21.11.2013   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 341/1

1.1

En el presente dictamen se argumenta que una manera eficaz de reforzar las asociaciones de la sociedad civil en la aplicación de la Estrategia para la región del mar Báltico es mediante el respeto del principio de asociación establecido en el Código de Conducta sobre la Asociación de la Comisión Europea.

1.2

El Código de Conducta sobre la Asociación cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo, el Comité de las Regiones y el CESE, pero aún no ha sido respaldado por el Consejo. Esta circunstancia plantea un reto importante para los partidarios del principio de asociación.

1.3

El CESE reconoce que el código de conducta cuenta con un apoyo político incompleto entre los Estados miembros del Báltico, y que debe reforzarse la cultura de la asociación.

1.4

El CESE recomienda que la Estrategia para la región del mar Báltico adopte de manera informal el proceso esbozado en el código de conducta y lo aplique a la evolución y aplicación actual de la Estrategia para la región del mar Báltico.

1.5

La Región del mar Báltico cuenta con experiencia y competencia organizativas suficientes en las que apoyarse para desempeñar el papel de supervisión reforzado previsto por el código de conducta.

1.6

La región del Báltico también podría emular la Estrategia del Danubio creando un Foro de la Sociedad Civil del Báltico. El CESE jugó un papel destacado en la creación del Foro de la Sociedad Civil del Danubio, y está dispuesto a desempeñar un papel de coordinación similar en el Báltico.

2.1

El concepto de macrorregión se introdujo por primera vez en el vocabulario de la UE en 2007 como parte del debate político sobre formas adecuadas de gobernanza territorial. Posteriormente se adoptaron estrategias de cooperación macrorregional para la región del mar Báltico (2009) y la región del Danubio (2011).

2.2

Como primer intento de cooperación a nivel macrorregional, la Estrategia para la región del mar Báltico fue inicialmente un ensayo de este nuevo modelo de cooperación regional. Se basa en el sencillo punto de vista consistente en que, en una región como la del mar Báltico, problemas graves como la seguridad marítima, la contaminación medioambiental y la accesibilidad solo pueden afrontarse y resolverse mediante una cooperación eficaz. Además, la geografía concreta de una macrorregión puede variar en función de la definición y la naturaleza del problema que ha de afrontarse. Un antiguo comisario de Política Regional lo explicó de forma sucinta señalando que una estrategia macrorregional se define «tomando como base los retos y las oportunidades transnacionales que requieren una acción colectiva».

2.3

La Estrategia para la región del mar Báltico tiene tres objetivos principales: salvar el mar, conectar la región y aumentar la prosperidad. Para lograrlo, los Estados miembros y la Comisión han acordado un Plan de Acción con quince ámbitos prioritarios y unos 80 proyectos emblemáticos diferentes.

2.4

La Estrategia para la región del mar Báltico ha aprovechado los niveles de cooperación existentes en la región, y lleva aplicándose cuatro años. Ha generado un alto nivel de cooperación entre los países y regiones participantes. La gobernanza multinivel ha servido para coordinar a las autoridades nacionales y regionales a fin de mejorar la seguridad marítima y lograr reducir los niveles de eutrofización en el Báltico. Desde su establecimiento en 2009, la UE ha organizado con carácter anual foros de la sociedad civil en el marco de la Estrategia de la UE para la Región del Mar Báltico (EUSBSR).

2.5

Los resultados económicos de la región no se han visto amenazados por la elaboración de la estrategia. En 2010 la región del mar Báltico se recuperó con mayor rapidez que otras partes de Europa, y mantuvo tasas de crecimiento sólidas durante 2011. En 2012 el ritmo de crecimiento disminuyó hasta el 1,5 %, todavía muy por encima de la media de la UE. Las perspectivas para 2013 siguen siendo sombrías, aunque la región seguirá teniendo mejores resultados que sus homólogas europeas, según el Foro de Desarrollo del Báltico.

3.1

El CESE ha considerado durante mucho tiempo que es necesaria una asociación genuina para la eficacia global de la política de cohesión de la UE. La asociación es un medio para lograr un desarrollo económico y social sostenible. Está consagrada en el mecanismo de la política de cohesión y establecida oficialmente en el artículo 11 del reglamento general.

3.2

La interpretación del artículo 11 por los Estados miembros ha sido problemática, ya que algunos países solo han fingido respetarlo, mientras que otros han abrazado plenamente el principio de asociación. En abril de 2012 la Comisión propuso un código de conducta sobre la asociación en la aplicación del marco estratégico común, en un esfuerzo por establecer un mecanismo formal para la participación efectiva de todas las partes interesadas en la política de cohesión.

3.3

El Código de Conducta Europeo sobre la Asociación propuesto por la Comisión contiene una serie de requisitos mínimos necesarios para lograr una asociación de calidad en la implementación de los Fondos, al tiempo que mantiene un elevado nivel de flexibilidad para los Estados miembros en cuanto al modo de organizar la participación de los diferentes socios. El Código de Conducta Europeo sobre la Asociación dispone que las autoridades públicas, los agentes económicos y sociales y los organismos representativos de la sociedad civil podrán establecer, dentro de su ámbito de intervención respectivo, plataformas u organizaciones coordinadoras para facilitar su participación en la asociación. Podrán designar a un representante único para presentar los puntos de vista de la plataforma o de la organización coordinadora en la asociación. Entre los principios que deberán considerar los socios a la hora de designar a sus representantes figuran los siguientes: competencia, capacidad de participación activa y un nivel adecuado de representación.

3.4

Las propuestas de la Comisión cuentan con el apoyo del Parlamento Europeo, del CESE y del Comité de las Regiones. No obstante, el Consejo Europeo eliminó el código de conducta del conjunto total de propuestas de la Comisión. Esta actuación es desafortunada, y para remediarla es necesaria una acción concertada de todos los que apoyan el principio de asociación.

3.5

El código de conducta establece tres categorías de socios para constituir una asociación en el marco de la política de cohesión:

3.6

También establece una serie de principios para la participación de distintas categorías de socios en la elaboración de programas, así como la información que deberá facilitarse sobre su participación y en las distintas fases de aplicación. Según la Comisión, los socios deberán participar en:

3.7

En cuanto a la elaboración de los programas, los socios deberán participar en:

3.7.1

El código contiene asimismo un conjunto de principios detallados para las normas relativas a la composición y la gobernanza de las asociaciones y comités de seguimiento.

3.7.2

Para que muchas de las ONG más pequeñas y otras organizaciones de la sociedad civil participen eficazmente en este nuevo proceso de asociación, deberá estudiarse la posibilidad de facilitarles una asistencia técnica y financiera adecuada.

3.8

Aunque la Estrategia para la Región del mar Báltico es el resultado de una consulta sin precedentes de las partes interesadas, hay que decir que el principio de asociación esbozado en el código de conducta está prácticamente ausente del Báltico. Queda por lograr la aceptación política del principio de asociación en algunos Estados miembros.

3.9

Existen varios organismos y organizaciones que funcionan con éxito en toda la región del mar Báltico, con una amplia representación de las partes interesadas de la sociedad civil. Dichas organizaciones podrían servir de base para una Asociación del Báltico o una organización coordinadora, tal y como se prevé en el código de conducta. No es necesario duplicar lo que ya existe.

3.10

En cuanto a las relaciones cooperativas con Rusia, al igual que la nueva estrategia del Distrito Federal del Noroeste se ha visto influida por la estrategia para la región del mar Báltico, un nuevo enfoque de asociación entre los miembros del Consejo de los Estados del Mar Báltico (CEMB) podría tener efectos similares.

3.11

Si pudiera lograrse un amplio apoyo del código de conducta, esto ayudaría a galvanizar una vez más el apoyo de las partes interesadas para la Estrategia del mar Báltico, incluso en este periodo tan difícil y en el periodo posterior. Así como la Estrategia para la región del mar Báltico se consideró como un ensayo de la cooperación macrorregional, la aplicación del principio de asociación sería otra primicia para el Báltico.

3.12

En el anexo que figura a continuación se incluye el acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento Europeo en materia de asociación y gobernanza multinivel, que podría servir de base al acto delegado a fin de establecer un código de conducta modificado sobre la asociación.

21.11.2013   

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C 341/6

1.1

El empleo femenino debería dejar de plantearse como un debate más sobre la igualdad de género y pasar a considerarse como un imperativo económico para traer prosperidad y empleo a la Unión Europea -una necesidad social para afrontar los retos demográficos y las preocupaciones sociales y medioambientales a fin de garantizar el crecimiento sostenible-.

1.2

El aumento de la tasa de empleo femenino ya ha contribuido de manera importante al crecimiento en los últimos cincuenta años. No obstante, para aprovechar plenamente el potencial de la contribución de las mujeres al crecimiento, es necesario aplicar medidas más específicas tanto a nivel de la UE como nacional. Es importante garantizar, sin embargo, que estas políticas sean globales y no se limiten a abarcar los obstáculos económicos más obvios, sino que también aborden los ámbitos de los sistemas fiscales, de prestaciones y de pensiones, los derechos laborales, la toma de decisiones, el emprendimiento, la educación, los estereotipos y la violencia. También es evidente que tanto los hombres como las mujeres han de desempeñar su papel si se quiere resolver estos problemas tan polifacéticos. Las mujeres y los hombres también deberían participar en el diálogo y en la cooperación entre las partes interesadas y en la aplicación de las mejores prácticas.

1.3

Junto con las recomendaciones específicas que figuran a continuación y a lo largo de todo el texto, son requisitos clave para lograr una mayor participación en el empleo y una mayor contribución al crecimiento por parte de la mujer:

2.1

El Comité cree firmemente que el crecimiento económico ya no basta por sí solo para garantizar el progreso real de las sociedades, a menos que sea integrador y sostenible. Así pues, la igualdad de género pasa a ser una condición importante para lograr dicho progreso. Al mismo tiempo, la medición del PIB ya no debería basarse exclusivamente en el paradigma de producción/consumo, sino que debería incluir indicadores como el bienestar y la sostenibilidad (en términos económicos, sociales y medioambientales) a fin de evolucionar «hacia una política más equilibrada» (3).

2.2

La igualdad de género se considera a menudo como una limitación o un coste. Es necesario reconocer el coste de la desigualdad y la contribución económica positiva de la igualdad de género como factor de inversión y productivo.

2.3

Los objetivos de Europa 2020 -en particular aumentar la tasa de empleo de la población de entre 20 y 64 años hasta alcanzar el 75 % en 2020 y reducir el número de ciudadanos en situación o riesgo de pobreza en al menos 20 millones de personas- son imposibles de alcanzar sin una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral y en la vida pública. Además, lograr una convergencia plena en los porcentajes de participación supondría un aumento de aproximadamente el 12 % del PIB per cápita para 2030 (4).

2.4

Habida cuenta de la disminución creciente de la población en edad de trabajar (5), Europa no logrará el crecimiento previsto sin aumentar el potencial de la mujer en el mercado laboral. En 2012, la tasa de empleo masculina (en el tramo de edad de 20 a 64 años) fue del 74,6 %, mientras que la femenina solo fue del 62,4 %. Si se mide el empleo en equivalentes de jornada completa, la situación es aún peor, ya que el nivel de empleo actual de la mujer equivale al 53,5 % del total de la población activa femenina que trabaja a jornada completa (6).

2.5

El aumento de la tasa de empleo femenino ya ha contribuido de manera importante al crecimiento en los últimos cincuenta años. No obstante, es importante señalar que el trabajo doméstico realizado por las mujeres sin remuneración no se tiene en cuenta como contribución a la economía. El desarrollo de puestos de trabajo para prestar servicios a las familias contribuiría a la transformación de esta modalidad de trabajo invisible en trabajo remunerado y crearía ingresos fiscales, contribuciones a pensión, etc.

2.6

El Comité señala que las mujeres desempleadas no siempre figuran en las estadísticas y no están inscritas como desempleadas, aunque representan, efectivamente, un potencial sin explotar. De hecho, el bajo nivel de empleo femenino no se traduce directamente en desempleo sino en inactividad o trabajo no declarado, dado que el efecto desincentivador crea poca oferta de trabajo femenino. Por lo tanto, los datos estadísticos a nivel nacional y europeo no pueden demostrar la situación que existe realmente. El CESE pide que los datos estadísticos recogidos y elaborados a nivel europeo sobre el empleo femenino se desglosen en mayor medida en relación con los sectores de servicios privados.

2.7

El CESE señala que el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento debería fijar objetivos para el empleo femenino (7), ya que las políticas específicas pueden cerrar las brechas de género y fomentar la inclusión, aumentando de manera importante el potencial de crecimiento de la economía de la UE (8). Este tipo de políticas -incluidas la prestación de servicios de asistencia a familiares dependientes y la supresión de las trabas financieras que disuaden de trabajar a una segunda persona en el hogar (pero no exclusivamente)- son fundamentales para potenciar la participación de la mujer en el mercado laboral. Los Estados miembros deberían utilizar estas políticas para mejorar la empleabilidad y apoyar el acceso al empleo y la vuelta al trabajo.

2.8

La aplicación de medidas estrictas de austeridad conduce a recortes en el sector y los servicios públicos, y las mujeres tienen más probabilidades de perder su empleo, ya que son mayoría entre los trabajadores del sector público. Los colectivos que sufren una mayor reducción en su nivel de vida debido a los recortes en los servicios públicos son las familias monoparentales, que en su mayoría están encabezadas por mujeres. Al mismo tiempo, las mujeres representan la mayoría de los prestadores de servicios de asistencia no remunerados, por lo que es probable que sufran en mayor medida las consecuencias de los recortes de los servicios sociales (9). La Comisión debería elaborar un estudio detallado sobre el impacto de la austeridad en la igualdad de oportunidades, a fin de prever soluciones más cualitativas y una investigación sobre la manera en que las medidas de austeridad han repercutido en la calidad y cantidad del empleo femenino en el sector de los servicios tanto públicos como privados.

2.9

Hay que señalar que los responsables políticos de la UE se centran en la empleabilidad general, pero no identifican medidas para aprovechar el potencial de las mujeres económicamente inactivas, que podrían estar contribuyendo de manera importante al crecimiento de la UE.

2.10

El CESE recomienda que los fondos de la UE se asignen de manera que se tenga más en cuenta las cuestiones de género e insta a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a aplicar las recomendaciones establecidas en la Evaluación del apoyo del Fondo Social Europeo a la igualdad de género (10).

3.1

La mejora de los resultados educativos ha sido responsable de alrededor del 50 % del crecimiento del PIB en los países de la UE entre 1960 y 2008; la mitad de este aumento se debió a la mejora de los resultados educativos de las mujeres (11).

3.2

Los informes del EIGE (12) y de la OCDE demuestran que a las mujeres se les ofrecen menos oportunidades de empleo que a los hombres por una serie de razones, así como salarios más bajos por el mismo trabajo, aun cuando las mujeres tiene actualmente un mayor nivel educativo que los hombre en la mayoría de los países de la UE.

3.3

Las disparidades sistemáticas entre mujeres y hombres (13) en la elección de materias de estudio impiden que las economías puedan aprovechar plenamente su talento, e implican por lo tanto una incorrecta asignación del capital humano y una pérdida de potencial de innovación y crecimiento económico. Las instituciones de la UE y los Estados miembros deben abordar las disparidades entre mujeres y hombres en la educación fomentando un cambio de actitud entre los estudiantes, profesores, padres y la sociedad en general. Este tipo de intervención debe iniciarse en una etapa temprana de la vida del estudiante, antes de que se consoliden las percepciones y actitudes estereotípicas sobre las actividades en que los niños y niñas destacan y con las que disfrutan.

3.4

El Comité recomienda que se preste especial atención a las iniciativas y proyectos financiados por los instrumentos de la UE (financiación del FSE, programas LLL, etc.). Estos instrumentos podrían utilizarse para aumentar las posibilidades de las mujeres a la hora de recuperar sus cualificaciones y acceder nuevamente al empleo, así como para el desarrollo de sus carreras.

4.1

La mayoría de los Estados miembros de la UE afrontan el doble problema del envejecimiento de la población y bajas tasas de fertilidad. Estos factores implican una reducción de la población activa en los próximos veinte años si no se modifican los porcentajes de participación de hombres y mujeres en la misma (14).

4.2

Es necesario modificar de manera sostenible las desigualdades de género prevalentes en las sociedades europeas. Apoyar una mejor conciliación de la vida laboral y familiar para los hombres es un paso importante para lograr una distribución más equitativa del trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y hombres. Una distribución más equitativa del permiso parental entre ambos progenitores reduciría los factores que disuaden a los empresarios de contratar mujeres en edad de procrear.

4.3

Los cambios en la demanda de mano de obra -por ejemplo, con la aparición de nuevos métodos de producción y condiciones de trabajo diferentes y, en particular, la transición de la manufactura y la agricultura a los servicios- son motores importantes para aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral y explican la demanda creciente de mujeres trabajadoras.

4.4

Aunque el trabajo a tiempo parcial ha alentado a un mayor número de mujeres a incorporarse a la población activa oficial, a largo plazo el trabajo a tiempo parcial puede reducir las posibilidades de formación, las perspectivas de carrera, afectar a las pensiones de los jubilados y aumentar el riesgo de pobreza tanto a corto plazo como en la vejez. Ello es especialmente evidente en el trabajo a tiempo parcial «involuntario» que en los últimos años ha crecido (15), dado que, como una de las respuestas a la crisis, la relación de trabajo a tiempo parcial se ofrece inmediatamente a las mujeres, que se ven obligadas a aceptar porque no hay más alternativas en el mercado laboral o para evitar perder el puesto de trabajo. Debe prestarse atención al gran desequilibrio existente entre el número de mujeres y de hombres que trabajan a tiempo parcial (31,6 % y 8 %, respectivamente). Deberán eliminarse todos los obstáculos para pasar del empleo a tiempo parcial al empleo a jornada completa.

4.5

El Comité observa que las políticas que incentivan los hogares con dobles ingresos y ayudan a los adultos trabajadores a cumplir con sus compromisos familiares son factores importantes para potenciar la participación de la mujer. También desempeña un papel importante una combinación adecuada de ayuda económica y en especie.

4.6

Una mayor imposición fiscal al segundo sueldo de la familia puede reducir la participación de la mujer en la población activa, ya que desincentiva la participación de la mujer en el mercado laboral (16). Así pues, los sistemas fiscales y de prestaciones deben adaptarse para no desincentivar el trabajo de un segundo miembro de la familia.

4.7

Debería prestarse especial atención al trabajo informal y precario, incluidos los falsos autónomos. Esto afecta más a las mujeres que a los hombres, por lo que son más proclives a ser explotadas. Los Estados miembros de la UE deberían ratificar sin demora el 189o Convenio de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos (17), por el que se establecen normas laborales para los trabajadores domésticos.

5.1

El CESE insta a los responsables políticos a que reduzcan las desigualdades de género acabando con la actual brecha salarial (que es del 16,2 % de promedio), ya que la igualdad salarial no solo beneficiará a las mujeres, sino también a la sociedad en su conjunto -según la Evaluación sobre el valor añadido europeo, la reducción de la brecha salarial entre mujeres y hombres en un punto porcentual aumenta el crecimiento económico en un 0,1 % (18).

5.2

El CESE también expresa su preocupación por la enorme brecha de género en materia de pensiones –cuya media en la UE-27 es del 39 % (19)–, que supone más del doble de la cifra correspondiente a la brecha salarial entre hombre y mujeres. La falta de visibilidad de este problema resulta especialmente inquietante. No solo existen importantes diferencias en la mayoría de los países de la UE, sino que además son extremadamente complejas, ya que dependen de las vidas laborales (en particular, las diferencias en materia de salarios, horas y años trabajados), de los regímenes de pensiones y, en particular, del impacto de los ingresos obtenidos a lo largo de la carrera sobre las pensiones y la manera en que los regímenes de pensiones compensan las interrupciones de la carrera para cuidar a hijos o familiares dependientes.

5.3

El CESE considera por lo tanto que eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres y añadir el tiempo dedicado a la familia –cuidado de niños y ancianos, asistencia a un miembro de la familia durante períodos breves o largos de enfermedad, etc.– en los sistemas de acumulación de pensiones tanto para hombres como para mujeres (al tiempo que se garantiza la posibilidad de que los trabajadores puedan tener permisos por razones familiares para cuidado y asistencia) reduciría las diferencias de pensiones entre unos y otras (20).

6.1

Un estudio reciente de la OCDE (21) destaca que la brecha existente entre mujeres y hombres en materia de emprendimiento es amplia y difícil de superar en numerosas dimensiones, incluidas las preferencias subjetivas por el emprendimiento, el tamaño de la empresa y los resultados financieros, el acceso al capital financiero y su utilización. Las mujeres emprendedoras tienen objetivos adicionales a la obtención de un máximo de beneficios, y su forma más amplia de medir los resultados pone de relieve su contribución al desarrollo económico y social.

6.2

Ayudar a un mayor número de mujeres a crear una empresa y apoyar el desarrollo de empresas existentes dirigidas por mujeres puede contribuir (22) a crear más empleo, más innovación, a aumentar la competitividad y el crecimiento económico y a reducir la exclusión social. Se requieren medidas contundentes para aprovechar plenamente el potencial de las empresas en favor del crecimiento económico sostenible y la creación de empleo en Europa, sobre todo a raíz de la crisis.

6.3

El CESE ya ha propuesto que se adopten las siguientes medidas para la promoción del emprendimiento femenino a escala de la UE (23):

7.1

Varios estudios internacionales (24) confirman que las mujeres que ocupan puestos de dirección tienen una repercusión positiva en los resultados financieros de las empresas, en la cultura empresarial, el estilo de gestión y la resistencia frente a la crisis. Las mujeres corren menos riesgos y dan prioridad al desarrollo sostenible, pero los obstáculos para lograr la igualdad de género en la toma de decisiones son mucho mayores de lo que se admite abiertamente.

7.2

El CESE espera que todos los órganos decisorios públicos y privados adopten unas normas mínimas de participación igualitaria en la toma de decisiones, de acuerdo con el espíritu de la autorregulación. Las empresas registradas y todos los organismos del sector público deben fomentar una aplicación y unos procedimientos de contratación transparentes, así como una cultura de inclusión y libertad de elección. No obstante, no se logrará mucho sin la disposición tanto de los hombres como de las mujeres a adoptar acciones positivas.

7.3

El CESE recomienda que los responsables políticos y las empresas examinen las siguientes cuestiones a fin de garantizar el equilibrio entre mujeres y hombres en todos los órganos decisorios:

7.4

A fin de aplicar la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015) (25), el CESE alienta la representación equilibrada de hombres y mujeres en la vida pública y, en particular, en la política, ya que la infrarrepresentación actual limita los derechos de participación de la mujer (26). Las instituciones de la UE y los Estados miembros, así como las organizaciones de agentes sociales, deberían dar ejemplo e introducir objetivos de igualdad de género en sus órganos políticos y administrativos, en particular en los niveles superiores.

