidores puedan considerarlo una marca de seguridad;

46.

Subraya que las iniciativas en materia de Derecho civil son fundamentales para la revitalización del mercado único; apoya las medidas adoptadas por la Comisión por lo que respecta a la justicia civil, destinadas a mejorar el funcionamiento de los instrumentos de Derecho civil en el ámbito de la justicia en red;

47.

Pide la solución definitiva de los problemas que obstaculizan la creación de la patente europea e invita a la Comisión a que, en su caso, presente una propuesta de cooperación reforzada;

48.

Lamenta profundamente la falta de iniciativas legislativas en materia de cabotaje y el retraso hasta 2012 de la apertura del acceso al mercado del ferrocarril, incluida la apertura de los mercados nacionales de pasajeros; reitera la firme convicción del Parlamento de que es necesario salvaguardar y desarrollar la política global sobre los derechos de los pasajeros en Europa;

49.

Manifiesta su honda preocupación por la ausencia de propuestas concretas sobre los derechos fundamentales o sobre la Directiva horizontal de lucha contra la discriminación, y por el hecho de que ni siquiera se mencione la cuestión de la lucha contra la discriminación; pide a la Comisión que actúe con rapidez para desbloquear la Directiva de lucha contra la discriminación;

50.

Solicita una propuesta de Comunicación sobre una mayor solidaridad en el interior de la UE en el ámbito del asilo, pero lamenta la ausencia de propuestas legislativas al respecto, habida cuenta de que la Unión debería haber establecido una política común de asilo para 2012;

51.

Pide que se presenten propuestas sobre migración; recuerda que el correcto funcionamiento del sistema de entrada/salida propuesto dependerá del éxito de VIS y SIS II, aunque el sistema SIS II todavía no es plenamente operativo;

52.

Subraya la necesidad de adoptar, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, una ambiciosa política en materia de derechos fundamentales y de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales previstos en la Carta; pide a la Comisión que garantice la compatibilidad de todas y cada una de las iniciativas legislativas con los derechos fundamentales y que vele por que los Estados miembros respeten la Carta al aplicar el Derecho de la UE; pide que se refuercen las capacidades de supervisión y se apliquen los mecanismos previstos en el Tratado para luchar contra las violaciones de la Carta de los Derechos Fundamentales;

53.

Subraya que, en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, deben respetarse plenamente los derechos y libertades de los ciudadanos de la UE, y que la protección de los datos y el derecho a recurso ante la autoridad judicial son esenciales para establecer una política de seguridad creíble y eficaz; considera que, dado el aumento del número de delitos, son necesarios más programas comunitarios en materia de crimen organizado y ciberseguridad;

54.

Acoge favorablemente la propuesta sobre los derechos de las víctimas de la delincuencia, y especialmente sobre el derecho a la asistencia jurídica, pero deplora que esta sea la única medida propuesta; solicita que se fije un calendario claro para las demás medidas establecidas en el Plan de trabajo sobre derechos procesales;

55.

Saluda la puesta en marcha en 2011 de un nuevo marco jurídico amplio para la protección de los datos personales en la UE; subraya que examinará detenidamente todas las propuestas, incluidos el registro de nombres de los pasajeros y el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo, para comprobar que no violan derechos fundamentales;

56.

Celebra las propuestas relativas al Derecho civil, pero pide a la Comisión que, con objeto de establecer normas comunes para los ciudadanos de la UE en todos los Estados miembros, examine la posibilidad de acelerar la revisión del acervo en el ámbito del Derecho civil y penal e informe al Parlamento al respecto;

57.

Apoya las iniciativas destinadas a conciliar la vida familiar y laboral mediante medidas, entre otras, sobre el permiso parental mínimo y la promoción de condiciones de trabajo flexibles para mujeres y hombres, así como ayudas para que quienes tengan a su cuidado personas dependientes puedan compaginar esta labor con el desempeño de su empleo;

58.

Lamenta que la Comisión se haya retrasado en la formulación de propuestas legislativas en el ámbito de la «adaptación a Lisboa» del acervo actual por lo que respecto a la cooperación policial y judicial en materia penal, que constituye una prioridad de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior;

59.

Opina que, tras la adopción del Tratado de Lisboa, resulta fundamental que se revise el marco jurídico y lamenta que dicha revisión no se proponga antes de 2012-2013; insiste en que todos los organismos de JAI deben ser rentables, eficaces, y, sobre todo, rendir cuentas;

60.

Subraya que la promoción de los derechos humanos en todo el mundo es un objetivo fundamental de la Unión Europea en la escena mundial, y que unas mejores relaciones comerciales y una asistencia al desarrollo reforzada pueden contribuir a los avances en este ámbito;

61.

Pide a la Comisión que mantenga la dinámica del proceso de ampliación;

62.

Subraya que, en los siguientes ámbitos, son necesarias nuevas iniciativas en relación con:

63.

Opina que, para que la UE proyecte eficazmente sus valores y principios y contribuya a la estabilidad política y al desarrollo económico en su vecindad, debe apoyar a las jóvenes democracias en toda Europa y reforzar sus relaciones con sus socios; pide a la Comisión que ultime la revisión de la Política Europea de Vecindad (PEV) con objeto de garantizar una mayor coherencia entre los objetivos políticos y los instrumentos financieros; considera que en las relaciones con los países vecinos ha de reforzarse la condicionalidad en lo relativo a los derechos humanos y la democracia;

64.

Pide a la Comisión que preste una mayor atención a la seguridad alimentaria en el continente africano; subraya la necesidad de reforzar el sector agrícola en África de un modo sostenible; insta, en este contexto, a la Comisión a que garantice un mayor acceso de los más desfavorecidos a los servicios financieros y de crédito en África; insta a la Comisión a que promueva medidas de impulso del comercio africano intracontinental, incluidos paquetes de apoyo reforzados destinados a las comunidades económicas regionales y a la mejora de las infraestructuras en todo el continente africano;

65.

Pide a la Comisión que elabore un informe anual sobre los progresos alcanzados por la UE para cumplir los ODM en 2015 e introduzca medidas para asegurar que los Estados miembros respeten su compromiso de destinar el 0,7 % de su RNB a la ayuda oficial al desarrollo y supervise esos compromisos;

66.

Destaca que, en las negociaciones en curso sobre los acuerdos de asociación económica, se debe hacer de nuevo hincapié en la dimensión de desarrollo;

67.

Pide a la Comisión que busque activamente avances tangibles en las negociaciones en curso en la OMC con el fin de concluir la Ronda de Doha lo antes posible; insiste en que el fortalecimiento de los acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales vigentes así como la celebración de nuevos acuerdos de este tipo reviste una gran importancia, pero estima que deben considerarse una estrategia complementaria, que no alternativa, al marco multilateral;

68.

