17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/1

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Visto el Acuerdo de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea, por una parte, y los países parte de la Carta del Consejo de Cooperación para los Estados árabes del Golfo (Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, Omán, Qatar, Kuwait), por otra, de 25 de febrero de 1989,

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Vista su Resolución, de 24 de abril de 2008, sobre el Acuerdo de Libre Comercio entre la CE y el Consejo de Cooperación del Golfo (1),

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Vista su Resolución, de 13 de julio de 1990, sobre el significado del acuerdo de libre comercio que se ha de concluir entre la CEE y el Consejo de Cooperación del Golfo (2),

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Visto el Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad: Ofrecer seguridad en un mundo en evolución, aprobado por el Consejo en diciembre de 2008,

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Vista la asociación estratégica de la Unión Europea con el Mediterráneo y el Oriente Próximo, aprobada por el Consejo en junio de 2004,

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Visto el comunicado conjunto del 20o Consejo ministerial celebrado el 14 de junio de 2010 en Luxemburgo,

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Visto su Informe, de 10 de mayo de 2010, sobre la Unión por el Mediterráneo,

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Visto el comunicado conjunto del 19o Consejo ministerial celebrado el 29 de abril de 2009 en Mascate,

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Visto el programa de acción conjunta (2010-2013) para la aplicación del acuerdo de cooperación UE-CCG de 1988,

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Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa al refuerzo de la cooperación con terceros países en materia de enseñanza superior COM(2001)0385 final,

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Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2007, sobre «Las reformas en el mundo árabe: ¿qué estrategia debe seguir la Unión Europea?» (3),

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Vistos el Acuerdo Económico entre los Estados miembros del CCG, aprobado el 31 de diciembre de 2001 en Mascate (Sultanato de Omán), y la Declaración de Doha del CCG sobre la puesta en marcha de la unión aduanera para el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, de 21 de diciembre de 2002,

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Vistos los artículos 207 y 218, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en virtud de los cuales el Consejo debe solicitar previamente la autorización del Parlamento para la celebración de todo acuerdo internacional que se refiera a ámbitos a los que se aplique el procedimiento legislativo ordinario,

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Vistos sus informes anuales sobre derechos humanos,

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Vista la Declaración de 1988 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (conocida también como la «Declaración sobre los defensores de los derechos humanos»),

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Vistas las declaraciones de la Alta Representante de los días 10, 15 y 17 de marzo de 2011 y las conclusiones del Consejo de 21 de marzo de 2011 sobre Bahréin, y subrayando en este contexto su total apoyo a la libertad de expresión y al derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A7-0042/2011),

A.

Considerando que las actuales relaciones entre la UE y el CCG deben ser constantemente revisadas y actualizadas a la vista de la importante y rápida evolución de los acontecimientos recientes en la zona, siendo necesario centrarlas en el progreso hacia los derechos humanos y la democracia,

B.

Considerando que los manifestantes han expresado aspiraciones democráticas en varios de los Estados miembros del CCG; considerando que la reacción violenta de las autoridades ante las protestas en Bahréin ha tenido como consecuencia personas fallecidas, heridas y encarceladas; considerando que han llegado al país bajo bandera del CCG tropas saudíes, de los Emiratos Árabes Unidos y de Kuwait para tomar parte en la represión de los manifestantes,

C.

Considerando que la región del Golfo debe ser considerada en la actualidad a la luz del nuevo polo económico mundial emergente constituido por los Estados del CCG; constatando que la UE es el segundo socio comercial del CCG y que el CCG es el quinto mercado de exportación para la UE;

D.

Considerando que el entorno geopolítico del Golfo concentra retos en materia de seguridad con unas implicaciones mundiales y regionales (el proceso de paz en Oriente Próximo, el programa nuclear iraní, la estabilización de Iraq, Yemen y Darfour, el terrorismo y la piratería) y que hasta la fecha el CCG es la única organización regional estable basada en el multilateralismo y la cooperación,

E.

Considerando que más de un tercio de la totalidad de fondos soberanos mundiales se encuentra en poder de los Estados del CCG y que dichos fondos han contribuido a salvar el sistema financiero mundial y europeo en respuesta a la crisis,

F.

Considerando que la región del Golfo reviste una vital importancia para la UE y que, en un mundo multipolar e interdependiente, las asociaciones de este tipo pueden responder a los retos políticos y de seguridad,

G.

Considerando que el proceso de liberalización y diversificación de las estructuras económicas puesto en marcha en varios Estados miembros del CCG aporta nuevas dinámicas internas, políticas (reformas constitucionales, participación política, refuerzo de las instituciones) y sociales (nacimiento de una red de asociaciones, organizaciones patronales, acceso de la mujer a puestos de responsabilidad) y debe ser alentado y respaldado,

H.

Considerando las condiciones de vida y de trabajo precarias e inaceptables de los trabajadores migrantes, en particular las mujeres ocupadas en el trabajo doméstico, a pesar del papel fundamental que tienen en diversos sectores económicos de los Estados miembros del CCG, y de que constituyen casi el 40 % de la población del CCG y alcanzan hasta el 80 % en los algunos emiratos,

I.

Considerando que los seis Estados miembros son monarquías hereditarias con una limitada representación política, en particular de las mujeres, y que en la mayoría de ellos no existe un Parlamento electo,

J.

Considerando que la importancia de las inversiones y los retos comunes de los Estados del CCG en la zona de vecindad meridional de la Unión Europea requiere sinergias de cooperación entre Europa, el Mediterráneo y el Golfo,

K.

Considerando que la reorientación geoeconómica de los Estados del CCG hacia Asia, como consecuencia de la creciente demanda de hidrocarburos en los mercados asiáticos (China, India, Singapur, Japón, Filipinas, Corea del Sur), ha desembocado ahora en una diversificación de las relaciones comerciales y económicas que se consolida a través de los acuerdos de libre comercio y el desarrollo del diálogo político,

L.

Teniendo en cuenta el papel clave de los Estados del CCG en la escena mundial, que hace que comparta con la Unión Europea intereses comunes por lo que se refiere a la estabilidad internacional y la gobernanza económica mundial,

M.

Considerando la creciente influencia de los Estados del CCG en el mudo árabe-musulmán y el importante papel que pueden desempeñar en el diálogo intercultural,

N.

Considerando que las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre la UE y el CCG que comenzaron hace 20 años son en este momento las negociaciones comerciales más antiguas iniciadas por la UE y no finalizadas,

O.

Considerando la necesidad de una posición clara y un compromiso duradero de la UE en la región del Golfo que garanticen a la UE una mayor visibilidad y una presencia estratégica en la zona,

P.

Considerando que la inclusión de cláusulas políticas, en particular las relativas al respeto de los derechos humanos, son parte integral de cualquier acuerdo comercial celebrado entre la UE y un tercer país,

Q.

Considerando la limitada presencia de la Unión en la región y una percepción de Europa a menudo confundida con la de algunos Estados miembros con vínculos desarrollados y antiguos,

R.

Considerando que la Unión Europea dispone de experiencia en materia de creación de capacidad institucional, educación e investigación, desarrollo de las energías renovables y medio ambiente, apoyo técnico y reglamentación y diálogo político y diplomático en relación con las cuestiones de estabilidad de la zona de vecindad y seguridad mundial,

1.

Recuerda que la celebración del acuerdo de libre comercio entre la UE y el CCG sigue siendo prioritaria y que un posible fracaso perjudicaría los intereses de ambas partes; subraya que la celebración de este acuerdo constituirá un reconocimiento recíproco de la credibilidad de que ambas partes se han decantado por el multilateralismo y la integración;

2.

Considerando, a la vista de la limitada presencia de la Unión en la región del Golfo, y en el contexto de las nuevas estructuras de relaciones exteriores de la UE, que una política integrada de comunicación debería contribuir a la difusión focalizada y eficaz de la información sobre la Unión en los países del Golfo;

3.

Considera que la Unión Europea debe desarrollar una estrategia en la región orientada al fortalecimiento de las relaciones con el CCG, en el apoyo a su proceso de integración regional, y en el impulso de las relaciones bilaterales con los Estados del CCG;

4.

Subraya que el objetivo es la creación de una asociación estratégica con el CCG y sus Estados miembros a la altura del papel respectivo de ambas partes en el ámbito internacional; destaca la importancia de que se establezca a tal efecto una cumbre periódica de Jefes de Estado y de Gobierno, con independencia de la evolución de las negociaciones en curso;

5.

Subraya igualmente la importancia de la asociación en pie de igualdad en la cooperación y el diálogo, teniendo en cuenta las diferencias entre ambas entidades y el potencial para la expansión de la cooperación y el diálogo en diversos sectores;

6.

Pide que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) consagre más recursos humanos a la región y que se abran nuevas misiones diplomáticas de la UE en cada uno de los Estados miembros del CCG que contribuirían de este modo a una mayor visibilidad de la UE, a facilitar el diálogo político y a reforzar la eficacia de la acción de la Unión; subraya que estos recursos deben obtenerse sobre todo mediante reasignación de los actuales recursos del SEAE; pide a los Estados miembros con representación diplomática en la zona que actúen de acuerdo con la política de la UE; subraya que un enfoque bilateral diferenciado de cara a los Estados del CCG proclives a intensificar su cooperación con la UE ciertamente complementará y fortalecerá el marco multilateral; pide, por tanto, a la Comisión Europea y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que examinen las perspectivas de tal cooperación bilateral;

7.

