10.10.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/1

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/2

—

Anule la sentencia.

—

Anule la Decisión. (1)

—

Condene en costas a la Comisión.

a)

El Tribunal General incurrió en error de Derecho al negar la aplicabilidad del principio de seguridad jurídica y rechazar su invocación por parte de Irlanda y Aughinish Alumina Ltd, a pesar de que la Comisión tardó inexcusablemente en adoptar la decisión impugnada.

b)

El Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que no hubo violación del principio de protección de la confianza legítima, a pesar del hecho de que la demora de la Comisión en llevar a cabo su examen no estaba justificada.

c)

El Tribunal General incurrió en error al concluir, primero, que la ayuda en cuestión «corresponde a un régimen de ayudas» en el sentido del artículo 1, letra d), del Reglamento n.o 659/1999; (2) segundo, al concluir que el plazo de prescripción del artículo 15 del Reglamento n.o 659/1999 debía contarse a partir de la fecha de cada importación de hidrocarburos efectuada por Aughinish Alumina Ltd.

d)

El Tribunal General incurrió en error al denegar el recurso basándose en que la ayuda podía ser considerada ayuda ya existente en el momento de la adhesión.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/3

1)

¿Deben interpretarse los artículos 5, apartado 4, y 8, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas […], (1) en relación con las disposiciones relativas al cuaderno de a bordo u hoja de ruta contenidos en el anexo II de dicho Reglamento, en el sentido de que entrañan para el organizador del transporte y/o el poseedor de los animales, en caso de realización de un transporte de animales a un tercer país, la obligación de llevar el cuaderno de a bordo u hoja de ruta hasta el lugar de destino en dicho tercer país?

2)

¿Deben interpretarse los artículos 5 y 7 del Reglamento (UE) n.o 817/2010 de la Comisión, de 16 de septiembre de 2010, por el que se establecen disposiciones específicas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1234/2007 del Consejo por lo que respecta a los requisitos para la concesión de restituciones por exportación en relación con el bienestar de los animales vivos de la especie bovina durante su transporte […], (2) en relación con el artículo 4 de dicho Reglamento, en el sentido de que debe procederse a la recuperación de la restituciones a la exportación si no se ha llevado el cuaderno de a bordo u hoja de ruta hasta el lugar de destino en el tercer país por haber cumplido el transportista su obligación, establecida en el número 7 del anexo II del Reglamento n.o 1/2005, de entregar el cuaderno de a bordo u hoja de ruta al veterinario oficial en el lugar de salida?

3)

¿Deben interpretarse los artículos 5 y 7 del Reglamento n.o 817/2010, en relación con el artículo 4 de dicho Reglamento, en el sentido de que debe procederse a la recuperación de las restituciones a la exportación si el exportador no puede probar que ha cumplido lo dispuesto en el Reglamento n.o 1/2005, en una situación en la que el veterinario, en el marco de los controles que debe realizar en el tercer país en virtud del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.o 817/2010, no puede comprobar si los datos del plan de viaje (el cuaderno de a bordo u hoja de ruta) son o no satisfactorios, es decir, conformes con lo dispuesto en el Reglamento n.o 1/2005 (y, por consiguiente, tampoco puede declarar que el resultado de dichos controles sea satisfactorio), porque el transportista ha entregado el cuaderno de a bordo u hoja de ruta al veterinario oficial en el lugar de salida?

10.10.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/4

1)

¿Se oponen a) los principios de libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el mercado interior; b) el principio de efectividad de las normas de la Unión en materia de competencia y de liberalización del mercado interior; c) los principios del efecto útil y de la aplicación uniforme del Derecho europeo en la Unión Europea; d) las disposiciones de Derecho derivado de la Unión Europea, como la Directiva 98/71 (1) y, en particular, su artículo 14, el artículo 1 del Reglamento n.o 461/2010 (2) y el Reglamento n.o 124 UN/ECE, a una interpretación del artículo 110 del Reglamento n.o 6/2002, (3) en el que figura la cláusula de reparación, por la que se excluya una llanta copiada, estéticamente idéntica a la llanta original de fábrica, homologada conforme al citado Reglamento UN/ECE n.o 124, del concepto de pieza de un producto complejo (automóvil) con el fin de permitir su reparación y restituir la apariencia inicial?

2)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, ¿se oponen las normas sobre los derechos de propiedad industrial de modelos registrados, previa ponderación de los intereses mencionados en la primera cuestión, a la aplicación de la cláusula de reparación a productos complementarios copiados, que el cliente puede elegir libremente, sobre la base de que la cláusula de reparación ha de interpretarse en sentido restrictivo y sólo es aplicable a las piezas de repuesto con forma vinculada, es decir, piezas cuya forma ha sido fijada de modo sustancialmente inmutable con respecto a la apariencia exterior del producto complejo, excluyendo otras piezas que se consideren fungibles y puedan configurarse libremente a gusto del cliente?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿qué medidas debe adoptar el fabricante de llantas copiadas con objeto de garantizar la circulación legítima de los productos destinados a la reparación y el restablecimiento de la apariencia exterior inicial del producto complejo?

