1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Condenar en costas a Mowi ASA.

1)

El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que sí está comprendida en el ámbito de aplicación de esa misma Directiva la cláusula de un contrato de préstamo hipotecario celebrado entre un consumidor y un profesional que estipule que el tipo de interés aplicable al préstamo se base en uno de los índices de referencia oficiales establecidos por la normativa nacional y que las entidades de crédito pueden aplicar a los préstamos hipotecarios, cuando esa normativa no establezca ni la aplicación imperativa del índice en cuestión con independencia de la elección de las partes en el contrato ni su aplicación supletoria en el supuesto de que las partes no hayan pactado otra cosa.

2)

La Directiva 93/13, y en particular sus artículos 4, apartado 2, y 8, debe interpretarse en el sentido de que los tribunales de un Estado miembro están obligados a examinar el carácter claro y comprensible de una cláusula contractual que se refiere al objeto principal del contrato, con independencia de la transposición del artículo 4, apartado 2, de dicha Directiva al ordenamiento jurídico de ese Estado miembro.

3)

La Directiva 93/13, y en particular sus artículos 4, apartado 2, y 5, debe interpretarse en el sentido de que, para cumplir con la exigencia de transparencia de una cláusula contractual que fija un tipo de interés variable en un contrato de préstamo hipotecario, dicha cláusula no solo debe ser comprensible en un plano formal y gramatical, sino también permitir que el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, esté en condiciones de comprender el funcionamiento concreto del modo de cálculo del referido tipo de interés y de valorar así, basándose en criterios precisos y comprensibles, las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras. Constituyen elementos especialmente pertinentes para la valoración que el juez nacional debe efectuar a este respecto, por un lado, la circunstancia de que los elementos principales relativos al cálculo del mencionado tipo de interés resulten fácilmente asequibles a cualquier persona que tenga intención de contratar un préstamo hipotecario, dada la publicación del modo de cálculo de dicho tipo de interés, y, por otro lado, el suministro de información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basa el cálculo de ese mismo tipo de interés.

4)

Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que, en caso de declaración de nulidad de una cláusula contractual abusiva que fija un índice de referencia para el cálculo de los intereses variables de un préstamo, el juez nacional lo sustituya por un índice legal aplicable a falta de acuerdo en contrario de las partes del contrato, siempre que el contrato de préstamo hipotecario no pudiera subsistir tras la supresión de la cláusula abusiva y que la anulación del contrato en su totalidad dejara al consumidor expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales.

1)

Anular las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-120/16, EU:T:2017:873), de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (T-121/16, no publicada, EU:T:2017:872), de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (Burlington) (T-122/16, no publicada, EU:T:2017:871), y de 6 de diciembre de 2017, Tulliallan Burlington/EUIPO — Burlington Fashion (BURLINGTON) (T-123/16, no publicada, EU:T:2017:870).

2)

Anular las resoluciones de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 11 de enero de 2016 (asuntos R 94/2014-4, R 2501/2013-4, R 2409/2013-4 y R 1635/2013-4), relativas a sendos procedimientos de oposición seguidos entre Tulliallan Burlington Ltd y Burlington Fashion GmbH.

3)

Condenar a Burlington Fashion GmbH y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) a cargar, además de con sus propias costas, con las causadas por Tulliallan Burlington Ltd tanto en los procedimientos de primera instancia de los asuntos T-120/16 P a T-123/16 P como en los procedimientos de casación, a partes iguales.

1)

El concepto de «persona jurídica» que figura, en particular, en los artículos 1, letra a), y 9, apartado 3, de la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299/JAI del Consejo, de 26 de febrero de 2009, debe interpretarse a la luz del Derecho del Estado de emisión de la resolución por la que se impone una sanción pecuniaria.

2)

La Decisión Marco 2005/214, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, debe interpretarse en el sentido de que no obliga a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro a abstenerse de aplicar una disposición del Derecho nacional incompatible con el artículo 9, apartado 3, de la Decisión Marco 2005/214, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, ya que sus disposiciones carecen de efecto directo. No obstante, el órgano jurisdiccional remitente está obligado a realizar, en la medida de lo posible, una interpretación conforme del Derecho nacional para garantizar un resultado compatible con la finalidad perseguida por la Decisión Marco 2005/214, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299.

1.

El artículo 132, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de determinar si los servicios de asistencia sanitaria prestados por un establecimiento hospitalario privado, que son de interés general, se prestan en condiciones sociales comparables a las que rigen para entidades de Derecho público, en el sentido de la misma disposición, las autoridades competentes de un Estado miembro pueden tomar en consideración el hecho de que esos servicios se proporcionen en virtud de convenios celebrados con autoridades públicas de ese Estado miembro, a precios fijados por esos convenios, y que el coste de tales servicios sea asumido en parte por las instituciones de seguridad social del referido Estado miembro.

2.

El artículo 391 de la Directiva 2006/112, en relación con el artículo 377 de esta y con los principios de confianza legítima, seguridad jurídica y neutralidad fiscal, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la exención del impuesto sobre el valor añadido de los servicios de asistencia sanitaria prestados por un establecimiento hospitalario privado que entren en el ámbito de aplicación del artículo 132, apartado 1, letra b), de dicha Directiva debido a un cambio en las condiciones en las que ejerce sus actividades producido después de que hubiese optado por el régimen de tributación previsto por la legislación nacional del Estado miembro en cuestión, que establece la obligación de que todo sujeto pasivo que se decante por tal régimen permanezca sometido a él durante un determinado período de tiempo, cuando ese período todavía no haya expirado.

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de enero de 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, no publicada, EU:T:2018:27).

2)

Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 1 de diciembre de 2016 (asunto R 2205/2015-5), relativa a una solicitud de registro del signo denominativo «Fack Ju Göhte» como marca de la Unión Europea.

3)

La EUIPO cargará, además de con sus propias costas, con las de Constantin Film Produktion GmbH, correspondientes tanto al procedimiento sustanciado en primera instancia en el asunto T-69/17 como al recurso de casación.

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 7 de marzo de 2018, Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, no publicada, EU:T:2018:119).

2)

Desestimar el recurso de anulación interpuesto por Equivalenza Manufactory, S. L., ante el Tribunal General de la Unión Europea en el asunto T-6/17.

3)

Equivalenza Manufactory, S. L., cargará, además de con sus propias costas correspondientes tanto al procedimiento en primera instancia en el asunto T-6/17 como al procedimiento de casación, con las costas en las que haya incurrido la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) correspondientes a ambos procedimientos.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Condenar en costas a Buonotourist Srl.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Condenar en costas a CSTP Azienda della Mobilità SpA.

1)

El Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual, en caso de hurto de mercancías incluidas en el régimen de depósito aduanero, se impone al titular de la autorización de depósito aduanero una sanción pecuniaria apropiada por infracción de la legislación aduanera.

2)

El artículo 42, apartado 1, del Reglamento n.o 952/2013 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional según la cual, cuando se sustraen a la vigilancia aduanera mercancías incluidas en el régimen de depósito aduanero, el titular de la autorización de depósito aduanero debe abonar, además de una sanción pecuniaria, una cuantía correspondiente al valor de dichas mercancías.

1)

Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 25 de septiembre de 2018, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI) (T-328/17, no publicada, EU:T:2018:594).

2)

Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.

3)

Reservar la decisión sobre las costas.

1)

El artículo 22, apartado 3, de la Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional por la que se prorroga, para el ejercicio 1998, la obligación impuesta a una empresa de telecomunicaciones titular de una autorización existente en la fecha de entrada en vigor de esa Directiva de pagar un canon calculado en función del volumen de negocios y no solamente de los gastos administrativos de expedición, control de la gestión y ejecución del régimen de autorizaciones generales y de licencias individuales.

2)

El Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a inaplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución judicial, aunque ello permitiera poner fin a una infracción de una norma jurídica de la Unión, lo cual no excluye que los interesados tengan la posibilidad de entablar una acción de responsabilidad frente al Estado con el fin de obtener por dicha vía una protección jurídica de los derechos que les ha reconocido el Derecho de la Unión.

1)

El artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que las prestaciones efectuadas por teléfono, consistentes en asesorar sobre la salud y las enfermedades, pueden estar comprendidas en la exención establecida en dicha disposición, siempre que persigan una finalidad terapéutica, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

2)

El artículo 132, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que no exige que, por el hecho de que la asistencia a personas físicas se efectúe por teléfono, los enfermeros y auxiliares médicos que realizan estas prestaciones estén sujetos a requisitos adicionales de cualificación profesional para que dichas prestaciones puedan acogerse a la exención establecida en la referida disposición, siempre que puedan considerarse de un nivel de calidad equivalente al de las prestaciones efectuadas por otros prestadores que utilizan ese mismo medio de comunicación, extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente.