Recuerda la evolución en materia social y política constatada estos últimos años en la mayoría de los Estados miembros del CCG; alienta a estos Estados a mantener sus esfuerzos y les invita a ir más allá por lo que se refiere a la promoción de los derechos humanos, la lucha contra todo tipo de discriminación, incluidas las basadas en el género, en la orientación sexual o en la religión; pide a los Estados miembros del CCG que garanticen y fomenten los derechos de las minorías, incluidas las religiosas, la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho al trabajo, también para los trabajadores migrantes, y la libertad de conciencia, de expresión y de opinión; alienta un diálogo continuo entre la UE y el CCG sobre estas cuestiones; pide a los Gobiernos de los Estados del Golfo que se relacionen de forma más positiva con la sociedad civil y apoyen el establecimiento de estructuras y asociaciones locales; pide, en particular, a los Estados miembros del CCG:

8.

Pide a todos los Estados miembros del CCG que reconozcan el continuo movimiento popular en pos de reformas democráticas en la región, y pide que entablen contactos con los grupos emergentes de la sociedad civil para promover un proceso de auténtica transición pacífica hacia la democracia en sus propios países, con sus socios en la región y con el pleno apoyo de la Unión Europea;

9.

Expresa su honda preocupación ante la violenta respuesta de las autoridades de Bahréin y el uso de la fuerza contra los manifestantes, así como ante la participación de tropas extranjeras bajo bandera del CCG en la represión de los manifestantes; considera que estos hechos contrastan duramente con el apoyo del CCG a la protección de los ciudadanos que piden libertad y democracia en Libia; pide el cese inmediato de la violencia contra los manifestantes pacíficos, y pide asimismo un diálogo político que pueda conducir a mayores reformas políticas necesarias en el país;

10.

Pide a los Gobiernos de los Estados del CCG que trabajen conjuntamente y con espíritu de cooperación para resolver los problemas en materia de derechos humaos que se plantean en la región, en particular en lo que se refiere a la igualdad de género, la situación de los grupos de personas sin nacionalidad («bidun»), las restricciones a la libertad de expresión y de reunión, incluidos los derechos sindicales, y la necesidad de garantizar la independencia de la justicia y el derecho a un juicio justo y rápido; pide que la intensificación propuesta del diálogo político con el CCG incluya el diálogo sobre los derechos humanos a nivel técnico y político;

11.

Pide a los Estados del CCG que retiren sus reservas a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer así como a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial en las cuestiones en las que se mantienen dichas reservas y pide a todos los Estados del CCG que ratifiquen los Protocolos Facultativos a la Convención sobre los derechos del niño; subraya, igualmente, la importancia de la ratificación y aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los trabajadores migratorios y de los Convenios 97 y 143 de la OIT;

12.

Alienta a la UE a que examine y proponga, junto con el CCG, soluciones para eliminar los obstáculos para el ejercicio pleno y efectivo del derecho fundamental a la libertad religiosa, tanto a nivel individual como colectivo, y tanto en el ámbito público como en el privado, para los miembros de las minorías religiosas de la región;

13.

Subraya la importancia del diálogo intercultural e interreligioso; recuerda que la Unión Europea y el CCG han manifestado su compromiso común de promover y proteger los valores de la tolerancia, la moderación y la coexistencia;

14.

Alienta a los Gobiernos y a las Asambleas Parlamentarias existentes a que tomen medidas inmediatas para ratificar sin reservas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y que cooperen con los mecanismos temáticos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y les inviten a visitar sus países, en particular al Relator Especial sobre la independencia de jueces y abogados;

15.

Reitera la oposición de la UE a la aplicación de la pena de muerte, así como la petición de una moratoria mundial para la aplicación de la pena de muerte; lamenta, a este respecto, el mantenimiento de la pena de muerte en todos los Estados miembros del CCG; pide a dichos países que aprueben una moratoria contra la pena capital; pide, en particular, a los Estados que mantienen métodos tales como la decapitación, la lapidación, la crucifixión, la flagelación o la amputación que pongan fin a estas prácticas;

16.

Toma nota del programa trienal de acción conjunta adoptado por el Consejo ministerial el 14 de junio de 2010 con objeto de reforzar la cooperación en numerosos ámbitos estratégicos de interés mutuo, entre otros medios, a través de la creación de una red que relacione a los investigadores, el mundo universitario y los empresarios; lamenta la falta de un capítulo consagrado a un diálogo político abierto, periódico y constructivo;

17.

Considera que la realización de este programa de acción conjunta debe ir acompañada de un sistema de financiación preciso y detallado, y que debe llevarlo a cabo personal asignado específicamente a esta tarea, tanto en Bruselas como en los Estados miembros del CCG; subraya la importancia de asegurar la visibilidad de este programa, y la difusión de amplia información, a la que deben tener acceso las administraciones e instituciones afectadas; pide que se realice una evaluación de los resultados al final del periodo trienal y que, si son satisfactorios, se examine la posibilidad de crear una agencia de cooperación UE-CCG;

18.

Pide a la UE que concentre más sus programas de cooperación con los Estados del CCG en las organizaciones de la sociedad civil y el apoyo a la emancipación de las mujeres y los jóvenes;

19.

Expresa su profunda preocupación por la posibilidad de que la región del Golfo sea arrastrada hacia una carrera armamentista; pide a la Unión Europea que establezca un diálogo estratégico con los Estados del CCG sobre las cuestiones de seguridad regional de interés común (el proceso de paz en el Oriente Próximo, el problema nuclear iraní, la estabilización de Iraq, de Yemen y de Darfour, el terrorismo y la piratería) y, en última instancia, que contribuya al establecimiento de una estructura de seguridad regional en el Oriente Próximo, en colaboración con los Estados del Golfo;

20.

Recuerda que los Estados del CCG son importantes actores regionales; subraya que la UE y el CCG tienen un interés común en fomentar y mantener la paz y la estabilidad en el Oriente Próximo, el Norte de África y el Cuerno de África, así como a nivel mundial; insta a los socios a que refuercen la cooperación en el ámbito de estos intereses comunes;

21.

Constata la Declaración del CCG de 7de marzo de 2011 en Abu Dhabi, en la cual se menciona que «el Consejo Ministerial pide al Consejo de Seguridad que adopte las medidas necesarias para proteger a la población civil, incluyendo una zona de exclusión aérea en Libia»; dicha declaración ha contribuido a la decisión de la Liga Árabe, primero, y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, después, de pronunciarse a favor de tal zona de exclusión;

22.

Reitera su apoyo a la Iniciativa Árabe de Paz, propuesta por uno de los Estados miembros del CCG y aprobada por todos los Estados de la Liga Árabe y por la Organización de la Conferencia Islámica; pide a los Estados del CCG que mantengan sus esfuerzos de mediación y su apoyo al proceso de paz palestino-israelí; pide que se renueven los esfuerzos conjuntos de la UE y el CCG para lograr un final negociado a la ocupación de los territorios palestinos, manteniendo su pleno apoyo a una solución del conflicto palestino-israelí sobre la base de la existencia de dos Estado; subraya el interés común de la UE y el CCG en colaborar para alcanzar una paz regional justa y duradera en el Oriente Próximo; propone, a este respecto, una mayor periodicidad de la concertación entre el Cuarteto y el comité de seguimiento de la Liga Árabe; recuerda que la UE es el primer donante de ayuda al pueblo palestino; reconoce el apoyo dado a los refugiados palestinos por los Estados del CCG y su contribución a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA); pide a los Estados miembros del CCG que contribuyan en mayor medida al refuerzo de las instituciones palestinas y al desarrollo económico, en el marco del programa de gobierno de la Autoridad Palestina, y que examinen la posibilidad, en su caso, de abonar sus aportaciones financieras a través de los mecanismos existentes de ayuda internacional;

23.

Acoge con satisfacción los avances en el progreso de integración del CCG (unión aduanera, mercado común y, a largo plazo, una moneda única); anima a la Comisión a proponer a la secretaría del CCG que se defina de forma conjunta un marco de cooperación para compartir su experiencia en materia de consolidación institucional, capacidades administrativas, mecanismos de regulación y solución de controversias; subraya que este planteamiento puede contribuir a engendrar el proceso de apropiación;

24.

Acoge favorablemente la decisión de los Presidentes de los Parlamentos de los Estados miembros del CCG, reunidos en Abu Dhabi el 23 de noviembre de 2010, de iniciar un seguimiento de las actividades de CCG y de las decisiones adoptadas a nivel ejecutivo, así como de instaurar una conferencia anual de las instituciones parlamentarias de los Estados miembros del CCG; se congratula por la próxima creación de una delegación interparlamentaria para las relaciones con el Parlamento Europeo; está convencido de que una estrecha cooperación parlamentaria constituirá una importante aportación en la construcción de una asociación estratégica entre ambas agrupaciones;

25.

Recuerda su Resolución, de 24 de abril de 2008, sobre el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre la CE y el CCG, que contó con el respaldo del 96 % de sus diputados; observa que las cuestiones que plantea la resolución, como la necesidad de un acceso recíproco al mercado, una protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual, la eliminación de las barreras no arancelarias en la prestación de servicios, el fomento del desarrollo sostenible y el respeto de los convenios internacionales, siguen pendientes;

26.

Lamenta profundamente que se hayan aplazado repetidas veces las negociaciones del ALC entre la UE y el CCG, y deplora la decisión del CCG de suspender estas negociaciones en 2008; considera que ya es hora de desbloquear dichas negociaciones, de tal modo que se pueda encontrar una solución definitiva, a fin de obtener el máximo beneficio para la sociedad y para las comunidades empresariales de ambas partes;

27.

Lamenta que la región haya sido ignorada por la UE pese a su importancia estratégica en términos de suministros petrolíferos, oportunidades comerciales y estabilidad regional;

28.

Observa que, tras 20 años de negociaciones, el ALC aún está pendiente de conclusión; es consciente de que las cláusulas de derechos humanos y de migraciones ilegales han sido rechazadas por algunos de los Estados del CCG;

29.

Considera que, dada la importancia estratégica de la región, el ALC debería verse no solo como un instrumento para mejorar el bienestar a través del comercio sino también como una herramienta para potenciar la estabilidad geopolítica;

30.