Recuerda que el multilateralismo debe seguir siendo la prioridad esencial de la UE, y solicita que las negociaciones comerciales en curso y futuras respeten el principio de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo; tiene el firme convencimiento de que se necesita un marco comercial multilateral eficaz y reformado para crear un sistema económico más equilibrado y justo como parte de una nueva gobernanza mundial al servicio del desarrollo y de la erradicación de la pobreza;

69.

Subraya que los productos importados de terceros países solo deben comercializarse en el mercado de la UE si cumplen con las normas europeas en materia de protección del consumidor; considera que, en las negociaciones internacionales, la Comisión debe insistir en que nuestros socios comerciales cumplan las normas medioambientales, sociales y laborales europeas;

70.

Pide que en los acuerdos comerciales internacionales firmados por la UE se incluya una cláusula relativa a la responsabilidad social de las empresas; considera que esto debe incluir información y transparencia por parte de las empresas, así como de debida diligencia por parte de empresas y grupos de empresas, investigaciones en caso de incumplimiento probado de compromisos en materia de responsabilidad social y un mejor acceso a los tribunales para las víctimas de las medidas de las empresas;

71.

Pide a la Comisión que presente una iniciativa legislativa similar a la nueva Ley de los Estados Unidos sobre «minerales de la guerra», con objeto de reforzar la transparencia y la buena gobernanza en el sector de las industrias extractivas en los países en desarrollo; pide a la Comisión que refuerce la lucha contra la corrupción en esos países, que menoscaba los derechos humanos y la buena gobernanza;

72.

Pide a la Comisión que presente en breve propuestas para modificar los Reglamentos relativos a la OLAF;

73.

Subraya que la Comisión debe contribuir de manera más abierta a una actitud positiva hacia las declaraciones nacionales de gestión firmadas por los ministros de hacienda; destaca que la Comisión debe instar a los Estados miembros a hacer uso de estas declaraciones; pide que se introduzcan bases de datos en línea completas y de fácil utilización;

74.

Pide, por tanto, que se realicen evaluaciones sistemáticas, periódicas e independientes de los programas de la UE (tanto en el ámbito de las políticas interiores como de la ayuda al desarrollo) para asegurar que consiguen los resultados previstos de una forma eficaz, a fin de:

75.

Está firmemente convencido de que la correcta y oportuna transposición y aplicación de las directivas europeas es de vital importancia a la hora de acabar con la desconfianza de los ciudadanos en la acción de la UE; considera que, para ello, es necesaria una cooperación eficaz entre la Comisión y los Estados miembros;

76.

Hace un llamamiento para que se simplifique la legislación de la UE y subraya que las evaluaciones de impacto, previas a la adopción de disposiciones legislativas, deben usarse con imparcialidad y eficacia, teniendo presente su aplicación; apoya con firmeza los continuos esfuerzos de la Comisión en relación con el proyecto de regulación inteligente;

77.

Aplaude la decisión de la Comisión de prestar una mayor atención a los aspectos relacionados con la competitividad en las evaluaciones de impacto, y subraya la importancia de analizar los efectos acumulados sobre la competitividad de diferentes actos legislativos combinados («chequeos»);

78.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

15.6.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 169/45

—

Vista la Declaración de Trípoli de los Jefes de Estado o de Gobierno, de 30 de noviembre de 2010,

—

Vista la Declaración, de 27 de noviembre de 2010, del Parlamento Panafricano y el Parlamento Europeo previa a la Cumbre,

—

Vistos los artículos 177 a 181 del Tratado de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que la Asociación entre África y la Unión Europea se basa en el interés mutuo por aprovechar sus potenciales combinados,

B.

Considerando que la Declaración de Trípoli encarna la voluntad de los diferentes líderes de consolidar la asociación estratégica establecida hacer tres años entre los dos continentes para hacer frente juntos a desafíos comunes y promover el crecimiento económico sostenible en beneficio de todos los habitantes de África,

C.

Considerando que la Unión Europea es responsable de más de la mitad de la ayuda para el desarrollo de África y sigue siendo su primer socio comercial,

D.

Considerando que África está diversificando sus asociaciones, en particular con importantes países de Asia y de América Latina,

1.

Se congratula de la aprobación del Plan de acción estratégica 2010-2013 y de sus asociaciones, y espera que aporte valor añadido con respecto al Acuerdo de Cotonú y a la Unión para el Mediterráneo y que sea la expresión de un enfoque ambicioso de las relaciones intercontinentales;

2.

Destaca que los principios fundacionales de la Estrategia Conjunta UE-África deben concebirse con miras a respaldar las necesidades sostenibles de los países en desarrollo con el fin de luchar contra la pobreza y garantizar una renta digna y unos medios de subsistencia dignos, así como el respeto de los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos sociales, económicos y ambientales;

3.

Espera que se extraigan las lecciones pertinentes de las dificultades surgidas de la aplicación del primer Plan de acción para el periodo 2008-2010 y que se actúe en función de las intenciones expresadas con carácter de principio en la Declaración final de los Jefes de Estado y de Gobierno;

4.

Señala con interés que podría procurarse que el sector privado y la sociedad civil, especialmente de África, contribuyan a la Estrategia de un modo mucho más efectivo que hasta ahora;

5.

Reconoce asimismo la importancia de la dimensión de la integración regional para el crecimiento y el desarrollo, y destaca en particular el compromiso recogido en la Declaración de Trípoli de hacer plenamente operativa la Arquitectura de Paz y Seguridad de África en estrecha colaboración con organizaciones regionales;

6.

Acoge con satisfacción los progresos registrados con la puesta en práctica de una Arquitectura de Paz y Seguridad de África para responder a los desafíos en los ámbitos de la paz y la seguridad en el continente africano; subraya a este respecto la importancia de proporcionar una financiación predecible y sostenible para las operaciones africanas de apoyo a la paz, la necesidad de crear capacidad local de recuperación y la determinación de proteger a los civiles en los conflictos armados;

7.

Opina que la prevención de conflictos es una condición esencial para una paz duradera y que las causas estructurales de los conflictos deben abordarse aplicando una política de desarrollo sostenible a fin de cubrir las necesidades básicas de la población de África, de combatir el desempleo y las injusticias sociales y económicas;

8.

Considera que la aprobación de la nueva Ley estadounidense sobre «minerales de la guerra» es un grandísimo paso hacia adelante para combatir la explotación ilegal de minerales en África, que atiza guerras civiles y otros conflictos; considera que la Comisión y el Consejo deberían presentar propuestas similares para garantizar la trazabilidad de los minerales importados en el mercado de la UE, teniendo en cuenta al mismo tiempo la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI);

9.

Pide a la Unión Europea y a la Unión Africana que aborden conjuntamente los asuntos clave de interés común, como las reacciones ante las crisis políticas, y que apoyen la gobernanza económica a fin de elaborar agendas compartidas en la materia a través de la nueva Plataforma de diálogo sobre gobernanza y derechos humanos;

10.

Celebra el compromiso conjunto África-UE sobre unos principios fundacionales que comprenden el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos, el Estado de Derecho y la condena de todas las formas de terrorismo;

11.