1)

Desestimar el recurso de casación.

2)

Credito Fondiario SpA cargará con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Junta Única de Resolución.

3)

La República Italiana y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.

1)

Una prestación como el subsidio de rehabilitación controvertido en el litigio principal constituye una prestación de enfermedad, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en su versión modificada por el Reglamento (UE) n.o 465/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012.

2)

El Reglamento n.o 883/2004, en su versión modificada por el Reglamento n.o 465/2012, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una situación en la que a una persona que ha dejado de estar afiliada a la seguridad social de su Estado miembro de origen después de haber cesado en él su actividad profesional y de haber trasladado su residencia a otro Estado miembro, en el cual ha trabajado y ha cubierto la mayor parte de su períodos de seguro, la institución competente de su Estado miembro de origen le deniega la percepción de una prestación como el subsidio de rehabilitación controvertido en el litigio principal, puesto que dicha persona no se rige por la legislación del mencionado Estado de origen, sino por la del Estado miembro en el que se encuentra su residencia.

1)

La República Helénica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 260 TFUE, apartado 1, al no haber adoptado, en la fecha en que expiró el plazo señalado en el escrito de requerimiento emitido por la Comisión Europea, a saber, el 5 de diciembre de 2017, las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 23 de abril de 2015, Comisión/Grecia (C-149/14, no publicada, EU:C:2015:264).

2)

Condenar a la República Helénica a abonar a la Comisión Europea una cantidad a tanto alzado de 3 500 000 euros, en la cuenta que esta indique.

3)

Condenar en costas a la República Helénica.

—

Que se anule la sentencia de 12 de septiembre de 2019 (T-225/18).

—

Que se resuelva de nuevo sobre el recurso y se estimen las pretensiones de la recurrente en primera instancia.

—

Que se condene al CdT al pago de las costas de ambas instancias.

1)

¿Debe interpretarse el artículo 56 TFUE en el sentido de que, en caso de un monopolio estatal en materia de juegos de azar, para apreciar las prácticas publicitarias inadmisibles del titular de una concesión, definidas por el Tribunal de Justicia en jurisprudencia reiterada, es determinante saber si, en una consideración de conjunto, en el período relevante se ha producido efectivamente un crecimiento del mercado de los juegos de azar, o basta con que la publicidad esté dirigida a fomentar la participación activa en el juego mediante su banalización, su presentación bajo la imagen positiva que supone la dedicación de sus ingresos a actividades de interés general o el fortalecimiento de su atractivo por medio de mensajes publicitarios llamativos que seduzcan con la perspectiva de obtener cuantiosos premios?

2)

Además, ¿debe interpretarse el artículo 56 TFUE en el sentido de que las prácticas publicitarias de un monopolista, en caso de existir, excluyen en todo caso la coherencia del régimen de monopolio o en el sentido de que, si los proveedores privados realizan actividades publicitarias en ese sentido, el monopolista también puede fomentar la participación activa en el juego mediante su banalización, su presentación bajo la imagen positiva que supone la dedicación de sus ingresos a actividades de interés general o el fortalecimiento de su atractivo por medio de mensajes publicitarios llamativos que seduzcan con la perspectiva de obtener cuantiosos premios?

3)

Un órgano jurisdiccional nacional, que en el marco de sus competencias deba aplicar el artículo 56 TFUE, ¿está obligado, conforme a su propia capacidad de decisión, a dar pleno efecto a dicho artículo, dejando inaplicada toda disposición de Derecho nacional que, en su opinión, sea contraria al mismo, incluso si se ha confirmado su conformidad con el Derecho de la Unión en un procedimiento ante la jurisdicción constitucional?

a)

¿Deben interpretarse el artículo 6 y el artículo 38, apartado 4, de la Directiva de procedimientos, así como su considerando 34 que impone la obligación de examinar las solicitudes de protección internacional, a la luz del artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales (en lo sucesivo, «Carta»), en el sentido de que la autoridad competente en materia de asilo de un Estado miembro debe garantizar al solicitante la posibilidad de incoar el procedimiento de asilo en caso de que no haya examinado en cuanto al fondo la solicitud de asilo invocando el motivo de inadmisibilidad mencionado en la primera cuestión prejudicial y haya dispuesto a continuación el retorno del solicitante a un tercer Estado que, sin embargo, se haya negado a admitirlo?

b)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión prejudicial 2. a) ¿cuál es el contenido exacto de esa obligación? ¿Implica la obligación de garantizar la posibilidad de presentar una nueva solicitud de asilo, excluyendo entonces las consecuencias negativas de las solicitudes posteriores a las que se refieren el artículo 33, apartado 2, letra d), y el artículo 40 de la Directiva de procedimientos, o bien implica el inicio o la tramitación de oficio del procedimiento de asilo?

c)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión prejudicial 2. a), teniendo en cuenta igualmente el artículo 38, apartado 4, de la Directiva de procedimientos, ¿puede el Estado miembro, sin modificarse la situación de hecho, examinar nuevamente la inadmisibilidad de la solicitud en el marco de ese nuevo procedimiento (con lo que tendría la posibilidad de aplicar cualquier tipo de procedimiento contemplado en el capítulo III, por ejemplo, aplicando de nuevo un motivo de inadmisibilidad) o debe examinar en cuanto al fondo la solicitud de asilo en relación con el país de origen?

d)

¿Resulta del artículo 33, apartados 1 y 2, letras b) y c), así como de los artículos 35 y 38 de la Directiva de procedimientos, a la luz del artículo 18 de la Carta, que la readmisión por un tercer Estado es requisito acumulativo para la aplicación de un motivo de inadmisibilidad, esto es, para la adopción de una decisión basada en tal motivo, o basta con verificar la concurrencia de ese requisito en el momento de la ejecución de tal decisión?

a)

¿Debe interpretarse el artículo 43 de la Directiva de procedimientos en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que permite el internamiento del solicitante en una zona de tránsito durante más de cuatro semanas?

b)

¿Debe interpretarse el artículo 2, letra h), de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (refundición) (en lo sucesivo, «Directiva de acogida»), (2) aplicable en virtud del artículo 26 de la Directiva de procedimientos, a la luz del artículo 6 y del artículo 52, apartado 3, de la Carta, en el sentido de que el alojamiento en una zona de tránsito en circunstancias como las de litigio principal (zona que no puede abandonarse legalmente con carácter voluntario en ninguna dirección) por un período superior a las cuatro semanas a que se refiere el artículo 43 de la Directiva de procedimientos constituye un internamiento?

c)

¿Es compatible con el artículo 8 de la Directiva de acogida, aplicable en virtud del artículo 26 de la Directiva de procedimientos, el hecho de que el internamiento del solicitante por un período superior a las cuatro semanas a que se refiere el artículo 43 de la Directiva de procedimientos solo tenga lugar porque no pueda satisfacer sus necesidades (de alojamiento y de manutención) por carecer de medios materiales para ello?

d)

¿Es compatible con los artículos 8 y 9 de la Directiva de acogida, aplicables en virtud del artículo 26 de la Directiva de procedimientos, el hecho de que el alojamiento constitutivo de un internamiento de facto por un período superior a las cuatro semanas a que se refiere el artículo 43 de la Directiva de Procedimientos no haya sido ordenado mediante una resolución de internamiento, no se garantice un recurso para impugnar la legalidad del internamiento y del mantenimiento del mismo, el internamiento de facto tenga lugar sin examinar su necesidad o su proporcionalidad, o posibles alternativas a él, y resulte indeterminada su duración precisa, inclusive el momento en que finaliza?

e)

¿Puede interpretarse el artículo 47 de la Carta en el sentido de que cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se encuentre ante un evidente internamiento ilegal, puede, como medida cautelar hasta que finalice el procedimiento contencioso-administrativo, obligar a la autoridad a designar en favor del nacional de un tercer Estado un lugar de permanencia que se encuentre fuera de la zona de tránsito y que no sea un lugar de internamiento?

a)

¿Deben interpretarse los considerandos 17 y 24, así como el artículo 16 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (en lo sucesivo, «Directiva de retorno»), (3) a la luz del artículo 6 y del artículo 52, apartado 3, de la Carta, en el sentido de que el alojamiento en una zona de tránsito en circunstancias como las del litigio principal (zona que no puede abandonarse legalmente con carácter voluntario en ninguna dirección) constituye una privación de libertad en el sentido de estas disposiciones?

b)

¿Es compatible con el considerando 16 y con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva de retorno, a la luz del artículo 6 y del artículo 52, apartado 3, de la Carta, el hecho de que el internamiento del solicitante de un tercer país tenga lugar solo porque está sujeto a una medida de retorno y carece de medios materiales para satisfacer sus necesidades (de alojamiento y de manutención)?

c)

