1)

El examen de la cuestión prejudicial no ha revelado ninguna circunstancia que pueda afectar a la validez:

2)

El Reglamento (CE) n.o 501/2009 del Consejo, de 15 de junio de 2009, por el que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y se deroga la Decisión 2009/62/CE, es inválido en la medida en que mantuvo a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en la lista prevista en el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo.

1)

El examen de las cuestiones de validez planteadas al Tribunal de Justicia no ha mostrado elemento alguno que afecte a la validez del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1395 de la Comisión, de 18 de agosto de 2016, por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de la República Popular China y fabricado por Buckinghan Shoe Mfg Co. Ltd, Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd, Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd, Wei Hao Shoe Co. Ltd, Wei Hua Shoe Co. Ltd, Win Profile Industries Ltd, y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14, ni a la del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1647 de la Comisión, de 13 de septiembre de 2016, por el que se restablece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de determinado calzado con parte superior de cuero originario de Vietnam y fabricado por Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd y su empresa vinculada Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, y se ejecuta la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C-659/13 y C-34/14.

2)

Le régimen de prescripción establecido en el artículo 221, apartado 3, del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, se aplica a la percepción de los derechos antidumping establecidos por los reglamentos de ejecución mencionados en el punto 1 del fallo de la presente sentencia.

1)

La República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 18 TFUE, 34 TFUE, 56 TFUE y 92 TFUE al introducir la tasa por uso de las infraestructuras para los turismos y al establecer, simultáneamente, una desgravación en el impuesto de circulación sobre vehículos de motor en favor de los propietarios de vehículos matriculados en Alemania por un importe equivalente, como mínimo, al de la tasa abonada.

2)

Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)

Condenar a la República Federal de Alemania a cargar con las tres cuartas partes de las costas de la República de Austria y a cargar con sus propias costas.

4)

La República de Austria cargará con una cuarta parte de sus propias costas.

5)

El Reino de los Países Bajos y el Reino de Dinamarca cargarán con sus propias costas.

1)

Para apreciar el carácter definitivo de las pérdidas de una filial no residente, en el sentido de la sentencia de 13 de diciembre de 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), apartado 55, la circunstancia de que el Estado miembro de la filial no permita transferir pérdidas de una sociedad a otro sujeto pasivo en caso de fusión, mientras que el Estado miembro de la sociedad matriz autoriza tal transferencia en caso de fusión entre sociedades residentes, no es determinante, a menos que la sociedad matriz demuestre que le es imposible materializar el valor de dichas pérdidas, en particular mediante una cesión, de modo que un tercero pueda computarlas fiscalmente en ejercicios futuros.

2)

En el supuesto de que resulte pertinente la circunstancia mencionada en la primera cuestión, es irrelevante el hecho de que no exista en el Estado de residencia de la filial ninguna otra entidad que habría podido deducir las pérdidas en caso de fusión si tal deducción hubiera estado autorizada.

1)

El concepto de pérdidas definitivas de una filial no residente, en el sentido del apartado 55 de la sentencia de 13 de diciembre de 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), no se aplica a una filial de ulterior nivel, a menos que todas las sociedades intermedias entre la matriz que solicita la consolidación fiscal y la filial de ulterior nivel que genera pérdidas que puedan considerarse definitivas sean residentes en el mismo Estado miembro.

2)

Para apreciar el carácter definitivo de las pérdidas de una filial no residente, en el sentido del apartado 55 de la sentencia Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), la circunstancia de que el Estado miembro de la filial no permita transferir pérdidas de una sociedad a otro sujeto pasivo el año de liquidación no es determinante, a menos que la sociedad matriz demuestre que le es imposible materializar el valor de dichas pérdidas, en particular mediante una cesión, de modo que un tercero pueda computarlas fiscalmente en ejercicios futuros.

3)

En el supuesto de que resulte pertinente la circunstancia mencionada en el punto 2 del presente fallo, es irrelevante en qué medida la legislación del Estado de la filial que genera pérdidas que pueden calificarse de definitivas haya tenido como consecuencia que una parte de dichas pérdidas no haya podido imputarse a los beneficios corrientes de la filial deficitaria o a los de otra entidad del mismo grupo.

1)

Desestimar la pretensión de admisión de nuevas pruebas.

2)

Desestimar el recurso de casación.

3)

RF cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.

1)

El artículo 3, letra u), de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, debe interpretarse en el sentido de que una instalación, como la del litigio principal, que, en el marco de su actividad de «combustión [de combustibles] en instalaciones con una potencia térmica nominal total superior a 20 [megavatios (MW)]», recogida en el anexo I de esta Directiva, produce electricidad que se destina fundamentalmente a satisfacer sus necesidades propias debe ser considerada «generador de electricidad», en el sentido de esta disposición, cuando, por un lado, desarrolla simultáneamente una actividad de fabricación de un producto que no figura en dicho anexo y, por otro lado, inyecta de manera continua a título oneroso una parte, aunque sea pequeña, de la electricidad que produce en la red eléctrica pública, a la que dicha instalación debe estar permanentemente conectada por razones técnicas.

2)

El artículo 3, letra c), de la Decisión 2011/278/UE de la Comisión, de 27 de abril de 2011, por la que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87, debe interpretarse en el sentido de que una instalación como la del litigio principal, en la medida en que debe ser considerada «generador de electricidad», en el sentido del artículo 3, letra u), de la Directiva 2003/87, no puede obtener derechos de emisión gratuitos por el calor producido en el marco de su actividad de «combustión [de combustibles] en instalaciones con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW», recogida en el anexo I de esa Directiva, cuando ese calor se utiliza para fines distintos de la producción de electricidad, pues tal instalación no reúne los requisitos establecidos en el artículo 10 bis, apartados 4 y 8, de dicha Directiva.

1)

El artículo 30, apartado 2, letra b), del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 82/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, debe interpretarse en el sentido de que, cuando el valor en aduana de unas mercancías, como los medicamentos controvertidos en el litigio principal, se calcula mediante la aplicación del método deductivo previsto en esta disposición, para identificar «mercancías similares», la Administración de aduanas nacional competente debe tomar en consideración cualquier elemento pertinente, como la composición respectiva de esas mercancías, su carácter sustituible en relación con sus efectos y su intercambiabilidad comercial, procediendo así a una apreciación pormenorizada que tenga en cuenta cualquier elemento que pueda incidir en el valor económico real de dichas mercancías, incluida la posición en el mercado de la mercancía importada y de su fabricante.