Toma nota de que, en su Declaración, los Jefes de Estado o de Gobierno se proclaman unidos en favor de la protección de los derechos humanos en los dos continentes; insiste en el principio de universalidad de estos derechos, que deben observarse muy particularmente en las acciones previstas en el marco de la Asociación para la Gobernanza Democrática y los Derechos Humanos;

12.

Lamenta profundamente, teniendo en cuenta nuestros compromisos reiterados con la gobernanza democrática y los derechos humanos, la invitación a Robert Mugabe a la tercera Cumbre UE-África y su participación activa; pide a todos los agentes implicados que adopten en adelante una posición política más firme con el fin de enviar una señal inequívoca de nuestra fe inquebrantable en el Estado de Derecho y la democracia;

13.

Pide con insistencia que todas las acciones que se lleven a cabo en el marco de las diferentes asociaciones lo sean en ausencia de toda discriminación por razones de género, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual y contra las personas portadoras de VIH/sida;

14.

Se adhiere al llamamiento del Parlamento Panafricano a todos los Estados miembros de la Unión Africana para que ratifiquen la Carta de la Unión Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza;

15.

Destaca el llamamiento del Presidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy a los líderes africanos para que apoyen a la Corte Penal Internacional y suscriban plenamente el principio de lucha contra la impunidad;

16.

Exhorta a la Unión Europea y a la Unión Africana a que se comprometan a trabajar juntas por una mejor colaboración entre África y Europa en los foros internacionales pertinentes, como las Naciones Unidas;

17.

Celebra el acuerdo entre la Unión Europea y la Unión Africana de entablar un diálogo político para hallar soluciones a sus preocupaciones comunes relativas a los acuerdos de asociación económica; reconoce que la integración regional, el comercio y las inversiones son determinantes para la estabilidad económica y el crecimiento sostenible;

18.

Insta a la Unión Europea y a la Unión Africana a que cooperen en la explotación sostenible de materias primas, en particular centrándose en la creación de capacidad, la gobernanza, el desarrollo de infraestructuras, las inversiones, los conocimientos y las cualificaciones geológicos y la transparencia de los contratos mineros; pide, a este respecto, la introducción de unas políticas de materias primas que sean correctas ecológicamente y sostenibles socialmente y que beneficien también a la población local;

19.

Insta a todos los Estados miembros de la Unión Africana a que faciliten el establecimiento de un marco jurídico y fiscal propicio, por una parte, para estimular el crecimiento económico y atraer las inversiones extranjeras directas y, por otra parte, para eliminar la corrupción y reducir la burocracia y las malas prácticas administrativas;

20.

Insta a los líderes africanos y de la UE a que hagan honor al compromiso de Trípoli y empleen la Estrategia como instrumento para impulsar el comercio intracontinental africano, entre otros medios con paquetes de apoyo mejorados para las comunidades económicas regionales y para mejorar las infraestructuras en todo el continente africano;

21.

Toma nota de la renovación del compromiso de los Estados miembros de la Unión Europea de alcanzar en 2015 la asignación del 0,7 % de su PIB a la ayuda oficial al desarrollo, lo que es vital si se pretende realizar los ODM para esta fecha;

22.

Velará en particular por imprimir al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio un carácter central en la finalidad de todas las asociaciones;

23.

Recuerda que la consecución de los ODM pasa por la realización de actividades específicas en los ámbitos de la salud materna, la salud infantil y la salud neonatal, la dimensión del género, la educación, la política catastral y el desarrollo sostenible, el acceso al agua y a los dispositivos de saneamiento y la ayuda a las personas con discapacidad; anima a que se mantengan los programas del ámbito de la educación y la salud;

24.

Destaca la importancia de garantizar la seguridad alimentaria en toda África y subraya la necesidad de reforzar los sectores agrícola y pesquero en África, de manera sostenible, especialmente en lo relativo a los pequeños agricultores y los pescadores artesanales;

25.

Recuerda el papel predominante de la agricultura en las economías nacionales africanas; subraya, por consiguiente, el papel central de la armonización de las normas sanitarias y fitosanitarias así como de la creación capacidades para el sector agrícola africano;

26.

Lamenta que la Cumbre no haya tratado las adquisiciones de tierras agrícolas que están llevando a cabo en África inversores internacionales con apoyo de sus gobiernos, pues, de no gestionarse adecuadamente, podrían socavar la seguridad alimentaria local y tener consecuencias graves y de gran alcance;

27.

Opina que los líderes africanos y de la Unión Europea deberían dar muestra de su compromiso real de establecer un mecanismo para evitar la fuga ilegal de capitales con fines de evasión fiscal, promover la transparencia plena y la presentación de informes por países y aumentar la presión internacional sobre todas las jurisdicciones que podrían permitir la elusión o la evasión fiscal en África;

28.

Considera que la energía renovable es fundamental para el desarrollo económico y social de África y destaca el llamamiento del Presidente Barroso en favor de una revolución verde de la energía en África;

29.

Acoge con satisfacción el programa de cooperación África-UE en el ámbito de las energías renovables y los objetivos políticos fijados en la reunión de alto nivel sobre energía celebrada en septiembre de 2010 en Viena, que deben alcanzarse para 2020, a saber, el acceso de cien millones de ciudadanos africanos más a servicios energéticos modernos y sostenibles, la duplicación de la capacidad de las conexiones eléctricas transfronterizas en África y la duplicación de la utilización de gas natural en África, y la intensificación del recurso a energías renovables en África y la mejora de la eficacia energética en África en todos los sectores;

30.

Pide a la Unión Europea y a la Unión Africana que aúnen sus esfuerzos para reducir las emisiones resultantes de la deforestación y la degradación de los bosques;

31.

Recuerda el compromiso de la Unión Europea de dedicar 7 200 millones de euros durante el periodo 2010-2012 a iniciativas y proyectos de puesta en práctica rápida en el ámbito del cambio climático, importe del que una parte considerable está reservada a África;

32.

Destaca que los pueblos más pobres del mundo son los que se ven afectados antes y con más dureza por el cambio climático, y pide a todos los agentes que ayuden a los países en desarrollo a adaptarse al impacto del cambio climático y a crecer con bajas emisiones de carbono con miras a erradicar la pobreza;

33.

Señala que alcanzar progresos hacia un acuerdo sobre el cambio climático es crucial para abordar la pobreza mundial y, en este contexto, destaca el inmenso potencial de los recursos naturales -sol, viento, ríos, mareas- que a menudo poseen en abundancia los países africanos;

34.

Señala que la migración tiene efectos positivos e insiste en la necesidad de una estrategia común, dotada de un calendario y de proyectos con objetivos específicos para reducir los efectos negativos de la migración ilegal;

35.

Recuerda el compromiso de todos los socios de crear más y mejores empleos mediante la promoción de un crecimiento sostenible e incluyente;

36.