¿Es compatible con el considerando 16 y con el artículo 15, apartado 2, de la Directiva de retorno, a la luz del artículo 6, del artículo 47 y del artículo 52, apartado 3, de la Carta, el hecho de que el alojamiento constitutivo de un internamiento de facto no haya sido ordenado mediante una resolución de internamiento, no se garantice un recurso para impugnar la legalidad del internamiento y del mantenimiento del mismo y el internamiento de facto tenga lugar sin examinar su necesidad o su proporcionalidad, o posibles alternativas a él?

d)

¿Puede interpretarse el artículo 15, apartados 1 y 4 a 6, así como el considerando 16 de la Directiva de retorno, a la luz de los artículos 1, 4, 6 y 47 de la Carta, en el sentido de que se oponen a que el internamiento tenga lugar sin que esté determinada su duración exacta, ni tampoco el momento en que finaliza?

e)

¿Puede interpretarse el Derecho de la Unión en el sentido de que cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se encuentre ante un evidente internamiento ilegal, puede, como medida cautelar hasta que finalice el procedimiento contencioso-administrativo, obligar a la autoridad a designar en favor del nacional de un tercer Estado un lugar de permanencia que se encuentre fuera de la zona de tránsito y que no sea un lugar de internamiento?

a)

¿Deben interpretarse el artículo 6 y el artículo 38, apartado 4, de la Directiva de procedimientos, así como su considerando 34 que impone la obligación de examinar las solicitudes de protección internacional, a la luz del artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales (en lo sucesivo, «Carta»), en el sentido de que la autoridad competente en materia de asilo de un Estado miembro debe garantizar al solicitante la posibilidad de incoar el procedimiento de asilo en caso de que no haya examinado en cuanto al fondo la solicitud de asilo invocando el motivo de inadmisibilidad mencionado en la primera cuestión prejudicial y haya dispuesto a continuación el retorno del solicitante a un tercer Estado que, sin embargo, se haya negado a admitirlo?

b)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión prejudicial 2. a) ¿cuál es el contenido exacto de esa obligación? ¿Implica la obligación de garantizar la posibilidad de presentar una nueva solicitud de asilo, excluyendo entonces las consecuencias negativas de las solicitudes posteriores a las que se refieren el artículo 33, apartado 2, letra d), y el artículo 40 de la Directiva de procedimientos, o bien implica el inicio o la tramitación de oficio del procedimiento de asilo?

c)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión prejudicial 2. a), teniendo en cuenta igualmente el artículo 38, apartado 4, de la Directiva de procedimientos, ¿puede el Estado miembro, sin modificarse la situación de hecho, examinar nuevamente la inadmisibilidad de la solicitud en el marco de ese nuevo procedimiento (con lo que tendría la posibilidad de aplicar cualquier tipo de procedimiento contemplado en el capítulo III, por ejemplo, aplicando de nuevo un motivo de inadmisibilidad) o debe examinar en cuanto al fondo la solicitud de asilo en relación con el país de origen?

d)

¿Resulta del artículo 33, apartados 1 y 2, letras b) y c), así como de los artículos 35 y 38 de la Directiva de procedimientos, a la luz del artículo 18 de la Carta, que la readmisión por un tercer Estado es requisito acumulativo para la aplicación de un motivo de inadmisibilidad, esto es, para la adopción de una decisión basada en tal motivo, o basta con verificar la concurrencia de ese requisito en el momento de la ejecución de tal decisión?

a)

¿Debe interpretarse el artículo 43 de la Directiva de procedimientos en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro que permite el internamiento del solicitante en una zona de tránsito durante más de cuatro semanas?

b)

¿Debe interpretarse el artículo 2, letra h), de la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (refundición) (en lo sucesivo, «Directiva de acogida»), (2) aplicable en virtud del artículo 26 de la Directiva de procedimientos, a la luz del artículo 6 y del artículo 52, apartado 3, de la Carta, en el sentido de que el alojamiento en una zona de tránsito en circunstancias como las de litigio principal (zona que no puede abandonarse legalmente con carácter voluntario en ninguna dirección) por un período superior a las cuatro semanas a que se refiere el artículo 43 de la Directiva de procedimientos constituye un internamiento?

c)

¿Es compatible con el artículo 8 de la Directiva de acogida, aplicable en virtud del artículo 26 de la Directiva de procedimientos, el hecho de que el internamiento del solicitante por un período superior a las cuatro semanas a que se refiere el artículo 43 de la Directiva de procedimientos solo tenga lugar porque no pueda satisfacer sus necesidades (de alojamiento y de manutención) por carecer de medios materiales para ello?

d)

¿Es compatible con los artículos 8 y 9 de la Directiva de acogida, aplicables en virtud del artículo 26 de la Directiva de procedimientos, el hecho de que el alojamiento constitutivo de un internamiento de facto por un período superior a las cuatro semanas a que se refiere el artículo 43 de la Directiva de Procedimientos no haya sido ordenado mediante una resolución de internamiento, no se garantice un recurso para impugnar la legalidad del internamiento y del mantenimiento del mismo, el internamiento de facto tenga lugar sin examinar su necesidad o su proporcionalidad, o posibles alternativas a él, y resulte indeterminada su duración precisa, inclusive el momento en que finaliza?

e)

¿Puede interpretarse el artículo 47 de la Carta en el sentido de que cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se encuentre ante un evidente internamiento ilegal, puede, como medida cautelar hasta que finalice el procedimiento contencioso-administrativo, obligar a la autoridad a designar en favor del nacional de un tercer Estado un lugar de permanencia que se encuentre fuera de la zona de tránsito y que no sea un lugar de internamiento?

a)

¿Deben interpretarse los considerandos 17 y 24, así como el artículo 16 de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (en lo sucesivo, «Directiva de retorno»), (3) a la luz del artículo 6 y del artículo 52, apartado 3, de la Carta, en el sentido de que el alojamiento en una zona de tránsito en circunstancias como las del litigio principal (zona que no puede abandonarse legalmente con carácter voluntario en ninguna dirección) constituye una privación de libertad en el sentido de estas disposiciones?

b)

¿Es compatible con el considerando 16 y con el artículo 15, apartado 1, de la Directiva de retorno, a la luz del artículo 6 y del artículo 52, apartado 3, de la Carta, el hecho de que el internamiento del solicitante de un tercer país tenga lugar solo porque está sujeto a una medida de retorno y carece de medios materiales para satisfacer sus necesidades (de alojamiento y de manutención)?

c)

¿Es compatible con el considerando 16 y con el artículo 15, apartado 2, de la Directiva de retorno, a la luz del artículo 6, del artículo 47 y del artículo 52, apartado 3, de la Carta, el hecho de que el alojamiento constitutivo de un internamiento de facto no haya sido ordenado mediante una resolución de internamiento, no se garantice un recurso para impugnar la legalidad del internamiento y del mantenimiento del mismo y el internamiento de facto tenga lugar sin examinar su necesidad o su proporcionalidad, o posibles alternativas a él?

d)

¿Puede interpretarse el artículo 15, apartados 1 y 4 a 6, así como el considerando 16 de la Directiva de retorno, a la luz de los artículos 1, 4, 6 y 47 de la Carta, en el sentido de que se oponen a que el internamiento tenga lugar sin que esté determinada su duración exacta, ni tampoco el momento en que finaliza?

e)

¿Puede interpretarse el Derecho de la Unión en el sentido de que cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro se encuentre ante un evidente internamiento ilegal, puede, como medida cautelar hasta que finalice el procedimiento contencioso-administrativo, obligar a la autoridad a designar en favor del nacional de un tercer Estado un lugar de permanencia que se encuentre fuera de la zona de tránsito y que no sea un lugar de internamiento?

1.

¿Debe interpretarse la regulación del pago de una compensación en caso de cancelación establecida en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 261/2004, (1) en relación con el artículo 7 de este, en el sentido de que los pasajeros que sean conducidos en un transporte alternativo a su destino final con un adelanto superior a una hora respecto a la hora de salida prevista y, por lo tanto, alcancen ese destino final con el transporte alternativo antes de lo que hubiera sido el caso con el vuelo programado (cancelado) también tienen derecho a percibir una compensación por aplicación analógica del artículo 7 de dicho Reglamento?

2.

1.

La expresión «han surgido o el solicitante ha aportado nuevas circunstancias o datos», contenida en el artículo 40, apartados 2 y 3, de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, (1) ¿comprende también los elementos que ya existían antes de poner fin al procedimiento de asilo anterior mediante resolución firme?

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial:

2.

Cuando surjan nuevos hechos o pruebas que no pudieron invocarse en el procedimiento anterior, sin que esto sea imputable al extranjero, ¿basta con que el solicitante de asilo tenga la posibilidad de pedir la reapertura de un procedimiento anterior al que se ha puesto fin mediante resolución firme?