2)

El artículo 152, apartado 1, letra b), del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2913/92, debe interpretarse en el sentido de que, para determinar el precio unitario de las mercancías importadas según el método previsto en el artículo 30, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 2913/92, el plazo de 90 días en el que las mercancías importadas deben venderse en la Unión Europea, previsto en el artículo 152, apartado 1, letra b), del Reglamento n.o 2454/93, es un plazo imperativo.

3)

El artículo 30, apartado 2, letra c), del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 82/97, debe interpretarse en el sentido de que las reducciones del precio de venta de las mercancías importadas no pueden tenerse en cuenta para determinar el valor en aduana de dichas mercancías con arreglo a dicha disposición.

1.

El recurso de casación contra el auto del Tribunal General se interpone por infracción del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con los artículos 6 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

2.

La ahora recurrente alega, en primer lugar, la infracción del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, ya que el Tribunal General no tuvo en cuenta el hecho de que la Associazione GranoSalus está legitimada activamente en virtud de la legitimación a título individual de sus miembros, y ello en la medida en que el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2324 impugnado «les afecta individual y directamente» en tanto que «acto reglamentario que les afecta directamente y no incluye medidas de ejecución».

A este respecto, la Associazione alega que el Tribunal General aplicó indebidamente dicha disposición, al haber considerado que no concurría el requisito de la afectación individual en cuanto que «el acto impugnado afecta a algunos de los miembros de la asociación demandante supuestamente en su condición genérica de consumidores y ciudadanos de la Unión» (apartado 57 del auto).

Sin embargo, dicha calificación de los recurrentes miembros de GranoSalus resulta, en su opinión, errónea a la luz de sus Estatutos que constituyen a sus miembros, y a través de ellos a la Associazione, en portadores y promotores del interés de protección de los consumidores y de los productores agrícolas mediante, entre otras cosas, el ejercicio de acciones para «luchar, en particular en el ámbito comunitario, contra eventuales aumentos de los límites de micotoxinas y otros contaminantes a fin de proteger la salud de los consumidores y, en particular, de los niños».

La recurrente considera que, dado que se cumple el requisito de la afectación individual y al ser dicho requisito acumulativo con el de afectación directa, el Tribunal General incurrió en error al pronunciarse al respecto sin tenerlo en cuenta.

3.

La Associazione alega, además, que el Tribunal General consideró erróneamente en su auto que no concurría el requisito de la afectación directa en relación con la posibilidad de interponer recurso en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine, debido a la supuesta existencia de medidas nacionales de ejecución del Reglamento (UE) 2017/2324 impugnado, motivando la resolución a este respecto en razón de la supuesta facultad de «renovación de las autorizaciones de comercialización de los productos fitosanitarios que contengan la sustancia activa glifosato concedida por los Estados miembros» por considerar que dichas renovaciones constituyen «[…] medidas de ejecución del acto impugnado en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine» (apartados 84 y 85 del auto recurrido).

Según la recurrente, el carácter erróneo de dicha apreciación lo demuestra el hecho, acreditado en los autos, de que el Estado miembro en el que radica el domicilio social de la Associazione y sus miembros (Italia) recibió el Reglamento (UE) 2017/2324 mediante comunicado del Ministerio de Sanidad de 19 de diciembre de 2017, que dispuso la mera renovación de la aprobación de la sustancia activa glifosato para un período no superior a cinco años, prorrogando al mismo tiempo las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan glifosato hasta el 15 de diciembre de 2022, sin aportar apreciación discrecional alguna ni siquiera respecto de las prescripciones técnicas recogidas en los anexos I y II del Reglamento (UE) 2017/2324.

La Associazione alega, al respecto, que, aunque se considerase que el comunicado ministerial de 19 de diciembre de 2017 constituye una medida de ejecución, el Tribunal General no señaló que el propio comunicado no pudiera ser impugnado ante los tribunales nacionales por estar excluido con arreglo a la normativa italiana y la correspondiente jurisprudencia (Consiglio di Stato, sentencia n.o 6243 de 9 de noviembre de 2005).

4.

En consecuencia, la Associazione ha recurrido el auto por infracción del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine, por no haber tomado en consideración el objeto del litigio según constaba en la demanda. Se señala a este respecto que el Tribunal General no consideró que la afectación directa del Reglamento impugnado sobre la Associazione, y a través de ella sobre sus miembros, deriva del carácter potencialmente cancerígeno de la sustancia activa glifosato (véase el análisis del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer publicado el 20 de marzo de 2015, no tenido en cuenta en el Reglamento 2017/2324 impugnado) cuya aprobación compete exclusivamente a la Unión Europea y no es objeto de autorización que compete a los Estados miembros, y ello en la medida en que la autorización nacional del producto fitosanitario no supone ninguna evaluación respecto de la sustancia activa glifosato que la Unión Europea ya aprobó previamente, lo que excluye, por lo tanto, que el Estado italiano pueda autorizar o denegar la comercialización de productos fitosanitarios atendiendo a la sustancia activa glifosato. Así pues, la recurrente considera que, en el presente caso, el Tribunal General apreció los requisitos establecidos en el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine, sin tener en cuenta lo alegado en el litigio, esto es, el hecho de que se encuentran residuos de glifosato en las aguas subterráneas, en los alimentos (pasta) y en el suelo, con el consiguiente daño que la comercialización de tal sustancia está ocasionando al territorio, a los ciudadanos de los Estados miembros y a los intereses de los que se hace portadora la Associazione y, a través de ella, sus miembros.

Por lo tanto, considera que el Tribunal General debió haber evaluado la afectación a que se refiere el citado artículo 263 respecto de tal circunstancia y las disposiciones estatutarias de GranoSalus, así como la posición cualificada de sus miembros, lo que no hizo en su auto.

5.

Basándose en lo anterior, la Associazione impugna la interpretación del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine, efectuada por el Juez de primera instancia, que acabó frustrando su alcance y las intenciones del legislador europeo. A tal fin, se remite a las consideraciones expuestas en varios procedimientos por los Abogados Generales (véanse, entre otras, las conclusiones presentadas en el asunto C-456/13 P; en el asunto C-583/11 P y en los asuntos acumulados C-622/16 P a C-624/16 P), según los cuales, una interpretación restrictiva de este género terminaría por vaciar de contenido y de utilidad concreta al artículo 263.

Habida cuenta de lo anterior, la Associazione alega que la interpretación del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, in fine, efectuada en el auto recurrido conculca manifiestamente el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente […]») y los artículos 6 (Derecho a un proceso equitativo) y 13 (Derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, obstaculizando así la posibilidad prevista de recurrir ante el Tribunal General por afectación directa en tal supuesto y perjudicando injustificadamente el sistema de protección de los derechos dispuesto por el ordenamiento de la Unión Europea.