8.1

Un factor importante que influye en la participación de la mujer en el mercado laboral es el acceso a guarderías infantiles de jornada completa, en particular para los niños más pequeños. El aumento del gasto público en servicios de guardería está directamente vinculado al aumento del empleo femenino a jornada completa (27).

8.2

Por lo tanto, lograr los objetivos de Barcelona es una necesidad. No obstante, según un informe reciente de la Comisión, en 2010 solo diez Estados miembros habían logrado el objetivo de Barcelona para los niños menores de tres años. Ese mismo año, solo once Estados miembros habían logrado el objetivo del 90 % para los niños desde los tres años hasta la edad de escolarización obligatoria (28).

8.3

Puesto que los Estados miembros con mayor tasa de natalidad son también los que han hecho más para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar a los padres, y los que cuentan con altas tasas de empleo femenino (29), los Estados miembros deberían facilitar un apoyo más eficaz, asequible, accesible y de calidad para las familias con hijos a través de políticas (30) como, por ejemplo:

9.1

Aunque la mejora del nivel educativo de las chicas en las últimas décadas ha aumentado el potencial salarial de las mujeres, las actitudes de la sociedad hacia el trabajo de la mujer y el choque entre los valores familiares y la igualdad siguen siendo un obstáculo para lograr el equilibrio entre hombres y mujeres en el mercado laboral.

9.2

El CESE se muestra especialmente preocupado por la discriminación contra las mujeres con discapacidad, inmigrantes o pertenecientes a una minoría étnica. Solicita, en este sentido, una rápida aplicación de la Directiva sobre igualdad de trato (31).

9.3

La violencia contra la mujer no solo es un problema social injustificable, sino que además tiene un elevado coste económico. Se calcula que la violencia contra la mujer tiene un coste anual de al menos 32 000 millones de euros en los 47 Estados miembros del Consejo de Europa (32). Las políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género tienen un papel importante que desempeñar; la imagen tradicional del papel de la mujer en la sociedad solo cambiará cuando las mujeres tengan acceso al poder en igualdad de condiciones con los hombres.

9.4

El papel de los medios de comunicación es crucial para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. Los medios de comunicación no solo reflejan, sino que también crean modelos y normas socioculturales, y tienen un gran poder para conformar la opinión pública y la cultura. Además, precisamente el contenido de los medios de comunicación fomenta una mayor comprensión de las complejidades de la igualdad de género por parte de todos los agentes sociales, incluidos los responsables políticos y los ciudadanos; así pues, urge combatir las desigualdades persistentes en forma de infrarrepresentación (en particular en los niveles más altos), obstáculos a la promoción y bajos salarios (en comparación con los hombres) en el sector de los medios de comunicación (33).

21.11.2013   

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C 341/11

1.1

El CESE recomienda a las instituciones europeas y al Grupo de trabajo conocido como "Grupo de trabajo abierto" constituido por la 67a Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2012 que apliquen y exijan el método de las evaluaciones de impacto económico, social y medioambiental ex ante, tanto en la fase de definición de los objetivos del desarrollo sostenible como en el curso de la negociación mundial de objetivos para adquirir un valor universalmente aplicable, a fin de dotarse de los medios necesarios para equilibrar las variaciones favorables o desfavorables que puedan producirse o coexistir entre los sectores o zonas geográficas y de actividades.

1.2

Todos los programas sociales esenciales para la realización de cualquier objetivo de desarrollo sostenible en materia de educación o sanidad, así como los destinados a los jóvenes parados, deberían prioritariamente quedar excluidos de los recortes presupuestarios.

1.3

El CESE apoya la voluntad de la UE de atenerse a la realización de la Estrategia Europa 2020 a través del Semestre Europeo, aprovechando la oportunidad de darle sentido proponiendo una estrategia social, económica y medioambiental «no compartimentada», así como a través de la estrategia europea para el desarrollo sostenible integrado.

1.4

Por otra parte, sugiere que la sociedad civil europea participe en este proyecto junto con las organizaciones de la sociedad civil, los interlocutores sociales y los CES nacionales e instituciones similares.

1.5

El CESE insta a los Estados miembros y a las instituciones europeas a:

1.6

El CESE anima a la UE a:

2.1

La decisión de emprender un proceso que lleve a establecer objetivos de desarrollo sostenible ha sido una de las principales decisiones de la Conferencia Río+20. El proceso dio comienzo en enero de 2013 con la constitución de un grupo de trabajo abierto de carácter intergubernamental que deberá presentar un informe y una propuesta a la Asamblea General de las Naciones Unidas entre septiembre de 2013 y septiembre de 2014. Con arreglo al documento final de la conferencia Río+20, este proceso deberá coordinarse con las actividades relativas a la agenda para el desarrollo después de 2015.

2.2

El presente dictamen debería considerarse junto con el Dictamen de iniciativa de la Sección NAT aprobado por el CESE en junio de 2013 sobre «La economía verde – Fomentar el desarrollo sostenible en Europa» (1) y el Dictamen de la Sección REX sobre la Comunicación de la Comisión «Una vida digna para todos – Erradicar la pobreza y ofrecer al mundo un futuro sostenible» (2). En una perspectiva europea de desarrollo sostenible, conviene preservar y consolidar el modelo social europeo, indisociable de una transición fructífera a una economía verde. La expectativa de un acuerdo internacional sobre la definición de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) no puede servir de pretexto para diferir o reducir los compromisos contraídos por los países industrializados en el marco de las políticas de ayuda al desarrollo y de cooperación.

2.3

En la carta en la que solicita este dictamen exploratorio, la Comisión relaciona los objetivos de desarrollo sostenible, la economía verde inclusiva y la erradicación de la pobreza, y pide que se explore la manera de integrar con éxito las dimensiones económica, medioambiental y social en un futuro marco de objetivos universales de desarrollo sostenible. En este sentido considera oportuno que las opiniones de los homólogos internacionales del CESE se tengan en cuenta en el debate.

2.4

En el curso de dos reuniones de su Observatorio del Desarrollo Sostenible, el CESE ha mantenido una audiencia de representantes de los grupos principales (llamados «Major Groups») reconocidos por las Naciones Unidas en la Conferencia Río+20.

2.5

Por su parte, las Naciones Unidas han constituido un Grupo de alto nivel compuesto por representantes de los gobiernos, a fin de proponer un primer informe en septiembre de 2013, mientras que el 14 de mayo, el subsecretario general de las Naciones Unidas y director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Achim Steiner, habló ante el CESE y otros representantes de la sociedad civil sobre la forma de hacer progresar el desarrollo tras la Conferencia Río+20. Asimismo, subrayó la necesidad de un proceso de consulta plenamente inclusivo sobre los ODS, en el que participen los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. Kitty van der Heijden, embajadora del desarrollo sostenible para los Países Bajos y miembro del Grupo de trabajo «abierto» también compartió su experiencia en el seno del grupo de trabajo constituido por las Naciones Unidas.

—

basarse en la Agenda 21 y el Plan de Aplicación de Johannesburgo;

—

cumplir los compromisos contraídos;

—

guardar relación con ámbitos prioritarios para lograr el desarrollo sostenible, y centrarse en ellos, bajo la orientación del documento final;

—

considerar e incorporar de forma equilibrada las tres dimensiones del desarrollo sostenible y sus interrelaciones;

—

ser coherentes con la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo con posterioridad a 2015 e integrarse en esta;

—

no desviar la atención ni los esfuerzos de la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

—

incluir en el proceso, según proceda, la participación activa de todos los interesados pertinentes.

3.3.1

Según Oxfam Internacional (Oxfam, Post-2015 Development Goals, Oxfam International Position, enero de 2013), por ejemplo, el marco posterior a 2015 debería apoyar esta visión, establecer los correspondientes objetivos y metas y demostrar que se está progresando para conseguirlo. Conseguir el bienestar para todos con los medios del planeta requerirá una reorientación fundamental del desarrollo económico, social y político.

3.3.2

También según dicha ONG, los debates en torno al período posterior a 2015 siguen siendo inciertos sobre cuál es el papel de un marco y cómo puede traducirse en un verdadero cambio para las personas sumidas en la pobreza. Alcanzar un consenso sobre el «cómo» es crucial para informar sobre el «qué». El propósito de los objetivos debería ser galvanizar la voluntad política y la acción gubernamental para erradicar la pobreza y la desigualdad y proteger el planeta. Para ello habrá que:

3.4.1

Toda recuperación duradera de la economía real necesariamente tomará la forma de un modelo de producción eficiente en el uso de los recursos. Sin dejar de apoyar un marco político europeo más ambicioso y completo en materia climática para conseguir los más amplios objetivos de 2050 de lucha contra el cambio climático, Europa debería apoyar a su base industrial y sus correspondientes sectores y competencias.

3.4.2

Las principales cuestiones que cabe considerar son cómo puede alcanzarse el objetivo de una economía eficiente en el uso de los recursos y con pocas emisiones de carbono y cómo se gestionará la transición. Los dos puntos principales de atención deberían ser la política industrial y las perspectivas de empleo para una economía verde que mantenga su base industrial (Béla Galgóczi, Greening industries and creating jobs, Instituto Sindical Europeo, 2012).

3.4.3

La industria ejerce un papel preponderante en el ámbito de la investigación y el desarrollo, los intercambios comerciales y, en menor medida, las inversiones. La transición hacia un modo de desarrollo con pocas emisiones de carbono, que mejore la eficiencia energética, valorice el trabajo sostenible y proteja la sanidad, es crucial.

3.4.4

Europa registra una de las tasas de crecimiento más débiles de su historia desde 1929, pero hay dos factores esenciales e insoslayables para conseguir futuros objetivos en materia de desarrollo sostenible y duradero: 1) baja emisión de CO2, y 2) democracia.

3.4.5

La UE debería redoblar sus esfuerzos de investigación y desarrollo para crear el número de puestos de trabajo necesarios para su población activa y satisfacer las futuras necesidades de desarrollo generadas por tasas más altas de crecimiento en otros continentes, en ámbitos tan variados como los servicios, la educación, la sanidad, el medio ambiente, el transporte, la energía, la vivienda, la urbanización, la agricultura, la alimentación, etc.

3.5.1

El FMI ha reconocido que el tratamiento de austeridad era más radical de lo que había imaginado en un principio. La buena lección que puede extraerse es que la dosis debe ser reducida. Ninguno de los programas sociales esenciales relativos a la educación y la sanidad ni los destinados a los jóvenes desempleados debería ser objeto de los recortes presupuestarios. La necesidad de financiación en los Estados miembros de la UE es crítica tras la crisis financiera internacional, al tiempo que la refinanciación de la economía real está insuficientemente cubierta por el acuerdo del Consejo Europeo sobre el marco financiero plurianual de la UE. Las medidas preconizadas por la troika (Banco Mundial, FMI y Consejo de la UE) no permiten propiciar las condiciones necesarias para la recuperación económica con un crecimiento duradero y sostenible.

3.5.2

Las políticas sociales inteligentes –como los programas que acompañan a los desempleados en su búsqueda de empleo o los sistemas que abren la seguridad social a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad– no pueden ser considerados solamente un coste, sino que son una inversión para el futuro.

3.5.3

Los jóvenes se han visto particularmente afectados en el conjunto de la eurozona, pues el paro juvenil ha alcanzado el 22 %, e incluso ha superado el 50 % en algunos países, como España y Grecia. En 2010, la tasa de empleo temporal de los jóvenes de 15 a 24 años de edad superó el 50 % para llegar a casi el 70 % (Eurofound, Tercera Encuesta sobre la Calidad de Vida, 2012).

3.5.4

En todas partes, la población ha pagado un gran precio para paliar las desastrosas consecuencias de las prácticas manifiestamente irresponsables del mundo financiero.

3.5.5

La UE debe dar más sustancia a la dimensión social, y sobre todo al diálogo social, como preveía la hoja de ruta destinada a completar la Unión Económica y Monetaria Europea. Asimismo, debería ayudar a los Estados miembros a instaurar sistemas de garantías juveniles, mejorar la diversificación y la innovación industrial, aumentar la eficacia de los servicios del mercado laboral, incrementar la creación de empleo y reforzar la inversión social (OIT, Guy Rider, El empleo, la inclusión social y el crecimiento deberían figurar entre las prioridades de la agenda de la UE, 14 de febrero de 2013).

4.1

De las primeras audiencias organizadas por el CESE se desprende que la articulación entre las contribuciones de la sociedad civil recogidas por la UE y aquellas a las que procede el sistema de las Naciones Unidas a través de la consulta directa no recaba la comprensión y transparencia que el ciudadano europeo tendría derecho a esperar. Las contribuciones de las organizaciones representativas de la sociedad civil se suman, en el mismo nivel, a las de los grupos de presión de interés privado y las de los gobiernos, de acuerdo con un calendario que deja poco margen para la organización de debates en el respeto de la independencia de las organizaciones y la autonomía del diálogo social. Por otra parte, la impresión que se desprende de los trabajos de la Conferencia Río+20 y del Grupo de trabajo llamado «abierto», es la de un escenario destinado a relanzar una orientación predefinida, como si la suerte ya estuviera echada en otro lugar.

4.2

Afortunadamente, la UE ha decidido poner en práctica todo el planteamiento procediendo a la ecologización de la Estrategia Europa 2020 y del Semestre Europeo, a fin de aportar una contribución europea armonizada en la que Europa actúe y hable con una sola voz en el plano mundial.

4.3

Es importante integrar las preocupaciones por el desarrollo sostenible en los principales ámbitos políticos que actualmente son la Estrategia Europa 2020 y el semestre europeo, el principal elemento de gobernanza de la misma.

El CESE toma nota con mucho interés de las declaraciones de la Comisión y del Consejo cuando afirman que las conclusiones y procesos acordados en la conferencia Río+20 se aplicarán y desarrollarán en la Unión Europea a través de la Estrategia Europa 2020. El CESE ejercerá la máxima vigilancia para asegurarse de que así sea (Consejo de la Unión Europea, Río+20: resultados y seguimiento de la cumbre de la CNUDS de 2012 – Conclusiones del Consejo, 25 de octubre de 2012, 15477/12).

4.4

El CESE sigue con mucha atención la ampliación del círculo de los agentes que participan en el proceso del semestre europeo. Este año, la Dirección General de Medio Ambiente participa más activamente que nunca; en el pasado mes de diciembre, el Consejo de Medio Ambiente debatió por primera vez el examen anual del crecimiento. El CESE aportará su contribución para que la sociedad civil tenga la posibilidad de nutrir el proceso con cuestiones vinculadas al desarrollo sostenible a nivel de los consejos económicos y sociales nacionales, ya que algunos de ellos ya disponen de competencias específicas en la materia, así como en los consejos nacionales de desarrollo sostenible.

4.5

Por lo que respecta a la revisión anual del crecimiento, cabe señalar que no vemos suficientemente claro el vínculo entre las diferentes crisis (financiera, económica y social, así como medioambiental), y tampoco somos suficientemente conscientes de que sea absolutamente urgente progresar seriamente hacia una mayor ecologización transformando el conjunto de nuestra economía, no a pesar de la crisis, pero también y sobre todo a causa de ella. No es posible proseguir por la vía actual.

4.6

En el contexto del examen anual del crecimiento, cabe abogar por que la Unión Europea hable con una sola voz. La UE no puede comprometerse en la negociación mundial a favor de una ecologización de la economía y, sin embargo, omitir este tema en los principales documentos en materia de política económica.

4.7

En este contexto, la falta de referencia a un concepto de crecimiento cualificado es también algo desconcertante. ¿Cómo puede la UE ser precursora en el debate internacional sobre los indicadores que superan el PIB y referirse exclusivamente al PIB en su examen del crecimiento? Por supuesto, el documento examina los problemas sociales, pero no menciona directamente el objetivo de vivir bien respetando los límites de los recursos de nuestro planeta (que, por lo demás, es el título del séptimo programa de acción para el medio ambiente).

4.8

Afortunadamente, el debate en torno a la conveniencia de introducir otros indicadores puede inspirarse en numerosas contribuciones y ahora debe traducirse en una aplicación basada en un diálogo que ponga en un pie de igualdad a los agentes institucionales y los representantes de la sociedad civil, en un enfoque de asociación con el proceso deliberador de todos los participantes e interesados.

4.9

El CESE observa que la supresión de las subvenciones nocivas para el medio ambiente y la introducción de tasas medioambientales han pasado a ser elementos insoslayables del examen anual del crecimiento y de las recomendaciones específicas para los Estados miembros, y que en él se abordan este año los temas de la gestión de los residuos y de las aguas residuales, así como la mejora del reciclaje.

5.1.1

La reducción de la pobreza es una cuestión de igualdad y justicia y afecta al acceso a servicios tales como la sanidad, la educación y el empleo. El desarrollo de los ODM se orientó demasiado hacia los donantes. Para el futuro marco será necesario:

5.1.2

Gracias a un planteamiento limitado en el tiempo y centrado en los resultados, los ocho ODM han tenido profundas repercusiones para las políticas de desarrollo internacional. Al concentrarse en un número reducido de objetivos mensurables, han contribuido a aumentar y orientar más eficazmente la ayuda al desarrollo. Sin embargo, a medida que nos acercamos a la fecha límite de 2015, parece evidente que los objetivos tendrán resultados limitados, con éxitos y fracasos.

5.1.3

Los objetivos de desarrollo sostenible deberán completar el abanico actual de objetivos del milenio. Hay dos grandes diferencias entre los ODS y los ODM: los ODS tienen un alcance mundial (mientras que los ODM se refieren principalmente al Sur) y presentan dimensiones que exceden la metanorma de reducción de la pobreza (recursos naturales, consumo, producción, energía, derechos humanos, etc.).

5.1.4

Los dos próximos años serán esenciales para definir la próxima agenda para el desarrollo. Los dos procesos –la revisión de los ODM y la oficialización de los ODS– deberán facilitar orientaciones cruciales para la estructura del desarrollo sostenible a partir de 2015.

Estas deberían incluir la presupuestación en las políticas públicas, de manera transversal, de la dimensión de la igualdad de género, como primer factor de la lucha contra la pobreza y la desigualdad (4).

La tarea es inmensa y debe fundamentarse en la mayor importancia concedida a los derechos humanos y a la participación en las decisiones de las organizaciones de la sociedad civil para un enfoque centrado en la economía y los servicios como medios de desarrollo humano (5).

21.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 341/16

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) considera que el tema de la seguridad alimentaria debe situarse en el centro de las políticas de la Unión Europea como condición previa a una estrategia de estabilidad mundial.

1.2

En el marco del debate «alimentos contra combustibles», el CESE, aunque coincide con la Unión Europea en la necesidad de reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles, pide a la Comisión que sitúe en primer plano la seguridad del abastecimiento alimentario, la defensa del territorio, la competitividad de la agricultura europea y el uso de los terrenos (1) en una estrecha relación entre garantía de la seguridad alimentaria y producción de bioenergías (2).

1.3

El CESE considera que el futuro de la Unión Europea deberá basarse en la sostenibilidad social, económica, ambiental y la producción de energías renovables deberá vincularse estrechamente al logro de estos objetivos.

1.4

El CESE está de acuerdo con la decisión de la Comisión de incluir en las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE disposiciones vinculantes sobre los cambios en el uso de los terrenos, ya que los biocombustibles actuales se producen a partir de cultivos agrícolas.

1.5

El CESE confirma lo ya manifestado en el Dictamen TEN/502 (3) pero expresa su contrariedad por la decisión de la Comisión de evaluar el «impacto indirecto de los cambios en el uso del suelo» de las fuentes energéticas fósiles y de origen biológico, considerando solo el equilibrio de gases de efecto invernadero e infravalorando cuestiones como la seguridad del abastecimiento y la repercusión de los combustibles fósiles.

1.6

El CESE está de acuerdo con la propuesta de la Comisión de limitar, teniendo en cuenta las inversiones ya realizadas, la producción de biocombustibles a partir de cultivos alimentarios y apoyar con incentivos los combustibles «avanzados». No obstante, considera que la producción de combustibles de segunda generación, que utilizan madera y paja, podría reducir los ciclos de absorción del carbono causando así un aumento del anhídrido carbónico (4).

1.7

En opinión del CESE, la evaluación sería distinta si para la producción de biocombustibles se utilizasen también como materia prima microalgas, que si bien no son aún una realidad comercial, en perspectiva reducirían, a diferencia de los combustibles de primera generación, las preocupaciones relativas a la competencia por el suelo y los recursos hídricos.

1.8

En estos temas el CESE confirma plenamente las conclusiones de la Conferencia sobre seguridad alimentaria que organizó en 2011: «la producción de biocombustibles deberá atenerse a los principios comunes y someterse a los estudios de impacto ambiental, en los que participará estrechamente la comunidad local, lo que garantizará que se pueda tener debidamente en cuenta la cuestión del derecho a la alimentación».

1.9

Con esta evaluación el CESE sugiere a la Comisión que adopte a escala europea instrumentos como los operator level indicator, para evaluar las repercusiones potenciales de proyectos de bioenergías sobre la seguridad alimentaria de los Estados miembros.

2.1.1

El sistema energético está atravesando una fase de grandes dificultades a escala internacional debidas no solo a la crisis económica mundial, sino sobre todo a la situación geopolítica de los países del norte de África y Oriente Medio.

2.1.2

Para el año 2009 la OCDE estimó que la reducción del consumo energético alcanzó un 4,4 % a escala global, un 5 % en los Estados Unidos y un 5,5 % en la UE, mientras que en los países no pertenecientes a la OCDE la demanda creció un 2 %. A esta evaluación hay que sumar el incidente de la central nuclear de Fukushima de Japón, que impulsó a algunos Estados, entre ellos Alemania, a abandonar la producción de energía nuclear.

2.1.3

En la actualidad, Europa importa el 80 % del petróleo, el 60 % del gas natural y el 40 % del carbón necesarios para satisfacer sus necesidades energéticas, estimadas en 1 583,3 Mtep (Nomisma). Las fuentes energéticas no renovables representan el 91 % (petróleo 36,6 %, gas natural 24,5 %, carbón 15,7 %, energía nuclear 13,6 %) y las fuentes renovables el 9 % (6,1 % biomasa, biogás, residuos municipales, 1,7 % energía hidroeléctrica, 0,7 % energía eólica, 0,3 % energía geotérmica, 0,1 % fotovoltaica y solar).