Constata que el CCG es actualmente el sexto mayor mercado exportador de la UE y que la UE es actualmente el primer socio comercial del CCG; observa que, pese a este intenso volumen comercial, sigue habiendo margen para su crecimiento, así como espacio para una mayor diversificación entre ambas partes, habida cuenta del tamaño del mercado de la UE y de los esfuerzos por parte de los Estados del CCG por diversificar sus exportaciones; observa que el ALC también brindaría nuevas oportunidades de cooperación y ayuda técnicas; opina que la conclusión del ALC UE-CCG favorecería notablemente un estrechamiento de los vínculos y una mayor diversificación;

31.

Señala que, puesto que los Estados del CCG están avanzando hacia una diversificación económica orientada a la reducción de su dependencia del petróleo, un incremento en el comercio e inversiones de servicios contribuiría a fomentar el desarrollo de sus economías;

32.

Celebra que a lo largo de los dos pasados decenios las relaciones económicas entre la UE y el CCG se hayan intensificado y que el volumen de comercio entre ambas partes haya crecido considerablemente pese a no haberse podido concluir un ALC; interpreta este hecho como una señal de que un ALC potenciaría este crecimiento natural y lo inscribiría dentro de un entorno más abierto, predecible y seguro;

33.

Constata que el grueso del trabajo sobre el ALC ya está hecho, y opina que el ámbito del ALC en su redacción actual ofrece grandes ventajas a ambas partes; pide, por consiguiente, a ambas partes que consideren este ALC como un esfuerzo de primer orden tanto para ambas regiones como para sus gentes; considera que la UE y el CCG tienen intereses y necesidades compartidos y que la experiencia de la UE en integración regional puede constituir una fuente de inspiración para el Golfo; opina que, en este sentido, la UE puede ofrecer una valiosa asistencia técnica;

34.

Señala que, a menos que se solucione, la falta de transparencia en los procedimientos de contratación pública y las barreras a la entrada de inversores extranjeros en el sector servicios podría hacer peligrar la conclusión del acuerdo;

35.

Expresa su pleno convencimiento de que un ACL UE-CCG supondría una notable ventaja para ambas partes; considera que un ALC con la UE supondría un respaldo para una mayor integración económica del CCG y que, tras la creación de la unión aduanera del CCG, podría también proporcionar un mayor impulso a importantes proyectos como el mercado común del CCG, y la conclusión de una unión monetaria del CCG con una moneda única; considera que el CCG podría beneficiarse de las enseñanzas aprendidas en el proceso comunitario de constitución de un mercado único y adopción de una moneda única;

36.

Apoya firmemente el mensaje que la Alta Representante/Vicepresidenta Catherine Ashton formuló durante el Consejo Ministerial Conjunto UE-CCG de junio de 2010 y más recientemente el 22 de septiembre de 2010 durante la reunión UE-CCG al margen de la reunión ministerial de la Asamblea General de la Naciones Unidas, señalando que la UE está dispuesta a hacer un esfuerzo final para la conclusión de las citadas negociaciones; celebra asimismo la reacción del CCG, que ha confirmado también su deseo de concluirlas;

37.

Es consciente de las sensibilidades de ciertos Estados del CCG sobre la cuestión de los derechos a la exportación, pero lamenta la reciente decisión de los negociadores del CCG de regresar a su posición de 2008 a este respecto, esto es, dejar las sanciones en este tema fuera del ámbito del ACL; está absolutamente convencido de que ningún acuerdo ALC puede obviar la cuestión de los derechos a la exportación y de que las normas de la OMC determinan que los ALC deben establecer una liberalización sustancial tanto de importaciones como de exportaciones;

38.

Recomienda que la UE dedique más recursos al CCG a través del instrumento de cooperación con los países industrializados y otros países de renta alta, que debería hacerse más visible y focalizarse en los programas de comercio adecuados para la formación de funcionarios locales, incluyendo aspectos comerciales;

39.

Recuerda que, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la política de comercio internacional es una de las herramientas de política exterior de la UE y que, como tal, para la Unión el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos fundamentales, junto con las dimensiones sociales y medioambientales, son absolutamente fundamentales en todos sus acuerdos internacionales; pide, por tanto, que cualquier futuro acuerdo de libre comercio incluya una cláusula en materia de derechos humanos efectiva y con fuerza ejecutiva;

40.

Observa que hay 15 millones de trabajadores migrantes en los seis Estados del CCG y que estos trabajadores suponen el 40 % de la población total; recuerda la precaria situación de los trabajadores migrantes en los Estados del Golfo señalada por la OIT, y apoya el llamamiento de esta organización en favor de un salario mínimo en la región con el fin de evitar que se deteriore aún más la posición de los trabajadores nacionales y migrantes; apoya asimismo el derecho de todos los trabajadores a constituir sindicatos y a afiliarse a estos en defensa de sus intereses;

41.

Insiste en la necesidad de mostrar respeto por los principios democráticos y por los derechos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos; insta a los Estados miembros del CCG a combatir la discriminación que sufren las mujeres y la explotación infantil, especialmente en el mercado laboral, y a aplicar efectivamente la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

42.

Considera que la ratificación y plena aplicación por los Estados miembros del CCG del marco establecido por la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familiares deben desempeñar un papel fundamental en las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio;

43.

Opina que la conclusión de un ALC potenciaría notablemente las actuales relaciones entre los Estados miembros de la UE y los Estados del CCG, y conferirían un valor añadido al reciente Programa de Acción Conjunta, en particular, al reforzar las capacidades y el marco institucional, también dentro de la secretaría del CCG; lamenta que la presencia diplomática de la UE en los Estados del CCG siga siendo mínima e insiste en que con el nuevo SEAE la UE incremente dicha presencia en la zona, incluyendo una Delegación de la Unión en cada uno de los seis Estados del CCG, que debería operar en estrecha cooperación con los servicios diplomáticos nacionales de los Estados miembros de la UE presentes en los Estados del CCG para aprovechar al máximo sus conocimientos combinados de la región; opina que una presencia diplomática más significativa aumentaría notablemente las posibilidades de una rápida conclusión y posterior aplicación del ALC;

44.

Propone la fijación de cumbres periódicas de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE y del CCG; destaca que estas cumbres podrían reforzar sobremanera los vínculos políticos, financieros, económicos, comerciales y culturales entre la UE y el CCG; alienta encarecidamente a los máximos responsables políticos de la UE y del CCG a reunirse con periodicidad para definir y promover sus intereses comunes conjuntamente, aumentando así las posibilidades de conclusión y firma del ALC en un futuro próximo; opina que los máximos responsables políticos de la UE y del CCG deberían adoptar medidas en esta dirección, independientemente de la conclusión y firma del ALC;

45.

Se felicita de que, con el paso de los años, la UE y el CCG se hayan convertido en socios de inversiones de primer orden y de que el CCG, junto con Iraq y Yemen, se haya clasificado como el mayor inversor en la UE en 2008; considera que la conclusión del ALC, o al menos la reapertura oficial de las negociaciones del mismo, allanarán sin duda el camino a nuevos acuerdos que estimularán y facilitarán las inversiones extranjeras directas mutuas (IED), con miras a eliminar las trabas a la propiedad extranjera y la protección de las inversiones; recuerda que tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa las IED recaen bajo el ámbito de competencias de la UE y por consiguiente ofrecen más margen para la conclusión rápida de un ALC UE-CCG; observa que cualquier futuro ALC abriría nuevas posibilidades de inversiones para ambas partes, al tiempo que mejoraría las posibilidades para que el CCG cumpliera los criterios para convertirse en candidato para un acuerdo de inversión de la UE en el marco de la futura política de inversiones de la UE;

46.

Destaca que rebajar los aranceles aduaneros del CCG como consecuencia del ALC aumentaría el atractivo de la inversión exterior para las empresas transnacionales; expresa su convencimiento de que el ALC supondrá un incremento en las inversiones relacionadas con los servicios, lo que favorecerá el desarrollo de los Estados miembros del CCG y de la UE;

47.

Sugiere el uso del euro en todos los tipos de intercambios comerciales entre la UE y el CCG; se felicita de que desde su creación el CCG haya expresado su voluntad de crear una unión aduanera y monetaria; señala que, mientras que la primera entró en vigor en 2009, actualmente siguen en marcha las negociaciones para la adopción de una moneda común;

48.

Observa que los seis Estados del CCG disfrutan actualmente de acceso preferencial al mercado de la UE en el marco del sistema de preferencias generalizadas (SPG) de la UE; destaca que, según el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo, de 22 de julio de 2008, todos los Estados del CCG deberían no solo ratificar sino también aplicar efectivamente los veintisiete convenios de la OIT y de las Naciones Unidas enumerados en el Anexo III de dicho Reglamento; opina que dado el nivel de progreso económico en la región, el ALC sería una mejor herramienta para extender los beneficios comerciales por toda la región;

49.

Insiste en que el objetivo primordial de la UE en sus relaciones con el CCG debería ser la conclusión del ALC, que constituirá un importante ALC de región a región; no obstante, hasta que esto ocurra, y siguiendo el ejemplo de varios de los principales socios comerciales del CCG, alienta a la Alta Representante/Vicepresidenta y al Comisario de Comercio a que valoren planteamientos sustitutivos para las futuras relaciones comerciales con los Estados del CCG en forma de acuerdos bilaterales entre la UE y aquellos Estados del Golfo que se sientan ya preparados para adoptar un nuevo compromiso con la UE, teniendo en cuenta las economías heterogéneas de los Estados del Golfo, las respuestas dispares de dichos Estados ante la crisis financiera así como sus relaciones con otros socios comerciales;

50.