1)

¿Debe interpretarse el artículo 26, apartado 2, párrafo primero, letra c), del Reglamento (CE) n.o 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, (1) en el sentido de que se permite a los Estados miembros, no obstante lo dispuesto en el artículo 4, apartado 4, de dicho Reglamento y con vistas a fomentar el bienestar animal, adoptar disposiciones como las contenidas en el decreet van het Vlaamse Gewest van 7 juli 2017«houdende wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat de toegelaten methodes voor het slachten van dieren betreft» (Decreto de la Región Flamenca de 7 de julio de 2017 por el que se modifica la Ley de 14 de agosto de 1986 relativa a la protección y al bienestar animales, en lo relativo a los métodos autorizados de sacrificio animal), disposiciones estas que prevén, por un lado, la prohibición del sacrificio animal sin aturdimiento previo que se aplica también al sacrificio realizado en el marco de un rito religioso y, por otro, un procedimiento de aturdimiento alternativo para el sacrificio realizado en el marco de un rito religioso, basado en el aturdimiento reversible y en el precepto según el cual el aturdimiento no podrá tener como consecuencia la muerte del animal?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿vulnera el artículo 26, apartado 2, párrafo primero, letra c), del citado Reglamento, en la interpretación mencionada en la primera cuestión prejudicial, el artículo 10, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?

3)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿vulnera el artículo 26, apartado 2, párrafo primero, letra c), en relación con el artículo 4, apartado 4, del citado Reglamento, en la interpretación mencionada en la primera cuestión prejudicial, los artículos 20, 21 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al prever, para la matanza de animales que sean objeto de métodos particulares prescritos por ritos religiosos, únicamente una excepción condicionada a la obligación de aturdir al animal (artículo 4, apartado 4, en relación con el artículo 26, apartado 2), mientras que para la matanza de animales en la caza, la pesca y en acontecimientos deportivos y culturales, por las razones expuestas en los considerandos del Reglamento, se dispone que dichas actividades no quedan comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento, o bien no quedan sujetas a la obligación de aturdir al animal en el momento de la matanza (artículo 1, apartado 1, párrafo segundo, y apartado 3)?

1.

que hace uso de una tarifa a tanto alzado por tramos, en lugar de una tarifa que tenga en cuenta la parte exacta (utilizando los recursos técnicos avanzados) del repertorio protegido por la entidad de gestión en la música reproducida durante el acontecimiento, y

2.

que supedita las remuneraciones por licencia a elementos externos tales como, entre otros, el precio de la entrada, el precio de las consumiciones, el caché de los ejecutantes y el presupuesto para otros elementos, tales como el decorado?

—

Que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 7, apartados 1 y 5, y al artículo 15, apartado 1, de la Directiva 2007/60/CE (1) en lo que se refiere a las demarcaciones hidrográficas ES120 Gran Canaria; ES122 Fuerteventura; ES123 Lanzarote; ES124 Tenerife; ES125 La Palma; ES126 La Gomera y ES127 El Hierro.

—

Que se declare que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 10, apartados 1 y 2, de la Directiva 2007/60/CE en lo que se refiere a las demarcaciones hidrográficas ES120 Gran Canaria, ES122 Fuerteventura y ES125 La Palma.

—

Que se condene en costas al Reino de España.

1)

¿Debe interpretarse lo dispuesto en el artículo 57, apartado 4, letras c) y g), en relación con lo dispuesto en los apartados 6 y 7, de la Directiva 2014/24/UE (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, en el sentido de que se opone a una aplicación en virtud de la cual se obliga al operador económico a aportar por propia iniciativa la prueba de las medidas que ha adoptado para demostrar su fiabilidad?

2)

En caso de respuesta afirmativa, ¿tendrán eficacia directa las disposiciones del artículo 57, apartado 4, letras c) y g), interpretadas en relación con lo dispuesto en los apartados 6 y 7 de la Directiva 2014/24/UE?

—

Que se anule el artículo 17, apartado 4, letra b), y el artículo 17, apartado 4, letra c), in fine [es decir en la parte que tiene el siguiente tenor: «y han hecho los mayores esfuerzos por evitar que se carguen en el futuro de conformidad con la letra b)»] de la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE. (1)

—

Que se condene en costas al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea.

1)

¿Debe interpretarse el artículo 20, apartado 2, letra a), de la Directiva 2011/16 (1) en el sentido de que una solicitud de intercambio de información formulada por una autoridad de un Estado miembro requirente que define a los contribuyentes objeto de dicha solicitud aludiendo simplemente a su condición de accionistas y de titulares reales de una persona jurídica, sin que la autoridad requirente haya identificado previamente de forma nominativa e individual a dichos contribuyentes, es conforme a las exigencias de identificación que impone dicha disposición?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial ¿deben interpretarse el artículo 1, apartado 1, y el artículo 5 de esa misma Directiva en el sentido de que la observancia de la norma de la pertinencia previsible exige que la autoridad del Estado miembro requirente, a fin de acreditar que no trata de «echar las redes» para obtener información pese a no haber identificado individualmente a los contribuyentes de que se trata, pueda demostrar mediante explicaciones claras y suficientes que está llevando a cabo una investigación específica sobre un grupo limitado de personas y no una mera investigación de supervisión fiscal general y que dicha investigación se justifica por sospechas fundadas de incumplimiento de una obligación legal concreta?

3)

¿Debe interpretarse el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que, cuando

es preciso otorgar a dicho administrado, una vez definitivamente reconocida, por vía incidental, la validez de la decisión de requerimiento y de la de imposición de una multa adoptadas en su contra, un plazo suspensivo para el pago de la multa a fin de que pueda dar cumplimiento a dicha decisión de requerimiento, tras haber tenido así conocimiento de los datos relativos a la pertinencia previsible definitivamente confirmada por el juez competente?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 10 de la Directiva 2008/115/CE (1) (en lo sucesivo, “Directiva de retorno”), en relación con los artículos 4 y 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, “Carta”), el considerando 22 de la exposición de motivos y el artículo 5, letra a), de la Directiva de retorno, y el artículo 15 de la Directiva 2011/95/UE (2) (en lo sucesivo, «Directiva de reconocimiento»), en el sentido de que antes de imponer una obligación de retorno a un menor no acompañado, un Estado miembro debe cerciorarse y, a continuación, investigar si en el país de origen existe y se brinda, cuando menos en principio, una acogida adecuada?

2)

¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 1, de la Directiva de retorno, en relación con el artículo 21 de la Carta, en el sentido de que no se permite a un Estado miembro establecer distinciones por razón de la edad al autorizar la residencia legal en su territorio si se comprueba que un menor no acompañado no disfruta del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria?