10.10.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/4

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/5

1)

¿Deben interpretarse los artículos 43 CE y 48 CE (actualmente artículos 49 TFUE y 54 TUFE) en el sentido de que se oponen a una normativa nacional en virtud de la cual una sociedad matriz establecida en un Estado miembro no puede tener en cuenta las diferencias negativas de cambio en relación con el importe que ha invertido en una filial establecida en otro Estado miembro, mientras que sí podría hacerlo en el caso de que la filial estuviera incluida en una unidad fiscal —con las características de la unidad fiscal neerlandesa— junto a la matriz establecida en el Estado miembro mencionado en primer lugar, y ello como consecuencia de la consolidación en el seno de la unidad fiscal?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión 1, ¿puede o debe partirse, a la hora de determinar las diferencias negativas de cambio que han de tenerse en cuenta, que también quedarían incluidas en la unidad fiscal las filiales (una o varias de las filiales) poseídas indirectamente por la matriz en cuestión a través de la filial y establecidas en la Unión Europea?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿deben tenerse en cuenta únicamente las diferencias negativas de cambio que, en caso de inclusión en la unidad fiscal de la matriz, se hayan manifestado en los ejercicios sobre los que versa el litigio, o deben tenerse en cuenta las diferencias negativas de cambio manifestadas en ejercicios anteriores?

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/6

1)

¿Se opone el artículo 101 TFUE, apartado 1 (prohibición de impedir, restringir o falsear la competencia), al artículo 36, apartado 2, de la Ley búlgara de la abogacía, con arreglo al cual una asociación de empresarios que ejercen profesiones liberales (el Alto Consejo de la Abogacía) dispone de discrecionalidad para establecer de antemano, en virtud de las competencias que tiene legalmente atribuidas, el importe mínimo de los precios de las prestaciones que realicen dichos empresarios (honorarios de abogado)?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, el artículo 78, apartado 5, in fine, de la Ley búlgara de enjuiciamiento civil (en la parte en que dicha disposición prohíbe pactar unos honorarios por debajo de un importe mínimo establecido)?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, el artículo 132, apartado 5, de la Ley búlgara de la abogacía (por lo que se refiere a la aplicación del artículo 136, apartado 1, de dicha Ley)?

4)

¿Se opone el artículo 56 TFUE, párrafo primero (prohibición de restricción de la libre prestación de servicios), al artículo 36, apartado 2, de la Ley búlgara de la abogacía?

5)

¿Es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, el artículo 78, apartado 8, de la Ley búlgara de enjuiciamiento civil?

6)

¿Es contrario a la Directiva 77/249/CEE (1) el artículo 78, apartado 8, de la Ley búlgara de enjuiciamiento civil (por lo que respecta al derecho de las personas representadas por asesores legales a reclamar honorarios de abogado)?

7)

¿Es contrario el artículo 2a de las disposiciones complementarias del reglamento n.o 1 a la Directiva 2006/112/CE, (2) que permite considerar el IVA como elemento integrante del precio de una prestación realizada en ejercicio de una profesión liberal (en relación con la inclusión del IVA como parte de los honorarios de abogado adeudados)?

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/6

1)

¿Se opone el artículo 101 TFUE, apartado 1 (prohibición de impedir, restringir o falsear la competencia), al artículo 36, apartado 2, de la Ley búlgara de la abogacía, con arreglo al cual una asociación de empresarios que ejercen profesiones liberales (el Alto Consejo de la Abogacía) dispone de discrecionalidad para establecer de antemano, en virtud de las competencias que tiene legalmente atribuidas, el importe mínimo de los precios de las prestaciones que realicen dichos empresarios (honorarios de abogado)?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, el artículo 78, apartado 5, in fine, de la Ley búlgara de enjuiciamiento civil (en la parte en que dicha disposición prohíbe pactar unos honorarios por debajo de un importe mínimo establecido)?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, el artículo 132, apartado 5, de la Ley búlgara de la abogacía (por lo que se refiere a la aplicación del artículo 136, apartado 1, de dicha Ley)?

4)

¿Se opone el artículo 56 TFUE, párrafo primero (prohibición de restricción de la libre prestación de servicios), al artículo 36, apartado 2, de la Ley búlgara de la abogacía?

5)

¿Es contrario al artículo 101 TFUE, apartado 1, el artículo 78, apartado 8, de la Ley búlgara de enjuiciamiento civil?

6)

¿Es contrario a la Directiva 77/249/CEE (1) el artículo 78, apartado 8, de la Ley búlgara de enjuiciamiento civil (por lo que respecta al derecho de las personas representadas por asesores legales a reclamar honorarios de abogado)?

7)

¿Es contrario el artículo 2a de las disposiciones complementarias del reglamento n.o 1 a la Directiva 2006/112/CE, (2) que permite considerar el IVA como elemento integrante del precio de una prestación realizada en ejercicio de una profesión liberal (en relación con la inclusión del IVA como parte de los honorarios de abogado adeudados)?

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/7

—

Que se anule la sentencia rcurrida.

—

Que se anule el artículo 1, apartado 15, del Reglamento 1263/2012, (1) bien en su totalidad o bien en cuanto se aplica al recurrente.