Se felicita por la considerable cooperación en materia de energía entre la Unión Europea y sus socios mediterráneos, ampliada en la actualidad a las energías renovables; considera que deben fomentarse las sinergias en este sector de actividad entre las tres zonas geográficas en vista de la convergencia de los intereses, los conocimientos tecnológicos, la financiación y la abundancia de los recursos (sol, viento); acoge con satisfacción el establecimiento de la red de expertos UE-CCG sobre las energías limpias, que revisten un interés primordial para los Estados del CCG;

51.

Señala que, a la vista de las relaciones estratégicas, económicas, políticas y culturales entre los países del Golfo y los países de la orilla sur del Mediterráneo, así como de la influencia cada vez mayor de los países del Golfo respecto de los países mediterráneos, podría examinarse la creación de una asociación reforzada y estructurada entre el CCG y la Unión por el Mediterráneo, y que la Unión Europea debería comprometerse en la promoción de este proyecto, que beneficiaría a todas las partes;

52.

Elogia el trabajo realizado por el Grupo de expertos en materia de energía UE-CCG, en particular en lo que se refiere al gas natural, la eficiencia energética y la seguridad nuclear;

53.

Pide a la Comisión que, a la vista de los retos que plantean el cambio climático y el incremento del consumo de energía en ambas regiones, aborde la eficiencia energética como uno de los principales campos que se han de desarrollar, y que refuerce la cooperación sobre cuestiones energéticas;

54.

Reconoce que los combustibles fósiles cubren en la actualidad la mayoría de las necesidades energéticas de la UE; observa, no obstante, que la futura demanda de petróleo de la UE se verá afectada por diferentes factores como son las políticas de la UE en materia de energía y cambio climático, los costes del abastecimiento, la volatilidad de los precios y la evolución industrial (en relación con la eficiencia energética y la movilidad eléctrica, por ejemplo), que juntos crean incertidumbres duraderas sobre la demanda en el futuro y la inversión ascendente/descendente en lo que se refiere a la capacidad de producción;

55.

Pide una mayor transparencia de los datos relativos al petróleo y al gas en el futuro escenario de la oferta y la demanda, con el fin de garantizar el interés mutuo en unos mercados del petróleo previsibles; se felicita, por lo tanto, de la importancia de la «Joint Oil Data Initiative» (iniciativa común sobre datos relativos al petróleo);

56.

Acoge con gran satisfacción la determinación del Consejo ministerial mixto para trabajar en pos de una cooperación más estrecha en materia de medio ambiente y cambio climático;

57.

Reconoce que los esfuerzos llevados a cabo por el CCG para incrementar el potencial de las reservas de gas natural y GNL se corresponden con el deseo de la UE de diversificar las fuentes de energía y las vías de abastecimiento; destaca, por lo tanto, la importancia de aumentar las exportaciones de GNL, incluyendo terminales de GNL en el corredor meridional, y de crear redes de oleoductos con el CCG, ya sea directamente o mediante conexiones con los oleoductos existentes o previstos, como por ejemplo AGP, Nabucco e ITGI;

58.

Alienta a los Estados miembros del CCG a que coordinen con sus socios europeos el futuro desarrollo de la técnica de licuefacción del gas, con el fin de incorporar mejor el GTL en la combinación energética europea; destaca que el CCG también podría utilizar el GTL como método alternativo a la emisión de gases de combustión a la atmósfera;

59.

Destaca que la UE tiene la posibilidad de invertir en la capacidad de producción energética del CCG utilizando las tecnologías más recientes en términos de generación, transmisión e interconexión; alienta, a este respecto, la futura cooperación, en particular en lo que se refiere a la integración de las redes eléctricas y las tecnologías de redes inteligentes;

60.

Destaca la importancia de una asociación fiable entre la UE y el CCG en lo que se refiere al uso de las materias primas y el acceso a las mismas; se muestra a favor de la creación de mercados abiertos para las mercancías y de la supresión de los obstáculos no aduaneros; se felicita de los esfuerzos que se han realizado ya en el marco de las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio para garantizar el abastecimiento duradero en materias primas;

61.

Pide que se realicen esfuerzos conjuntos para hacer frente a la especulación y la volatilidad de los precios de las materas primas, a través de una mayor transparencia y una supervisión más estrecha de la negociación de los derivados OTC; celebra, en este contexto, la reciente petición de la OPEP de que se lleven a cabo controles más estrictos para la negociación de los derivados OTC, así como los esfuerzos de Francia para luchar contra la especulación con materias primas en el seno del G 20;

62.

Destaca la importancia de profundizar la cooperación bilateral con el CCG en lo que se refiere a los programas de investigación y tecnología, prestando una atención particular a las nuevas industrias basadas en el conocimiento en ámbitos como las fuentes de energía renovables, la CAC, los productos derivados del petróleo y el gas, la eficiencia energética y la biomasa; pide el establecimiento de una cooperación que conlleve la transferencia de tecnologías, combinada con un suministro seguro y sostenible de materias primas;

63.

Pide que el CEI (Consejo Europeo de Investigación) y el IET (Instituto Europeo de Tecnología) aumenten su cooperación con el CCG, con el fin de fomentar e impulsar el diálogo científico y la cooperación regional también en este ámbito;

64.

Recuerda que los Estados miembros del CCG han hecho de la educación una prioridad nacional, y que las necesidades son elevadas tanto en términos de recursos humanos (cuerpo de profesores insuficiente), como de contenido de las formaciones (inadaptación a la evolución del mercado de trabajo), de calidad de los programas (metodología y materiales didácticos obsoletos), y de utilización de las nuevas tecnologías; invita a respaldar de forma activa los esfuerzos de las autoridades para hacer frente a estas carencias y a proponer una cooperación ambiciosa en la enseñanza superior, secundaria y primaria, con vistas a promover un acceso a la educación más amplio para hombres y mujeres;

65.

Subraya que esta cooperación debe incluir un mayor apoyo a los programas de intercambio de estudiantes, profesores universitarios y profesionales; lamenta que el programa Erasmus Mundus siga sin conocerse en el conjunto de la región, fundamentalmente debido a la falta de información; celebra las iniciativas de universidades francesas, británicas y alemanas dirigidas a crear asociaciones universitarias y programas de intercambio; recuerda, no obstante, que Europa sigue rezagada respecto de los Estados Unidos y Asia en este ámbito; pide a la Comisión que organice jornadas de información sobre el terreno para la promoción de la enseñanza e investigación científica europeas; insiste en que estos programas de intercambio se dirijan a los estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo, velando por una representación equilibrada entre los géneros; opina que deben crearse programas de intercambio para los grupos de edad más jóvenes, dirigidos a los estudiantes de primaria superior y secundaria;

66.

Acoge favorablemente el proyecto Al-Jisr sobre la diplomacia pública y las actividades exteriores que, con el apoyo de la Comisión Europea, ha demostrado ser enormemente positivo; alienta, a este respecto, a los servicios de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante, a que prevean la expansión de las actividades de diplomacia pública en una región en la que aún no se comprende claramente a la UE, y existen pocos mecanismos para superar esta laguna; subraya la importancia de desarrollar una mejor estrategia de comunicación, incluida la explicación de las posiciones y políticas de la UE en árabe, de forma que llegue a un público más amplio en la región;

67.

Subraya que la falta de programas de cooperación entre la UE y el CCG en el ámbito de los medios de comunicación se traduce en una falta de información; pide a la Comisión que proponga medidas para implicar a los Estados del CCG en una cooperación más estrecha en este ámbito, con el fin de aumentar la visibilidad de la Unión en la región y promover la comprensión mutua;

68.

Considera esencial colmar las algunas que existen en Europa en lo que se refiere a la investigación y los estudios sobre los Estados del Golfo; alienta la creación en las universidades de programas de estudios contemporáneos dedicados a esta parte del mundo árabe; considera igualmente que deberían ofrecerse programas de estudios sobre la Unión Europea en las universidades de la región;

69.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente del Consejo de la Unión Europea, al Presidente de la Comisión Europea, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la secretaría del CCG y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros del CCG.

17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/11

—

Vista la carta de 10 de marzo de 2011 de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea),

—

Visto el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (1),

—

Visto que, en su reunión del 17 de marzo de 2011, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios oyó al candidato seleccionado por la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea),

—

Visto el artículo 120 de su Reglamento,

A.

Considerando que Adam Farkas cumple los requisitos establecidos en el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1093/2010,

1.

Aprueba el nombramiento de Adam Farkas como Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea);

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea).

17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/12

—

Vista la carta de 10 de marzo de 2011 de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación),

—

Visto el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) (1),

—

Visto que, en su reunión del 17 de marzo de 2011, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios oyó al candidato seleccionado por la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación),

—

Visto el artículo 120 de su Reglamento,

A.

Considerando que Carlos Montalvo cumple los requisitos establecidos en el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1094/2010,

1.

Aprueba el nombramiento de Carlos Montalvo como Director Ejecutivo de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación);

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación).

17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/13

—

Vista la carta de 28 de febrero de 2011 de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados),

—

Visto el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (1),

—

Visto que, en su reunión del 17 de marzo de 2011, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios oyó a la candidata seleccionada por la Junta de Supervisores de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados),

—

Visto el artículo 120 de su Reglamento,

A.

Considerando que Verena Ross cumple los requisitos establecidos en el artículo 51, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1095/2010,

1.

Aprueba el nombramiento de Verena Ross como Directora Ejecutiva de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados);

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados).

17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/13

—

Vistos los artículos 313 y 314 del Tratado FUE,

—

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (AI) (1),

—

Vista su Resolución, de 17 de febrero de 2011, sobre la Estrategia Europa 2020 (2),

—

Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2010, sobre la Comunicación de la Comisión sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2011 (3),

—

Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la crisis financiera, económica y social: recomendaciones relativas a las medidas e iniciativas que deberán adoptarse (informe intermedio) (4),

—

Vista su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la gobernanza económica (5),

—

Vista la programación financiera actualizada 2007-2013 de la Comisión remitida de conformidad con el punto 46 del citado AI de 17 de mayo de 2006,

—

Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2011,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de febrero de 2011, sobre las orientaciones presupuestarias para 2012,

—

Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A7-0058/2011),

1.