3)

¿Debe interpretarse el artículo 6, apartado 4, de la Directiva retorno en el sentido de que si un menor no acompañado no cumple su obligación de retorno y el Estado miembro no realiza ni realizará ninguna actuación concreta para proceder a su expulsión, deberá suspenderse la obligación de retorno y, por lo tanto, autorizarse la residencia legal? ¿Debe interpretarse el artículo 8, apartado 1, de la Directiva de retorno en el sentido de que la imposición de una resolución de retorno a un menor no acompañado sin que se proceda a continuación a las actuaciones dirigidas a su expulsión hasta que el menor haya alcanzado los dieciocho años de edad debe considerarse contraria al principio de lealtad y al principio de lealtad comunitaria?

1)

¿Es aplicable la obligación que incumbe a un órgano jurisdiccional nacional de ordenar al beneficiario de una ayuda el pago de intereses por el período que duró la ilegalidad (véase la sentencia CELF) (1) también a una situación como la controvertida en el presente asunto, en la que la ayuda estatal ilegal constituía una compensación por servicio público que posteriormente fue declarada compatible con el mercado interior de conformidad con el artículo 106 TFUE, apartado 2, y en la que la aprobación otorgada se fundó en la apreciación de la situación financiera global de la empresa de servicio público en su conjunto, incluida su capitalización?

2)

¿Es aplicable la obligación que incumbe a un órgano jurisdiccional nacional de ordenar al beneficiario de una ayuda el pago de intereses por el período que duró la ilegalidad (véase la sentencia CELF) también respecto de los importes que, en circunstancias como las del presente asunto, se transfieren del beneficiario de la ayuda a empresas filiales, en cumplimiento de una obligación de Derecho público, pero son calificados de ventaja para el beneficiario de la ayuda en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1, mediante una decisión final de la Comisión?

3)

¿Es aplicable la obligación que incumbe a un órgano jurisdiccional nacional de ordenar al beneficiario de una ayuda el pago de intereses por el período que duró la ilegalidad (véase la sentencia CELF) también respecto de una ayuda estatal que el beneficiario de la ayuda, en circunstancias como las del presente asunto, recibió de una empresa controlada por los poderes públicos, habida cuenta de que los fondos de esta última proceden en parte de los ingresos por los servicios prestados por el beneficiario de la ayuda?

1.

Anule la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea dictada el 10 de abril de 2019 en el asunto T-229/17, Alemania/Comisión.

2.

Declare la nulidad de la Decisión (UE) 2017/133 de la Comisión, de 25 de enero de 2017, relativa al mantenimiento en el Diario Oficial de la Unión Europea, con una restricción, de la referencia de la norma armonizada EN 14342:2013, «Suelos de madera y parqué. Características, evaluación de conformidad y marcado», con arreglo al Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (1)

3.

Declare la nulidad de la Decisión (UE) 2017/145 de la Comisión, de 25 de enero de 2017, relativa al mantenimiento en el Diario Oficial de la Unión Europea, con una restricción, de la referencia de la norma armonizada EN 14904:2006, «Superficies para áreas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior», con arreglo al Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (2)

4.

Declare la nulidad de las Comunicaciones de la Comisión en el marco de la aplicación del Reglamento (UE) n.o 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, adoptadas con fecha 10 de marzo de 2017, 11 de agosto de 2017, 15 de diciembre de 2017 y 9 de marzo de 2018, (3) en la medida en que se refieren a las normas armonizadas EN 14342:2013 y EN 14904:2006.

5.

Con carácter subsidiario respecto de los anteriores puntos 2, 3 y 4, devuelva el asunto al Tribunal General.

6.

Condene en costas a la Comisión.

—

Estime el recurso de casación, anule íntegramente el auto dictado por el Tribunal General en el asunto T-530/18 y vuelva a juzgar el asunto T-530/18, estimando el recurso de anulación parcial de la Decisión de Ejecución (UE) 2018/873 de la Comisión, de 13 de junio de 2018, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader): (1)

—

estime el recurso de casación, anule íntegramente el auto dictado por el Tribunal General en el asunto T-530/18 y remita el asunto T-530/18 al Tribunal General para un nuevo enjuiciamiento del mismo en el que estime el recurso de anulación y anule parcialmente la Decisión de Ejecución (UE) 2018/873 de la Comisión, tal como se ha solicitado anteriormente.

—

Condene en costas a la Comisión.

A.

Infracción de los artículos 263 TFUE y 297 TFUE, así como violación del principio de seguridad jurídica.

B.

Violación del principio de contradicción, inclusive en relación con el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

Rumanía considera que el Tribunal General violó el principio de contradicción cuando no ofreció a las autoridades rumanas la posibilidad de exponer su punto de vista sobre la información comunicada por la Comisión en respuesta a la pregunta del Tribunal General y que sirvió de base para declarar la inadmisibilidad del recurso de anulación.

—

Anule, en aplicación del artículo 270 TFUE, el acto por el que se excluye al demandante de la oposición general EPSO/AD/338/17.

—

Anule, en aplicación del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, la Decisión de la Comisión Europea C(2018) 3969.

—

Anule, en aplicación del artículo 270 TFUE, la lista de reserva de la oposición general EPSO/AD/356/18.

—

Ordene la reparación del perjuicio en la medida que el Tribunal General considere justa y condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en una supuesta infracción de los artículos 3 y 7 del anexo III del Estatuto, tal y como, en particular, los interpreta la sentencia que ha dirimido los asuntos T-361/10 Pachitis/Comisión y T-587/16 HM/Comisión.

2.

Segundo motivo, basado en el hecho de que, según la parte demandante, el procedimiento de preparación de la prueba e-tray constituye un incumplimiento de la obligación de confidencialidad de los trabajos del tribunal de la oposición prevista en el artículo 6 del anexo III del Estatuto.

3.

Tercer motivo, basado en el hecho de que el desarrollo de la prueba e-tray con arreglo al modo previsto por la EPSO supuestamente constituye para la parte demandante una discriminación indirecta en materia de discapacidad y un incumplimiento de la obligación de proporcionar un reasonable adjustment (ajuste razonable).

Sobre la pretensión de anulación, en aplicación del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, de la Decisión de la Comisión Europea C(2018) 3969.

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración de los principios establecidos en las sentencias que dirimieron los asuntos T-516/14, Alexandrou/Comisión, y C-491/15 P, Typke/Comisión.

Sobre la pretensión de anulación, en aplicación del artículo 270 TFUE, de la lista de reserva de la oposición general EPSO/AD/356/18.

5.