3.

Cuando sea imputable al solicitante no haber formulado ya en el anterior procedimiento de asilo los nuevos motivos que invoca, ¿puede la autoridad administrativa negarse a examinar una solicitud posterior en cuanto al fondo, sobre la base de una disposición que establece un principio de aplicación general en el procedimiento administrativo, aun cuando, al no haber adoptado normas especiales, el Estado miembro no ha transpuesto debidamente el artículo 40, apartados 2 y 3, de la Directiva sobre procedimientos y, por consiguiente, no ha hecho uso expreso de la posibilidad de establecer una excepción al examen del fondo de la solicitud posterior que le confiere el artículo 40, apartado 4, de la Directiva sobre procedimientos?

1)

¿ Es compatible con el principio de no vinculación reconocido en el artículo 6.1 de la Directiva (1), una interpretación judicial (consistente en que la devolución de las cantidades indebidamente pagadas en virtud de la cláusula de gastos, inserta en un contrato de préstamo hipotecario celebrado con un consumidor, no es un efecto de la declaración de nulidad sino una acción autónoma, sujeta a plazo de prescripción) que permite que el consumidor quede definitivamente vinculado por la cláusula de gastos, en cuanto no podrá obtener su reembolso si dicha acción ha prescrito?

2)

¿Es compatible con dicho principio el instituto de la prescripción de la pretensión de restitución de lo indebidamente pagado en virtud de la aplicación de la cláusula declarada abusiva, en cuanto pueda suponer la pérdida del derecho restitutorio, no obstante la declaración de nulidad de la cláusula?

3)

Caso de respuesta afirmativa, ¿el concepto de «plazo razonable de prescripción» a que se ha referido el TJUE debe ser interpretado con unos parámetros exclusivamente nacionales o, al contrario, la razonabilidad debe contar algún tipo de exigencia, a fin de proporcionar un nivel mínimo de protección a los consumidores prestatarios en todo el ámbito de la Unión Europea y no afectar al contenido sustancial del derecho a no estar vinculado por una cláusula declarada abusiva?

4)

Caso de considerarse que la razonabilidad del plazo prescriptivo debe contar con unos presupuestos mínimos, ¿la razonabilidad puede depender del momento en que una legislación nacional establezca que la acción puede ejercitarse?; ¿es razonable que el cómputo del plazo prescriptivo comience en la fecha de celebración del contrato, o al contrario, el principio de no vinculación a las cláusulas abusivas requiere la previa o simultánea declaración de nulidad de la cláusula de gastos, a fin de que el prestatario cuente con un plazo razonable para solicitar la devolución de lo indebidamente pagado?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el sentido de que, en caso de despidos colectivos ilegales, reconoce el derecho a una protección configurada por criterios de efectividad, eficacia, adecuación y disuasión, por cuanto tales requisitos definen el carácter de las sanciones previstas por el Derecho de la Unión como salvaguardia del respeto de valores fundamentales, a los cuales debe ajustarse la normativa nacional —o bien su aplicación práctica— que garantiza la medida sancionadora concreta contra todo despido injustificado y, en consecuencia, constituyen dichos criterios un límite externo relevante, que puede utilizarse en el procedimiento judicial a efectos de las actuaciones reconocidas al órgano jurisdiccional nacional para la adecuación al Derecho de la Unión de la normativa o de la praxis nacional de aplicación de la Directiva 98/59/CE? (1)

2)

Con el fin de determinar el nivel de protección exigido por el ordenamiento de la Unión en caso de despido colectivo ilegal, ¿debe interpretarse el artículo 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea teniendo «debidamente en cuenta», y por tanto considerando relevante, el significado sustantivo del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, citada en las Explicaciones [sobre la Carta de los Derechos Fundamentales], tal como resulta de las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales y, en consecuencia, se opone el Derecho de la Unión a una normativa nacional y a una práctica que, al excluir una medida de readmisión en el puesto de trabajo, limita la protección a un remedio meramente indemnizatorio, caracterizado por un límite máximo que se fija conforme al criterio prioritario de antigüedad, y no a la reparación del perjuicio sufrido por el trabajador como consecuencia de la pérdida de su fuente de ingresos?

3)

Por consiguiente, al valorar el grado de compatibilidad de la norma interna que aplica o determina el alcance de la protección en caso de despidos colectivos ilegales (por incumplimiento de los criterios de selección), ¿debe tener en cuenta el órgano jurisdiccional nacional el contenido elaborado por la Carta Social Europea resultante de las decisiones de sus órganos y, en todo caso, considerar necesaria una protección que implique una indemnización plena, o cuando menos orientada a serlo, de las consecuencias económicas derivadas de la pérdida del contrato de trabajo?

4)

¿Se oponen los artículos 20, 21, 34 y 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea a la introducción de una normativa o de una práctica por un Estado miembro, en aplicación de la Directiva 98/59/CE, que prevé únicamente respecto a los trabajadores contratados con posterioridad al 7 de marzo de 2015 y que son parte en el mismo procedimiento, un régimen sancionador que excluye, a diferencia de cuanto se garantiza a los demás trabajadores afectados por el mismo procedimiento pero contratados en una fecha anterior, la readmisión en el puesto de trabajo y, en cualquier caso, la reparación de las consecuencias derivadas de la pérdida de ingresos y de la pérdida de protección social, al conceder exclusivamente una indemnización de un importe determinado en sustancia conforme al criterio de antigüedad laboral, de modo que se establece una diferencia entre las sanciones, sobre la base de la fecha de contratación, que genera una diversidad de niveles de protección basados en el criterio antes citado y no en las consecuencias efectivas sufridas como consecuencia de la pérdida injustificada de la fuente de ingresos?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, letra l), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, (1) en el sentido de que, en el contrato de crédito:

2)

¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, letra r), de la Directiva 2008/48/CE en el sentido de que en el contrato de crédito ha de indicarse una fórmula concreta y comprensible para el consumidor, mediante la cual se determine la comisión de amortización anticipada del préstamo, de manera que el consumidor pueda calcular, al menos de forma aproximada, el importe de la comisión que habría de pagar en caso de rescisión anticipada?

3)

¿Debe interpretarse el artículo 10, apartado 2, letra s), de la Directiva 2008/48/CE en el sentido de que, en el contrato de crédito:

1)

¿Se opone la cláusula 5 del Acuerdo marco que figura como anexo a la Directiva n.o 1999/70/CE (1) del Consejo relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (en lo sucesivo, «Directiva»), cuyo título es «Medidas destinadas a evitar la utilización abusiva», en relación con los considerandos 6 y 7 y con la cláusula 4 de dicho Acuerdo marco («Principio de no discriminación») y a la luz de los principios de equivalencia, efectividad y efecto útil del Derecho [de la Unión Europea], a una normativa nacional, en el presente asunto el artículo 24, apartado 3, letra a), y el artículo 22, apartado 9, de la Ley n.o 240/2010, que permite que las universidades celebren un número ilimitado de contratos de investigación de duración determinada —de tres años y prorrogables por dos años—, sin supeditar su celebración ni su prórroga a una razón objetiva vinculada a exigencias temporales o excepcionales de la institución académica que adopta la correspondiente decisión, y que establece como único límite a la sucesión de contratos de duración determinada con una misma persona que la duración total máxima de tales contratos, aun cuando no sean consecutivos, no supere los doce años?

2)

¿Se opone la citada cláusula 5 del Acuerdo marco, en relación con los considerandos 6 y 7 de la Directiva y con la referida cláusula 4 del Acuerdo marco y a la luz del efecto útil del Derecho [de la Unión Europea], a una normativa nacional, en el presente asunto los artículos 24 y 29, apartado 1, de la Ley n.o 240/2010, en la medida en que permite que las universidades contraten exclusivamente a investigadores por tiempo determinado, sin supeditar la correspondiente decisión a exigencias de carácter temporal o excepcional y sin establecer ningún límite, gracias a la sucesión potencialmente indefinida de contratos por tiempo determinado, con el fin de atender las exigencias ordinarias de enseñanza e investigación de tales instituciones académicas?

3)

¿Se opone la cláusula 4 del citado Acuerdo marco a una normativa nacional, como el artículo 20, apartado 1, del Decreto Legislativo 75/2017 (según lo interpreta la referida Circular ministerial n.o 3/2017), que, si bien reconoce la posibilidad de consolidar el puesto de trabajo de los investigadores con contrato de duración determinada de organismos públicos de investigación —únicamente en caso de que hayan cumplido al menos tres años de servicio antes del 31 de diciembre 2017—, no contempla tal posibilidad en el caso de los investigadores universitarios con contrato de duración determinada por el mero hecho de que el artículo 22, apartado 16, del Decreto Legislativo 75/2017 ha sometido su relación laboral al «régimen de Derecho público», aun cuando legalmente dicha relación se base en un contrato de trabajo por cuenta ajena, pese a que el artículo 22, apartado 9, de la Ley n.o 240/2010 aplica a los investigadores, tanto de organismos de investigación como de universidades, la misma regla de duración máxima de las relaciones laborales de duración determinada con las universidades y organismos de investigación en virtud de los contratos a que se hace mención en el artículo 24 de dicha Ley o de las becas de investigación indicadas en el mismo artículo 22?

4)

¿Se oponen los principios de equivalencia y de efectividad y el principio de efecto útil del Derecho de la Unión, en relación con el citado Acuerdo marco, así como el principio de no discriminación que figura en la cláusula 4 de dicho Acuerdo marco, a una normativa nacional, como el artículo 24, apartado 3, letra a), de la Ley n.o 240/2010 y el artículo 29, apartados 2, letra d), y 4, del Decreto Legislativo 81/2015, que, aun cuando establece un régimen aplicable a todos los trabajadores públicos y privados —recogido actualmente en el citado Decreto Legislativo n.o 81—, que fija (a partir de 2018) el límite temporal máximo de una relación de duración determinada en 24 meses (incluidas prórrogas y renovaciones) y supedita la utilización de este tipo de contratos con la Administración Pública a la existencia de «exigencias temporales y excepcionales», permite que las universidades recluten investigadores mediante contratos de duración determinada trienales, prorrogables por dos años en caso de evaluación positiva de las actividades de investigación y docencia llevadas a cabo en ese trienio, sin supeditar ni la celebración del primer contrato ni su prórroga a la existencia de dichas exigencias temporales o excepcionales de la institución académica e incluso permitiendo que, al término del periodo de cinco años, esta celebre con la misma persona o con otras un nuevo contrato de duración determinada del mismo tipo con el fin de satisfacer las mismas necesidades de investigación y docencia vinculadas al contrato anterior?

5)

¿Se opone la cláusula 5 del citado Acuerdo marco, considerada también a la luz de los principios de efectividad y equivalencia y de la referida cláusula 4, a que una normativa nacional, como el artículo 29, apartados 2, letra d), y 4, del Decreto Legislativo n.o 81/2015 y el artículo 36, apartados 2 y 5, del Decreto Legislativo n.o 165/2001, impida que los investigadores universitarios contratados en virtud de un contrato de duración determinada de duración trienal y prorrogable por otros dos años [según lo dispuesto en el artículo 24, apartado 3, letra a), de la Ley n.o 240/2010] en un momento posterior puedan consolidar su relación laboral como indefinida, teniendo en cuenta que no existen en el ordenamiento jurídico italiano otras medidas que prevengan y sancionen la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos por parte de las universidades?

a)

¿Debe interpretarse la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE (1) del Consejo, de 28 de junio de 1999, en el sentido de que exige que los períodos de servicio prestados a la ARERA por un trabajador que, en virtud de un contrato de duración determinada, desarrolla funciones equivalentes a las de un funcionario clasificado en la categoría correspondiente de la ARERA se tomen en consideración para determinar su antigüedad, también cuando su nombramiento posterior se efectúe como resultado de una oposición, pese a las particularidades del procedimiento de oposición que determina, según se ha expuesto, una novación total de la relación laboral y el nacimiento, con una interrupción aceptada por el participante en la oposición, de una nueva relación caracterizada por la existencia de un acto de poder público de nombramiento y por obligaciones especiales y una mayor estabilidad?

b)

En caso de respuesta afirmativa a la cuestión planteada en la letra a), ¿debe reconocerse íntegramente la antigüedad adquirida o existe una razón objetiva para diferenciar los criterios de reconocimiento respecto del reconocimiento íntegro como consecuencia de las particularidades mencionadas?

c)

En caso de respuesta negativa a la cuestión planteada en la letra b), ¿cuáles son los criterios que deben tenerse en cuenta para calcular la antigüedad reconocible para que esta no resulte discriminatoria?

1.

En un proceso de modificación de cierta importancia del pliego de condiciones, ¿basta que alguna persona física o jurídica se vea o se pueda ver afectada económicamente dentro de lo razonablemente previsible para que exista un interés legítimo, en el sentido del artículo 53, apartado 2, párrafo primero, en relación con el artículo 49, apartados 3, párrafo primero, y 4, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012 (1) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, que permita fundamentar la oposición a la solicitud o interponer recurso contra la decisión favorable a la solicitud?

2.

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

En un proceso de modificación de cierta importancia del pliego de condiciones, ¿tienen un interés legítimo, en el sentido del artículo 53, apartado 2, párrafo primero, en relación con el artículo 49, apartados 3, párrafo primero, y 4, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, (solo) los operadores económicos que elaboren productos o alimentos comparables a los de los operadores económicos a favor de los cuales se ha registrado una indicación geográfica protegida?

3.

En caso de respuesta negativa a la segunda cuestión:

1)

¿Puede aplicarse el artículo 13, apartados 2 y 6, de la Directiva 2012/34 (1) (artículo 15, apartados 5 y 6, del Reglamento 2017/2177) (2) de modo que el organismo regulador pueda imponer al propietario de una infraestructura, que no es el explotador de la instalación de servicio, la obligación de garantizar el acceso a los servicios?

2)

¿Debe interpretarse el artículo 13, apartado 6, de la Directiva 2012/34 (artículo 15, apartados 5 y 6, del Reglamento 2017/2177) en el sentido de que permite al propietario de un edificio poner fin a una relación de arrendamiento y reconvertir una instalación de servicio?

3)

¿Debe interpretarse el artículo 13, apartado 6, de la Directiva 2012/34 (artículo 15, apartados 5 y 6, del Reglamento 2017/2177) en el sentido de que obliga al organismo regulador a comprobar únicamente si el explotador de la instalación de servicio (en el caso de autos, el propietario de la instalación de servicio) ha decidido realmente reconvertirla?

1)

¿Debe considerarse que un solicitante de asilo, al que se ha instado a desplazarse a otro Estado miembro para que se examine en él su solicitud de protección internacional, tiene garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva en el sentido del artículo 27 del denominado Reglamento Dublín III (1) cuando el Derecho interno pone a su disposición un recurso sin efecto suspensivo que solo conlleva ese efecto en caso de que se prive de libertad al interesado con vistas a su traslado inminente?

2)

¿Debe interpretarse el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 27 del denominado Reglamento Dublín III en el sentido de que se opone únicamente a la ejecución de un traslado forzoso durante el examen del recurso interpuesto contra la decisión de traslado, o bien en el sentido de que prohíbe toda medida preparatoria de una expulsión, como el desplazamiento a un centro que garantiza la aplicación de un plan de retorno respecto a los solicitantes de asilo a los que se insta a desplazarse a otro país europeo para que se examine en él su solicitud de asilo?

1)

¿Debe considerarse que un solicitante de asilo, al que se ha instado a desplazarse a otro Estado miembro para que se examine en él su solicitud de protección internacional, tiene garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva en el sentido del artículo 27 del denominado Reglamento Dublín III (1) cuando el Derecho interno pone a su disposición un recurso sin efecto suspensivo que solo conlleva ese efecto en caso de que se prive de libertad al interesado con vistas a su traslado inminente?

2)

¿Debe interpretarse el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 27 del denominado Reglamento Dublín III en el sentido de que se opone únicamente a la ejecución de un traslado forzoso durante el examen del recurso interpuesto contra la decisión de traslado, o bien en el sentido de que prohíbe toda medida preparatoria de una expulsión, como el desplazamiento a un centro que garantiza la aplicación de un plan de retorno respecto a los solicitantes de asilo a los que se insta a desplazarse a otro país europeo para que se examine en él su solicitud de asilo?

1)

¿Debe considerarse que un solicitante de asilo, al que se ha instado a desplazarse a otro Estado miembro para que se examine en él su solicitud de protección internacional, tiene garantizado el derecho a la tutela judicial efectiva en el sentido del artículo 27 del denominado Reglamento Dublín III (1) cuando el Derecho interno pone a su disposición un recurso sin efecto suspensivo que solo conlleva ese efecto en caso de que se prive de libertad al interesado con vistas a su traslado inminente?

2)

¿Debe interpretarse el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 27 del denominado Reglamento Dublín III en el sentido de que se opone únicamente a la ejecución de un traslado forzoso durante el examen del recurso interpuesto contra la decisión de traslado, o bien en el sentido de que prohíbe toda medida preparatoria de una expulsión, como el desplazamiento a un centro que garantiza la aplicación de un plan de retorno respecto a los solicitantes de asilo a los que se insta a desplazarse a otro país europeo para que se examine en él su solicitud de asilo?