Opina que la Estrategia Europa 2020 debe ayudar a Europa a recuperarse de la crisis y a salir reforzada de ella gracias a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador basado en los cinco objetivos principales de la UE, a saber, la promoción del empleo, la mejora de las condiciones y del gasto público para la innovación, la investigación y el desarrollo, la consecución de nuestros objetivos en materia de cambio climático y energía, la mejora de los niveles de educación y la promoción de la inclusión social, en particular a través de la reducción de la pobreza; recuerda que los propios Estados miembros han asumido plenamente esos cinco objetivos;

2.

Señala que se debe garantizar un cierto grado de coherencia entre la consecución de dichos objetivos y los recursos asignados a los mismos a escala europea y nacional; insiste en que la política presupuestaria de la UE ha de estar en consonancia con este principio; opina que el Semestre Europeo, nuevo mecanismo para una gobernanza económica europea reforzada, debe ofrecer la oportunidad de estudiar la mejor manera de alcanzar esos cinco objetivos principales;

3.

Cree firmemente que el Semestre Europeo debería tener como objetivo la mejora de la coordinación y la coherencia de las políticas económicas y presupuestarias nacionales y europeas; opina que debería centrarse en mejorar las sinergias entre las inversiones públicas europeas y nacionales, con el fin de realizar mejor los objetivos globales de las políticas de la UE; toma nota de las diferencias fundamentales existentes entre la estructura del presupuesto de la UE y la de los presupuestos nacionales; considera, no obstante, que se debe fijar cuanto antes el gasto público de la UE y nacional total para los objetivos políticos comunes;

4.

Toma nota de la inquietud del Consejo ante las limitaciones económicas y presupuestarias a escala nacional, pero recuerda ante todo que, con arreglo a lo dispuesto en el Tratado, el presupuesto de la UE no puede registrar un déficit público; recuerda asimismo que, en 2009, el déficit público acumulado en la UE ascendió a 801 000 millones de euros, y que el presupuesto de la UE representa solo el 2 % del gasto público total en la UE;

5.

Considera, no obstante, que, debido a la difícil situación económica dentro de la Unión, es más importante que nunca garantizar la correcta ejecución del presupuesto de la UE, la calidad en el gasto y el uso óptimo de la financiación comunitaria existente; sugiere que se lleve a cabo un examen exhaustivo de las líneas que tengan un historial de escasos resultados o en las que hayan surgido problemas en la fase de ejecución;

6.

Opina que el presupuesto de la UE aporta valor añadido al gasto público nacional a la hora de iniciar, apoyar y complementar las inversiones en los ámbitos de las políticas que constituyen el núcleo de la Estrategia Europa 2020; considera, además, que el presupuesto de la UE ha de ser un instrumento que contribuya a que la UE salga de la actual crisis económica y financiera gracias a su capacidad de actuar como catalizador para impulsar la inversión, el crecimiento y el empleo en Europa; opina que el presupuesto de la UE puede cuando menos reducir los efectos de las actuales políticas presupuestarias nacionales restrictivas, al tiempo que apoya los esfuerzos de los gobiernos nacionales; destaca también que, dado el carácter redistributivo del presupuesto de la UE, una reducción de su nivel puede ser perjudicial para la solidaridad europea e influir negativamente en el ritmo de desarrollo económico de la mayoría de los Estados miembros; considera que un enfoque «contribuyente neto / beneficiario neto» en sentido estricto no tiene debidamente en cuenta los efectos indirectos entre los Estados miembros de la UE y, por lo tanto, socava los objetivos comunes de las políticas de la UE;

7.

Recuerda que la realización de las siete iniciativas emblemáticas de la Estrategia Europa 2020 requerirá un enorme volumen de inversiones orientadas al futuro, que la Comisión, en su Comunicación titulada «Revisión del presupuesto de la UE» (COM(2010)0700), estima en un mínimo de 1 800 millones de euros hasta 2020; subraya que uno de los principales objetivos de la Estrategia Europa 2020 —a saber, el fomento del empleo y de puestos de trabajo de alta calidad para todos lo europeos—, solo se alcanzará si se emprenden ya, y no se dejan para más adelante, las necesarias inversiones en educación, en beneficio de la sociedad del conocimiento, investigación y desarrollo, innovación, PYME y tecnologías verdes y más avanzadas; pide que se asuma un nuevo compromiso político que combine la reducción de los déficits y la deuda públicos con el fomento de dichas inversiones; manifiesta su disposición, con vistas a aumentar los efectos del presupuesto de la UE y contribuir a la respuesta de la Unión a la crisis económica, a estudiar la forma de ampliar los actuales instrumentos para mejorar la sinergia entre el presupuesto de la UE y las acciones del BEI, con el fin de apoyar las inversiones a largo plazo; celebra, además, el lanzamiento de la consulta pública sobre la Iniciativa Europa 2020 sobre bonos de proyectos;

8.

Se opone, por consiguiente, a toda tentativa de reducir los créditos presupuestarios relacionados con la realización de las siete iniciativas emblemáticas y la consecución de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020; señala que toda tentativa de ese tipo sería contraproducente y desembocaría, con toda probabilidad, en el fracaso de la Estrategia Europa 2020, como ocurrió con la Estrategia de Lisboa; opina que la Estrategia Europa 2020 solo puede resultar verosímil si cuenta con la financiación adecuada, y recuerda que el PE ha expuesto en numerosas ocasiones esta profunda preocupación de carácter político; reitera su enérgica solicitud para que la Comisión aclare la dimensión presupuestaria de las iniciativas emblemáticas e informe al Parlamento acerca de los medios presupuestarios necesarios para poner en práctica la Estrategia Europa 2020;

9.

Destaca el hecho de que las medidas presupuestarias no son el único factor de cara al cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, sino que los esfuerzos en materia de presupuesto tienen que completarse con propuestas concretas de simplificación, con el fin de crear el entorno necesario para alcanzar nuestros objetivos en los ámbitos del empleo, la investigación y la innovación, y las tecnologías verdes y de la energía; tiene el convencimiento asimismo de que la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 no solo depende del aumento de los medios presupuestarios, sino también de un reajuste cualitativo de las actuales políticas de la UE, incluida la PAC, que preste la debida atención a los criterios de sostenibilidad;

10.

Opina además que los créditos presupuestarios para 2012, incluidos los créditos destinados a los ámbitos que no están relacionados directamente con la realización de la Estrategia Europa 2020, han de mantenerse en un nivel adecuado para garantizar la continuación de las políticas de la UE y la consecución de los objetivos de la misma mucho más allá de la actual crisis económica;

11.

Pide una mayor coherencia entre las políticas externas e internas de la UE, teniendo en cuenta las importantes repercusiones que la evolución mundial tiene en el entorno económico, natural e industrial de la UE, así como en su competitividad y el empleo; subraya, por tanto, la necesidad de dotar a la UE de los medios financieros necesarios para que pueda responder adecuadamente a los creciente desafíos mundiales, y de defender y fomentar eficazmente sus intereses comunes y sus valores fundamentales, tales como los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y la protección del medio ambiente; recuerda asimismo que, con frecuencia, un incremento moderado del gasto a escala de la UE permite obtener unos ahorros proporcionalmente más elevados a escala de los Estados miembros;

12.

Opina que la UE puede desempeñar un importante papel en la asistencia y la ayuda económica a los países árabes en este momento histórico de su desarrollo democrático y transformación económica y social; saluda, en este contexto, la Comunicación de la Comisión titulada «Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo meridional» (COM(2011)0200);

13.

Lamenta que la puesta en práctica del primer Semestre Europeo carezca totalmente de dimensión parlamentaria a pesar del papel que desempeñan el Parlamento Europeo y los veintisiete Parlamentos nacionales en sus procedimientos presupuestarios respectivos; está firmemente convencido, por el contrario, de que una mayor participación parlamentaria mejoraría considerablemente el componente democrático y la transparencia de su puesta en práctica; apoya la iniciativa de su Comisión de Presupuestos de organizar, como primera acción, una reunión con los Parlamentos nacionales para debatir las líneas maestras de los presupuestos para 2012 de los Estados miembros y de la UE;

14.

Acoge positivamente los compromisos públicos de la Presidencias húngara y polaca de emprender un diálogo abierto y constructivo con el PE sobre asuntos presupuestarios en 2011; reafirma su voluntad de trabajar en estrecha colaboración con el Consejo y la Comisión, de conformidad plena con lo dispuesto en el Tratado de Lisboa; confía en que durante el procedimiento presupuestario 2012 se tendrán plenamente en cuenta las presentes orientaciones;

15.

Toma nota de que, para 2012, el Marco Financiero Plurianual (MFP) para 2007-2013 prevé un volumen total de créditos de compromiso (CC) de 147 550 millones de euros y un volumen máximo global para los créditos de pago (CP) de 141 360 millones de euros; recuerda que estos importes son, en cualquier caso, muy inferiores (en aproximadamente 25 000 millones de euros en el caso de los CC y 22 000 millones de euros en el caso de los CP) al límite máximo contemplado en la actual Decisión sobre el sistema de recursos propios;

16.

Subraya que la programación financiera presentada por la Comisión el 31 de enero de 2011 es una dotación de referencia indicativa para los créditos de compromiso de cada uno de los programas y acciones actuales de la UE; toma nota de que el nivel global de los créditos de compromiso puede fijarse en 147 880 millones de euros;

17.