—

Que se declare la inaplicabilidad al recurrente del artículo 1, apartado 6, de la Decisión 2012/635/PESC. (2)

—

Que se condene al Consejo a cargar con las costas del presente recurso y con las del procedimiento ante el Tribunal General.

1.

El recurrente, Bank Mellat (en lo sucesivo, «Banco»), interpone un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 2 de junio de 2016 en el asunto T-160/13, Bank Mellat/Consejo (EU:T:2016:331) (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»). En resumen, el Banco alega que el Tribunal General erró al no estimar su demanda de anulación, o declaración de inaplicabilidad al Banco, de varias medidas constitutivas de un «embargo financiero» contra el Banco, que son las siguientes:

2.

En particular el Banco formula tres motivos de casación concernientes a errores de Derecho en la apreciación por el Tribunal General del fondo de la demanda del Banco:

3.

El Banco formula también dos motivos amplios de casación concernientes a errores de Derecho en la apreciación por el Tribunal General de la admisibilidad de ceirtas partes de la demanda del Banco:

4.

El Banco solicita al Tribubnal de Justicia que anule la sentencia recuurida y estime las pretensiones del Banco.

10.10.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/9

—

Anule el Reglamento (UE) 2016/646 de la Comisión, de 20 de abril de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 692/2008 en lo que concierne a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6). (1)

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 191 TFUE, que establece los objetivos de la política de la Unión Europea en el ámbito del medio ambiente.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 37 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que consagra el derecho a un nivel elevado de protección del medio ambiente.

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 15 del Reglamento (CE) n.o 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos. (2)

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/9

—

Anule la decisión de la Comisión Europea de 11 de enero de 2016, sobre el régimen de ayuda de Estado por exención de beneficios excesivos SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN).

—

Condene en costas a la Comisión, con arreglo al artículo 134 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, incluidas las costas de las eventuales partes coadyuvantes.

1.

Primer motivo, basado en un error de Derecho y en un manifiesto error de apreciación en la identificación de la supuesta ayuda de Estado y su clasificación como régimen de ayuda en el sentido del artículo 1, letra d), del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 107 TFUE.

2.

Segundo motivo, basado en un error de Derecho y en una aplicación indebida del artículo 107 TFUE, apartado 1, al concluir que el sistema de ajustes por beneficios excesivos constituye ayuda de Estado.

3.

Tercer motivo, basado en un manifiesto error de apreciación al identificar los grupos como beneficiarios de la supuesta ayuda y en la vulneración del principio de legalidad y del artículo 16, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4.

Cuarto motivo, basado en una vulneración de los principios de seguridad jurídica, protección de la confianza legítima y de una buena administración.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/10

—

Anule en su totalidad la Decisión de la Comisión Europea, de 11 de mayo de 2016, C(2016) 2796 en el asunto COMP/M.7612 — Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc) notificada a Hutchison el 13 de mayo de 2016, por la que se declara la propuesta de adquisición de Telefónica Europe plc por Hutchison incompatible con el mercado interior y el Acuerdo EEE, en virtud del artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo.

—

Condene a la Comisión al pago de las costas, incluidas las de cualquier posible parte coadyuvante.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en errores de Derecho y errores manifiestos de apreciación y en vicios sustanciales de forma al interpretar y aplicar el criterio jurídico para valorar los efectos horizontales no coordinados en el mercado de los servicios minoristas de telecomunicaciones móviles en el Reino Unido. En particular, la Comisión incurrió en error al calificar al demandante como «fuerza competitiva importante» y al evaluar la proximidad de la competencia. La Comisión también incurrió en errores manifiestos de apreciación al analizar las repercusiones previstas en los precios y los probables incentivos de la entidad resultante de la Concentración.

2.

Segundo motivo, basado en errores manifiestos de apreciación y desnaturalización de las pruebas en lo que respecta al análisis de la hipótesis contrafáctica. En particular, la Comisión no analizó la capacidad de la red de Hutchison con respecto a la de sus competidores y se basa indebidamente en la supuesta capacidad de Hutchison para adoptar iniciativas «de gestión de la demanda», como el incremento de los precios, como razón para desestimar las pruebas de Hutchison relativas a la futura capacidad de red.

3.

Tercer motivo, basado en errores de hecho, errores de Derecho, errores manifiestos de apreciación y vicios sustanciales de forma en lo que respecta a los efectos horizontales no coordinados derivados del uso compartido de red. En particular, la Comisión incurrió en error en relación con sus nuevas propuestas acerca de la necesidad y el alcance del «alineamiento» entre competidores en los acuerdos de uso compartido de red; asimismo, la Comisión incurrió en error de Derecho y en errores manifiestos de apreciación al basar sus conclusiones en el perjuicio potencial a los competidores de la entidad resultante de la Concentración en lugar de en el perjuicio a la competencia. La Comisión cometió también otros errores al rechazar los Compromisos ofrecidos por Hutchison de que resolvería plenamente todas sus reservas relativas al uso compartido de red.

4.