1)

¿Debe interpretarse la regla 3 a) de las Reglas generales para la interpretación de la nomenclatura combinada del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1754 (1) en el sentido de que, a efectos de la clasificación de productos que, como los controvertidos en el litigio principal, están compuestos por materias diferentes, siempre será «la partida con descripción más específica» aquella partida en la que esté incluida la materia que por su cantidad (volumen) sea la preponderante, o esta interpretación será posible solamente si la propia partida prevé la cantidad (volumen) como criterio que identifica el producto de manera más específica, con una descripción más precisa y más completa?

2)

Dependiendo de la respuesta a la primera cuestión prejudicial y en el contexto de las Notas Explicativas del [Sistema Armonizado] relativas a las partidas 4410 y 4419: ¿Debe interpretarse el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1754 en el sentido de que la partida 4419 no incluye artículos de tableros de partículas (fibras) en los que el peso del aglutinante (resina termoendurecible) supere el 15 % del peso del tablero?

1)

¿Debe interpretarse el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1754 en el sentido de que productos como los controvertidos en el litigio principal, a saber, tazas fabricadas a partir de un material compuesto al 72,33 % de fibras vegetales de lignocelulosa y en un 25,2 % de aglutinante (resina de melamina), deben clasificarse en la subpartida 3924 10 00 del anexo I?

—

Se pronuncie sobre el recurso interpuesto el 31 de julio de 2019, sin que devuelva el asunto al Tribunal General que dictó la sentencia recurrida.

—

Anule la sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea (Sala Novena) el 11 de diciembre de 2019, con número de protocolo 923557, que tiene por objeto el recurso interpuesto por los recurrentes y que estime este en su totalidad.

—

Anule el Reglamento (UE) 2019/1157, (1) de 20 de junio de 2019.

—

Condene a las otras partes en el procedimiento al pago de la totalidad de las costas.

1.

Primer motivo de casación , basado en que la sentencia recurrida, al desestimar el recurso y determinar en primer lugar que «[…] el Reglamento impugnado no afecta a aquellos de los [recurrentes] que son personas físicas debido a determinadas características particulares de los mismos o debido a una situación efectiva que los distinga de cualquier otra persona, sino en razón a sus convicciones, que comparte o puede compartir un número indeterminado de personas. En consecuencia, el Reglamento impugnado no afecta personalmente a los [recurrentes] en cuestión en el sentido del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto», infringió el artículo 263 TFUE, párrafo cuarto, y el artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, violó el principio de proporcionalidad e infringió el preámbulo, los artículos 47 y 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C-364/01), y el artículo 5, apartados 1 y 4, del Tratado de la Unión Europea (en sí mismo y en relación con el Protocolo n.o 2 por lo que respecta a la aplicación del principio de proporcionalidad), y la correspondiente jurisprudencia. Mediante su recurso, los recurrentes sostienen que el Reglamento impugnado vulnera algunos de sus derechos humanos, entre ellos, algunos derechos fundamentales previstos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, (dignidad humana, conciencia religiosa, derecho a la objeción de conciencia por motivos religiosos, vida personal y libertad, datos de carácter personal, derecho al consentimiento expreso a su tratamiento), de tal modo que el Reglamento les afecta de modo directo y personal y que, debido precisamente a que los derechos vulnerados tienen naturaleza de derechos fundamentales , por un lado, están legitimados para interponer recurso de anulación ante el Tribunal General en virtud del artículo 263 TFUE, párrafo cuarto y, por otro lado, el Tribunal General está obligado a controlar la nulidad de los Reglamentos en el supuesto de vulneración de los derechos humanos fundamentales.

2.

Segundo motivo de casación , basado en que el Tribunal General en la sentencia recurrida no admitió la comparecencia del sexto demandante y recurrente, el abogado Christos Papasotiriou, al considerar que «el […] sexto demandante no acudió a los servicios de un abogado tercero a efectos de su representación , sino que actuó en nombre propio, firmando él mismo el escrito de recurso y alegando su condición de abogado, sobre la base del certificado de habilitación del artículo 51, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. […]» llevó a cabo una interpretación errónea, contra legem, del artículo 19 del Estatuto del Tribunal de Justicia, en infracción del artículo 47 de la Carta y del principio de proporcionalidad, así como de las disposiciones de la normativa de la Unión que consagran dicho principio.

1)

¿Se opone el artículo 50 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, interpretado a la luz del artículo 4 del Protocolo n.o 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos referida a ese artículo, a la acumulación de procedimientos penales y administrativos con carácter penal que tienen por objeto un hecho material único (la venta telefónica) tipificado con dos calificaciones diferentes?

2)

En caso afirmativo, lo que implicaría una única vía de procedimiento por un mismo hecho, ¿el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que proclama los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, interpretado a la luz de los derechos y libertades del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos referida a esta materia, no exige que las condiciones y criterios del procedimiento por una única vía estén definidos previamente, teniendo en cuenta, en particular, la gravedad de la infracción?

3)

En caso negativo, lo que implicaría una acumulación de los procedimientos, ¿el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que proclama los principios de legalidad y de proporcionalidad de los delitos y las penas, interpretado a la luz de los derechos y libertades del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos referida a esta materia, no exige que dicha acumulación de procedimientos penales y administrativos con carácter penal por un hecho material único (la venta telefónica) se limite a los casos más graves y, en este caso, que los criterios de gravedad estén definidos previamente?

—

esta misma legislación nacional, en este caso la legislación belga, no exige a los empresarios que establezcan un sistema fiable que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador;

—

y el empresario no ha establecido motu proprio tal sistema,

—

dejando así al trabajador en la imposibilidad material de demostrar ese rebasamiento?

—

La recurrente solicita que estime su recurso de casación y anule la sentencia recurrida, dictada por el Tribunal General de la Unión Europea el 19 de diciembre de 2019, en el asunto Τ-295/18, que desestimó el recurso interpuesto por la República Helénica el 7 de mayo de 2018 contra la Decisión de Ejecución (UE) 2018/304 de la Comisión de 27 de febrero de 2018, mediante el cual se solicitaba la anulación de la Decisión de la Comisión en la parte en que excluye de la financiación de la Unión Europea los gastos efectuados por la República Helénica por un importe global (bruto) de 17 869 131,75 euros (impacto financiero de 14 857 076,98 euros), efectuados y declarados en el marco del Feader en relación con las medidas 125A, 321 y 322 (importe bruto de 15 631 043,52 euros e impacto financiero de 12 618 988,75 euros) y con la medida 123A (por un importe de 2 238 088,23 euros), así como de la cantidad de 588 103,59 euros en el marco del FEAGA a raíz de la medida de control de las operaciones durante los ejercicios económicos 2011-2014.

1)

¿Debe interpretarse el principio non bis in idem, tal como se consagra en el artículo 50 de la Carta, en el sentido de que no impide a la autoridad administrativa competente de un Estado miembro imponer una multa por infracción del Derecho europeo de la competencia en una situación como la del presente asunto, en la que la misma persona jurídica ya ha sido absuelta de forma definitiva de pagar una multa administrativa que le impuso el regulador postal nacional por una presunta infracción de la normativa postal, en relación con los mismos hechos o con hechos similares, en la medida en que el criterio de la unidad del interés jurídico protegido no se cumple por el hecho de que el presente asunto tiene por objeto dos infracciones diferentes de dos normativas distintas que corresponden a dos ámbitos jurídicos diferentes?

2)

¿Debe interpretarse el principio non bis in idem, tal como se consagra en el artículo 50 de la Carta, en el sentido de que no impide a la autoridad administrativa competente de un Estado miembro imponer una multa por infracción del Derecho europeo de la competencia en una situación como la del presente asunto, en la que la misma persona jurídica ya ha sido absuelta de forma definitiva de pagar una multa administrativa que le impuso el regulador postal nacional por una presunta infracción de la normativa postal, en relación con los mismos hechos o con hechos similares, debido a que una limitación del principio non bis in idem estaría justificada por el hecho de que la normativa en materia de competencia persigue un objetivo complementario de interés general, a saber, salvaguardar y mantener un sistema sin distorsión de la competencia en el mercado interior, y no va más allá de lo adecuado y necesario para lograr el objetivo legítimamente perseguido por esta normativa o para proteger el derecho y la libertad de empresa de estos otros operadores conforme al artículo 16 de la Carta?

—

Declare que las instituciones de la Unión Europea incumplieron gravemente sus obligaciones y ocasionaron un perjuicio al demandante, ya que:

—

Declare que la demandada debe abonar en favor del demandante la cantidad de 4 800 000 euros, en concepto de reparación del perjuicio ocasionado del modo reseñado, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que se dicte la sentencia.

—

Condene al reembolso de las costas en favor del demandante.

1.

Primer motivo, basado en que se ha causado un perjuicio al demandante en el marco de la responsabilidad extracontractual de la Unión Europea con arreglo al artículo 340, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Como resultado de la ayuda pública concedida a los competidores del demandante en infracción del TFUE, la sociedad del demandante sufrió un perjuicio en el ámbito de la competencia, causada inicialmente por la reducción de su volumen de negocios anual y la reducción de sus ingresos anuales del orden de varios millones de coronas checas. Debido a la ayuda de Estado plurianual y a la situación económica insatisfactoria de la sociedad, el órgano jurisdiccional competente en la República Checa dictó una resolución declaratoria de quiebra.

Incluso suponiendo que el Reglamento (CE) n.o 800/2008 de la Comisión (Reglamento general de exención por categorías) fuera conforme a Derecho, la ayuda puesta en marcha de modo selectivo y discriminatorio en el marco del programa de subvención OPPI causó perjuicio al demandante de modo particular y no caracterizado, excediendo por completo los límites del riesgo económico correspondiente a la actividad comercial de la sociedad del demandante.

2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión adoptó el Reglamento (CE) n.o 800/2008 de 6 de agosto de 2008 (Reglamento general de exención por categorías) en una forma que no garantiza el respeto del artículo 107 TFUE.

En virtud del artículo 109 TFUE, el Consejo está autorizado para definir por medio de Reglamento los sectores en los que no resulta necesario el procedimiento ordinario con el que la Comisión examina la propuesta de ayuda de Estado y analiza su conformidad con el artículo 107 TFUE. El Consejo adoptó el Reglamento n.o 659/1999 y autorizó en el mismo (con arreglo al artículo 108 TFUE, apartado 4) a la Comisión a adoptar reglamentos en los que defina las condiciones para la concesión de ayudas públicas ad hoc fuera de los sistemas ordinarios. La Comisión adoptó el Reglamento n.o 70/2001, posteriormente el Reglamento n.o 800/2008 y a continuación el Reglamento n.o 651/2014 (Reglamento general de exención por categorías).

No obstante, ni el Consejo ni la Comisión podían en sus Reglamentos excederse más allá de lo dispuesto en el artículo 107 TFUE, dado que su función se basa en determinar las condiciones de las ayudas de Estado de modo que los Estados miembros que aplican ayudas de Estado en sectores «objeto de excepción» no pueden aplicar ayudas de Estado contrarias al principio de no injerencia en la competencia, incluso si están exentas del procedimiento ordinario ante la Comisión. Por ello, permanece la obligación (prevista y consagrada por el TFUE) de control por parte de la Comisión sobre los regímenes de ayudas, incluso en los sectores excluidos; también por ello existe (al menos en teoría) el procedimiento de recuperación de la ayuda ilegal y la Unión Europea se define como economía de mercado, es decir, una economía productora de bienes y servicios que los consumidores adquieren libremente para optimizar la relación entre ingresos y costes, y no de bienes y servicios determinados por políticos y funcionarios.

3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión, mediante su decisión de 3 diciembre de 2007, adoptó el programa operativo (OPPI) infringiendo los Tratados y la Carta y no publicó la misma.

La Comisión es la única institución de la Unión facultada para comprobar si las ayudas de Estado se han ejecutado de conformidad con el artículo 107 TFUE.

Por lo que respecta al programa operativo aprobado, la Comisión no examinó si el mercado no funciona y, en su caso, por cual razón, requisito para la aplicación de las ayudas de Estado. Por otra parte, la Comisión no exigió a la República Checa que llevara a cabo un análisis de los costes y beneficios (cost-benefit analysis, CBA) y de los índices objetivamente definidos, un análisis de los efectos sobre la competencia y de los demás requisitos a los que, en opinión del demandante, se supedita la aplicación de la ayuda de Estado. En consecuencia, la decisión de la Comisión era ilegal y contraria a la función que se le asigna.

4.

Cuarto motivo, basado en que la Comisión recibió numerosas indicaciones por parte del demandante, incluido un análisis pormenorizado del que se desprende el carácter ilegal de la ayuda aplicada sobre la base del OPPI, no actuó de conformidad con el Reglamento n.o 659/1999 del Consejo y violó el principio de buena administración consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales. La Comisión se negó a examinar la denuncia del demandante sin haber llevado a cabo ninguna medida de comprobación ni haber solicitado documentación adicional, ya que no se detectaron prima facie irregularidades en la aplicación del programa de subvenciones OPPI.

5.

Quinto motivo, basado en una denegación de justicia por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido a un excesivo formalismo.

El demandante interpuso ante el Tribunal de Justicia el recurso de anulación de tres reglamentos de exención por categoría por ser contrarios a los Tratados y a la Carta. El Tribunal de Justicia, en ambas instancias, declaró la inadmisibilidad del recurso de anulación de los reglamentos de exención por categorías interpuesto por el demandante. El motivo de inadmisibilidad era el vencimiento del plazo de dos meses previsto por el artículo 263 TFUE. El Tribunal de Justicia no examinó en absoluto el fondo del asunto y se limitó a una aplicación formalista del plazo para interponer recurso. Por el contrario, el demandante afirmó que la disfunción del mecanismo de control que incumbe a la Comisión no quedó de manifiesto hasta que la Comisión respondió a la reclamación presentada por el propio demandante. En su recurso, la demandante señaló que el inicio del plazo de prescripción es precisamente la respuesta de la Comisión que se negó a examinar de modo más profundo su denuncia/reclamación.

—

Anule la Decisión de Ejecución (UE) 2019/1973 de la Comisión de 27 de noviembre de 2019 por la que no se aprueba el uso de la zeolita de plata y cobre como sustancia activa existente en biocidas de los tipos de producto 2 y 7; (1)

—

Condene en costas a la demandada.

1.

2.

3.

4.

—

Anule la decisión del Director General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión contenida en el correo electrónico de 2 de julio de 2019 del corresponsal de recursos humanos competente, por la que se denegó la solicitud del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) de que se renovase por tercera vez la comisión de servicios del demandante.

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Anule la decisión de 23 de enero de 2020 de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos por la que se desestima la reclamación interpuesta por el demandante al amparo del artículo 90, apartado 2, del Estatuto de los Funcionarios.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo, basado en la irregularidad del procedimiento precontencioso, que no resultó en la revisión adecuada de la decisión impugnada de 2 de julio de 2019 por parte de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos.

2.

Segundo motivo, basado en una infracción en cuanto al fondo del artículo 38 del Estatuto de los Funcionarios y en un vicio de procedimiento.

3.

Tercer motivo, basado en la violación del principio general del deber de diligencia como parte del derecho a una buena administración debido a la no consideración de todos los elementos de hecho del caso y la falta de motivación.

4.

Cuarto motivo, basado en la vulneración del derecho a la protección de la familia consagrado en el artículo 33 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

—

Con carácter principal, con arreglo al artículo 263 TFUE:

—

Con carácter subsidiario, de conformidad con el articulo 272 TFUE:

1.

Primer motivo, con arreglo al artículo 263 TFUE, basado en que la parte demandada incurrió en un error de Derecho y aplicó incorrectamente los criterios de elegibilidad para el instrumento de subvenciones dedicado a las PYME establecido en el Reglamento n.o 1290/2013. (1)

2.

Segundo motivo, con arreglo al artículo 263 TFUE, basado en que la parte demandada incurrió en un error de Derecho, dado que la decisión impugnada viola el principio de igualdad de trato.

3.

Tercer motivo, con arreglo al artículo 263 TFUE, basado en que la decisión impugnada viola los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima.

4.

Único motivo, con arreglo al artículo 272 TFUE, basado en que la decisión impugnada, a causa del error identificado en la interpretación de la normativa aplicable y de una práctica discriminatoria, dio lugar también a una interpretación incorrecta y a un incumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas con la demandante.

—

Anule la Decisión de la Comisión Europea de 18 de diciembre de 2019 basada en el artículo 4 de las Normas de desarrollo del Reglamento (CE) n.o 1049/2001, (1) mediante la que se deniega la solicitud confirmatoria de la demandante de 13 de noviembre de 2019 relativa al acceso a documentos en virtud de dicho Reglamento.

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Ordene a la Comisión Europea que permita a la demandante acceder a la versión no confidencial del documento en el que se enumeran los beneficiarios de resoluciones fiscales presentado por Luxemburgo el 22 de diciembre de 2014 en respuesta al escrito de la Comisión de 19 de junio de 2013, al cual se hace referencia en el punto 4 de la Decisión de la Comisión de 7 de marzo de 2019 mediante la que se incoa un procedimiento de investigación formal en materia de ayudas de Estado en el asunto Ayuda estatal SA.50400 (2019/NN-2) — Luxemburgo — Posible ayuda estatal, así como a las versiones no confidenciales de las resoluciones fiscales adoptadas por la administración tributaria de Luxemburgo a las que hace referencia la Comisión Europea en los puntos 4 y 7 de la citada Decisión de la Comisión de 7 de marzo de 2019.