Quinto motivo, basado en la falta de competencia de la EPSO por no haber transmitido al tribunal de la oposición su solicitud de revisión en el sentido del punto 4.2.2 de las disposiciones generales de la oposición o por haber sustituido a este en las decisiones y/o motivaciones.

6.

Sexto motivo, basado en la vulneración de las disposiciones del Estatuto y de la Directiva en materia de discriminación basada en la discapacidad.

—

Anule y/o reforme el acto impugnado.

—

Declare que el Comité demandante tiene derecho a que se valide su formulario «entidad legal» y obtener en consecuencia la financiación solicitada.

—

La infracción del artículo 131.2 del Reglamento n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, adoptado el 25 de octubre de 2012.

—

La vulneración del principio de confianza legítima y seguridad jurídica.

—

La vulneración del principio de proporcionalidad y de la prohibición de la arbitrariedad.

—

El error manifiesto de apreciación.

—

Y la falta de motivación adecuada, suficiente y relevante, en la medida en que la decisión impugnada considera que la confianza legítima y la seguridad jurídica del Comité demandante no han sido vulneradas.

—

Declare que la Comisión Europea ha incumplido la obligación de garantizar el respeto por Rumanía de la obligación comprendida en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

—

Declare que la Comisión Europea ha incumplido la obligación de garantizar el respeto por Rumanía de la obligación comprendida en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

—

Declare que la Comisión Europea ha incumplido la obligación de garantizar el respeto por Rumanía de la obligación comprendida en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

—

Declare que la Comisión Europea ha incumplido la obligación de garantizar el respeto por Rumanía del Estado de Derecho, de la independencia judicial y de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción de los tribunales rumanos.

—

Condene a la demandada al resarcimiento de los daños morales causados, evaluados en 2 euros.

—

Obligue a la demandada a subsanar para el futuro las omisiones existentes.

1.

Primer motivo, basado en el incumplimiento por la Comisión Europea de sus obligaciones en relación con la independencia de la justicia, contenidas en la Decisión por la que se establece el Mecanismo de cooperación y verificación, en los Tratados y en la Carta.

2.

Segundo motivo, basado en el incumplimiento por la Comisión Europea de sus obligaciones relativas a la protección de los datos personales.

—

Anule la decisión del BCE de 21 de marzo de 2019 relativa a la adquisición propuesta de participaciones cualificadas por ellas en el banco destinatario.

—

Condene en costas a la parte demandada.

1.

Primer motivo, basado en que el plazo de evaluación para el BCE conforme al artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE (1) expiró antes de la decisión impugnada y en que por tanto ya no le era posible al BCE oponerse a la adquisición propuesta.

2.

Segundo motivo, basado en que el BCE violó el procedimiento establecido conforme al artículo 15 del Reglamento del MUS (2) y a los artículos 85 a 87 del Reglamento Marco del MUS. (3)

3.

Tercer motivo, basado en que la decisión impugnada se basa en una interpretación y aplicación erróneas de los criterios de evaluación conforme al artículo 23 de la Directiva 2013/36/UE y su implementación en Letonia.

4.

Cuarto motivo, basado en que el BCE violó el principio de proporcionalidad.

5.

Quinto motivo, basado en que el BCE no tuvo en cuenta la naturaleza discrecional de la decisión de oponerse a la adquisición propuesta.

6.

Sexto motivo, basado en que el BCE desnaturalizó los hechos pertinentes del asunto.

7.

Séptimo motivo, basado en que el BCE vulneró los principios de confianza legítima y de seguridad jurídica.

8.

Octavo motivo, basado en que el BCE conculcó el principio de nemo auditur al no tener en cuenta su propia responsabilidad por la pérdida de confianza en el proceso normativo.

—

Declare la admisibilidad del recurso.

—

Anule la Decisión impugnada.

—

Condene en costas al Consejo.

1.

Primer motivo, basado en la incompetencia del Consejo para adoptar la Decisión impugnada, en la medida en que la Unión Europea y el Reino de Marruecos carecen de competencia para negociar acuerdos internacionales aplicables al Sáhara Occidental en lugar de la población de dicho territorio, que es representada por el Frente Polisario.

2.

Segundo motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de examinar la cuestión del respeto de los derechos fundamentales y del Derecho humanitario internacional, en la medida en que el Consejo no ha examinado dicha cuestión antes de adoptar la Decisión impugnada.

3.

Tercer motivo, basado en la no observancia por parte del Consejo de su obligación de dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal de Justicia, en la medida en que la Decisión impugnada pasa por alto los fundamentos jurídicos de la sentencia de 27 de febrero de 2018, Western Sahara Campaign UK (C-266/16, EU:C:2018:118).

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración de los principios y de los valores esenciales que guían la acción de la Unión en la escena internacional, ya que:

5.

Quinto motivo, basado en la violación del principio de protección de la confianza legítima, en la medida en que la Decisión impugnada es contraria a las declaraciones reiteradas de la Unión, que no deja de afirmar la necesidad de respetar los principios de libre determinación y de efecto relativo de los tratados frente a terceros.

6.

Sexto motivo, basado en una aplicación errónea del principio de proporcionalidad, puesto que, habida cuenta del estatuto separado y diferenciado del Sáhara Occidental, de la intangibilidad del derecho a la libre determinación y de la condición de tercero del pueblo saharaui, no correspondía al Consejo proceder a ponderar la proporcionalidad entre supuestos «beneficios» producidos por el Acuerdo Pesquero y sus repercusiones sobre los recursos naturales saharauis.

7.

Séptimo motivo, basado en la contradicción con la Política Pesquera Común, puesto que, con arreglo al Acuerdo celebrado mediante la Decisión impugnada, los buques de la Unión Europea tendrán acceso a los recursos pesqueros del pueblo saharaui, sin el consentimiento de este, a cambio de una contrapartida económica abonada a las autoridades marroquíes, mientras que las aguas del Sáhara Occidental no son «aguas» marroquíes a los efectos de los artículos 61 y 62 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

8.

Octavo motivo, basado en la vulneración del derecho a la libre determinación, ya que:

9.

Noveno motivo, basado en la violación del principio del efecto relativo de los tratados frente a terceros, ya que la Decisión impugnada niega la condición de tercero del pueblo saharaui en las relaciones UE-Marruecos y le impone sin su consentimiento obligaciones internacionales relativas a su territorio nacional y recursos naturales.

10.

Décimo motivo, basado en la vulneración del Derecho humanitario internacional y del Derecho penal internacional, ya que:

11.