2.1.4

Europa depende cada vez más de las importaciones de energía. En 2030 la UE-28 importará el 84 % del gas natural, el 59 % del carbón y el 94 % del petróleo (EREC) que necesita. Tomando como referencia el año 2009 los transportes son el sector con el consumo energético más alto con un 33 %; el sector de la vivienda representa el 26,5 %, el sector industrial, el 24,2 %, los servicios, el 14 %; y, por último, la agricultura, el 2,3 %.

2.1.5

Los objetivos que la UE se propone alcanzar se pueden sintetizar como sigue:

2.2.1

En los últimos años, el sistema energético basado en el uso de fuentes fósiles ha mostrado muchos aspectos críticos que ponen en entredicho su sostenibilidad futura y la seguridad de abastecimiento, así como la necesidad de proteger las fuentes energéticas seguras en un sistema controlado de importación de la energía.

Dado el continuo aumento de la demanda de energía (AIE), el inevitable agotamiento en el futuro de la producción de recursos fósiles pone en peligro la capacidad de satisfacer las crecientes necesidades energéticas. Este agotamiento se debe a que los recursos fósiles no son renovables; su proceso de trasformación exige plazos extremamente largos, incompatibles con las exigencias energéticas de la sociedad contemporánea.

2.2.2

Los principales tipos de energías renovables son:

Estas opciones no agotan todo el panorama posible, sobre todo en lo que respecta a los resultados de la investigación científica.

2.2.3

Las bioenergías pueden definirse como la energía obtenida de la biomasa que, clasificada en función de su estado físico, puede dividirse en:

2.2.4

Una fuente de energía renovable que ha desarrollado ya un uso energético eficiente está representada por las biomasas. Por biomasa se entiende toda sustancia de origen orgánico que durante el proceso de fotosíntesis clorofílica haya acumulado directa o indirectamente energía solar. La biomasa se deriva de cultivos energéticos o residuos orgánicos procedentes de productos forestales y de la transformación tecnológica de los productos agrícolas.

2.2.5

A escala global, en torno al 50 % de los residuos potencialmente disponibles proceden del sector forestal y otro 50 %, del sector agrícola, en el que tienen especial importancia las instalaciones alimentadas con biomasa agropecuaria (AIE).

—

Protocolo de Kioto, que entró en vigor el 21 de marzo de 1994;

—

Programa Altener de fomento de las energías renovables (Decisión del Consejo 93/500/CEE);

—

Libro Verde sobre las fuentes de energía renovables (1996);

—

Libro Blanco que fija el objetivo de utilizar el 12 % de energía proveniente de fuentes renovables en 2010;

—

Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables;

—

Directiva 2003/30/CE relativa al fomento del uso de biocarburantes;

—

Directiva 2003/96/CE por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad;

—

COM(2005) 628 final – Plan de acción sobre la biomasa;

—

COM(2006) 34 final – Estrategia de la UE para los biocarburantes;

—

Libro Verde: «Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura» (2006);

—

Paquete clima-energía (20-20-20), Consejo Europeo, 9 de marzo de 2007;

—

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (Texto pertinente a efectos del EEE);

—

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo – Programa de trabajo de la energía renovable: Las energías renovables en el siglo XXI: construcción de un futuro más sostenible COM(2006) 848 final;

—

Comunicación de la Comisión – El apoyo a la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables SEC(2005) 1571 – COM(2005) 627 final.

3.1.1

La incidencia socioeconómica de las bioenergías depende en buena parte de su coste: incentivos, costes debidos a carencias estructurales y a beneficios: proveedores, efecto sobre el PIB, reducción del CO2, efectos sobre el empleo, reducción de los riesgos vinculados al precio del combustible, pérdida de costes de eliminación de residuos, producción de fertilizantes y otros subproductos (Althesys). Además, cuando los precios del petróleo superan los 70 USD por barril, la producción de bioenergías resulta competitiva.

3.1.2

El actual sistema productivo de biomasa para fines energéticos tiene efectos sobre el territorio, la economía, los precios y la sociedad en su conjunto. El CESE considera que esos efectos deben evaluarse para corregir ineficiencias y falseamientos.

3.1.3

El CESE considera que el desarrollo de las bioenergías tiene repercusiones sobre la seguridad alimentaria por motivos estrictamente asociados a los precios y los factores territoriales. El primer efecto sobre los precios se deriva de la demanda de biocombustibles, ya que los mercados de la energía son más grandes que los agrícolas en términos de valores. Los precios de la energía determinan los precios agrícolas de los cultivos energéticos, ya que la demanda de energía asociada a los productos agrícolas determina el precio mínimo del azúcar, el maíz y la colza, así como su precio máximo, pues, de superarse, hace no competitiva la utilización de cultivos agrícolas en comparación con otras fuentes de energía como la eólica, la fotovoltaica y la geotérmica. Se recuerda asimismo el problema general que genera el hecho de que los precios energéticos más elevados hacen aumentar el coste de los factores de producción agrícola.

3.1.4

Las bioenergías se presentan como una solución posible, que podría estimular zonas económicamente deprimidas e infrautilizadas desde el punto de vista agrícola, en particular desarrollando los sectores en las distintas fases de producción, cosecha, transporte y transformación. También desde el punto de vista económico y del empleo es posible identificar objetivos positivos: según la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción sobre la biomasa» (COM(2005) 628 final), el empleo directo en 2010 ascendió a 300 000 nuevos puestos de trabajo, en especial en las zonas rurales.

3.1.5

El empleo de superficies boscosas para fines energéticos puede permitir la recuperación de «comunidades territoriales» agroforestales, con una mayor vigilancia del territorio y protección de las zonas arboladas. Además, se podría reforzar la capacidad de los ecosistemas forestales para desempeñar sus funciones principales, que consisten en la producción de biomasa leñosa, la protección del patrimonio natural y de la fertilidad del suelo.

3.2.1

El CESE lamenta que, tal como sucedió en el pasado con el petróleo, se realicen inversiones considerables en terceros países con vistas a explotar tierras por parte de países ricos que carecen de tierras cultivables para garantizar el aprovisionamiento de su población, por parte de multinacionales o de fondos soberanos. De este modo se produciría una «fiebre de la tierra» que podría desestructurar las comunidades rurales existentes y causar perjuicio a los recursos agrícolas y forestales de las poblaciones locales. El CESE considera que esta situación está lejos de ser un ejemplo de desarrollo sostenible en los planos económico, social y medioambiental.

3.2.2

La problemática del conflicto por el uso del suelo es más acusada en el caso de los países en desarrollo o de los caracterizados por enormes territorios escasamente urbanizados (Brasil o el estado de Iowa en Estados Unidos). El concepto de conflicto por el uso de la tierra, si bien se comprende de modo intuitivo, puede expresarse de modo más explícito si se considera que, para producir 25 galones de bioetanol es necesaria una cantidad de maíz suficiente para alimentar a una persona durante un año (World Watch Institute).

3.2.3

El conflicto por el uso del suelo es un problema asociado a la importación de biocombustibles por la Unión Europea y al abastecimiento alimentario en los países en desarrollo, sobre todo en los países africanos y del sudeste asiático, por las tensiones derivadas de la posesión de la tierra, dada la ausencia de catastro y de Derecho consuetudinario.

3.2.4

El CESE está de acuerdo con la Estrategia de la UE para los biocarburantes (COM(2006) 34 final), esencialmente con la parte en la que se declara que es fundamental prever unas normas mínimas adecuadas en materia medioambiental para la producción de materias primas destinadas a los biocarburantes, poniendo en entredicho el uso de tierras retiradas de la producción alimentaria por su posible impacto negativo sobre la biodiversidad y el suelo.

3.3.1

En un mundo cada vez más desarrollado, el uso incontrolado de los recursos hídricos se halla en constante aumento. Las causas son el aumento de la población mundial y su distribución, los cambios de costumbres en la alimentación y el peso de los biocarburantes. La actual estrategia de desarrollo de los biocarburantes agravará sin duda la crisis del agua, de forma que el acceso a los recursos hídricos podría convertirse en un factor limitador del desarrollo de la producción de materias primas como el maíz y la caña de azúcar.

3.3.2

El CESE considera que, por lo que respecta a los cultivos dedicados a los biocarburantes, se debería tender hacia cultivos de secano capaces de desarrollarse también en zonas interiores y desfavorecidas, dado que para producir un litro de biodiesel se necesitan 4 000 litros de agua para la irrigación de los cultivos y durante el proceso químico de transformación.

3.4.1

Existen riesgos potenciales de un uso inadecuado del suelo y, en particular, de los terrenos agrícolas, tanto para los productos alimenticios como para los productos destinados a la bioenergía, entre los que cabe citar:

3.4.2

Ahora bien, el CESE considera que un uso racional del suelo, estrictamente ligado a las buenas prácticas agrícolas utilizadas en la Unión Europea, que se basan en cultivos asociados a la producción de los distintos tipos de bioenergías, puede incrementar, por el contrario, la biodiversidad y paliar la uniformización del paisaje. Para el CESE, este es un camino sin retorno en Europa.

3.4.3

En este marco, es necesario apostar por los biocarburantes de segunda generación, aunque, como estos se prestan a ser gestionados desde una perspectiva industrial e intensiva, los agricultores quedarán relegados al mero papel de proveedores de materias primas, sin ninguna garantía sobre la remuneración económica. El CESE considera necesario reequilibrar el papel de los agricultores en relación con la producción y la comercialización de los cultivos energéticos a fin de favorecer las organizaciones de productores en todo el sector, ya que estas últimas pueden desempeñar desde ahora un papel determinante en la negociación de contratos equilibrados con los mercados posteriores.

3.5.1

El recurso a cultivos energéticos terrestres a gran escala requiere una gestión sostenible de los terrenos forestales y agrícolas. La producción de biomasa con fines energéticos presenta una relación positiva con el medio ambiente solo si se realiza de un modo adecuado. Por ejemplo, el abandono de las zonas rurales ha favorecido la aparición de factores naturales desestabilizadores. Los terrenos no preservados mediante actividades humanas positivas pueden presentar un alto riesgo de corrimientos de tierras, desertización e incendios.

3.5.2

El CESE considera que, para favorecer el desarrollo integrado de las bioenergías en el territorio, es necesario desarrollar un modelo de generación distribuida y sectores energéticos cortos, con plantas de pequeñas dimensiones que transformen la biomasa producida a escala local, con las consiguientes ventajas desde el punto de vista del impacto ambiental y por la posibilidad real de una participación directa de los agricultores en el sector (individualmente o a través de asociaciones).

3.5.3

El CESE aprueba las directrices de buenas prácticas para los distintos cultivos energéticos presentadas por la Agencia Europea de Medio Ambiente como:

3.5.4

El CESE considera que el desarrollo de una agricultura energética correcta puede favorecer una presencia constante del hombre en el territorio, lo que garantizará la vigilancia de éste y la valorización de los recursos, en particular de los forestales.

3.5.5

Además, en el sector agrícola, las producciones bioenergéticas se presentan como un complemento parcial y controlado a las producciones agroalimentarias, contribuyen a diversificar los canales comerciales, facilitan el paso a una agricultura cada vez más competitiva y ofrecen soluciones no conflictivas en lo que respecta a la asignación de productos agrícolas por los nuevos Estados miembros.

3.6.1

Se utilizan métodos muy variados para estudiar el impacto ambiental de las bioenergías. El CESE citará dos:

3.6.2

Al estimar el impacto ambiental, la LCA (life cycle assessment, evaluación del ciclo de vida) permite determinar y cuantificar las cargas energéticas y ambientales, concretas y potenciales, existentes en las distintas fases del ciclo de producción y consumo de las bioenergías. Esta técnica permite comparar el perfil medioambiental de las distintas bioenergías con el de las energías fósiles que desempeñan funciones análogas.

3.6.3

El CESE considera coherente con los principios expuestos la posición de los países adheridos al«Global Bioenergy Partnership», entre ellos los Estados Unidos y China, que han firmado un acuerdo internacional sobre el control del uso de los biocarburantes y las consecuencias sobre el medio ambiente y el equilibrio alimentario. Cada Estado será capaz de medir la sostenibilidad ambiental de las bioenergías utilizando 24 criterios e indicadores voluntarios.

3.6.4

En este marco, el CESE considera que, al utilizar las tierras excedentarias para la producción de materias primas destinadas a las bioenergías, hay que identificar no solo las exigencias medioambientales, económicas y sociales, sino también comprobar, a través del factor ILUC (indirect land use change) si la tierra destinada a los cultivos energéticos puede provocar un aumento de CO2.

3.6.5

El CESE aprueba la elección de la Comisión de vigilar los riesgos derivados de los biocarburantes en el sistema de transportes (Directiva 28/2009), de limitar la parte de los biocarburantes y los biolíquidos en el marco de cultivos con fines alimentarios, en función del grado de madurez de las distintas tecnologías y de incentivar la producción de bioenergías a partir de productos que no generan nuevas demandas de suelo, como la combustión de residuos urbanos.

3.6.6

El CESE considera que la utilización de biocombustibles de primera generación no debe impedir que la Unión Europea invierta en la investigación de nuevas fuentes limpias de energía (5).

21.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 341/21

1.1

Los precios de la electricidad, del gas, del petróleo y de otros combustibles están aumentando notablemente y la situación se ha agravado fuertemente en el contexto de una crisis socioeconómica que afecta a un número creciente de personas. El objetivo de este dictamen no consiste en determinar las causas de esta subida de precios, sino en explorar posibles propuestas para fomentar una acción europea coordinada, atendiendo al principio de subsidiariedad, para prevenir y combatir la pobreza energética, promover la solidaridad en este ámbito y proteger mejor a los ciudadanos vulnerables (europeos y no europeos).

1.2

Ante este reto político de envergadura, el CESE aboga por un Compromiso Europeo de Seguridad y Solidaridad Energéticas enmarcado en una Comunidad Europea de la Energía, cuya instauración también solicita el CESE.

1.3

Este Compromiso Europeo de Seguridad y Solidaridad Energéticas impulsará una auténtica política europea de lucha contra la pobreza energética y de solidaridad que se basará en el reconocimiento de un derecho de acceso universal a la energía –que el CESE considera un bien común esencial– para que cada persona pueda vivir dignamente. El Compromiso tendrá como objetivo, tanto a corto como a largo plazo:

1.4

El CESE aboga por establecer indicadores europeos de la pobreza energética y armonizar las estadísticas, a fin de discernir, prevenir y abordar mejor el problema a nivel europeo, y desarrollar una solidaridad europea en este ámbito.

1.5

El CESE recomienda crear un Observatorio Europeo de la Pobreza, centrado principalmente en la pobreza energética, integrado por todas las partes interesadas, que contribuya a definir los indicadores europeos de la pobreza energética (en coordinación con Eurostat), a evaluar la situación, a identificar las mejores prácticas y a formular recomendaciones para prevenir y abordar mejor el problema y promover una solidaridad europea en este ámbito.

1.6

El CESE recomienda que el Foro de los Ciudadanos y la Energía (llamado «Foro de Londres») incorpore a representantes del CESE y colabore estrechamente con los consejos económicos y sociales nacionales e instituciones similares de los Estados miembros.

1.7

El CESE aspira a un mercado de la energía que esté más centrado en los consumidores y, en sentido amplio, todos los ciudadanos (europeos y no europeos), en particular los más vulnerables. El CESE apoya todos los dispositivos que les permitan retomar el control de su situación energética. El CESE recomienda que la Comisión Europea incluya en el informe que le ha encargado el Consejo Europeo para finales de 2013 un análisis de la pobreza energética en la Unión –incluidos los factores de vulnerabilidad–, proponga una estrategia europea y una hoja de ruta para prevenirla y erradicarla. La cuestión fundamental radica en impedir cualquier aumento de los costes que pueda evitarse mediante la existencia de una política energética europea armonizada y eficaz (véase el Dictamen TEN/508 «Efectos económicos de los sistemas eléctricos creados mediante un suministro mayor e intermitente a partir de fuentes renovables» – CESE 2599/2012) (1).

1.8

El CESE recomienda que antes de su adopción las principales medidas de política energética de la UE y de los Estados miembros sean sometidas a un análisis sobre la distribución de su impacto económico entre las distintas categorías de consumidores (en función, por ejemplo, de los ingresos, de la composición familiar o del tipo de calefacción). El objetivo consiste en actualizar las categorías de consumidores cuya factura energética podría aumentar de manera desproporcionada respecto de la media de la población y proponer, en su caso, medidas compensatorias (adaptación de la normativa, mejora de la eficiencia energética de las viviendas, etc.) en favor de los consumidores más vulnerables.

1.9

El CESE anima a la Comisión a contemplar la posibilidad de crear un Fondo Europeo de Solidaridad Energética, destinado a ser un instrumento de transversalidad de todas las acciones europeas con el fin de impulsar oportunamente la solidaridad europea en este ámbito.

1.10

El CESE desea promover en Europa una cita anual de la sociedad civil que permita volver a debatir la pobreza energética y la solidaridad en Europa, así como intercambiar iniciativas locales, nacionales y europeas, y formular recomendaciones prácticas dirigidas a los responsables políticos europeos, nacionales y locales, institucionales, asociativos e industriales, en coordinación con el Observatorio Europeo de la Pobreza.

1.11

Dado el interés general europeo que reviste la lucha contra la pobreza energética y el desarrollo de la solidaridad en este ámbito, el CESE recomienda que la Comisión Europea proponga al Parlamento y al Consejo que este tema sea objeto específicamente de un Año Europeo (de la Solidaridad Energética). Se trata de sensibilizar a la opinión pública y a los responsables políticos sobre este tema, que constituye una gran motivo de preocupación a nivel europeo.

1.12

En esta perspectiva, el CESE recomienda a la Comisión Europea emprender una campaña de información a nivel europeo, concretada a nivel nacional y local, sobre la lucha contra la pobreza energética y el desarrollo de la solidaridad en este ámbito, para fomentar en particular la educación sobre la eficiencia energética y la emergencia del ciudadano como «consumidor activo» de su vida energética, así como la responsabilización e implicación de los empresarios del sector.

2.1

La energía es un bien común esencial, debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas, que permite a cada ciudadano tener una vida digna, mientras que carecer de él provoca dramas. La pobreza energética mata física y socialmente. En Europa, afecta a más de 50 millones de personas (Proyecto europeo European Fuel Poverty and Energy Efficiency, 2009). Esta situación intolerable tiene que cambiar. El CESE exhorta a emprender acciones urgentes a nivel europeo y aboga por un Compromiso Europeo de Seguridad y Solidaridad Energéticas para fomentar una auténtica política europea de lucha contra la pobreza energética y a favor del desarrollo de la solidaridad en este ámbito, con el objetivo de:

2.2

Este Compromiso europeo permitirá emprender a nivel europeo una acción común y coordinada para colmar la brecha energética y se basará en el reconocimiento de un derecho de acceso universal a la energía (para que cada persona pueda disfrutar de unas condiciones de vida dignas) que el CESE desea que se consagre en el Tratado de Lisboa. El CESE pretende así que todas las políticas europeas y, en particular, la política energética, puedan incluir entre sus objetivos la lucha contra la pobreza energética y el fomento de la solidaridad en este ámbito. El CESE recuerda que, en tanto que bien común esencial, la energía debe gestionarse como tal, con las obligaciones de servicio público que ello conlleva. Además, el suministro de energía por las empresas forma parte de los servicios de interés económico general, cuyo papel en la cohesión social y territorial europea reconoce el Tratado de Lisboa (artículo 14 del TFUE y Protocolo no 26). La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce el derecho de acceso a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna (artículo 34), la obligación de garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores (artículo 38) y el derecho fundamental de acceso a los servicios de interés económico general (artículo 36).

2.3

La Unión Europea revitalizará así el principio de solidaridad, pilar en el que se basa su construcción, y reforzará el sentido que tiene el proyecto europeo para los ciudadanos, que están cada vez más desencantados y escépticos. El CESE recuerda, además, que el 81 % de los ciudadanos europeos encuestados apoyan la lucha contra la pobreza energética (Eurobarómetro del Parlamento Europeo, datos de 2011).

2.4

El CESE se congratula por el interés mostrado el 22 de mayo de 2013 por el Consejo Europeo respecto de las cuestiones relativas al coste y al precio de la energía, así como su impacto para los hogares, especialmente los más vulnerables. Estas cuestiones suponen un elevado coste político: por ejemplo, en Bulgaria el pasado 20 de febrero el Gobierno dimitió a raíz de las manifestaciones contra el aumento brutal y excepcional de las tarifas eléctricas (más del 20 % entre diciembre de 2012 y enero de 2013), como consecuencia de las medidas nacionales de apertura del mercado, medida que, teniendo en cuenta que el salario medio es inferior a 400 euros, cristalizó el descontento de sus ciudadanos (que, según su Instituto Nacional de Estadística, dedican el 17, 3 % de sus ingresos a abonar las facturas de la electricidad).

2.5

El CESE recuerda que los precios de la energía aumentan continuamente: entre 2011 y 2012, el precio de la electricidad aumentó en la UE un 6,6 %, en particular en Chipre (21 %), Grecia (15 %), Italia (11 %), Irlanda y Portugal (10 %), Bulgaria, España y Polonia (9 %). El precio del gas para los hogares aumentó en la UE un 10,3 %, especialmente en Letonia (21 %), Estonia (19 %) y Bulgaria (18 %) (Eurostat, datos de mayo de 2013).

3.1

En Europa los anteriores problemas de acceso a la energía se han resuelto en gran medida, pero, a nivel mundial, 1 200 millones de personas siguen privadas del acceso a la electricidad. 2 800 millones de personas siguen usando la leña u otros tipos de biomasa para la calefacción y la cocina [Banco Mundial y Agencia Internacional de la Energía (AIE), mayo de 2013]. El problema del acceso a servicios energéticos modernos es de tal envergadura que las Naciones Unidas declararon 2012 «Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos» y acaban de proponer que una «energía segura y sostenible» es uno de los doce Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) globales que, por primera vez, se dirigen a los países en desarrollo y al mundo desarrollado.

3.2

En Europa, la pobreza energética significa que un número creciente de personas (más de 50 millones, según el proyecto europeo European Fuel Poverty and Energy Efficiency, 2009) tiene dificultades para abonar las facturas de la energía o ve limitado su acceso a la energía por: ingresos bajos, viviendas con un pésimo aislamiento térmico, equipamientos con escaso rendimiento (calefacción, cocina, agua caliente), o elevados costes de la energía. La movilidad también lastra el presupuesto de los hogares, a menudo alejados de los centros de las ciudades y cuyas combinaciones de transporte condicionan su situación laboral. Ello afecta a las personas mayores, las familias monoparentales, los desempleados, los beneficiarios de subsidios sociales, etc. Las consecuencias son múltiples: el freno a la movilidad influye en el empleo, la falta de calefacción afecta a la higiene, la salud (dilema «heat or eat», afecciones respiratorias, etc.) y, a menudo, genera sobremortalidad y sobreendeudamiento, así como aislamiento social y geográfico.

