1)

¿Deben interpretarse los artículos 2, letra b, 3, apartados 1 y 2, y 4 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (1) así como sus considerandos:

2)

En caso de que se responda a la primera cuestión prejudicial que la protección de los consumidores al amparo de la Directiva 93/13, no resulta aplicable a todos los consumidores, sino únicamente a un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, ¿puede considerarse consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso un consumidor que no haya leído, antes de su celebración, un contrato de préstamo hipotecario indexado a una moneda extranjera por importe de 150 000 PLN, celebrado por un período de 30 años? ¿Puede reconocerse a ese consumidor la protección prevista al amparo de la Directiva 93/13?

3)

En caso de que se responda a la primera cuestión prejudicial que la protección de los consumidores, al amparo de la Directiva 93/13, no resulta aplicable a todos los consumidores, sino únicamente a un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, ¿puede considerarse consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso un consumidor que, aunque ciertamente leyó un borrador de contrato de préstamo hipotecario indexado a una moneda extranjera por importe de 150 000 PLN, celebrado por un período de 30 años, no lo entendió plenamente y, pese a ello, no intentó comprender su significado antes de su celebración y, en particular, no solicitó a la otra parte del contrato —el banco— una explicación de su significado, del significado de las diferentes cláusulas? ¿Puede reconocerse a ese consumidor la protección prevista al amparo de la Directiva 93/13?

—

Anule el auto dictado el 25 de marzo de 2020 por el Tribunal General en el asunto Necci / Comisión T-129/19.

—

Devuelva el asunto al Tribunal General para que este dicte una nueva resolución.

—

Reserve la decisión sobre las costas.

1)

¿De conformidad con lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, (1) sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular, en el artículo 3, apartado 1, el artículo 4, apartado 1, y el artículo 5 y en los considerandos, que establecen la obligación de redactar el contrato de forma clara y comprensible y que en caso de duda prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor, debe redactarse de forma inequívoca una estipulación contractual que fije el tipo de cambio de compraventa de una moneda extranjera en un contrato indexado a una moneda extranjera, de modo que el prestatario/consumidor pueda calcular por sí mismo ese tipo de cambio en una fecha determinada, o bien, teniendo en cuenta el tipo de contrato, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, de esta Directiva, el carácter de larga duración (varias décadas) del contrato y el hecho de que la cotización de la moneda extranjera esté constantemente (en cualquier momento) sujeta a fluctuaciones, es posible formular esa estipulación contractual en términos más genéricos, que hagan referencia a una cotización de mercado de la moneda extranjera que impida que se produzca un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en detrimento del consumidor, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en particular, en el artículo 5 y en los considerandos, es posible interpretar una estipulación contractual relativa a la forma de fijación por el prestamista (un banco) del tipo de cambio de una moneda extranjera de modo que prevalezca la interpretación más favorable para el consumidor y se admita que el contrato fija los tipos de cambio de la moneda extranjera, no de forma arbitraria, sino en condiciones de mercado, especialmente cuando ambas partes hayan entendido en el mismo sentido las estipulaciones contractuales que fijan el tipo de cambio de la moneda extranjera o el prestatario/consumidor no haya mostrado interés en la estipulación contractual controvertida en el momento de la celebración del contrato o durante su ejecución y, en particular, no haya efectuado una lectura atenta del contenido del contrato ni en el momento de su celebración ni durante su vigencia?

1)

¿Debe interpretarse el artículo 36, apartado 1, de la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida, (1) en relación con el anexo III, parte A, punto 12, de esta, en el sentido de que la obligación de facilitar las informaciones indicadas en estas disposiciones también incluye al asegurado, cuando este no sea simultáneamente el tomador del seguro, se adhiera en calidad de consumidor a un contrato de seguro colectivo de vida y supervivencia vinculado a un fondo de inversión, celebrado entre una compañía de seguros y el profesional tomador, y actúe como inversor efectivo mediante los recursos satisfechos en concepto de primas del seguro?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 36, apartado 1, de la [Directiva 2002/83], en relación con el anexo III, parte A, puntos 11 y 12, de esta, en el sentido de que, en el marco de una relación jurídica como la descrita en la primera cuestión, la obligación de facilitar información sobre las características de los activos de capital de un fondo de inversión también implica que el consumidor-asegurado debe haber sido informado de forma exhaustiva y comprensible de todos los riesgos, incluidos el tipo y la escala de estos, inherentes a la inversión en activos de un fondo de inversión (como las obligaciones estructuradas o los instrumentos derivados), o bien, a los efectos de la disposición mencionada, basta con facilitar al consumidor-asegurado únicamente las informaciones básicas sobre los principales tipos de riesgos inherentes a la inversión de recursos en un fondo de inversión vinculado al seguro?

3)

¿Debe interpretarse el artículo 36, apartado 1, de la Directiva 2002/83, en relación con el anexo III, parte A, puntos 11 y 12, de esta, en el sentido de que, en el marco de una relación jurídica como la descrita en las cuestiones primera y segunda, se deduce de dicha disposición la obligación de que el consumidor que se adhiera a un contrato de seguro de vida en calidad de asegurado sea informado de todos los riesgos de la inversión y de los condicionantes inherentes a esta de los que el asegurador haya sido informado por el emisor de los activos (obligaciones estructuradas o instrumentos derivados) que integran el fondo de inversión vinculado al seguro?

4)

En caso de respuesta afirmativa a la anterior cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 36, apartado 1, de la [Directiva 2002/83] en el sentido de que el consumidor que se adhiere, como asegurado, a un contrato de seguro colectivo de vida y supervivencia vinculado a un fondo de inversión debería recibir, antes de la celebración del contrato, las informaciones relativas a las características de los activos de capital y a los riesgos inherentes a la inversión en dichos activos en el curso de un proceso precontractual separado, es decir, que se opone a una disposición del Derecho nacional, como el artículo 13, apartado 4, de la ustawa o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. [(Ley sobre la Actividad Aseguradora, de 22 de mayo de 2003)] (Dz.U. n.o 124, partida 11510; texto refundido de 16 de diciembre de 2009, Dz.U. 2010 n.o 11, partida 66), según la cual basta con que esas informaciones se hagan constar únicamente en el cuerpo del contrato de seguro y durante su celebración, sin que el momento de la recepción de las informaciones esté inequívoca y claramente individualizado y separado en el procedimiento de adhesión al contrato?

5)

En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera a tercera, ¿debe interpretarse el artículo 36, apartado 1, de la [Directiva 2002/83], en relación con el anexo III, parte A, puntos 11 y 12, de esta, también en el sentido de que el correcto cumplimiento de la obligación establecida en estas disposiciones deberá tratarse como un elemento objetivamente esencial del contrato de seguro colectivo de vida y supervivencia vinculado a un fondo de inversión y, en consecuencia, la declaración de incorrecto cumplimiento de esa obligación puede dar lugar a que se reconozca al consumidor-asegurado el derecho a reclamar la devolución de todas las primas del seguro satisfechas, tras la eventual declaración de nulidad o ineficacia originaria del contrato o de la declaración individual de adhesión a dicho contrato?

1)

En el marco de un proceso penal que tiene por objeto la protección de un régimen de monopolio, ¿debe el órgano jurisdiccional nacional examinar, a la luz de la libre prestación de servicios, la norma sancionadora penal que ha de aplicar si previamente ha examinado el régimen de monopolio con arreglo a los criterios del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dicho examen ha puesto de manifiesto que el régimen de monopolio estaba justificado?

2)

En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:

3)

En caso de respuesta negativa a la primera cuestión:

1.

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, (1) en el sentido de que se establece un marco para la autorización en el futuro de proyectos enumerados en los anexos I y II de la Directiva 2011/92/UE (2) (Directiva EIA) cuando un reglamento destinado a proteger la naturaleza y el paisaje establece prohibiciones generales (con excepciones), así como obligaciones de autorización, que no tienen una relación específica con los proyectos enumerados en los anexos de la Directiva EIA?

2.

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/42/CE en el sentido de que los planes y programas se han elaborado con respecto a los sectores de la agricultura, la silvicultura, la utilización del suelo, etc., cuando tienen por objeto establecer un marco de referencia para uno o varios de estos sectores? ¿O basta con que, para proteger la naturaleza y el paisaje, se regulen prohibiciones generales y obligaciones de autorización que deben evaluarse en el marco de procedimientos de autorización relativos a un gran número de proyectos y usos y que pueden tener un efecto indirecto («reflejo») sobre uno o varios de estos sectores?

3.

¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2001/42/CE en el sentido de que se establece un marco para la autorización en el futuro de proyectos si un reglamento aprobado para la protección de la naturaleza y del paisaje impone prohibiciones generales y obligaciones de autorización para un elevado número de proyectos y medidas en la zona de protección, descritas en abstracto, cuando en el momento de su aprobación no son previsibles ni están previstos proyectos concretos y, por tanto, no existe una relación específica con proyectos concretos?

1)

¿El acuerdo entre un productor y unos distribuidores de que se trata en el presente caso (en virtud del cual, durante un período de 6 —seis— meses desde el registro de una transacción potencial, el distribuidor que haya registrado antes la transacción potencial goza de prioridad para llevar a cabo el proceso de venta con el usuario final en cuestión, a menos que este se oponga) puede ser considerado, conforme a una correcta interpretación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, un acuerdo entre empresas que tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia, en el sentido del artículo 101 [TFUE], apartado 1?

2)

¿El acuerdo entre un productor y unos distribuidores de que se trata en el presente caso, interpretado conforme a las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, presenta indicios que permitan apreciar si dicho acuerdo no está exento de la prohibición general de prácticas colusorias?

3)

¿Cabe estimar que el acuerdo entre un productor y unos distribuidores de que se trata en el presente caso, interpretado conforme a las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constituye una excepción? ¿La excepción que permite celebrar acuerdos verticales que establezcan una restricción de ventas activas en el territorio o al grupo de clientes que el proveedor haya reservado en exclusiva para sí mismo o haya asignado en exclusiva a otro comprador, cuando tal prohibición no limite las ventas de los clientes del comprador, y cuando la cuota de mercado del proveedor (la demandante) no supere el 30 %, se aplica únicamente a los sistemas de distribución exclusivos?

4)

¿El elemento constitutivo del acuerdo entre un productor y unos distribuidores de que se trata en el presente caso, interpretado conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, puede consistir únicamente en la conducta ilícita de un único operador económico? ¿En las circunstancias del presente caso, interpretadas conforme a las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cabe apreciar indicios de la participación de un único operador económico en una práctica colusoria?

5)

¿En las circunstancias del presente caso, interpretadas conforme a las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cabe apreciar indicios de una reducción (distorsión) de la competencia en el marco del sistema de distribución, o de una ventaja en beneficio de la demandante, o de un efecto negativo sobre la competencia?

6)

¿En las circunstancias del presente caso, interpretadas conforme a las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, si la cuota de mercado de la red de distribución no supera el 30 % (la demandante es un productor, por lo que su cuota de mercado incluye también los volúmenes de ventas de sus distribuidores), cabe apreciar indicios de efectos negativos sobre la competencia en el sistema de distribución y/o fuera de él, y está dicho acuerdo sujeto a la prohibición de prácticas colusorias?

7)

Conforme al artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al artículo 2 del Reglamento n.o 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, (1) en relación con el artículo 4, letra b), de este:

—

en el principio de protección de la salud humana y el medio ambiente (artículo 13);

—

en el principio de autosuficiencia y proximidad, establecido en el artículo 16, apartado 1, según el cual «los Estados miembros tomarán las medidas oportunas, en cooperación con los demás Estados miembros cuando sea necesario o aconsejable, para establecer una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación de residuos y de instalaciones para la valorización de residuos municipales mezclados recogidos de hogares privados, incluso cuando dicha recogida también abarque tales residuos procedentes de otros productores, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles»;

—

en el principio establecido en el propio artículo 16, apartado 2, última frase, según el cual «los Estados miembros también podrán limitar las salidas de residuos por motivos medioambientales enunciados en el Reglamento (CE) n.o 1013/2006»; (2)

—

y en el considerando 33 de la citada Directiva de 2008, según el cual «a efectos de la aplicación del Reglamento (CE) n.o 1013/2006 […], los residuos urbanos mezclados, mencionados en el artículo 3, apartado 5, de ese Reglamento seguirán considerándose como tales incluso cuando se hayan sometido a una operación de tratamiento de residuos que no haya alterado sustancialmente sus propiedades»:

—

En virtud del artículo 263 TFUE, anule la Decisión SRB/ES/2020/24, relativa al cálculo de las aportaciones ex ante de 2020 al FUR, en la medida en que concierne a las demandantes.

—

En virtud del artículo 277 TFUE, declare inaplicables las siguientes disposiciones del Reglamento MUR, del Reglamento de Ejecución y del Reglamento Delegado:

—

Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de las costas.

1.

Primer motivo, basado en una vulneración del principio de igualdad de trato en la medida en que el método de cálculo de las aportaciones ex ante al Fondo Único de Resolución (FUR) previsto por el Reglamento MUR y el Reglamento Delegado no reflejan la dimensión real, ni el riesgo real de los establecimientos.

2.

Segundo motivo, basado en una vulneración del principio de proporcionalidad, al basarse el mecanismo de las aportaciones ex ante al FUR previsto por el Reglamento MUR y el Reglamento Delegado en una apreciación que agrava de modo artificial el perfil de riesgo de los establecimientos franceses de mayor tamaño como las demandantes, lo que implica un importe de aportación desproporcionadamente elevado respecto del riesgo realmente generado por esos mismos establecimientos.

3.

Tercer motivo, basado en una vulneración del principio de seguridad jurídica, ya que el cálculo del importe de las aportaciones ex ante establecido por el Reglamento MUR, el Reglamento Delegado y el Reglamento de Ejecución, por un lado, no podía anticiparse con suficiente precisión y, por otro lado, no sería función tanto de la situación y del perfil de riesgo propios al establecimiento como de su situación relativa respecto de los demás establecimientos aportadores. Por último, las demandantes consideran que la Comisión no debería haber tenido la responsabilidad de determinar indicadores de riesgo en el marco del Reglamento Delegado, en la medida en que esos criterios tienen una función eminentemente estructuradora y determinante en la determinación de los importes de aportación (artículo 290 TFUE).

4.

Cuarto motivo, basado en una vulneración del principio de buena administración en la medida en que la JUR no aplica, para el cálculo de la variable función del riesgo, la totalidad de los criterios de riesgo previstos por el Reglamento Delegado. Las demandantes consideran que la Decisión impugnada no presenta por otra parte elementos suficientemente claros y completos para que estas puedan recalcular el importe de aportación debido, extremo que también infringe el artículo 296 TFUE.

—

En virtud del artículo 263 TFUE, anule la Decisión SRB/ES/2020/24, relativa al cálculo de las aportaciones ex ante de 2020 al Fondo Único de Resolución, en la medida en que concierne a las demandantes.

—

En virtud del artículo 277 TFUE, declare inaplicables las siguientes disposiciones del Reglamento (MUR), del Reglamento de Ejecución y del Reglamento Delegado:

—

Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de las costas.

—

En virtud del artículo 263 TFUE, anule la Decisión SRB/ES/2020/24, relativa al cálculo de las aportaciones ex ante de 2020 al FUR, en la medida en que concierne a las demandantes.

—

En virtud del artículo 277 TFUE, declare inaplicables las siguientes disposiciones del Reglamento MUR, del Reglamento de Ejecución y del Reglamento Delegado:

—

Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de las costas.

—

En virtud del artículo 263 TFUE, anule la Decisión SRB/ES/2020/24, relativa al cálculo de las aportaciones ex ante de 2020 al FUR, en la medida en que concierne a la demandante.

—

En virtud del artículo 277 TFUE, declare inaplicables las siguientes disposiciones del Reglamento MUR, del Reglamento de Ejecución y del Reglamento Delegado:

—

Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de las costas.

—

En virtud del artículo 263 TFUE, anule la Decisión SRB/ES/2020/24, relativa al cálculo de las aportaciones ex ante de 2020 al FUR, en la medida en que concierne a las demandantes.

—

En virtud del artículo 277 TFUE, declare inaplicables las siguientes disposiciones del Reglamento MUR, del Reglamento de Ejecución y del Reglamento Delegado:

—

Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de las costas.

—

En virtud del artículo 263 TFUE, anule la Decisión SRB/ES/2020/24, relativa al cálculo de las aportaciones ex ante de 2020 al FUR, en la medida en que concierne a la demandante.

—

En virtud del artículo 277 TFUE, declare inaplicables las siguientes disposiciones del Reglamento MUR, del Reglamento de Ejecución y del Reglamento Delegado:

—

Condene a la parte demandada al pago de la totalidad de las costas.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Anule parcialmente la resolución impugnada en la medida en que estimó la oposición respecto de los productos y servicios de las clases 29, 30, 35 y 43 y negó que existiera riesgo de confusión a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de ninguno de los productos y servicios controvertidos.

—

Condene en costas a la EUIPO y, en su caso, a la otra parte personada en el procedimiento seguido ante la EUIPO.

—

Infracción del artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo y la regla 22, apartados 3 y 4, del Reglamento (CE) n.o 2868/95 de la Comisión.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y el Consejo.

—

Anule la resolución de la demandada de 2 de julio de 2020 por la que se la traslada a la Oficina de Enlace del Parlamento Europeo en Luxemburgo con efectos desde el 1 de septiembre de 2020.

—

Condene en costas a la demandada.

1.

Primer motivo: falta de motivación

2.

Segundo motivo: incumplimiento del procedimiento relativo a las modalidades de decisión

3.

Tercer motivo: incumplimiento del deber de asistencia. El traslado a otro destino vulneró el deber de asistencia del empleador, puesto que resulta incompatible con diversos derechos fundamentales recogidos en la Carta. En particular, se violaron los siguientes derechos:

4.

Cuarto motivo: desproporcionalidad del traslado a otro destino

5.

Quinto motivo: desviación de poder

6.

Sexto motivo: confianza legítima

7.

Séptimo motivo: caducidad

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene a la EUIPO y a la otra parte a cargar con las costas, incluidas las relativas al procedimiento ante la división de oposición y las del recurso ante la Sala de Recurso.

—

Infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Declare la admisibilidad de la demanda.

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/611 de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el que se restablece el derecho antidumping definitivo impuesto por el Reglamento (CE) n.o 91/2009 del Consejo sobre las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero originarios de la República Popular China para las importaciones de determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de Malasia, hayan sido declarados o no originarios de Malasia. (1)

—

Condene a la Comisión Europea al pago de las costas.

1.

Primer motivo, basado en que, al «reparar» retroactivamente un requisito sustancial de forma, el Reglamento (UE) 2020/611 infringe los artículos 266 y 264 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el principio de tutela judicial efectiva.

2.

Segundo motivo, basado en que, al carecer de base jurídica legal, el Reglamento (UE) 2020/611 infringe el artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1225/2009, (2) el artículo 5, apartados 1 y 2, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el principio de buena administración.

3.

Tercer motivo, basado en que, al prohibir el reembolso y ordenar la recuperación de los derechos antidumping, el Reglamento (UE) 2020/611 infringe el artículo 5 TUE, apartados 1 y 2.

—

Anule el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/776 de la Comisión, de 12 de junio de 2020, por el que se establecen derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de la República Popular China y de Egipto y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/492 de la Comisión, por el que se imponen derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de la República Popular China y Egipto, (1) en la medida en que se refiere a los demandantes.

—

Condene en costas a la Comisión y a cualquier parte coadyuvante que pudiera ser admitida a intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión.

1.

Primer motivo, basado en que la metodología de la Comisión para calcular el margen de subvención de los demandantes infringe los artículos 1, apartado 1, 5, apartado 1, 6, 12, apartado 1, letra c), y 24, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea. (2)

2.

Segundo motivo, basado en que la decisión de la Comisión de imponer derechos compensatorios respecto de las contribuciones financieras concedidas por entidades públicas chinas infringe los artículos 2, letras a) y b), 3, apartado 1, letra a), y 4, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2016/1037.

3.

Tercer motivo, basado en que la decisión de la Comisión en relación con el suministro de terrenos en favor de Jushi viola el derecho de defensa de los demandantes y los artículos 30, 3, apartado 2, 5 y 6, letra d), del Reglamento (UE) 2016/1037.

4.

Cuarto motivo, basado en que la decisión de la Comisión de imponer derechos compensatorios respecto del régimen de reducción de los aranceles de importación para los materiales en relación con Jushi infringe el artículo 3, apartados 1, letra a), inciso ii), y 2, y el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/1037.

5.

Quinto motivo, basado en que la decisión de la Comisión de imponer derechos compensatorios respecto del trato fiscal de las pérdidas por tipos de cambio infringe los artículos 3, apartado 2, y 4, apartado 2, letra c), del Reglamento (UE) 2016/1037.

6.

Sexto motivo, basado en que la metodología de la Comisión para la determinación del margen de subcotización respecto de los demandantes infringe los artículos 1, apartado 1, 2, letra d), y 8, apartados 1, 2 y 5, del Reglamento (UE) 2016/1037.

—

Anule la resolución impugnada.

—

Condene en costas a la EUIPO, incluidas las del procedimiento ante la Sala de Recurso.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

Infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

—

El demandante solicita al Tribunal General que anule la Directiva (UE) 2020/739 de la Comisión, de 3 de junio de 2020, por la que se modifica el Anexo III de la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusión del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos conocidos, así como la Directiva (UE) 2019/1883 de la Comisión, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 04.06.2020 (L 175/11 — L 175/14).

1.

Primer motivo, basado en el quebrantamiento de los artículos 2 y 18 de la Directiva 2000/54/CE, junto con su anexo III.

2.

Segundo motivo, basado en un quebrantamiento sustancial de forma ante la ausencia de motivación al clasificar al agente biológico SARA-CoV-2 en el grupo 3.

1.

Primer motivo, basado en la vulneración de la sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de diciembre de 2019, dictada en la cuestión prejudicial C-502/19, Junqueras Vies, en la medida en que reconoce al Sr. Junqueras la condición de eurodiputado desde 13 de junio de 2019, por lo que en aplicación de dicha sentencia no concurre la causa de incompatibilidad del Art. 7.2 de la Acta Electoral Europea de 1976.

2.

Segundo motivo, basado en la necesidad, en el caso concreto, de una interpretación no formalista del art. 7.2 de la Acta Electoral Europea de 1976 en la medida en que, ante la inactividad del Parlamento a la hora de proteger la inmunidad del Sr. Junqueras, le fue impedido material y físicamente y en contra de su voluntad proceder a la renuncia al cargo de diputado del Congreso de los Diputados y acceder al pleno ejercicio de su cargo como miembro del Parlamento Europeo.

3.

Tercer motivo, basado en la necesidad, en el caso concreto, de una interpretación material y no formal del art. 7.2 de la Acta Electoral Europea de 1976 en la medida en que no concurría materialmente causa de incompatibilidad, al hallarse suspendido en todo momento el Sr. Junqueras del ejercicio del cargo de Diputado del Congreso de Diputados y de todos los derechos y retribuciones inherentes al mismo y habérsele, además, mantenido contra su voluntad en dicho cargo al impedirle física y materialmente, y en contra de su voluntad, proceder a la renuncia a dicho cargo para acceder al pleno ejercicio de su cargo como miembro del Parlamento Europeo.