Undécimo motivo, basado en el incumplimiento de las obligaciones que recaen sobre la Unión con arreglo al Derecho de la responsabilidad internacional, ya que, al suponer la celebración de un acuerdo internacional con el Reino de Marruecos que es aplicable al Sáhara Occidental, la Decisión impugnada consagra las graves violaciones del Derecho internacional cometidas contra el pueblo saharaui por las fuerzas de ocupación marroquíes y presta ayuda y asistencia al mantenimiento de la situación resultante de dichas violaciones.

—

Declare la admisibilidad de su recurso de anulación.

—

Anule el Reglamento impugnado.

—

Condene en costas al Consejo.

—

Acuerde la admisión del presente recurso y lo declare fundado.

—

Anule la Decisión de la Comisión de 7 de marzo de 2019 en el asunto AT.40023, por lo que respecta al mercado francés y a los contratos existentes o futuros del Groupe Canal + sobre la base del artículo 263 TFUE.

—

Condene a la Comisión al pago de todas las costas de la sociedad Groupe Canal +.

1.

Primer motivo, basado en la desviación de poder por parte de la Comisión, en la medida en que los compromisos que ha considerado obligatorios para acabar con el bloqueo geográfico en el sector del cine interfieren con las reformas legislativas recientemente adoptadas por el legislador europeo.

2.

Segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación del artículo 101 TFUE, apartado 1, de la Comisión al considerar que los compromisos propuestos por NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros y Sky no afectan a la diversidad cultural y, de manera más general, a la financiación y a la explotación de películas en el Espacio Económico Europeo.

3.

Tercer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad, en la medida en que la Comisión ha considerado obligatorios compromisos manifiestamente desproporcionados en relación con las preocupaciones sobre la competencia formuladas y en la vulneración de derechos de terceros.

—

Admita la demanda y la declare fundada.

—

En consecuencia, anule parcialmente la decisión impugnada.

—

Indemnice el daño moral causado por un conjunto de actos y actuaciones del PMO que han de ser apreciados globalmente y que la parte demandante estima en la cuantía ex aequo et bono de 50 000 euros.

—

Condene en costas a la Comisión Europea.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración de los artículos 1 y 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la vulneración del artículo 6 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») y en la existencia de error de apreciación. La demandante considera al respecto que no existe motivación alguna ni base legal que justifique la decisión del PMO de seguir embargando más de dos tercios de su pensión.

2.

Segundo motivo, basado en violación del principio de legalidad y de seguridad jurídica. A juicio de la demandante, el Estatuto es una «lex specialis» que prevalece sobre cualquier otro Derecho nacional: por tanto, en materia de mínimo vital, hay disposiciones estatutarias esenciales que establecen excepciones tanto al Derecho laboral europeo general como al Derecho laboral nacional.

3.

Tercer motivo, basado en violación del principio de buena administración y en vulneración del deber de asistencia y protección en la medida en que no se ha facilitado motivación alguna en cuanto a los hechos y las pruebas que pudieran justificar que el PMO hubiese decidido reservarse el derecho a volver a retener el importe de 3 839,60 euros sobre las pensiones futuras de la demandante.

4.

Cuarto motivo, basado en violación del principio de igualdad y de no discriminación, en particular dado que, si se atiende a la interpretación del PMO, el mínimo vital dependería del país en el que hubiese residido el funcionario.

La demandante también solicita la indemnización del daño moral que supuestamente sufrió como consecuencia de las irregularidades cometidas por el PMO que le impiden vivir dignamente.

—

Declare que la demandada ha infringido sus deberes derivados de lo establecido en el artículo 108 TFUE, en la medida en que no concluyó mediante decisión motivada dictada dentro de un plazo razonable el procedimiento de investigación formal en el asunto SA.34402 (2015/C ex 2012/NN) con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 2, o al artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo. (1)

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Infracción de lo dispuesto en el artículo 108 TFUE debido a la falta de conclusión del procedimiento de investigación formal.

2.

Vulneración del derecho a una duración razonable del procedimiento, como parte del derecho a una buena administración reconocido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

3.

Infracción de lo establecido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en relación con su artículo 20.

4.

Vulneración del derecho a que exista motivación, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 47 y 41, apartado 2, letra c), de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.

—

Anule la comunicación de la Dirección General de Finanzas del Parlamento Europeo, que recoge la resolución n.o 14/2018 de 12 de julio de 2018 de la Mesa de la Cámara de los Diputados y/o la resolución n.o 6/2018 del Consejo de la Presidencia del Senado de la República.

—

En cualquier caso, anule la nueva determinación y el nuevo cálculo de la pensión vitalicia aprobados por el Parlamento Europeo.

—

En consecuencia, reconozca y declare el derecho de la parte demandante al mantenimiento de la pensión vitalicia en cuestión en la cuantía ya adquirida o a cuyo devengo se tenga derecho con arreglo a lo establecido en la normativa vigente con anterioridad a la resolución n.o 14/2018 de la Mesa de la Cámara y/o a la resolución n.o 6/2018 del Consejo de la Presidencia del Senado de la República, condenando al propio Parlamento Europeo a abonarle todas las cantidades indebidamente retenidas más la diferencia que resulte aplicable por la revalorización monetaria y los intereses legales desde la fecha de la retención practicada en la fuente.

—

Condene asimismo al Parlamento Europeo a ejecutar la sentencia que recaiga y proceda de forma inmediata a restablecer íntegramente la pensión vitalicia con el alcance originario de esta, así como la indemnización de todos los perjuicios que, en su caso, se causen a la parte demandante.

—

En todo caso, condene al Parlamento Europeo al pago de todas las costas, incluidos los honorarios de abogado, más el IVA, tasas y gastos efectuados.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 60, apartado 1 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 60, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la resolución impugnada, en la medida en que ha desestimado el recurso.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 94, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule la resolución impugnada en la medida en que esta desestimó el recurso.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 94, apartado 1 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Declare fundado el motivo y anule la resolución impugnada, declare la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y, en consecuencia, desestime totalmente la marca solicitada.

—

Condene en costas a la EUIPO y a la parte que presenta la oposición, en el caso de que esta intervenga en el procedimiento sustanciado ante el Tribunal General.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Ordene a la EUIPO que declare válido el registro internacional impugnado de la marca n.o898 322 para todos los productos y servicios según se registraron en las clases 39 y 41.

—

Condene a la EUIPO y a la interviniente, Sky Limited, al pago de la totalidad de las costas del procedimiento ante el Tribunal General, incluidas las relativas al procedimiento ante la Cuarta Sala de Recurso.

—

Infracción del artículo 60, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 94 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule el Reglamento (UE) 2019/592 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 2019, que modifica el Reglamento (UE) 2018/1806 por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación, en lo que respecta a la retirada del Reino Unido de Unión.