3.3

La pobreza energética constituye un factor de fragilización que se suma a otros, ya que las dificultades interactúan en un círculo vicioso y lastran a las personas que sufren pobreza general. Pues bien, el riesgo de pobreza aumenta (Eurostat, diciembre de 2012): en 2011, la amenaza de exclusión social pesaba en la UE-27 sobre 119,6 millones de personas en razón del riesgo de pobreza, de privación material aguda o por formar parte de hogares con muy baja intensidad laboral. El CESE recuerda que la Estrategia Europa 2020 aspira a reducir en al menos 20 millones el número de personas afectadas por la pobreza y la exclusión social.

3.4

La lucha contra la pobreza energética y el desarrollo de la solidaridad en este ámbito se imponen cada vez más en la Unión Europea como una prioridad política fundamental, transversal, que debe formar parte de todas las políticas europeas y que se encuentran en la encrucijada entre los ámbitos social, sanitario, medioambiental, económico y político.

4.1

Pobreza/precariedad energética: la precariedad evoca una situación de gran vulnerabilidad temporal. La pobreza energética se refiere a una situación social afectada por factores externos (precio de la energía, calidad del edificio, etc.) y por factores internos (envejecimiento, ingresos, etc.). El CESE empleará la expresión «pobreza energética» para referirse indiferentemente a estos dos aspectos.

4.2

Únicamente Francia, Eslovaquia, Reino Unido e Irlanda disponen de una definición.

4.3

El Reino Unido define de manera objetiva la pobreza energética («fuel poverty»): situación en la que se halla un hogar que tiene que dedicar más del 10 % de sus ingresos para alcanzar un nivel satisfactorio de calor en su vivienda (21 grados en la habitación principal y 18 grados en las demás habitaciones, según la Organización Mundial de la Salud). Se tienen en cuenta tres elementos: los ingresos del hogar, el precio de la energía y el consumo energético. El gobierno está revisando actualmente esta definición que no tiene en cuenta las necesidades domésticas de energía.

4.4

En Francia, la Ley «Grenelle II» define la precariedad energética como la situación en que se halla una persona que sufre especiales dificultades para disponer en su vivienda del suministro energético necesario para satisfacer sus necesidades elementales en razón de la inadecuación de sus ingresos o de las características de su alojamiento (artículo 11, apartado 4).

4.5

Pese a la falta de definición, algunos Estados miembros han desarrollado dispositivos específicos. Bélgica ha establecido un estatuto de «cliente protegido» que permite a cualquier perceptor de ayudas sociales beneficiarse de tarifas energéticas sociales y de dispositivos específicos gratuitos (contador de prepago, suministro garantizado). Italia y España han instaurado dispositivos bastante similares denominados «bonus elettrico» y «bono social». En Alemania, existen tarifas sociales instauradas por los Estados federados y gestionadas por las empresas energéticas locales o regionales. En Suecia, el sistema de protección social universal se hace cargo de las facturas impagadas. Más de la mitad de los Estados miembros prevén protecciones contra las interrupciones del suministro de energía basadas en legislaciones o códigos de conducta de los distribuidores de energía (ERGEG, informe de 2009).

4.6

La Unión Europea no dispone de ninguna definición ni indicadores del concepto de pobreza energética, ni tampoco de una política europea específica sobre este problema, que aborda de manera fragmentada.

4.7

A través de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, instrumento específico de la Estrategia Europa 2020, la Comisión Europea afronta la pobreza energética «que puede privar a los hogares no solo de calefacción o refrigeración, sino también de agua caliente, luz y otras necesidades domésticas esenciales, [y] es otra manifestación de privación grave».

4.8

Las directivas sobre el mercado interior de la energía (julio de 2009) reconocen la existencia de la pobreza energética, pero sin establecer una definición ni obligaciones europeas al respecto, e instan a los Estados miembros a garantizar «una protección adecuada de los clientes vulnerables» y a definir «un concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión [de la red eléctrica o de gas] de dichos clientes en periodos críticos». En su Comunicación sobre el buen funcionamiento del mercado energético (15 de noviembre de 2012), la Comisión afirma que «prestará asistencia a los Estados miembros a la hora de definir qué se entiende por "vulnerabilidad de los consumidores de energía" y cuáles son sus causas, proporcionando asesoramiento y facilitando el intercambio de buenas prácticas».

4.9

El Parlamento Europeo define únicamente el concepto de «consumidor vulnerable», y propone ir más allá de la noción clásica de vulnerabilidad endógena para «incluir también a los consumidores en situación de vulnerabilidad» por encontrase en «un estado de impotencia temporal derivada de una brecha entre su estado y sus características individuales […] y su entorno externo», ya que «cualquier consumidor, en un momento de su vida, puede convertirse en vulnerable debido a factores externos y a sus interacciones con el mercado» y, por tanto, puede precisar «de una protección especial» (Resolución de 22 de mayo de 2012). El Parlamento solicita a la Comisión y a los Estados miembros que adopten una estrategia legislativa y política amplia y coherente para hacer frente a la vulnerabilidad, teniendo en cuenta la diversidad y la complejidad de todas las situaciones que se presentan (Resolución de 22 de mayo de 2012); pide asimismo medidas específicas contra la pobreza energética (Resolución de 14 de marzo de 2013 sobre la Hoja de Ruta de la Energía para 2050). En su Resolución de 11 de junio de 2013 sobre una nueva agenda para la política europea de los consumidores, el Parlamento Europeo preconiza que la Unión y los Estados miembros aporten garantías suficientes para proteger a los consumidores vulnerables, especialmente en el ámbito energético. En su Resolución de 11 de junio de 2013 sobre la vivienda social en la Unión Europea, el Parlamento Europeo exhorta a los Estados miembros a definir la precariedad energética sobre la base de parámetros comunes y adaptados para cada Estado miembro a fin de tener en cuenta las situaciones nacionales específicas.

4.10

El CESE considera indispensable disponer de indicios e indicadores comunes europeos sobre la pobreza energética que integren la dimensión de la vulnerabilidad, para identificar y analizar mejor las causas, lo cual permitirá ir más allá de una simple constatación de los síntomas y establecer una estrategia europea para solventar mejor el problema. El CESE sugiere que su definición (TEN/420) de pobreza energética, a saber, «la dificultad o la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura, así como de disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio razonable», sirva de punto de partida para que el Observatorio Europeo de la Pobreza que aspira a crear profundice en ella (teniendo en cuenta el derecho al acceso universal a un bien común esencial como es la energía). Este Observatorio podrá formular indicios e indicadores comunes europeos que sirvan a los Estados miembros como parámetros para definir la pobreza energética, teniendo en cuenta las especificidades nacionales. Para armonizar mejor las estadísticas disponibles, Eurostat y los institutos nacionales de estadística deberían adoptar metodologías homogéneas para cuantificar el problema a nivel nacional y europeo.

5.1

El CESE sugiere crear un Observatorio Europeo de la Pobreza centrado principalmente en la pobreza energética que integre a todas las partes interesadas: observadores nacionales, mediadores, reguladores, proveedores de energía, asociaciones varias (dedicadas a cuestiones sanitarias, construcción, energía, consumidores, lucha contra la exclusión, entes locales, etc.) e interlocutores sociales. Facilitará una evaluación del impacto de la liberalización de los mercados energéticos en los ciudadanos vulnerables, propondrá indicadores de la pobreza energética, formulará recomendaciones, metodologías y pistas que explorar a nivel europeo sobre la base de las mejores prácticas identificadas a nivel local y nacional. Tendrá por objetivo cooperar con el Foro de Londres. El CESE desea, además, que el Foro de Londres pueda integrar a los miembros del Comité y trabajar en concertación con los consejos económicos y sociales nacionales e instituciones similares para luchar contra la pobreza energética.

6.1

La apertura de los mercados de la energía no ha reducido los precios de la energía para los ciudadanos. El 60 % de ellos ha constatado una subida de los precios que practica su proveedor de energía; entre el 3 y el 4 % ha observado una disminución. Solo el 7 % de los consumidores cambió de proveedor de gas y el 8 %, de electricidad. El sector de la energía es el que supone un mayor gasto para los consumidores (el 5,7 % de su presupuesto), esencialmente para la electricidad (2,1 %). (2o Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo, 2009). Estos porcentajes han aumentado en los últimos años.

6.2

Las decisiones del Consejo Europeo de 22 de mayo de 2013 apuntan en la dirección adecuada: reorientar la política europea de la energía hacia los consumidores para garantizarles un suministro seguro y sostenible cuyos precios y costes sean asequibles y competitivos; reforzar el papel y los derechos de los consumidores y proteger mejor a los consumidores vulnerables; transponer sin demora el tercer paquete de energía. Antes de finales de 2013, la Comisión tiene que presentar un análisis sobre la estructura de los precios y costes de la energía haciendo hincapié en las consecuencias para los hogares. La cuestión fundamental radica en impedir cualquier aumento de los costes que pueda evitarse mediante la existencia de una política energética europea armonizada y eficaz (véase el Dictamen TEN/508 «Efectos económicos de los sistemas eléctricos creados mediante un suministro mayor e intermitente a partir de fuentes renovables» – CESE 2599/2012) (2).

6.3

El CESE recomienda que antes de su adopción las principales medidas de política energética de la UE y de los Estados miembros sean sometidas a un análisis sobre la distribución de su impacto económico entre las distintas categorías de consumidores (en función, por ejemplo, de los ingresos, de la composición familiar o del tipo de calefacción). El objetivo consiste en actualizar las categorías de consumidores cuya factura energética podría aumentar de manera desproporcionada respecto de la media de la población y proponer, en su caso, medidas compensatorias (adaptación de la normativa, mejora de la eficiencia energética de las viviendas, etc.) en favor de los consumidores más vulnerables.

6.4

El CESE insiste en la necesidad de trasponer íntegramente las referidas directivas y garantizar el servicio universal, el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, la protección de las personas vulnerables y la garantía de precios asequibles, comparables y transparentes. El CESE desea que en su futuro informe de finales de 2003, la Comisión Europea incluya un inventario y un análisis de la pobreza energética en la Unión, proponga una estrategia europea de lucha contra la pobreza energética y de solidaridad en este ámbito y destine medios financieros para lograr que sea operativa.

6.5

El CESE desea que la Comisión Europea convierta este tema en una prioridad transversal de todas las políticas de la UE y lo tenga más en cuenta en sus futuras iniciativas (por ejemplo, directrices sobre el mercado interior, sobre la aplicación de la Directiva de 2012 relativa a la eficiencia energética, sobre los derechos de los consumidores, etc.).

6.6

El CESE preconiza que la política de solidaridad energética y de lucha contra la pobreza energética forme parte integral de la política de transición energética de la UE hacia una sociedad basada en la energía hipocarbónica. El CESE recomienda que la Comisión asegure firmemente el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la normativa europea que contribuya a reducir la pobreza energética. El CESE espera que el Tratado incluya el derecho al acceso universal a la energía (que debe ser considerada y gestionada como un bien público esencial) y que las políticas europeas, especialmente la energética, puedan incluir en sus objetivos la lucha contra la pobreza energética y la solidaridad en este ámbito. El Comité recomienda que el Semestre Europeo incorpore en su actividad la lucha contra la pobreza energética y la solidaridad en este ámbito, para que este objetivo se refleje en los programas nacionales de reforma de los Estados miembros.

6.7

El CESE considera esencial favorecer a nivel europeo todos los dispositivos que puedan convertir al consumidor vulnerable en actor de su vida energética, consumiendo menos y mejor (en cuanto a los servicios energéticos constantes) para mejorar su calidad de vida favoreciendo la producción descentralizada de energía renovable, siendo coherente desde un punto de vista económico y técnico. La información, la formación y la educación pueden reforzar la toma de conciencia y el comportamiento adecuado por parte de los hogares (apagar los aparatos que no se utilicen, elegir aparatos con alto rendimiento energético, renovar oportunamente, etc.). El CESE desea que la Unión Europea impulse –en particular poniendo en marcha el Fondo Europeo de Solidaridad Energética– todos los proyectos transnacionales en este sentido, fomente todos los intercambios de conocimientos de la sociedad civil y la creación de redes transnacionales, generalice la producción y difusión de la información y de la formación en este ámbito, así como de las buenas prácticas derivadas en especial de los proyectos transnacionales financiados por la UE.

6.8

El CESE aboga por que los programas europeos de investigación fomenten instrumentos innovadores, centrados en la utilización óptima por todos los consumidores, especialmente los más vulnerables. Por consiguiente, el Comité recomienda que los contadores inteligentes, para ser plenamente eficaces y útiles para los consumidores, proporcionen una información legible y transparente, por ejemplo en tiempo real, sobre el consumo de energía, sin costes adicionales. De esta manera constituirán una herramienta pertinente de prevención para ayudar a que los consumidores cobren más conciencia de su nivel de consumo y actúen en consecuencia, lo que les permitirá comportarse como «consumidores activos» de su vida energética.

6.9

El CESE preconiza la creación de ventanillas únicas de solidaridad energética a nivel local para desarrollar sinergias y fomentar la concertación entre todas las partes interesadas, incluidos los operadores energéticos, garantizar una mejor coordinación para prevenir y solventar mejor los problemas, aconsejar, orientar y acompañar mejor a los ciudadanos y, en particular, a los colectivos más vulnerables. El CESE recomienda formar a las personas que se encarguen de las ventanillas (así como de los servicios administrativos, bancarios, de los operadores industriales, etc.) para concienciarlos de los problemas de estos colectivos vulnerables, para gestionar mejor los expedientes respectivos y ayudarles a identificar en una fase temprana las situaciones de riesgo. Esta ventanilla tendrá un enfoque global e integrado, preventivo y curativo de las intervenciones de los agentes asociativos, autoridades locales, empresas, etc. Al evitar la situación asistencial o de estigma social, permitirá a todos los ciudadanos convertirse en «consumidores activos» de su vida energética.

6.10

El CESE preconiza reforzar y generalizar dispositivos (en particular aquellos en los que intervienen muy de cerca los proveedores de energía) que garanticen el suministro de energía a los hogares vulnerables en periodos estacionales sensibles (tregua invernal), eviten que los distribuidores interrumpan el suministro energético en caso de dificultades de pago, prevengan los impagos, etc. El CESE recomienda así reforzar la implicación de los operadores industriales energéticos y otros en las estrategias de acción contra la pobreza energética (tanto en la prevención como en la resolución de problemas) y de desarrollo de la solidaridad, a fin de ir más allá de los códigos de conducta.

6.11

El CESE recomienda que se refuerce la regulación de las prácticas de los proveedores de energía para que los consumidores con bajos ingresos no sufran una «doble penalización» (la llamada «prima de pobreza»); es decir, que paguen un coste unitario más elevado por el mismo servicio prestado. Los sistemas de prepago, por ejemplo, podrían regularse a fin de evitar el riesgo de penalizar a los usuarios más vulnerables.

6.12

El CESE pide a la Comisión que convoque un Año Europeo de la Solidaridad Energética que permita desarrollar una campaña de información a nivel europeo (concretada a nivel nacional y local) y proyectos designados para concienciar a todas las partes interesadas sobre la importancia de erradicar la pobreza energética, fomentar la emergencia del ciudadano como «consumidor activo» de su vida energética y reforzar la solidaridad energética.

7.1

El CESE sugiere a la Comisión Europea que contemple la posibilidad de crear un Fondo Europeo de Solidaridad Energética para apoyar las acciones propuestas por el CESE, en particular, sobre información y formación de los ciudadanos, la creación de redes europeas de proyectos locales, el apoyo a los intercambios, a la transferencia y a la generalización de las buenas prácticas desarrolladas por proyectos transnacionales financiados por la Unión Europea o desarrollados a nivel local o nacional. Así, por ejemplo, los dispositivos de ayuda financiera creados por los Estados miembros o los entes locales para abonar las facturas (tarifas sociales, cheque de energía, etc.), la tregua invernal, la creación de ventanillas únicas, la formación de asesores en materia de eficiencia energética (como el proyecto europeo Achieve), la renovación de barrios, el desarrollo de ayudas o de asistencia técnica para las obras de eficiencia energética (como el proyecto europeo CEB-ELENA - «European Local Energy Assistance Facility»), las microproducciones de energía renovable y los instrumentos financieros adaptados a los hogares vulnerables (por ejemplo, el proyecto europeo FinSH - «Financial and Support Instruments for Fuel Poverty in Social Housing»).

8.1

El CESE recuerda que, en 2007, la Unión fijó los objetivos de 3 × 20 % para 2020, incluida la reducción del consumo energético en un 20 %. La Directiva sobre la eficiencia energética de octubre de 2012 establece una estrategia a largo plazo (2050) para movilizar las inversiones en la renovación de las viviendas públicas y privadas, así como de los edificios residenciales y comerciales. Los Estados miembros deberán presentar antes del 30 de abril de 2014 sus planes nacionales de acción para poner en práctica esta estrategia. El CESE recuerda lo importante que es aplicar medidas de eficiencia energética para reducir las emisiones de dióxido de carbono y crear puestos de trabajo, así como para actuar eficazmente contra la pobreza energética.

8.2

La pobreza energética se da, en efecto, en viviendas mal aisladas por las cuales familias vulnerables abonan a menudo alquileres excesivos. El aislamiento adecuado de una vivienda reduce el consumo y, por tanto, la factura correspondiente, en combinación con un comportamiento energético adecuado. Las familias modestas, ya vivan de alquiler o sean propietarias de su vivienda, carecen de medios para acometer obras de renovación térmica o cambiar las instalaciones de calefacción por carecer de ahorros o por tener dificultades para acceder al crédito bancario.

8.3

El CESE propone que se establezca un mecanismo que suponga, por una parte, un fuerte incentivo (por ejemplo, nivel de renta condicionado por el nivel de rendimiento térmico, etc.) para que los propietarios lleven a cabo obras de renovación térmica, al tiempo que se les ayude en este proceso y, por otra, retirar gradualmente del mercado de alquiler de viviendas en Europa las viviendas cuyo rendimiento esté por debajo de un umbral de aislamiento térmico estándar. El Comité recomienda que los Estados miembros puedan integrar la eficiencia energética en las definiciones y los criterios de insalubridad, decencia o dignidad de la vivienda de alquiler.

8.4

El CESE desea que la Comisión Europea reflexione sobre qué métodos y herramientas de financiación innovadores podrían impulsar el esfuerzo de eficiencia energética de los Estados miembros en los hogares más modestos, teniendo en cuenta sus limitaciones financieras.

8.5

La mejora térmica de las viviendas de familias vulnerables debe convertirse en una de las prioridades de todos los programas europeos. La Comisión debe cerciorarse de que los planes nacionales de eficiencia energética den prioridad a las inversiones relativas a la vivienda de las familias más vulnerables.

8.6

El CESE recomienda que los Fondos Estructurales tengan más en cuenta la lucha contra la pobreza energética y la solidaridad energética en la programación 2014-2020 y que se prevea una dotación para la eficiencia energética y las energías renovables más consecuente y a la altura de los retos planteados.

8.7

Por otra parte, el CESE recomienda fomentar la producción descentralizada de energía renovable para poder resolver el acceso a la energía, en particular de las personas más vulnerables.

21.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 341/27

1.1

El CESE toma nota de la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento (CE) no 1083/2006 para incrementar la ayuda –aplicando un complemento de diez puntos porcentuales a los porcentajes de cofinanciación aplicables al eje prioritario- a los países afectados por la crisis que reciben fondos del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (MEEF) o del mecanismo de la balanza de pagos, durante el período en que estén acogidos a estos mecanismos de ayuda. Su asignación financiera global en el marco de la política de cohesión de la UE para el periodo de programación 2007-2013 no se aumentará, pero se mantendrá la eficacia de la cofinanciación.

1.2

El CESE toma nota de la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento (CE) no 1083/2006 para permitir a Rumanía y Eslovaquia presentar declaraciones de gastos hasta finales de 2014 en lugar de hasta finales de 2013 (para los compromisos de 2011) y hasta la clausura de los programas en lugar de hasta finales de 2014 (para los compromisos de 2012), sin aumentar su asignación financiera global dentro de la política de cohesión de la UE para el periodo de programación 2007-2013. De este modo se atenuará el riesgo de una liberación automática de los compromisos para 2011 y 2012.

1.3

El CESE aprueba esta propuesta, que es conforme con sus dictámenes anteriores, a condición de que se mantenga la coherencia y la eficacia de la ejecución de los gastos inscritos en el presupuesto.

2.1

La propuesta de la Comisión pretende reducir las contribuciones a los proyectos cofinanciados en el marco de la política de cohesión de la UE que se exigen actualmente a siete Estados que reciben ayudas del Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera o del mecanismo de la balanza de pagos. De este modo, los Estados miembros en cuestión no se verían obligados a recurrir a sus recursos propios para proveer los medios necesarios, en un momento en que sus presupuestos nacionales están sometidos a una presión considerable, lo que contribuiría de forma significativa a relanzar sus economías gravemente afectadas por la crisis. La cofinanciación aumenta la eficacia de las ayudas concedidas. Reducir la cofinanciación entraña el peligro de reducir la eficacia de las ayudas: hay que minimizar este riesgo por todos los medios posibles. El CESE aprueba la propuesta de la Comisión, que es conforme con sus dictámenes anteriores (1).

2.2

Al prolongar el plazo para que Rumanía y Eslovaquia presenten declaraciones de gastos hasta finales de 2014, se les concede un margen mayor de maniobra para poder ejecutar mejor los proyectos cofinanciados en el marco de la política de cohesión de la UE. La prórroga del plazo de liberación automática de fondos también es proporcionada, ya que se circunscribe a los Estados miembros cuyas dotaciones financieras correrían el peligro de verse limitadas para el periodo 2014-2020 por el acuerdo del Consejo Europeo. La prórroga del plazo para la liberación de fondos es consecuencia de la iniciativa del Consejo Europeo, que en sus conclusiones de 8 de febrero de 2013 pidió a la Comisión que examinara posibles soluciones pragmáticas para reducir el riesgo de liberación automática de fondos de la asignación nacional correspondiente al periodo 2007-2013 en lo que respecta a Rumanía y Eslovaquia, incluida una eventual modificación del Reglamento (CE) no 1083/2006.

2.3

El Comité coincide en que es esencial fomentar la prosperidad y la competitividad en los Estados miembros más afectados por la crisis y, en consecuencia, apoya la propuesta presentada.