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, por el que se alega que la Comisión ha incurrido en error de Derecho al considerar aplicable a la solicitud de la demandante relativa al acceso a los referidos documentos la presunción general de no divulgación establecida por la jurisprudencia.

2.

Segundo motivo, por el que se alega que, aun suponiendo que la presunción de no divulgación resultase aplicable en el presente asunto (quod non), la falta de todo posible perjuicio para los intereses protegidos por el artículo 4, apartado 2, guiones primero y tercero, del Reglamento 1049/2001 desvirtuaría la aplicación de dicha presunción (primera parte del segundo motivo). Además, la demandante aduce que la aplicación de dicha presunción debe descartarse en todo caso, debido a que la divulgación de los referidos documentos está justificada por revestir un interés público superior (segunda parte del segundo motivo).

3.

Tercer motivo, por el que se alega que la Comisión ha incumplido el requisito de motivar los actos jurídicos, establecido en el artículo 296 TFUE, y ha vulnerado el derecho de la demandante a una buena administración, consagrado en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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Anule la resolución impugnada, excepto la conclusión de que la marca de la Unión controvertida debe mantenerse para los productos «Metales comunes y sus aleaciones» de la clase 6.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 8, apartado 4, en relación con el artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Falta de motivación manifiesta de la resolución impugnada.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO y a la otra parte.

—

Infracción de las normas de procedimiento derivadas del artículo 24 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión.

—

Infracción de las normas de procedimiento derivadas del artículo 7, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión.

—

Vulneración del derecho a ser oído.

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Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule las siguientes partes del acto impugnado: (i) los artículos 1, letra b), y 2, letra b), del anexo VI en la parte en que disponen que «estos valores se consideran los valores declarados a efectos del procedimiento de verificación del anexo IX»; (ii) el apartado 2, letra a), del anexo IX en la parte en que dispone que los «valores declarados» se corresponderán con «los valores indicados en la documentación técnica», y (iii) el apartado 2, letra b), del anexo IX.

—

Anule el cuadro 9 («Tolerancias de verificación») del anexo IX en la parte que contiene parámetros que están incluidos en el anexo VI y no están enumerados en el anexo V, a saber: «EW full, EW,½, EW,¼, EWD, full, EWD,½» y «WW, full, WW,½ WW, ¼, WWD, full, WWD,½».

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en que el acto impugnado infringe los artículos 3, 12 y 16 del Reglamento Marco (2) y en que la Comisión actuó ultra vires al introducir requisitos incoherentes en relación con la documentación técnica que los proveedores tienen que subir a la base de datos y con el procedimiento de verificación a efectos de la vigilancia del mercado que las autoridades están facultadas para realizar.

2.

Segundo motivo, basado en que el acto impugnado viola los principios de seguridad jurídica y de igualdad de trato porque no establece un marco regulatorio claro e inequívoco, lo que pone a los proveedores en la imposibilidad de determinar sus obligaciones por lo que respecta a los datos que han de facilitarse en la documentación técnica y al procedimiento de verificación aplicable para evaluar la exactitud de los datos.

—

Anule las siguientes partes del acto impugnado: (i) párrafo 1, punto 42, del anexo I en el que se define el «valor declarado»; (ii) párrafo 2, punto 2, letra a), del anexo IX en la parte que señala que los «valores declarados» se corresponden con los «valores indicados en la documentación técnica»; y (iii) párrafo 2, punto 2, letra b), del anexo IX.

—

Anule el cuadro 9 sobre «Tolerancias de verificación» del anexo IX en la parte que contiene parámetros incluidos en el anexo VI y no enunciados en el anexo V, a saber: «Eficacia total de la red eléctrica ηTM», «Factor de mantenimiento del flujo luminoso (en el caso de FL e HID)», «Factor de supervivencia (en el caso de FL e HID)» y «Pureza de excitación».

—

Condene en costas a la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en que el acto impugnado infringe los artículos 3, 12 y 16 del Reglamento Marco (2) y en que la Comisión actuó ultra vires al establecer requisitos incoherentes en lo que respecta a la documentación técnica que los suministradores han de introducir en la base de datos y el procedimiento de verificación que pueden llevar a cabo las autoridades de vigilancia del mercado.

2.

Segundo motivo, basado en que el acto impugnado viola el principio de seguridad jurídica y de igualdad de trato, ya que no establece un marco regular claro y unívoco colocando a los suministradores en la imposibilidad de determinar sus obligaciones en lo que respecta a los datos que han de facilitarse en la documentación técnica, e infringe el procedimiento de verificación aplicable para apreciar la exactitud de los datos.

—

Anule las siguientes partes del acto impugnado: (i) apartado 3, párrafo 2, letra a), del anexo IX en la medida en que declara que los «valores declarados» se corresponden con los «valores indicados en la documentación técnica» y (iii) apartado 3, párrafo 2, letra b), del anexo IX.

—

Anule el cuadro 8 sobre «Tolerancias de verificación de los parámetros medidos» del anexo IX en la medida en que contiene parámetros incluidos en el anexo VI y que no se enuncian en el anexo V, en particular: «E16», «E32» y «Eaux».

—

Condene en costas a la Comisión

1.

Primer motivo, basado en que el acto impugnado infringe los artículos 3, 12 y 16 del Reglamento marco (2) y en que la Comisión actuó ultra vires al establecer requisitos contradictorios en lo que respecta a la documentación técnica que los suministradores han de cargar en la base de datos y al procedimiento de verificación que pueden aplicar las autoridades de vigilancia del mercado.

2.

Segundo motivo, basado en que el acto impugnado viola los principios de seguridad jurídica y de igualdad de trato, ya que no establece un marco regulador claro y unívoco colocando a los suministradores en la imposibilidad de determinar sus obligaciones en lo que respecta a los datos que han de facilitarse en la documentación técnica, ni tampoco el procedimiento de verificación aplicable para comprobar la exactitud de los datos.

—

Anule las siguientes partes del acto impugnado: i) artículo 1, letra b), del anexo VI en la parte en que dispone que «estos valores se consideran los valores declarados a efectos del procedimiento de verificación del anexo IX»; ii) apartado 3, punto 2, letra a), del anexo IX en la parte en la que indica que los «valores declarados» corresponden a los «valores indicados en la documentación técnica»; iii) apartado 3, punto 2, letra b), del anexo IX.

—

Condene a la Comisión al pago de las costas procesales.

1.

Primer motivo, basado en la infracción de los artículos 3, 12 y 16 del Reglamento Marco (2) y en que la Comisión actuó ultra vires al establecer requisitos inconsistentes por lo que atañe a la documentación técnica que los proveedores deben introducir en la base de datos y al procedimiento de verificación que las autoridades de vigilancia del mercado están autorizadas a llevar a cabo.

2.

Segundo motivo, basado en que el acto impugnado viola el principio de seguridad jurídica y el de igualdad de trato ya que no establece un marco regulador claro y unívoco, por lo que los proveedores no pueden determinar sus obligaciones relativas a los datos que deben aportar en la documentación técnica ni el procedimiento de verificación aplicable para evaluar la exactitud de los datos.

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2131, de 28 de noviembre de 2019, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1198 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinados artículos de cerámica para el servicio de mesa o cocina originarios de la República Popular China tras una reconsideración por expiración en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Condene a la Comisión Europea al pago de las costas en que haya incurrido la parte demandante.

1.

Primer motivo, basado en la infracción, por parte de la Comisión, del artículo 13, apartado 3, en relación con el artículo 5, apartados 10 y 11, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), en relación con los artículos 6.1, 6.2 y 12.1 del Acuerdo Antidumping de la OMC, el principio de no discriminación y el principio de protección de la confianza legítima, al no incluir a la demandante en la lista exhaustiva de exportadores en el reglamento por el que se inicia la investigación antielusión por lo que extendió el ámbito de la investigación para cubrir también a la demandante.

2.

Segundo motivo, basado en que la Comisión no disponía de base legal para incluir a la demandante en el Reglamento impugnado, ya que el artículo 13, apartado 3, del Reglamento de base no incluye la imposición de medidas antielusión basadas en el mero riesgo de elusión y, además, requiere el registro previo de todas las importaciones. Adicionalmente, la alegación de que la Comisión expuso una motivación suficiente adolece de errores lógicos, carece de fundamentación y no tiene en cuenta pruebas esenciales por lo que supone un error manifiesto de apreciación.

3.

Tercer motivo, basado en que la Comisión vulneró los derechos de defensa de la demandante y violó el principio de no discriminación al basar su decisión final en dos nuevos elementos de hecho que la demandante no pudo comentar durante la investigación de reconsideración.