Se congratula del refuerzo de los programas existentes en relación con la movilidad de estudiantes y profesores universitarios, así como de iniciativas como la Universidad Panafricana y la orientada a armonizar las estructuras y los programas de enseñanza;

37.

Considera que la fuga de cerebros es un problema grave para África y que deberían ofrecerse incentivos poderosos a los profesionales que han abandonado sus países para que retornen y hagan que sus países de origen se beneficien de la formación adquirida;

38.

Acoge favorablemente el inicio de un diálogo de alto nivel (altos funcionarios y ministros) en los ámbitos de las ciencias y las tecnologías destinado a reforzar el marco de cooperación científica y tecnológica, para sostener y acelerar un crecimiento económico incluyente y el desarrollo social en África;

39.

Constata la ausencia de representación de Sudán, cuyas autoridades no se consideran vinculadas por la Declaración de Trípoli de los Jefes de Estado o de Gobierno, y expresa el deseo, de conformidad con la Declaración, de que se apliquen todos los elementos del Acuerdo de paz de 2005, incluido, por tanto, el referéndum programado para enero de 2011, que debe permitir que el pueblo del sur de Sudán decida sobre su destino;

40.

Lamenta que algunos Jefes de Estado o de Gobierno de los grandes Estados miembros de la Unión Europea no pudieran asistir a la Cumbre UE-África;

41.

Lamenta que la Estrategia Conjunta UE-África no esté acompañada de un plan de financiación y pide una vez más la incorporación del FED al presupuesto de la Unión Europea con el fin de garantizar el control parlamentario de la utilización de los diferentes instrumentos financieros de la UE en la creación de las diferentes asociaciones;

42.

Espera una mayor implicación de los órganos ministeriales en la ejecución de la Estrategia;

43.

Pide que el Parlamento Panafricano y el Parlamento Europeo puedan ejercer su función de supervisión en la aplicación del Plan de acción estratégica;

44.

Pide a los Parlamentos nacionales de todos los países de África y la Unión Europea que examinen el plan estratégico y lo debatan;

45.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión de la Unión Europea, al Consejo y a la Comisión de la Unión Africana, a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.

15.6.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 169/49

—

Visto el preámbulo del Tratado de la Unión Europea, en particular sus guiones segundo y cuarto a séptimo,

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Vistos los artículos 2, 3, apartado 3, segundo guión, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000, proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo,

—

Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea (COM(2010)0573),

—

Vistas todas las convenciones y recomendaciones pertinentes del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas, incluidos los organismos de supervisión especializados, en el ámbito de los derechos fundamentales,

—

Vistas las decisiones y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJ) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH),

—

Visto el Memorándum de Acuerdo entre el Consejo de Europa y la Unión Europea (1),

—

Visto el Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano,

—

Vistos los informes anuales y las actividades de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vistos los informes de diversas ONG sobre los derechos humanos,

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Vista la audiencia pública organizada por el Parlamento Europeo los días 21 y 22 de junio de 2010 sobre la importancia de la Carta de los Derechos Fundamentales para el desarrollo de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia (ELSJ),

—

Vista su Resolución, de 14 de enero de 2009, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2008 (2),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0344/2010),

A.

Considerando que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea fundamenta la Unión en una comunidad de valores indivisibles y universales de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, solidaridad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, orientados a todas las personas que viven en el territorio de la Unión Europea, incluidas las personas pertenecientes a minorías; que la protección y la promoción efectivas de los derechos deben ser un objetivo global de todas las políticas europeas, incluida su dimensión exterior, y una condición esencial para la consolidación de la Unión Europea que contribuye a fomentar la paz, los valores y principios relativos a los derechos humanos y a las libertades fundamentales y el bienestar de los pueblos,

B.

Considerando que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa ha creado una nueva situación en la UE en el ámbito de los derechos humanos al convertir la Carta de los Derechos Fundamentales («la Carta») en jurídicamente vinculante, con lo que valores básicos se transforman en derechos concretos; que, desde su adopción, la Carta se ha convertido en fuente de inspiración para la jurisprudencia de los tribunales europeos; que la Comisión ha elaborado un informe anual sobre la aplicación de la Carta, y que la promoción y aplicación de los derechos fundamentales basados en la Carta deben ser objeto de informes anuales elaborados por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

C.

Considerando que se ha de desarrollar, promover y reforzar una cultura auténtica de los derechos fundamentales, no solo en las instituciones de la UE sino también en los Estados miembros, en especial cuando aplican y ponen en práctica el Derecho de la Unión, tanto internamente como en las relaciones con terceros países,

D.

Considerando que, en virtud del Reglamento, el Parlamento Europeo puede abordar, examinar y evaluar la situación de los derechos fundamentales con carácter anual y formular recomendaciones,

1.

Subraya que la protección y la promoción efectivas de los derechos humanos y de las libertades fundamentales constituyen el fundamento de la democracia y del Estado de Derecho en la UE, así como una condición esencial para la consolidación del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, e implican acciones en varios niveles (internacional, europeo, nacional, regional y local); hace hincapié, por otra parte, en el papel que pueden desempeñar las autoridades regionales y locales en la aplicación concreta y en la promoción de estos derechos; pide, por consiguiente, a todas las instituciones de la UE y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros que se apoyen en el nuevo marco institucional y jurídico creado por el Tratado de Lisboa para desarrollar una política interna exhaustiva en materia de derechos humanos para la UE que garantice la existencia de mecanismos de responsabilización efectivos, tanto a nivel nacional como de la UE, para hacer frente a las violaciones de derechos humanos;

2.

Recuerda sus resoluciones, así como sus preguntas orales con debate y sus conclusiones resultantes de las misiones realizadas en 2009, sobre casos concretos de derechos fundamentales, como los relativos a la intimidad, la dignidad personal y la protección de datos, la prohibición de la tortura, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, la libertad de expresión y de información, la libertad de prensa y de los medios de comunicación, la no discriminación, el uso de las lenguas minoritarias, la situación de la población gitana y la libre circulación, las mujeres gitanas, la discriminación contra los matrimonios y uniones civiles entre personas del mismo sexo, los menores, los centros de detención para inmigrantes y la supuesta detención ilegal de prisioneros en el contexto del programa de entregas de la CIA; subraya que todas estas resoluciones reflejan los valores consagrados en la Carta, muestran su claro compromiso con la protección cotidiana de los derechos fundamentales y envían un mensaje político a todos los individuos que residen en la UE, a los Estados miembros y a las instituciones de la UE, así como a los socios internacionales;

3.

Lamenta que el Consejo y la Comisión no hayan seguido ninguna de las recomendaciones contenidas en el informe de 2007 del Parlamento Europeo sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos (3), ni hayan compartido con el Parlamento Europeo información alguna sobre las conversaciones UE-EE.UU. al respecto;

4.

Considera necesario reflexionar sobre la evolución en materia de protección de los derechos fundamentales tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y considera, en ese contexto, que la presente Resolución aclara el papel que debe desempeñar cada institución y cada mecanismo en la nueva arquitectura europea de derechos fundamentales;

5.