2.4

El Comité está de acuerdo con que la asignación financiera total de los fondos a los países y programas en cuestión correspondiente al periodo no debe variar.

21.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 341/29

1.1

El CESE acoge positivamente una política industrial de la UE sobre el sector espacial (1). Asimismo, respalda el presupuesto de 11 000 millones de euros asignado a los programas Galileo, Copernicus y las actividades de I+D en el marco del programa Horizonte 2020 para el período 2014-2020, además del actual presupuesto anual de 4 000 millones de euros para la Agencia Espacial Europea (ESA). Estas decisiones están en consonancia con las posiciones defendidas por el CESE (2).

1.2

Respaldada por un compromiso político en toda Europa, la política espacial de la UE debería garantizar un acceso europeo independiente al espacio a lo largo de toda la cadena de valor; es decir, desde la fase de concepción hasta las de desarrollo, lanzamiento y explotación. La previsibilidad, la seguridad y la continuidad de los compromisos resultan indispensables para emprender actividades a largo plazo y de alto riesgo.

1.3

La UE necesita una masa crítica. Un mercado interior del espacio requiere definir adecuadamente el concepto de «condiciones de competencia equitativas» en Europa, tanto por motivos de índole interna como externa.

1.4

Se necesita una política industrial proactiva para responder a los importantes mercados institucionales de todo el mundo, que tienen un impacto estratégico y tecnológico cada vez mayor. Debe reforzarse la competitividad de la industria europea, al tiempo que las sustanciales barreras internas que persisten deben suprimirse progresivamente.

1.5

La política industrial de la UE debería aunar las diferentes estrategias de los Estados miembros y simplificar las preferencias nacionales en un solo marco.

1.6

Todas las partes implicadas deben trabajar en la misma dirección. La ESA ocupa una posición especial, y nadie pone en duda el éxito de sus resultados. En su nueva configuración, la ESA completará su papel tradicional con el de promotor de proyectos espaciales en el marco de la normativa europea. Se implantarán nuevos métodos y vínculos, que exigirán una coordinación bien desarrollada y una buena sintonización entre todos los agentes implicados (es decir, los servicios de la Comisión, la ESA y los Estados miembros).

1.7

Se necesitan dispositivos formales para consultar a la industria, en particular a las pymes. Una parte suficiente del presupuesto asignado al programa Copernicus debe destinarse a nuevos servicios y aplicaciones.

1.8

El sector espacial requiere una mano de obra altamente cualificada con contratos apropiados. Es preciso velar continuamente por que disponga de las competencias adecuadas, gracias a la educación y la formación continua, facilitando su movilidad.

1.9

En todos los países, las consideraciones estratégicas de seguridad y defensa constituyen la fuerza motriz de la política espacial. Las nuevas políticas y acciones de la UE en materia espacial se basan en el artículo 173 y, en particular, en el artículo 189 del TFUE. Deben estar amparadas en un mayor acuerdo entre los Estados miembros por lo que respecta a las cuestiones de seguridad y defensa, y, por lo tanto, en una perspectiva más amplia de la política exterior de la UE. Por otra parte, las experiencias en política espacial pueden, en algunas áreas bien definidas, ser ejemplares para la defensa europea. Dichas experiencias deberían tenerse en cuenta en el próximo debate sobre la defensa europea.

1.10

Es cierto que la política industrial espacial de la UE puede impulsar una «base industrial competitiva, sólida, eficiente y equilibrada en Europa», dando apoyo tanto a los servicios públicos como a las empresas y los ciudadanos. Sin embargo, el sector todavía es frágil, y la crisis añade nuevos elementos de incertidumbre. ¡Ha llegado la hora de ponerla en práctica!

1.11

En este contexto el CESE apoya totalmente los cinco objetivos definidos por la Comisión: un marco regulador coherente y estable; una base industrial sólida, con la participación de las pymes; competitividad y rentabilidad; mercados para aplicaciones y servicios espaciales; la no dependencia tecnológica y un acceso independiente al espacio (3).

1.12

La posición de Europa en el mundo debe consolidarse y reforzarse mediante la mejora del rendimiento y la competitividad de la industria europea, siguiendo el ritmo de las ambiciones de otras potencias espaciales y de las tecnologías de vanguardia, buscando la mejor relación coste-eficacia a lo largo de las cadenas de valor y desarrollando mercados para las aplicaciones y servicios espaciales.

2.1

Por motivos de seguridad y defensa, la política espacial se ha desarrollado fuera del marco del Tratado de la UE. En este ámbito, los Estados miembros tenían sus propias estrategias espaciales, y los intereses comunes europeos se canalizaban, en cierta medida, a través de los proyectos industriales y de I+D de la ESA.

2.2

En 2003, el acuerdo marco firmado entre la ESA y la UE supuso el inicio de una nueva fase. El 7PM se asoció a proyectos de investigación y brindó la posibilidad de formular una política industrial sectorial de la UE. Las inversiones tanto preliminares como ulteriores se intensificaron, la competencia aumentó y las empresas privadas especializadas desarrollaron nuevas aplicaciones y servicios.

2.3

El CESE respaldó firmemente la estrategia de la UE por la que se combinaba el concepto de la ESA con una mayor implicación de las instituciones europeas, así como las propuestas y decisiones concretas a tal fin (4).

2.4

En dictámenes ulteriores, el CESE subrayaba la importancia de las políticas espaciales de la UE para los servicios públicos, las empresas y, sobre todo, los ciudadanos. Asimismo, respaldaba los progresos realizados en varios ámbitos específicos, como el Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES), el componente espacial del GMES y la idea de una estrategia espacial al servicio del ciudadano (5).

2.5

En 2012, el CESE abogaba por la financiación del GMES con cargo al marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020 (6). El 8 de febrero de 2013, el Consejo decidió asignar 3,78 millones de euros al GMES –a partir de entonces denominado Copernicus–, 6 300 millones al programa Galileo y 1 700 millones a las actividades de I+D en el marco del programa Horizonte 2020. Esta decisión todavía debe ser aprobada por el PE.

2.6

La reciente Comunicación de la CE acerca de la política de la UE sobre industria espacial constituye un nuevo paso adelante, cuya necesidad se explica porque en la actualidad, Europa va perdiendo terreno no solo respecto de la mayoría, sino de todas las demás potencias espaciales  (7).

3.1

Las circunstancias han cambiado de manera drástica. En todo el mundo, las inversiones de las nuevas potencias espaciales emergentes conocen un rápido aumento. Estados Unidos sigue a la cabeza, con un volumen de negocios del sector espacial diez veces mayor que en Europa. China y la India se están convirtiendo en competidores de peso. Rusia, por su parte, ha anunciado recientemente que incrementará su presupuesto espacial de manera sustancial.

3.2

Priman las consideraciones estratégicas de autonomía y autosuficiencia. En China, India y Japón, y prácticamente en Rusia, todo este mercado es al 100 % institucional. En Estados Unidos, este porcentaje supera el 70 %. En Europa, por el contrario, el 50 % del mercado depende del sector privado. Cabe señalar que, en términos de volumen, el 20 % de la cuota de mercado que posee el sector privado en Estados Unidos representa más que el 50 % de la cuota de mercado que tiene el sector privado en Europa.

3.3

El mercado global aumenta, al tiempo que la competencia se intensifica a consecuencia de la aparición de nuevas potencias espaciales. Esto supone una amenaza para la posición, ganada a pulso, de la industria europea, ya que se interponen barreras y las nuevas potencias aplican políticas agresivas de exportación. Debido a la reducción del presupuesto para defensa, el sector espacial estadounidense también se está volcando hacia la exportación mundial.

3.4

En tales circunstancias, el CESE respalda plenamente el objetivo de mantener un acceso europeo independiente al espacio, tal como se defiende en una serie de Conclusiones del Consejo y en diversas Comunicaciones de la Comisión Europea. Muy acertadamente, el Consejo y la Comisión hacen ahora mayor hincapié en la necesidad de la autonomía europea en ámbitos estratégicos del sector espacial, fomentando y preservando el acceso independiente de Europa al espacio.

3.5

Hoy por hoy, Europa todavía depende sustancialmente de la tecnología estadounidense. Para reducir esta dependencia y garantizar una producción ininterrumpida de conocimiento y material de alta tecnología se precisan esfuerzos importantes por parte de los gobiernos nacionales, la ESA y la UE.

3.6

La previsibilidad, seguridad y continuidad de los compromisos resultan indispensables para emprender actividades a largo plazo y de alto riesgo. Aunque va camino de la plena madurez, el sector sigue dando muestras de fragilidad, en particular en lo que se refiere a las pymes, que son cruciales para el desarrollo de aplicaciones. La crisis actual aumenta esta vulnerabilidad.

4.1

En este difícil contexto, la Comisión ha presentado su propuesta para instaurar una política industrial activa de la UE, sobre la base de los artículos 173 y 189 del TFUE.

4.2

Por primera vez, la Comisión ha elaborado un análisis pormenorizado de los desafíos que se plantean, como resultado de las consultas llevadas a cabo con toda una serie de agentes públicos y privados. Este análisis, ampliamente aceptado, constituye un elemento esencial para justificar el salto del actual presupuesto de la ESA, que asciende a aproximadamente 4 000 millones de euros, a un presupuesto espacial adicional para 2014-2020 de 11 000 millones de euros. A la vista de las políticas agresivas de otras potencias espaciales, se trata de un decisivo paso adelante.

4.3

Esta financiación suplementaria constituye también un buen punto de partida en un sector que tenderá a crecer considerablemente en los próximos diez años, por dos razones:

4.4

Un número cada vez mayor de actividades utiliza los servicios espaciales: la seguridad, la agricultura, el transporte, el desarrollo regional, la vigilancia de los océanos, la meteorología, las telecomunicaciones, la radiodifusión y la superación de la brecha digital.

4.5

Adicionalmente, el espacio prestará apoyo a una serie de cuestiones globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la pesca, la deforestación, la gestión de los recursos naturales o la gestión de las catástrofes. Europa debería dotarse de su propio sistema global para desempeñar plenamente el papel que le corresponde de acuerdo con su posición económica en el mundo. Es preciso sensibilizar al público sobre esta cuestión.

4.6

El CESE respalda plenamente la decisión de que, para crear las condiciones adecuadas, la UE aproveche las oportunidades que brinda una política industrial proactiva. Lo considera como una manera de concretar el concepto más amplio de política industrial de la UE tal como se hace constar en las Comunicaciones de la Comisión de 2010 y 2012 sobre política industrial.

4.7

Debería garantizar un acceso independiente de Europa al espacio –y las tecnologías pertinentes-, concibiendo y desarrollando sistemas espaciales, así como lanzando y explotando programas espaciales. La autosuficiencia y la verificación independiente de los datos resultan indispensables, en particular respecto de China, pero también de países amigos, como Estados Unidos, con los que Europa necesariamente compite.

4.8

El grueso de las políticas industriales, que se rige por estrategias nacionales, sigue siendo competencia de los Estados miembros. Estas estrategias forman parte del ámbito, más amplio, de la política de seguridad y defensa, lo que explica también el estrecho vínculo entre los gobiernos y la investigación y las industrias nacionales. Esto supone interponer barreras internas y, por consiguiente, se traduce en la fragmentación y compartimentación, lo que, a su vez, hace que Europa se vaya quedando rezagada.

4.9

Todo ello subraya la necesidad de unas condiciones de competencia equitativas para una política industrial de la UE. La Comisión debería fijar criterios claros para definir de manera precisa el concepto de «condiciones de competencia equitativas». Clarificar bien este concepto también es fundamental para poder adoptar medidas de «reciprocidad» a la hora de abrir mutuamente los mercados internacionales con terceros países.

4.10

El CESE insiste en que el objetivo final debe ser unas condiciones de competencia equitativas y, a nivel interno, una competencia transparente en la Unión. Esto contribuirá considerablemente a seguir el ritmo de la evolución en el resto del mundo.

4.11

Por lo que se refiere a la política de I+D de la Comisión, el CESE señala que debe darse respuesta a dos cuestiones esenciales:

4.12

Estas cuestiones deben verse a la luz de la reducción de los presupuestos asignados por los Estados miembros a la I+D. El gasto global sigue siendo más o menos el mismo, gracias a la compensación que supone la participación financiera de la Comisión. La única excepción la constituye Alemania, que recientemente ha aumentado en un 10 % su presupuesto de I+D en el ámbito espacial.

4.13

Como el CESE ya ha señalado en varias ocasiones, para tener éxito una política industrial debe ser transversal: debe garantizarse la coordinación de las diferentes direcciones generales de la Comisión implicadas para alcanzar todos los objetivos fijados por la DG de Empresa como, por ejemplo, con la DG CONNECT sobre las comunicaciones por satélite y con la DG de Comercio sobre la apertura de los mercados y la garantía de la seguridad del suministro de componentes esenciales.

5.1

La ciencia y la tecnología son fundamentales. El CESE subraya una vez más la gran importancia de la ESA para la política espacial europea. Teniendo en cuenta los obstáculos que deben superarse en cualquier marco intergubernamental, los resultados previos y actuales de la ESA son incuestionables. Desde su creación ha contribuido de manera significativa a que las actividades espaciales europeas sean lo que son. La ESA ha desempeñado un papel indispensable en materia de I+D en el ámbito espacial y, en cierta medida, también en las actividades industriales, aunque solo sea por la positiva relación calidad-precio de los productos.

5.2

Para los gobiernos y la industria, la ESA es un socio bien preparado. Por consiguiente, sus logros constituyen un eslabón de primer orden en la cadena que sienta y refuerza las bases de la industria europea. Además, el actual sistema de «justo retorno» ha incitado a los gobiernos a supervisar los resultados globales de la I+D y las actividades subsiguientes en sus respectivos países.

5.3

Sin embargo, poco a poco se ha visto que es preciso abrir nuevas vías, si verdaderamente se aspira a que la UE sea un agente competitivo a nivel mundial. El Acuerdo marco de 2003 entre la ESA y la UE supuso un aumento de las políticas y los recursos financieros de la UE, así como el fomento de la competencia y la competitividad. Se iniciaba así una fructífera asociación entre la ESA y la UE. Un compromiso permanente de la ESA constituirá una piedra angular para cualquier política industrial espacial de la UE.

5.4

Dicho esto, la rápida evolución de las circunstancias actuales exige una evaluación precisa de los procedimientos y procesos, así como una utilización óptima de los recursos financieros, a fin de apoyar el mantenimiento de la competitividad y la resistencia de las empresas europeas.

5.5

La ESA desempeña un papel reconocido a la hora de sentar unas bases sólidas para que Europa pueda explotar sus propios sistemas espaciales mediante aplicaciones específicas integradas, pero todavía no somos plenamente conscientes del apoyo que puede prestar a las políticas de la UE. Una cooperación más estrecha entre la UE y la ESA debería imprimir un fuerte impulso en este sentido.

5.6

Se precisan nuevos enfoques y mecanismos para respaldar una política firme de despliegue eficaz y explotación sostenible de los sistemas operativos espaciales. De la misma manera, debe procederse a europeizar efectivamente los recursos, a fin de alcanzar los tres objetivos siguientes:

5.7

Las decisiones adoptadas recientemente se hallan en consonancia con la modernización defendida por el CESE en su dictamen de 2008 (8). Ya entonces, el CESE subrayaba que la creciente madurez del mercado espacial requerirá una mayor flexibilidad, la cual, en una época con ciclos tecnológicos cada vez más rápidos y sinergias y aplicaciones cada vez mayores, no se asegura, en general, mediante unas relaciones fijas como las resultantes del principio de «justo retorno» que practica la ESA (9).

5.8

Es necesario evitar los cambios bruscos. Por este motivo, el CESE solicitaba un análisis y un diálogo sobre los resultados deseados para Europa en los próximos diez años: «el diálogo debería abordar la forma de financiación de la ESA, la contribución dinámica de las empresas medianas y el mantenimiento del mayor nivel posible de competencia» (10).

5.9

El CESE considera que la Resolución del Consejo del pasado noviembre relativa a la relación entre la UE y la ESA (11), junto con el nuevo marco financiero adoptado el 8 de febrero, constituye una aplicación concreta de su recomendación de 2008. La UE entra en una nueva fase.

5.10

Al poner en práctica las decisiones adoptadas, la ESA, gracias a su larga experiencia, será responsable de la gestión ejecutiva, pero sobre la base de la normativa europea. Si se lleva a cabo adecuadamente, se logrará un equilibrio óptimo entre las competencias de la ESA y los mecanismos de mercado habituales de la UE.

5.11

Todavía no puede preverse cómo funcionarán los métodos de trabajo acordados, especialmente en la primera fase. A pesar de los ligeros cambios registrados en los últimos dos años, durante los cuales los enfoques de mercado recibieron un impulso, se ha establecido una nueva relación con la ciencia y la investigación en el ámbito espacial. Por ello, el Comité acoge favorablemente el hecho de que se realice una diferenciación viable entre el principio habitual de la ESA sobre el justo retorno (que tiene por objeto crear y utilizar en Europa una industria espacial diversificada) y la normativa sobre mercado interior de la UE, de obligado cumplimiento para la Comisión, para así aumentar la fructífera cooperación entre la Comisión y la ESA y seguir reforzando la industria espacial europea.

5.12

Este aspecto se abordó también en el dictamen complementario de la CCMI sobre este tema. Entretanto, algunas cuestiones importantes que figuraban en él han podido resolverse de modo satisfactorio.

6.1

A la hora de elaborar la política espacial en virtud del artículo 189, las competencias paralelas de la Comisión y de los Estados miembros deben articularse lo más posible. Además, los Estados miembros deberían tomar la iniciativa de cooperar entre ellos sobre cuestiones específicas. La Comisión puede supervisar estos procesos.

6.2

En un entorno dinámico y competitivo en constante evolución, deben fijarse las condiciones adecuadas que permitan asegurar una sólida base competitiva a la industria de la UE. Por este motivo, el CESE insiste en que, de ahora en adelante, la industria debería contar con una representación formal en los órganos consultivos, en particular cuando se trata de áreas donde operan empresas más pequeñas. Las condiciones deben determinarse de manera abierta y transparente.

6.3

Entre las cuestiones que deben debatirse se encuentran una política libre y abierta en materia de datos, así como la calidad, las normas y la certificación. Los servicios los prestarán tanto órganos del sector público como agentes privados, lo que hace necesario un control eficaz.

6.4

Unos mecanismos de consulta consolidados respaldarán el enorme potencial de las pymes. Una parte suficiente del presupuesto asignado a los programas Copernicus y Galileo debe utilizarse para desarrollar nuevos servicios y aplicaciones.

6.5

Dado que el sector se caracteriza por una importante intensidad tecnológica, su mano de obra es, por lo general, altamente cualificada. En todo el mundo, el sector espacial emplea a 800 000 trabajadores, de los cuales un 25 % trabaja en Estados Unidos y un 4 % (!) en Europa. Hay una necesidad creciente de trabajadores cualificados para reforzar el potencial europeo y generar sinergias beneficiosas. Los contratos de trabajo dignos deberían ser la norma para aumentar el atractivo del sector.

6.6

El espacio alimenta la imaginación de los más jóvenes. El CESE insiste en la necesidad de una política laboral activa, que se base en una educación y una formación continua y se impulse en la educación superior técnica, incluyendo una estrecha relación con la investigación y la innovación. Así también se fomentará una deseable y apropiada movilidad.

6.7

Dada la importancia preponderante del mercado institucional, la política industrial del sector espacial está estrechamente asociada a las políticas de contratación pública. Estas deberían satisfacer requisitos estrictos de calidad y transparencia. El CESE subraya que la industria acogería muy positivamente la elaboración de una política específica de contratación pública en el ámbito espacial, en la que la UE participe directamente, una vez que la Comisión y los Estados miembros hayan determinado su ámbito de aplicación.

6.8

Tal política sentará las bases para que la UE asuma su papel de propietaria de infraestructuras espaciales europeas y de cliente de servicios apoyados en el sector espacial para aplicar un amplio abanico de políticas públicas.

6.9

El CESE subraya el papel fundamental de las regiones y del compromiso regional a la hora de impulsar el desarrollo de actividades de la industria espacial. En general, se subestima el papel de las regiones. Estas deben ser informadas y equipadas adecuadamente para beneficiarse de un posible impacto positivo del uso eficiente de los servicios espaciales.

6.10

Faltan evaluaciones cuantitativas de mercado satisfactorias, lo que se traduce en una falta de datos fiables sobre la incidencia final de la investigación en materia espacial en aplicaciones concretas. Se debe profundizar en el conocimiento analítico tanto de las fases previas como de las fases finales de la cadena.

6.11

Un análisis de Euroconsult defiende, entre otras cosas, que en Estados Unidos las inversiones en las fases previas generan el doble de actividades rentables al final de la cadena que en Europa. Esta afirmación se ha rebatido, pero nunca ha llegado a refutarse analíticamente (12). Para la UE, otro modelo interesante, único en su género, es un análisis actualizado del impacto económico de los diferentes segmentos de la industria espacial del Reino Unido (13).

6.12

El CESE anima a la Comisión, a la ESA y a los Estados miembros a que sigan realizando análisis conjuntos de los diferentes segmentos del sector, y que los enmarquen en una perspectiva mundial. Disponer de cifras consolidadas sobre (creación de) empleo, tasas de crecimiento y aplicaciones reforzará la importancia del sector y apuntalará el respaldo público de que goza en la actualidad.

7.1

En opinión del CESE, al igual que ocurre con las políticas espaciales de los competidores de la UE, una política espacial europea arrojaría mejores resultados si estuviese amparada en un acuerdo creciente entre los Estados miembros en relación con cuestiones estratégicas de seguridad y defensa, y, por lo tanto, en una perspectiva más amplia de la política exterior de la UE. Asimismo, habría que tener en cuenta este vínculo en el próximo debate sobre la defensa europea.

7.2

La cooperación europea en materia espacial se halla considerablemente más desarrollada que en cualquier otro sector de la defensa. Las actividades espaciales relacionadas con la defensa también pueden relacionarse con la elaboración de la política de defensa de la UE, bien como ejemplos, bien como proyectos piloto. ¡El CESE señala que una propuesta en este sentido ya se formuló en 1987! Nunca se le ha dado seguimiento.

21.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 341/35

1.1

El CESE valora positivamente la decisión de la Comisión de publicar, por segundo año consecutivo, un informe sobre el estado de la «Unión por la innovación» en el que constata un notable avance, sobre todo si se tiene en cuenta que se está llevando a cabo con arreglo a los planes el 80 % de los compromisos recogidos en dicha iniciativa emblemática. El CESE coincide en que se han registrado progresos, especialmente por lo que respecta al marco político, algo que se debe poner en relación con la aplicación de los objetivos concretos. Así pues, el Comité espera que se haya cumplido la totalidad de los 34 objetivos de aquí a finales de 2014.