Señala que estas cifras constituyen un desglose anual de los importes plurianuales globales acordados por el Parlamento y el Consejo cuando se aprobaron dichos programas y acciones; subraya que los importes anuales programados son créditos que permiten realizar los objetivos y prioridades de la UE, especialmente en el contexto de la Estrategia Europa 2020; reconoce, no obstante, que puede quedar un cierto margen de maniobra en algunas de las rúbricas del MFP dadas las cifras indicativas de carácter muy provisional (particularmente dentro de la rúbrica 2) que presentó la Comisión por entonces;

18.

Destaca que el presupuesto 2012 es el sexto de los siete establecidos bajo el actual MFP; opina que las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria tienen ahora, por lo tanto, una visión más clara de las deficiencias y los avances relativos a los programas plurianuales existentes; toma nota de que ya se han realizado revisiones intermedias de la mayoría de los programas codecididos, y pide a la Comisión que exponga las consiguientes implicaciones presupuestarias; subraya, en este contexto, que, caso de ser necesario para apoyar y afianzar las prioridades de las políticas de la UE, así como para responder a nuevas necesidades políticas, y en estrecha cooperación con sus comisiones especializadas, está decidido a aplicar plenamente, entre otros, el punto 37 del AI (por el que se prevé un margen del 5 % de flexibilidad legislativa);

19.

Destaca que prever unos márgenes suficientes por debajo de todas las rúbricas del MFP no es la única solución para hacer frente a circunstancias imprevistas; hace hincapié en que, de manera recurrente, se registra una financiación insuficiente de determinadas rúbricas del MFP, particularmente las rúbricas 1 a, 3 b y 4, en comparación con las necesidades y prioridades de las políticas de la UE apoyadas por los Estados miembros; opina que el enfoque que subyace a las orientaciones presupuestarias del Consejo para 2012 no refleja una perspectiva a largo plazo, lo que puede poner en peligro las acciones y los programas existentes si se dan situaciones imprevistas o se fijan nuevas prioridades políticas; destaca que los recientes acontecimientos en varios países norteafricanos ya apuntan en esa dirección, y pide a la Comisión que evalúe cómo se podrían utilizar los instrumentos financieros de que dispone la UE para apoyar las aspiraciones democráticas;

20.

Opina, por el contrario, que los diferentes mecanismos de flexibilidad previstos por el AI (como la transferencia de gastos entre rúbricas o la movilización del instrumento de flexibilidad) son instrumentos que se han de aprovechar al máximo; recuerda que han tenido que utilizarse año tras año desde 2007 en respuesta a los diferentes retos que han ido surgiendo; confía en que el Consejo cooperará plenamente de cara a su utilización y participará en una fase temprana en estos debates, con el fin de evitar que las negociaciones sobre su movilización sean desproporcionadamente largas y difíciles;

21.

Destaca, a este respecto, que para mantener los créditos de compromiso bajo un control estricto no solo será necesario proceder a importantes reasignaciones y establecer nuevas prioridades, sino que además las instituciones habrán de determinar conjuntamente las posibles prioridades negativas y los ahorros; insta enérgicamente a sus comisiones especializadas a implicarse seriamente en el proceso de determinación de prioridades políticas claras en todas las políticas de la UE; subraya, no obstante, que para ello es absolutamente necesario un mayor grado de flexibilidad presupuestaria, y que la revisión del MFP (por ejemplo, compensaciones entre las rúbricas del actual MFP) puede resultar necesaria para que la Unión pueda funcionar, no solo para hacer frente a los nuevos desafíos, sino también para facilitar el proceso de toma de decisiones en las instituciones, con el fin de adaptar los recursos presupuestarios a la evolución de las circunstancias y prioridades; subraya que este proceso tiene que ser plenamente transparente;

22.

Pone de relieve que el fortalecimiento de una serie de políticas y las nuevas competencias establecidas a escala de la UE tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa deberían, en buena lógica, conllevar un incremento de la capacidad financiera de la UE, consecuencia que apenas se ha confirmado en 2011, un año después de la entrada en vigor de dicho Tratado; recuerda al Consejo y a la Comisión la declaración política adjunta al presupuesto 2011 por la que la Comisión se compromete a estudiar la manera de reforzar los ámbitos prioritarios del Tratado de Lisboa y a evaluar exhaustivamente las necesidades al preparar el proyecto de presupuesto para 2012; confía en que la Comisión actuará en consecuencia y, por ejemplo, propondrá la transformación de los proyectos pilotos o acciones preparatorias relacionados con Lisboa cuyos resultados hayan sido satisfactorios en programas plurianuales;

23.

Considera que el enfoque de la Comisión para fijar las subvenciones con cargo al presupuesto de la UE que se destinan a las agencias descentralizadas de la misma es digno de confianza y aporta los incentivos adecuados; señala que las asignaciones de créditos a las agencias de la UE distan mucho de destinarse únicamente a gastos administrativos, sino que contribuyen a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y a los objetivos de la UE en general, tal como decidió la autoridad legislativa; reafirma la necesidad de examinar minuciosamente las solicitudes de nuevos puestos en relación con los cometidos asignados recientemente; subraya, no obstante, la importancia que reviste la adecuada financiación de las agencias cuyos cometidos se han ampliado para no entorpecer su labor; pide que se adopte un enfoque específico para la contratación de personal científico especializado con experiencia profesional, especialmente cuando los puestos correspondientes estén financiados exclusivamente mediante honorarios y por lo tanto sean neutros para el presupuesto de la UE; apoya la labor realizada por el Grupo de trabajo interinstitucional sobre el futuro de las agencias, creado a comienzos de 2009, y está a la espera de recibir sus conclusiones, en especial las relativas a los aspectos tratados más arriba;

24.

Observa que el nivel de pagos de 2012 se derivará directamente de los compromisos jurídicos y políticos de los años anteriores; opina que se puede prever un incremento respecto del nivel del presupuesto de 2011, lo cual estaría en consonancia con el perfil general de los pagos a lo largo del periodo de programación 2007-2013 (véanse los cuadros adjuntos);

25.

Hace hincapié en la urgente necesidad de tratar la cuestión relativa al aumento del nivel de los compromisos pendientes de liquidación (RAL) a finales de 2010 (194 000 millones de euros; véase el cuadro adjunto); lamenta la actitud del Consejo, que adopta decisiones a priori sobre el nivel de los pagos sin tener en cuenta una evaluación exacta de las necesidades reales; señala que el nivel de los RAL es particularmente elevado dentro de la rúbrica 1b; no considera que la opción del Consejo de reducir los compromisos presupuestarios de la UE para reducir el nivel de los RAL sea una solución sostenible, porque irá en detrimento de la consecución de los objetivos y prioridades de la UE acordados con anterioridad; destaca, a este respecto, el compromiso del Consejo de realizar una declaración común con el Parlamento sobre la posibilidad de solucionar las necesidades de pagos que surjan en 2011 mediante un presupuesto rectificativo;

26.

Subraya que es inevitable tener un cierto nivel de RAL cuando se ponen en práctica programas plurianuales, y que la existencia de compromisos pendientes de liquidación requiere, por definición, la realización de los pagos correspondientes; solicita, en consecuencia, que se mantenga una relación ordenada entre compromisos y gastos, y hará todo lo que esté en su poder a través del procedimiento presupuestario para reducir las discrepancias entre los créditos de compromiso y los créditos de pago;

27.

Comparte la opinión del Consejo de que se debe fomentar una presupuestación realista; pide a la Comisión que garantice que su proyecto de presupuesto se basa en este principio; observa, no obstante, que la ejecución registrada en el pasado, que ha mejorado en los últimos años, puede no ser un indicador muy preciso de las necesidades de 2012 en algunos casos, dado que la ejecución de los programas debería acelerarse en dicho año y las necesidades en materia de pagos deberían aumentar en consecuencia; apoya el llamamiento del Consejo a los Estados miembros para que faciliten unas previsiones de ejecución de mejor calidad, en particular con el fin de evitar un nivel insuficiente de ejecución, y opina que los propios Estados miembros deben realizar el grueso del esfuerzo, dado que el nivel del proyecto de presupuesto de la Comisión se determina fundamentalmente a partir de las previsiones de los Estados miembros (particularmente dentro de la rúbrica 2) y de su capacidad de ejecución; recuerda que los Estados miembros gestionan, junto con la Comisión, más del 80 % de los recursos de la UE; recuerda asimismo a los Estados miembros su responsabilidad legal a la hora de definir y hacer cumplir la normativa financiera aplicable a los beneficiarios de la financiación de la UE;

28.

Señala que, desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la protección de los intereses financieros también es responsabilidad de los Estados miembros; destaca la conclusión del Tribunal de Cuentas Europeo de que los sistemas de gestión y control en algunos Estados miembros no son plenamente eficaces; recuerda asimismo que aún no se ha recuperado financiación estructural empleada indebidamente que asciende a miles de millones de euros; toma nota de que en el actual informe anual de la DG REGIO no se puede establecer la legalidad y regularidad del gasto de los Estados miembros porque estos no han cumplido su obligación de presentar en plazo los correspondientes informes; señala que, a consecuencia de la financiación insuficiente del presupuesto de la UE por parte de los Estados miembros, el Parlamento podría verse obligado a determinar prioridades negativas entre los proyectos de la UE y, por ende, a reducir sus presupuestos;

29.

Es consciente de que el nivel de pagos ejecutados finalmente cada año conlleva en ocasiones un excedente significativo en comparación con el nivel de pagos acordado originalmente por la Autoridad Presupuestaria, lo que significa que las contribuciones nacionales de los Estados miembros al presupuesto de la UE se reducen en consecuencia y su situación presupuestaria mejora; no considera que la inquietud del Consejo respecto del nivel y del calendario de este «reembolso» sea pertinente a la hora de abordar la sensible cuestión política subyacente de la financiación del presupuesto de la UE; considera, en cambio, que los pagos no ejecutados del año «n» deben prorrogarse al siguiente ejercicio presupuestario («n+1») en lugar de deducirse del cálculo de las contribuciones nacionales de los Estados miembros; insta con firmeza, por ello, a la Comisión a que presente propuestas para el establecimiento de nuevos y auténticos recursos propios de modo que la Unión se dote de recursos financieros reales y autónomos; insiste asimismo en que cualquier nuevo recurso propio se base en una evaluación exhaustiva de su impacto y tenga por finalidad encontrar formas de reforzar la competitividad y el crecimiento económico de la UE; pide al Consejo que coopere constructivamente en el debate sobre un sistema justo y nuevo de recursos propios para la UE;

30.