Reitera que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 ha cambiado radicalmente la faz jurídica de la UE, que debería posicionarse cada vez más como una comunidad de valores y principios compartidos; acoge favorablemente, por consiguiente, el nuevo sistema de la UE de protección de los derechos fundamentales a varios niveles dimanante de fuentes múltiples y aplicable a través de diversos mecanismos, incluidos la Carta jurídicamente vinculante, los derechos garantizados por el CEDH, cuyo reconocimiento se deriva de la obligación de adhesión de la Unión, y los derechos basados en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros y su interpretación con arreglo a la jurisprudencia del TEDH y del TJ;

6.

Reafirma que la Carta tiene el mismo valor jurídico que los Tratados y representa la codificación más moderna de los derechos fundamentales, ofrece un buen equilibrio entre los derechos y la solidaridad y abarca los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como los derechos «de tercera generación» (es decir, el derecho a una buena gobernanza, a la libertad de información, a un medio ambiente sano y a la protección de los consumidores); considera que la UE debería desarrollar un marco regulador que proteja a las personas de las violaciones de los derechos fundamentales por parte de las empresas;

7.

Subraya que la incorporación de la Carta en el Derecho primario de la UE, si bien no amplía las competencias de la Unión y respeta el principio de subsidiariedad que se define en su artículo 51, crea nuevas responsabilidades para las instituciones encargadas de la toma de decisiones y la ejecución, así como para los Estados miembros en lo relativo a la aplicación de la legislación de la UE a nivel nacional, por lo que las disposiciones de la Carta han pasado a ser de aplicación directa por los tribunales europeos y nacionales; pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que mejoren la coherencia entre sus diferentes organismos encargados de la supervisión y la ejecución, con miras a la aplicación efectiva del marco general establecido, y que refuercen un mecanismo de supervisión para toda la UE, así como un sistema de detección temprana, como el Examen Periódico Universal;

8.

Recuerda que el respeto de los valores fundamentales de la UE, así como la protección y la promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, constituye un terreno común en las relaciones de la Unión con terceros países, y subraya que la UE está obligada a cumplir lo dispuesto en la Carta también a este respecto; recuerda a este respecto que la promoción de la democracia y del Estado de Derecho va acompañada del respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; subraya que, dentro de la nueva estructura institucional de la UE, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) solo puede ofrecer la oportunidad de mejorar la coherencia y la eficacia en el ámbito de los esfuerzos de política exterior para promover los derechos humanos y la democracia si se respalda un enfoque basado en los derechos humanos en la estructura, los recursos y las actividades de dicho Servicio; destaca que la Unión desempeña un papel de primer orden en la promoción de los derechos humanos en el mundo; pide en este sentido a la UE que garantice la eficacia de las cláusulas sobre derechos humanos incluidas en los acuerdos internacionales, tenga presentes los principios de la Carta a la hora de celebrar acuerdos con terceros países, y mantenga la coherencia entre sus políticas internas y externas en materia de derechos humanos;

9.

Afirma que la adhesión de la UE al CEDH garantizará el nivel mínimo de protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en Europa y proporcionará un mecanismo adicional para reforzar los derechos humanos, a saber, la posibilidad de presentar una denuncia ante el TEDH en relación con una violación de los derechos humanos derivada de una acción de una institución de la UE o de un Estado miembro en el marco de la aplicación de la legislación de la UE y que se inscriba en el marco de las competencias del CEDH; observa que la jurisprudencia del TEDH aportará de esta manera una contribución adicional a la acción actual y futura de la UE en lo relativo al respeto y el fomento de las libertades fundamentales en los ámbitos de las libertades civiles, la justicia y los asuntos de interior, además de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia al respecto;

10.

Pide a todos los Estados miembros de la UE y del Consejo de Europa que manifiesten un compromiso político claro y su voluntad de apoyar el proceso de adhesión y el acuerdo, y que garanticen la transparencia del proceso de adhesión, al tiempo que destaca la necesidad de consultar adecuadamente a los principales interesados; pide a la Comisión que concluya sus consultas internas, así como las negociaciones con el Consejo de Europa, aportando soluciones adecuadas a las principales cuestiones técnicas, con objeto de completar el proceso de adhesión dentro de un plazo razonable y de garantizar el nivel de protección más elevado posible para los derechos humanos en Europa;

11.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan en conocimiento de los ciudadanos las ventajas que entraña la adhesión al CEDH y todos los requisitos que deben cumplir los candidatos, mediante la elaboración de directrices sobre la adecuada aplicación y los efectos de este mecanismo adicional, con el fin de garantizar que pueda ser utilizado de manera efectiva y eficaz, y mediante su inclusión en la formación de todos los profesionales afectados;

12.

Acoge con satisfacción, por otro lado, las nuevas obligaciones horizontales que crea el Tratado de Lisboa de luchar contra la exclusión social y la discriminación y promover la justicia social y la protección, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el respeto de la vida privada y familiar, la solidaridad entre generaciones y la protección de los derechos del niño, y de desarrollar una política común de asilo y migración y de lucha contra la trata de seres humanos, así como su referencia explícita a las personas pertenecientes a minorías, lo que refleja otro valor fundamental de la Unión; acoge con satisfacción que la Unión haya adquirido personalidad jurídica, lo que le permite adherirse a los tratados internacionales, la mejora de la protección judicial con la ampliación de la jurisdicción del TJ a cuestiones de interés evidente para la protección de los derechos fundamentales, tales como la cooperación policial y judicial en el ámbito del Derecho penal, el fortalecimiento del papel del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en el proceso europeo de toma de decisiones, especialmente en la evaluación de la aplicación de la política de la UE en el ELSJ, y el papel más relevante de los ciudadanos europeos, ahora investidos con el poder de poner en marcha una iniciativa legislativa de la UE a través de la Iniciativa Ciudadana Europea, y la obligación de mantener un diálogo abierto, transparente y regular con asociaciones representativas y con la sociedad civil (artículo 11, apartado 2, del TUE);

13.

Solicita la aplicación plena y coherente, de conformidad con la legislación internacional y europea sobre derechos humanos, del Programa de Estocolmo, que pone en práctica las obligaciones y los principios derivados del Tratado al establecer las directrices estratégicas para el ELSJ;

14.

Considera que las instituciones europeas han actuado frecuentemente en paralelo en el ámbito de la protección de los derechos fundamentales, y pide por tanto una reflexión sobre las medidas adoptadas y la mejora de la cooperación entre estas instituciones, como una cooperación interinstitucional consolidada para el seguimiento anual de la situación de los derechos humanos en la UE, de manera que cada institución pueda sacar provecho de los informes de las demás instituciones;

15.