1.2

A pesar de los logros alcanzados en 2012 en algunos ámbitos relevantes, como la patente única y la nueva normativa sobre fondos de capital riesgo, no hay motivos para la autocomplacencia. La Unión por la Innovación no ha dado hasta la fecha frutos en términos de crecimiento económico y creación de empleo. Del mismo modo, tampoco hemos visto avances de gran calado en la competitividad del Espacio Europeo de Investigación a nivel mundial.

1.3

El CESE señala con especial preocupación la tendencia en la mayor parte de los Estados miembros a una reducción, ya por segundo año consecutivo, del gasto presupuestario en I+D. Igualmente inquietante es la brecha que se abre cada vez más entre Estados miembros y entre regiones en materia de innovación. Va a ser necesario replantearse la eficacia de la política de cohesión regional y de los Fondos Estructurales en todo lo relacionado con la Unión por la Innovación, especialmente por lo que respecta a la fuga de cerebros desde las regiones con capacidades limitadas hacia centros de investigación ya asentados.

1.4

La crisis ya ha obligado a Europa a ahondar en la integración para garantizar la estabilidad macroeconómica y el funcionamiento de la unión monetaria. El CESE se muestra convencido de la necesidad de una integración mayor y más profunda también en el ámbito de la I+D si verdaderamente queremos que el proyecto de la Unión por la Innovación se traduzca en una mayor competitividad de los conocimientos europeos, el crecimiento económico y la creación de empleo. El CESE insta al Consejo Europeo a que, en las conclusiones de la cumbre de octubre, respalde profundizar en el concepto de la Unión por la innovación.

1.5

El CESE cree firmemente que, aunque se cumplan sus 34 obligaciones, es preciso que la Unión por la Innovación vaya más allá y, en ese sentido, apoya las recomendaciones de la Oficina del Espacio Europeo de Investigación e Innovación (1) y la respuesta de la Comisión a dichas recomendaciones. Al mismo tiempo, insta a la Comisión a que elabore cuanto antes una lista que recoja las medidas y ámbitos en los que es posible y urgente profundizar. En particular, el Comité ve posible profundizar propiciando en mayor medida un entorno favorable al rápido crecimiento de las empresas innovadoras, la innovación en el sector público, la innovación social, así como los nuevos modelos empresariales innovadores, que podrían transformar radicalmente el modo de pensar y los planteamientos actuales respecto de las soluciones innovadoras.

1.6

El buen funcionamiento del Espacio Europeo de Investigación es un componente indispensable de la Unión por la Innovación. A pesar del pleno apoyo del Consejo Europeo, el CESE duda que esta iniciativa se lleve a cabo antes de finales de 2014, puesto que no constata ningún avance en las áreas clave: movilidad de los investigadores, eficacia de los sistemas nacionales de investigación, optimización del uso de las infraestructuras de investigación, uso competitivo de los fondos nacionales de investigación, realización del mercado de derechos de propiedad intelectual, etc. Por consiguiente, el CESE pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen cuanto antes el cumplimiento de todas las condiciones necesarias para el desarrollo del EEI, tal como propone la Comisión en su Comunicación (2).

1.7

El CESE acoge con satisfacción los avances a la hora de crear unas infraestructuras punteras de investigación de ámbito paneuropeo, así como los alentadores resultados que han arrojado en un primer momento las asociaciones europeas para la innovación. Considera que, en algunos casos, estas asociaciones constituyen modelos aún por comprobar y completar, por lo que solicita a la Comisión que, basándose en las experiencias registradas hasta la fecha, elabore un análisis exhaustivo de su eficacia, así como unas condiciones uniformes para su funcionamiento y financiación.

1.8

El sistema de apoyo a la investigación e innovación en Europa sigue siendo demasiado complejo, lo que aleja en particular a la pequeña y mediana empresa de los proyectos de investigación de la UE. Además de unos requisitos administrativos complejos y largos, existen diferencias considerables entre los procedimientos de los programas a escala regional, nacional y europea.

1.9

El Comité señala las grandes posibilidades de incentivar la innovación estableciendo objetivos más innovadores para la contratación pública. Por ello, invita a los Estados miembros a que recurran más a la contratación precomercial y pongan en común sus experiencias y modelos de contratación pública favorables a la innovación. Este planteamiento debería aplicarse también a la contratación pública financiada con cargo a los Fondos Estructurales.

1.10

La reforma de los sistemas educativos debería, entre otras cosas, dotar a Europa de muchos más científicos e ingenieros muy cualificados (3). El CESE cree que sería favorable incluir en sus planes de estudio la formación empresarial y las capacidades de gestión, ya que son aspectos fundamentales para convertir verdaderamente las buenas ideas en proyectos de éxito. El Comité pide que se incluya a las empresas y los interlocutores sociales en la elaboración de los planes de estudio y en la gestión de los programas de doctorado.

1.11

El CESE desearía destacar una vez más la función específica que desempeña la innovación social, que podría asumir un papel importante en la lucha contra la crisis y los demás desafíos que afronta la sociedad moderna. Por consiguiente, deberán desarrollarse todos aquellos mecanismos de apoyo que sean también accesibles a los potenciales innovadores sociales en la sociedad civil y en la economía social. El CESE pide a la Comisión que preste su apoyo a la creación de viveros para los proyectos sociales innovadores.

2.1

La Unión por la Innovación es una de las siete iniciativas emblemáticas anunciadas en la Estrategia Europa 2020. Su objetivo estriba en crear en Europa un entorno más afín a la innovación y garantizar, de ese modo, que las ideas innovadoras se convierten en productos y servicios que generen crecimiento y empleo. Los estudios demuestran que los países que más han invertido en I+D en el pasado presentan una recuperación bastante más rápida y unos índices de empleo más elevados (4).

2.2

En su comunicación sobre el «Estado de la Unión por la Innovación 2012» (5), la Comisión Europea resume por segundo año consecutivo los logros que se han llevado a cabo en cada Estado miembro y a nivel europeo en la ejecución de la Unión por la Innovación, una de las iniciativas emblemáticas fundamentales de la Estrategia Europa 2020.

2.3

En términos generales, la Comisión constata un progreso considerable en la aplicación de esta iniciativa. Más del 80 % de los proyectos están bien encaminados. Los Estados miembros están centrándose cada vez más en crear un entorno empresarial propicio a la innovación mediante reducciones fiscales a las inversiones en investigación, disminución de los impuestos sobre los beneficios de las patentes, facilidades para acceder al capital riesgo, etc.

2.4

Sin embargo, en la comunicación se menciona una serie de tendencias preocupantes que son, en su mayoría, consecuencia de la crisis económica y de los grandes déficits presupuestarios:

2.5

Una conclusión fundamental de la comunicación es que Europa debe redoblar su compromiso por ofrecer un crecimiento basado en la innovación. Para conseguir este objetivo, es urgente desarrollar en mayor medida la Unión por la Innovación. Hoy por hoy, no está aún claro en qué ámbitos, con qué medidas y por qué medios tendrá lugar este proceso.

3.1

El CESE acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de elaborar anualmente un análisis del estado de la Unión por la Innovación. Se trata de una iniciativa emblemática de la Estrategia Europa 2020. Un oportuno análisis de los resultados facilita la adopción de medidas correctoras en aquellos ámbitos que no evolucionen en el sentido adecuado.

3.2

Práctica habitual a la hora de aplicar nueva legislación de la UE, un período de dos años es demasiado breve para efectuar una verdadera evaluación de los resultados conseguidos (6). En cualquier caso, el CESE valora que, en mayor o menor medida, el marco político de la Unión por la Innovación sea una realidad establecida, aun cuando todavía no se hayan hecho patentes los resultados en términos de crecimiento económico o de creación de empleo.

3.3

En el contexto de este abrumador debate que todo lo envuelve sobre los déficits presupuestarios públicos, los recortes impopulares y la caída en picado de la confianza en el proyecto europeo, la Unión por la Innovación constituye una de las historias más positivas y de mayor éxito. La mayor parte de los compromisos de la Unión por la Innovación va, en mayor o menor medida, por el buen camino. Por consiguiente, el CESE tiene motivos razonables para esperar el cumplimiento de todos y cada uno de los 34 compromisos de aquí a finales de 2014.

3.4

El CESE acoge con satisfacción los avances en la creación de una infraestructura prioritaria de investigación paneuropea gracias al papel y a la actividad eficaz del ESFRI (7). De los 48 proyectos que figuran en la lista de este foro, 27 se encuentran ya en fase de aplicación, lo que augura un buen cumplimiento del objetivo de construir un 60 % de las infraestructuras europeas prioritarias en materia de investigación antes de 2015 (8). En opinión del Comité, Europa no está haciendo lo suficiente para coordinar y optimizar el uso de sus infraestructuras de investigación.

3.5

El nuevo concepto de las asociaciones europeas para la Innovación, cuyos proyectos piloto iniciales van encaminados a resolver desafíos sociales fundamentales (9), ha ofrecido hasta la fecha una imagen alentadora: envejecimiento, agua, materias primas, agricultura sostenible y problemas urbanos. Su objetivo estriba en reunir a las partes interesadas de todos los niveles, superar la fragmentación y proporcionar una masa crítica. A pesar de estos signos positivos, algunas asociaciones europeas están aún pendientes de ser comprobadas y completadas. Por todo ello, el CESE pide a la Comisión que, basándose en las experiencias registradas hasta la fecha, elabore cuanto antes un análisis exhaustivo de su eficacia, así como unas condiciones uniformes para su futuro funcionamiento y financiación.

3.6

A pesar de los indudables progresos alcanzados en algunos ámbitos, tampoco hay margen para la autocomplacencia. El CESE establecerá más adelante cuáles son aquellos ámbitos en los que las mejoras efectuadas no son aún suficientes, y en cuyo caso se necesita una actuación rápida y eficaz.

3.7

El sistema de apoyo a la investigación y el desarrollo sigue siendo excesivamente complejo en Europa Los beneficiarios potenciales han de hacer frente en la actualidad al abrumador número de instrumentos existentes (programas nacionales y regionales, iniciativas intergubernamentales y procedimientos de financiación de la UE). Tampoco se ha reducido considerablemente la carga burocrática. Todo ello obstaculiza la cooperación transfronteriza y aleja, en especial, a las PYME y a las microempresas de los proyectos de investigación de la UE. Además de las cargas administrativas, también existen considerables divergencias en materia de procedimiento.

3.8

El punto de partida de la Unión por la Innovación debe basarse en un sistema educativo de excelencia y moderno en todos los Estados miembros, lo que implica también reformar la enseñanza de nivel superior. Las empresas participan muy poco todavía en la elaboración de los planes de estudio y en la gestión de los programas de doctorado. Así pues, el CESE pide una vez más que se permita una participación activa de los interlocutores sociales en la futura planificación de los sistemas educativos. Además, el CESE aboga por incluir las capacidades gestoras y empresariales en la educación de los futuros ingenieros y científicos a fin de facilitar y promover la transformación de buenas ideas en proyectos que se puedan comercializar con éxito

3.9

El CESE apoya una amplia definición de la innovación, extensible a numerosos ámbitos. En sus dictámenes precedentes, el Comité ha venido destacando una y otra vez el papel específico de la innovación social  (10), que a menudo procede directamente de las organizaciones de la sociedad civil. Muchos de los aspectos de los sistemas europeos de bienestar social son el fruto de ideas innovadoras provenientes de los interlocutores de la sociedad civil y de la economía social. Por todo ello, el apoyo a la innovación ha de incluir a todos los ámbitos de la sociedad, mientras que los mecanismos de financiación deben reflejar la extraordinaria diversidad de la innovación.

3.10

Seguimos siendo poco eficaces a la hora de comercializar las ideas innovadoras. Igualmente, las compañías innovadoras, y en especial las pequeñas empresas innovadoras, afrontan todavía dificultades para acceder a la financiación (escasez de fondos de capital riesgo, como consecuencia de la crisis financiera). Es frecuente que el carácter emprendedor y la innovación vayan de la mano. En Europa, hemos sido tradicionalmente menos tolerantes ante la posibilidad de un fracaso empresarial, y somos incluso más reticentes hacia los proyectos innovadores de riesgo. El mercado único del capital (especialmente en el ámbito del capital riesgo) no funciona todavía. La aparición de nuevas modalidades para la financiación de las empresas innovadoras –como la financiación colectiva (crowdfunding) o los inversores providenciales (business angels)– es demasiado lenta. El Instrumento de Financiación de Riesgos Compartidos ha resultado ser una experiencia muy positiva pero, lamentablemente, no puede dar hacer frente a la demanda.

3.11

La culminación del mercado único a efectos de la innovación depende en gran medida del buen funcionamiento del mercado único europeo. Este debe afrontar todavía numerosos obstáculos y deficiencias, especialmente en el ámbito de la libertad de circulación de servicios y capitales (11). El CESE propone una vez más a la Comisión que se plantee la creación de una base de datos electrónica paneuropea (en forma de un motor de búsqueda) que recoja los conocimientos específicos de cada empresa y centro de investigación al objeto de facilitar una labor más rápida en redes de empresas y otras organizaciones, y permitirles así adherirse a proyectos innovadores (tal vez en el contexto de la Red Europea de Empresas ya existente) (12).

3.11.1

Los obstáculos para la culminación del mercado único de derechos de propiedad intelectual se inscriben en esta misma categoría. Si por fin ha visto la luz la patente europea única –un importante logro–, los procedimientos no han entrado todavía en funcionamiento.

3.12

Europa va también rezagada a la hora de culminar un mercado innovador de contratación pública, especialmente por lo que respecta a los mecanismos de contratación pública (13). Las licitaciones públicas destinadas a promover la innovación son a todas luces insuficientes en la UE. Por consiguiente, el CESE solicita a los Estados miembros que hagan un uso considerablemente mayor de la contratación precomercial, que, según cálculos de la Comisión, lograría incrementar el mercado de la contratación en 10 000 millones de euros. A este respecto, el Comité remite también a las propuestas del Parlamento Europeo para modernizar la contratación pública (14). La contratación pública cofinanciada con cargo a los Fondos Estructurales debería utilizarse también en mayor medida para aumentar la demanda de productos y servicios innovadores.

3.13

El Espacio Europeo de Investigación, sinónimo de mercado único en la investigación y la innovación, constituye una de las condiciones fundamentales para llevar plenamente a la práctica el concepto de la Unión por la Innovación. El Consejo Europeo ha fijado el plazo para su realización en 2014 (15). Esto significa que, para entonces, tienen que haber desaparecido todos los principales obstáculos a la movilidad y a la cooperación transfronteriza, recurriendo también a un mercado laboral abierto para los investigadores, la creación de fondos de pensiones adicionales, un flujo óptimo de conocimientos y resultados de las investigaciones, así como un uso más competitivo de los recursos nacionales dedicados a la investigación. El CESE ya ha expresado de manera más detallada sus puntos de vista sobre la puesta en marcha del EEI en un dictamen (16) en el que manifestaba su preocupación por considerar que 2014 es un plazo demasiado ambicioso.

3.14

La prioridad a la hora de financiar e incentivar la innovación debe quedar reflejada en todos y cada uno de los programas de financiación de la UE –incluidos los Fondos de Cohesión–, y no verse circunscrita al programa de competitividad e innovación. Consiguientemente, el Comité solicita a los Estados miembros que aprovechen las oportunidades que brinda el nuevo Reglamento de los Fondos Estructurales (17).

3.15

Para garantizar el funcionamiento adecuado de la Unión por la Innovación, es necesario llevar a cabo un esfuerzo sostenido y una cooperación eficaz a cualquier nivel, ya sea local, nacional o de la UE. También es necesario prestar mayor atención al papel de la política de innovación regional, que podría ayudar considerablemente a poner freno a la fuga de cerebros de unas regiones a otras que presentan limitaciones en su capacidad para crear centros de investigación europeos.

4.1

En opinión del CESE, el cumplimiento de los 34 compromisos recogidos en la iniciativa emblemática no es más que el primer paso para lograr una verdadera Unión por la Innovación. Si lo que pretendemos es aportar una contribución notable en favor de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la profundización será necesaria en la siguiente fase, lo que implicará mucha más integración y coordinación de las políticas nacionales de I+D con las políticas y actividades de la UE. El CESE pide a la Comisión que elabore sin demora una lista de medidas y ámbitos específicos en los que esta profundización no sólo sea posible, sino necesaria.

4.2

El CESE considera que queda mucho margen para ahondar en numerosos ámbitos, entre los que cabe mencionar:

4.3

El CESE apoya las conclusiones y recomendaciones de la ERIAB (18), que ha llevado a cabo la primera «prueba de resistencia» de la Unión por la Innovación. En este informe, la Oficina manifiesta la necesidad de replantearse de manera radical la futura estrategia europea de crecimiento, que debería basarse más en el conocimiento y la innovación. Entre otros desafíos fundamentales, menciona:

4.4

El CESE sugiere a la Comisión que considere algunos instrumentos específicos destinados a promover el desarrollo de modelos de negocios nuevos e innovadores. Una posible idea sería el uso de los denominados «cheques de innovación».

4.5

En las iniciativas emblemáticas se invitaba al CESE a animar a las empresas, los interlocutores sociales y las ONG que representa a que prestaran su apoyo a la Unión por la Innovación y a que ayudaran a divulgar las mejores prácticas. Proponemos que el Comité, recurriendo en especial a su Comité Directivo Europa 2020, elabore una lista concreta de iniciativas y actividades que, a través de los interlocutores sociales, los consejos económicos y sociales nacionales y otras organizaciones de la sociedad civil, le permitan aportar una mayor contribución que hasta la fecha para establecer una relación de confianza con la Unión por la Innovación.

21.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 341/40

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge favorablemente la propuesta de la Comisión dirigida a garantizar a cada ciudadano europeo el acceso a una cuenta bancaria y a mejorar la comparabilidad de los gastos y la movilidad. La propuesta pretende combatir la exclusión financiera y facilitar la participación de los consumidores en el mercado interior.

1.2

Considera que el instrumento de la directiva es el más adecuado para dar efectividad a estas medidas, que redundarán en beneficio tanto de los consumidores como de los proveedores de servicios de pago. Contribuirán a la plena realización del mercado único en el ámbito de los servicios financieros y a suprimir los obstáculos a la libre circulación de las personas, los bienes, los servicios y los capitales. No obstante, el ejercicio de este derecho deberá respetar las normas de la Unión sobre el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y no favorecer la evasión fiscal. El Comité considera, además, que es necesario prestar la mayor atención a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

1.3

Lamenta, sin embargo, el alcance limitado de determinadas medidas. Recomienda que la armonización de la terminología se aplique a todos los gastos y que el documento de información no incluya únicamente la lista de las operaciones más representativas. Considera que los consumidores solo podrán elegir con conocimiento de causa si pueden comparar los gastos aplicables a todas las operaciones corrientes, ya que cada cual tiene necesidades diferentes.

1.4

Aprueba las disposiciones encaminadas a mejorar la transparencia, especialmente de los servicios ofrecidos en paquetes, ya que el consumidor debe poder comparar las distintas fórmulas propuestas por los proveedores de servicios de pago y determinar así la más ventajosa y más adaptada a su situación.

1.5

Apoya la introducción de la obligación de entregar un listado de gastos y desea que esta disposición se complete con la obligación de informar a los consumidores antes del cobro de gastos inhabituales en su cuenta, para darles la posibilidad de tomar las medidas oportunas o de impugnar los gastos.

1.6

Con el mismo afán de transparencia, apoya la creación de sitios web de comparación independientes, y recomienda que el registro de los sitios existentes permita a los consumidores tener acceso a la información sobre las entidades financieras situadas en todos los Estados miembros.

1.7

El CESE también apoya las propuestas relativas a la movilidad bancaria. Considera, sin embargo, que convendría estudiar la factibilidad de un número de cuenta «portátil», y que se debería establecer sistemáticamente un sistema de redireccionamiento automático de las operaciones (1). Estas medidas deberían ir precedidas de un estudio independiente.

1.8

Por otra parte, llama la atención sobre la importancia de la formación del personal de los proveedores de servicios de pago, ya que la información es indispensable, pero no suficiente. Insiste, además, en la necesidad de una educación financiera impartida, en particular, por asociaciones de consumidores independientes (2).

1.9

El CESE no puede sino respaldar las disposiciones dirigidas a permitir a todos los ciudadanos europeos disponer de una cuenta bancaria básica, dado que en el mundo actual la inclusión bancaria es una necesidad.

1.10

Expresa reservas sobre la obligación de «designar al menos un proveedor» en cada Estado miembro, lo que, en la práctica, puede privar al consumidor de la posibilidad de elección, al no existir ninguna oferta competidora.

1.11

En el supuesto de que la oferta no sea gratuita, considera que deben tomarse en consideración los costes reales para definir el carácter «razonable» de las comisiones relativas al mantenimiento y la gestión de la cuenta de que se trate, y subraya la necesidad de limitar los gastos en situaciones de morosidad.

1.12

Al igual que la Comisión, el CESE considera necesario prever controles y sanciones disuasorias en caso de incumplimiento de las disposiciones contempladas en la Directiva. Destaca que la eficacia de los controles dependerá de la disponibilidad de recursos adecuados para desempeñar las misiones encomendadas.

1.13

Recuerda que está a favor de los sistemas de resolución alternativa de litigios, siempre y cuando sean independientes.

2.1

El 8 de mayo de 2013, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas.

2.2

Esta propuesta sigue la línea de las iniciativas tomadas en los últimos años para proseguir la realización del mercado único de los servicios de pago, que es esencial para el crecimiento y la competitividad de Europa.

2.3

La propuesta se fundamenta en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que tiene por objeto eliminar los obstáculos a la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales.

2.4

La Comisión observa que, de acuerdo con las estimaciones del Banco Mundial, unos 58 millones de consumidores de la UE no disponen de cuenta bancaria, y de ellos, aproximadamente 25 millones desearían tener una.

2.5

Señala que la economía registra un incesante incremento de operaciones en las que no media efectivo, una tendencia que se observa tanto entre las empresas como entre los consumidores y las administraciones, pero no propone ninguna medida para impulsar una mayor utilización de las operaciones no monetarias.

2.6

En este contexto, considera que es indispensable que los consumidores puedan disponer de una cuenta bancaria y acceder a servicios financieros para beneficiarse plenamente de todas las ventajas del mercado interior y tener garantizada su inclusión financiera y social.

2.7

Señala, además, que las condiciones vigentes actualmente en el mercado único podrían disuadir a determinados proveedores de servicios de pago de invertir en nuevos mercados.