Cuarto motivo, basado en errores manifiestos de apreciación, errores de Derecho y vicios sustanciales de forma en lo que respecta a los efectos horizontales no coordinados producidos en el mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en las redes móviles públicas en el Reino Unido. En particular, la Comisión incurrió en error al concluir que Hutchison es una «fuerza competitiva importante» en el mercado mayorista a pesar de que tiene una cuota de mercado muy pequeña (inferior al 3 %) y al basar sus conclusiones en las opiniones de terceros en lugar de llevar a cabo su propio análisis.

5.

Quinto motivo, basado en errores de Derecho, errores manifiestos de apreciación, falta de motivación y vicios sustanciales de forma en lo que respecta a la evaluación de los Compromisos ofrecidos por Hutchison en respuesta a las reservas relativas a los mercados mayorista y minorista de telecomunicaciones móviles en el Reino Unido. En particular, la Comisión formuló indebidamente objeciones a los Compromisos propuestos, alegando que su puesta en práctica era incierta; la Comisión incurrió manifiestamente en error al evaluar la capacidad de los competidores nuevos y reforzados para competir de manera efectiva sobre la base de los Compromisos propuestos, y la Comisión incurrió en error al apreciar la aptitud global de los Compromisos propuestos para compensar la reducción de la competencia alegada en la Decisión.

10.10.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/11

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.o 207/2009.

—

No haber tomado debidamente en consideración registros de marca de la Unión Europea y registros nacionales, así como una solicitud nacional anteriores.

10.10.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/12

—

Declare admisible y fundado el recurso de la parte demandante.

—

Anule consecuentemente la Decisión (PESC) 2016/850 de 27 de mayo de 2016 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la parte demandante.

—

Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/13

—

Declare admisible y fundado el recurso de la parte demandante.

—

Anule consecuentemente la Decisión (PESC) 2016/850 de 27 de mayo de 2016 y sus actos de ejecución subsiguientes, en la medida en que afectan a la parte demandante.

—

Condene en costas al Consejo de la Unión Europea.

1)

Primer motivo, basado en la violación del derecho de defensa y del derecho a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH»), en el artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») y en los artículos 41 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

2)

Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la medida en que la motivación dada por el Consejo no satisface la obligación que incumbe a las instituciones de la Unión Europea prevista en el artículo 6 del CEDH, en el artículo 296 TFUE y en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

3)

Tercer motivo, basado en un error manifiesto de apreciación cometido por el Consejo respecto a la implicación de la parte demandante en la financiación del régimen sirio.

4)

Cuarto motivo, basado en que las medidas impugnadas restringen de manera injustificada y desproporcionada los derechos fundamentales de la parte demandante, y en particular su derecho a la propiedad previsto en el artículo 1 del Primer Protocolo adicional al CEDH y en el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su derecho al respeto de su reputación, que prevén los artículos 8 y 10, apartado 2, del CEDH, el principio de presunción de inocencia, previsto en el artículo 6 del CEDH y en el artículo 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su libertad de expresión, prevista en el artículo 10 del CEDH, y su derecho a la libre circulación, previsto en el artículo 2, apartado 2, del Protocolo n.o 4 del CEDH.

5)

Quinto motivo, basado en la vulneración de las directrices de 2 de diciembre de 2005 del Consejo sobre la aplicación y la evaluación de medidas restrictivas (sanciones) en el contexto de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea (documento 15114/05 del Consejo de 2 de diciembre de 2005).

10.10.2016   

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C 371/14

—

Anule la Decisión de la Comisión de 20 de noviembre de 2013 relativa a la ayuda estatal SA.36740 (2013/NN) — Lituania, Ayuda a Klaipedos Nafta — «LNG Terminal», Bruselas, C(2013) 7884 final (DO 2016, C 161, p. 1).

—

Condene a la Comisión Europea a cargar con la totalidad de las costas del procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en la infracción de las normas de procedimiento contempladas en el artículo 108 TFUE, apartado 2, y en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento n.o 2015/1589, (1) así como en la violación del principio de buena administración, al haberse basado la Comisión únicamente en un examen preliminar de las medidas de ayuda estatales, pese a que dicha institución estaba obligada, dadas las grandes dificultades que implica apreciar la compatibilidad de las medidas en cuestión con el mercado interior, a incoar el procedimiento del artículo 108 TFUE, apartado 2 y del artículo 6 del Reglamento n.o 2015/1589.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3, letra c), por cuanto que la Comisión no ha aplicado correctamente los criterios de apreciación previstos en el considerando 135 de la decisión impugnada, dado que:

3.

Tercer motivo, basado en la infracción del artículo 106 TFUE, apartado 2, y del Marco SIEG, (2) en la vulneración de los principios de igualdad de trato y de protección de la confianza legítima y en la infracción de las normas reguladoras de la contratación establecidas en la Directiva 2004/18 (3) y la infracción del artículo 14 de la misma Directiva, puesto que la Comisión, al aceptar que se atribuyera la prestación directamente a KN para un período de 55 años con el beneficio correspondiente a la tasa de rentabilidad interna del proyecto, aplicó erróneamente el Marco SIEG, dado que:

10.10.2016   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/15

—

Declare nula la decisión de la demandada de 20 de mayo de 2016 sobre la solicitud de acceso a los documentos del Grupo del Código de Conducta.

—

Declare nula la decisión de la demandada de 13 de julio de 2016 sobre la solicitud de acceso a los documentos del Grupo del Código de Conducta.