Constata la creación de una nueva cartera «Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía» en la Comisión como una indicación de su compromiso de intensificar sus esfuerzos en el ámbito de los derechos y las libertades fundamentales y como una respuesta positiva a las reiteradas solicitudes del Parlamento en este sentido; considera que esta división entre la justicia y la seguridad no debería reforzar la dicotomía mal planteada entre la necesidad de proteger los derechos humanos de todas las personas y la necesidad de garantizar su seguridad; entiende que la nueva Comisaria debería prestar especial atención a las políticas de la UE de lucha contra las migraciones irregulares y el terrorismo, y que el pleno apoyo de la Comisión es esencial para que la nueva Comisaria pueda mantener su protagonismo;

16.

Pide a la Comisión que declare 2013 «Año Europeo de la Ciudadanía» con el fin de impulsar el debate sobre la ciudadanía europea y de informar a los ciudadanos de la UE sobre sus derechos, en especial los nuevos derechos que se derivan de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa;

17.

Espera acciones concretas por parte de la nueva Comisaria responsable, en consonancia con las intenciones ya declaradas; celebra particularmente y ante todo el compromiso de introducir una evaluación del impacto de todas las nuevas propuestas legislativas en los derechos fundamentales, de supervisar el proceso legislativo con el fin de garantizar que los nuevos textos definitivos cumplan lo dispuesto en la Carta, de aplicar una política de «tolerancia cero» en materia de violaciones de la Carta, llevando a cabo investigaciones exhaustivas e incoando procedimientos de infracción cuando los Estados miembros infrinjan sus obligaciones en materia de derechos humanos al aplicar la legislación de la UE, y de introducir garantías de que se informe debidamente a los ciudadanos de la UE sobre la nueva arquitectura de derechos fundamentales; pide que se haga un seguimiento de la Comunicación de 2003 sobre el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (COM(2003)0606) con objeto de perfilar un método transparente y coherente de abordar posibles violaciones de los derechos humanos y de hacer un uso oportuno del artículo 7 del TUE sobre la base de la nueva arquitectura en materia de derechos fundamentales;

18.

Recuerda a la Comisión que debe controlar la coherencia de todas las nuevas propuestas legislativas con la Carta y verificar los instrumentos existentes desde este punto de vista; sugiere que las evaluaciones de impacto que acompañan a las propuestas de la Comisión indiquen claramente si las propuestas cumplen lo dispuesto en la Carta, para que esta consideración se convierta en parte integrante del procedimiento legislativo; recuerda a la Comisión su tarea explícita de asociar a las partes afectadas mediante amplias consultas, con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión (artículo 11, apartado 3, del TUE); destaca a este respecto la importancia de la plataforma de la Agencia de los Derechos Fundamentales como recurso significativo para el desempeño de esta tarea;

19.

Recuerda a la Comisión que debe llevar a cabo investigaciones objetivas e iniciar un procedimiento de infracción cuando un Estado miembro, al aplicar la legislación de la UE, viole los derechos consagrados en la Carta; recuerda asimismo a la Comisión que debe pedir a los Estados miembros que faciliten datos y hechos fiables y recopilar información procedente también de fuentes no gubernamentales, así como pedir información a la Agencia y a otras organizaciones de defensa de los derechos humanos;

20.

Señala a la atención el reciente resurgir del nacionalismo, la xenofobia y la discriminación en algunos Estados miembros, y subraya el papel central que debe asumir la Comisión a fin de prevenir y luchar contra posibles violaciones de los derechos fundamentales;

21.

Hace hincapié en la importancia del seguimiento anual por parte de la Comisión de la conformidad con la Carta, y observa que los informes de seguimiento deberían incluir una evaluación de la aplicación de los derechos garantizados y una valoración de los aspectos más conflictivos, así como de la situación de los grupos más vulnerables en la Unión, de las diferencias existentes en materia de protección, de las tendencias clave y de los problemas estructurales a nivel nacional y de la UE, con miras a proponer iniciativas y medidas concretas a nivel de la UE; recomienda la difusión de las mejores prácticas en los Estados miembros;

22.

Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea, que hace referencia entre otras cosas a su enfoque preventivo de cara a la aplicación efectiva, a la importancia de la formación interna sobre derechos fundamentales, al control sistemático de los aspectos relacionados con los derechos fundamentales en las evaluaciones de impacto de la Comisión por parte del Comité de evaluación de impacto, así como a las acciones de comunicación, orientadas y adaptadas a las distintas situaciones, necesarias a este respecto; acoge también favorablemente el énfasis que pone dicha Comunicación de la Comisión en la importancia de los criterios políticos para la adhesión establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague de 1993, que exigen que los países candidatos presenten instituciones estables que garanticen la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto de las minorías y su protección; considera que el mantenimiento de este criterio apuntala la protección de los derechos fundamentales en los futuros Estados miembros;

23.

Pide a la Comisión que, a través de propuestas legislativas concretas, haga cumplir los valores y principios consagrados en el Tratado y en la Carta y en la estrategia contemplada en el Programa de Estocolmo, teniendo siempre presente la jurisprudencia del TEDH al llevar a cabo estas actividades; pide, además, la «adaptación a Lisboa» del acervo actual en el ámbito de la cooperación policial y judicial y el fortalecimiento de la responsabilidad democrática en el marco del ELSJ;

24.

Sugiere que se establezca una relación de trabajo entre las Comisarias responsables de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía y de Asuntos de Interior y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior a través de invitaciones periódicas a las Comisarias para intercambiar opiniones sobre temas de actualidad y sobre la evolución en materia de derechos fundamentales;

25.

Destaca que también el Parlamento Europeo debe consolidar su evaluación autónoma del impacto sobre los derechos fundamentales en relación con las propuestas legislativas y enmiendas objeto de examen en el proceso legislativo para que sea más sistemática, especialmente ampliando las posibilidades previstas actualmente por el artículo 36 del Reglamento del Parlamento por lo que respecta al respeto de la Carta, así como solicitar al Servicio Jurídico dictámenes sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la problemática de los derechos fundamentales en la UE;

26.

Pide al Consejo que se adapte a los cambios impuestos por el Tratado y que cumpla la Carta a la hora de legislar; acoge con satisfacción, por tanto, el establecimiento de un Grupo de trabajo permanente del Consejo sobre derechos fundamentales, derechos de los ciudadanos y libre circulación de las personas, y destaca la importancia de que este nuevo órgano disponga de un mandato amplio que incluya cualquier cuestión relacionada con los derechos fundamentales que sea pertinente para la UE y los Estados miembros, constituya un foro para intercambios de puntos de vista del Consejo sobre cuestiones internas de derechos humanos, y trabaje de manera transparente y eficaz, también con respecto al Parlamento Europeo;

27.

Reafirma el Enfoque interinstitucional común sobre las evaluaciones de impacto (4) mencionado en la Comunicación de la Comisión sobre la estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea, en el que se declara que el Parlamento y el Consejo son responsables de evaluar el impacto de sus propias enmiendas;

28.