2.8

La Comisión desea eliminar estos obstáculos y propone, a tal fin:

2.9

A juicio de la Comisión, estas medidas contribuirán a la plena operatividad y el desarrollo del mercado interior en el ámbito de los servicios financieros. Los consumidores podrán comparar con más facilidad las ofertas en la Unión y desplazarse en su interior. Los proveedores de servicios de pagos se encontrarán así en pie de igualdad y podrán beneficiarse de la simplificación de los procedimientos y la armonización de las normas para buscar nuevos mercados.

3.1

El CESE se adhiere al análisis de la Comisión sobre los obstáculos existentes y la necesidad de completar el mercado único de servicios financieros. Considera que todos los consumidores deben tener la posibilidad de abrir una cuenta bancaria y disponer de los medios para utilizarla, dado que la inclusión bancaria es necesaria para alcanzar el objetivo fijado.

3.2

Respalda, por otra parte, las disposiciones encaminadas a poner fin a la opacidad de los gastos bancarios y a mejorar la movilidad. Considera que ayudarán a favorecer la competencia en beneficio de los consumidores y de los proveedores de servicios de pago.

3.3

Considera que la herramienta de la directiva es la más adaptada, puesto que la Comisión observa, con razón, que la recomendación no ha tenido el efecto esperado y que las iniciativas voluntarias han sido muy insuficientes.

4.1.1

Terminología. El CESE apoya plenamente la propuesta de la Comisión de armonizar la terminología relativa a los gastos.Esta armonización es indispensable para mejorar la comprensión de los consumidores y la comparabilidad. Sin embargo, el CESE se interroga acerca de la limitación del alcance de la medida, y recomienda que la armonización de la terminología cubra todos los gastos.

4.1.1.1

Toma nota de que las autoridades competentes designadas en cada Estado miembros estarán encargadas de elaborar listas provisionales que se transmitirán a la Comisión. Considera que es necesario que participen en su elaboración las asociaciones de consumidores y los proveedores de servicios de pago, así como losconsumidores, a fin de comprobar que todos puedan comprender los términos elegidos.

4.1.1.2

Llama la atención sobre el hecho de que el término que se elija deberá referirse a los mismos servicios en cada entidad.

4.1.2

Documentación sobre las comisiones y glosario El CESE acoge favorablemente el hecho de que se obligue a los proveedores de servicios de pago, antes de celebrar un contrato, a proporcionar al consumidor un documento informativo de las comisiones en el que figure una lista de los servicios más representativos, y aprueba la disposición dirigida a permitir un acceso gratuito en todo momento a dicho documento, en particular, mediante su difusión por los sitios web de las entidades. Recomienda armonizar la presentación de la lista. Propone completar esta información con la obligación de enviar al consumidor un nuevo documento informativo cuando se produzca un cambio de tarifa.

4.1.2.1

Considera, sin embargo, que el documento informativo debe referirse a todos los gastos. Limitarlo a los gastos más representativos no permite a los consumidores comparar eficazmente las ofertas de las distintas entidades, ya que la comparación debe realizarse sobre la base de sus necesidades. Cada consumidor tiene necesidades específicas que no tienen por qué ser las que figuran en la lista.

4.1.2.2

En caso de que se decida incluir todos los gastos, el Comité recomienda armonizar la presentación de todos los epígrafes del documento informativo. Por otra parte, a fin de facilitar la comparación, recomienda asimismo armonizar la presentación por tipo de información (por mes, por año, por operación).

4.1.2.3

En un afán de transparencia, y considerando que el consumidor debe poder evaluar el interés de suscribir, o no, un paquete de servicios en función de sus necesidades, el Comité ve con buenos ojos la obligación de detallar estos paquetes en el documento informativo.

4.1.2.4

También respalda la obligación de utilizar la terminología armonizada en el documento informativo y en el estado de cuentas, para facilitar su comprensión.

4.1.2.5

Por último, el Comité toma nota de la puesta a disposición de glosarios. Considera, sin embargo, que debe darse prioridad al empleo de términos claros y comprensibles en los documentos.

4.1.3

Estado de comisiones El CESE aprueba la obligación de proporcionar a los consumidores, al menos una vez al año, un estado de todas las comisiones cargadas en sus cuentas de pago. Esta información permitirá a los consumidores evaluar el coste de las prestaciones de servicios que se les venden y elegir los productos adecuados. Considera que es el mínimo indispensable, y que este estado deberá ofrecerse gratuitamente.

4.1.3.1

Añade, sin embargo, que sería interesante completar esta medida con la obligación de informar previamente de las comisiones, es decir antes del cargo en la cuenta, por el proveedor de servicios de pago, de comisiones inhabituales, a fin de permitir al consumidor tomar las medidas necesarias antes del pago, aprovisionar su cuenta o incluso, si fuera necesario, impugnar dichos gastos.

4.1.4

Sitio de comparación. El Comité apoya la puesta a disposición de información sobre los gastos bancarios a través de sitiosweb nacionales acreditados o públicos. Esta medida contribuirá a mejorar la información de los consumidores, siempre y cuando el sitio de comparación presente garantías de independencia y sea completo. El Comité considera que deberá prestarse particular atención a las modalidades de financiación de estos sitios. Por otra parte, se interroga sobre las modalidades de aplicación de estos instrumentos, en particular, sobre la naturaleza de los datos que se faciliten, la indicación de precios únicamente por operación y servicio o la posibilidad de realizar un cálculo según un perfil personalizado.

4.1.4.1

El Comité subraya que conviene prestar especial atención a las condiciones de atribución de las acreditaciones expedidas por los operadores privados. Considera que dichas acreditaciones deben ser expedidas por las autoridades competentes de los Estados miembros.

4.1.4.2

Por otra parte, el Comité considera que es indispensable que los términos utilizados por el sitio de comparación se ajusten a los de la terminología armonizada.

4.1.4.3

Por último, el Comité recomienda que el registro señale o incluya un enlace que remita a los registros de los otros Estados miembros, para que los consumidores puedan acceder fácilmente a las tarifas de todas las entidades situadas en la Unión. Este acceso será especialmente útil para la población «migrante».

4.2.1

El CESE respalda las propuestas de la Comisión, que contribuirán a mejorar la movilidad bancaria, algo muy necesario dados los frenos psicológicos y técnicos que la dificultan.

4.2.2

Sin embargo, considera que debería realizarse un estudio independiente sobre la posibilidad de instaurar un número de cuenta portátil, ya que sería la solución más eficaz para que la movilidad sea plenamente operativa.

4.2.3

Considera que, como mínimo, debería establecerse en todas las entidades de pago un sistema automático de redireccionamiento durante un periodo de quince meses, para tener en cuenta los pagos efectuados con una periodicidad anual.

4.2.4

El Comité celebra que la Comisión haya establecido modalidades de facturación de los gastos relacionados con el servicio de traslado de cuentas, para evitar que sean disuasorios.

4.2.5

Destaca que siguen existiendo otros frenos, como el coste de traslado de determinados productos de ahorro o el hecho de tener de un crédito hipotecario.

4.2.6

Observa que la información sobre la existencia de estos dispositivos de ayuda a la movilidad es determinante. Considera que el banco elegido por el consumidor debe ser su único interlocutor.

4.2.7

El Comité considera que el personal de los proveedores de servicios de pago, en particular, el personal que trabaja en la recepción de las entidades, deberá recibir una formación al acompañamiento de la movilidad bancaria. También deberá impartirse una educación financiera, en particular, por las asociaciones de consumidores.

4.3.1

El CESE no puede sino apoyar el planteamiento de la Comisión. Considera que todos los consumidores deben tener acceso a una cuenta bancaria básica, para poder acceder a todos los servicios bancarios necesarios en la vida diaria, ya que la desmaterialización tiene efectos cada vez más importantes. Subraya que es muy importante que los bancos comuniquen sobre la existencia de este servicio.

4.3.2

Sin embargo, expresa reservas sobre la decisión de limitar la oferta a «al menos un proveedor de servicios de pago» en el territorio de cada Estado miembro. En el supuesto de que solo una entidad propusiera esta oferta, constituiría para ella una pesada carga, y la estigmatizaría, así como a sus clientes. Por último, la ausencia de competencia suprimiría toda capacidad de elección para los consumidores y les obligaría a aceptar las condiciones estipuladas, en particular de tarifas.

4.3.3

Considera que la lista de prestaciones básicas que figuran en el artículo 16 debe considerarse como un nivel mínimo, y que cada Estado miembro debe poder incluir en ella servicios suplementarios ligados, en particular, a las características nacionales.

4.3.4

El Comité considera que incumbe a los bancos decidir si autorizan, o no, un descubierto bancario adecuado.

4.3.5

El Comité aprueba la gratuidad o la limitación de los gastos asociados a este servicio básico.

4.4.1

El CESE comparte la opinión de la Comisión en cuanto a la necesidad de prever controles y sanciones disuasorias en caso de incumplimiento de las disposiciones contempladas en la Directiva y destaca que los controles solo podrán ser eficaces si las autoridades nacionales disponen de recursos adecuados para las misiones que se les encomienden.

4.4.2

Recuerda que está a favor de los sistemas de resolución alternativa de litigios, siempre y cuando sean independientes.

4.5.1

El CESE aprueba la delegación de poderes en favor de la Comisión, siempre que se hayan definido claramente sus modalidades y que esté garantizada la transparencia de su ejercicio.

4.5.2

Apoya, por último, la política de evaluación de la Comisión.

21.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 341/44

1.1

La propuesta de la Comisión Europea contribuye a mejorar sustancialmente la aplicación práctica a partir del 1 de septiembre de 2013 del nuevo Reglamento biocidas, clarifica el funcionamiento de las normas transitorias y proporciona una mayor seguridad jurídica a los operadores.

1.2

El CESE lamenta que en el trascurso del complejo y largo proceso de adopción de la nueva legislación europea sobre biocidas la Comisión, el Consejo y el Parlamento no hayan reflexionado ex ante sobre las distorsiones que podrían generar unas normas de transición confusas y poco claras.

1.3

El CESE comparte la necesidad de introducir cambios en el Reglamento biocidas, antes de su entrada en vigor (1), de forma que pueda facilitarse la transición entre la Directiva 98/8/CE y el mencionado Reglamento. Resulta imprescindible para garantizar el correcto funcionamiento del sistema un marco coherente con medidas transitorias que permitan un cambio progresivo del sistema para los operadores y los Estados miembros.

1.4

El CESE acoge favorablemente las modificaciones introducidas en las disposiciones transitorias relativas a los artículos tratados, y la evaluación de las sustancias activas y los productos biocidas existentes. Estas modificaciones impedirán la congelación de facto de la puesta en el mercado de muchos nuevos artículos tratados, para permitir su comercialización siempre que se presente un expediente completo para evaluar la(s) sustancia(s) activa(s) contenida(s) en esos artículos tratados antes del 1 de septiembre 2016 (2). Estas modificaciones permitirán también una mejor transición hacia el sistema armonizado de autorización de los productos biocidas existentes (3).

1.5

Respecto la novedosa disposición para compartir de forma obligatoria los estudios sobre el destino y comportamiento ambiental relacionados con el anexo II del Reglamento (CE) no 1451/2007 el CESE reclama a la Comisión que garantice que la nueva obligación no generará distorsiones de la competencia y no afectará negativamente la capacidad de innovación de algunas empresas.

1.6

El CESE apoya que en el marco de esta modificación legislativa puedan abarcarse otras cuestiones de importancia como las relativas al acceso a la información, la definición de productos de la familia biocidas y la obligación de compartir datos.

2.1

Biocida es toda sustancia activa o mezcla que contenga una o más sustancias activas, presentada en la forma en que se suministra al usuario, destinada a destruir, contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un efecto de control de otro tipo sobre cualquier organismo nocivo por medios químicos o biológicos; se considerará asimismo biocida toda sustancia, mezcla o producto comercializado con la intención de generar sustancias activas (4). Los biocidas están presentes en la vida diaria evitando la propagación de enfermedades y favoreciendo un alto grado de higiene en entornos con elevada densidad de población.

2.2

La Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo estableció normas sobre la comercialización de biocidas dentro la Comunidad (5). Esta Directiva armoniza en el ámbito europeo la legislación sobre estos productos, estableciendo principios comunes de evaluación y autorización de biocidas evitando de esta forma barreras económicas/administrativas.

2.3

El 16 de mayo de 2013 la Comisión Europea presentó una nueva propuesta por la que se modifica el Reglamento (UE) no 528/2012, relativo a la comercialización y el uso de los biocidas, en relación con determinadas condiciones de acceso al mercado (6). El denominado “Reglamento biocidas” fue aprobado el 22 de mayo de 2012 (7) y su entrada en vigor está prevista a partir del 1 de septiembre de 2013. La nueva legislación supondrá la derogación de la Directiva 98/8/CE y es el fruto de una intensa consulta pública y un pormenorizado estudio de impacto elaborado por la Comisión Europea (8).

2.4

El objetivo del Reglamento es mejorar la libre circulación de biocidas dentro de la Unión y asegurar un elevado nivel de protección de la salud humana, animal y del medio ambiente. El Reglamento, que conserva la estructura de la Directiva 98/8, se basa en el principio de cautela con el fin de garantizar que la producción y comercialización de sustancias activas y biocidas en el mercado no tenga efectos nocivos en la salud o el medio ambiente.

2.5

Esta legislación pretende subsanar las lagunas detectadas en el anterior marco legislativo y dinamizar el funcionamiento del sistema de autorizaciones a través de la simplificación, la supresión de los obstáculos que se oponen al comercio de biocidas y la armonización de determinadas disposiciones.

2.6

La Comisión ha decidido presentar, antes de su entrada en vigor, una modificación formal del Reglamento biocidas, 528/2012 tras detectar determinadas disposiciones del mismo que podrían producir distorsiones en su funcionamiento. Los fundamentos de esta modificación son:

3.1

El CESE aprobó en 2010 el dictamen relativo al Reglamento no 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de biocidas (9). El Comité defendió la pertinencia de cambiar la Directiva por un Reglamento biocidas con el objetivo de lograr la simplificación y la armonización de la legislación.

3.2

A pesar del estudio de impacto, la consulta pública y los diferentes informes elaborados en el marco de la aprobación del Reglamento biocidas, las críticas de los proveedores principalmente pequeños y medianos, sobre la posibilidad de que se generen en el mercado importantes restricciones y disfunciones como consecuencia de la implementación del Reglamento justifican que la Comisión Europea haya reaccionado con urgencia planteando una serie de modificaciones que eliminan los efectos nocivos de las barreras comerciales que pudiera generar la legislación europea en materia de biocidas y en concreto sus disposiciones transitorias.

3.3

El CESE valora positivamente que la Comisión haya procedido a enmendar algunos artículos facilitando una aplicación más racional de la legislación sobre biocidas. Sin embargo, a juicio del CESE, una vez abierto el procedimiento de revisión del Reglamento se debería haber abordado de un modo más amplio y sistemático algunas lagunas de la normativa original en materia de acceso a la información, obligatoriedad de compartir datos y la definición de los productos de la familia biocidas.

3.4

Las modificaciones introducidas en las normas de transición, principalmente en los artículos 86, 89 y 94 del Reglamento no 528/2012 impedirán una paralización del mercado en determinadas sustancias activas existentes o una prohibición de facto sobre los artículos tratados nuevos, entre el 1 de septiembre de 2013 y la aprobación de la última sustancia activa contenida en los artículos. El CESE estima que estos cambios en las reglas de transición subsanan importantes perjuicios y daños colaterales que hubiera provocado la redacción original de los citados artículos.

4.1

El artículo 89, apartado 4, y el artículo 93, apartado 2 del Reglamento (UE) no528/2012 prevén plazos de supresión progresiva de los biocidas para los que no se haya concedido una autorización. El nuevo texto propuesto propone extender los mismos plazos para aquellos biocidas ya presentes en el mercado en caso de que se conceda una autorización pero las condiciones de autorización exijan modificar el biocida. El CESE estima que en este último caso se debería proceder a una derogación de los plazos respecto la regla general en caso de rechazo de una solicitud. El CESE sugiere que cuando un producto sea aprobado con cambios se conceda un plazo mayor para que se pueden usar y poner en el mercado hasta el agotamiento de los mismos.

4.2

La Agencia Europea de sustancias y preparados químicos (ECHA) debe velar porque la lista que publica, artículo 95, sólo contenga la información sobre los proveedores correspondientes que apoyan la renovación de una determinada sustancia activa.

4.3

En materia de acceso a la información a los efectos del artículo 66, párrafo 3, el CESE estima que se debe velar por una correcta ponderación entre el interés general y los legítimos intereses privados. La concesión automática y sistemática de información sobre el nombre y la dirección del fabricante de una sustancia activa a cualquier tercero que así lo solicite podría conculcar la protección del interés comercial del detentor de la autorización.

4.4

El CESE acogió positivamente en su dictamen sobre el Reglamento biocidas la obligatoriedad del uso compartido de los datos relativos a las pruebas en animales. De hecho uno de los aspectos más positivos de la nueva regulación radica en evitar el sufrimiento innecesario de los animales vertebrados con la continua repetición de estudios toxicológicos. En todo caso, la Comisión debería evaluar si resulta equilibrada y favorece el desarrollo de nuevas sustancias activas la obligación de compartir datos, además de los tóxicos y ecotóxicos, sobre todos los estudios de destino o comportamiento ambiental relativos a las sustancias recogidas en el anexo II del Reglamento (CE) no 1451/2007. Una compensación efectiva y la protección de datos hasta 2025 son fundamentales para evitar un aprovechamiento indebido del trabajo ajeno.

4.5

El CESE considera lógica la ampliación del plazo de 2 a 3 años para que los Estados se pronuncien sobre la autorización de un biocida una vez que se haya adoptado la decisión de aprobar una sustancia activa concreta para un tipo de producto específico (artículo 89, Reglamento 528/2012). Si no se hubiera realizado el cambio, debido a las diferentes etapas del proceso de autorización, se correría el riesgo de una vulneración sistemática de los plazos con la consecuente parálisis del proceso.

21.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 341/47

1.1

El Comité toma nota de que en 2012 hubo 28 000 fallecidos y 1,5 millones de heridos en las carreteras de la UE. El Comité cree firmemente que la reducción del número de víctimas de accidentes de tráfico es extremadamente importante para la sociedad y suscribe la ambiciosa propuesta de la Comisión de reducir esta cifra a la mitad en el período 2011-2020 en comparación con el año 2010.

1.2

El Comité acoge favorablemente las propuestas de Decisión y Directiva de la Comisión sobre la aplicación del servicio eCall para garantizar que, a partir de 2015, todos los modelos de turismos y vehículos industriales ligeros nuevos lleven incorporado el servicio eCall basado en el número 112 y que se cree la infraestructura necesaria para recibir y gestionar adecuadamente las llamadas eCall en los centros de llamadas de emergencia (también conocidos como PSAP), de manera que se garantice la compatibilidad, la interoperabilidad y la continuidad del servicio eCall en toda la UE.

1.3

El CESE coincide con las conclusiones de la evaluación de impacto de eCall que apuntan a que la introducción obligatoria de eCall es la única manera de que los ciudadanos de la Unión se beneficien de este servicio. El Comité había advertido a la Comisión en varios dictámenes que un enfoque voluntario no tendría éxito.

1.4

El CESE observa que las propuestas solo serán aplicables a los tipos nuevos de vehículos registrados a partir del 1 de octubre de 2015 y que los modelos existentes podrán seguir fabricándose y vendiéndose sin el sistema eCall después de esa fecha. Consciente de los posibles costes para los fabricantes de automóviles, el Comité les pide que también instalen la tecnología eCall tan pronto como sea posible en modelos ya existentes que se vayan a fabricar a partir de octubre de 2015.

1.5

El Comité observa que las propuestas no incluyen la incorporación de la tecnología eCall en motocicletas u otros vehículos motorizados de dos ruedas. Habida cuenta de que el riesgo de que los conductores y pasajeros de este tipo de vehículos resulten heridos o fallecidos es un problema importante, el CESE pide a los fabricantes y los Estados miembros que amplíen el sistema eCall a los vehículos motorizados de dos ruedas tan pronto como sea posible.

1.6

El Comité también reitera su solicitud a la Comisión de que presente lo antes posible propuestas para mejorar claramente la seguridad activa y pasiva de los vehículos motorizados de dos ruedas.

1.7

El CESE está maravillado por el éxito de las autoridades de seguridad vial creadas en algunos Estados miembros para la supervisión de la aplicación de estrategias de seguridad vial nacionales, el asesoramiento sobre políticas de seguridad vial y la promoción de buenas prácticas en materia de seguridad vial. El Comité opina que debería crearse una agencia europea de seguridad vial para ayudar a armonizar y estimular la seguridad vial en toda la UE, incluida la aplicación de eCall. En este organismo también estarían representados expertos en seguridad vial nombrados por los Estados miembros.

1.8

El Comité llama la atención de la Comisión sobre anteriores dictámenes en los que debatía el tema de la seguridad vial y mencionaba la necesidad de la introducción obligatoria de eCall (1).

2.5.1

Los fabricantes de turismos y vehículos industriales ligeros deben garantizar que los tipos nuevos de estos vehículos se fabriquen y homologuen con arreglo al sistema eCall a partir de octubre de 2015.

2.5.2

Los Estados miembros tendrían que garantizar que a partir del 1 de octubre de 2015 los tipos nuevos de vehículos incluidos en la propuesta de Reglamento reciben una homologación de tipo CE de un vehículo completo.

2.5.3

Las autoridades de homologación de tipo deben garantizar que estos vehículos cumplen las normas establecidas antes de emitir un certificado de homologación de tipo.

2.5.4

Los fabricantes deben garantizar que la tecnología eCall no permita que los vehículos sean objeto de seguimiento permanente.

2.5.5

Se necesitan las suficientes salvaguardas contra la supervisión y los usuarios deben tener información sobre cómo se procesarán los datos que el sistema utiliza.

2.5.6

La Comisión puede adoptar actos delegados para establecer los requisitos técnicos de los sistemas en los vehículos, definir los requisitos con relación a la privacidad de los usuarios y, sobre la base de un análisis de la relación entre coste y beneficios, eximir a determinadas clases de turismos y vehículos industriales ligeros.

3.1

El Comité toma nota de que el pasado año hubo 28 000 fallecidos y 1,5 millones de heridos en las carreteras de la UE. Cuando se llama a los servicios de emergencia en caso de un accidente de tráfico, cada minuto es fundamental para salvar vidas y reducir la gravedad de las heridas. Sin embargo, las víctimas de accidentes no siempre tienen la capacidad física de llamar a los servicios de emergencia.