—

Condene a la demandada a pagar las costas del procedimiento y las costas de los posibles intervinientes en el procedimiento, con arreglo al artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 (1)

El demandante alega que las decisiones de la demandada de 20 de mayo de 2016 y de 13 de julio de 2016 vulneran el derecho a una respuesta adecuada sobre la solicitud confirmatoria, previsto en la citada disposición.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 15 TFUE, apartado 3, en relación con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.o 1049/2001

El demandante sostiene asimismo que la denegación del pleno acceso a los documentos relativos al Grupo del Código de Conducta (fiscalidad de las empresas), instituido por el Consejo, vulnera igualmente su derecho a la consulta de esos documentos, garantizado por las citadas disposiciones.

A este respecto, el demandante aduce que en el presente caso no resultan de aplicación las excepciones al principio de transparencia previstas en el artículo 4, apartados 3 y 1, letra a), cuarto guion, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001.

Añade que se ha producido una insuficiencia de ponderación y de motivación, y que la divulgación de los documentos reviste un interés público superior.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/16

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.o 207/2009.

10.10.2016   

ES

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C 371/16

—

Declare nula la decisión de la Comisión de 27 de mayo de 2016 (asunto AT.40231 — VIMC/WK&FGB).

—

Condene en costas a la demandada.

10.10.2016   

ES

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C 371/17

—

Con carácter principal, anule la Decisión impugnada.

—

Con carácter subsidiario, anule o reduzca la sanción impuesta a Pometon.

—

Condene a la parte demandada a devolver a la demandante los importes eventualmente abonados por ésta en espera de la sentencia con arreglo a lo dispuesto en la Decisión impugnada, así como a devolver a la demandante todos los demás costes soportados por ésta en ejecución de la misma Decisión impugnada.

—

En cualquier caso, condene a la parte demandada a cargar con las costas legales y con cualquier otro gasto o carga de la demandante relacionado con el presente procedimiento.

1.

Primer motivo, en el que se alega la violación del principio de imparcialidad del procedimiento, del principio de presunción de inocencia y de los derechos de la defensa en que incurrió la demandada al atribuir a Pometon ciertos comportamientos específicos en el contexto de la Decisión C(2014) 2074 final de la Comisión, de 2 de abril de 2014 (en lo sucesivo, «la Decisión transaccional»), dirigida contra Ervin Industries Inc. y Ervin Amasteel, Winoa SA y WHA Holding SAS, Metalltechnik Schmidt GmbH & Co. KG y Eisenwerk Würth GmbH (en lo sucesivo, «las partes»), y al adoptar, en consecuencia, la Decisión impugnada sin haber podido valorar con serenidad y sin condicionamientos previos la postura de Pometon y los argumentos expuestos por ella en su defensa.

2.

Segundo motivo, en el que se alega la violación y la aplicación errónea del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, la motivación contradictoria e insuficiente y la violación de los derechos de la defensa y del principio de la carga de la prueba en que incurrió la demandada al imputar a la demandante, en ausencia de pruebas, la implicación en una supuesta práctica colusoria en la que, en realidad, no participó.

3.

Tercer motivo, en el que se alega la violación y la aplicación errónea del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, los errores de valoración, la instrucción defectuosa y la falta de lógica manifiesta en que incurrió la demandada al considerar que la conducta imputada a Pometon tenía por objeto una restricción de la competencia.

4.

Cuarto motivo, en el que se alega la violación y la aplicación errónea del artículo 101 TFUE y del artículo 53 del Acuerdo EEE, el defecto de motivación y la instrucción defectuosa, la inversión de la carga de la prueba en lo que respecta a la duración de la presunta participación del demandante en la supuesta infracción y, como consecuencia, la infracción de los artículos 23, apartado 2, 25, apartado 1, y 25, apartado 5, del Reglamento n.o 1/2003 (1) y la violación del principio de seguridad jurídica en que incurrió la Comisión al imponer una sanción pecuniaria a la demandante pese a haberse producido la prescripción.

5.

Quinto motivo, en el que se alega la total ausencia de motivación, la violación del principio de proporcionalidad y de igualdad de trato en la determinación del importe de la multa en la fase de modificación del importe de base con arreglo al punto 37 de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento n.o 1/2003.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/19

—

Condene a la parte demandada a abonar a la demandante el importe de 536 912 euros correspondiente a las pérdidas económicas sufridas en relación con las inversiones realizadas a fondo perdido en las visitas previas a la adjudicación de los contratos públicos, que se adjudicaron fraudulentamente.

—

Condene a la parte demandada a abonar a la demandante el importe de 2 092 650 euros en concepto de lucro cesante en relación con los contratos públicos a los que la parte demandante hubiese podido acceder si éstos se hubiesen adjudicado equitativamente y sin corrupción.

—

Condene a la parte demandada a reembolsar al demandante el importe de 85 000 euros equivalente a los gastos y honorarios de abogado en los que tuvo que incurrir para preparar su defensa debido a la corrupción del funcionario europeo.

—

Condene a la parte demandada a abonar al demandante el importe de 150 000 euros por el daño moral sufrido.