—

Condene en costas al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo, incluidos los honorarios de abogado por importe de 5 000 euros.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración, por el Reglamento (UE) 2019/592, de los derechos adquiridos derivados de la ciudadanía europea.

En primer lugar, los demandantes estiman que el Parlamento y el Consejo han vulnerado el derecho al respeto de su vida privada y familiar ya que desde hace más de quince años han establecido su vida en otro Estado miembro de la Unión, Estado con el que guardan estrechos vínculos: algunos tienen cónyuge e hijos nacionales de otro Estado o poseen en él un bien inmueble.

En segundo lugar, los demandantes consideran que el Reglamento impugnado viola el principio de igualdad, desde el momento en que reconoce la extinción de los derechos de que disfrutan por su ciudadanía europea, sin distinguir entre los ciudadanos sujetos a la norma de supresión de su derecho de voto tras quince años de residencia fuera del Reino Unido y los demás.

2.

Segundo motivo, basado en la violación del estatuto de Gibraltar por el Reglamento impugnado, en la medida en que la referencia a Gibraltar en dicho Reglamento como «colonia de la Corona británica» no puede sino generar un clima nada propicio para la conciliación entre España y el Reino Unido en detrimento de los derechos de los habitantes de Gibraltar.

3.

Tercer motivo, basado en la violación de la exención de visado concedida a los ciudadanos británicos por el Reglamento 2018/1240, ya que los demandantes deberán solicitan una autorización de viaje SEIAV [Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes] y, por lo tanto, existe la posibilidad de que se les deniegue dicha autorización.

—

Anule el comunicado de la Dirección General de Finanzas del Parlamento Europeo por el que se suscriben el Acuerdo n.o 14/2018, de 12 de julio de 2018, del Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati (Mesa de la Cámara de Diputados, Italia) y/o el Acuerdo n.o 6/2018 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica (Mesa del Senado de la República, Italia) y, en cualquier caso,

—

anule la nueva determinación y el nuevo cálculo de la pensión vitalicia concedida por el Parlamento Europeo.

—

En consecuencia, declare el derecho de la parte demandante al mantenimiento de la pensión vitalicia en cuestión por los importes devengados y por devengar con arreglo a la normativa vigente con anterioridad al Acuerdo n.o 14/2018 de la Mesa de la Cámara de Diputados y/o al Acuerdo n.o 6/2018 de la Mesa del Senado de la República, condenando al Parlamento Europeo a abonarle la totalidad de las cantidades indebidamente retenidas, incrementadas con el importe de la revalorización monetaria y los intereses legales desde la fecha en que fueron retenidas hasta la de su abono; así como que

—

condene al Parlamento Europeo a ejecutar la sentencia que recaiga y al restablecimiento inmediato e íntegro de la pensión vitalicia original, junto con el resarcimiento de la totalidad de los daños que, en su caso, se adeuden a la parte demandante.

—

En cualquier caso, se le reembolsen íntegramente las costas y honorarios de abogado, junto con el IVA y los demás derechos, más una cantidad a tanto alzado.

—

Anule la decisión del Parlamento de denegarles acceso a la recepción especial organizada para los miembros electos del Parlamento y la instrucción del Presidente del Parlamento de 29 de mayo de 2019, que les impidió formular la declaración escrita que exige el artículo 3, apartado 2, del Reglamento interno.

—

Anule la decisión del Parlamento, confirmada mediante el escrito, carente de base jurídica, del Presidente del Parlamento de 27 de junio de 2019, de no tomar nota de los resultados proclamados oficialmente por España en relación con las elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019, así como la decisión subsiguiente de tomar nota de una lista diferente e incompleta de diputados electos que las autoridades españolas notificaron el 17 de junio de 2019 en la que no figuran los demandantes.

—

Anule la decisión del Parlamento de tratar la comunicación de la Junta Electoral española de 20 de junio de 2019 en el sentido de que priva de efectos a la proclamación de los demandantes como miembros electos del Parlamento, lo que constituye una declaración ilícita de vacante que infringe el artículo 13 del Acta Electoral de 1976, imputable al Parlamento.

—

Anule la decisión del Parlamento, confirmada por el escrito, carente de base jurídica, del Presidente del Parlamento de 27 de junio de 2019, mediante la que se rechaza garantizar, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento interno, el derecho de los demandantes a tomar posesión de sus escaños en el Parlamento y en sus órganos con plenitud de derechos desde la fecha de la primera sesión y hasta que se haya resuelto sobre las impugnaciones formuladas ante el Parlamento y ante las autoridades judiciales españolas.

—

Anule la decisión del Presidente del Parlamento, confirmada por el escrito, carente de base jurídica, del Presidente del Parlamento de 27 de junio de 2019, mediante la que se rechaza confirmar los privilegios e inmunidades de los demandantes en virtud del artículo 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento interno.

—

Condene a la parte demandada a cargar con la totalidad de las costas del presente procedimiento y, con arreglo al artículo 340 TFUE, párrafo segundo, a abonar una indemnización por los daños sufridos, a saber, la pérdida de las retribuciones mensuales que perciben los miembros del Parlamento Europeo, más un euro simbólico en concepto de daño moral.

1.

Primer motivo, basado en que la decisión del Parlamento de denegarles acceso a la recepción especial organizada para los miembros electos del Parlamento y la instrucción del Presidente del Parlamento de 29 de mayo de 2019 infringen los artículos 20, 21 y 39, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

2.

Segundo motivo, basado en que la decisión del Parlamento de no tomar nota de los resultados proclamados oficialmente por España en relación con las elecciones al Parlamento Europeo de 26 de mayo de 2019, así como la decisión subsiguiente de tomar nota de una lista diferente e incompleta de diputados electos que las autoridades españolas notificaron el 20 de junio de 2019 en la que no figuran los demandantes, infringen el artículo 12 del Acta Electoral de 1976 y el artículo 3, apartado 2, de la Decisión 2018/937 del Consejo Europeo, (1) en relación con el artículo 39, apartado 2, de la Carta, los artículos 10 TUE, apartados 1 y 2, y 14 TUE, apartados 2 y 3, y el artículo 1, apartado 3, del Acta Electoral de 1976.

3.

Tercer motivo, basado en que la decisión del Parlamento de tratar la comunicación de la Junta Electoral española de 20 de junio de 2019 en el sentido de que priva de efectos a la proclamación de los demandantes como miembros electos del Parlamento constituye una declaración ilícita de vacante que infringe el artículo 13 del Acta Electoral de 1976, imputable al Parlamento, y contraviene los artículos 6, apartado 2, 8 y 13 del Acta Electoral de 1976, en relación con el artículo 39, apartado 2, de la Carta, los artículos 10 TUE, apartados 1 y 2, y 14 TUE, apartados 2 y 3, y el artículo 1, apartado 3, del Acta Electoral de 1976.