Toma debidamente nota de la carta remitida el 3 de febrero de 2011 por el Comisario encargado de la Programación Financiera y del Presupuesto en la que reafirmaba el compromiso de la Comisión con un incremento nulo en lo que a personal se refiere, así como su afán por limitar el aumento nominal (en comparación con 2011) de los créditos administrativos dentro de la rúbrica 5; es consciente, no obstante, de que, si las competencias de la UE siguen aumentando, esta tendencia puede no ser sostenible a largo plazo y puede repercutir negativamente en la ejecución rápida y eficaz de las acciones de la UE;

31.

Pide a la Comisión que estudie el impacto a largo plazo de su política de externalización y de su actitud de aumentar el número de agentes contractuales en la calidad y la independencia del funcionariado europeo; hace hincapié en que, si bien con ello se logran ahorros en salarios y pensiones, también se desemboca en una situación en la que un número cada vez mayor de miembros del personal empleado por la Comisión no está incluido en su organigrama; recuerda que los niveles de las pensiones y los salarios están fijados por acuerdos jurídicamente vinculantes que la Comisión ha de respetar íntegramente;

32.

Subraya que, en el caso de los programas plurianuales, algunos de los gastos administrativos específicos (incluidos los de las agencias ejecutivas) están incluidos en la dotación financiera global de los programas, junto con los denominados gastos operativos; señala que el hábito del Consejo de recortar esas líneas presupuestarias horizontalmente con el fin de reducir el gasto administrativo desembocará inevitablemente en la modificación de toda la dotación presupuestaria codecidida para esos programas y podría afectar a la rapidez y eficacia de su ejecución;

33.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y al Tribunal de Cuentas.

17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/20

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Visto el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando el devastador terremoto y el tsunami que azotaron a Japón y a la región del Pacífico el 11 de marzo de 2011, provocando miles de muertos y desaparecidos y considerables daños materiales,

B.

Considerando que dicha catástrofe ocasionó un accidente nuclear de extrema gravedad, que afecta a la central nuclear de Fukushima y constituye una nueva amenaza,

C.

Considerando la declaración del Primer Ministro japonés, Naoto Kan, según la cual el país se enfrenta a la crisis más grave de los últimos 65 años, desde la Segunda Guerra Mundial,

1.

Hace extensiva al pueblo japonés y a su Gobierno su solidaridad más absoluta y ofrece su más sincero pésame a las víctimas de esta triple catástrofe, aun cuando el número de fallecidos y la cuantía de los daños materiales no han sido aún completamente evaluados; aplaude la movilización, el coraje y la determinación de que han hecho gala el pueblo japonés y las autoridades ante semejante catástrofe;

2.

Pide a la Unión y a sus Estados miembros que, con carácter prioritario, concedan a Japón y a las zonas afectadas toda la ayuda y el apoyo que necesiten a escala humanitaria, técnica y financiera, y celebra que la UE activara de inmediato su mecanismo de protección civil a fin de coordinar su ayuda de emergencia;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a las autoridades japonesas.

17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/21

—

Vista la carta del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de 22 de marzo de 2011,

—

Visto el artículo 211 de su Reglamento,

1.

Decide incluir en el artículo 128 de su Reglamento la siguiente interpretación:

«El apartado 6 del artículo 90 establece un procedimiento específico para la decisión del Parlamento con respecto al ejercicio del derecho de solicitar al Tribunal de Justicia, con arreglo al apartado 11 del artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, un dictamen sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con los Tratados. Esta disposición constituye una “lex especialis” que prevalece sobre la norma general establecida en el artículo 128.

Cuando se trata de ejercer los derechos del Parlamento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el acto en cuestión no está cubierto por el artículo 128, se aplicará por analogía el procedimiento contemplado en este artículo.»

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/22

—

Visto el artículo 48, apartado 6, y el artículo 48, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

—

Visto el informe final del Grupo Especial sobre Gobernanza Económica destinado al Consejo Europeo sobre la consolidación de la gobernanza económica en la UE,

—

Visto el proyecto de Decisión del Consejo Europeo que modifica el artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), presentado al Consejo Europeo el 16 de diciembre de 2010 (00033/2010 – C7-0014/2011),

—

Vistas las cartas de los Presidentes del Consejo Europeo y del Eurogrupo, y del Comisario responsable de política monetaria, adjuntas a la presente Resolución,

—

Visto el artículo 74 ter de su Reglamento,

—

Vista la carta de 18 de febrero de 2011 de la Comisión de Presupuestos a la Comisión de Asuntos Constitucionales,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0052/2011),

A.

Considerando que el artículo 3, apartado 4, del TUE establece que: «La Unión establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro»,

B.

Considerando que el Reino Unido optó por excluirse de la moneda única,

C.

Considerando que, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del TFUE, «la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro» es una «competencia exclusiva» de la Unión,

D.

Considerando que el artículo 5, apartado 1, del TFUE establece que «Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas en el seno de la Unión», con disposiciones específicas aplicables a los Estados miembros cuya moneda es el euro,

E.

Considerando que si se adoptara el proyecto de Decisión del Consejo Europeo, podría conducir a la constitución de un mecanismo completamente extraño a la esfera de la Unión, carente de cualquier función asignada a las instituciones de la Unión como tales,

F.

Considerando que debe garantizarse de pleno y protegerse de modo permanente la participación de las instituciones de la Unión en el mecanismo y que debe establecerse un vínculo para la posible intervención del presupuesto de la Unión en el sistema de garantía,

G.

Considerando que deben explorarse todas las posibilidades con miras a la plena introducción del mecanismo de estabilidad europeo en el marco institucional de la Unión y para la participación en ella de los Estados miembros cuya moneda no sea el euro; considerando que ello podría incluir el recurso al artículo 20 del TUE sobre la cooperación reforzada cuando proceda a fin de garantizar la coherencia de la política económica de la Unión,

H.

Considerando que las normas que rigen el mecanismo de estabilidad europeo deben ser propuestas preferiblemente por la Comisión, y que deben velar por la adecuación de las disposiciones en materia de auditoría, rendición de cuentas y transparencia,

I.

Considerando que el mecanismo de estabilidad europeo debe verse acompañado por el fortalecimiento de los aspectos preventivo y correctivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y de medidas relativas a la competitividad a medio y largo plazo que sirvan para hacer frente a los desequilibrios macroeconómicos entre Estados miembros,

J.

Considerando que, como complemento del mecanismo de estabilidad europeo, la Unión debe fomentar un sistema de eurobonos consolidado,

K.

Considerando que la Comisión debe presentar propuestas legislativas y, en caso necesario, de revisión del Tratado con miras al establecimiento, a medio plazo, de un sistema de gobierno económico de la Unión, en particular de la zona del euro, para reforzar la cohesión y la competitividad de la economía y estabilizar el sistema financiero,

L.

Considerando que el artículo 48, apartado 6, del TUE permite que el Consejo Europeo, previa consulta al Parlamento, adopte una decisión que modifique la totalidad o parte de las disposiciones de la tercera parte del TFUE sin afectar al equilibrio de competencias entre la Unión y sus Estados miembros,

M.

Considerando que cualquier aumento o reducción de las competencias de la Unión requeriría un procedimiento de revisión ordinario,

N.

Considerando que cualquier otra revisión del TFUE debe llevarse a cabo con arreglo al procedimiento de revisión ordinario,

O.

Considerando que la decisión propuesta solo podrá entrar en vigor una vez haya sido aprobada por los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales,

1.

Hace hincapié en que la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro es una competencia exclusiva de la Unión y ha sido una política comunitaria desde el Tratado de Maastricht;

2.

Destaca la importancia del euro para el proyecto político y económico europeo y subraya la importancia del compromiso asumido por todos los Estados miembros en favor de la estabilidad de la zona del euro y el sentido de la responsabilidad y la solidaridad que han demostrado;

3.

Subraya que el mecanismo de estabilidad europeo es una parte importante de un paquete global de medidas destinadas a definir un nuevo marco, a reforzar la disciplina presupuestaria y la coordinación de las políticas económicas y financieras de los Estados miembros que debe comprender el fomento de una respuesta conjunta de la Unión Europea a los retos del crecimiento, superando a la vez los desequilibrios económicos y sociales y mejorando la competitividad;

4.

Observa que el Consejo no ha utilizado todas las posibilidades previstas en los Tratados para aplicar plenamente el PEC y mejorar la coordinación económica a escala de la Unión Europea;

5.

Considera que es esencial ir más allá de las medidas de carácter temporal encaminadas a estabilizar la zona del euro, y que la Unión debe construir su propia gobernanza económica, entre otros medios, a través de políticas e instrumentos concebidos para promover el crecimiento sostenible en los Estados miembros; opina que el refuerzo del PEC, el Semestre Europeo, la Estrategia Europa 2020 y la modificación del artículo 136 del TFUE relativo al mecanismo de estabilidad europeo son solo un primer paso en esa dirección;

6.

Destaca que el mecanismo de estabilidad europeo y las estrictas condiciones que entraña afectan a todos los Estados miembros cuya moneda es el euro, incluidos los pequeños cuya economía podría considerarse «no indispensable» para salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto;

7.