Pide al Consejo que se asegure de que el Grupo de trabajo del Consejo sobre derechos fundamentales, derechos de los ciudadanos y libre circulación de las personas disponga de un mandato amplio que incluya, por ejemplo, debatir sobre los informes de la Agencia de los Derechos Fundamentales (además de las recomendaciones de los organismos que emanan de tratados de las Naciones Unidas y de los procedimientos y mecanismos especiales) y responder oficialmente a los mismos, evaluar el impacto exterior en términos de derechos humanos de los instrumentos y las políticas de la UE en colaboración con el Grupo «Derechos Humanos» del Consejo (COHOM), asegurar la coordinación con las agencias que no dispongan de un mandato en materia de derechos humanos pero que repercutan en los derechos humanos (por ejemplo, el BEI o FRONTEX), examinar la firma, la ratificación y el cumplimiento por parte de la UE y de los Estados miembros de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y facilitar un foro para intercambios del Consejo sobre cuestiones internas de derechos humanos;

29.

Pide que se respete su derecho a ejercer su control democrático sobre la base de los Tratados; insiste en la necesidad de aumentar la transparencia y mejorar el acceso a los documentos entre las instituciones de la UE, con el fin de desarrollar una cooperación interinstitucional más efectiva, incluida la rendición de cuentas sobre cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales; destaca su papel a la hora de hacer un seguimiento de sus resoluciones relacionadas con los derechos fundamentales en la UE y de evaluar la labor de las otras instituciones de la UE en función de su acción o inacción en el marco de su valoración de la evolución en este ámbito (por ejemplo, a través de los informes anuales), combinando los mensajes políticos con un enfoque basado en los hechos; subraya su derecho, consagrado en el artículo 218, apartado 10, del TFUE, a ser informado cumplida e inmediatamente en todas las fases del procedimiento de celebración de acuerdos internacionales entre la Unión y terceros países u organizaciones internacionales;

30.

Reafirma el importante papel que desempeña el TJ para garantizar que todas las instituciones y agencias de la UE y los Estados miembros que aplican el Derecho de la UE respeten debidamente la Carta, y señala que ello permitirá al TJ consolidar y seguir desarrollando su jurisprudencia en el ámbito de los derechos fundamentales; subraya la necesidad de una cooperación consolidada entre los tribunales nacionales, el TJ y el TEDH con el fin de promover el desarrollo de un sistema de jurisprudencia coherente en este ámbito;

31.

Destaca el papel que desempeña la Agencia de los Derechos Fundamentales en la observancia continua de la situación de los derechos fundamentales dentro de la Unión y las repercusiones del Tratado de Lisboa en este ámbito, proporcionando análisis, ayuda y conocimientos técnicos, tarea que requiere calidad, objetividad, una auténtica imparcialidad y transparencia; pide a la Comisión que revise y refuerce el mandato de la Agencia, con objeto de adecuar su trabajo a las nuevas exigencias derivadas del Tratado de Lisboa y de la Carta; señala que, con el mandato revisado, la función de vigilancia de la Agencia debe extenderse a los países en vías de adhesión; considera, por tanto, que se necesitan recursos suficientes para que la Agencia pueda llevar a cabo su cometido, incrementado tras la entrada en vigor de la Carta; reitera su petición de que se le asocie plenamente a la revisión del programa plurianual de la Agencia; acoge favorablemente la inclusión de un anexo en el informe anual de la Agencia en el que se reseña la ratificación por parte de los Estados miembros de los instrumentos internacionales de derechos humanos;

32.

Subraya que la tarea principal de la Agencia de los Derechos Fundamentales es facilitar a las instituciones responsables de la toma de decisiones hechos y datos sobre cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales y que, para ello, recopila y analiza información y datos y sensibiliza a los ciudadanos mediante la realización de investigaciones científicas y encuestas sobre la base de metodologías minuciosas, la publicación de informes temáticos y anuales, la creación de redes y la promoción del diálogo con la sociedad civil; acoge con satisfacción su informe anual 2009 y su enfoque consistente en ofrecer un panorama comparativo y destacar las buenas prácticas en los 27 Estados miembros;

33.

Pide a las instituciones de la UE responsables de la toma de decisiones que utilicen los datos y los hechos facilitados por la Agencia durante la fase preparatoria de la actividad legislativa y con ocasión de la toma de decisiones y/o los procesos de supervisión, y que cooperen de forma constante y estrecha con la Agencia, asociando al mismo tiempo a su plataforma de ONG;

34.

Pide a las demás agencias europeas que mantengan su compromiso respecto de la protección de los derechos fundamentales e integren un planteamiento de cara a los derechos fundamentales en todas sus actividades; pide asimismo a la UE que garantice la plena responsabilidad jurídica de sus agencias a este respecto;

35.

Considera que Frontex debe establecer una cooperación estructurada con las agencias que se ocupan de los derechos fundamentales, los emigrantes o el asilo y con el ACNUR, con el fin de facilitar las operaciones que tienen consecuencias para la protección de los derechos humanos; acoge con satisfacción el acuerdo de cooperación firmado entre Frontex y la Agencia de los Derechos Fundamentales en 2010;

36.

Subraya que la UE y los Estados miembros comparten obligaciones en materia de aplicación y/u observancia de los derechos humanos y fundamentales, en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, de conformidad con el principio de subsidiariedad, y que esta responsabilidad y competencia compartida representa tanto una oportunidad como una obligación por parte de los Estados miembros y de las instituciones de la UE; pone de relieve el papel reforzado de los Parlamentos nacionales contemplado en el Tratado de Lisboa y apoya el establecimiento de un diálogo formal permanente entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales;

37.

Recuerda a los Estados miembros su obligación de facilitar a la Comisión, como guardiana de los Tratados que es, datos y hechos fiables siempre que se les pidan;

38.

Hace hincapié en la importancia de los órganos judiciales de los Estados miembros, que desempeñan un papel fundamental para garantizar el cumplimiento y la observancia de los derechos fundamentales, y pide, por lo tanto, que se apoye un acceso fácil a los tribunales y unos procesos de una duración razonable como medio de reforzar la protección de los derechos humanos y fundamentales; insta a los Estados miembros a que se esfuercen por garantizar la formación continua de los jueces nacionales en materia de derechos y libertades fundamentales, incluidos los nuevos aspectos que se añaden en este ámbito como consecuencia del Tratado de Lisboa;

39.

Considera que la actuación de la UE no solo debe abordar las violaciones de los derechos fundamentales una vez que hayan sucedido, sino que también debe procurar prevenirlos; hace un llamamiento, por consiguiente, en favor de una reflexión sobre mecanismos de detección precoz de las posibles violaciones de los derechos fundamentales en la UE y en sus Estados miembros, la congelación temporal de las medidas que entrañan dichas violaciones, unos procedimientos jurídicos acelerados para determinar si una medida es contraria a los derechos fundamentales de la UE y sanciones en caso de que tales medidas sean aplicadas a pesar de todo contraviniendo el Derecho de la UE;

40.

Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos orientados a informar correctamente y crear conciencia pública, dado que los derechos fundamentales se pueden proteger con mayor eficacia si los propios individuos son conscientes de sus derechos y de los mecanismos disponibles para protegerlos; pide que se aproveche debidamente la experiencia de los organismos civiles y las organizaciones no gubernamentales pertinentes y que se establezca una relación de trabajo continua con todos estos organismos a la hora de aplicar la nueva arquitectura de derechos fundamentales y de adoptar medidas en casos concretos;

41.

Reitera su derecho a elaborar anualmente un informe sobre la situación con respecto a los derechos fundamentales en la UE, en el que se abordarán cuestiones relacionadas con los derechos humanos con las instituciones, agencias o Estados miembros de la UE si se considera necesario;

42.

Sugiere que se encuentre el modo de mejorar la cooperación entre las instituciones y agencias de la UE y las organizaciones internacionales comprometidas con la protección de los derechos y las libertades fundamentales, y que se exploten y difundan con mayor eficacia los resultados de la experiencia en este ámbito;

43.

Pide a las instituciones de la UE que aprovechen todo el potencial del Memorándum de Acuerdo entre el Consejo de Europa y la Unión Europea, en aras de una mayor sinergia y coherencia a escala europea, y sugiere que se utilice mejor la experiencia de los mecanismos de supervisión de los derechos humanos y las normas y conclusiones elaboradas por el Consejo de Europa, evitando así la duplicación del trabajo; reafirma la necesidad de que la Unión aumente su participación en la labor del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y que la UE tenga más en cuenta esta labor al aplicar políticas en el ámbito de las libertades, la justicia y la seguridad;

44.

Pide a los Estados miembros de la UE que firmen y ratifiquen las principales convenciones del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, así como los protocolos facultativos adicionales, entre otros, la Carta Social Europea (revisada), el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos, el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales y la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias, del Consejo de Europa, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus dos protocolos contra la trata de personas y el tráfico ilícito, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; sugiere, además, que en el proceso legislativo europeo se tengan más en cuenta los documentos internacionales y se los utilice más a menudo como referencia;

45.

Subraya la necesidad de prestar una atención adecuada a los diversos mecanismos de vigilancia de las Naciones Unidas y a las conclusiones de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y sugiere que se sigan muy de cerca las recomendaciones que afecten a los Estados miembros; señala la importancia del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; recomienda la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, y acoge con satisfacción la inauguración, en Bruselas, de la primera Oficina Regional Europea del Alto Comisionado para los Derechos Humanos;

46.

Destaca el importante papel y la labor activa de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH), de los representantes de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación y la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, y del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales;

47.

Pide a los Estados miembros que son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que garanticen los derechos procesales en los procedimientos de inclusión y exclusión de las listas de grupos o personas supuestamente terroristas, de acuerdo con la jurisprudencia pertinente del TJ;

48.

Hace hincapié en que la nueva arquitectura se evaluará en función de la eficacia con la que las instituciones responsables, tanto en los Estados miembros como a escala de la UE, incluso en el ámbito de sus relaciones exteriores, traten las cuestiones más urgentes y las infracciones más recurrentes;

49.

Recuerda, por tanto, todos sus debates y resoluciones, así como los resultados de las misiones realizadas en 2009, sobre cuestiones relativas a los derechos fundamentales, que han demostrado que hay muchas cuestiones pendientes y casos específicos de violación de los derechos fundamentales que requieren medidas concretas urgentes, estrategias a medio plazo y soluciones a largo plazo, así como seguimiento por parte de las instituciones de la UE, tales como:

50.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

15.6.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 169/58

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Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales) (1),

—

Vista la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (2),

—

Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (3),

—

Visto el Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores («Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores») (4),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 7 (respeto de la vida privada y familiar) y su artículo 8 (protección de datos de carácter personal),

—

Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (5),

—

Vista la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (6),

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Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (7),

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Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre la protección de los consumidores (8),

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Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre el Cuadro de indicadores del mercado interior (9),

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Vista su Resolución, de 13 de enero de 2009, sobre la transposición, aplicación y ejecución de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior y la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (10),

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Vista su Resolución, de 18 de noviembre de 2008, sobre el Cuadro de indicadores del mercado interior (11),

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Vista su Resolución, de 3 de septiembre de 2008, sobre el impacto del marketing y la publicidad en la igualdad entre mujeres y hombres (12),

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Vistos la Comunicación de la Comisión, de 28 de enero de 2009, titulada «Seguimiento de los resultados del mercado único para los consumidores - Segunda edición del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo» (COM(2009)0025) y el documento de trabajo adjunto de sus servicios titulado «Segunda edición del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo» (SEC(2009)0076),

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 29 de marzo de 2010, titulado «Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo – Los consumidores en casa en el mercado interior - Seguimiento de la integración del mercado interior al por menor y evaluación comparativa del entorno de consumo en los Estados miembros» (SEC(2010)0385),

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Visto el informe sobre la protección de los consumidores en el mercado interior, publicado por la Comisión en el Eurobarómetro especial no 298, en octubre de 2008,

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Visto el informe analítico sobre la actitud ante las ventas transfronterizas y la protección de los consumidores, publicado por la Comisión en marzo de 2010 en el Eurobarómetro Flash no 282,

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Visto el planteamiento europeo de la alfabetización mediática en el entorno digital (COM(2007)0833),

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Vistas las líneas directrices de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales (SEC(2009)1666),

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Visto el dictamen 2/2010 sobre la publicidad en línea basada en el comportamiento, adoptado el 22 de junio de 2010 por el Grupo de trabajo «Artículo 29 sobre protección de datos»,

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Visto el dictamen 5/2009 sobre las redes sociales en línea, adoptado el 12 de junio de 2009 por el Grupo de trabajo «Artículo 29 sobre protección de datos»,

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Vista la comunicación de la Comisión francesa de protección de datos («Commission nationale de l'informatique et des libertés», CNIL), de 5 de febrero de 2009, sobre la publicidad en línea dirigida a grupos específicos,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0338/2010),

A.

Considerando que la publicidad estimula la competencia y la competitividad, puede servir para combatir los abusos de posición dominante y fomenta la innovación en el mercado interior por lo que repercute de manera positiva en los consumidores, particularmente incrementando la variedad de las opciones y proporcionando información sobre nuevos productos,

B.

Considerando que la publicidad constituye una fuente importante y a menudo crucial de ingresos para que los medios de comunicación de Europa puedan desenvolverse en entorno dinámico, competitivo y contribuye por lo tanto activamente a que exista una prensa variada e independiente en Europa,

C.

Considerando que ciertas prácticas de publicidad pueden no obstante tener una influencia negativa en el mercado interior y en los consumidores (prácticas desleales, invasión del espacio público/privado, selección de personas, obstáculos a la entrada en el mercado interior y distorsiones del mismo),

D.

Considerando que sigue siendo necesario combatir las prácticas comerciales desleales en el ámbito de la publicidad que, según evidencia el Eurobarómetro especial 29, siguen siendo habituales;

E.