4.

Cuarto motivo, basado en que la decisión del Parlamento mediante la que se rechaza garantizar, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, del Reglamento interno, el derecho de los demandantes a tomar posesión de sus escaños en el Parlamento y en sus órganos con plenitud de derechos desde la fecha de la primera sesión y hasta que se haya resuelto sobre las impugnaciones formuladas ante el Parlamento y ante las autoridades judiciales españolas infringe el artículo 3, apartado 2, del Reglamento interno del Parlamento Europeo y los artículos 5, apartado 1, y 12 del Acta Electoral de 1976, en relación con el artículo 39, apartado 2, de la Carta, los artículos 10 TUE, apartados 1 y 2, y 14 TUE, apartados 2 y 3, y el artículo 1, apartado 3, del Acta Electoral de 1976.

5.

Quinto motivo, basado en que la decisión del Presidente mediante la que se rechaza confirmar los privilegios e inmunidades de los demandantes en virtud del artículo 9 del Protocolo n.o 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea infringe el artículo 5, apartado 2, del Reglamento interno del Parlamento Europeo, el artículo 6, apartado 2, del Acta Electoral de 1976 y el artículo 9 del citado Protocolo, en relación con el artículo 39, apartado 2, de la Carta, los artículos 10 TUE, apartados 1 y 2, y 14 TUE, apartados 2 y 3, y el artículo 1, apartado 3, del Acta Electoral de 1976.

—

Declare la inexistencia o anule totalmente el acto del que se informó a la demandante mediante la comunicación impugnada, en virtud de la cual el Parlamento Europeo procedió a una nueva determinación de los derechos a pensión de jubilación y ordenó que se restituyera el importe abonado conforme al cálculo de la pensión que se había hecho precedentemente.

—

Condene al Parlamento Europeo a reembolsar todas las cantidades indebidamente retenidas más los intereses legales desde la fecha de la retención practicada en la fuente y a ejecutar la sentencia dictada, aprobando todas las iniciativas, actos o decisiones necesarios para garantizar de manera inmediata que se restablezca íntegramente el cálculo inicial de la pensión.

—

Condene al Parlamento Europeo a cargar con las costas del presente procedimiento.

1.

Mediante el primer motivo, la demandante alega la incompetencia del autor del acto, vicios sustanciales de forma y la consiguiente infracción del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

2.

Mediante el segundo motivo, la demandante alega la falta de base jurídica del acto impugnado y errores de Derecho en la interpretación del artículo 75 de las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados del Parlamento Europeo.

3.

Mediante el tercer motivo, la demandante alega que la comunicación vulnera claramente la reserva de ley establecida en el artículo 75, apartado 2, MAE, el cual se refiere expresamente a las condiciones previstas en la legislación nacional, excluyendo así la relevancia de las deliberaciones internas del Parlamento de un Estado miembro.

4.

Mediante el cuarto motivo, la demandante alega la manifiesta violación de los principios generales del Derecho europeo, en particular, el principio de seguridad jurídica, el principio de confianza legítima, la protección de los derechos adquiridos y el principio de igualdad.

—

Declare la inexistencia o anule totalmente el acto del que se informó a la demandante mediante la comunicación impugnada, en virtud de la cual el Parlamento Europeo procedió a una nueva determinación de los derechos a pensión de jubilación y ordenó que se restituyera el importe abonado conforme al cálculo de la pensión que se había hecho precedentemente.

—

Condene al Parlamento Europeo a reembolsar todas las cantidades indebidamente retenidas más los intereses legales desde la fecha de la retención practicada en la fuente y a ejecutar la sentencia dictada, aprobando todas las iniciativas, actos o decisiones necesarios para garantizar de manera inmediata que se restablezca íntegramente el cálculo inicial de la pensión.

—

Condene al Parlamento Europeo a cargar con las costas del presente procedimiento.

—

Declare inexistente o anule en su integridad la medida de la que la demandante ha sido informada mediante la comunicación impugnada, con la que el Parlamento Europeo ha redeterminado los derechos a la pensión de jubilación y ha ordenado la recuperación del importe abonado sobre la base del precedente sistema de cálculo.

—

Ordene al Parlamento Europeo la restitución de todas las sumas indebidamente retenidas, incrementadas con los intereses legales devengados a partir de la fecha en que se practicó la retención y condene al Parlamento Europeo a ejecutar la sentencia que se dicte y a adoptar todas las iniciativas, acciones y medidas necesarias para garantizar el inmediato restablecimiento de la totalidad de la pensión percibida originariamente.

—

Condene al Parlamento Europeo al pago de las costas del procedimiento.

—

Declare inexistente o anule en su integridad la medida de la que la demandante ha sido informada mediante la comunicación impugnada, con la que el Parlamento Europeo ha redeterminado los derechos a la pensión de jubilación y ha ordenado la recuperación del importe abonado sobre la base del precedente sistema de cálculo.

—

Ordene al Parlamento Europeo la restitución de todas las sumas indebidamente retenidas, incrementadas con los intereses legales devengados a partir de la fecha en que se practicó la retención y condene al Parlamento Europeo a ejecutar la sentencia que se dicte y a adoptar todas las iniciativas, acciones y medidas necesarias para garantizar el inmediato restablecimiento de la totalidad de la pensión percibida originariamente.

—

Condene al Parlamento Europeo al pago de las costas del procedimiento.

A)

Con carácter principal:

B)

Con carácter subsidiario, y para el supuesto en que se desestimen las pretensiones formuladas con carácter principal:

C)

En cualquier caso, que se condene a la Junta Única de Resolución a cargar con las costas del presente procedimiento.

1.

Primer motivo, basado en la falta de instrucción, en la apreciación errónea de la situación de hecho, en la infracción y falsa aplicación del artículo 5, letra a), del Reglamento 63/2015, así como en la violación del principio de no discriminación y de buena administración.

2.

Segundo motivo, basado en la falta de instrucción, en la apreciación errónea de la situación de hecho, en la infracción y falsa aplicación del artículo 5, letra f), del Reglamento 63/2015, así como en la violación del principio de no discriminación y de buena administración.

3.

Tercer motivo, basado en el comportamiento ilícito llevado a cabo por un organismo de la Unión como criterio de imputación de la responsabilidad extracontractual con arreglo al artículo 268 TFUE.

4.

Cuarto motivo, basado, con carácter subsidiario e incidental, en la vulneración del principio de efectividad, de equivalencia y de igualdad de trato y la consiguiente inaplicabilidad del Reglamento n.o 2015/63.