Advierte de que la intención de establecer el mecanismo de estabilidad permanente fuera del marco institucional de la UE plantea un riesgo para la integridad del sistema fundado en el Tratado; considera que la Comisión debe ser miembro del consejo directivo del mecanismo, y no un mero observador; considera, además, que, en este contexto, la Comisión debe estar capacitada para emprender las iniciativas necesarias con el fin de alcanzar, con el acuerdo de los Estados miembros afectados, los objetivos del mecanismo de estabilidad europeo; subraya que los Estados miembros deben respetar en todo caso el Derecho de la Unión y las prerrogativas de las instituciones establecidas en él;

8.

Destaca que el establecimiento y el funcionamiento del mecanismo de estabilidad permanente deben respetar plenamente los principios fundamentales de la adopción democrática de decisiones, a saber, la transparencia, el control parlamentario y la responsabilidad democrática; insiste en que el mecanismo de estabilidad europeo debe asociar estrechamente a las instituciones y los organismos de la Unión responsables de asuntos monetarios, a saber, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Europeo de Inversiones; subraya que el mecanismo no debe dar lugar a un nuevo modelo de gobernanza europea que no satisfaga las normas democráticas alcanzadas en la Unión;

9.

Lamenta que el Consejo Europeo no haya explorado todas las posibilidades contenidas en los Tratados para instaurar un mecanismo de estabilidad permanente; considera en particular que, en el marco de las competencias actuales de la Unión con respecto a la unión económica y monetaria (artículo 3, apartado 4, del TUE) y la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro (artículo 3, apartado 1, letra c), del TFUE), habría sido conveniente hacer uso de las facultades conferidas al Consejo en virtud del artículo 136 del TFUE, o, alternativamente, recurrir al artículo 352 del TFUE en relación con los artículos 133 y 136 del TFUE;

10.

Pide a la Comisión que examine también otros mecanismos para velar por la estabilidad financiera y por un crecimiento económico adecuado y sostenible de la zona del euro, y que presente las propuestas legislativas necesarias; subraya la necesidad de que el mecanismo de estabilidad europeo comprenda medidas para reducir los riesgos para la estabilidad financiera, económica y social, como la regulación efectiva de los mercados financieros, la revisión del PEC y una mejor coordinación económica, la introducción de instrumentos para la reducción de los desequilibrios macroeconómicos en la zona del euro y medidas encaminadas a la reconstrucción ecológica;

11.

Considera, además, que la instauración y el funcionamiento del mecanismo de estabilidad permanente deberían introducirse en el marco de la Unión Europea, haciendo uso también, por analogía, del mecanismo institucional de cooperación reforzada como medio para hacer participar a las instituciones de la Unión en todas las fases y para animar a los Estados miembros cuya moneda no es todavía el euro a participar en el mecanismo de estabilidad europeo;

12.

Observa que, a la vista de los debates celebrados en el Parlamento, los Jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro acordaron, en su reunión del 11 de marzo de 2011, en el contexto del Pacto por el euro, que la Comisión debería desempeñar un papel preponderante con respecto al control del cumplimiento de los compromisos, y especialmente con el fin de garantizar que las medidas son compatibles con las normas de la UE, y las respaldan, así como la participación del Parlamento; observa que, al examinar las características generales del mecanismo de estabilidad europeo, acordaron asimismo que la asistencia proporcionada a un Estado miembro cuya moneda es el euro debe basarse en un estricto programa de ajustes económicos y presupuestarios y en un riguroso análisis de la sostenibilidad de la deuda llevado a cabo por la Comisión y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en cooperación con el BCE;

13.

Reconoce las señales positivas que se perciben en las cartas de los Presidentes del Consejo Europeo y del Eurogrupo, y del Comisario responsable de política monetaria; toma nota de que:

14.

Respalda el proyecto de decisión del Consejo Europeo, pese a considerar que hubiese sido preferible que se redactara tal como se propone en el anexo I a la presente Resolución; comparte la opinión expresada en el dictamen del BCE, que apoya el recurso al método de la Unión para permitir que el mecanismo de estabilidad europeo se convierta en un mecanismo de la Unión en su debido momento; pide al Consejo Europeo que garantice que:

15.

Recuerda que el futuro mecanismo de estabilidad permanente debe utilizar las instituciones de la Unión, ya que así se evitará establecer estructuras duplicadas, lo que iría en detrimento de la integración europea;

16.

Pide que las condiciones crediticias que se apliquen al reembolso de fondos al mecanismo de estabilidad permanente en caso de activación sean similares a las aplicadas a los instrumentos de apoyo a las balanzas de pagos y de asistencia macrofinanciera utilizados por la Comisión, es decir, rigurosamente cruzados y sin margen sobre los costes de préstamo; considera, además, que los tipos de interés que aplique el mecanismo de estabilidad permanente deberán ofrecerse en términos favorables;

17.

Insiste en que el cumplimiento por los Estados miembros de las orientaciones económicas establecidas por la Comisión y de las condiciones impuestas por las necesidades del mecanismo de estabilidad europeo debe someterse al control del Parlamento y subraya que deben participar plenamente todos los Parlamentos nacionales, de conformidad con sus prerrogativas de presupuesto y de control, en todas las fases, especialmente en el contexto del Semestre Europeo, a fin de incrementar la transparencia, la responsabilización y la rendición de cuentas respecto de toda decisión tomada;

18.

Apoya la intención de la Comisión de garantizar la coherencia entre el futuro mecanismo y la gobernanza económica de la Unión en la zona del euro en particular, respetando al mismo tiempo las competencias atribuidas a la Unión y a sus instituciones por el Tratado;

19.

Subraya que el proyecto de Decisión del Consejo Europeo en su forma modificada no aumentaría las competencias de la Unión y, por lo tanto, se mantendría en el ámbito del procedimiento simplificado de revisión del Tratado; observa, por el contrario, que esa Decisión no puede reducir las competencias de las instituciones de la Unión en materia de política económica y monetaria ni las de política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro, y en ningún caso puede ir en detrimento de la correcta aplicación del Derecho de la Unión, en particular los artículos 122 y 143 del TFUE, ni del acervo de la Unión;

20.

Reitera que el recurso al artículo 48, apartado 6, es un procedimiento excepcional y recuerda el derecho del Parlamento, consagrado en el artículo 48, apartado 3, del TUE, a convocar una Convención para reformar las instituciones, los procedimientos y las políticas que configuran la gobernanza económica de la Unión;

21.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, al Consejo y a la Comisión, así como al Banco Central Europeo, en calidad de dictamen del Parlamento Europeo de conformidad con el artículo 48, apartado 6, del TUE.

17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/37

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0649),

—

Visto el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0364/2010),

—

Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 55 y el artículo 46, apartado 1, de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0041/2011),

1.

Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2.

Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/38

—

Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2010)0142),

—

Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0135/2010),

—

Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el artículo 55 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0051/2011),

1.

Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2.

Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.

Pide a la Comisión que presente sin demora una propuesta de nuevo reglamento por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/39

—

Visto el proyecto de Decisión del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo (15381/2010),

—

Visto el proyecto de Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte aéreo de 2007 entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos de América, por otra (09913/2010),

—

Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 100, apartado 2, así como el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), y el artículo 218, apartado 8, primer párrafo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0385/2010),

—

Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre el Acuerdo de transporte aéreo UE-EE.UU. (1),

—

Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0046/2011),

1.

Aprueba la celebración del Protocolo;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Congreso de los Estados Unidos.

17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/40

—

Vista la propuesta de Decisión del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo (15380/2010),

—

Visto el proyecto de Acuerdo de transporte aéreo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra (08303/10/2009),

—

Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 100, apartado 2, el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), y el artículo 218, apartado 8, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0386/2010),

—

Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento,

—

Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0045/2011),

1.

Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Canadá.

17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/40

—

Visto el proyecto de Decisión del Consejo (14876/2010),

—

Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Socialista de Vietnam sobre determinados aspectos de los servicios aéreos (07170/2009),

—

Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 100, apartado 2, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0366/2010),

—

Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 8, de su Reglamento,

—

Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0044/2011),

1.

Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento, al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de la República Socialista de Vietnam.

17.8.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 247/41

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 15 de febrero de 2011 (00003/2011),

—

Visto el artículo 283, apartado 2, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C7-0058/2011),

—

Visto el artículo 109 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0064/2011),

A.

Considerando que, mediante carta de 18 de febrero de 2011, el Consejo Europeo consultó al Parlamento Europeo sobre el nombramiento de Peter Praet como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo por un período de ocho años a partir del 1 de junio de 2011,

B.

Considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento procedió a la evaluación de las credenciales del candidato propuesto teniendo en cuenta, en particular, las condiciones establecidas en el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y la necesidad de una total independencia del BCE, de conformidad con el artículo 130 de dicho Tratado; que, en el marco de esta evaluación, la comisión recibió un curriculum vitae del candidato, así como sus respuestas al cuestionario escrito que se le había enviado,

C.

Considerando que, posteriormente, la comisión celebró el 16 de marzo de 2011 una audiencia de una hora y media con el candidato, en la cual éste hizo una declaración introductoria y a continuación respondió a las preguntas de los miembros de la comisión,

1.

Emite dictamen favorable al Consejo Europeo respecto a la recomendación del Consejo relativa al nombramiento de Peter Praet como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo Europeo y al Consejo.

17.8.2012   

ES

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CE 247/42

—

Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2007)0638),

—

Visto el artículo 63, apartado 3, letra a) y el artículo 67 del Tratado CE, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C6-0470/2007),

—

Vista su Posición de 20 de noviembre de 2008 (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso» (COM(2009)0665),

—

Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 79, apartado 2, letras a) y b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 9 de julio de 2008 (2),

—

Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 18 de junio de 2008 (3),

—

Visto el artículo 55 y el artículo 56, apartado 3, de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0265/2010),

1.

Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2.

Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

17.8.2012   

ES

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CE 247/55