—

Condene a la parte demandada a abonar a la demandante intereses compensatorios sobre todos esos importes desde diciembre de 2005, fecha de cesación del período de infracción.

—

Condene a la parte demandada a reembolsar los gastos y honorarios de abogado de la presente instancia, que ascienden a un importe de 75 000 euros.

—

Condene a la parte demandada a abonar intereses de demora a partir de la fecha de pronunciamiento de la futura sentencia.

—

Condene en costas a la demandada.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/20

—

Anule la convocatoria de oposición general EPSO/AD/322/16 con vistas a la constitución de listas de reserva de 86 candidatos para la cobertura de puestos vacantes de administrador (AD 5 y 7) en el ámbito de la auditoría, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea C 171 A, de 12 de mayo de 2016.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 263 TFUE, 264 TFUE y 266 TFUE.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los artículos 342 TFUE y 1 y 6 del Reglamento n.o 1/58, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 1958, 17, p. 385; EE 01/01, p. 8).

3.

Tercer motivo, basado en la infracción de los artículos 12 CE, actualmente artículo 18 TFUE; 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión; 6 TUE, apartado 3; 1, apartado 2, y 3 del anexo del Estatuto de los Funcionarios; 1 y 6 del Reglamento n.o 1/58; 1 quinquies, apartados 1 y 6, 27, párrafo segundo, y 28, letra f), del Estatuto de los Funcionarios.

4.

Cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 6 TUE, apartado 3, en la medida en que establece el principio de protección de la confianza legítima como derecho fundamental emanado de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros.

5.

Quinto motivo, basado en la desviación de poder y en la infracción de las normas sustantivas inherentes a la naturaleza y la finalidad de las convocatorias de oposiciones.

6.

Sexto motivo, basado en la infracción de los artículos 18 TFUE y 24 TFUE, párrafo cuarto; 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; 2 del Reglamento n.o 1/58 y 1 quinquies, apartados 1 y 6, del Estatuto de los Funcionarios.

7.

Séptimo motivo, basado en la infracción de los artículos 1 y 6 del Reglamento n.o 1/58; 1 quinquies, apartados 1 y 6, y 28, letra f), del Estatuto de los Funcionarios; 1, apartado 1, letra f), del anexo III del Estatuto de los Funcionarios y 296 TFUE, párrafo segundo (falta de motivación), así como en la violación del principio de proporcionalidad y en la distorsión de los hechos.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/21

—

Anule las convocatorias de oposiciones generales EPSO/AD/323/16 y EPSO/AD/324/16.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/22

—

Declare que el recurso en casación es admisible y fundado.

—

En consecuencia, anule la sentencia dictada por el Tribunal de la Función Pública el 21 de julio de 2016 en el asunto F-9/12 RENV (CC/Parlamento Europeo), salvo el punto 3 del fallo relativo a las costas.

—

En consecuencia, declare que el Parlamento Europeo incurrió en responsabilidad extracontractual por las faltas cometidas en la gestión de la lista de aptitud en la que estaba inscrita la recurrente y reconozca la obligación de reparar el perjuicio derivado de tales faltas.

—

Por consiguiente, estime las pretensiones formuladas por la recurrente en primera instancia.

—

Y en consecuencia:

1.

Primer motivo, basado en que se incurrió en error de Derecho en lo que concierne a la excepción de inadmisibilidad de las nuevas proposiciones de prueba.

2.

Segundo motivo, basado en que se incurrió en error de Derecho en lo que concierne a la ausencia de calificación jurídica y de motivación de la decisión del Secretario General de 19 de mayo de 2005 y en la vulneración de la sentencia anulatoria dictada por el Tribunal General de la Unión Europea.

3.

Tercer motivo, basado en la desnaturalización de los hechos en lo que concierne a la correspondencia de la EPSO.

4.

Cuarto motivo, basado en la desnaturalización del escrito de 15 de octubre de 2007 del Parlamento en lo que concierne a la afirmación de que la recurrente fue informada de la destrucción de su expediente relativo a la oposición.

5.

Quinto motivo, basado en que se incurrió en error de Derecho en lo que concierne a la calificación jurídica de la decisión del Presidente del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2003.

6.

Sexto motivo, basado en la vulneración de la sentencia anulatoria en lo que concierne al cálculo del perjuicio.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/23

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la EUIPO a cargar con las costas de la demandante.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009.

—

Infracción de los artículos 75 y 76, apartados 1 y 2, del Reglamento n.o 207/2009.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/24

—

Anule la sentencia de 10 de junio de 2016 dictada en el asunto F-133/15 y resuelva él mismo sobre este asunto.

—

Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de la Función Pública.

—

Condene a la Comisión al pago de las costas de las dos instancias.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración del Derecho de la Unión Europea relativo a la obligación de motivación y al derecho de defensa, en la medida en que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos de la Comisión Europea no expuso de forma detallada los motivos en los que basó su decisión de imponer a la parte recurrente una sanción disciplinaria consistente en el descenso de dos grados en el mismo grupo de funciones.

2.

Segundo motivo, basado en la vulneración del Derecho de la Unión Europea por parte del Tribunal de la Función Pública (en lo sucesivo, «TFP») en lo atiente a la observancia del plazo razonable, del derecho a la defensa y de la obligación de motivación. Asimismo, se alega que el TFP desnaturalizó los hechos y los medios de prueba.

3.

Tercer motivo, basado en la desnaturalización de los hechos y de los medios de prueba, en la vulneración del Derecho de la Unión Europea y en la infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea por parte del TFP.

4.

Cuarto motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad por el TFP.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/25

—

admita la práctica de las pruebas que han resultado propuestas;

—

anule y deje sin efecto la resolución impugnada;

—

condene en costas a la parte recurrida.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 y jurisprudencia del Tribunal General, en particular, la sentencia de 20 de enero de 2009 en el asunto T-424/07, Pioneer Hi-Bred International/OAMI (OPTIMUM).

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/25

—

Declare nula la decisión de la demandada relativa a la contribución anual de la demandante al fondo de reestructuración correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 103, apartados 2 y 7, de la Directiva 2014/59/UE (1) y del artículo 70, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 806/2014 (2)

La demandante alega que la decisión de la demandada relativa a la contribución anual de la demandante es contraria a Derecho porque sólo tiene en cuenta como factores reductores de la contribución la actividad de fomento de la demandante, pero no su actividad auxiliar de fomento. Consecuentemente, afirma que se ha calculado un importe excesivo para la contribución anual de la demandante al fondo de reestructuración correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

2.

Segundo motivo, basado en la infracción de los reglamentos de ejecución adoptados con respecto a la Directiva 2014/59/UE y al Reglamento (UE) n.o 806/2014, que han de ser objeto de una interpretación conforme con ambos actos jurídicos en el sentido de que también privilegian la actividad auxiliar de fomento.

3.

Tercer motivo, formulado con carácter subsidiario y basado en la ilegalidad de los reglamentos de ejecución adoptados con respecto a la Directiva 2014/59/UE y al Reglamento (UE) n.o 806/2014

En este contexto, la demandante alega que si no fuera posible efectuar una interpretación de los reglamentos de ejecución conforme con la Directiva 2014/59/UE y con el Reglamento (UE) n.o 806/2014, los reglamentos de ejecución habrán de considerarse en esta medida contrarios a Derecho. Por consiguiente, la decisión de la demandada basada en dichos reglamentos de ejecución también deberá considerarse contraria a Derecho.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/26

—

Declare la nulidad de la Decisión adoptada el 10 de junio de 2016 por el Secretario General en nombre de la Comisión con arreglo al artículo 4 de las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la infracción del artículo 10 TUE, apartado 3, del artículo 11 TUE, apartado 2, y del artículo 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, Carta) — Falta de diálogo abierto y transparente

2.

Segundo motivo, basado en la infracción del artículo 15 TFUE, apartado 3, párrafo primero, del artículo 42 de la Carta y de los artículos 2, apartados 1 y 3, y 4, apartado 6, del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 (1) — Denegación parcial del acceso a documentos

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/28

—

Declare la solicitud de la demandante de que se acumule el presente asunto con el asunto T-818/14 admisible y fundada.

—

Declare el presente recurso admisible y fundado.

—

En consecuencia, anule los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Decisión de la Comisión de 1 de octubre de 2014, n.o SA.14093, relativa a las medidas ejecutadas por Bélgica en favor de Brussels South Charleroi Airport y Ryanair.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en que la Comisión incurrió en error de Derecho al examinar el canon pagado por Brussels South Charleroi Airport (BSCA) a la parte demandante en relación con el artículo 107 TFUE, habida cuenta de que las decisiones de invertir, de proceder a la construcción de las infraestructuras aeroportuarias y de ponerlas a disposición de BSCA se tomaron antes de que se pronunciase la sentencia de 12 de diciembre de 2000, Aéroports de Paris/Comisión (T-128/98, EU:T:2000:290), confirmada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de octubre de 2002, Aéroports de Paris/Comisión (C-82/01 P, EU:C:2002:617).

2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión incurrió en error de Derecho al calificar el Instrument Landing System (ILS) y el balizamiento de las pistas de equipos y servicios de carácter económico.

3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión incurrió en un incumplimiento de la obligación de motivación, dado que el razonamiento que esgrimió para determinar el canon anual del mercado a cargo de BSCA se basó en un método y en unos factores de cálculo erróneos que tuvieron un efecto decisivo en el importe de la ayuda.

4.

Cuarto motivo, basado en que la Comisión incurrió en error de Derecho, por un lado, al incluir, en el importe del canon a cargo de BSCA, la ayuda otorgada para la misión de seguridad (esto es, la subvención «lucha contra incendios y mantenimiento»), y por otro, al no tomar en consideración la reducción de la «subvención lucha contra incendios y mantenimiento» de 2014 y 2015.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/29

—

Que se anule la decisión del jurado del concurso EPSO/AD/309/15 (AD11) — Médicos para las sedes de Luxemburgo y de Ispra (Ámbito: Médicos Luxemburgo) comunicada con fecha de 28 de septiembre de 2015, de no admitir a la demandante a las pruebas de selección organizadas en el centro de evaluación de la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO).

—

Que se condene a la parte demandada al pago de un importe de 10 000 euros en concepto de perjuicio moral sufrido por la demandante.

—

Que se condene en costas a la parte demandada.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/29

—

Que se declaren nulas la resolución del demandado de 12 de mayo de 2016 sobre las reclamaciones R/18/16 y R/19/16 presentadas por el demandante, así como las decisiones relativas al curso escolar 2014/15 impugnadas mediante dichas reclamaciones.

—

Subsidiariamente, que se anulen la resolución del demandado de 12 de mayo de 2016 sobre las reclamaciones R/18/16 y R/19/16 presentadas por el demandante, así como las decisiones relativas al curso escolar 2014/15 impugnadas mediante dichas reclamaciones.

—

Que se condene al demandado a abonar al demandante las cantidades retenidas ilegítimamente sobre la base de la citada resolución.

—

Que se condene en costas al SEAE.

10.10.2016   

ES

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C 371/30

1)

Que se condene al BEI a pagar al demandante una cantidad igual a ocho veces su salario anual con arreglo al artículo 33 bis del Reglamento de Personal y al artículo 9.1.1 de las Disposiciones administrativas aplicables al personal.

2)

Que se anule la decisión del BEI de 4 de junio de 2015 por la se clausuró la cuenta RCVP del demandante con efecto de 28.2.2015 y condene al BEI a pagar al demandante:

3)

Que se condene al BEI al pago de 15 000 euros por daños e intereses evaluados ex aequo et bono en concepto de reparación por el daño moral sufrido.

4)

Que se condene en costas al BEI.

10.10.2016   

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C 371/31

—

Que se anule la decisión de 19 de mayo de 2016 mediante la que el presidente del tribunal de la oposición EPSO/AST-SC/03/15, en respuesta a la solicitud de reconsideración presentada por el demandante el 5 de noviembre de 2015, confirmó la decisión de excluirle de dicha oposición, así como, en su caso, la decisión desestimatoria de la reclamación y la decisión inicial.

—

Que se condene en costas a la Comisión.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/31

—

Que se anule la decisión de 18 de febrero de 2015 del Jefe de Unidad del Comité de Selección de la EPSO, por la que se la informaba de que su candidatura al puesto de Secretaría (n.o EPSO/AST-SC/01/14) se había rechazado por no poseer el título y la experiencia profesional exigidos para participar en el concurso de que se trata.

—

Que se anule la decisión de 17 de septiembre de 2015 del Jefe de Unidad del Comité de Selección de la EPSO, por la que se la informaba de la denegación de su petición de revisión y se confirmaba la decisión de 18 de febrero de 2015.

—

Que se anule, en la medida en que sea necesario, la respuesta explícita desestimatoria de la reclamación de 12 de mayo de 2016.

—

Que se condene en costas a la Comisión Europea.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/32

—

Abono de la cantidad de 150 000 euros por el daño moral sufrido por la parte demandante.

—

Reembolso de los gastos futuros de asistencia médica y psicológica en relación con los problemas de salud derivados del severo stress de la parte demandante que no reembolse el sistema de seguro de enfermedad del BEI.

—

Reembolso de los gastos efectuados hasta ahora por la asistencia médica y psicológica en relación con los problemas de salud derivados del severo stress que no reembolse el sistema de seguro de enfermedad del BEI.

—

Reintegro del importe provisional de 30 000 euros por las costas en que incurra la parte demandante en el presente procedimiento.

10.10.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 371/32

—

Que se anule la decisión de 27 de octubre de 2015, por la que la DG Recursos Humanos de la Comisión Europea adoptó medidas de ejecución de la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 6 de octubre de 2015, F-119/14, FE/Comisión.

—

Que se anule la decisión de la AFPN, de 19 de mayo de 2016, por la que la AFPN desestimó la reclamación presentada por la demandante contra la decisión antes mencionada.

—

Que se condene a la demandada al pago de 25 000 euros en concepto de indemnización de los daños morales, habiéndose fijado tal cantidad con carácter provisional.

—

Que se condene a la demandada a cargar con la totalidad de las costas.

10.10.2016   

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C 371/33

—

Que se anule la decisión de la AFPN de no promover al demandante en relación con el ejercicio de promoción 2015.

—

Que se condene en costas a la Comisión Europea.

10.10.2016   

ES

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C 371/33

—

Que se anule la resolución de 6 de noviembre de 2015 mediante la que la autoridad facultada para proceder a los nombramientos adoptó la decisión final de fijar en 135 955,38 euros en lugar de 155 237,25 euros la cantidad transferida al sistema de pensiones de la UE.

—

Que se condene a la parte demandada a compensar la pérdida de 10 739,28 euros sufrida por la parte demandante por no haber observado los servicios de la Comisión el deber de buena administración.

—

Que se condene a la parte demandada a indemnizar a la parte demandada en la cantidad que estime conveniente el Tribunal —no inferior a 1 000 euros— el daño psicológico sufrido como consecuencia de la decisión final impugnada.

—

Que se condene en costas a la parte demandada.

10.10.2016   

ES

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C 371/34

10.10.2016   

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C 371/34

10.10.2016   

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C 371/35

10.10.2016   

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C 371/35

10.10.2016   

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