3.2

La tecnología eCall aborda este problema al alertar a los servicios de emergencia de manera inmediata, incluso si el conductor o los pasajeros están inconscientes o no pueden llamar por cualquier otro motivo. El CESE también observa que se espera que la tecnología eCall acelere la llegada de los equipos de emergencia un 40 % en las zonas urbanas y un 50 % en las rurales y que, una vez ampliamente desplegado, eCall salve varios miles de vidas en Europa cada año y reduzca las gravedad de las heridas y los traumatismos de decenas de miles de personas.

3.3

Algunos Estados miembros han creado autoridades en materia de seguridad vial nacionales para evaluar la estrategia de seguridad vial y aconsejar a sus gobiernos en cuanto a acciones prioritarias. Una Agencia Europa para la Seguridad Vial con un mandato claro para todos los ámbitos de la seguridad vial (infraestructura, vehículos y usuarios de las carreteras) en toda la Unión podría ayudar a mejorar la aplicación de una estrategia de seguridad vial armonizada de la UE. A esta agencia podrían encomendársele tareas específicas de identificación, especificación, establecimiento y promoción de buenas prácticas, así como de refuerzo del intercambio de información y colaboración transfronterizos.

4.1

La propuesta solo es aplicable a la homologación de tipo de turismos y vehículos industriales ligeros nuevos y no impondría condiciones para garantizar que el sistema eCall se instalara antes del primer registro del tipo de vehículo, lo que significa que los tipos ya existentes podrían seguir fabricándose y vendiéndose sin eCall. El Comité observa que, debido a esta política, hasta 2033 el servicio eCall no habrá penetrado plenamente. Consciente de la necesidad de tener en cuenta la repercusión financiera y los problemas de diseño que esto pueda ocasionar a los fabricantes de automóviles, al Comité le gustaría que los fabricantes también instalaran la tecnología eCall tan pronto como sea posible en modelos ya existentes que vayan a fabricarse a partir de octubre de 2015.

4.2

El Reglamento relativo a los requisitos de homologación de tipo para el despliegue del sistema eCall integrado en los vehículos no incumbirá a los vehículos motorizados de dos ruedas (motocicletas, etc.). Los conductores de los vehículos motorizados de dos ruedas incurren en una probabilidad de 18 a 20 veces superior de sufrir lesiones graves en carretera que los conductores de turismos. Hay que prestar especial atención a los problemas de seguridad vial de las categorías de vehículos de alto riesgo. Además de la instalación de la tecnología eCall, se necesitan, lo antes posible, propuestas para promover la seguridad activa y pasiva de los motociclistas.

21.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 341/50

1.1

El Comité acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea y considera que es necesario refundir ambas directivas con el objetivo de hacer frente a los retos de índole demográfica y económica.

1.2

La Unión Europea necesita con urgencia una política de migración inteligente y sólida si desea alcanzar los objetivos establecidos en la Estrategia Europa 2020 y en otras estrategias importantes. Si la Unión Europea desea seguir siendo un centro de innovación y un centro industrial potente tiene que atraer talento y garantizar una «circulación de cerebros» efectiva.

1.3

El Comité considera que es necesario enraizar profundamente la política de fomento de la migración y la movilidad en los Derechos humanos fundamentales. Hay que poner en práctica en todos los niveles los principios de la Carta de los Derechos humanos fundamentales.

1.4

El Comité anima a la Comisión y a la Agencia de los Derechos Fundamentales a que evalúen el nivel de vulnerabilidad de los nacionales de terceros países y propongan a los Estados miembros medidas activas para eliminarla. Hay que luchar con determinación y en todos los niveles contra las situaciones de discriminación.

1.5

El Comité apoya firmemente a la Comisión Europea en los trámites para crear asociaciones de movilidad bilaterales que ofrezcan un marco para la cooperación entre la Unión Europea y los países no pertenecientes a la UE, especialmente con los países vecinos.

1.6

El Comité anima a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que tengan en cuenta la dimensión de género y a que elaboren programas que favorezcan una mayor participación de las mujeres.

1.7

Es necesario analizar a fondo los obstáculos que hay en el procedimiento de concesión de visados, independientemente de su naturaleza, y encontrar maneras de eliminarlos. El proceso de concesión de visados tiene que ser simple, correcto, de fácil acceso y no discriminatorio.

1.8

El Comité llama la atención sobre la importancia del principio de igualdad de trato a los nacionales de terceros países y a los nacionales del Estado miembro de acogida en lo que respecta a los bienes y servicios.

1.9

El Comité llama la atención sobre la necesidad de garantizar una protección adecuada a los estudiantes, investigadores, voluntarios y au pair cuando prestan actividades remuneradas o están activos en el mercado laboral. Las actividades remuneradas a menudo esconden relaciones laborales y hay que evitar los abusos que puedan resultar de esta situación tratando de igual modo a todas estas categorías. Hay que prestar especial atención a las personas, especialmente a las mujeres, que desempeñan actividades domésticas como au pair.

1.10

El Comité acoge favorablemente el artículo 24, que permite a los nacionales de terceros países buscar trabajo durante un período de doce meses al término de sus proyectos de investigación o sus estudios. Sin embargo, las disposiciones relativas a la igualdad de trato incluidas en la Directiva 2011/98 incluyen exenciones que parecen inadecuadas en relación con los objetivos de la propuesta de reforma de ambas directivas.

1.11

El Comité considera que la dimensión de la comunicación es fundamental para garantizar el éxito de esta política. Los Estados miembros y las instituciones europeas tienen que comunicarse con los nacionales de terceros países y garantizarles acceso a información de calidad.

2.1

La UE se enfrenta actualmente a grandes desafíos estructurales de índole demográfica y económica. La población activa disminuye y las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados.

2.2

El enfoque global de la UE en materia de migración y movilidad establece el marco general para la política de la UE en materia de migración. Asimismo, define la modalidad según la cual la UE organiza el diálogo y la cooperación con países de fuera de la UE.

2.3

La UE también se encuentra en una situación crítica en cuanto a innovación. La Estrategia Europa 2020 y la iniciativa «Unión por la Innovación» establecen objetivos para incrementar la inversión en investigación e innovación, lo que implica la creación de alrededor de un millón de puestos de trabajo suplementarios en investigación. La inmigración procedente de fuera de la UE puede ofrecer personal altamente cualificado y talento que los Estados miembros pueden y deben atraer.

2.4

El artículo 79 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) encomienda a la Unión la tarea de desarrollar una política común de inmigración dirigida a garantizar una gestión eficiente de los flujos migratorios y un trato equitativo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en los Estados miembros.

2.5

La Directiva 2004/114/CE establece las disposiciones obligatorias para la admisión de estudiantes nacionales de terceros países. La aplicación de la directiva en el caso de los alumnos, los voluntarios y los aprendices no remunerados se ha dejado a elección de los Estados miembros. La Directiva 2005/71/CE establece un procedimiento rápido para la admisión de investigadores de terceros países que hayan celebrado un convenio de acogida con un organismo de investigación aprobado por el Estado miembro.

2.6

En 2011, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo unos informes sobre la puesta en marcha de estas dos directivas, donde se puso de manifiesto que presentaban una serie de deficiencias.

2.7

El principal problema de estas dos directivas tiene que ver con la autorización de entrada y residencia en la UE de nacionales de terceros países (visados para estancias de larga duración o permisos de residencia). Las disposiciones jurídicas suelen ser complejas y confusas. Los procedimientos son demasiado largos y no siempre se aplican de manera equitativa ni consecuente. Las disposiciones actuales en materia de inmigración no respaldan lo suficiente los programas de la Unión que incluyen medidas de movilidad, como Erasmus Mundus o Marie Curie.

2.8

En cuanto al mercado laboral, los titulados de terceros países no disponen de suficientes oportunidades para encontrar un puesto de trabajo tras concluir sus estudios; lo mismo les ocurre a los investigadores al finalizar sus proyectos de investigación. En algunos casos, los nacionales de terceros países no pueden trabajar en las universidades puesto que se considera que forman parte del sector público. Resulta prioritario fomentar el acceso de las mujeres a las profesiones científicas mediante la supresión de cualquier forma de discriminación directa o indirecta u otras barreras que les impidan acceder a puestos que requieren cualificaciones más elevadas en el ámbito científico.

3.1

El Comité acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea y considera que es necesario reformar ambas directivas.

3.2

La apertura de la Unión hacia el exterior sigue siendo una prioridad aunque, en las condiciones actuales, este objetivo es difícil de alcanzar. La Unión tiene que facilitar la movilidad y utilizar todos los instrumentos a su disposición para mejorar el acceso de los ciudadanos nacionales de terceros países a la educación, la investigación y el mercado laboral.

3.3

La Unión Europea necesita un nuevo enfoque en materia de migración económica; un enfoque que permita a los ciudadanos de terceros países acumular conocimientos y habilidades. La cooperación con los terceros países debe fomentar la «circulación de cerebros», lo que beneficia tanto a los países receptores como a los emisores.

3.4

En octubre de 2010 la Comisión Europea adoptó una iniciativa que propone una serie de acciones y políticas valientes y necesarias para transformar la Unión Europea en una «Unión de innovación». En este sentido, la UE tiene que hacer que las normas de entrada y residencia para los nacionales de terceros países sean más favorables.

3.5

Los nacionales de terceros países pueden aportar dinamismo y diversidad a la educación, la ciencia, la cultura y la economía europeas. El Comité considera que facilitar la movilidad de los ciudadanos nacionales de terceros países es una de las respuestas a los retos de índole demográfica y de desarrollo económico a los que se enfrenta la Unión Europea. Asimismo, considera que es necesario enraizar profundamente esta política en los Derechos fundamentales.

3.6

El Comité acoge favorablemente el compromiso de unificar y simplificar los procedimientos de entrada al territorio de la Unión Europea. Las actuales condiciones económicas y políticas pueden llevar a la fragmentación de las normas, políticas y legislaciones nacionales relativas a los nacionales de terceros países.

3.7

El papel de la Unión es el de concentrar los debates, encontrar soluciones comunes, fomentar buenas prácticas y respaldar los esfuerzos tanto de los Estados miembros como de los terceros países y sus nacionales.

3.8

Asimismo, acoge favorablemente que se aclare la categoría de ciudadanos de terceros países que puede acceder fácilmente al territorio de la Unión. Esto aporta claridad y previsibilidad tanto a los Estados miembros como a los nacionales de terceros países. Aunque los requisitos de entrada y residencia son distintos, el hecho de incluirlos a todos en la nueva directiva contribuye a promover determinadas dimensiones transversales esenciales, por ejemplo el respeto de los Derechos fundamentales.

3.9

Los nacionales de terceros países tienen derechos y obligaciones. Es necesario que los nacionales de terceros países los conozcan y los respeten.

3.10

El Comité valora el intento de proporcionar un mejor acceso a los nacionales de terceros países en ámbitos políticos importantes en materia de migración, educación e investigación y, especialmente, en relación con programas de renombre, como Erasmus Mundus y Marie Curie.

3.11

El Comité, asimismo, acoge favorablemente la importancia otorgada a los Derechos fundamentales de los nacionales de terceros países. Sin embargo, hay que prestar más atención a las medidas activas mediante las cuales se garantiza que reciben un trato equitativo. En la práctica, los ciudadanos de terceros países a menudo se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, especialmente los estudiantes y los au pair. El Comité anima a la Comisión y a la Agencia de los Derechos Fundamentales a que evalúen el nivel de vulnerabilidad y propongan a los Estados miembros medidas activas para eliminarla.

3.12

El Comité expresa su preocupación por la propagación de actitudes racistas y xenófobas dirigidas a los nacionales de terceros países. Si se facilita su movilidad y no se consigue detener estas actitudes, todos los objetivos políticos se verán comprometidos.

3.13

El Comité destaca que la propuesta incluye medidas concretas que facilitan la integración de los ciudadanos de terceros países tanto en el espacio europeo de investigación y educación como en el mercado laboral.

3.14

Hay que fomentar que los nacionales de terceros países tengan acceso a formas de empleo que combinan trabajo y formación. Es importante reforzar el principio de la igualdad de trato en lo que respecta a la contratación y las condiciones de contratación de las personas cuya situación regula esta directiva.

3.15

El Comité anima a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que tengan en cuenta la dimensión de género y a que elaboren programas que favorezcan una mayor participación de las mujeres. Este objetivo tiene que perseguirse de manera prioritaria en el caso de la movilidad de los estudiantes y, especialmente, de los científicos.

3.16

El Comité desea animar a los Estados miembros y a las instituciones europeas a que consideren una categoría más amplia de interacciones, entre ellas las relativas a la investigación, la educación y el trabajo. En el espacio europeo la producción artística y las industrias creativas constituyen tanto un factor de integración y progreso social como de desarrollo económico.

3.17

El Comité anima a la Comisión Europea, los Estados miembros y el Parlamento Europeo a que refuercen la protección en los puestos de trabajo, incluso cuando participan en el mercado laboral, para los nacionales de terceros países admitidos para estudiar, investigar o trabajar como au pair. En particular, el Comité considera que las exenciones relativas a las disposiciones sobre la igualdad de trato de la Directiva 2011/98 deberían suprimirse para los estudiantes, los investigadores y los au pair.

4.1

El Comité considera oportuno ampliar el ámbito general de aplicación de la directiva para incluir a los aprendices remunerados y los au pair.

4.2

El Comité considera que, en la práctica, sigue habiendo muchos obstáculos procedimentales e institucionales a la movilidad. Estos conciernen principalmente al procedimiento de concesión de visados. Este procedimiento tiene una duración imprevisible y arbitraria. Además, supone costes muy elevados para las personas solicitantes, lo que lo convierte en un procedimiento casi prohibitivo. A menudo el acceso a las embajadas o las oficinas consulares es limitado. Es necesario analizar a fondo estos obstáculos, independientemente de su naturaleza, y encontrar medidas de eliminarlos. El proceso de concesión de visados tiene que ser simple, correcto, de fácil acceso y no discriminatorio.

4.3

El sector privado es muy importante para alcanzar los objetivos ligados a la financiación y al desarrollo de la investigación. Hay que fomentar que las empresas adopten una actitud proactiva para atraer investigadores. Asimismo, las autoridades de los Estados miembros, en colaboración con instituciones y empresas privadas, tienen que concebir medidas especiales para eliminar los obstáculos prácticos en el ámbito de la integración de los nacionales de terceros países. Por ejemplo, abrir una cuenta bancaria puede ser complicado y durar mucho tiempo.

4.4

El Comité destaca la dificultad de tipo procedimental en la concesión de visados a los voluntarios. El voluntariado es una actividad especial que no se puede clasificar ni como empleo ni como formación, aunque en cierto modo incluye ambas cosas. El voluntariado tiene que reconocerse formalmente como una actividad que justifique la concesión de un visado.

4.5

En este contexto, el CESE considera que la participación de los entes locales y regionales sería bienvenida.

4.6

Acogemos favorablemente la disposición según la cual los Estados miembros pueden ofrecer condiciones más favorables a las personas a las que se les aplica la propuesta de directiva, lo que permite que los Estados elaboren sus propias políticas para atraer a nacionales de terceros países. Aunque no se ve afectado el ámbito de aplicación de la directiva, las políticas de los Estados miembros no deberían discriminar a determinadas categorías de nacionales o determinados nacionales individuales.

4.7

En el marco de esta política, el Comité respalda el desarrollo de asociaciones para la movilidad y destaca la necesidad de mejorar la cooperación entre la UE y los terceros países para garantizar una «circulación de cerebros» efectiva. El desarrollo de la formación y la investigación en la Unión Europea no debería hacerse privando a los terceros países de las habilidades de sus propios ciudadanos. En la propuesta de la Comisión no queda claro cuáles son las actividades concretas en este sentido.

4.8

Por lo que respecta a la situación de los estudiantes y del nuevo grupo compuesto por los aprendices remunerados, el Comité acoge favorablemente la propuesta según la cual estos podrían permanecer en un segundo Estado miembro durante períodos comprendidos entre tres y seis meses, siempre que cumplan los requisitos generales establecidos en la directiva.

4.9

El Comité acoge favorablemente que se mejore el acceso de los estudiantes al mercado laboral, según las condiciones establecidas en la directiva, mediante la posibilidad de trabajar un mínimo de veinte horas semanales. Cada Estado miembro, en el marco del dialogo social con los interlocutores sociales, fijará el número máximo de horas semanales o de días o meses anuales permitidas para dicha actividad, que no será inferior a veinte horas semanales, o su equivalente en días o meses al año. Sin embargo, teniendo en cuenta que finalizar los estudios es el objetivo prioritario, hay que limitar el período permitido para trabajar con el objetivo de que puedan finalizarse los estudios. Deberá presentarse periódicamente un certificado sobre el progreso de los estudios.

4.10

El Comité llama la atención sobre la importancia del principio de igualdad de trato a los nacionales de terceros países en relación con los nacionales del Estado miembro de acogida en lo que respecta al acceso a los bienes y servicios.

4.11

En el dictamen sobre el Libro Verde acerca de la inmigración económica aprobado en 2006 (1) y en el dictamen sobre el permiso único aprobado en 2008 (2), el Comité se mostró a favor de que, además de la igualdad de trato en el puesto de trabajo (condiciones laborales, salariales y de despido, salud y seguridad en el puesto de trabajo, derecho a la asociación, etc.), se concediera a los inmigrantes legales el derecho a la educación y la formación profesional.

4.12

Los Estados miembros tienen que garantizar que, en la práctica, se respeten los Derechos fundamentales de los nacionales de terceros países.

4.13

El Comité considera que la dimensión de la comunicación es fundamental para garantizar el éxito de esta política. Los Estados miembros y las instituciones europeas tienen que comunicarse con los nacionales de terceros países y garantizarles el acceso a información de calidad.

4.14

El Comité Económico y Social Europeo seguirá actuando como una institución que funciona como un nexo entre la sociedad civil organizada y las instituciones europeas y desea seguir promoviendo las mejores prácticas en el ámbito de la inmigración y la integración.

21.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 341/54

1.1

El Comité constata que de las cuatro libertades que consagra el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la libre circulación de los trabajadores es la que sigue teniendo mayores obstáculos en la práctica.

1.2

El Comité considera que el ejercicio de la libre circulación de los trabajadores, sin obstáculos ni discriminaciones, contribuirá a proteger los derechos fundamentales, mejorará la competitividad de la UE, la productividad de las empresas y la calidad del empleo de los trabajadores, siendo un pilar de la Estrategia Europa 2020.

1.3

La libertad de circulación de los trabajadores en Europa debe seguir siendo una prioridad política para la UE. El Comité considera que la Directiva contribuirá a una movilidad justa y equilibrada.

1.4

El CESE respalda la propuesta de Directiva de la Comisión, que facilitará la igualdad de trato y la no discriminación en base a la nacionalidad para los trabajadores europeos que ejerzan el derecho a la libre circulación; sin embargo, persisten otros obstáculos que dificultan la movilidad tal como el Comité ha señalado en otros dictámenes.

1.5

Con el fin de reducir aún más los actuales obstáculos a la movilidad, procede adoptar medidas adicionales, a fin de poner a disposición de los trabajadores móviles información sobre los derechos laborales y sociales comprensible en sus lenguas respectivas. Además debería reconocerse a los trabajadores un derecho autónomo al asesoramiento. Las estructuras de asesoramiento correspondientes deberían colaborar y mantener un vínculo estrecho con los interlocutores sociales y EURES, y asegurar que se informa a los trabajadores móviles, ya en sus países de origen, sobre la situación social y jurídica en los países de destino.

1.6

El CESE respalda los objetivos que pretende alcanzar la Comisión a través de la Directiva, como son la defensa de los derechos derivados del principio de igualdad de trato a los trabajadores y sus familias en materia de empleo y de diversos derechos sociales, a través de procedimientos administrativos y judiciales; la acción de las asociaciones, las organizaciones y otras personas jurídicas; la designación de estructuras de apoyo y supervisión a nivel nacional; el diálogo social; y la mejora de la información a las empresas y a los trabajadores. El Comité valora que la transposición a las legislaciones nacionales se hará respetando los procedimientos y prácticas jurídicas nacionales.

1.7

El Comité respalda que se pongan en marcha servicios de información y asesoramiento sobre el ejercicio de la libre circulación y la movilidad, para apoyar a los trabajadores. También sería necesario informar adecuadamente a los empleadores.

1.8

El CESE apoya los esfuerzos de la Comisión Europea por modificar y ampliar el papel de EURES para facilitar la movilidad y mejorar la correspondencia entre las competencias y las necesidades del mercado laboral.

2.1

El informe de Mario Monti de mayo de 2010, «Una nueva estrategia para el mercado único», subraya el hecho de que la libre circulación de trabajadores es un éxito desde el punto de vista jurídico, aunque de las cuatro libertades del mercado único es la que menos se ejerce. La brecha entre la teoría y la práctica se ve reflejada también en las orientaciones políticas 2010-2014 presentadas por el presidente de la Comisión Europea, Sr. Barroso.

2.2

La Comisión propone una directiva con el objetivo de mejorar la aplicación de la legislación de la UE y facilitar el ejercicio de los derechos concedidos a los trabajadores en el marco de la libre circulación. El Tratado y la legislación europea de aplicación otorgan a cada ciudadano europeo el derecho a desplazarse libremente a otro Estado miembro para trabajar y residir, y le protege contra la discriminación por razón de nacionalidad en relación con el empleo y le garantiza la igualdad de trato.

2.3

Durante los últimos años se han puesto en marcha tres planes de acción (1) para la movilidad de los trabajadores, en 1997, 2002 y 2007. Sin embargo los trabajadores europeos que ejercen ese derecho a la movilidad en la UE son el 3 %. La Comisión, el Parlamento, el Comité de Regiones, el CESE y los interlocutores sociales han señalado los obstáculos que dificultan su ejercicio práctico:

2.4

Como consecuencia de estos problemas, en muchas ocasiones, la discriminación en base a la nacionalidad sigue siendo un obstáculo muy importante para los trabajadores migrantes de la UE.

2.5

La Comisión ha realizado un amplio programa de consultas a los Estados miembros, a los interlocutores sociales, a la sociedad civil y a las agencias especializadas, y ha concluido que para facilitar el ejercicio de los derechos de los trabajadores en la libre circulación, el instrumento jurídico más adecuado es una directiva para que se hagan cumplir de forma uniforme los derechos que confieren el artículo 45 del TFUE y los artículos 1 a 10 del Reglamento (UE) no 492/2011.

2.6

El ámbito de aplicación de la Directiva se refiere a los aspectos que en materia de libre circulación de trabajadores incluye el Reglamento (UE) no 492/2011, que garantiza la igualdad de trato y la no discriminación en: