10.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/1

Ponente:

Thierry LIBAERT

1.1.

Con el presente Dictamen, el CESE manifiesta su deseo de que la sociedad emprenda una transición económica para pasar de una fase de sobreexplotación de los recursos y despilfarro a una fase más sostenible, centrada más en la calidad que en la cantidad, y más intensiva en empleo. El CESE reafirma su voluntad de que Europa tome la iniciativa en materia de invención de nuevas formas de economía.

1.2.

El CESE considera que se debe apoyar la economía funcional (en lo sucesivo, «EF») en la medida en que permita responder a los retos enunciados en su totalidad o en parte. No es un fin en sí misma, sino un medio al servicio de nuevos objetivos asignados al modelo de consumo.

1.3.

Dado que muchas de las supuestas virtudes de la EF en los aspectos económico, medioambiental y social están rodeadas de incertidumbre o se desconocen, conviene realizar una evaluación completa de los tipos de productos o servicios, a fin de poder definir las ventajas que aportaría la EF y, en su caso, las condiciones que deben respetarse para una implantación ideal de esta.

1.4.

Después, se debe fomentar la comunicación del impacto (medioambiental, social, económico, etc.) del producto o servicio obtenido con una solución de EF: «acceso» o «uso» frente a «propiedad». De este modo, el consumidor podrá saber si le conviene o no optar por la compra del producto o servicio y efectuar una elección informada. La calidad y la credibilidad de la información proporcionada por las empresas son cruciales desde este punto de vista. Es necesario, por tanto, definir autoridades y mecanismos que las garanticen a ojos de los consumidores.

1.5.

El CESE recomienda que los Estados miembros y las partes interesadas promuevan el consumo responsable, ante todo en la fase de educación, haciendo hincapié en la EF. Esta última, siempre que se despliegue de forma inteligente, puede contribuir a superar muchos de los retos que plantea el consumo de hoy.

1.6.

Más en general, el CESE recomienda acelerar las investigaciones y las realizaciones en torno a nuevos modos de producción y consumo relacionados con la EF:

1.7.

Un paquete legislativo europeo permitiría estructurar la oferta de EF, en particular en relación con las nuevas problemáticas del consumo —el consumo colaborativo, la obsolescencia, la comprensión de estos modelos por el consumidor— y un contexto jurídico y fiscal más favorable a las empresas innovadoras.

1.8.

La territorialización de la EF permite responder a los nuevos retos que plantea el desarrollo sostenible de los territorios, a través de la experimentación de nuevos modelos económicos. La EF es útil para valorar las ventajas de los territorios, superar la estandarización de la producción en masa, en parte responsable del desencanto del consumo actual, y tener en cuenta todas las externalidades del sistema productivo. Además, por su densidad, que favorece las lógicas de puesta en común, las ciudades constituyen uno de los territorios más propicios para el desarrollo de soluciones de EF.

1.9.

Para afrontar la transición fundamental a un nuevo modelo económico con repercusiones importantes y sistémicas en numerosos ámbitos, se recomienda crear una nueva estructura transversal permanente en el seno del CESE encargada de analizar esta evolución.

1.10.

En un contexto en el que los buenos ejemplos son aún poco numerosos y todavía no gozan de la visibilidad que merecen, sería útil disponer de una plataforma de intercambio que diera visibilidad a escala europea a las iniciativas de EF. Dicha plataforma podría integrarse en el proyecto de plataforma europea sobre la economía circular aprobado por el CESE con ocasión de la votación de su Dictamen sobre el «Paquete de medidas sobre economía circular» presentado por la Comisión Europea.

1.11.

La economía funcional puede permitir rearticular los diferentes valores que componen el valor de un bien. Así, los valores de uso, aunque también el valor de trabajo, deben poder coexistir en el marco de la economía funcional.

1.12.

Será crucial aclarar y simplificar los retos que plantean los modelos de EF en materia de seguros, por lo que convendrá hacerlos más explícitos para el consumidor final, en una lógica de desarrollo de las nuevas ofertas de EF.

2.1.

La economía de la funcionalidad se propone desarrollar el uso de los productos más que su posesión. Ahora bien, se trata de ir más allá de la mera incorporación de «servicios» añadidos a un «producto», y considerar todos los cambios del consumo teniendo más en cuenta al usuario final y modelos económicos más ahorradores en recursos, llegando incluso a la producción de cobeneficios para los territorios. En este sentido, las empresas ya no venden un producto, sino una función que se factura según su utilización. Así, los industriales tendrían a priori interés en desarrollar, en el marco de su modelo económico, objetos sólidos, reparables y fáciles de mantener, y en garantizar una cadena de producción y una logística adaptadas.

2.1.1.

El paradigma económico subyacente sigue siendo que el valor reside en los beneficios obtenidos de la utilización, es decir, su valor de uso, aunque también en el bien o el servicio en sí mismo o en cómo lo ven los demás, es decir, su valor de trabajo o de intercambio.

2.1.2.

En el esquema económico tradicional, los productores crean valor y los consumidores lo destruyen a través del consumo. En la EF, los intereses de las dos partes deben coincidir, o al menos converger, para que cada una de ellas preserve, o cree, valor. Con la revolución digital en curso, la producción y la explotación de los datos generados a partir de los usos y los conocimientos de productores y consumidores constituyen uno de esos nuevos recursos y valores creados por ambas partes.

2.1.3.

Las nuevas dinámicas emergentes en torno a la figura, solo teórica de momento, del «prosumidor» (neologismo que conjuga los papeles históricamente diferentes del productor y el consumidor) ilustran esta nueva configuración de relaciones económicas muy lineales o verticales en esquemas y organizaciones más capilares u horizontales.

2.1.4.

La EF puede favorecer la desmaterialización de la economía al integrar todos los costes en el precio final. Debe favorecer la desvinculación entre la actividad económica y el impacto medioambiental.

2.2.

Dos escuelas teóricas remiten a dos modelos más o menos logrados de aplicación del concepto de EF. La primera considera una oferta de servicios centrada en el uso y remite a la idea general de una economía de servicios. Replantea las relaciones de propiedad, pero no se cuestiona en absoluto los productos. La segunda se centra en las externalidades de la EF, que permiten definir nuevas soluciones, en las que la venta de bienes y servicios se contempla como un conjunto integrado (que cuestiona el trabajo o incluso la producción de recursos inmateriales, en particular para el territorio) y en las que el consumidor forma parte integrante de la solución.

2.3.

El CESE desea preconizar un enfoque equilibrado. La idea no es promover de un modo uniforme la economía funcional, sino hacerlo en la medida en que aporte respuestas a los nuevos retos enunciados.

3.1.

La EF es interesante en la medida en que, en teoría, o al menos en determinadas condiciones, puede responder a los múltiples retos vinculados al consumo de hoy, ya sean económicos, sociales, medioambientales o culturales.

3.2.

En el marco de un enfoque integrado, en particular en los territorios, puede suscitar cobeneficios o externalidades positivas. Así, a modo de ejemplo, mediante formas de trabajo cooperativas y transversales, algunos entes locales incluyen en las prestaciones de alumbrado público el rendimiento económico y la seguridad de los espacios públicos, pero también la reducción de la contaminación lumínica y del consumo de energía. La integración de estos distintos objetivos, más que la optimización de un parámetro único, permite responder a múltiples retos con unos costes razonables.

3.2.1.

Al poner en común las inversiones, la EF representa un medio de promover la innovación al servicio del desarrollo sostenible y, en particular, las innovaciones tecnológicas limpias o verdes. Estas últimas, a menudo más intensivas en capital que las soluciones clásicas, encuentran así un modelo económico que favorece su difusión entre los consumidores, que, individualmente, no dispondrían de una capacidad financiera suficiente. Por ejemplo, un contrato de rendimiento energético puede permitir al usuario disponer de tecnologías y servicios de eficiencia energética, en ocasiones costosos, por una módica prestación abonada mensualmente.

3.3.

Desde el punto de vista medioambiental, los modos actuales de consumo, basados en la propiedad individual entrañan una infrautilización de los bienes y, por consiguiente, un derroche considerable de recursos naturales [por ejemplo, en la actualidad, un coche está inutilizado el 95 % del tiempo y, en la ciudad, solo suele ser utilizado por poco más de una persona (1,2)].

3.3.1.

La adquisición de un servicio de movilidad (un asiento para un determinado número de kilómetros, un vehículo por un tiempo y un kilometraje definido, etc.) permite intensificar el uso de estos recursos. La EF puede aumentar, pues, la intensidad de uso de numerosos bienes de consumo y, por esa razón, crear más valor con una huella medioambiental menor.

3.3.2.

La tarificación de los servicios de EF, que integra todos los costes del producto y los servicios y no solo el coste marginal, permite al usuario apreciar mejor los costes reales. Se transmite así una señal de precio más cercana al impacto real de la producción y se alientan comportamientos más responsables (por ejemplo, al comprar una hora de vehículo compartido, el usuario paga la amortización del vehículo, el seguro, el aparcamiento, la gasolina, etc., es decir, en total, todos los costes calculados de forma proporcional). De este modo, el consumidor estará más sensibilizado para hacer un uso razonable del vehículo que en el caso de un uso «propietario», en el que por lo general solo se percibe como coste de uso la gasolina.

3.4.

En términos sociales, al reducir los costes de acceso a un producto o servicio, ya sea mediante la puesta en común de una inversión colectiva o limitando el coste del uso deseado únicamente al coste de acceso, la EF puede permitir a un número mayor de consumidores acceder a servicios a los que no podrían aspirar. La cuestión crucial, tanto desde el punto de vista económico y jurídico como en términos de seguros, reside en la figura del inversor o poseedor del capital que se pone a disposición de los usuarios. Los retos que plantean las nuevas normativas que deberán adoptarse sobre estas cuestiones parecen importantes.

3.4.1.

Las cuestiones sociales son muchas y, al igual que sucede con los retos medioambientales, deben estudiarse seriamente para poder decidir si la EF interesa o no en un determinado ámbito y, sobre todo, determinar las condiciones de despliegue de la EF para el progreso social.

3.5.

El cambio de paradigma que supone la transición de la «propiedad» al «acceso» no es anodino. Esta transición apoya el cambio de un modelo de consumo basado en la ostentación y el deseo mimético a un consumo más tranquilo, menos construido sobre lógicas compulsivas y, en cualquier caso, menos dependiente de la propiedad de bienes materiales.

3.6.

El sector digital puede ampliar el ámbito de la EF saliendo de la esfera exclusiva, pero en todo caso original, del B2B. Al reducir los costes de difusión y despliegue en particular, las soluciones digitales pueden aportar a todos soluciones de EF en ámbitos muy variados (música, movilidad, equipos, vivienda, etc.). En esta perspectiva y para favorecer la cohabitación con el modelo económico existente, se debe idear y aplicar con rapidez un marco fiscal y reglamentario.

3.7.

Los trabajos y resultados de experiencias recientes muestran que las prácticas de EF tienen éxito y se adoptan cuando las soluciones mejoran la experiencia del usuario y la calidad de vida del consumidor, más que en función de criterios meramente económicos o medioambientales. El caso del vehículo compartido lo ilustra, en el marco de la cuestión crucial del aparcamiento en el centro de la ciudad, que este sistema permite resolver, o también el del streaming, que permite acceder de forma casi instantánea a un enorme catálogo.

4.1.

La EF puede conducir en determinados casos a una aceleración de los ritmos de consumo y renovación de los productos. Así, en el caso de la telefonía móvil o la venta de vehículos de alquiler de larga duración, no es seguro, de forma intuitiva, que estos modelos (alquiler de larga duración, por lo general con opción de compra) contribuyan a prolongar la vida útil de los productos o mejorar el reciclado al final de la misma.

4.2.

Aunque los grandes grupos industriales son los más conocidos por su puesta en práctica de ejemplos concretos, otros sectores más tradicionales como la agricultura, por ejemplo a través de las compras colectivas, pero también las empresas emergentes, pueden desempeñar un papel en la consolidación y la difusión de la economía funcional en la sociedad. Además, este concepto y su aplicación también pueden brindar a las pymes soluciones nuevas para sus clientes. Asimismo, estructuras en forma de cooperativas pueden favorecer modos de gobernanza más horizontales y en los que el usuario participe plenamente.

4.3.

Al reducir los costes de acceso a un producto o un servicio, la EF puede representar una ventaja para los ciudadanos más modestos. Permite, en particular, cierta flexibilidad en el acceso a los servicios y los productos. Ahora bien, al mismo tiempo, puede aumentar la vulnerabilidad de los ciudadanos más modestos desde el momento en que no puedan pagar los derechos de acceso, uso o abono a un servicio. Desde este punto de vista, y en el contexto actual de creciente precariedad en numerosos países europeos, la propiedad puede parecer preferible y, por tanto, aportar más seguridad a los ciudadanos en una situación precaria. Por otra parte, en lo referente al acceso a determinados bienes y servicios, la desigualdad no es una mera cuestión de capital económico (recursos financieros) sino también de capital cultural o educativo (entorno social, formación).

4.4.

Desde una perspectiva social, la EF puede hacer al consumidor, y por tanto al ciudadano, todavía más dependiente de las organizaciones económicas o de un sistema técnico y económico determinado. Una vez inscrito en un servicio, es difícil, incluso imposible, reparar, arreglar, modificar, etc., el producto puesto a disposición. Así, la EF puede incrementar la heteronomía si los usuarios no participan suficientemente en el diseño de los productos y las soluciones desarrolladas. Deberán buscarse y promoverse modelos económicos y de gobierno que favorezcan la autonomía de los consumidores (en sus elecciones, prácticas y usos).

4.5.

El sector digital puede permitir ampliar el ámbito de aplicación de la EF a todos los consumidores. No obstante, suscita también numerosas cuestiones: captación de valor por determinadas plataformas, optimizar o eludir impuestos, respeto de la privacidad (en particular por lo que respecta al uso de los datos recogidos), concentración económica (monopolios de plataformas) y cuestiones específicamente laborales (como se menciona en el punto 1.6).

4.6.

La mera transición a una «economía de servicios» no puede proteger a la EF de todos estos riesgos o frenos. Un enfoque más integrado de la EF, que cuestione la gobernanza de la empresa, el trabajo y la relación con el territorio y tenga en cuenta al consumidor desde el diseño del servicio y durante todo el ciclo de vida del producto, puede permitir superarlos.

4.7.

No obstante, en varios de estos puntos, y en especial en materia de competencia o respeto de la privacidad, es indudablemente necesaria una intervención jurídica.

5.1.

Son muchas las razones por las que la Unión Europea debe ocuparse del tema de la EF. Se trata de razones de carácter medioambiental, social, cultural y también económico. En el marco de esta reflexión, son importantes los retos digitales y, en general, las relaciones con los nuevos modelos económicos, como la economía colaborativa, circular, etc., en especial por lo que respecta a la velocidad de los grandes cambios introducidos.

5.2.

En Europa, la EF se presenta como un medio para que las empresas puedan recrear valor añadido y promover soluciones intensivas en empleo (en especial en fases posteriores, en los sectores del mantenimiento, la reparación, etc., pero también en fases anteriores, en la elaboración de modelos económicos innovadores y el diseño de servicios asociados) y, en particular, mejorar la competitividad de determinados sectores. La EF, al desarrollar ofertas de servicios más cercanas a las necesidades de los consumidores en vez de una producción estandarizada y poco adaptada, puede permitir restablecer una relación de confianza entre empresas y consumidores y dar un nuevo sentido al consumo.

5.3.

Mientras los servicios de innovación de las grandes empresas, los territorios y gran número de expertos abogan por la promoción de la economía funcional, sorprende constatar la debilidad de la dinámica europea. Aunque la economía funcional ocupa un lugar central en la economía circular, no se menciona en absoluto en el reciente informe de la Comisión titulado «Cerrar el círculo» consagrado a este tema.

5.3.1.

A pesar de estas incertidumbres y limitaciones, en la incierta situación política y económica que se vive hoy en Europa, la EF brinda a Europa una oportunidad de valorizar y desarrollar los conocimientos especializados y las competencias de muchos actores.

10.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/6

Ponente:

Antonio GARCÍA DEL RIEGO

1.1.

El CESE anima a la Comisión a proseguir sus esfuerzos para desarrollar unas propuestas políticas dirigidas a fomentar la creación de empresas innovadoras y de rápido crecimiento. Recomienda, además, que estas iniciativas se lleven a cabo y estén dirigidas y coordinadas por una única unidad responsable de la evaluación, el seguimiento y la consecución de sinergias entre las políticas innovadoras de las distintas direcciones generales. Estas propuestas deberían reforzar el mercado único, consolidar las agrupaciones y los ecosistemas en los que se crean las nuevas empresas innovadoras, desarrollar el componente de patrimonio neto de los mercados de capitales europeos, centrar la atención de la agenda académica en los empleos para el futuro y reducir al mínimo los costes y los trámites administrativos necesarios para iniciar un nuevo proyecto empresarial.

1.1.1.

La Comisión debería seguir trabajando para garantizar el respeto de las normas vigentes en el mercado único: la adopción de proyectos de armonización a largo plazo como las normas contables y de insolvencia, el reconocimiento automático de las cualificaciones profesionales y académicas, la aceleración de la aplicación de la estrategia del mercado único digital y el pleno despliegue de la iniciativa de la Unión de Mercados de Capitales (1) ayudarían de manera significativa a la UE a aprovechar todo el potencial de un auténtico mercado único. Unas normas contractuales transfronterizas simples y eficaces contribuirían a impulsar el comercio electrónico transfronterizo y a reducir la fragmentación jurídica de la legislación en materia de protección del consumidor, así como los costes de cumplimiento para las empresas.

1.1.2.

Es preciso ampliar la financiación mediante fondos propios para apoyar a las nuevas empresas durante su fase de desarrollo. Esto requiere, entre otros factores, un sistema fiscal más neutro, en el que se dispense el mismo trato a la financiación mediante endeudamiento y mediante fondos propios, permitiendo la deducibilidad tanto de los intereses como de los dividendos (2). Las empresas emergentes deberían poder utilizar los paquetes de «opción de compra de acciones» para atraer y retener a las personas con talento.

1.1.3.

Debería crearse y promoverse una cultura accionarial, en particular, a través de iniciativas educativas y no legislativas. El sistema financiero europeo necesita desarrollar productos de inversión líquida adaptados a los pequeños inversores, para animarles a invertir en pequeñas empresas innovadoras.

1.1.4.

También es fundamental eliminar la burocracia innecesaria y reducir la «sobrerregulación» a fin de minimizar las cargas administrativas, evitar gastos innecesarios y ahorrar tiempo a los empresarios.

1.1.5.

Es preciso reforzar y agilizar en todos los Estados miembros el desarrollo de nuevas formas de colaboración entre universidades y empresas, tanto las grandes como las pequeñas, adoptando nuevas medidas políticas dirigidas a hacer de la UE un polo de atracción para el talento.

1.1.5.1.

El CESE anima a la Comisión a eliminar todas las trabas jurídicas que obstaculizan los intercambios de estudiantes y de jóvenes empresarios (3), por ejemplo mediante la creación de un programa Erasmus dirigido a los jóvenes empresarios.

1.1.5.2.

Para dar a conocer a las empresas prometedoras, el CESE recomienda crear una base de datos en forma de plataforma, integrada en el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) y en el Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI) (4). Dicha base incluiría las empresas de la UE de rápido crecimiento en distintos sectores, seleccionadas sobre la base de criterios objetivos y transparentes, y permitiría realizar comparaciones y evaluaciones comparativas entre empresas.

1.1.6.

El CESE considera que el hecho de compartir y evaluar buenas prácticas permite disponer de información valiosa para experimentar con nuevas políticas (5).

1.2.

Se pide al Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que apoyen a las empresas innovadoras con capital riesgo y capital de lanzamiento específicos, al objeto de facilitar la transferencia tecnológica desde las universidades y los centros de investigación. Este apoyo podría cobrar la forma de garantías del primer préstamo, contribuyendo así a vencer las reticencias iniciales respecto de la financiación privada.

1.3.

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), dotado con 21 000 millones EUR de garantías de la Unión Europea y capital del Banco Europeo de Inversiones, debería desempeñar un papel esencial a la hora de ayudar a los proyectos innovadores a desarrollarse y llegar hasta el mercado. Además, el FEIE podría servir de modelo para los futuros presupuestos de la UE: se pasaría de un método tradicional de financiación de proyectos basado en subvenciones a un modelo más eficiente, impulsado por la inversión, capaz de atraer fondos para financiar los proyectos. El FEIE ha conseguido financiar con éxito unos sectores relativamente arriesgados que fácilmente podrían haberse ignorado (6).

1.4.

Para estimular el crecimiento, el CESE defiende la creación de un conjunto más amplio de instrumentos de inversión, que incluya fondos de inversión «asimétricos», que generan rendimientos diferentes para los distintos tipos de inversores, e instrumentos de financiación alternativos, como la microfinanciación colectiva (7). También debería considerarse la creación de submercados, a fin de facilitar el acceso de las pymes europeas al mercado.

1.5.

La Comisión debería abordar la cuestión de las asimetrías reglamentarias entre Europa y los Estados Unidos respecto del tratamiento de las inversiones en los programas informáticos, y eliminar los obstáculos reglamentarios que impiden al sector financiero europeo invertir en el desarrollo de la economía digital.

2.1.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son un elemento clave de la economía europea, al contribuir de manera significativa a la creación de empleo y al crecimiento económico (8).

2.1.1.

En 2015, la Unión Europea contaba con más de 22,3 millones de pymes que representaban el 99,8 % de todas las empresas no financieras. Estas pymes empleaban a 90 millones de personas (66,9 % del empleo total), generaron el 57,8 % del valor añadido total (9) y crearon el 85 % de los nuevos empleos. Europa debe asegurar la creación de una nueva generación de pymes para compensar las 200 000 quiebras que se producen cada año (10) y afectan a 1,7 millones de trabajadores. Sin embargo, lo más importante para el futuro crecimiento económico son las empresas que desean innovar, crecer y exportar.

2.2.

La creación de empresas con una tasa elevada de crecimiento reviste una importancia fundamental por el énfasis que ponen en la innovación en sectores de rápido crecimiento con un alto valor añadido. Estas empresas son las que crearán empleo en el futuro e impulsarán el crecimiento de la productividad, un factor esencial para mejorar el nivel de vida. Si bien Europa registra progresos en algunos ámbitos, se está quedando rezagada en lo que se refiere a la transición de las empresas de la fase de lanzamiento a la fase de expansión, que en última instancia debe conducir al crecimiento y a la creación de puestos de trabajo que Europa necesita (11).

2.3.

El presente dictamen de iniciativa se centra en las empresas en fase de expansión: se trata de empresas que presentan un crecimiento medio del número de empleados o de la volumen de negocios superior al 20 % en un período de tres años y cuentan con un mínimo de diez empleados al principio del período (12). Una característica clave de las empresas en fase de expansión es que emplean modelos empresariales muy modulables. La escalabilidad es la capacidad de crecimiento en términos de acceso al mercado, ingresos y estructura, impulsada, por ejemplo, por la rápida reproducción del modelo empresarial en mercados distintos o por nuevas prácticas de gestión.

2.3.1.

Un estudio realizado por la OCDE en once países (13) señala que las empresas en fase de expansión representan menos del 10 % del total de las empresas de estos países pero contribuyen a crear hasta dos tercios de todos los nuevos empleos (14).

2.4.

Las empresas emergentes tienden a ser menos rentables a corto plazo y dependen de la financiación externa. Si estas empresas innovadoras no están en condiciones de financiar sus planes de desarrollo, no conseguirán expandirse y su potencial subyacente de crecimiento de la productividad y creación de empleo podría verse frenado.

2.4.1.

Un análisis del Banco Mundial (15) calcula que, en 2007, el tipo medio de los préstamos no productivos a pymes en los mercados desarrollados era del 6,93 %, más del doble que el de los grandes préstamos empresariales cuyo tipo asciende a un 2,54 %. Durante la crisis, los préstamos no productivos registraron un incremento considerable, del 10 % al 25 %, en Portugal, España, Italia e Irlanda.

2.4.1.1.

Las políticas que incitan a los bancos a conceder préstamos a las empresas de mayor riesgo, en particular las empresas en fase inicial con garantías limitadas, podrían contribuir a la creación de una serie de bancos de riesgo, a la contracción del crédito y al aumento de la inestabilidad financiera (16).

2.5.

Europa debe centrarse en el correcto funcionamiento de la financiación de la transición, que se echa en falta actualmente.

2.5.1.

La financiación de la transición consta de cuatro partes: fase de puesta en marcha (financiada mediante subvenciones, capital semilla, familiares y amigos), fase de crecimiento de los activos (microfinanciación colectiva, inversores providenciales), crecimiento sostenido (titulización, capital privado, capital riesgo, inversores institucionales, capital inversión, capital riesgo, inversores institucionales, colocación de la deuda privada) y salida (adquisición, mercados de acciones cotizadas).

3.1.

Los ecosistemas de innovación de éxito que apoyan a las empresas en expansión se caracterizan por unas redes fuertemente interconectadas de centros de investigación y educación, grandes empresas, inversores de capital de riesgo y la presencia de talento creativo y empresarial (17).

3.1.1.

Generalmente, las empresas emergentes surgen en los núcleos tecnológicos que se forman en torno a universidades de primer orden, que son actores clave del desarrollo de un entorno empresarial dinámico, al constituir un vivero de talentos debido a la presencia de los estudiantes y profesores. Las agrupaciones de empresas potentes y bien conectadas mejoran la productividad de los negocios, marcan el rumbo y el ritmo de la innovación y estimulan la creación de nuevas empresas. Los Estados Unidos y China, así como algunos centros en Europa, están manteniendo una larga lucha para atraer el talento y el capital y fomentar la innovación.

3.1.2.

Sin embargo, la fragmentación de los mercados laborales europeos impide a las empresas emergentes pasar a una fase de expansión. A este respecto, es primordial facilitar la movilidad laboral dentro de la UE, así como atraer talentos procedentes de terceros países que actúen como imán, creando así un círculo virtuoso.

3.1.3.

Podría fomentarse la creación de un programa Erasmus para jóvenes empresarios. Esta iniciativa encaja con el principio rector del crecimiento y el empleo, facilitaría la movilidad y sería bien recibida por las empresas.

3.1.3.1.

Últimamente se han aprobado algunas políticas destinadas a atraer talentos de fuera de la UE. La tarjeta azul, introducida en 2009, ha acelerado la entrada de trabajadores cualificados contratados por un empresario europeo (18). A escala nacional, algunos países europeos ya han creado procedimientos de visado específicos para empresarios, y otros se están sumando a esta iniciativa (19).

3.1.4.

Un ejemplo notable de centro tecnológico con éxito es el de Oxbridge, que es la zona de influencia que abarca las universidades de Oxford y Cambridge en el Reino Unido. La comunidad de científicos especializados en tecnología punta en este país siguió creciendo e innovando durante el prolongado período de recesión y estancamiento económico que se produjo entre 2008 y 2012 (20).

3.1.4.1.

Sin embargo, muchas universidades europeas no tienen el prestigio, la estructura o la voluntad necesarios para crear unas condiciones que permitan desarrollar proyectos empresariales en los campus o defender esta iniciativa ante los gobiernos (21). Los responsables universitarios y los gobiernos deberían crear vínculos con el mundo empresarial, invertir en los servicios de transferencia de tecnologías en los campus y en la formación para el emprendimiento (22).

3.1.5.

Las empresas derivadas creadas a raíz de la transferencia de tecnología de las universidades tienen dificultades a la hora de crecer debido a la insuficiencia de recursos financieros y de gestión especializada. Por consiguiente, es esencial que puedan contar con un apoyo público institucional para superar la reticencia inicial de los proveedores de fondos privados a la hora de invertir en empresas derivadas con un perfil técnico, que suelen considerarse demasiado técnicas y arriesgadas y a menudo no se comprenden bien.

3.2.

Si bien el nivel educativo es similar, los europeos son más reacios a crear nuevas empresas que los estadounidenses. Entre los diversos motivos que explican este hecho se cuentan el alto nivel de aversión al riesgo, las cargas administrativas, el escaso desarrollo de la cultura de las segundas oportunidades y de los programas educativos para empresarios y la ausencia de una cultura accionarial privada. También debería prestarse atención al desarrollo temprano de una cultura empresarial en la educación primaria y secundaria.

3.2.1.

De hecho, el riesgo de quiebra es lo que más temen los europeos con respecto a la creación de un nuevo negocio: el 43 % en Europa frente al 19 % en EE. UU. Por otra parte, la existencia en EE. UU. (23) de un régimen de quiebra para empresas bastante eficiente y de carácter no punitivo, junto con una mayor aceptación general del fracaso empresarial, favorece la disposición a asumir riesgos. Desarrollar una cultura de carácter más empresarial debería convertirse en una prioridad para los responsables políticos y los centros educativos.

3.2.1.1.

Un estudio reciente muestra que las empresas creadas por segundos empresarios presentan una volumen de negocios y un crecimiento del empleo mayores y tienen más posibilidades de obtener fondos externos (24). En España, solo el 20 % de los empresarios que crean una primera empresa tienen éxito, mientras que en el caso de los que lo intentan por segunda vez, la tasa de éxito aumenta hasta un sorprendente 80 %.

3.3.

Las empresas innovadoras y de crecimiento rápido suelen tener más probabilidades de que se les rechace un préstamo bancario porque carecen de capital, que es un elemento esencial de las evaluaciones crediticias de los bancos (25). Por tanto, la financiación mediante fondos propios es indispensable para las nuevas empresas innovadoras y para las empresas con planes de expansión significativos pero con una previsión de flujos de efectivo inciertos o negativos. Es necesario, pues, completar los préstamos bancarios mejorando la diversidad y la flexibilidad de las fuentes de financiación, con especial énfasis en el papel que desempeña la financiación mediante fondos propios.

3.4.

Europa necesita crear y promover una cultura accionarial, y los sistemas financieros europeos deben desarrollar productos de inversión adaptados a los pequeños inversores y proporcionar la liquidez necesaria para que puedan invertir en pequeñas empresas innovadoras.

3.4.1.

Debido a la falta de financiación tras la fase inicial, las nuevas empresas europeas no pueden seguir el ritmo de crecimiento de sus homólogas estadounidenses y necesitan producir beneficios antes para seguir existiendo, so pena de tener que venderse a bajo precio en una fase temprana. De hecho, para 2009, solo el 5 % de las empresas europeas creadas desde cero a partir de 1980 se encontraban en la lista de las 1 000 empresas más importantes en cuanto a capitalización bursátil. En EE. UU., este porcentaje es del 22 % (26).

3.4.1.1.

De forma llamativa, más de la mitad del capital riesgo de todo el mundo se concede en EE. UU. y solo el 15 % en Europa. En 2013 se concedieron 26 000 millones EUR de capital riesgo en EE. UU. y 5 000 millones EUR en Europa, mientras que los inversores providenciales proporcionaron 6 000 millones EUR a las nuevas empresas innovadoras europeas y 20 000 millones EUR a las estadounidenses.

3.4.1.2.

Así pues, la UE adolece de un importante déficit de inversión providencial y financiación de capital de riesgo, que son, respectivamente, entre tres y cinco veces superiores en los Estados Unidos. Esta diferencia es fundamental ya que este tipo de capital es el que se necesita para que las empresas puedan crecer y sean más eficaces.

3.4.1.3.

La principal razón de esta situación es la gran fragmentación de la industria de capital de riesgo de la UE debida a las fronteras nacionales. El valor medio de los fondos europeos de capital riesgo, que gira en torno a los 60 millones EUR, representa solo la mitad del volumen medio de los fondos en los Estados Unidos, y el 90 % de las inversiones de capital riesgo de la UE se concentran en solo ocho Estados miembros (Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido) (27). Dada la diversidad de normas en los Estados miembros, las empresas de capital riesgo se enfrentan a un alto coste a la hora de recaudar fondos en toda Europa. Por consiguiente, son pequeñas y disponen de menos capital para respaldar a las empresas en fase de expansión. Si los mercados europeos de capital riesgo fueran tan amplios como los de Estados Unidos, las empresas hubieran podido disponer, entre 2008 y 2013, de fondos adicionales por un valor aproximado de 90 000 millones EUR (28).

3.4.1.4.

También es problemática la insuficiente implicación de los inversores privados. En los últimos diez años, el sector europeo del capital riesgo ha pasado a depender cada vez más de las instituciones del sector público, cuya contribución representó el 31 % (29) de la inversión total en 2015, frente a solo un 15 % (30) en 2007. El objetivo no debe ser menos dinero público sino más fuentes privadas. Para que la industria pueda ser autosuficiente a largo plazo, es preciso ampliar y diversificar la base de inversores.

3.4.1.5.

A fin de incentivar la colaboración público-privada, podría recurrirse a los fondos asimétricos. Se trata de unos fondos de capital de riesgo que ofrecen a los inversores condiciones y rendimientos diferentes en función de sus objetivos de inversión, y en los que se tienen en cuenta los distintos intereses de los socios según el tipo de colaboración. Estos fondos existen ya en Finlandia, Grecia, el Reino Unido y los Países Bajos.

3.4.2.

También debería considerarse la creación de submercados, a fin de facilitar el acceso al mercado de las pymes europeas. Ello permitiría reducir los costes de cotización y adoptar un enfoque flexible y adaptado a las necesidades de las empresas pequeñas y dinámicas. Buenos ejemplos de ello son el Alternative Investment Market londinense, el Nouveau Marché de París o el Mercado Alternativo Bursatil de Madrid. Sin embargo, este sistema de regulación flexible puede ser un arma de doble filo. Por una parte, las pequeñas empresas pueden acceder más fácilmente a la bolsa a través de acciones de propiedad dispersa, pero, por otra, los inversores sin experiencia pueden tener dificultades para evaluar con exactitud el perfil de riesgo de una empresa.

3.4.3.

A veces, la regulación sectorial específica merma la capacidad de las empresas de la UE para invertir en el desarrollo de tecnologías, en comparación con sus homólogos estadounidenses. Por ejemplo, existe una asimetría reguladora entre los entes financieros europeos, estadounidenses y suizos en lo que respecta a las inversiones necesarias en los programas informáticos y en otros activos intangibles, que son esenciales para el desarrollo digital.

3.4.3.1.

El sector bancario es, con mucho, el mayor sector informático en el mundo: de los 700 000 millones de dólares estadounidenses dedicados a la innovación informática, el sector financiero gasta 1 de cada 5 EUR y representa entre el 5 y el 10 % de la inversión (31). Los bancos desempeñan, pues, un papel importante en la transformación digital y son los principales proveedores de financiación de la economía digital.

3.4.3.2.

Sin embargo, el marco regulador penaliza las inversiones que tanto necesita en tecnologías de la información. La regulación financiera debería considerar los programas informáticos como activos corrientes y no debería obligar a los bancos de la UE a deducir esta inversión para los requisitos de capital.

3.5.

El hecho de que el régimen fiscal difiera según el Estado miembro y el tipo de financiación supone un obstáculo para el desarrollo de un mercado de capitales paneuropeo, que afecta tanto a los inversores como a los emisores.

3.5.1.

En Europa, la mayoría de los sistemas de impuestos sobre sociedades dan preferencia a la financiación mediante endeudamiento frente a la financiación mediante fondos propios, al permitir la deducción de los gastos de intereses, mientras que en el caso de la financiación mediante fondos propios no hay ninguna deducción por el pago de dividendos. Tal preferencia por el endeudamiento se puede solucionar aplicando la deducción fiscal de los gastos tanto para la financiación mediante fondos propios como para la financiación mediante endeudamiento (32).

3.5.1.1.

Los incentivos fiscales desempeñan un importante papel en la oferta de financiación a las empresas incipientes de rápido crecimiento, y varios gobiernos de todo el mundo permiten desgravaciones fiscales para los particulares y las empresas que inviertan en nuevas empresas de alta tecnología o fondos de capital riesgo cualificados (33).

3.5.1.2.

Tradicionalmente, un beneficio atractivo para los empleados y nuevos empresarios consiste en poner en marcha un programa de opciones sobre acciones, ya que muchos de ellos están dispuestos a renunciar a un compensación salarial. En la mayoría de los Estados miembros, el tratamiento fiscal de las opciones sobre acciones tiene un carácter muy disuasorio, ya que se consideran como ingresos ordinarios y se gravan con un tipo marginal. Debería fomentarse un trato fiscal preferente para las opciones sobre acciones, al igual que lo que se hace en los Estados Unidos con las opciones de compra de acciones (Incentive Stock Options) (34).

3.5.2.

Resulta costoso para las empresas cumplir con las obligaciones relativas al IVA, en particular si venden bienes o servicios a transfronterizos. El CESE celebra que la Comisión haya anunciado, como parte de su Estrategia para el Mercado Único Digital, que presentará propuestas legislativas antes de finales de 2016 para reducir las cargas administrativas que pesan sobre las empresas debido a los diferentes regímenes del IVA. Entre estas medidas, la Comisión propone introducir un umbral de exención del IVA para ayudar a las empresas emergentes y las microempresas (35).

3.6.

Es fundamental desbloquear todo el potencial del mercado único para que las nuevas empresas innovadoras puedan ofrecer sus servicios y productos en toda la UE desde un primer momento y crecer rápidamente para competir en los mercados mundiales.

3.6.1.

Unas normas contractuales transfronterizas simples y eficaces para consumidores y empresas son una prioridad en la estrategia del mercado único digital. Permitirían fomentar el comercio electrónico transfronterizo en la UE, eliminando la fragmentación jurídica en materia de Derecho contractual del consumidor. Se espera que la eliminación de los obstáculos debidos a las diferencias del Derecho contractual relance el consumo en la UE en 18 000 millones EUR y que el producto interior bruto crezca en 4 000 millones EUR con respecto a su nivel actual (36).

3.7.

Las cargas administrativas innecesarias también suponen costes suplementarios y una pérdida de tiempo para los empresarios.

3.7.1.

En el período comprendido entre 2013 y 2015, el coste medio para crear un negocio en la UE era del 4,1 % del PIB, mientras que en EE. UU. era del 1,17 % (37).

3.7.2.

En cuanto al tiempo requerido para crear una empresa en la UE, la media para completar el proceso de registro era de 11,6 días, mientras que en EE. UU. solo se tarda 6 días.

3.8.

La asimetría de la información es otra de las razones por las que no se desarrollan suficientes empresas de rápido crecimiento en Europa. Los inversores carecen de una visión completa de todas las oportunidades de inversión. Además, los inversores no europeos se enfrentan a restricciones adicionales al tener que intentar comprender las especificidades de los distintos mercados nacionales. Un portal asignado a este propósito, integrado por el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) y el Portal Europeo de Proyectos de Inversión (PEPI) (38), contribuiría a dar visibilidad a los proyectos con alto potencial de crecimiento y a reducir la asimetría de la información.

4.1.

Son muchos los países que han desarrollado buenas prácticas para ayudar a las empresas de nueva creación y en fase de expansión. El CESE recomienda a la Comisión que examine cuidadosamente las posibilidades para su aplicación a escala europea.

4.1.1.

Alemania obliga a las empresas a afiliarse a la Cámara de Comercio alemana (IHK) y esta, a su vez, les presta apoyo y asesoramiento (39).

4.1.2.

Deberían explorarse los sistemas de garantía de préstamos públicos, como los que existen en Italia, el Reino Unido, Polonia y Francia, así como la cofinanciación estatal, como en Alemania y Suecia (40).

4.1.3.

El Reino Unido está ofreciendo sistemas de incentivos fiscales para aumentar el flujo de fondos en activos más arriesgados, con el régimen de inversión empresarial (EIS), el régimen de inversión para empresas incipientes (SEIS) y el fondo de capital-riesgo (VCT) (41).

4.1.4.

La región de Piamonte, en Italia, ha desarrollado redes en doce agrupaciones sectoriales, que reúnen a empresas, universidades y gobierno local (42).

4.1.5.

En el País Vasco (España), la cooperativa Elkar-Lan promueve la creación de otras cooperativas facilitando un análisis de viabilidad completo del proyecto, formación, y acceso a subvenciones y ayuda financiera (43).

4.1.6.

La digitalización de los servicios públicos, como demuestra el caso de Estonia, podría suponer un gran avance al facilitar el crecimiento de empresas innovadoras de alta tecnología. A escala paneuropea, el desarrollo de la administración electrónica tendría enormes repercusiones.

4.1.7.

En la era de la economía de los datos, puede constituir una ventaja competitiva el recurso a los activos intangibles, que son difíciles de evaluar y de valorar utilizando los mecanismos de financiación tradicionales. La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido ha desarrollado métodos para detectar y medir dichos activos en términos de tesorería (44).

4.1.8.

En el Reino Unido, un equipo especializado de Tech City UK, denominado Future Fifty (Cincuenta con futuro) apoya las 50 primeras empresas digitales del Reino Unido en su fase de crecimiento. El programa permite a las empresas beneficiarse de las competencias del gobierno y el sector privado y crear vínculos con la base de inversores institucionales del Reino Unido y ofrece a las empresas un apoyo específico para ayudarles a desarrollarse rápidamente y a sentar las bases de la OPI (45), las fusiones y adquisiciones y la expansión a escala mundial (46).

4.1.9.

En 2015, el Gobierno Federal de los Estados Unidos lanzó el programa STEM, con el objetivo de animar a los niños a estudiar ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. En efecto, es fundamental preparar a los estudiantes de cara a las futuras necesidades del mercado laboral (47). Existe una creciente atención a las cualificaciones transferibles y a las STEAM (en la sigla, la «A» se refiere a las artes).

5.1.

La Comisión Europea ha realizado un esfuerzo notable para apoyar a los empresarios, desarrollando numerosas iniciativas en los últimos años en el marco un proceso liderado por varias direcciones generales: DG CONNECT (48), DG EAC (49), DG GROW (50), DG RTD (51) y DG FISMA (52).

5.2.

Muchas de las iniciativas son recientes, por lo que aún es demasiado pronto para evaluar su repercusión. Sin embargo, el CESE cree que la Comisión está bien encaminada y le anima a que siga trabajando en esa dirección, consultando siempre a las partes interesadas europeas y nacionales pertinentes.

10.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/14

Ponente:

Vladimíra DRBALOVÁ

1.1.

El Comité considera esencial que las empresas sean transparentes y apoya todas las iniciativas dirigidas a promover un emprendimiento sostenible y previsible a largo plazo. La transparencia es importante para todas las partes y para las propias empresas, ya que les permite mejorar su imagen y consolidar la confianza de los trabajadores, consumidores e inversores.

1.2.

El Comité reconoce que la mayoría de las empresas que operan en la UE funcionan de manera transparente. Sin embargo, en los últimos tiempos se han dado una serie de escándalos que han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la transparencia para que pase a generalizarse en la estrategia sostenible de las empresas. Los inversores y accionistas están cada vez más atentos no solo a los indicadores de rentabilidad de las empresas, sino también a los indicadores cualitativos de responsabilidad social de las empresas (en lo sucesivo, «RSE») (1), ya que esta contribuye a reducir los riesgos sociales y a garantizar un desarrollo sostenible de la empresa Para responder a las necesidades de las empresas y otras partes interesadas, la información debe ser significativa y su recopilación debe ser rentable.

1.3.

El Comité considera que los Gobiernos de los Estados miembros deberían motivar y animar a las empresas a convertir la transparencia en una baza, ya que también representa una buena oportunidad para ellas, y ayudarlas a cumplir los requisitos en este ámbito.

1.4.

El Comité considera que es importante evaluar tanto la utilidad y el alcance de la información facilitada como su calidad y veracidad. La mejora de la transparencia debería centrarse tanto en los resultados conseguidos como en el proceso de elaboración de informes y de difusión de la información. Los informes deberían estar orientados hacia el futuro y proporcionar información sobre los resultados del pasado.

1.5.

El Comité recomienda a la Comisión que tome nuevas medidas que permitan a las empresas cumplir sus obligaciones de transparencia y, a la vez, seguir siendo competitivas a escala mundial.

1.6.

En general, el CESE constata que las pequeñas y medianas empresas operan en condiciones específicas. Por este motivo, han de simplificarse las normas que les incumben para que puedan informar de manera más conveniente a fin de garantizar una total transparencia. El CESE acoge favorablemente este proyecto de refuerzo de las capacidades para ayudar a las pymes a afrontar estos retos.

1.7.

El Comité considera que cualquier otra iniciativa en materia de publicación de información deberá centrarse en las necesidades reales de información de las partes interesadas, lo cual debería incluir un conjunto de indicadores comunes y, al mismo tiempo, debería tener en cuenta la naturaleza de la empresa y del sector y del sector en el que opera.

1.8.

El Comité subraya que sin el compromiso de los trabajadores la responsabilidad social de las empresas (RSE) y su política de transparencia resultan ineficaces, por lo que es importante que participen en las consultas entre interlocutores sociales.

1.9.

A la vez que aumenta la audiencia de los informes empresariales, cada vez son más los grupos que se interesan por un mayor número de aspectos de las actividades empresariales. Por tanto, el Comité considera que es importante evaluar el actual modelo de notificación y adaptarlo a su objetivo.

2.1.

En 2010, la Comisión publicó una Comunicación en la que se presentan cincuenta propuestas para mejorar el mercado único. En ella se afirma que las empresas también deben contribuir a este esfuerzo común, dando muestras de la responsabilidad y transparencia que les incumben, tanto frente a sus trabajadores y accionistas como de cara a la sociedad en general. La Comisión subrayaba que todavía podía mejorarse su gobernanza, en particular por lo que se refiere a la composición y diversidad de los consejos de administración, incluidos aspectos tales como la representación de las mujeres, con vistas a reforzar el empleo, el espíritu empresarial y el comercio (2). La ética y los valores del emprendimiento se han reconocido como contribución a la recuperación económica.

2.2.

En 2011, la Comisión publicó una estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas (RSE) (3) en la que presentó una nueva definición de este concepto como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad». Uno de los pilares de esta estrategia era un plan de acción que perseguía integrar la elaboración de los informes financieros y sociales.

2.3.

En 2012, el Comité aprobó un dictamen sobre la estrategia renovada de la UE sobre la RSE (4) en el que destacaba que en el difícil contexto político y económico, la iniciativa política en materia de RSE representa una oportunidad para asumir un compromiso positivo con la comunidad empresarial. Es importante reconocer que las actividades de RSE están motivadas por diferentes consideraciones. En la Comunicación se mencionan algunos beneficios, que deberían promoverse mejor junto con ejemplos de buenas prácticas, al objeto de informar a las empresas y animarlas a comprometerse en mayor medida con la RSE.

2.4.

En los últimos años el Comité ha emitido muchos otros dictámenes, que se mencionan en el presente dictamen. En ellos se destaca la importancia de la responsabilidad social de las empresas, su transparencia, la divulgación de información no financiera y la participación en el proceso de las partes interesadas: inversores, consumidores, trabajadores y sus representantes sindicales, ONG. En el presente dictamen el Comité desea centrarse en un marco apropiado para el conjunto del proceso.

3.1.

La crisis económica de 2008 y sus consecuencias sociales han menoscabado en cierta medida la confianza de los ciudadanos en las empresas. A raíz de ello, el público y los inversores han focalizado su atención en el comportamiento social y ético de estas últimas. Cada vez son más los grupos de partes interesadas que se interesan por un mayor número de aspectos de las actividades empresariales.

3.2.

Los inversores quieren transparencia y desean poder controlar sus inversiones; quieren saber si su dinero está afectando al medio ambiente y a la sociedad de manera positiva o negativa. Las principales fuentes de información no financiera para los inversores son los informes de sostenibilidad/RSE y los informes anuales. Las declaraciones políticas sobre la calidad son importantes para evaluar los resultados financieros, pero los indicadores clave de resultados se consideran esenciales.

3.3.

Los trabajadores son las primeras víctimas de las empresas que no cumplen escrupulosamente las normas jurídicas y que carecen de transparencia. Sin embargo, desempeñan un papel esencial en el desarrollo de sus empresas: su seguridad laboral, su sueldo, su salud y sus condiciones de trabajo dependen de ello. Tienen derecho a exigir transparencia, a estar informados y a participar en las decisiones relativas a la situación financiera y las políticas sociales, medioambientales y económicas de su empresa.

3.4.

Los consumidores quieren transparencia y esperan encontrarla en los ámbitos específicos que son importantes para ellos. Las empresas tienen un interés evidente en adoptar una política de transparencia, que redundará en beneficio de sus relaciones con las otras partes interesadas (trabajadores, ciudadanos y consumidores). A menudo, ello significa simplemente facilitar a los clientes la información que les permita comprar con conocimiento de causa. En última instancia, estas empresas son las que se beneficiarán de la fidelidad de los clientes mejor informados  (5). La industria alimentaria es un ámbito sumamente sensible a este respecto. Las últimas investigaciones del Centre for Food Integrity (CFI) (Centro de Integridad Alimentaria) (6) muestran que el aumento de la transparencia se traduce en una mayor confianza de los consumidores en los alimentos, y presentan una trayectoria clara para alcanzarlo.

3.5.

Con la mundialización, numerosos socios comerciales y partes interesadas tienen interés en obtener más información sobre una amplia gama de actividades empresariales de un gran número de países.

3.6.

La transparencia fomenta la confianza de la sociedad y las empresas necesitan tener la confianza de la sociedad. Sin embargo, existe a menudo un desfase entre las expectativas de los ciudadanos y la percepción que estos tienen de la realidad del comportamiento de las empresas. Este desfase se debe en parte a ejemplos de comportamientos irresponsables por parte de algunas empresas y casos de empresas que exageran sus logros en los ámbitos medioambiental o social. A veces también se explica por el insuficiente conocimiento que los ciudadanos tienen de los logros de las empresas y de las limitaciones con las que estas trabajan.

3.7.

Esta es la razón por la que en 2009 la Comisión Europea puso en marcha una serie de talleres sobre la transparencia de las empresas. Las empresas europeas los acogieron positivamente, ya que constituían una iniciativa oportuna, precisamente en tiempos de crisis, cuando la transparencia y la responsabilidad social de las empresas (RSE) en general podían contribuir a restablecer la confianza del público en la actividad empresarial, una confianza que la actual crisis económica había deteriorado en cierta medida. Esta iniciativa se dirigía a diversos grupos de partes interesadas (empresarios, sindicatos, ONG, medios de comunicación). La finalidad de este sondeo era proporcionar a la Comisión un hilo conductor para sus próximas etapas.

3.7.1.

Enseñanzas extraídas de la iniciativa:

4.1.

En la estrategia de la UE relativa a la RSE, la Comisión declara que la divulgación de información de carácter social y medioambiental, incluida la información relacionada con el clima, puede facilitar el compromiso con las partes interesadas y la determinación de riesgos importantes para la sostenibilidad. Se trata de un elemento importante de asunción de responsabilidades que puede contribuir a reforzar la confianza del público en las empresas. Para responder a las necesidades de las empresas y otras partes interesadas, la información debe ser sustancial.

4.1.1.

La Comisión también reconoce que cada vez más empresas publican información de carácter social y medioambiental. Las pymes comunican a menudo esta información de manera informal y voluntaria. Una fuente calcula que aproximadamente 2 500 empresas europeas publican informes sobre la RSE o la sostenibilidad, lo que sitúa a la UE en una posición de liderazgo mundial (7).

4.2.

En 2013, por iniciativa del Parlamento Europeo, la Comisión presentó una propuesta legislativa sobre la transparencia de la información social y medioambiental facilitada por las empresas de todos los sectores  (8). Esta modificación contable de la Directiva introducía la obligación, para determinadas grandes sociedades (actualmente, alrededor de 6 000 empresas y entidades en la UE), de divulgar información pertinente de carácter no financiero, en particular sobre la diversidad, en el marco de su informe anual de gestión.

4.2.1.

En algunos Estados miembros, la transposición de la Directiva al ordenamiento nacional se realiza también previa consulta de las empresas, para que su aplicación se beneficie de la flexibilidad que ofrece la Directiva, que se lleve a cabo dentro del marco de esta, que proporcione a las empresas una seguridad jurídica y se corresponda con las necesidades reales de las empresas. El CESE ha elaborado un dictamen (9) a este respecto en el que destaca el derecho a beneficiarse de este mecanismo flexible y adecuado para mejorar la comunicación con los accionistas, los inversores, los trabajadores y las demás partes interesadas y celebra que esta propuesta se dirija únicamente a las grandes empresas.

4.2.2.

Precisamente, la Comisión está preparando una serie de orientaciones no vinculantes sobre la divulgación de información no financiera, sobre la base de los resultados de la consulta pública. Para facilitar el seguimiento de la consulta de las partes interesadas (10), la Comisión ha presentado un documento de referencia indicativo en el que se recogen los principios clave relativos a la divulgación de información no financiera. Esta información debe ser sustancial, fiable, equilibrada y comprensible, completa y concisa, estratégica y prospectiva, orientada hacia las partes interesadas, específica para las empresas o sectores, cualitativa, cuantitativa y coherente.

4.3.

En consonancia con la Estrategia «Europa 2020», que promueve la mejora del entorno empresarial en Europa, la Comisión publicó en 2014 una propuesta de Directiva que tiene por objeto apoyar la creación, a escala europea, de un marco de gobernanza empresarial para las empresas, los inversores y los trabajadores que sea moderno, eficiente  (11) y responda a las necesidades de la sociedad de hoy y a la evolución del entorno económico.

4.3.1.

Esta propuesta se propone contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de las empresas en la UE y crear perspectivas a más largo plazo para los accionistas, mejorando así las condiciones de funcionamiento de las empresas cotizadas en los mercados de la UE. En su dictamen (12), el Comité subrayaba que la propuesta conduciría a una gobernanza corporativa y un clima de inversión en Europa más estables y viables y observaba igualmente que, en su evaluación de impacto, la Comisión alegaba que sus propuestas darían lugar únicamente a un aumento marginal de la carga administrativa que pesaría sobre las empresas que cotizan. Será importante analizar ese equilibrio en el momento de evaluar la Directiva.

4.4.

En octubre de 2015, la Comisión publicó su nueva estrategia titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable», en la que se presenta una orientación de la política de la UE que refleja la necesidad de una política comercial más responsable y transparente.

4.4.1.

En el capítulo dedicado a una política comercial y de inversión basada en valores, la Comisión declara consolidar los derechos de los consumidores reforzando las iniciativas en materia de responsabilidad social de las empresas y deber de diligencia a lo largo de toda la cadena de producción, haciendo hincapié en el respeto de los derechos humanos y en los aspectos sociales —incluidos los derechos de los trabajadores— y medioambientales de las cadenas de valor. La Comisión desea reforzar la dimensión de desarrollo sostenible de los acuerdos de libre comercio.

4.4.2.

En su dictamen sobre el trabajo digno en las cadenas mundiales de suministro (13), el CESE afirma que «posee una gran experiencia en el ámbito de la sostenibilidad gracias a su participación en la aplicación y el seguimiento de capítulos específicos de los acuerdos de libre comercio (ALC), y en una amplia gama de comités de la sociedad civil que le permiten proponer un justo equilibrio entre los requisitos legales necesarios en el ámbito de los derechos humanos y laborales, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la flexibilidad que requieren las empresas multinacionales para organizar y desarrollar sus cadenas mundiales de suministro (CMS) de manera efectiva y adaptada a las distintas realidades locales.»

4.4.3.

Disponer de normas más estrictas para la publicación de informes no financieros puede representar un aspecto importante de la política comercial. Una regulación a escala mundial, que incluyera los acuerdos comerciales, aumentaría la transparencia de la publicación de información no financiera en países como los Estados Unidos y China, garantizando la igualdad de condiciones para las empresas europeas.

4.4.4.

La Comisión Europea tiene intención de reforzar los incentivos para animar, en particular a las empresas multinacionales, a cumplir con el deber de diligencia, adoptar un enfoque más ambicioso respecto de la extracción de minerales en zonas de conflicto  (14), buscar de nuevas asociaciones responsables en la cadena de suministro, y publicar la lista de los informes de las empresas sobre la cadena de suministro responsable.

4.4.5.

Cabe esperar que la Comisión formule nuevas exigencias a las empresas en materia de comercio ético y de promoción y protección de los derechos humanos, mediante la aplicación de su Plan de Acción para los Derechos Humanos (2015-2018) (15). En sus conclusiones, el Consejo de Asuntos Exteriores de junio de 2016 destacó el papel crucial de la transparencia empresarial para permitir que los mercados reconozcan, incentiven y premien el respeto de las empresas por los derechos humanos.

4.5.

En enero de 2016, la Comisión presentó su paquete de lucha contra la elusión fiscal, que tiene por objeto garantizar una imposición efectiva y una mayor transparencia fiscal.

4.5.1.

Uno de los ámbitos que es objeto de especial seguimiento y concierne a las empresas y los grupos multinacionales es la publicación de información desglosada por países (a saber, la obligación de elaborar y presentar a la administración fiscal una notificación de las operaciones dentro del grupo que incluya los datos relativos a los ingresos, beneficios, impuestos de sociedades, etc.). Actualmente, el paquete incluye la comunicación de información entre las distintas administraciones fiscales de los Estados miembros.

4.6.

A principios del mes de abril de 2016 (16), la Comisión propuso que las empresas multinacionales publicaran una declaración especial sobre el impuesto sobre los beneficios que pagan, así como otros datos fiscales. Tengan o no su domicilio social en la Unión Europea, las empresas multinacionales, cuyo volumen de negocios consolidado supera los 750 millones EUR, deberán cumplir estos requisitos adicionales de transparencia. Esta obligación se aplica también a sus sucursales y filiales. En este contexto, el Comité acaba de aprobar un dictamen sobre la lucha contra la evasión fiscal (17) en el que anima a la Comisión a mostrarse más ambiciosa al exigir la transparencia fiscal de las empresas reduciendo el umbral del volumen de negocios de 750 millones EUR o estableciendo un calendario para revisarlo a la baja de forma progresiva.

4.6.1.

Sin embargo, la Comisión debería tener en cuenta los principios del mercado interior de la UE y de la competitividad de la Unión. Las exigencias unilaterales impuestas por la UE podrían tener efectos imprevistos si las empresas fuera de la Unión quedan exentas de su cumplimiento. Por consiguiente, estas empresas también deberían quedar sujetas a ellas mediante la negociación de acuerdos comerciales internacionales.

4.7.

La Comisión Europea coopera con otras organizaciones internacionales, como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, e intensifica las sinergias con sus instrumentos con vistas a la buena administración y gestión de las empresas, la transparencia y la responsabilidad de las empresas (18). Estos instrumentos son objeto de revisiones periódicas y constituyen la base de las exigencias de responsabilidad y transparencia de las empresas en lo que respecta a sus políticas sociales, medioambientales y de derechos humanos. Fomentan la prevención y el análisis de riesgos y la definición de medidas en el marco del principio de cautela. Van dirigidos en primer lugar a las multinacionales, pero también deberían servir de referencia para las empresas a escala nacional. Toda revisión de dichos instrumentos debería centrarse especialmente en la mejora de su aplicación.

4.8.

La demanda creciente de transparencia en la esfera mundial y europea se traslada a las empresas que operan en los Estados miembros. El papel de la Comisión Europea debería consistir en guiar y coordinar las políticas de los Estados miembros y, de este modo, reducir el riesgo de enfoques divergentes (19).

4.8.1.

La estrategia de la Comisión Europea en materia de emprendimiento responsable y sus recomendaciones a los Estados miembros conducen a menudo, a nivel nacional, a la idea de que el Estado es el único que debe gestionar y controlar el emprendimiento responsable y la transparencia.

4.8.2.

Las propias empresas reconocen que son el motor de un comportamiento responsable y transparente. La Comisión lo constata también en su Comunicación «Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de Europa un polo de excelencia de la responsabilidad social de las empresas» (20).

4.8.3.

La responsabilidad principal de toda empresa es crear valor, no solo para sus accionistas sino también para sus empleados, su entorno, su comunidad y generar y mantener puestos de trabajo. Por tanto, los Estados miembros deberían establecer unas condiciones que sean favorables para ellas y apoyen sus esfuerzos por ser responsables y transparentes.

5.1.

El Comité reconoce la importancia de la divulgación de información no financiera para los informes de las empresas, ya que contribuye a proporcionar un cuadro completo de las actividades empresariales.

5.2.

En cuanto a las empresas, el marco regulador de la actividad empresarial resulta cada vez más complejo. Para satisfacer mejor las necesidades de las partes interesadas, debería establecerse un marco adecuado para la presentación de informes empresariales y, al mismo tiempo, evitarse cargas administrativas y financieras innecesarias. Además, la responsabilidad social de las empresas y la transparencia deberían fomentarse y aprovecharse como oportunidad para que las empresas eviten riesgos sociales y garanticen su propio desarrollo sostenible.

5.3.

Durante la última década ha ido aumentando la atención prestada a los diferentes aspectos de la información no financiera. Existe una serie de marcos internacionales para la publicación de información social y medioambiental, incluida la Iniciativa Global de Presentación de Informes.

5.4.

La cuestión que se plantea es si se puede satisfacer a todas estas partes con el mismo informe o conjunto de informes. ¿Debe optarse por un mosaico de informes o por un único informe exhaustivo, como en el concepto «Core&More» (21) propuesto por la Federación de Expertos Contables Europeos (FEE) en 2015?

5.5.

El debate sobre las futuras necesidades de información de las empresas debe tener en cuenta las diferencias existentes entre las necesidades de los distintos grupos de partes interesadas, dependiendo del tamaño y la naturaleza de la entidad que informa.

5.6.

Como señala el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen sobre la «Divulgación de información no financiera», se insta a la Comisión a iniciar o facilitar un proceso en el que se invite a participar a «las múltiples partes interesadas» (22), con el fin de definir mejor los principios directivos y las normas de referencia que faciliten la comparabilidad y, a más largo plazo, la armonización.

5.6.1.

A este respecto, el Comité ha subrayado ya la necesidad de contrarrestar la neutralización de los valores corporativos a causa de una actitud cortoplacista. En su dictamen sobre la «Participación de los trabajadores» (23), también ha destacado la necesidad de trazar formas en que la política europea pueda redirigir la tendencia actual de transparencia unilateral de las empresas en interés de sus accionistas hacia una comprensión más amplia de la empresa como «empresa sostenible», lo que puede redundar en interés del desarrollo corporativo a largo plazo.

5.7.

Aunque el futuro de las empresas sostenibles estará estrechamente vinculado al entorno social y al respeto de los consumidores, toda nueva iniciativa sobre la divulgación de información debe centrarse en las necesidades reales de las partes interesadas.

10.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/21

Ponente:

Simo TIAINEN

1.1.

Durante medio siglo, la política agrícola común (en lo sucesivo, «PAC») ha contribuido a construir la Unión Europea. En estos momentos, volver a lo esencial sería una oportunidad para dotarse de una nueva visión a largo plazo de la PAC de manera que proporcione una orientación clara y concreta no solo a los agricultores, sino también a millones de ciudadanos. Tal como el Comité ha afirmado en reiteradas ocasiones, la futura PAC debería defender el modelo agrícola europeo, que se basa en los principios de soberanía alimentaria, sostenibilidad y capacidad de respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos europeos, ya sean agricultores, empleados o consumidores.

1.2.

El CESE acoge favorablemente las reflexiones y debates iniciales sobre el futuro de la PAC a partir de 2020. Si bien los objetivos de la PAC, establecidos sin modificaciones desde 1957 en el Tratado, y los nuevos desafíos que debe afrontar la PAC nunca han sido tan pertinentes, es de suma importancia efectuar un profundo análisis de la actual PAC y del resultado de la anterior reforma. El propósito del presente dictamen es formular algunas sugerencias y participar en la reflexión sobre el futuro de la PAC.

1.3.

En primer lugar, dada la complejidad de la PAC y la dificultad de llevar a cabo la última reforma, los agricultores necesitan estabilidad política y una visión a largo plazo de la política agrícola. En particular en virtud del Tratado de Lisboa, inevitablemente harán falta varios años para reflexionar, compartir objetivos, debatir sobre los desafíos y encontrar soluciones. Por consiguiente, las instituciones europeas deberían acordar a la mayor brevedad posible la prórroga de la actual PAC, como mínimo, en dos años.

1.4.

En la PAC habría que reforzar el establecimiento de los jóvenes y nuevos agricultores y agricultoras, no solo mediante herramientas específicas, sino con una verdadera estabilidad en la política. En efecto, los agricultores necesitan más estabilidad para invertir durante décadas y afrontar el desafío de la renovación generacional.

1.5.

La futura PAC debería tener en cuenta, por una parte, la diversidad de los modelos agrícolas y las especificidades regionales y, por otra, la diversidad de sus objetivos: económicos, sociales y medioambientales. Una agricultura y la producción de alimentos propias son importantes y forman parte de la cultura de todas las naciones del mundo. Una política alimentaria europea debería basarse en alimentos sanos y de buena calidad, así como en el establecimiento de sinergias con la PAC. Entre los principios fundamentales de la PAC debería figurar el mantenimiento de una agricultura viva y sostenible en todas las regiones de la UE.

1.6.

La simplificación debería ser la prioridad esencial subyacente a la próxima reforma de la PAC. La aplicación de la PAC debe ser más sencilla y habría que desarrollar sistemas de control y sanción más razonables. Garantizar el respeto de los plazos de pago a los agricultores reviste la máxima importancia.

1.7.

Considerando que la PAC constituye una política de intervención directa a nivel europeo y que el debilitamiento de la preferencia comunitaria entraña un descenso de los precios de producción, la futura PAC tiene que poder responder a todos los retos que afronta, incluidas las turbulencias de los mercados. Para ello es necesario reorientar el marco político para afrontar todos esos nuevos desafíos y ofrecer herramientas adecuadas a nivel europeo.

1.8.

En 2017, la Comisión proseguirá su labor y llevará a cabo una amplia consulta sobre la simplificación y modernización de la PAC. Es importante que la sociedad civil europea desempeñe un papel activo en este proceso. El CESE debería constituir un grupo de estudio para dar seguimiento y contribuir a este proceso.

2.1.

La agricultura es fundamental para afrontar los retos estratégicos, económicos, medioambientales y sociales del futuro. La PAC ha sido un ejemplo de éxito sobre todo para Europa, principalmente porque los consumidores europeos se han beneficiado de alimentos más seguros a precios cada vez más bajos en las últimas décadas. Sin embargo, en algunas zonas afrontamos problemas relacionados con la biodiversidad, el medio ambiente y el paisaje que deben resolverse. La producción de alimentos de gran calidad a través de la agricultura sostenible es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y los consumidores. Para estar a la altura de estas expectativas es necesaria una PAC que garantice la disponibilidad de alimentos saludables y seguros, una calidad elevada a precios justos, una protección medioambiental, una conservación del paisaje y una economía dinámica en las zonas rurales.

2.2.

Cuando los agricultores producen alimentos en una sociedad orientada al mercado como la nuestra, garantizando así la seguridad alimentaria, repercuten al mismo tiempo en la disponibilidad y calidad del agua, del aire y de la tierra, o en la riqueza natural, al tiempo que proporcionan empleo en zonas rurales y conservan sus paisajes. Muchos de estos efectos externos deben considerarse bienes públicos.

2.3.

La agricultura y la silvicultura están estrechamente relacionadas, puesto que suponen gran parte del uso del suelo en la UE. Por lo tanto, la silvicultura suele participar en el suministro de bienes públicos.

2.4.

Los factores que influyen en la PAC a partir de 2020 son, en primer lugar, los desafíos que afronta la agricultura, pero también el hecho de que se trata de una cuestión europea, con un proceso específico de reforma y disponibilidad presupuestaria y, por encima de todo, una visión clara para las próximas décadas.

2.5.

La PAC ha figurado siempre entre las políticas fundamentales de la UE. En general, la PAC sirve los intereses de la sociedad civil europea. Por consiguiente, es importante que el CESE participe de forma activa en la preparación de la próxima reforma de la PAC, que se refiere al período posterior a 2020.

3.1.

Dadas las tendencias demográficas previstas a escala mundial, en 2050 habrá unos 9 000 millones de personas que alimentar. A causa de la mejora de los niveles de vida en varias regiones del mundo, se observa un aumento de la demanda de alimentos y una transición hacia dietas con un contenido mayor en productos animales. Esta evolución tendría como consecuencia que la demanda de alimentos se duplique en 2050. La UE debe asumir su responsabilidad por la seguridad alimentaria mundial, pero la exportación de productos agrícolas europeos no resuelve el problema del hambre en el mundo. Cabe señalar que la seguridad alimentaria debería basarse en sistemas alimentarios locales y sostenibles. Cada país tiene que asumir la responsabilidad de su propia seguridad alimentaria, como recomienda la FAO. El CESE considera necesario que la UE se concentre también en la transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias sobre la posibilidad de producir, localmente y de forma sostenible, más y mejores alimentos en otras partes del mundo.

3.2.

Al mismo tiempo, se prevé que la demanda de alimentos en Europa se mantenga estable aunque heterogénea en aspectos como la calidad, la salud, las cuestiones éticas, la procedencia, etc.

3.3.

La agricultura y el medio ambiente están estrechamente relacionados de diversas maneras en todas las regiones. La agricultura y la silvicultura son vitales para la preservación de la naturaleza, la protección de la biodiversidad, la calidad del agua, la calidad de la tierra y la reducción de la contaminación.

3.4.

El marco en materia de clima y energía de la UE ha fijado el objetivo de incrementar la proporción de fuentes de energía renovable al menos hasta un 27 % del consumo energético de aquí a 2030. Se prevé que este porcentaje aumente en el futuro. La agricultura y la silvicultura podrían generar biomasa a fin de alcanzar dicho objetivo en el marco de una economía de crecimiento ecológico, aunque también deben mejorar su propia eficiencia energética.

3.5.

El 20 de julio de 2016, la Comisión presentó un paquete de propuestas legislativas en el que establece normas detalladas para el marco de actuación política de la UE en materia de clima y energía de aquí a 2030. Esta será la respuesta de la UE para mitigar el cambio climático según lo acordado en el Acuerdo de la COP21 en diciembre de 2015. La agricultura y la silvicultura forman parte de la solución para reducir las emisiones y almacenar carbono en el suelo o en los bosques. Para responder al desafío de la seguridad alimentaria y mitigar el cambio climático, será necesario un planteamiento agroecológico y una intensificación sostenible de una producción agraria eficiente. Por otra parte, la adaptación al cambio climático será crucial para la futura agricultura.

3.6.

La agricultura y la silvicultura, así como todas las formas de bioeconomía vinculadas, son fundamentales para mantener el dinamismo en las zonas rurales y reforzar un desarrollo rural equilibrado. Son importantes en lo que respecta al empleo, la cultura, la cohesión territorial y el turismo en las zonas rurales de toda la UE. El despoblamiento y envejecimiento de numerosas zonas apartadas, montañosas o desfavorecidas sigue siendo la tendencia demográfica imperante. Las políticas públicas, en especial la PAC, deben tener como objetivo mantener la agricultura y apoyar a los productores en la UE, incluidas las regiones con problemas específicos. Las ayudas a las explotaciones agrícolas en zonas rurales con desventajas naturales son fundamentales para el desarrollo rural. De lo contrario, las explotaciones en dichas zonas no serían viables.

3.7.

Las sinergias entre los dos pilares de la PAC son importantes y deberían reforzarse. La última reforma refuerza la vinculación y la coherencia entre todos los Fondos EIE, lo cual debería proseguirse.

3.8.

El CESE se pronuncia a favor de ampliar y hacer obligatorio el uso del método de desarrollo local participativo (DLP) en el marco de todos los Fondos EIE para alcanzar un desarrollo equilibrado de las zonas rurales. Poder recurrir a grupos de acción local, en calidad de socios locales (con la participación de los agricultores), para encontrar y financiar proyectos locales influye positivamente en la calidad de vida de la población. De esta manera se podría combatir eficazmente la despoblación y el envejecimiento de la población de las zonas rurales de la UE.

3.9.

Para mantener la agricultura, la renovación generacional es una cuestión clave y habría que reforzar el establecimiento de jóvenes y nuevos agricultores y agricultoras con todas las herramientas disponibles. Los pagos no disociados también son necesarios para esos sectores o esas regiones en las que tipos específicos de agricultura o sectores agrícolas específicos son particularmente importantes por razones económicas, sociales o medioambientales. La PAC también debería centrarse claramente en el fomento de la producción y de los agricultores activos.

3.10.

La agricultura es una actividad económica específica que no sigue las leyes económicas convencionales. En una economía de mercado, las variaciones de precios y rentas son el resultado de cambios en la oferta y la demanda. Pero la naturaleza de los alimentos como bienes de primera necesidad significa que son, por definición, inelásticos con respecto a los precios. El abastecimiento de alimentos tampoco puede dar una respuesta rápida a las variaciones de precios. Por tanto, los cambios inesperados en el volumen de producción suelen requerir más tiempo y grandes variaciones de precios para restablecer el equilibrio de mercado. Por todo ello, se considera que los mercados agrícolas son sumamente volátiles. También podrían someterse a prueba otros mecanismos de mercado innovadores.

3.11.

Los consumidores exigen alimentos seguros, sostenibles, nutritivos y de calidad. También quieren que los precios de los alimentos sean asequibles, sobre todo ante la crisis económica. Gran proporción de los consumidores aprecia la trazabilidad y los alimentos de proximidad. El Eurobarómetro especial n.o 410 muestra que una amplia mayoría de los encuestados de todos los Estados miembros considera necesario conocer el origen de la carne. Corresponde a todas las partes interesadas de la cadena alimentaria responder a este desafío.

3.12.

La próxima PAC, como otras políticas de la UE, debería ser coherente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La PAC es pertinente para muchos objetivos, pero el más relevante es el Objetivo 2: «Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible».

3.13.

El papel del comercio internacional aumentará inevitablemente en el futuro. No obstante, el reciente embargo ruso sobre los productos alimentarios procedentes de la Unión Europea ha provocado grandes incertidumbres respecto del comercio internacional. El embargo de Rusia ha ejercido una presión enorme sobre los mercados agrícolas de la UE, en particular en algunos Estados miembros. Hacer frente a los retos que se derivan de las incertidumbres del comercio internacional será crucial para el futuro de la agricultura.

3.14.

En los últimos años se ha producido un cambio en el poder de negociación dentro de la cadena de suministro alimentario, principalmente en beneficio del sector minorista y algunas empresas transnacionales, a expensas de los proveedores y, en especial, de los agricultores. La futura PAC debería ampliar la capacidad negociadora de las organizaciones de agricultores.

4.1.

La agricultura es una cuestión clave para la UE. Los objetivos de la PAC fueron establecidos inicialmente en el Tratado de Roma en 1957. Siguen siendo válidos. Han surgido nuevos desafíos, como los problemas medioambientales y las cuestiones relativas al desarrollo de las zonas rurales, así como a la calidad y salud, hasta el problema del hambre en el mundo, sin que ello haya dado pie a una revisión de los Tratados.

4.2.

La PAC es una política europea integrada y fundamental, que cada vez está más relacionada con otras políticas como el empleo, el medio ambiente, el clima, la competencia, el presupuesto, el comercio y la investigación con un valor añadido europeo específico.

4.3.

La PAC es un requisito previo para conseguir un mercado único en el sector alimentario de la UE. La industria alimentaria europea es el mayor sector industrial de la UE, pues proporciona más de cinco millones de puestos de trabajo.

4.4.

Complejidad y subsidiariedad son palabras clave a la hora de adaptarse a todos los sectores y territorios. Estos aspectos se han intensificado con la última reforma. La elaboración y negociación de normas comunes en el marco del Tratado de Lisboa, así como la participación de los veintiocho Estados miembros y del Parlamento Europeo, han sido tareas especialmente complejas.

4.5.

Aún no se han efectuado evaluaciones de las actuales medidas en materia de políticas. La evaluación del cumplimiento durante el primer año de las obligaciones de ecologización se encuentra aún en curso, al igual que el de las superficies de interés ecológico. Es importante no precipitarse hacia una nueva reforma de la PAC sin una evaluación nítida y profunda de la PAC actual, a fin de identificar hasta qué punto las medidas políticas han satisfecho sus objetivos. Para ello es necesaria una evaluación adecuada, en especial de las medidas cuyos resultados requieren más tiempo para ser percibidos, como las obligaciones de ecologización.

4.6.

Teniendo en cuenta que la última reforma fue puesta en marcha en 2010 y su aplicación comenzó en 2015, fueron necesarios cinco años para dar por concluida la reforma. Durante el mandato actual de la Comisión y del Parlamento Europeo no habrá tiempo para llevar a término la próxima reforma de la PAC para una posible aplicación en 2021. Por tanto, es preciso un período de transición para proseguir con la PAC actual durante un tiempo suficiente después de 2020.

4.7.

La PAC fue creada en 1962 basándose en tres principios fundamentales: unidad del mercado, preferencia comunitaria y solidaridad financiera. En la actualidad, el mercado único es un hecho, pero en el ámbito político deben consolidarse la preferencia comunitaria y la solidaridad financiera.

4.8.

En el contexto de la globalización, los Estados Unidos utilizan el apoyo financiero para promocionar su agricultura ante los consumidores con el programa de cupones de alimentos y la «Buy American Act» (Ley de compra de productos estadounidenses»). La Unión Europea debería adoptar medidas recíprocas y podría hacer hincapié en la importancia estratégica de la preferencia europea mediante una «Buy European Act» (Ley de compra de productos europeos).

5.1.

El Brexit tendrá gran repercusión en la UE, sobre todo en el mercado único y el comercio internacional y, por consiguiente, en el futuro de la PAC. Durante las negociaciones del Brexit, si el Reino Unido deja la Unión Aduanera de la UE, los actuales flujos comerciales deberían utilizarse como criterio fundamental para repartir la cuota de la EU-28 en la OMC entre el Reino Unido y la nueva UE.

5.2.

Desde la reforma de 1992, la competitividad ha pasado a ser la principal prioridad de la PAC, con la introducción de los pagos directos. Sin embargo, para avanzar en el ámbito de la competitividad, productividad y sostenibilidad, son necesarios nuevos incentivos para centrar los esfuerzos en el fomento de la innovación (desarrollo, difusión y asimilación de nuevas tecnologías).

5.3.

El sector agrícola requiere grandes inversiones, que pueden lograrse si los ingresos previstos son suficientes y si pueden gestionarse los riesgos económicos. Completar los ingresos agrícolas mediante pagos directos es, en el contexto actual, una necesidad.

5.4.

Los productores de la UE ya no están aislados del mercado mundial ni de su mayor volatilidad de precios. Además, la agricultura está sujeta a fenómenos naturales extremos y a un mayor número de problemas de salud debido al aumento de la movilidad de bienes y personas (pandemias), lo que provoca pérdidas importantes en la producción. La PAC debería proporcionar herramientas específicas para que el sector agrícola pueda limitar y afrontar tales riesgos.

5.5.

En la PAC actual hay algunos instrumentos de gestión de riesgos. Habría que mantener y desarrollar la intervención de los precios, el almacenamiento privado, la promoción de futuros mercados y las herramientas proporcionadas por la OCM.

5.6.

Pero hay una clara necesidad de crear nuevas herramientas:

5.7.

Las cuestiones medioambientales son indudablemente prioritarias en el ámbito de la agricultura. Por ello, se introdujo la ecologización en la última reforma. En este sentido, los responsables políticos destacan reiteradamente la gran evolución de la PAC. La dimensión medioambiental de la PAC tiene un carácter global y complejo puesto que la agricultura está relacionada con el suelo, el agua, la biodiversidad, la silvicultura y las emisiones de CO2. Una política más eficiente debería ser más comprensible, viable y simple para los agricultores.

5.8.

Los pagos son necesarios para compensar a los agricultores, ya que proporcionan bienes públicos (especialmente servicios ecosistémicos).

5.9.

La Presidencia neerlandesa de la Unión ha promovido especialmente la idea de una política alimentaria común. Con la nueva PAC, la Unión reconoce que la agricultura europea necesita alcanzar niveles más elevados de producción sostenible de alimentos seguros y de calidad. La PAC fomenta los planes escolares de consumo de fruta y leche para alumnos, a fin de fomentar buenos hábitos alimentarios desde una edad temprana. También impulsa la producción orgánica asegurando la elección con conocimiento de causa mediante normas de etiquetado claras y sistemas de apoyo específicos en el marco de la política de desarrollo rural.

5.10.

En la actualidad, la promoción de la salud pública, de regímenes alimentarios y modos de vida sanos es una cuestión de competencia nacional. Pero la Unión Europea debe garantizar el acceso a una alimentación sana y de calidad a todos los ciudadanos europeos gracias a unos sistemas alimentarios sostenibles. Si bien las acciones europeas complementan y coordinan los esfuerzos nacionales, convendría desarrollar más sinergias entre la PAC y una futura política alimentaria europea.

5.11.

Habida cuenta de las expectativas de los ciudadanos y la demanda de los consumidores, debería hacerse un esfuerzo especial para desarrollar los sistemas alimentarios territorializados (SAT) y, por ende, los circuitos cortos de abastecimiento, en particular en el sector de la restauración colectiva.

5.12.

Desde 1990, la huella ambiental de la agricultura se ha reducido. Sin embargo, aún es necesaria la reducción de aquí a 2030 de las emisiones procedentes de la agricultura. Esta debe efectuarse en consonancia con un modelo europeo de agricultura y con una política de reducción de emisiones rentable. Hay potencial para aumentar el contenido en carbono del suelo y sustituir la energía fósil y los productos petroquímicos por productos agrícolas y forestales.

5.13.

Deben reconocerse los múltiples objetivos del sector de la agricultura y del uso del suelo, con su inferior potencial de mitigación, así como la necesidad de garantizar la coherencia entre los objetivos de la UE en materia de seguridad alimentaria y de política climática (1).

5.14.

En cuanto a las explotaciones agrarias, se realizan continuamente importantes avances en las estaciones experimentales y en los laboratorios. Habría que redoblar los esfuerzos en investigación y desarrollo para acompañar la evolución de la agricultura hacia sistemas más sostenibles. También es fundamental dar a conocer estas innovaciones a otras partes interesadas. Hay que promover los servicios de divulgación, la cooperación entre las partes interesadas y otros modos de difundir la innovación, así como el intercambio de las mejores prácticas.

5.15.

En el próximo período de programación habría que reforzar el programa de investigación de la UE sobre agricultura para tener en cuenta los desafíos y la importancia geoestratégica de los alimentos en el siglo XXI. La economía digital podría ser la próxima «revolución agrícola» después de la revolución verde del siglo XX.

5.16.

Hay señales claras de disfuncionamiento de la cadena de suministro en casi todos los Estados miembros a consecuencia de una alta concentración en los últimos eslabones. La distribución del valor añadido entre las partes interesadas y la cadena de suministro de alimentos no es equitativa.

5.17.

Dadas las atribuciones de la UE en materia de competencia y mercado único, este problema debería abordarse a nivel europeo. La Comisión Europea debería proponer marcos reguladores europeos para gestionar las relaciones contractuales dentro de la cadena, así como vías legales para la organización de acciones colectivas por parte de los agricultores. En efecto, las organizaciones de productores son eslabones importantes en la cadena de suministro de alimentos y contribuyen a reforzar la posición de los productores. La próxima PAC debería ampliar la capacidad negociadora de las organizaciones de productores. Habría que tener en cuenta los resultados de los trabajos del Grupo operativo sobre mercados agrícolas.

5.18.

Hay que adaptar la PAC a la realidad y rapidez del cambio económico. En la PAC han de desarrollarse los artículos 219 a 222 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 para que sea viable y factible para la Comisión Europea y el productor.

5.19.

El comercio internacional y los mercados abiertos refuerzan la competitividad y podrían reducir el precio de los alimentos. Sin embargo, el comercio justo reviste suma importancia para la UE a fin de competir con los mismos métodos y normas de producción de terceros países. Las barreras no arancelarias podrían poner en riesgo el desarrollo internacional. En las diferentes y numerosas soluciones para lograr la seguridad alimentaria mundial, el comercio desempeña una función en lo que se refiere al aumento de las exportaciones agrícolas.

5.20.

Sin embargo, la PAC y la política comercial deberían permitir a los productores europeos competir en un plano de igualdad con los productos importados. Por consiguiente, la UE debería exigir que los productos importados cumplan las mismas normas.

5.21.

Históricamente, la PAC ha sido financiada a nivel europeo. La PAC supone un porcentaje importante del presupuesto de la UE (38 % en 2015), pero representa tan solo en torno al 0,4 % del gasto público europeo. El presupuesto de la PAC es menor que el de sus equivalentes en Estados Unidos o China. Además, ha permanecido estable o se ha visto reducido durante varios años, pese a la ampliación de la UE. La PAC tiene que responder a los numerosos e importantes desafíos que afrontará en el futuro; para ello será necesario aumentar el presupuesto para la política agrícola a nivel europeo.

5.22.

Aspectos concretos del presupuesto europeo, como la anualidad, suponen una limitación considerable para el diseño de la PAC. Los fondos mutuos o las medidas para superar la crisis se ven condicionados por estas limitaciones. Además, la distribución presupuestaria es fuente de tensiones políticas y podría generar ineficiencias.

5.23.

La simplificación ha sido una prioridad durante muchos años en la PAC y, sobre todo, en los primeros años de aplicación de la reforma de la PAC de 2013. Sin embargo, la simplificación debería ser la primera prioridad fundamental para la próxima reforma. En particular, habría que mejorar los controles adecuados y los sistemas de sanción proporcionados. En la actualidad, las reducciones de los pagos para la ecologización y las medidas de ecocondicionalidad pueden resultar excesivas y desproporcionadas. Es sumamente importante garantizar el pago a tiempo de las ayudas directas.

5.24.

Durante las últimas décadas, la estructura de la PAC se ha basado en dos pilares. Mientras que el pilar I está financiado en su totalidad por la UE, el pilar II está cofinanciado y adaptado a las necesidades de cada Estado miembro a través de programas plurianuales. La diversidad de los Estados miembros y las regiones y sus distintas necesidades requieren mantener la estructura de dos pilares en la futura PAC.

5.25.

En su programa de trabajo para 2017 publicado el 25 de octubre de 2016, la Comisión declara que trabajará y llevará a cabo una amplia consulta sobre la simplificación y modernización de la PAC para maximizar su contribución a las diez prioridades de la Comisión y a los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante que la sociedad civil europea participe activamente en este proceso.

10.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/28

Ponente:

Thierry LIBAERT

1.1.

Los nudges son un instrumento de política pública que se suma a los ya utilizados por las autoridades públicas europeas (la información y la sensibilización, la incitación financiera, la legislación y la ejemplaridad). Se nos presentan, sin embargo, como una herramienta especialmente interesante para responder a determinados desafíos sociales, medioambientales y económicos.

1.2.

Fomentar el uso de nudges en las políticas públicas como complemento de las herramientas tradicionales y, en particular, el cambio de enfoque que proponen para las conductas individuales. Los nudges podrían, pues, integrarse en el marco de políticas públicas globales y acelerar su aplicación con un coste mínimo. Su flexibilidad y sencillez hacen que puedan utilizarse en diferentes contextos y por distintas categorías de instancias al mismo tiempo: organismos intergubernamentales, unidades internas de cada ministerio, entes locales, ONG, instancias privadas, etc.

1.3.

Dar especial prioridad a los nudges que responden a objetivos medioambientales, sociales, etc. (transición energética y ecológica, lucha contra el despilfarro de recursos, bienestar social, mejora del estado de salud de la población, etc.). Los nudges pueden así inscribirse en el marco de medidas que responden a objetivos colectivos predeterminados, pero para las que los instrumentos tradicionales de las políticas públicas son ineficaces o demasiado costosos.

1.4.

Fomentar el intercambio de información y buenas prácticas sobre los nudges entre todos los tipos de instancias que puedan verse afectadas (autoridades públicas, colectividades, empresas, asociaciones, ONG, etc.) a escala europea. Podría contemplarse la creación de una plataforma de iniciativas o un observatorio dedicado al tema.

1.5.

Estudiar con mayor detenimiento las repercusiones diferenciadas de nudges según los cultivos, los perfiles socioeconómicos, los territorios, etc. Esto ayudaría a comprender mejor las ventajas y límites de la difusión y transposición de los nudges entre países, sectores, etc. En particular, la cuestión de la duración de la incidencia de los nudges sobre los comportamientos requeriría ser objeto de estudios más exhaustivos.

1.6.

Determinar las condiciones generales de uso de los nudges para reducir su impacto negativo y garantizar su aceptabilidad ética. Estas condiciones podrían recogerse en una Carta de buenas prácticas elaborada de consuno por las distintas partes interesadas, adoptada a escala europea y, a continuación, desarrollada por los Estados miembros. Asimismo podría publicarse y distribuirse una guía para las instancias afectadas.

1.7.

Establecer procedimientos de información sobre la utilización de los diferentes tipos de nudges garantizando su transparencia para quienes son «nudgados». Los nudges deben entenderse, debatirse y compartirse para ser aceptados lo mejor posible. Esto evitaría «derivas» y riesgos de manipulación en el uso de los nudges.

1.8.

Garantizar una verdadera deontología de los nudges para evitar que se desvíen hacia objetivos no responsables. Lanzar una iniciativa nudge debe producirse en el respeto de cuatro condiciones: la transparencia del proceso, la flexibilidad de los interesados, que siempre deben tener la opción de actuar en un sentido u otro, la fiabilidad de la información que reciben y la no culpabilización de las personas.

1.9.

Desarrollar dispositivos de seguimiento y evaluación de los nudges en función de diversos criterios (sociales, medioambientales, económicos). Esto puede suponer una primera fase de experimentación para comprender la influencia exacta del nudge en función de su naturaleza, del público destinatario, el contexto, etc.; ello permitirá un ajuste rápido si los resultados del nudge resultan decepcionantes, incluso abandonarlo si se considera ineficaz.

1.10.

Fomentar en los programas de estudios (formación inicial y continua) las disciplinas relacionadas con la economía del comportamiento. Esto permitiría mejorar el conocimiento de esta herramienta y favorecer su utilización razonada y crítica por diferentes públicos (funcionarios, trabajadores, políticos, etc.). Esto también supone descompartimentar algunas disciplinas académicas, puesto que el nudge se basa en un enfoque transversal.

1.11.

Garantizar cierta flexibilidad en la utilización del nudge para aprovechar al máximo su potencial. En efecto, al igual que los demás instrumentos de que disponen las autoridades públicas, el nudge no es un instrumento milagroso ni completamente nuevo, aunque puede resultar complementario y muy útil para modificar determinados comportamientos. Su principal interés radica en incitar a que, en el diseño de las políticas públicas, se tenga en cuenta la dimensión psicológica de los comportamientos y no solo su «racionalidad económica».

1.12.

Organizar por iniciativa del CESE, las primeras jornadas europeas de nudges, que constituirían una oportunidad única de intercambio de experiencias entre las partes interesadas en este instrumento dentro de la Unión Europea.

1.13.

Crear en el CESE, con el fin de afrontar el vuelco radical hacia un nuevo modelo económico que tendrá consecuencias sistémicas importantes en muchos ámbitos, un nuevo órgano permanente de carácter transversal que se encargue de analizar esta evolución, incluido el nudge y otras cuestiones conexas como la economía circular, la economía colaborativa y la economía funcional.

2.1.

Para modificar el comportamiento de los individuos, las autoridades públicas disponen tradicionalmente de cuatro tipos de instrumentos: la información y la sensibilización, el incentivo económico, la legislación (prohibición u obligación) y la ejemplaridad. Sin embargo, estos cuatro instrumentos han mostrado sus limitaciones, concretamente, en lo que se refiere al comportamiento y al consumo responsable, es decir, a reducir el consumo de recursos naturales. En efecto, existe todavía un desfase entre la sensibilización de las personas y sus comportamientos diarios.

2.2.

Las causas de esta discrepancia entre las intenciones y la acción han sido analizadas por la economía y las ciencias del comportamiento, disciplina que se ha especializado en la comprensión de los factores que influyen en los comportamientos de los individuos. Según los investigadores de esta disciplina, las acciones individuales vienen determinadas por múltiples factores. Somos seres complejos, de una racionalidad limitada, sumamente emocionales, estamos influidos por los demás y por las interacciones sociales pero también por el contexto y el entorno en el que tomamos las decisiones.

2.3.

En última instancia, nuestras decisiones y comportamientos surgen principalmente de lo que Daniel KAHNEMAN, premio Nobel de Economía, llama nuestro «Sistema 1»: una manera de pensar en gran parte inconsciente, automática, ultrarrápida que nos permite tomar múltiples decisiones diarias minimizando nuestro esfuerzo y ahorrando recursos de atención, pero que se alimenta de estereotipos y asociaciones y nos suele alejar de una racionalidad matemática.

3.1.

La economía del comportamiento (behavioral economics) considera que los mecanismos tradicionales de las políticas públicas pueden resultar insuficientes para hacer evolucionar los comportamientos, ya que no tienen en cuenta las distintas dimensiones que pueden influir en la toma de decisiones. Partiendo de este hecho dos profesores norteamericanos, Richard THALER (catedrático de Economía en Chicago y figura destacada de la economía del comportamiento) y Cass SUNSTEIN (catedrático de Derecho de Harvard) publicaron en 2008 el primer libro sobre los nudges  (1), que se fundamenta en la idea de que los cambios de comportamiento deben basarse en «incitaciones suaves». Los autores definen el nudge como «cualquier aspecto de la arquitectura de la elección que modifica de forma previsible el comportamiento de la gente sin prohibir ninguna opción ni modificar de forma significativa los incentivos económicos». Para ser considerado un simple nudge, el acto deberá poder evitarse fácilmente, dado que los nudges no tienen carácter coercitivo.

3.2.

El nudge pretende presentar «arquitecturas de opciones» que ponen de relieve la opción considerada beneficiosa para el individuo y/o para la colectividad, sin modificar el número ni la naturaleza de las opciones disponibles. Se trata de llevar al consumidor o al usuario hacia una opción que se considera la mejor. Posee tres características: deja libertad total de elección al individuo, es fácil de poner en marcha y el coste de la intervención es limitado.

3.3.

Los nudges suscitan un interés creciente en las autoridades de algunos países al poseer dos ventajas importantes: no restringen las libertades individuales y tienen un coste limitado, en tanto que su impacto puede ser significativo. Por ello, pueden constituir una herramienta más en el marco de políticas públicas destinadas a hacer más «responsables» los comportamientos individuales respecto a la salud, el medio ambiente, etc. Para el individuo, un nudge permite que las opciones presentadas simplifiquen el proceso de decidir.

4.1.

La opción por defecto. Se trata de proponer una solución automática por defecto, considerada la más conveniente por la autoridad que la establece, pero además la más fácil de aplicar. Se basa en la fuerza de inercia de los individuos. Es el caso, por ejemplo, de la declaración de la renta en Francia en la que, desde 2005, se considera por defecto que cada hogar posee un receptor de televisión. Ello ha permitido reducir el porcentaje de fraude del 6 % al 1 %. Las opciones «por defecto» son utilizadas cada vez más a menudo por bancos, proveedores de energía y otras empresas que proponen facturas electrónicas y no en formato papel, imprimen en las dos caras del papel por defecto, etc.

4.2.

La fuerza de la norma social, que es considerada por los partidarios del nudge como un factor determinante de los comportamientos. Por tanto, puede utilizarse para animar a la gente a actuar en un sentido determinado. Se trata, en concreto, de destacar lo que constituye la conducta habitual de la mayoría de las personas del entorno cercano (vecinos, compañeros…). Se entiende que este mensaje incitará a las personas a comportarse de la misma manera para adecuarse a la norma social. En 2011 el proveedor de energía OPOWER realizó en Estados Unidos un experimento. Basándose en los datos de consumo de electricidad de 600 000 hogares, se enviaron cartas a los interesados en las que se les informaba, por ejemplo: «El mes pasado ha gastado usted un 15 % más de electricidad que sus vecinos más ahorradores». Los gráficos permitían comparar el consumo energético de un hogar con el de sus vecinos y otros consumidores, e iban acompañados de un icono de smiley sonriente en caso de disminución del consumo. A raíz de esta iniciativa se produjo una disminución media de consumo de electricidad del 2 % en los hogares participantes, lo que supuso un ahorro total de 250 millones USD según OPOWER (2). Experiencias similares arrojan resultados que varían entre el 1 % y el 20 % de reducción del consumo de energía.

4.3.

El riesgo de sufrir pérdidas, subrayando el menoscabo (especialmente económico) a que el individuo se arriesga si no modifica su conducta; por ejemplo, en el consumo de energía. Se le comunica por ejemplo el monto aproximado que perdería si no modifica sus prácticas o, a la inversa, la cantidad de dinero que podría ganar si lo hace. Esta visualización de la pérdida puede también expresarse con indicadores no financieros (calorías, emisiones de CO2, etc.).

4.4.

El deseo de emulación, que consiste, por ejemplo, en organizar concursos para fomentar determinadas prácticas, como la lucha contra el despilfarro. Por ejemplo, la ONG francesa Prioriterre desea sensibilizar sobre el ahorro energético. Para ello, organiza todos los años el concurso «Familias de energía positiva», que en 2014 llegó a reunir a unas 7 500 familias, que debían reducir su consumo de energía en un 8 % para obtener diversos premios (3).

4.5.

El recurso al juego y a las presentaciones lúdicas. Uno de los más conocidos nudges se instaló en el aeropuerto de Ámsterdam: hay falsas moscas pintadas en el interior de los urinarios, para animar a los usuarios a apuntar bien. En 2009 Volkswagen transformó en Estocolmo la escalera de salida de la estación Odenplan en un gigantesco teclado de piano. Cada presión en un escalón activaba una nota musical (4). La idea era animar a los usuarios a utilizar las escaleras en vez de las escaleras mecánicas. En Corea del Sur, en algunas escaleras mecánicas aparecen indicaciones que advierten del riesgo de sobrepeso.

4.6.

El nudge también puede utilizarse para modificar la presentación de las diferentes opciones, o la apariencia de determinados productos, a fin de destacar los considerados más sanos, más ecológicos, etc. Este tipo de nudge puede aproximarse a veces al principio del etiquetado. Asimismo se han llevado a cabo varios experimentos en comedores para incitar a los clientes a consumir alimentos saludables. Para ello, los alimentos más sanos se situarán al comienzo de las vitrinas, lo que permite en algunos casos duplicar su consumo respecto a si se coloca a mitad o al final del expositor. Otros comedores han tratado de reducir el despilfarro reduciendo el tamaño de los platos: se pueden llenar pero la cantidad servida será limitada (y los clientes siempre pueden volver a servirse si así lo desean) (5).

5.1.

Desde 2008 son cada vez más los países que se interesan por el potencial de los instrumentos de las políticas públicas inscritas en el ámbito de nudges al ofrecer la triple promesa de ser: más aceptables para la opinión pública que las normas o los impuestos, poco costosos y más eficaces. En los puntos siguientes se ponen algunos ejemplos no exhaustivos.

5.2.

En 2010 el gobierno británico de David CAMERON creó el Behavioural Insights Team, confiado a David HALPERN y encargado de aplicar las ciencias del comportamiento a las políticas públicas británicas. A modo de ejemplo, modificó la página web del gobierno para permitir que los ciudadanos pudieran inscribirse para donar órganos. En la web se decía: «Cada día miles de personas que ven esta página deciden registrarse» junto al logotipo del NHS (Servicio Nacional de Salud) y de la seguridad social británica. En un año la tasa de adhesión al programa se incrementó del 2,3 % al 3,2 % (+96 000 adhesiones). Desde 2014 la Unidad Nudge funciona de manera independiente, y aconseja a gobiernos extranjeros, entes locales, empresas, etc. (6).

5.3.

Asimismo, la administración Obama puso en marcha en 2014 una Nudge Squad bajo la dirección de Maya SHANKAR. En un decreto publicado en septiembre de 2015 el presidente OBAMA anima a los departamentos y organismos gubernamentales a que utilicen las aportaciones de la ciencia del comportamiento (o «ciencia conductiva») (7). Los gobiernos de Singapur, Australia y Alemania han creado también equipos de expertos en economía del comportamiento.

5.4.

En Francia, desde 2013, la Secretaría General para la modernización de la acción pública (SGMAP) y la Dirección General de Hacienda Pública (DGFIP) (8) multiplican los experimentos relacionados con los nudges.

5.5.

La Comisión Europea ha creado, en el Centro Común de Investigación, una Unidad de Estudios Prospectivos y Aportaciones de las Ciencias del Comportamiento, bajo la responsabilidad de Xavier TROUSSARD. En 2016 publicó un informe en el que se destaca que las políticas públicas de la Unión Europea integran cada vez más las aportaciones de la economía del comportamiento (9). Considera conveniente desarrollar en círculos políticos y académicos los intercambios de ideas sobre este tema. Sobre todo, recomienda aumentar la utilización de las herramientas de la economía del comportamiento en todas las fases de la política pública, mejorando a la vez la comunicación sobre su uso y el conocimiento sobre sus efectos.

6.1.

El nudge tiene sus limitaciones. Exige un gran rigor en su concepto y aplicación, y plantea cuestiones al mismo tiempo técnicas y éticas. No sustituye al imperativo de informar a los ciudadanos y a las acciones pedagógicas destinadas a orientar cómo eligen, ni a los medios tradicionales de las autoridades públicas, que son la legislación y los incentivos económicos. Por otra parte, no deben subestimarse los riesgos y limitaciones asociados a su uso.

6.2.

En la actualidad escasean los estudios sobre la eficacia de los nudges, especialmente a medio y largo plazo. Algunos subrayan la diversidad de las reacciones individuales frente a este instrumento. Así, en el experimento realizado por OPOWER, los hogares cuyo consumo de electricidad era ya inferior a la media tendieron a aumentar cuando se les comunicó su posición. A la inversa, en las personas que descubren que consumen mucha más energía que sus vecinos, el nudge puede generar un sentimiento de culpabilidad o de inferioridad. Según algunos estudios, la receptividad a los nudges puede variar también no solo en función de los valores y opiniones de las personas (10) sino también en función del contexto político y cultural. De modo más general, los estudios realizados ponen de relieve las diferentes repercusiones de un nudge según los destinatarios, culturas y contextos. Es necesario, por lo tanto, evaluar directamente o de forma aleatoria los efectos de los nudges.

6.3.

También se plantea la cuestión de la duración de la incidencia de los nudges. En el ámbito del consumo de agua y electricidad, algunos estudios han demostrado que el efecto repetido de las normas sociales tiende a disminuir a lo largo del tiempo, aunque puede mantenerse tras varios años de forma atenuada (11). El efecto a largo plazo de los nudges depende de su capacidad para cambiar de raíz las costumbres. Una vez que cambia una opción por defecto, si el cambio se mantiene, no hay razón para creer que los comportamientos no vayan a persistir. El problema aquí se refiere más bien a la posibilidad de ir más allá, o de modular. De hecho, parece más fácil ajustar de forma gradual un impuesto o una norma más que una opción por defecto.

6.4.

Los nudges pueden tener efectos negativos, que se traducen en que un individuo puede tender a actuar de manera más virtuosa tras haber actuado incorrectamente, y viceversa. Por ejemplo, hay experimentos que demuestran que la compra de bienes de consumo «verdes» podría ir seguida, en determinadas circunstancias, de un aumento en la frecuencia de los comportamientos negativos como trampa o robo (12). El esfuerzo por fomentar actitudes virtuosas en algunos ámbitos puede, por tanto, tener consecuencias negativas en otros. De confirmarse estos efectos perversos resultaría muy difícil evaluar el impacto global de los nudges. Probablemente sean muy infrecuentes y no pongan en peligro el interés del enfoque de los nudge. No obstante, conviene no excluir la posibilidad de este tipo de efectos.

6.5.

La eficacia de un nudge se establece en relación con un comportamiento deseable, lo que plantea la cuestión de la definición y de la medida de lo que es deseable. En efecto, puede ser muy difícil conocer las opiniones de los ciudadanos sobre su propia felicidad. El nudge plantea también la cuestión de quién decide el objetivo perseguido, es decir, lo que es deseable para la persona o la sociedad. Si se trata de un responsable público, puede orientar este objetivo así como el nudge de manera oportunista; pero también, de forma menos intencionada, por falta de información, por ejemplo.

6.6.

Por último, la frontera entre información, comunicación y manipulación es a veces difícil de definir. Así, entre los numerosos hoteles que animan a sus clientes a reutilizar las toallas, algunos presentan para ello estadísticas deliberadamente «infladas» de usuarios que ya lo hacen (13). El objetivo de estos mensajes no es engañar a sus destinatarios, sino una especie de profecía autocumplida que pretenden que se convierta en verdadera. Pero en realidad hacen que los clientes basen su comportamiento en una mentira. Este recurso a la mentira, incluso si conduce a comportamientos más virtuosos, no resulta aceptable moralmente, tanto más si se trata de un responsable público. Además, puede perjudicar a la reputación de ese responsable, y reducir a la larga la eficacia de los nudges infantilizando a los consumidores.

10.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/33

Ponente:

Carlos TRIAS PINTÓ

Coponente:

Mihai MANOLIU

1.1.

El incipiente escenario de una economía digital descentralizada apunta a que una parte significativa de los nuevos intercambios económicos entre pares estarán estrechamente vinculados a las relaciones sociales y anclados en las comunidades, lo que conducirá a una transformación de lo que implica emprender una actividad o ejercer un empleo, desde la lógica de «democratizar el modo en que producimos, consumimos, gobernamos y resolvemos los problemas sociales», debiendo evitarse firmemente que venga de la mano de la precarización del factor trabajo y de la elusión fiscal, y que el valor añadido se desplace masivamente de los agentes industriales hacia los propietarios de plataformas digitales privadas (1).

1.2.

Frente a este nuevo paradigma, el CESE anima a la Comisión a llevar a cabo una aproximación conceptual más detallada e inclusiva de la economía colaborativa, para evitar sesgos que la equiparan con la economía digital. Así, la economía colaborativa, que a semejanza de la economía social adopta dinámicas democráticas y participativas, presenta los siguientes rasgos:

1.3.

En definitiva, la economía colaborativa engloba diferentes modalidades con aportaciones y retos específicos. Por ejemplo, «la economía del acceso» pone en el mercado propiedades infrautilizadas, creando mayor oferta para los consumidores y un uso más eficiente de los recursos, pero conlleva el riesgo de estimular la producción global a través del efecto rebote. En la «economía bajo demanda» se atomiza la fuerza de trabajo creando más flexibilidad, pero aumentando el riesgo de precarización laboral. Y la gift economy, o economía «del regalo» en que se comparten bienes y servicios de manera altruista, permite el fortalecimiento de las comunidades, pero se mantiene a menudo invisible a los ojos de las administraciones.

1.4.

Por su parte, las plataformas digitales, en particular las que sostienen una actividad lucrativa, merecen toda la atención de la Comisión Europea, a fin de regular y armonizar su actividad y garantizar un level playing field, sobre la base de la transparencia, la información, el pleno acceso, la no discriminación y la explotación adecuada de datos. En concreto, resulta imperativo redefinir el concepto de subordinación jurídica de cara a la dependencia económica de los trabajadores y garantizar los derechos laborales con independencia de los formatos que adopte la actividad.

1.5.

El desafío consiste, pues, en delimitar las diferentes modalidades de esta economía y proponer enfoques reguladores diferenciados (2), privilegiando aquellas iniciativas digitales que se asienten sobre una gobernanza democrática, solidaria e inclusiva, en clave de innovación social, lo que deviene en la necesidad de informar a los consumidores sobre sus valores identitarios y sus fórmulas de organización y gestión. A ese respecto, el CESE recomienda realizar una investigación cualitativa en la red de las relaciones establecidas por sus agentes en el propio entorno de la economía colaborativa.

1.6.

En consecuencia, el CESE apuesta por la elaboración de una metodología específica para la regulación y métrica de una nueva economía con estándares diferentes. Desde esta perspectiva, el valor de la confianza —desde la simetría informativa— ocupa un espacio central. También se deben reforzar los criterios de transparencia, honestidad y objetividad en la evaluación del producto o servicio, superando el mero uso automático de algoritmos.

1.7.

El CESE recomienda asimismo la creación de una agencia independiente de calificación europea de las plataformas digitales, con competencias armonizadas en todos los Estados miembros, que puedan evaluar su gobernanza en materia de competencia, empleo y fiscalidad.

1.8.

Por otra parte, el enfoque que la Comunicación ofrece de la economía colaborativa ignora cuestiones de calado en el ámbito de la economía colaborativa como son las relativas a las monedas virtuales y sociales como instrumentos operativos de dicha economía, o también en lo que se refiere al conocimiento, la información y la energía como objetos de su práctica, o el papel que juegan en la economía colaborativa la creación compartida y la innovación tecnológica, entre otros.

1.9.

A tenor del complejo abordaje de la economía colaborativa en el contexto actual, el CESE recomienda velar por una coexistencia equilibrada de modelos que garanticen su pleno desarrollo sin causar externalidades negativas en el mercado, especialmente en lo que a defensa de la competencia, fiscalidad y empleo de calidad se refiere. Para este fin es necesario prever el diseño de un marco adecuado de seguimiento y monitorización de los nuevos parámetros de la economía colaborativa, con el concurso de las partes interesadas (organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, asociaciones de consumidores, etc.).

1.10.

Por último, con el fin de abordar la transición hacia una nueva economía con importantes consecuencias sistémicas, se recomienda al CESE crear una estructura permanente de carácter horizontal para analizar estos fenómenos emergentes, que entrelace sus esfuerzos con los de la Comisión Europea, el Comité de las Regiones y el Parlamento Europeo.

2.1.

La cultura social, los hábitos de consumo y las formas de satisfacer las necesidades de los consumidores se encuentran en un proceso de profunda metamorfosis, de revisión y racionalización de los consumos desde una perspectiva más inclusiva, donde los factores de precio se entrelazan con el impacto ambiental y la huella social de los productos y servicios, todo ello atravesado por el efecto disruptivo de internet y las redes sociales.

2.2.

La posesión de bienes para uso personal, las divisas fuertes y el empleo in situ , fijo y asalariado, cederán terreno frente a los intercambios virtuales, el acceso compartido, el dinero digital y una mayor flexibilidad de la mano de obra.

2.3.

En la transición hacia nuevas formas de producción y consumo, determinados sectores de la actividad económica se han visto arrastrados por un poderoso tsunami provocado por la aparición de nuevos actores, algunos motivados por la cooperación y el compromiso hacia la comunidad, otros simplemente guiados por la oportunidad de negocio (no siempre respetando un level playing field).

2.4.

Toda vez que numerosas voces han clamado por un nuevo marco de ordenación (3) del consumo colaborativo (que fomente el uso de la tecnología digital para aprovechar la capacidad excedentaria descentralizada, en lugar de crear nuevos monopolios centralizados), la Comisión Europea ha decidido poner en marcha «Una Agenda Europea para la economía colaborativa» tras observar que los entes nacionales y locales de la Unión han estado abordando la situación mediante un mosaico de diferentes medidas reglamentarias. Esto se debe a que el consumo colaborativo presenta contornos diferentes en función del sector de que se trate.

2.5.

Este fragmentado enfoque de los nuevos modelos de negocio genera inseguridad (en el plano económico o normativo, en relación con la mano de obra, etc.) e incertidumbre (en lo referente a la confianza, los nuevos instrumentos digitales, como las blockchains, las redes de seguridad y la privacidad) entre los operadores tradicionales, los nuevos proveedores de servicios y los consumidores, limitando la innovación, la creación de empleo y el crecimiento.

2.6.

Así, la Comisión ha publicado las siguientes orientaciones para ayudar a los operadores de mercado y a las autoridades públicas de los diferentes Estados miembros:

3.1.

La Comisión induce a confusión al introducir en un mismo saco a las plataformas digitales y a la economía colaborativa, sin abordar una conceptualización que correlacione la economía colaborativa y el interés general, desde el reconocimiento de sus externalidades positivas en la puesta en práctica de los valores de la cooperación y la solidaridad.

3.2.

En su Comunicación, la Comisión no responde a lo que debería ser su principal objetivo ni a las legítimas expectativas de las partes interesadas: la definición del modelo y de los parámetros de un marco jurídico claro y transparente en el que las múltiples formas de la economía colaborativa se puedan desarrollar y actuar en el espacio europeo y sean apoyadas y aplicadas con una mayor credibilidad y confianza.

3.3.

Por su parte, el modelo de economía digital presenta cuatro especificidades: deslocalización de actividades, el papel central de las plataformas digitales, la importancia de las redes y la explotación masiva de datos (4). A pesar de tratarse de ámbitos de distinta naturaleza, encuentra intersecciones con la economía colaborativa, ya que operan a menudo en entornos similares: redes participativas, con fronteras difusas entre lo personal y lo profesional, entre trabajo estable y ocasional, entre trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena, etc.

3.4.

Para facilitar esa delimitación conceptual, el CESE propone que la Comisión Europea incorpore la noción de «comportamiento prosocial no recíproco» de la economía colaborativa, que establezca una clara diferenciación del uso compartido no lucrativo y que provea un espacio de interacción para el consumo, la producción, la financiación y el conocimiento colaborativo.

3.5.

En definitiva, el modelo de economía colaborativa supone en sí mismo una transformación de índole no solo económica, sino también social y medioambiental. La Comunicación así lo indica al hacer referencia a la sostenibilidad y la transición hacia una economía circular o al describir los mercados sociales como espacios propios de la economía colaborativa.

3.6.

Obviar estas circunstancias significa abordar de manera parcial la trascendencia que tienen en la actualidad las iniciativas colaborativas, como ocurre asimismo si se limita el análisis al intercambio de servicios o a las plataformas colaborativas, sin tener en cuenta aspectos como la recirculación y el intercambio de bienes, la optimización del uso de activos o la construcción de conexiones sociales.

3.7.

Respecto de las cuestiones relacionadas con la incertidumbre en la aplicación de marcos jurídicos para regular las iniciativas de economía colaborativa, las dificultades que refleja la Comisión si bien son ciertas también lo es el ánimo de «normalizar» y «ajustar» un nuevo modelo económico a los «criterios de evaluación tradicionales». Esto puede requerir un esfuerzo para la producción de nuevos criterios y estándares en su tratamiento jurídico, laboral y fiscal, especialmente desde la óptica de la transición hacia un nuevo modelo de producción y consumo que conlleva una redefinición de los agentes intervinientes.

3.8.

Asimismo, solo se podrá hablar de una nueva economía más integradora que genera cohesión social si se dota al conjunto de la ciudadanía de habilidades digitales y financieras para poder acceder y operar sobre ella. Además, las políticas públicas deben velar por la plena accesibilidad de las personas más vulnerables a la exclusión digital, en particular, aquellas en situación de discapacidad.

3.9.

Por último, el CESE no puede pasar por alto los siguientes aspectos no contemplados en la Comunicación de la Comisión:

4.1.1.

El CESE entiende que con arreglo a la legislación vigente de la UE, en particular, la Directiva de servicios y la Directiva sobre comercio electrónico, los Estados miembros han de impulsar el acceso a los mercados colaborativos ya que una oferta más variada estimula el consumo, estableciendo —en su caso— condicionantes motivados exclusivamente por razón de interés público, que habría que justificar debidamente. Cabe esperar que se produzca un conflicto legislativo, ya que la economía colaborativa crea nuevas formas de prestar servicios ya conocidos que tradicionalmente han estado muy regulados.

4.1.2.

Cabe señalar al respecto que siendo la economía colaborativa una amalgama de iniciativas no limitadas en el espacio ni en el tiempo, deben contar con un tratamiento abierto y deslocalizado, por lo que cualquier limitación basada en criterios territoriales restrictivos puede generar una competencia fiscal y social que distorsione sus efectos favorables.

4.1.3.

De ahí que más allá de esgrimir un argumento transnacional de acceso al mercado, la economía colaborativa deberá contemplarse como expresión de un empoderamiento ciudadano (ganancias de capital humano) que deberá tener su correlato en dos cuestiones básicas: de una parte, un principio de armonización que evite tratamientos dispares que generen nuevas asimetrías de mercado; y de otra, la necesidad de avanzar en prácticas de regulación compartida (5) (modelos: reglamentación entre pares, organismos autorreguladores y reglamentación delegada mediante datos).

4.1.4.

Al igual que la Comisión, el CESE apuesta por una regulación más flexible de los mercados de servicios (nuevas definiciones del trabajo en la economía colaborativa) y por tanto aboga por que se evalúe en cada Estado miembro la justificación y proporcionalidad de la legislación aplicable a la economía colaborativa de acuerdo con objetivos de interés público (reglamentación destinada a abordar las deficiencias del mercado, facilitando el fomento de la confianza), tomando en consideración las características específicas de los diferentes modelos de negocio y los instrumentos en relación con el acceso, la calidad o la seguridad.

4.1.5.

Asimismo, el CESE pone de manifiesto que la idiosincrasia del modelo genera herramientas de calificación y reputación de los proveedores que si bien cumplen el objetivo de interés público de reducir para los consumidores los riesgos vinculados a las asimetrías de información, también pueden conducir a una «selección adversa» y a un «riesgo moral». A este respecto, las autoridades públicas y los gestores de las plataformas digitales deben velar por la calidad y la fiabilidad de las informaciones, las evaluaciones y las calificaciones de las plataformas colaborativas, haciendo uso de organismos independientes de control.

4.1.6.

El CESE participa de la idea de que del establecimiento de umbrales para deslindar, sector a sector, la prestación de los servicios profesionales de los no profesionales, puede resultar una metodología útil para superar la fragmentación de los mercados de la UE. Sin embargo, puede que esto no resulte tan eficaz como se aventura para incardinar las actividades no profesionales entre pares.

4.2.1.

El CESE entiende que el mantenimiento del actual régimen de responsabilidad (6) de los intermediarios es fundamental para el desarrollo de la economía digital de la Unión Europea.

4.2.2.

En aras de reforzar la credibilidad y confianza, cuestión crucial para el desarrollo de la economía colaborativa, el CESE insta, como hace la Comunicación de la Comisión Europea, a la adopción de medidas voluntarias restrictivas para combatir los contenidos en línea ilícitos mediante actividades conexas o subyacentes, sin renunciar por ello al beneficio de exención de responsabilidad.

4.2.3.

Sin embargo, el CESE reitera la conveniencia de abordar de manera extensiva la actividad colaborativa con independencia del valor de centralidad que se adjudica a las plataformas digitales, para no alejarla del espíritu ciudadano que la inspira.

4.3.1.

En un nuevo escenario donde se difumina la frontera entre productor y consumidor («generadores de empoderamiento de las personas, creadores conjuntos, microfinanciadores colectivos, pares, clientes»), el CESE apuesta por un sistema que garantice los derechos de los consumidores. Sin embargo, dadas las peculiaridades de la economía colaborativa, no se debe encorsetar la pluralidad de iniciativas que aquella ofrece.

4.3.2.

Por tanto, a las relaciones multilaterales que genera se deberán incorporar aquellas otras derivadas de la emergencia de la figura de «prosumidor» (se trata de la aportación económica más importante para la economía colaborativa, por lo que debe estar protegida, asegurada y definida), que está llamada a tener un marcado protagonismo en la economía colaborativa, como también los procesos de creación de valor compartido, sobre todo desde la óptica de la economía circular y de la funcionalidad.

4.3.3.

El CESE siempre ha abogado por unas condiciones de competencia equitativas. De acuerdo con los principios orientadores de las prácticas comerciales desleales, los factores que deben valorarse para deslindar la figura del consumidor y la del comerciante de manera no restrictiva (7) serían: frecuencia de los servicios, fin lucrativo y volumen de negocio.

4.3.4.

El CESE avala este planteamiento, si bien advierte que será preciso revisar su consideración así como la oportunidad de otros factores en la aplicación de criterios para una categorización adecuada, sin ánimo de exhaustividad dada la complejidad y variabilidad con la que la economía colaborativa puede expresarse y la dificultad en acotar su futuro (un modelo que debería ser independiente, transferible, universal y favorable a la innovación).

4.3.5.

El CESE reitera que la vía más útil para mejorar la confianza de los consumidores es incrementar la credibilidad y confianza de los servicios entre pares (un «puerto seguro» para plataformas específicas de economía colaborativa que permita las prestaciones, la formación, el aseguramiento y otras formas de protección) mediante servicios adecuados (8) de evaluación en línea y certificaciones externas (etiquetado de calidad) y un nuevo sistema de «arbitraje civil». Esta aseveración guarda estrecha relación con la confianza y la reputación del desarrollo armonioso de la economía colaborativa en un nuevo sistema de coordenadas económico, social y ambiental.

4.4.1.

En el marco del pilar europeo de derechos sociales, el CESE respalda inequívocamente la revisión del acervo jurídico en aras de garantizar unas condiciones laborales justas y una protección social adecuada, sustentado en los criterios —acumulativos— de subordinación del oferente del servicio, naturaleza del trabajo y remuneración.

4.4.2.

Más en concreto, respetando las competencias nacionales, se debe establecer un encuadramiento jurídico para los trabajadores que determine con precisión los estatutos laborales correspondientes: un salario decente y el derecho a participar en la negociación colectiva, la protección contra la arbitrariedad, el derecho a desconectar para confinar el tiempo de trabajo digital dentro de los parámetros de dignidad, etc.

4.4.3.

Además, el CESE aboga por analizar con mayor profundidad los modelos laborales de la economía colaborativa que entroncan con el comportamiento prosocial no recíproco.

4.4.4.

La particularidad de la economía colaborativa como motor de empleo debe abordarse de manera convergente en todos los Estados miembros para que las políticas promulgadas no desvirtúen la práctica colaborativa y tengan un espíritu más emprendedor en cuanto a la incubación, la independencia y la infraestructura.

4.5.1.

El CESE, consciente de los riesgos de planificación fiscal agresiva y opacidad fiscal en el ámbito de la economía digital, aboga por apuntalar un sistema de control de los flujos comerciales a través de las plataformas digitales ya que estas pueden trazar el producto o servicio y facilitar el devengo impositivo. El caso de Estonia para las plataformas de vehículos de uso compartido constituye un ejemplo a replicar en el resto de los Estados miembros.

4.5.2.

La adaptación de las figuras tributarias, en particular del IVA, a los modelos de economía colaborativa precisará revisiones de cierto calado. Asimismo, las plataformas digitales —cuyos beneficios vienen en buena parte de la mano de la venta de los datos de particulares a empresas comerciales— deben estar plenamente sujetas al impuesto de sociedades allá donde se genera la actividad, evitando la competencia fiscal entre Estados miembros.

4.5.3.

El CESE, consciente de la importancia de una buena gobernanza fiscal, apuesta por la creación de instrumentos ad hoc (ventanillas únicas e intercambio de información en línea), así como medidas de simplificación administrativa, armonización, transparencia y cooperación entre administraciones fiscales.

4.6.1.

Las actividades de seguimiento propuestas en la Comunicación son apropiadas al fin que se persigue. En particular, el CESE apuesta por reforzar el diálogo entre las partes interesadas (organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, asociaciones de consumidores, etc.) a fin de identificar buenas prácticas y desarrollar iniciativas de autorregulación y regulación conjunta que aborden los nuevos parámetros de la economía colaborativa (9) a escala europea (por ejemplo, en los sectores del alojamiento, el transporte, el sector inmobiliario comercial, la asistencia sanitaria y el suministro de energía).

10.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/40

Ponente única:

Elżbieta SZADZIŃSKA

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo acoge favorablemente el programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización europea para 2017, que forma parte de un paquete completo en materia de normalización.

1.2.

Presentado por la Comisión, el plan anual continúa y complementa las actividades contempladas en el plan para 2016, respecto a las que el Comité ya ha presentado sus observaciones en dictámenes anteriores (1).

1.3.

No es la primera vez que el Comité destaca la importancia de las normas en el crecimiento de la competitividad del mercado único y el desarrollo de productos y servicios innovadores, así como en la mejora de su calidad y seguridad en beneficio de los consumidores, los trabajadores, las empresas y el medio ambiente.

1.4.

El Comité, como representante de la sociedad civil organizada, respalda este sistema de normalización, que responde a las necesidades de la sociedad y de la economía.

1.5.

El Comité recuerda una vez más que asegurar el pluralismo del sistema europeo de normalización mediante la inclusión de las organizaciones a las que se refiere el anexo III del Reglamento (UE) n.o 1025/2012 garantiza una mayor transparencia y un mejor acceso a ese sistema. La participación de los representantes de la sociedad en el sistema de normalización no debería limitarse al nivel de la Unión, sino que los sistemas de normalización nacionales también les deberían estar abiertos.

1.6.

El desarrollo de la normativa obedece a una necesidad de respaldar la legislación y las políticas de la UE (normas relacionadas con el «nuevo enfoque legislativo», Unión de la Energía, etc.). Además, el desarrollo de la digitalización en la industria, la cadena de suministro y los servicios hace que las normas relativas a las TIC y las normas sobre servicios resulten fundamentales para el ejercicio de las actividades en diferentes sectores económicos. En este contexto, la Comisión ha decidido que las actividades en estos dos ámbitos sean prioritarias, lo que cuenta con el respaldo del Comité.

1.7.

Al mismo tiempo, el Comité señala que es primordial apoyar la competitividad de las pymes a través de su participación en el proceso de elaboración y aplicación de las normas, así como a través de las acciones educativas pertinentes orientadas a concienciar sobre los beneficios que se derivan de las normas.

1.8.

Las negociaciones que actualmente está llevando a cabo la Comisión sobre la ATCI, así como las negociaciones ya concluidas sobre el AEGC, ponen de manifiesto que la normalización, vistos los diferentes sistemas, constituye un punto central de debate. Por ello, a juicio del Comité, es necesario informar a las partes interesadas acerca de las diferencias entre los sistemas de normalización de las partes negociadoras, y señalar los peligros potenciales así como los beneficios derivados de tales diferencias.

1.9.

El Comité apoya la propuesta de entablar un diálogo interinstitucional sobre normalización, como ya manifestó en un dictamen anterior (2).

1.10.

También considera pertinente respaldar la propuesta de la Comisión de elaborar un estudio sobre las repercusiones económicas y sociales de la normalización.

2.1.

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1025/2012, la Comisión presenta en su Comunicación el programa de trabajo anual de la Unión sobre normalización europea para 2017.

2.2.

El programa anual forma parte de un paquete completo compuesto por la Comunicación de la Comisión «Normas europeas para el siglo XXI», un documento de trabajo de sus servicios sobre la normalización de los servicios y una Comunicación sobre el informe, elaborado en virtud del artículo 24, sobre la aplicación del Reglamento.

2.3.

El programa de trabajo anual sobre normalización europea para 2017 complementa las actividades previstas en el plan para 2016, la mayoría de las cuales está en fase de aplicación.

2.4.

Entre las prioridades estratégicas de normalización europea para 2017 se encuentran:

2.5.

La Comisión emprenderá, asimismo, las siguientes acciones con objeto de mejorar la base factual del ciclo de gobernanza anual de la política de normalización de la Unión:

3.1.

El Comité acoge favorablemente el siguiente programa de trabajo anual sobre normalización puesto que, como ya ha señalado reiteradamente, la aplicación de las normas en la producción y en los servicios contribuye al aumento de la competencia en el mercado único.

3.2.

El Comité valora positivamente la continuación de las actividades de la Comisión presentadas en el programa del año pasado, lo que garantiza la continuidad y la realización de las prioridades estratégicas del mercado único.

3.2.1.

El programa de trabajo anual para 2017 precisa y complementa las prioridades ya puestas en ejecución. El objetivo de esta actividad es adaptar el sistema de normalización europea a la cambiante situación internacional y a los retos que presenta el mercado global.

4.1.

En una época marcada por el veloz desarrollo de las tecnologías informáticas, es necesario elaborar normas pertinentes que garanticen la interoperabilidad y la seguridad en el ciberespacio.

4.1.1.

Tecnologías como las comunicaciones 5G, la computación en la nube, la internet de los objetos y las tecnologías de macrodatos se emplean en campos como la sanidad electrónica, la energía inteligente, las ciudades inteligentes, las tecnologías avanzadas de fabricación y los vehículos automatizados y conectados, y requieren normas de seguridad informática y gestión del riesgo, así como directrices de control destinadas a los organismos reguladores y autoridades de control.

4.1.2.

Todavía es preciso mejorar el nivel de seguridad y de protección de datos y el acceso a la internet de los objetos. La normalización en este ámbito puede ser un requisito previo para la interoperabilidad de la internet de los objetos y para garantizar a los consumidores seguridad en la red, protección de datos y acceso.

4.2.

El Comité acoge favorablemente que la Comisión, antes de pedir que se elaboren nuevas normas para los servicios, vaya a dirigirse a las organizaciones europeas de normalización para solicitar un control de las normas pertinentes ya existentes.

4.2.1.

Al mismo tiempo, el Comité considera que es útil para los próximos trabajos informar a las partes interesadas sobre los mandatos de la Comisión en los que todavía se está trabajando y sobre aquellos que ya han finalizado o han sido derogados.

4.2.2.

En la evaluación de las normas existentes, es necesario tener en cuenta si estas responden a las necesidades específicas de grupos vulnerables como, por ejemplo, las personas con discapacidad. Tal es el caso de las normas relativas a la firma electrónica, que no satisfacen las necesidades de los consumidores con discapacidad. En ese caso, la recomendación de que se elaboren nuevas normas estaría justificada.

4.2.3.

Cuando se pongan en marcha nuevos procesos de normalización, deberán tenerse en cuenta, en su caso, las necesidades específicas de grupos vulnerables, como las personas con discapacidad, en el marco de la definición de los términos para el proceso de normalización. Debe adoptarse un nuevo procedimiento que permita a los expertos en accesibilidad y las organizaciones de personas con discapacidad participar sin coste alguno en los procesos de normalización cuando proceda.

4.3.

El Comité ha destacado reiteradamente el impacto significativo de las normas sobre la calidad de los productos y servicios en el mercado único, y, por ello, también valora positivamente los planes de la Comisión dirigidos a mejorar la elaboración de las normas sobre servicios mediante la supervisión de las normas nacionales y las necesidades del mercado, así como la identificación de los ámbitos en los que son necesarias nuevas normas.

4.3.1.

El Comité aprueba la recomendación de la Comisión de que los organismos de normalización nacionales, a la hora de decidir sobre la conveniencia de desarrollar una norma nacional sobre servicios, tengan en cuenta la dimensión europea y se planteen si no sería más conveniente elaborar una norma a este nivel. Esto permitiría eliminar las barreras y los conflictos potenciales en el sector de los servicios.

4.4.

La universalidad cada vez mayor de los servicios en línea, tanto privados como públicos (hospitales, servicios de asistencia, transporte inteligente, etc.) exige soluciones tecnológicas, que garantizan a los consumidores un mayor anonimato y limitan el riesgo de un tratamiento excesivo de los datos.

4.5.

Los trabajos de normalización futuros deben contribuir a mejorar la calidad, el acceso y la seguridad de los servicios de transporte, así como a reducir la contaminación medioambiental causada por los medios de transporte.

4.6.

En el ámbito de la energía, las actividades de la Comisión estarán encaminadas a combinar las infraestructuras, diversificar los recursos energéticos, reducir el consumo de energía y promover las energías respetuosas con el clima.

4.6.1.

El Comité considera que la elaboración de normas más uniformes para las redes energéticas inteligentes mejorará la interoperabilidad entre las redes, y que la optimización de todos sus elementos permitirá disminuir los costes y aumentar la efectividad y la integración de los recursos energéticos descentralizados, incluidas las energías renovables. En consecuencia, esto permitirá a los usuarios finales beneficiarse plenamente de los sistemas energéticos inteligentes.

4.7.

Al Comité le complace observar que el documento de la Comisión plantea el problema de la biodegradabilidad del plástico para envases, la producción de productos químicos sostenibles a partir de materias primas secundarias y los métodos para la evaluación del riesgo de las sustancias que no están recogidas en las listas de materiales y objetos de plástico destinados a entrar en contacto con los alimentos.

4.7.1.

Teniendo en cuenta el alto riesgo, las normas relativas a los ámbitos mencionados deberían incluir requisitos estrictos de protección de la salud de los consumidores y el medio ambiente.

5.1.

La Comisión insta a las organizaciones europeas de normalización a que fomenten a escala mundial las normas internacionales y europeas con el fin de apoyar a la industria europea y facilitar el acceso al mercado.

5.2.

En un momento en que el AEGC con Canadá suscita controversias en los Estados miembros, y las negociaciones sobre la ATCI continúan, resulta necesario seguir destacando el papel de las normas en el comercio mundial.

5.2.1.

El diálogo con los socios no europeos (China, India), además de favorecer la eliminación de los obstáculos técnicos al comercio, debe contribuir al fomento del modelo europeo de normalización, el intercambio de información entre organizaciones de normalización europeas y nacionales y el desarrollo y la aplicación de las normas ISO e IEC, o de las normas europeas en aquellos sectores en los que falte normalización internacional o esta resulte insuficiente.

6.1.

El Comité respalda la idea de vincular estrechamente la normalización a la investigación y de plasmar el conocimiento científico en la normativa.

6.2.

El diálogo entre las instituciones de investigación y los comités técnicos CEN, Cenelec y ETSI en el marco del programa Horizonte 2020 debería conducir a un aumento de la innovación.

10.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/44

Ponente general:

Daniel MAREELS

1.1.

El CESE puede, en las circunstancias y bajo las condiciones descritas a continuación, aceptar la propuesta de la Comisión para aplazar la entrada en vigor del Reglamento (1) sobre los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) en un año hasta el 1 de enero de 2018.

1.2.

El Reglamento sobre los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros contiene medidas cuyo objetivo es mejorar la protección de los clientes minoristas e inversores y lograr el restablecimiento de la confianza de los consumidores en el sector de los servicios financieros mediante un aumento de la transparencia en el mercado de las inversiones minoristas. En particular, obliga a los fabricantes de productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros a elaborar un documento de datos fundamentales (KID (2)).

1.3.

El aplazamiento se produce a instancias del Parlamento Europeo y de una mayoría de Estados miembros tras el rechazo de un «acto delegado» (3) de la Comisión relativo a los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros por parte del Parlamento el 14 de septiembre de 2016. Este acto delegado tenía por objeto la definición de normas técnicas de regulación sobre el documento de datos fundamentales para productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros, según los proyectos desarrollados por las autoridades europeas de supervisión.

1.4.

El CESE ya se ha mostrado favorable en un dictamen anterior (4) respecto de la creación de productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros y ha destacado la importancia de un acto legislativo que, por primera vez, regula todos los tipos de productos financieros complejos y establece su comparabilidad independientemente del tipo de entidad que desarrolla el producto (bancos, empresas de seguros o sociedades de inversión).

1.5.

En el mismo dictamen, el Comité abogó por la creación de un mercado financiero unificado con información clara, precisa, sencilla y comparable y por un sistema homogéneo, simplificado y normalizado de información que permita la comparabilidad y la compresión de los datos, aumentando la transparencia del mercado y su eficacia (5).

1.6.

Según el Comité, si no se optara por el aplazamiento, los objetivos considerados más importantes de este ámbito (véase anteriormente y a continuación) podrían peligrar, algo que no se desea en absoluto. El Comité coincide en que la mayor transparencia y la decisión de armonizar la obligación de poner a disposición información previstas en el Reglamento sobre los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros favorecerá al mercado interior de servicios financieros mediante la creación de unas condiciones de competencia equitativas entre distintos productos y canales de distribución. De esta forma, el Reglamento no solo favorecerá a clientes minoristas, sino que también contribuirá a restaurar la confianza de los consumidores en el sector de los servicios financieros. Asimismo, la revocación del acto delegado a menos de cuatro meses de la entrada en vigor de los textos habría supuesto una inseguridad jurídica y unos problemas de aplicación muy graves para los operadores del mercado.

1.7.

En cuanto a la elección de período de un año, el Comité considera que se puede aceptar por los mismos motivos, sobre todo teniendo en cuenta que la entrada en vigor coincidirá con la normativa sobre los mercados de instrumentos financieros MiFID II. A juicio del Comité, es necesario que este aplazamiento sea excepcional y único y que el período intermedio se utilice para estipular y divulgar el acto delegado definitivo, en el plazo más breve posible. Se trata, por lo tanto, de proporcionar claridad y seguridad lo antes posible, tanto a los operadores del mercado como a los clientes minoristas e inversores.

1.8.

Para el Comité, esto no debe poner en peligro los objetivos y logros del Reglamento sobre los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros. Por ello, es necesario que las posibles adaptaciones del acto delegado se enmarquen en ese ámbito. Y ello, sobre todo, porque la evaluación del Reglamento sobre los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) se llevará a cabo un año después y en ese momento podrán plantearse problemas potenciales, teniendo en cuenta las primeras experiencias con la aplicación y la supervisión. Dichas adaptaciones deberán, desde el principio, contribuir a aumentar de manera efectiva la confianza de los consumidores. Al mismo tiempo, deberán seguir estando en conformidad con las normas previstas en el futuro paquete MiFID.

2.1.

Con el Reglamento (sobre los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros) (UE) n.o 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) se introdujeron medidas para lograr una mayor transparencia en el mercado de las inversiones minoristas. En concreto, este Reglamento obliga a los fabricantes de productos de inversión minorista vinculados y productos de inversión basados en seguros a elaborar un documento de datos fundamentales.

2.2.

Este Reglamento otorga a las autoridades europeas de supervisión (7) el poder de elaborar normas técnicas de regulación (NTR) para especificar los elementos del documento de datos fundamentales.

2.3.

Después de que las autoridades europeas de supervisión transmitieran a la Comisión los proyectos relativos a las normas mencionadas anteriormente, la Comisión estableció a finales de junio de 2016 el acto delegado para la realización efectiva de las NTR estipuladas.

2.4.

El Parlamento Europeo, en una resolución de 14 de septiembre de 2016, formuló objeciones al acto delegado establecido por la Comisión (8). Pidió a la Comisión que revisara las disposiciones relativas a los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros con opciones múltiples, los escenarios de rentabilidad y la advertencia de comprensión.

2.5.

Por otra parte, el Parlamento Europeo y una gran mayoría de Estados miembros solicitaron el aplazamiento de la fecha de aplicación del Reglamento.

2.6.

La actual propuesta de Reglamento propone aplazar la entrada en vigor del Reglamento completo por un año hasta el 1 de enero de 2018.

3.1.

En general, el Reglamento sobre los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros busca una mayor protección de los clientes minoristas e inversores, especialmente aquellos que invierten en productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros. La mayor transparencia y la decisión de armonizar la obligación de la puesta a disposición de información prevista también favorecerán al mercado interior de servicios financieros mediante la creación de unas condiciones de competencia equitativas entre distintos productos y canales de distribución. Así, se podrá seguir restableciendo la confianza de los consumidores en el sector de los servicios financieros.

3.2.

Para lograr estos objetivos es necesario que los fabricantes de productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros cumplan una serie de requisitos formalizados relativos al suministro de información sobre productos y que los clientes minoristas e inversores reciban el documento de datos fundamentales de los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros ofrecidos. De este modo, los inversores minoristas podrán obtener un mejor conocimiento de la naturaleza económica y los riesgos de un producto determinado y podrán comparar distintas ofertas.

3.3.

La versión original del Reglamento prevé la entrada en vigor a finales de 2016. Esa fecha también es válida para las «medidas de ejecución» estipuladas por la Comisión mediante acto delegado a mediados de este año, basadas en los proyectos de NTR de las autoridades europeas de supervisión. Estas NTR se refieren a la presentación y el contenido del documento de datos fundamentales y su formato normalizado, el método para la presentación del riesgo y la remuneración y el cálculos de los costes, así como las condiciones y la frecuencia mínima de revisión de la información contenida en el documento de datos fundamentales y las condiciones en que se cumple el requisito de proporcionar dicho documento a los inversores minoristas.

3.4.

Mientras que durante el período de investigación el Consejo no formuló objeciones al acto delegado de la Comisión, el Parlamento Europeo rechazó este texto mediante una resolución del 14 de septiembre de 2016 (9).

3.5.

Pese a que es directamente aplicable a partir de finales de 2016 y que la elaboración de un documento de datos fundamentales no está vinculada a la estipulación de un acto delegado, el Parlamento Europeo ha pedido al mismo tiempo el aplazamiento de la entrada en vigor del Reglamento sobre los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros. Una gran mayoría de los Estados miembros ha presentado igualmente la misma solicitud. Además, se señaló que la falta de normas técnicas supondría un obstáculo para la aplicación sin trabas del Reglamento.

3.6.

En estas circunstancias, el CESE está de acuerdo con el principio de aplazar la entrada en vigor del Reglamento. En caso contrario, se correría el riesgo de no poder cumplir los objetivos considerados más importantes (véase anteriormente y a continuación) o de cumplirlos solo parcialmente. Además, el rechazo del acto delegado a menos de cuatro meses de la entrada en vigor de los textos habría supuesto una inseguridad jurídica y unos problemas de aplicación muy graves para los operadores del mercado.

3.7.

Por otra parte, el CESE recuerda su dictamen anterior sobre los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros, en el que se mostró favorable a los proyectos respectivos y la dirección tomada (10). El Comité destacó en esa ocasión la importancia de un acto legislativo que, por primera vez, regula todos los supuestos de productos financieros completos y establece su comparabilidad independientemente del tipo de entidad que desarrolla el producto (bancos, empresas de seguros o sociedades de inversión).

3.8.

Además el Comité abogó en este aspecto por establecer un mercado financiero unificado con información clara, precisa, sencilla y comparable (11). Asimismo, también se indicaba que un sistema homogéneo, simplificado y normalizado de información permitiría la comparabilidad y la comprensión de los datos, aumentando la transparencia del mercado y su eficacia (12). El Comité añade ahora que las futuras normas técnicas de regulación (NTR) deberán, desde un principio, contribuir a aumentar de manera efectiva la confianza de los consumidores. Por consiguiente, deberá quedar claro qué productos son complejos, los consumidores deberán poder tomar sus decisiones de compra con conocimiento de causa y habrá que prestar atención a los aspectos relativos a los costes y la rentabilidad. A fin de evitar incoherencias, en este ámbito deberán tenerse en cuenta las normas previstas en el futuro paquete normativo MiFID (13).

3.9.

El Comité opina, además, que la elección de un período de un año se puede aceptar, siempre que este aplazamiento sea excepcional y único y que el período intermedio se utilice para estipular y divulgar el acto delegado definitivo. Esto debe efectuarse en el plazo más breve posible para crear cuanto antes claridad y seguridad para los operadores del mercado, los clientes minoristas e inversores.

3.10.

Por otra parte, al optar por el período de un año, la entrada en vigor del PRIIP vuelve a coincidir con la entrada en vigor del nuevo paquete MiFID II (14), que también favorece a los consumidores. Con anterioridad, la entrada en vigor del nuevo paquete MiFID II se había retrasado asimismo un año (15) y el Comité se mostró de acuerdo con este aplazamiento (16).

3.11.

En el proceso no se deben poner en peligro los objetivos mencionados anteriormente y ratificados por el Comité. Por ello, es necesario que las posibles adaptaciones del acto delegado se enmarquen en el ámbito actual de los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros.

3.12.

Por lo demás, y en la medida en que sea necesario, parece más oportuno esperar a la evaluación del Reglamento PRIIP, que con arreglo a la actual propuesta de aplazamiento de la entrada en vigor, solo se realizará un año después de la entrada en vigor del Reglamento PRIIP (17). De este modo, podrán tomarse en consideración las primeras experiencias con la aplicación y la supervisión.

«A.

Considerando que es esencial que la información sobre productos de inversión facilitada a los consumidores resulte comparable, a fin de fomentar la igualdad de condiciones de competencia en el mercado independientemente del tipo de intermediario financiero que produzca o comercialice dichos productos;

B.

Considerando que, al eliminar del cálculo de categorización del riesgo de los productos de seguros el riesgo de crédito, se induciría a error a los inversores;

C.

Considerando que aún se ha de dilucidar el tratamiento de los productos financieros con opciones múltiples, en particular en lo relativo a la exención expresa concedida a los OICVM en virtud del Reglamento (UE) n.o 1286/2014;

D.

Considerando que el acto delegado adoptado por la Comisión contiene errores en cuanto la metodología utilizada para el cálculo de los futuros escenarios de rentabilidad y, por lo tanto, no cumple el requisito establecido en el Reglamento (UE) n.o 1286/2014 de que se facilite información “precisa, imparcial, clara y no engañosa”, y que, en el caso de algunos productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en seguros en particular, no se señala que los inversores pueden perder dinero ni en la hipótesis adversa, ni siquiera cuando se trata de un producto que ha generado frecuentes pérdidas ya pasado el período de tenencia mínimo recomendado;

E.

Considerando que la falta de orientaciones detalladas en el Reglamento Delegado en lo que respecta a la “advertencia de comprensión” comporta un grave riesgo de incoherencia en todo el mercado único en cuanto a la implantación de este componente del documento de datos fundamentales;

F.

Considerando que el Parlamento sigue convencido de que debe añadirse como nuevo mandato de la NTR una mayor normalización en lo que respecta a cuándo ha de incluirse la advertencia de comprensión;

G.

Considerando que, de no modificarse, se corre el riesgo de que las normas establecidas en el Reglamento Delegado sean contrarias al espíritu y objetivo de la legislación, a saber: facilitar a los inversores minoristas información comparable, comprensible y no engañosa sobre los productos de inversión minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros;

H.

Considerando que, en la carta con fecha 30 de junio de 2016 dirigida por el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios a la Comisión, el equipo negociador del Parlamento pidió a esta que valorara la conveniencia de aplazar la aplicación del Reglamento (UE) n.o 1286/2014».

10.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/48

Ponente:

Giuseppe GUERINI

Coponente:

Michael IKRATH

1.1.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge con satisfacción la labor realizada por la Comisión Europea y los Estados miembros en los últimos años para superar el estancamiento económico. No obstante, el CESE no puede sino exigir una mayor determinación por parte de las instituciones de la Unión en el diseño y aplicación de una estrategia general para la financiación de la economía real.

1.2.

A juicio del CESE, debe garantizarse que las inversiones europeas beneficien en primera instancia a la economía real, que se distingue por la capacidad de innovación, el crecimiento y la responsabilidad social.

1.3.

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son la columna vertebral de la economía de la Unión. Por ello, garantizar un buen acceso a la financiación para las pymes y las empresas de rápido crecimiento es un requisito indispensable tanto para el desarrollo de estas empresas como para la innovación, el crecimiento económico, el empleo, la protección de la competitividad europea y la garantía de la responsabilidad social. En la Unión, la financiación mediante crédito representa la principal fuente de financiación para las pymes. En vista de la necesidad de desarrollar nuevas áreas de crecimiento y lograr que Europa ocupe una posición de liderazgo en materia de innovación, es necesario hacer realidad nuevos métodos de financiación para apoyar a las empresas emergentes, a las pymes innovadoras y a las empresas de rápido crecimiento.

1.4.

El CESE se declara favorable al desarrollo de los fondos de capital riesgo europeos (FCRE) y los fondos de emprendimiento social europeos (FESE) y señala que debe garantizarse la protección de los inversores.

1.5.

El CESE está convencido, por tanto, de que la tradicional financiación mediante crédito de las empresas mencionadas en el punto 1.2 debe completarse con métodos alternativos de financiación como el capital riesgo, la microfinanciación colectiva, el capital de inversión, etc. Por ello, la Unión debe adoptar medidas concretas y consecuentes para, por un lado, permitir que los bancos puedan volver a desempeñar su principal función de financiación de la economía real y, por otro, mejorar considerablemente las posibilidades de la financiación con fondos propios y en el mercado de capitales, y superar los obstáculos que existen al respecto en el marco de la creación de la Unión de Mercados de Capitales.

1.6.

El CESE acoge con satisfacción y apoya las iniciativas de la Comisión Europea de revisar los Reglamentos sobre los fondos de capital riesgo europeos (FCRE) y sobre los fondos de emprendimiento social europeos (FESE).

1.7.

El CESE considera que el instrumento del reglamento tiende a limitar el riesgo de interpretaciones divergentes a escala nacional, lo que permitirá impulsar la creación de una Unión de Mercados de Capitales. Aboga asimismo por eliminar las divergencias de interpretación a nivel nacional actuales.

1.8.

Además, el CESE pide a la Unión que se refuercen las sinergias entre los objetivos de la Estrategia Europa 2020, como el mercado único digital y la Unión de la Energía/COP21, y los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, para dotar a las inversiones a largo plazo de una mayor eficacia. La profundización en la integración económica para garantizar la competitividad global de la Unión también debe gozar de la máxima prioridad en todas las estrategias de inversión.

1.9.

El CESE señala que parte del sector financiero prefiere objetivos de inversión alternativos en lugar de invertir en la economía real. Estos se asocian a menudo con un riesgo de especulación considerable a favor de maximizar el rendimiento del capital invertido. También contribuyen a ello las reglamentaciones de capital propio de los bancos europeos, que favorecen claramente las inversiones en valores, especialmente en bonos del Estado, frente a la financiación de créditos a empresas. Cabe señalar con inquietud que la legislación de la Unión hasta ahora ha hecho muy poco para regular las actividades financieras puramente especulativas (como los fondos de inversión libre o las instituciones financieras no bancarias). Por ello, el CESE recomienda a las instituciones de la Unión que fomenten claramente las inversiones productivas en la economía real y actúen contra las especulaciones financieras con un perfil de alto riesgo. Un ejemplo actual de este desarrollo es que el tema central de la reciente reunión del FMI en Washington fue la financiación de la economía verde, la denominada «financiación verde o financiación ecológica». Los chinos han reconocido rápidamente la importancia de este nuevo sector y le han dado relevancia también en el marco de su presidencia del G-20. Por consiguiente, en el marco de los fondos FCRE y FESE, la UE debería establecer medidas que apoyen y refuercen la financiación de la economía verde (en consonancia con la COP 21) al objeto de contrarrestar desde el principio la especulación financiera en este sector (financiación verde o ecológica) (1).

1.10.

En el caso concreto del presente Reglamento, el CESE indica que ya existe un gran número de importantes fuentes de financiación a escala de la Unión, como InnovFin en el marco de Horizonte 2020, COSME o EaSI, por nombrar tan solo las más importantes junto a los Fondos EIE y el FEIE. Por ello, el CESE espera que en el marco de la nueva organización del FCRE y del FESE se alcance una estrecha coordinación. En este sentido, es importante que la Comisión relaje sustancialmente unos criterios de acceso que hasta ahora han sido muy limitados, así como otras condiciones restrictivas, para mejorar claramente la eficacia de los fondos respecto al objetivo. La línea directriz debe ser un alto grado de flexibilidad.

1.11.

El CESE espera que la revisión conduzca a una modificación de las normas de crédito del Acuerdo de Basilea III, de tal forma que, junto al factor de apoyo a las pymes (en inglés, SME supporting factor), también se introduzca un factor de apoyo a las empresas sociales (en inglés, social enterprises supporting factor). Así, los requisitos de fondos propios para el riesgo de crédito se pueden reducir en el caso de un compromiso financiero con empresas sociales.

1.12.

Para extender la participación en tales fondos de inversión, el CESE propone que se posibilite la creación de «fondos de fondos». Estos fondos podrían contribuir a aumentar la participación de inversores no institucionales (también en forma de grupos de interés), al crear «fondos de garantía» financiados con recursos públicos y gestionados a nivel europeo. Tales fondos deben apoyar las inversiones en empresas e instituciones con una marcada orientación social.

1.13.

El CESE considera de igual importancia la creación de un marco en el que se puedan desarrollar positivamente los objetivos de financiación de los fondos de inversión social, como las empresas sociales y las organizaciones del sector social. Esto requiere la eliminación de aquellos obstáculos que dificultan en gran medida que estos actores operen en un entorno de mercado con igualdad de condiciones (level market environment). En particular, son necesarios instrumentos innovadores que hagan posible que el sector público desarrolle iniciativas con orientación social que estén en relación comercial con empresas sociales y organizaciones del sector social.

1.14.

Además, el CESE pide que se facilite el acceso a financiación para la llamada «economía plateada» (Silver Economy) en el marco del FCRE y del FESE, en línea con el Dictamen TEN/584 sobre «El pilar digital del crecimiento: los e-seniors, un potencial del 25 % de la población europea». Esto también tiene consecuencias positivas sobre el presupuesto de los países individuales en los que el sistema de pensiones se alivia gracias a la existencia de fundadores de empresas de avanzada edad aún en activo. Se crea una nueva cadena de valor añadido que ofrece nuevas fuentes de ingresos para el Estado. Dies gilt ebenso für Frauen (2) als Unternehmerinnen und Gründerinnen von Start-ups, Social Entrepreneurs, etc.

2.1.

El objetivo de la propuesta es coordinar los FCRE y los FESE con las medidas que ya se han adoptado a nivel de la UE para estimular la recuperación económica (a saber, el Plan de Inversiones para Europa, el Plan de acción para la creación de un mercado de capitales y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas).

2.2.

Según la Comisión, el acceso al capital riesgo y al capital de emprendimiento social es la clave para financiar el crecimiento de las empresas emergentes de la Unión, las pymes innovadoras y las empresas sociales.

2.3.

Sin embargo, la Unión se está quedando aún más rezagada respecto a los Estados Unidos en el mercado de capital riesgo, en lugar de acortar distancias.

2.4.

Por ello, la Comisión modifica el marco de los fondos de capital riesgo europeos y de los fondos de emprendimiento social europeos antes de la revisión planificada originalmente (2017), para garantizar que contribuyan en mayor medida, en coordinación con otras medidas, a apoyar el capital riesgo y la inversión social en el conjunto de la Unión.

2.5.

La propuesta de modificación se centra en las disposiciones siguientes: i) el modo en que los fondos invierten en activos, ii) el modo en que los gestores gestionan los fondos, iii) cómo interactúan ambos Reglamentos con la demás legislación vigente sobre fondos de inversión, iv) los requisitos que deben cumplir los fondos para beneficiarse del pasaporte transfronterizo.

2.6.

La propuesta de la Comisión está basada en el artículo 114 del TFUE y en una extensa evaluación de impacto (3).

3.1.

El CESE acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea de revisar los Reglamentos sobre los fondos de capital riesgo europeos (FCRE) y sobre los fondos de emprendimiento social europeos (FESE); ya se mostró a favor de ambos a raíz de las primeras propuestas para su introducción en 2012, en sus Dictámenes sobre los fondos de capital riesgo europeos (4) y sobre los fondos de emprendimiento social europeos (5), así como, en particular, a la luz del «Plan de acción para la creación de un mercado de capitales» (6).

3.2.

El CESE apoya el esfuerzo por impulsar la financiación de nuevas empresas. El grupo objetivo lo constituyen las pymes, sobre todo las empresas emergentes y unipersonales con potencial innovador, y no solo en la fase de inicio, sino también en la segunda y tercera fases de crecimiento. Debe prestarse especial atención a las pymes que pueden crecer rápidamente, pero que son demasiado pequeñas para el mercado de capitales y no reúnen los criterios para obtener créditos. Debe ser igualmente importante la atención prestada a las empresas con objetivos sociales y un modelo empresarial sostenible (emprendedores sociales).

3.3.

El CESE considera necesario que las instituciones de la Unión y los Estados miembros adopten medidas que desarrollen instrumentos de capitalización, inversión y financiación para las actividades empresariales que sirvan de complemento a los créditos bancarios. También cabe reconocer que muchos bancos europeos —especialmente bancos regionales como las cooperativas de crédito y cajas de ahorro en los Estados miembros— han adoptado medidas para apoyar a las nuevas empresas y se sitúan entre los principales donantes para los emprendedores sociales y las empresas emergentes innovadoras (7).

3.4.

No obstante, cabe señalar que en muchos casos no solo las pymes, sino también los emprendedores sociales y las empresas emergentes, cuentan con dotaciones de capital demasiado escasas. Por este motivo, no tienen la posibilidad de cumplir los criterios de solvencia para obtener créditos bancarios, que son demasiado estrictos debido al paquete DRC IV/RRC. Esta situación insatisfactoria puede agravarse aún más con el Acuerdo de Basilea IV.

3.5.

En este contexto, el CESE opina que tiene sentido actualizar los Reglamentos sobre los FCRE y FESE, aunque no se trata de la única medida necesaria. Junto a la mejora de estos Reglamentos, deben darse más pasos para crear una cultura de inversión más dinámica, que se ajuste a todos los modelos empresariales presentes actualmente en el mercado. Esto refuerza, por un lado, el emprendimiento y, por otro, ayuda a hacer realidad el pilar social de la Unión.

3.6.

Es preciso señalar críticamente que una parte del sector financiero no tiene ningún interés en la financiación sostenible de la economía real, sino que invierte exclusivamente en aquello que permite obtener un rendimiento alto de forma inmediata, normalmente en un período muy breve, por ejemplo, entre la adquisición y la reventa de las empresas. Las instituciones de la Unión han hecho muy poco para limitar la repercusión de tales fondos y bancos de inversión puramente especulativos (como los fondos de inversión libre o las instituciones financieras no bancarias), y para alcanzar un régimen regulador coherente.

3.7.

Las instituciones de la Unión también deben lograr que las inversiones en actividades empresariales de la economía real —y no solo en instrumentos financieros— sean más interesantes por medio de incentivos, así como presentar una agenda de desarrollo ambiciosa.

3.8.

El CESE, al igual que la Comisión, opina que, gracias a un mayor desarrollo de los fondos de capital riesgo europeos y de los fondos de emprendimiento social europeos, las empresas innovadoras y los emprendedores sociales, así como las pymes en general, gozarán de acceso a financiación, y que la financiación mediante créditos y mediante capital riesgo puede combinarse para lograr un efecto multiplicador positivo. El CESE recomienda que se desarrolle un «método europeo para los fondos de capital riesgo».

3.9.

Además, en el análisis de los fondos de capital riesgo europeos se puede observar que ocho de los once fondos más activos reciben apoyo de recursos públicos o cuentan con una participación considerable de instituciones públicas, con diferente comportamiento en cada Estado miembro. Por ello, el CESE recomienda tener en cuenta, en la organización de los fondos, grandes proyectos europeos, como el plan de acción para el mercado único digital, la Unión de la Energía o el establecimiento del pilar social de la Unión.

3.10.

Resulta necesario coordinar rápidamente las nuevas medidas de los FCRE y FESE con los instrumentos siguientes: a) el Fondo Europeo de Inversiones; b) la iniciativa para la Unión de Mercados de Capitales; c) el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (que está cobrando importancia, pero que debería recibir mucha más atención por parte de los sistemas económicos y financieros nacionales, que aún no explotan todo su potencial).

3.11.

La propuesta de revisión de los Reglamentos FCRE y FESE contribuye a la consecución de un objetivo central de la política de la Unión: mejorar las posibilidades de acceso a financiación para las pymes y las empresas sociales. Por tanto, el CESE se muestra convencido de que deben modificarse las correspondientes normas de crédito del Acuerdo de Basilea III, que en la Unión se aplican mediante una Directiva (DRC IV) y un Reglamento (RRC). Así, junto al factor de apoyo a las pymes (en inglés, SME supporting factor), también debe incluirse en el RRC un factor de apoyo a las empresas sociales (en inglés, social enterprises supporting factor), para que los requisitos de fondos propios para el riesgo de crédito se reduzcan drásticamente en el caso de un compromiso financiero con empresas sociales. Se trata de coeficientes fáciles de determinar que no suponen ningún coste para las finanzas públicas de los Estados miembros. El CESE considera que esto es indispensable, puesto que las pymes representan la columna vertebral de la economía de la Unión y garantizan la competitividad global de la Unión. Por ello, son la clave del crecimiento y del empleo.

3.12.

Cabe recordar que, en muchos casos, no solo las empresas de la economía social sino también diferentes pymes se caracterizan por una fuerte vinculación con las comunidades locales. Para estas empresas puede ser interesante invertir en infraestructuras públicas o en el suministro cooperativo de energía a partir de fuentes renovables de energía (8). La actual configuración de los Reglamentos FCRE y FESE solo permite la participación de inversores profesionales. No obstante, si se persigue una mayor expansión de la inversión, el CESE considera deseable aumentar el espectro de posibles inversores interesados.

3.13.

Sin perjuicio de la necesidad de garantizar una protección adecuada a los inversores, también podría autorizarse la participación en estos fondos de inversores no institucionales motivados. Ya van ganando terreno los métodos alternativos de recaudación de capital, como por ejemplo la microfinanciación colectiva, que a menudo funcionan de manera informal y sin una normativa clara. Una apertura moderada de los fondos FCRE y FESE también a inversores no institucionales podría ser interesante, ya que podría aportar la posibilidad de organizar a estos inversores no institucionales en grupos homogéneos.

3.14.

También merece celebrarse la atención dirigida a las empresas medianas (de hasta 499 empleados), a las que no se debe desatender en ningún caso para que su crecimiento, que a menudo se debe al desarrollo de las empresas que fueron fundadas como pymes, se consolide y, si es posible, se refuerce.

3.15.

La propuesta tiene debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad. Por ello, son bienvenidas las medidas a nivel de la Unión (en lugar de a nivel nacional) por medio de los fondos FCRE y FESE para crear un marco armonizado a escala europea, sin restringir demasiado la libertad de los Estados miembros respecto al enfoque general que deseen adoptar en materia de capital riesgo. En este sentido, el CESE acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento. Un marco más armonizado podría ayudar a prevenir la concentración del capital riesgo en unos pocos Estados miembros y contribuir a una mayor distribución geográfica y a reforzar su efecto. En la actualidad, las inversiones en forma de capital riesgo solo representan el 0,1 % del PIB de la Unión y se concentran en unos pocos Estados miembros.

3.16.

Permitir a los administradores de fondos de inversión alternativos acceder a los fondos FCRE y FESE conforme a la Directiva 2011/61/UE parece ser una solución adecuada para hacer realidad la aplicación y el efecto de estos fondos mediante una referencia cruzada a los regímenes que ya existen a nivel europeo.

3.17.

Por tanto, la expansión cualitativa y cuantitativa del acceso de las empresas a los fondos se ajusta plenamente al enfoque general adoptado por la Comisión para reforzar ambos fondos.

3.18.

También parece razonable la decisión de mantener un límite mínimo de inversión para acceder a los fondos. Sin embargo, también se deben impulsar mecanismos para expandir la participación: una posible propuesta consistiría en posibilitar la creación de «fondos de fondos», una posibilidad que, por cierto, es mencionada en el análisis de la Comisión Europea y que se añade a la propuesta de revisión de estos Reglamentos.

3.19.

Es encomiable la propuesta de reducción de los costes administrativos para el registro, especialmente en la medida en que está encaminada a eliminar los obstáculos administrativos al completo desarrollo de las medidas impulsadas por la Comisión, para evitar que los costes de acceso puedan tener un efecto desalentador para posibles inversores interesados. Estos últimos deben concentrarse en el potencial de desarrollo de las empresas que cuentan con acceso al capital riesgo, y no en los costes de acceso a un sistema excesivamente complejo.

3.20.

La reglamentación técnica sobre los recursos propios de los que deben disponer los inversores para obtener acceso a los fondos se transfiere correctamente a una autoridad técnica como la AEVM. Esta es la mejor forma de garantizar una reglamentación de alta calidad en un ámbito muy técnico. El CESE espera que esta reglamentación secundaria para la ejecución pueda aplicarse mediante el diálogo con las partes interesadas y la participación de los interlocutores sociales, otorgándoles la oportunidad de aportar comentarios y observaciones a una versión preliminar del texto, entre otras cosas con vistas a simplificar unas reglamentaciones que, en ocasiones, resultan desbordantes.

3.21.

Los fondos FCRE y FESE podrían desempeñar una función especialmente importante en la orientación y clasificación de las inversiones, sobre todo en ámbitos como la innovación, la innovación social y la sostenibilidad medioambiental, en consonancia con las prioridades actuales de la Comisión Europea. En este contexto, sería muy útil la introducción de «fondos de garantía» para el apoyo y el fomento de la inversión en ámbitos de alto valor social, medioambiental y de empleo, que son gestionados con fondos públicos y están mejor administrados a nivel europeo. Por último, el CESE hace hincapié en que la Comisión Europea debe comprometerse a adoptar medidas generales de promoción del desarrollo con el fin de impulsar una estrategia global e integral. La suma de medidas específicas ya no es suficiente para aumentar la competitividad de las economías nacionales europeas en un entorno global cada vez más complejo.

10.3.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 75/53

Ponente:

Petru Sorin DANDEA

1.1.

El CESE suscribe y apoya la propuesta de la Comisión de prorrogar el actual Programa Estadístico Europeo para abarcar el período 2018-2020.

1.2.

El CESE considera que la opción política preferida por la Comisión responde mejor a las peticiones de los usuarios de datos estadísticos y puede contribuir también a la elaboración de productos estadísticos útiles para los responsables políticos, que así podrían contar con un apoyo estadístico más coherente a la hora de determinar las políticas para el Semestre Europeo.

1.3.

El CESE considera que mejorar los productos existentes y desarrollar otros nuevos es necesario para medir los avances de la UE en relación con los diecisiete objetivos y las 169 metas de la estrategia de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y debería ser prioritario para el Sistema Estadístico Europeo (SEE).

1.4.

El CESE reitera una propuesta formulada anteriormente (1) y recomienda que la Comisión Europea aproveche la oportunidad que brinda el Reglamento para añadir medidas destinadas a instaurar un instrumento de investigación estadística a escala de la Unión y de los Estados miembros de manera que se pueda evaluar el valor económico del voluntariado. El CESE considera que el enfoque metodológico debe basarse en el Manual de medición del trabajo voluntario de la Organización Internacional del Trabajo.

1.5.

El CESE considera que los nuevos productos estadísticos propuestos por la Comisión para medir la globalización deben incluir encuestas estadísticas que midan los efectos positivos o negativos en el mercado único, tales como la repercusión de la deslocalización en el mercado laboral de la Unión o la presión ejercida por una competencia desleal que recurra a la mano de obra barata y al incumplimiento de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de relaciones laborales, y más concretamente en los sectores europeos de la industria y los servicios.

1.6.

El CESE suscribe la propuesta de la Comisión de iniciar el trabajo exploratorio sobre una futura encuesta social de la UE. Esta encuesta debe incluir también datos sobre la idoneidad de los sistemas de seguridad social y su sostenibilidad ante la nueva situación demográfica.

1.7.

En vista del aumento de los flujos migratorios, el CESE recomienda que se identifiquen rápidamente y se corrijan las deficiencias en las encuestas estadísticas sobre migración y asilo. Hay que ejecutar plenamente el programa para la integración de las estadísticas sobre migración, en colaboración con los servicios estadísticos nacionales.

1.8.

El CESE recomienda que los Estados miembros aumenten la inversión en el desarrollo del SEE para que este sistema pueda hacer frente a la demanda creciente de datos que, además, debe poder elaborar y difundir rápidamente.

1.9.

El CESE reitera la propuesta formulada en dictámenes anteriores (2) en el sentido de dotar a Eurostat y los institutos estadísticos nacionales con los mejores recursos humanos, materiales e informáticos posibles, ya que son indispensables para llevar a cabo las tareas cada vez más exigentes que resultan inherentes a la prestación de información estadística de alta calidad en un plazo de tiempo cada vez menor.

1.10.

El CESE recomienda que los esfuerzos realizados por la Comisión y el SEE para mejorar la calidad de las estadísticas y elaborar nuevos productos estadísticos no den lugar a un aumento excesivo de las presiones administrativas sobre los proveedores de datos, los hogares o las empresas.

1.11.

Dado que los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil pueden aportar una contribución clave a la mejora de los productos estadísticos a fin de que respondan con mayor eficacia a las peticiones de datos, el CESE suscribe la propuesta de la Comisión con respecto al diálogo periódico que deben mantener los usuarios de datos y el SEE.

2.1.

La propuesta de Reglamento de la Comisión Europea (3) modifica el Reglamento (UE) n.o 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-2017, prorrogándolo para el período 2018-2020.

2.2.

El Reglamento (CE) n.o 223/2009 dispone que el Programa Estadístico Europeo debe ofrecer el marco para desarrollar, producir y difundir las estadísticas europeas durante un período correspondiente al marco financiero plurianual. El Reglamento (UE) n.o 99/2013 solo comprende el período de 2013 a 2017, mientras que el marco financiero plurianual se prolonga hasta 2020. En consecuencia, el Programa Estadístico Europeo se ha de prorrogar hasta 2020.

2.3.

El objetivo de la propuesta es prorrogar el Programa Estadístico Europeo para abarcar el período 2018-2020 y ofrecer el apoyo financiero que necesita el SEE para ser capaz de:

2.4.

Tras efectuar una evaluación de impacto y consultar a las partes interesadas (4), la Comisión ha escogido una opción política entre las cinco opciones presentadas inicialmente. La opción escogida, la 2c, tendría el impacto más favorable en la actualidad de los datos, gracias a nuevas acciones centradas en la mejora de la actualidad de las estadísticas sobre desigualdad, pobreza y privación material, así como de los datos sobre energía y medio ambiente.

2.5.

El presupuesto asignado para la prórroga del Programa Estadístico Europeo (2018-2020) es de 218,1 millones EUR.

3.1.

Dada la necesidad de que el período cubierto por el Programa Estadístico Europeo corresponda al cubierto por el marco financiero plurianual, el CESE suscribe y apoya la propuesta de la Comisión de prorrogar el actual Programa Estadístico Europeo para abarcar el período 2018-2020.

3.2.

La opción política preferida por la Comisión armonizará en mayor medida los indicadores estadísticos con las diez prioridades políticas de la Comisión mediante la mejora de los instrumentos estadísticos actuales y la elaboración de nuevos productos. El CESE considera que esta opción responde mejor a las peticiones de los usuarios de datos estadísticos y puede contribuir también a la elaboración de productos estadísticos útiles para los responsables políticos, que así podrían contar con un apoyo estadístico más coherente a la hora de determinar las políticas para el Semestre Europeo.

3.3.

El CESE suscribe la iniciativa de la Comisión de incluir encuestas que, en los nuevos productos estadísticos, midan los avances en relación con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Mejorar los productos existentes y desarrollar productos nuevos es necesario para medir los avances de la UE en relación con los diecisiete objetivos y las 169 metas de cara a la estrategia de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y debería ser prioritario para el Sistema Estadístico Europeo (SEE).

3.4.

Durante mucho tiempo, el producto interior bruto (PIB) ha sido el indicador estadístico usado a nivel mundial para medir el desarrollo. La Comisión reconoció, en una Comunicación de 2009, las limitaciones de este indicador a la hora de evaluar correctamente el desarrollo social o medioambiental (5). El CESE reitera las propuestas formuladas en distintos dictámenes, tanto en ese momento como posteriormente (6), pues las considera especialmente pertinentes a efectos de la propuesta de Reglamento de la Comisión objeto del presente Dictamen.

3.5.

El CESE reitera una propuesta formulada anteriormente (7) y recomienda que la Comisión Europea aproveche la oportunidad que brinda el Reglamento sometido a examen para añadir medidas destinadas a instaurar un instrumento de investigación estadística a escala de la Unión y de los Estados miembros de manera que se pueda evaluar el valor económico del voluntariado. El enfoque metodológico debe basarse en el Manual de medición del trabajo voluntario de la Organización Internacional del Trabajo. Contiene una definición descriptiva del voluntariado que hace hincapié en tres de sus características fundamentales: el voluntariado se traduce en actividades que presentan características propias de un trabajo productivo, no son remuneradas, son de carácter voluntario y no sirven para el hogar del propio voluntario.

3.6.

Las cuentas nacionales deben contemplar en mayor medida los indicadores sociales y medioambientales. El CESE insta a la Comisión a que mantenga sus esfuerzos en este ámbito en el marco del Programa Estadístico Europeo 2018-2020.

3.7.

Con respecto a los nuevos productos estadísticos para medir la globalización, el CESE considera que deben incluir encuestas estadísticas que midan los efectos positivos o negativos en el mercado único, tales como la repercusión de la deslocalización en el mercado laboral de la Unión o la presión ejercida por una competencia desleal que recurra a la mano de obra barata y al incumplimiento de las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en materia de relaciones laborales, y más concretamente en los sectores europeos de la industria y los servicios.

3.8.

El CESE considera que la confianza de los usuarios en las estadísticas puede aumentar en la medida en que los Gobiernos de los Estados miembros apliquen la Recomendación (8) formulada por el Comité Consultivo Europeo para la Gobernanza Estadística (CCGEE) sobre la elaboración de compromisos en materia de confianza en las estadísticas.

3.9.

El CESE suscribe la propuesta de la Comisión de iniciar el trabajo exploratorio sobre una futura encuesta social de la UE. Dado que la población europea está envejeciendo, esta encuesta debe incluir también datos sobre la idoneidad de los sistemas de seguridad social y su sostenibilidad ante la nueva situación demográfica. Asimismo, se deben identificar rápidamente y corregir las deficiencias en las encuestas estadísticas sobre migración y asilo.

3.10.

El CESE reitera la propuesta formulada en dictámenes anteriores (9) en el sentido de dotar a Eurostat y los institutos estadísticos nacionales con los mejores recursos humanos, materiales e informáticos posibles, ya que son indispensables para llevar a cabo las tareas cada vez más exigentes que resultan inherentes a la prestación de información estadística de alta calidad en un plazo de tiempo cada vez menor. El CESE recomienda que los Estados miembros aumenten la inversión en el desarrollo del SEE para que este sistema pueda hacer frente a la demanda creciente de estadísticas que, además, debe poder elaborar y difundir rápidamente.

3.11.

El CESE señala que los esfuerzos realizados por la Comisión y el SEE para mejorar la calidad de las estadísticas y elaborar nuevos productos estadísticos no deben aumentar las presiones administrativas sobre los proveedores de datos, los hogares o las empresas.

3.12.

El CESE suscribe la propuesta de la Comisión en lo referente al diálogo periódico que han de mantener los usuarios de datos y el SEE. Las organizaciones de la sociedad civil pueden aportar una contribución clave a la mejora de los productos estadísticos a fin de que respondan con mayor eficacia a las peticiones de datos. El CCEGE formuló una propuesta en este sentido en su informe anual de 2016.